Willard, Michael c. Banco de la Nación Argentina. CSJN

CSJN, 13/09/11, Willard, Michael c. Banco de la Nación Argentina.

Contrato de trabajo. Lugar de celebración: EUA. Lugar de cumplimiento: EUA. Derecho aplicable. Autonomía de la voluntad conflictual. Ley de Contrato de Trabajo: 3. Código Civil: 1210. Lugar de cumplimiento en varios países. Criterio de distinción. Principal lugar de ejecución. Aplicación de derecho extranjero. Aplicación de las leyes del estado de Nueva York.

“Costas por su orden en atención a la naturaleza de las cuestiones debatidas”. Que generosos que son los supremos con la plata de todos! Me pregunto qué tiene de particular la cuestión debatida para justificar que los cuantiosos honorarios de los abogados del banco los paguemos todos los argentinos.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 23/09/11.

Buenos Aires, 13 de septiembre de 2011.-

Vistos los autos: “Willard, Michael c. Banco de la Nación Argentina s. despido”.

Considerando:

1º) Que la sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo al revocar la sentencia de primera instancia que había desestimado la demanda, hizo lugar al reclamo indemnizatorio deducido por el actor. La cuantía del crédito se fijó en $ 1.047.544,10, más intereses y se impusieron las costas de ambas instancias a la demandada vencida. Contra dicha decisión el Banco de la Nación Argentina interpuso un recurso ordinario de apelación (fs. 1590/1591) que fue concedido a f. 1595 y cuyo memorial obra a fs. 1640/1657 vta. Dicha parte dedujo también un recurso extraordinario federal (fs. 1597/1613 vta.), cuya denegación (fs. 1629/1630) dio origen al recurso de hecho W.11.XLVI, que corre agregado, sin acumular a la presente causa.

2º) Que el recurso ordinario de apelación de la parte demandada es formalmente admisible toda vez que ha sido deducido contra una sentencia definitiva, dictada en una causa en que la Nación es parte indirectamente –en atención al carácter de la entidad recurrente-, y el valor cuestionado supera el mínimo establecido por el artículo 24, inc. 6º, ap. a, del decreto ley 1285/58, y sus modificaciones, y la resolución de esta Corte 1360/91.

3º) Que el señor Michael Willard promovió demanda contra el Banco de la Nación Argentina por la suma de quinientos seis mil novecientos setenta y cuatro dólares estadounidenses (U$S 506.974) o su equivalente en pesos, en concepto de despido. Solicitó asimismo la duplicación de la indemnización establecida en el artículo 16 de la ley 25.561. También planteó la inconstitucionalidad de la pesificación y del tope indemnizatorio del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Relató el actor que se desempeñó en la entidad demandada desde el 1-01-1980 hasta el 6-02-2004, habiendo alcanzado el cargo de sub-gerente de la sucursal de Nueva York, Estados Unidos de América y con un último salario de U$S 9.435 (dólares estadounidenses nueve mil cuatrocientos treinta y cinco). Puntualizó que ejecutó sus tareas laborales tanto en la sucursal de Nueva York como en la casa central del Banco, sita en la ciudad de Buenos Aires.

Continuó relatando, que la relación laboral se desarrolló normalmente durante veinticuatro años hasta que en 2004, la empleadora le hizo saber la intención de prescindir de sus servicios, ofreciéndole un “Plan Especial de Pago de Cesantías para los Empleados del Banco Nación Argentina, Sucursal Nueva York” (documentación obrante en sobre con letras T-Y) mediante la firma de una Carta Convenio, en la que se establecía una compensación por la extinción del vínculo de U$S 32.659,60, suma que decidió no aceptar con fundamento en que no se ajustaba a las previsiones contenidas en la Ley de Contrato de Trabajo y a la Convención Colectiva de Trabajo 18/75, vigentes en la República Argentina.

En definitiva, sostiene que su reclamo versa sobre un contrato de trabajo celebrado en la República Argentina, dentro del marco jurídico argentino, que fue ejecutado tanto en el extranjero como en el país y que corresponde aplicar la normativa argentina.

4º) Que el Banco de la Nación Argentina, por su parte, invocó la aplicación de las normas laborales del Estado de Nueva York.

En este sentido, explicó que la sucursal con sede en dicha ciudad, cuenta con empleados locales, que son ciudadanos estadounidenses o extranjeros con residencia o permiso de trabajo en Estados Unidos, regidos por leyes locales (categoría en la que correspondería, según su opinión, inscribir al demandante). Por otra parte alegó que también cuenta con personal expatriado, compuesto por empleados de planta permanente de la República Argentina que se designa para cumplir funciones en el exterior y que está regido por la Ley de Contrato de Trabajo. A ello agregó, que es un principio básico del derecho laboral de la mayor parte de Estados Unidos, la libertad de contratación sin derecho a indemnización.

Expuso que en el mes de enero de 2004, el directorio del banco decidió aprobar el programa especial de cesantías, aplicable al personal local de la ciudad de Nueva York.

En síntesis, arguye que el actor ingresó en la sucursal Nueva York del Banco de la Nación Argentina suscribiendo el “Application form for employment”, que toda la relación laboral transcurrió en dicha ciudad y que nunca fue autorizado a desempeñarse laboralmente en la República Argentina.

5º) Que la cámara a quo, por mayoría, consideró que entre las partes se celebró una relación típicamente laboral, en la que se discrepa solamente acerca de si ésta es regida por la ley argentina o extranjera. En ese contexto entendió que, pese a que el Banco de la Nación Argentina es una entidad autárquica con autonomía presupuestaria y administrativa, ello no obsta a que su personal esté sujeto a las disposiciones laborales comunes.

Juzgó acreditado que el demandante también cumplió tareas en la República Argentina. Añadió que, sin desconocer lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley de Contrato de Trabajo –en cuanto establece que se regirá por esa ley todo lo relativo a los derechos y obligaciones de las partes, cuando el contrato se ejecute en nuestro territorio-, como así también lo establecido por el artículo 1210 del Código Civil, -relativo a que los contratos que deban cumplirse fuera de la República Argentina serán juzgados por las leyes y usos del país en que debieron ser cumplidos- existen razones que imponen la aplicación del derecho argentino.

Sostuvo que en esas condiciones, existiendo más de un país en el cual se hubieran cumplido tareas, corresponde aplicar la legislación más favorable al trabajador y esa normativa no puede ser otra que la argentina, habida cuenta que como lo señalan tanto la demandada como el sentenciante, la ley vigente del Estado de Nueva York no contempla compensación alguna para el subordinado, en el caso de disolución del vínculo sin culpa de éste.

Consideró que rige el principio según el cual las leyes extranjeras no serían aplicables cuando son incompatibles con el espíritu de la legislación nacional.

Concluyó haciendo lugar a la demanda por la suma de $ 1.047.544,10. Para así decidir, incluyó los rubros despido, omisión de preaviso, sueldo anual complementario, vacaciones no gozadas y el recargo previsto en el artículo 16 de la ley de emergencia 25.561.

Fijó la base remuneratoria para el cálculo de la indemnización por antigüedad en U$S 6.321,45 (67% de U$S 9.435, sueldo del actor). En razón de ello, entendió que el capital nominal de condena se elevaba a la suma de U$S 357.523,60, el cual debía ser convertido a moneda nacional a valores de la época del distracto (marzo 2004) para lo que resultaba razonable la pauta propuesta por la accionante a fs. 11/11 vta. al valor de $ 2,93, suma que debería abonarse con más los intereses a la tasa activa fijada por el Banco Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos.

6º) Que los agravios por los cuales la demandada pretende la revocación de la sentencia apelada pueden sintetizarse así: a) la alzada omitió toda referencia a los testigos que aseveraron que el señor Willard era un empleado local; b) el actor venía a Buenos Aires en concepto de visita y no como consecuencia de la relación laboral; c) el demandante fue contratado en los Estados Unidos y así lo acredita el “Application form for employment” y en el año 1982 se lo asignó a un primer puesto laboral como auxiliar de la sucursal New York con remuneración en dólares; d) el accionante adhirió al manual del empleado del banco y al plan de pensiones y en consecuencia corresponde aplicar la ley de New York; e) el plan de cesantía sancionado por el Banco Nación permite afirmar que para su concreción se han tenido en cuenta las siguientes leyes americanas: La discriminación de Edad en el Acta de Trabajo de 1967; el título VII de la ley de Derechos Civiles de 1964; la Ley de Derechos Civiles de 1991; la Ley de igualdad de pago de 1963; la Ley de los Norteamericanos con discapacidades de 1990; la Ley de licencia familiar o médica de 1993 y la Ley de Derechos Civiles de 1866; f) el señor Willard podría haber presentado cualquier demanda de pago por cese conforme a las leyes de New York, alegando discriminación, desagravio o solicitar pago por cesantía conforme al contrato; g) la cámara debió atenerse al lugar principal de ejecución del contrato; h) la legislación del Estado de Nueva York no prevé indemnizaciones por la disolución de contratos de trabajo; i) el banco está exceptuado de la inclusión en la LCT porque suscribió el convenio colectivo de trabajo 18/75 y j) la alzada inaplicó la regla del artículo 3 de la Ley de Contrato de Trabajo y el artículo 1210 del Código Civil.

7º) Que no se encuentra controvertido en la causa, que la sucursal Nueva York del Banco de la Nación Argentina cuenta con dos categorías de empleados, individualizadas como empleados locales y empleados expatriados.

Los dependientes locales, son aquellos que cuentan con ciudadanía estadounidense o bien, residencia o permiso de trabajo en los Estados Unidos y están incluidos en la nómina salarial del personal local. En dicho supuesto, la relación laboral con el Banco de la Nación Argentina está regida, principalmente, por el Manual del Empleado, instrumento local que describe los derechos y obligaciones de los empleados así categorizados.

Por otra parte, la entidad financiera también cuenta con personal expatriado. Esta categoría está representada por empleados, normalmente de alto o medio nivel que han sido contratados para desempeñarse en la planta permanente de la República Argentina y que luego han sido designados para cumplir funciones en el extranjero. Esta modalidad, básicamente se caracteriza por la existencia de sucesivas situaciones, conectadas entre sí, que constituyen una unidad del vínculo laboral.

8º) Que, según constancias de la causa, el demandante fue designado por el Banco de la Nación Argentina para desempeñar, en un principio, funciones de mensajero en la sucursal bancaria de la ciudad de Nueva York. El actor trabajó desde el 24-01-1980 hasta el 23-01-2004, llegando a la categoría de sub-gerente, función por la que percibía un salario de U$S 9.435,00 (conf. dictamen de perito contador obrante a fs. 381/384).

Surge asimismo que el actor cobraba una bonificación anual denominada “bonus”, estipulada para quienes no gozaran del sueldo anual complementario. También el accionante fue beneficiado por licencias denominadas “personal day”, fue suscripto a un “retirement plan” con aportes al sistema previsional de Nueva York (conf. sobres identificados con letras M-N-P-S), y a un “plan de salud”; tributaba el impuesto a las ganancias estatal y local y era beneficiario de un seguro colectivo de vida (conf. documentación obrante en sobre, letra AF), entre varios beneficios otorgados a empleados locales y todo según el derecho estadounidense (fs. 1239/1388 vta. y 1395/1461 dictamen de perito traductora sobre leyes laborales consolidadas del Estado de Nueva York).

A fs. 381-384 luce el dictamen del perito contador, en el que se detalla que el señor Willard percibió la suma total de U$S 14.152,20 en concepto de sueldo anual complementario. Cabe mencionar que dicho cobro dio lugar a la instrucción de un sumario administrativo (Expediente “S”, nº 2990/04, Auditoria General - Sumarios, identificado con letra Q, fs. 88-90) de cuyas constancias surge que el accionante había impartido instrucciones verbales al departamento de personal de la entidad financiera para percibir los aguinaldos correspondientes a los años 2002 y 2003 –en lugar del pertinente “bonus”-, invocando la autorización de la casa central, de la que carecía.

9º) Que del examen de la prueba testimonial surge que el actor prestó servicios para el testigo Carlos Alberto Bercún, Secretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Economía de la República Argentina. El señor Bercún relató que el demandante era amigo y que había realizado tareas ad honorem en dicha dependencia, que no eran de naturaleza bancaria y que no se cumplían en la sede del Banco de la Nación Argentina, sino en el Ministerio de Economía. Añadió el declarante, que esas labores fueron desempeñadas “dos o tres veces” y que el actor “normalmente permanecía dos meses en Buenos Aires”, (conf. f. 154).

A su turno, el testigo Roque Benjamín Fernández, manifestó que conocía al actor como funcionario de la sucursal Nueva York del Banco de la Nación Argentina y añadió que el señor Willard desarrollaba sus tareas fundamentalmente en Nueva York y Washington. A ello, agregó que el accionante estuvo trabajando en las áreas de relaciones institucionales del Ministerio de Economía de la República Argentina y que por pertenecer Willard al Banco Nación, para el desempeño de esas tareas se debía requerir autorización a la entidad bancaria. Dijo también el testigo que ignoraba quién, en esas ocasiones, le abonaba las remuneraciones al actor. Aclaró que solía ver al demandante, una vez al año en la República Argentina (conf. 257).

Con posterioridad, el testigo Saúl Bouer, declaró ser amigo del actor. Afirmó haber visto a Michael Willard, varias veces en Argentina. Puntualizó el declarante, que era intendente de la ciudad de Buenos Aires y que tenía relación con el Banco de la Nación Argentina, en materia de préstamos. Refiriéndose al señor Willard, señaló que “lo pidió por seis meses” para trabajar en la intendencia, pero que no podría precisar cuánto tiempo estuvo trabajando (conf. 257 vta./258).

Asimismo el testigo Enrique Rubén Juárez declaró que el actor acostumbraba a “pasar” por la casa central de la entidad financiera en Argentina y que era personal local de la sucursal bancaria de Nueva York. A ello agregó, que el señor Willard tenía la práctica de juntar los días de vacaciones para permanecer en Buenos Aires, pero no porque fuera enviado en alguna misión de trabajo (fs. 165/165 vta.).

Por su parte, el testigo Jorge Luis Volpini, declaró que en el caso de que un empleado fuera destinado a otro país, esa decisión debía estar aprobada por el directorio del banco (fs. 220/222).

Finalmente, el testigo Luis García aseveró que la posición del actor no ameritaba ninguna gestión en la casa central del Banco Nación (fs. 405/405 vta.).

Cabe señalar que a f. 190 obra una solicitud en la que el Intendente Municipal de la Ciudad de Buenos Aires, doctor Saúl Bouer, requirió al señor Presidente del Banco de la Nación Argentina, que comisionara al señor Michael Willard para prestar servicios, ad honorem, en dicho organismo y que una vez finalizados éstos, el agente regresara a la sucursal Nueva York, del Banco de la Nación Argentina.

Asimismo a f. 201, luce una nota suscripta por el doctor Carlos Alberto Bercún, en la que comunicó al Presidente del Banco de la Nación Argentina, que el señor Michael Willard se había desempeñado como asesor ad honorem, de la Subsecretaría de Relaciones Institucionales, del Ministerio de Economía de la República Argentina desde el 15-12-1997 hasta el 27-02-1998.

Corresponde destacar que de la prueba documental ofrecida por la demandada en estas actuaciones (sobre con letra P), consta la siguiente declaración efectuada por el señor Michael Willard al señor gerente interino del Banco de la Nación Argentina, Claudio Alemán:

“Por la presente le informo que el 22 de marzo de 1993 he regresado a mi puesto en la Sucursal. A fines del año pasado tuve que hacer un viaje imprevisto a Argentina, y durante mi estadía en Buenos Aires, el intendente de la ciudad, Dr. Saúl Bouer, me pidió que realizara un trabajo especial de asesoramiento a la Municipalidad. A tal efecto, el Sr. Bouer presentó un pedido de asignación en comisión al Presidente del Banco, Dr. Aldo Dadone, mediante carta recibida por la Secretaría de Presidencia el 23 de febrero de 1993. Debido a que aún está pendiente una decisión sobre el tema en cuestión, he decidido interrumpir mi estadía en Buenos Aires, y mientras tanto, vuelvo a mi cargo a la Sucursal. Por lo tanto, esperando una resolución favorable respecto de mi comisión en la Municipalidad y la correspondiente licencia, solicito por la presente que mi ausencia durante el período entre el 1 y el 19 de marzo de 1993, sea considerado parte de mi licencia habitual con goce de sueldo”.

Ello da por tierra con la existencia de autorización o con una prestación laboral por cuenta del Banco de la Nación Argentina.

10) Que de las probanzas arriba mencionadas, resulta que –contrariamente a lo aseverado por el a quo-, el actor jamás cumplió tareas en nuestro país para el Banco de la Nación Argentina. Es decir, no laboró en este país para la entidad ni prestó servicio en la casa central ni en ninguna otra sucursal; ni obra autorización alguna de la entidad financiera, para trabajar en el Ministerio de Economía ni en la Municipalidad de Buenos Aires.

En consecuencia, la relación de trabajo sub examine no puede ser calificada, como lo pretende el actor, de carácter “itinerante”, modalidad laboral que consiste en la prestación de la capacidad de trabajo en sucesivos lugares geográficos y sujeta a leyes distintas. Dicha forma de trabajo, cabe recordar, está caracterizada por una unidad de ejecución, por lo que no corresponde segmentar la relación laboral en virtud del traslado del trabajador de un destino a otro. En ese hipotético supuesto, se impondría la aplicación de la ley del lugar tanto en el que principalmente se han ejecutado las prestaciones como en el que se producen los hechos que pueden considerarse relevantes al efecto.

Por el contrario, en la especie, las modalidades de la relación laboral que efectivamente se prestaron, conducen derechamente a encuadrarla dentro de la categoría de “empleados locales”, descripta en el considerando 7º de la presente ya que toda su actividad, sin intervalo alguno, se desarrolló en el Banco de la Nación Argentina, sucursal Nueva York.

11) Que el artículo 3º de la Ley de Contrato de Trabajo es una norma que determina la vigencia del orden jurídico argentino o su desplazamiento por el derecho de extranjería y erige como base normativa el principio de la lex loci executionis, al consagrar la regla según la cual la Ley de Contrato de Trabajo regirá todo lo relativo a la validez de derechos y obligaciones de las partes, sea que el contrato se haya celebrado dentro o fuera del país, siempre que el mismo se ejecute en la República Argentina. Este precepto, se constituye en una norma de derecho internacional privado, que tiene su correlato con el artículo 1210 del Código Civil en cuanto aplica el derecho del lugar de ejecución, a los contratos celebrados en la República cuando deban tener su cumplimiento fuera de ella.

12) Que, sobre la base de lo anteriormente expuesto, resulta de aplicación la ley laboral del lugar de ejecución del contrato, que en el caso es el Estado de Nueva York, sin que se advierta la existencia de elemento alguno que permita hacer excepción a la normativa que rige la materia en debate. Por lo tanto, conclúyese que la presente controversia se encuentra regida por el derecho extranjero (artículo 3 de la Ley de Contrato de Trabajo y 1210 del Código Civil) y en consecuencia, no corresponde al actor percibir una indemnización por despido sin causa, en los términos pretendidos.

Por ello, se declara procedente el recurso ordinario de la parte demandada, se revoca la sentencia apelada y se rechaza la demanda. Costas por su orden en atención a la naturaleza de las cuestiones debatidas. Notifíquese y devuélvanse los autos.- E. I. Highton de Nolasco. C. S. Fayt. J. C. Maqueda. C. M. Argibay.

Fallos relacionados

Juz. Nac. Trab. 1, 30/09/08, Willard, Michael c. Banco de la Nación Argentina.

CNTrab., sala VIII, 13/10/09, Willard, Michael c. Banco de la Nación Argentina.

Willard, Michael c. Banco de la Nación Argentina. 2º instancia

CNTrab., sala VIII, 13/10/09, Willard, Michael c. Banco de la Nación Argentina.

Contrato de trabajo. Lugar de celebración: EUA. Lugar de cumplimiento: EUA, Argentina. Derecho aplicable. Ley de Contrato de Trabajo: 3. Código Civil: 1209, 1210. Lugar de cumplimiento en varios países. Criterio de distinción. Derecho más favorable. Orden público internacional. Código Civil: 14.

La sentencia fue revocada por la Corte Suprema.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 22/09/11.

2º instancia.‑ Buenos Aires, octubre 13 de 2009.-

El Dr. Morando dijo:

I.‑ La sentencia de primera instancia rechazó la pretensión del actor de ser indemnizado como consecuencia de la extinción de la relación que mantuvo con el Banco de la Nación Argentina, y que se desarrolló, principalmente, en New York (EE.UU.). Para así decidir, el señor juez a quo hizo mérito de que el contrato fue celebrado en esa ciudad, para ser cumplido en ella. Conforme a los arts. 1205 y 1210 CCiv., que, recogiendo la doctrina predominante en el derecho internacional privado, mandan aplicar la lex loci executionis para el juzgamiento de la validez, naturaleza y obligaciones de los contratos hechos fuera del territorio de la República, o en ésta, para ser cumplidos fuera de ella, y 3 LCT que sólo admite su aplicación a los contratos de trabajo con elementos extranjeros, en la medida de su ejecución en territorio argentino, tuvo por ley aplicable la del Estado de New York, que no prevé indemnizaciones, salvo algunas excepciones, por la denuncia emanada de cualquiera de las partes.

II.‑ El actor viene en apelación. Insiste en que la Ley de Contrato de Trabajo es aplicable por haber mediado ejecución parcial del contrato en territorio nacional y actualiza recursos relacionados con la admisión de ciertas pruebas. Estimo que, en principio, las cuestiones planteadas en los recursos concedidos en el marco del art. 110 del ordenamiento procesal aprobado por la Ley 18345 no son decisivas para la decisión de la controversia de fondo, que transita por carriles ajenos a las normas y principios de derecho internacional privado que han sido puestos en el centro del debate. Lo son a mi juicio, la naturaleza del Banco Nación y las modalidades y efectos de la aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo al Estado Nacional, según su art. 2.

III.‑ El Banco de la Nación Argentina no es un banco comercial común. Ha sido creado como agente financiero del Estado Nacional y, según su carta orgánica –Ley 21799 y sus modificaciones‑, integra el sector público, en calidad de entidad autárquica del Estado, con autonomía presupuestaria y administrativa. Debe coordinar su actuación con las políticas económico‑financieras que establezca el gobierno nacional (art. 1, Carta Orgánica). Recibe los depósitos de los fondos en moneda extranjera de los organismos del Estado Nacional y de las entidades y empresas de las que es total o parcialmente dueño, que transfieran o mantengan depositados en el exterior, cuando existan casas del banco que puedan prestar ese servicio (art. 2 Ley 21779), para cuya creación o cierre debe conocer previamente el Ministerio de Economía. La Nación Argentina garantiza sus operaciones (art. 2 Carta Orgánica). Es gobernado por un directorio, cuyos integrantes son designados por el Poder Ejecutivo Nacional y son alcanzados por incompatibilidades similares a las de los funcionarios del sector público en general (arts. 9/18 Carta Orgánica), La fiscalización es ejercida por un síndico designado por el Poder Ejecutivo; el banco rinde cuenta de la ejecución de su presupuesto ante el Tribunal de Cuentas (art. 21). Está habilitado para realizar todas las operaciones previstas por la Ley de Entidades Financieras y, entre otras competencias especiales, a las de fomento de las exportaciones y estímulo del comercio exterior (art. 25). Está sometido a la jurisdicción federal, concurrentemente, según la naturaleza de las obligaciones, con la ordinaria de las provincias y la justicia nacional común. El Presidente nombra, traslada, promueve y sanciona a los funcionarios y empleados y propone al directorio la contratación por tiempo determinado para la prestación de servicios y, excepcionalmente para tareas ejecutivas o de asesoramiento (art. 14, incs. d y e).

Sólo metafóricamente es adecuado referirse, en el caso, a la celebración de un contrato de trabajo –o de otra naturaleza‑ entre el banco y el pretensor. Tal como resulta de la glosa precedente, los agentes de aquél son designados por el Presidente (art. 14, inc. d), salvo las excepciones del art. 14, inc. e, que no son del caso. El acto de designación es dictado en la sede del banco, es decir, en la ciudad capital de la República. Se trata de un acto administrativo, que genera, a partir de la incorporación del agente designado, una relación de derecho público; no de un contrato de derecho privado. A estos agentes, o funcionarios, no les es aplicable convención colectiva de trabajo alguna, entre otras razones, porque, salvo estipulación expresa, las celebradas en el territorio nacional no tiene efecto en países extranjeros.

A esta altura conviene explicar cuál es, a juicio del tribunal, el alcance de la aplicación del art. 2 LCT cuando el empleador es un ente de derecho público estatal, autónomo o autárquico. En un caso en el que se discutía una cuestión de competencia, dijo que “el Estado Nacional, las provincias y las municipalidades –entes a los se debería agregar la Ciudad de Buenos Aires, en cuanto autónoma‑, no son sujetos de derecho del trabajo en sentido estricto, constituido por las normas regulatorias del contrato y la relación de trabajo. Ello es así, porque éstas disciplinan las relaciones laborales en el marco de las empresas, y dichos entes públicos no lo son. El art. 2 LCT da cuenta, en la regla que los excluye de su ámbito, de esta circunstancia. Cuando, por excepción, se admite la aplicación de las normas de la Ley de Contrato de Trabajo –por acto de imperio expreso de inclusión, o por sometimiento al régimen de convenciones colectivas de trabajo‑, ello no modifica la naturaleza de la relación, que sigue siendo de empleo público, sometida a las reglas del derecho administrativo. Lo que sucede es que esa inclusión opera la recepción por el derecho administrativo de normas de derecho privado que pasan a formar parte del derecho público, en cuanto destinadas a regir relaciones de esa naturaleza” (esta sala en “Kwietel, Mercedes Carina c. Estado Nacional ‑ Ministerio de Economía y Producción”; sentencia n. 36357, del 29.07.09). La digresión vale porque subyace a los escritos constitutivos, a la sentencia y a la memoria en examen, la noción de que medió un contrato de trabajo sujeto a la Ley de Contrato de Trabajo, o, según las reglas de derecho internacional privado citadas en la reseña introductoria, a la legislación del Estado de New York, lugar en el que el apelante prestó servicios. También, porque, en relación con el caso concreto, el Banco de la Nación Argentina es más asimilable al Ministerio de Economía que a cualquier banco privado.

IV.‑ En ese contexto, resulta: (a) que el actor fue designado, mediante un acto administrativo dictado en territorio argentino por un ente estatal nacional, para prestar servicios, por tiempo indeterminado, en territorio del Estado de New York (EE.UU.); (b) que no estaba sujeto a convenciones colectivas de trabajo de la actividad; (c) que el Banco Nación dio por terminado el contrato sin imputarle incumplimientos, en el marco de una reestructuración que afectó a otros empleados; (d) que la legislación del Estado de New York no prevé indemnizaciones por la disolución de contratos de trabajo –recuerdo que ambas partes dan por sentado que se trataba de uno de esa naturaleza‑, salvo estipulación expresa o en ciertas circunstancias que no se configuran en el presente; (e) que, conforme a los arts. 1205 y 1210 del Código Civil y 3 de la LCT que recogen la regla de conflicto lex loci executionis respecto de los contratos celebrados en el país para ser ejecutados en otros, no serían aplicables, en general, las leyes argentinas; (f) que, no obstante, el Banco ofreció una compensación por la extinción de la relación, que el actor no aceptó; (g) que, estrictamente, no medió un contrato de trabajo sujeto a la Ley de Contrato de Trabajo, sino una relación de derecho administrativo, cuyo antecedente no ha sido un contrato, sino un acto de autoridad: designación; (h) que, en consecuencia, ciertas garantías constitucionales, como la estabilidad del empleado público o, en un plano de menor intensidad –que ha sido considerada operativa por analogía para el sector público, en supuestos en los que no regía la anterior‑, la protección contra el despido arbitrario, reglamentadas por leyes comunes (art. 14 bis de la Constitución Nacional), pero, aún en supuestos de vacío reglamentario, directamente operativas contra el Estado, que no puede desentenderse, en sus relaciones con particulares, de normas de nivel superior por él creadas.

V.‑ La cuestión de las contrataciones de personas por el Estado, en ejercicio de facultades que le han sido concedidas por normas especiales de diversa jerarquía normativa, fuera del ámbito estatutario que reglamenta la garantía de la estabilidad, ha sido objeto de la atención del tribunal, que, en diversas épocas, ofreció soluciones de corte disímil, todas inspiradas en la inadmisibilidad, en principio, de la exclusión de toda consecuencia derivada de la extinción de tales relaciones jurídicas. En general, y con diferentes enfoques y fundamentos, se recurrió a la analogía con las normas reglamentarias de la protección contra el despido arbitrario que el art. 14 bis de la CN ofrece a los trabajadores en general –como se dijo, de menor intensidad que la estabilidad reconocida a los empleados públicos‑. El pronunciamiento de la Corte en la causa “Leroux de Emede, Patricia c. Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires”, al proscribir la comunicabilidad de los ámbitos público y privado, salvo la inclusión expresa en éste, conforme al art. 2 LCT, excluyó la viabilidad del recurso a la analogía centrado en la Ley de Contrato de Trabajo. A partir de la sentencia del 14.03.08, dictada en la causa “López Bilbao, Luis M. c. Instituto de Obra Social del Ejército”, esta sala –con mis reiteradas reservas respecto de la competencia de los tribunales del trabajo‑ se inclinó por encauzar la reflexión acerca de las fuentes normativas aptas para dar solución adecuada y compatible con la limitación impuesta por la Corte, en los márgenes del derecho administrativo. Dije, con estricta pertinencia a la cuestión debatida en la presente causa –aunque en la citada se juzgaba un caso de contratación irregular por un órgano de la Administración Pública y, en ésta, el despido de un empleado bancario no incluido en las normas laborales de derecho privado, en ambas se trata de discernir cuáles deben ser las consecuencias de la extinción de la relación‑, que un nuevo examen de la cuestión, suscitado por algunas sentencias de la sala VII en las que se recogieron los principios que había aplicado en la primera etapa y, especialmente, el dictamen de la doctora Gabriela A. Vázquez, a la sazón Fiscal General Adjunta ante la Cámara y, actualmente, integrante de esta sala, me persuadió de que existe una vía jurídicamente adecuada para reparar los perjuicios que experimentan los empleados contratados a soslayo de las previsiones de la regulación de las relaciones de empleo público, frente a su exclusión de la carrera administrativa –presupuesto de la estabilidad‑ y fuera de las excepciones previstas por el art. 9 de la Ley 25164 y los decretos 1481/2001 y 1421/2002, como ocurría en el caso, afirmando que es lícito el recurso a la analogía, ya no –por vedarlo la doctrina de “Leroux”, ‑con las normas de la Ley de Contrato de Trabajo, sino con otras de derecho administrativo; en el caso, tal como lo postuló la doctora Vázquez en el dictamen evocado (n. 42200, del 09.05.06.; causa “Olguín, Alberto E. c. Estado Nacional”; expediente 7232/04, de la sala I), la del art. 11 de la Ley 25164, que prevé una indemnización por cese de un mes de remuneración por año de servicios o fracción mayor de tres meses. En el caso, esta indemnización asciende a U$S 226.440.‑ (f. 11).

No son procedentes los demás créditos incluidos en la liquidación, ya que se trata de partidas de naturaleza laboral y en este voto ha sido excluida la aplicación de la ley laboral argentina.

VI.‑ Por los fundamentos expuestos, propongo: (a) se deje sin efecto la sentencia con el alcance indicado, se haga lugar parcialmente a la demanda y se condene al Banco de la Nación Argentina a abonar a don Michael Willard, dentro de los diez días de consentida la liquidación prevista por el art. 132 Ley 18345 (t.o.), la suma de U$S 226.400.‑, o su equivalente en pesos, calculados según el promedio de las cotizaciones de la moneda indicada, tipos comprador y vendedor, informadas por el Banco Central de la República Argentina el día anterior al del depósito, suma que llevará intereses del 5% anual desde la fecha del despido; (b) se impongan las costas del proceso al Banco de la Nación Argentina, ya que habrá sido acogida la pretensión principal del actor –ser indemnizado, aunque sobre bases diferentes a las pretendidas‑, lo que permite calificarlo como vencedor, a los fines del art. 68 CPCCN; (c) se dejen sin efecto las regulaciones de honorarios y se regulen los de las representaciones letradas del actor y de la demandada, por la totalidad de los trabajos cumplidos en ambas instancias, y los de los peritos contador y traductor, en el 16%, 12%, 5% y 4%, respectivamente, de la suma de capital más intereses (artículos 68 y 279 CPCCN; 6°, 7°, 14 y 19 de la Ley 21839; 3° del Decreto Ley 16638/57).

El Dr. Catardo dijo:

I.‑ El actor ha apelado con razón, el pronunciamiento de la anterior instancia que rechazó, en todas sus partes, la demanda instaurada.

II.‑ El recurso, globalmente es suficiente para conmover lo decidido en grado. Y en este aspecto, voy a disentir de mi distinguido colega, el Doctor Juan Carlos E. Morando, ya que arriba en su voto a la conclusión de que la vinculación jurídica habida entre las partes debía ser caracterizada como de “empleo público” y, por lo tanto, ajena a las disposiciones laborales propiamente dichas. Y tal es así que aplicando el criterio usualmente utilizado por esta sala en los supuestos en que se trata de los llamados “contratados” de la Administración Pública, fija de todos modos una reparación aplicando, analógicamente, lo dispuesto en el art. 11 Ley 25614.

Varias razones me llevan a disentir con tal criterio. Y el primero y fundamental es que debe soslayarse en este caso puntual el principio “iura curia novit” ya que el argumento que desarrolla el voto que me antecede no es fruto de ninguna articulación de las partes, las cuales resultan, a mi juicio, plenamente coincidentes en que se trató en el caso, de una relación típicamente laboral, discrepando solamente, acerca de si regía la ley argentina (así lo agitaba el demandante) o la vigente en el Estado de Nueva York, USA (como lo preconizaba la accionada).

Es por ello que entiendo que, en principio, no corresponde hacer uso de una introducción oficiosa, brillante como desarrollo académico, pero incompatible con el principio de congruencia establecido en el art. 163 inc. 6 CPCCN. Al respecto señalaba Palacio, Lino en su “Manual de Derecho Procesal Civil”, t. II, p. 12) comentando dicha norma que la ley exige una estricta correspondencia entre el contenido de la sentencia y las cuestiones planteadas por las partes y resalta que se trata de una aplicación del denominado principio de congruencia que constituye una de las manifestaciones del principio dispositivo y que reconoce, incluso, fundamento constitucional, pues como lo tiene reiteradamente establecido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, comportan agravio a la garantía de defensa, tanto las sentencias que omitan el examen de las cuestiones propuestas oportunamente por las partes, que sean conducentes para la decisión del pleito como aquellas que se pronuncian sobre pretensiones o defensas no articuladas en el proceso.

Pero a ello debe añadirse que, de todos modos, la índole de la persona jurídica demandada (entidad autárquica del Estado, con autonomía presupuestaria y administrativa: Ley 21799 y sus modificatorias) no obsta a que su personal se le apliquen las disposiciones laborales comunes. Y ello es así, en atención a que, como es de público conocimiento, una de las excepciones a lo dispuesto, como regla general en el art. 2 de la LCT en cuanto a la inaplicabilidad de la legislación laboral a los dependientes de la Administración Pública, se verifica cuando, por acto expreso, se los ha incluido en el régimen de convenciones colectivas de trabajo.

Y esto es a mi juicio, lo que ocurre en la especie, dado que la demandada ha suscripto con otras entidades crediticias oficiales, el convenio colectivo de trabajo 18/1975, vigente hasta la fecha. Más aún, ha sido la propia Secretaría de Trabajo la que, en cumplimiento de lo ordenado por el art. 245 LCT [h]a dictado, en el tiempo, diversas resoluciones referidas al “tope” que cabe aplicar a las indemnizaciones por antigüedad de estos trabajadores (ver res. 269/2004, 1155/07 y 1164/07, todas de esa Secretaría de Estado). Por otro lado y sólo a mayor abundamiento, cabe recordar que existen numerosos precedentes de esta Cámara aplicando sin ambages a los dependientes del Banco de la Nación Argentina, las disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo y otras normas complementarias de esta (ver, entre otras sala V 13.5.09 “Posadas, Walter O. c. Banco de la Nación Argentina”; sala III 23.04.08 “Del Campo, Augusto c. Banco de la Nación Argentina”; sala IV 28.3.08 “Mendilaharzu, Juan J. c. Banco de la Nación Argentina”).

III.‑ En definitiva, entiendo que corresponde examinar el mérito del recurso articulado por el accionante, partiendo de la base que llega firme a esta alzada, que la relación desarrollada entre las partes, se encontraba regida por las disposiciones del derecho del trabajo. Y aclarado ello, estimo que le asiste razón al recurrente en punto a que la cuestión debe ser resuelta en función de lo reglado por las normas de la República Argentina.

IV.‑ No desconozco que, por cierto, buena parte de la prestación laboral del actor se cumplió en los Estados Unidos de América, más concretamente en el Estado de Nueva York. Y tampoco desconozco lo dispuesto en el art. 3 LCT en cuanto establece que se regirá por esa ley todo lo relativo a los derechos y obligaciones de las partes, cuando el contrato se ejecute en nuestro territorio, como así también lo establecido por el art. 1210 CCiv. relativo a que los contratos que deban cumplirse fuera de la República serán juzgados por las leyes y usos del país en que debieron ser cumplidos. Pero no obstante todo ello, estimo que existen varias razones que imponen la aplicación en nuestro derecho.

Y el fundamento de lo que vengo sosteniendo “supra”, debe tenerse en cuenta que se encuentra debidamente acreditado que el demandante, además de prestar servicios en la ciudad de Nueva York, lo hizo también en Buenos Aires; y eso es lo que surge de los calificados testimonios brindados por quienes fueron importantes funcionarios en el ámbito nacional en anteriores administraciones, tales como Saúl Bouer ( fs. 257 vta. y sgtes.), Carlos Alberto Bercún ( fs. 154 y sgtes.), Roque Fernández (que fuera, en su oportunidad Ministro de Economía de la Nación, fs. 257).

Y estos testimonios, tácitamente aceptados por las partes, dan cuenta de que el actor cumplía, todos los años, temporadas de prestación de servicios en nuestra capital, a veces en las oficinas del Banco Nación y, en otras oportunidades, a pedido de altas autoridades ministeriales, en distintas Secretarías de Estado, cedido expresamente por el Banco demandado.

V.‑ En esas condiciones, es decir existiendo más de un país en el cual se hubieran cumplido tareas, cabe entender que corresponde aplicar la legislación más favorable al trabajador, según lo postulara el recordado jurista Justo López (en la obra en colaboración con Centeno y Fernández Madrid, “Ley de Contrato de Trabajo Comentada” 2º edición T.II, pág. 62) Y esa normativa –en el caso concreto de autos‑ no puede ser otra que la Argentina, habida cuenta que, como lo señalan tanto la demandada como el sentenciante la vigente en el Estado de Nueva York no contempla compensación alguna para el subordinado en el caso de disolución del vínculo sin culpa de este.

VI.‑ Desde otra perspectiva, no puede soslayarse que el art. 14, CCiv. dispone que las leyes extranjeras no serán aplicables, entre otros casos, cuando fueren incompatibles con el espíritu de la legislación nacional. Esto es lo que sucede en el supuesto de autos, dado que resulta a todas luces opuesto, no sólo a un principio cardinal de nuestro ordenamiento positivo sino hasta una disposición constitucional (el art. 14 bis de nuestra CN) aquella regulación del estado neoyorquino (en la cual coinciden la accionada y el señor juez de la anterior instancia) conforme no resulta el despido incausado de un trabajador.

Pero lo que a mi criterio termina por definir la cuestión a favor de la aplicación de nuestro derecho es que resulta jurídica y lógicamente inadmisible que una persona jurídica como el Banco de la Nación Argentina, que como bien lo recuerda el Doctor Morando, es agente financiero del Estado Nacional e integra el sector público y es gobernado por un directorio cuyos integrantes son designados por el Poder Ejecutivo Nacional, en un litigio con un dependiente, rehúse la aplicación de la legislación dictada por nuestro país y pretende que la vinculación se rigiera por las disposiciones estaduales de una nación extranjera. Reitero, resulta a todas luces incomprensible, que quien en esencial, inviste en este caso la representación del Estado argentino no se avenga a que el diferendo que mantiene con un empleado, sea resuelto por ley argentina.

VII.‑ Parece evidente que al dictar los arts. 1209 y 1210 CCiv. y 3, LCT, el legislador tuvo en miras solamente litigios entre personas físicas o jurídicas de derecho privado; lo mismo podría decirse de los exégetas que examinaron esas disposiciones quienes se advierte que han tenido “in mente” solamente relaciones anudadas exclusivamente entre particulares. Por otro lado, y aún reconociendo no haber agotado totalmente la búsqueda, justo es señalar que no he encontrado precedentes que apliquen el art. 3, LCT que incluyan, no ya el Estado Nacional mismo, sino siquiera alguna empresa o repartición estatal.

En rigor, puede admitirse que la cuestión resulta al menos atípica dado que, de no haber ingresado la accionada en el ámbito de las convenciones colectivas de trabajo, nunca hubiera podido concertar relaciones de trabajo comprendidas en la LCT –art. 2 mediante‑ pero en la situación planteada y la petición expresa del trabajador de recurrir al derecho argentino, parece indudable que el Estado Nacional no puede declinar nada menos que la aplicación de su propia normativa.

VIII.‑ En síntesis, ratifico mi adelantada opinión que la cuestión que enfrenta a las partes debe ser juzgada a la luz de lo dispuesto en la Ley de Contrato de Trabajo y demás disposiciones complementarias.

Sentado lo que antecede, corresponde revisar lo decidido en grado, haciendo lugar a la demanda en la forma solicitada en el escrito fundamental, salvo en lo que hace al importe del resarcimiento por antigüedad.

IX.‑ El reclamo en concepto por despido y omisión de preaviso (incluida la incidencia del s.a.c.) debe prosperar, habida cuenta que no existe prácticamente controversia entre las partes en cuanto a que la demandada decidió poner fin a la relación en forma incausada, concretamente mediante la resolución de fecha 25.3.04 según el perito contador, no impugnado en ese aspecto (arts. 231, 232, 242 y 245 LCT).

X.‑ De igual modo, cabe acoger el recargo previsto en la ley de emergencia, más concretamente en el art. 16, Ley 25561, cuya vigencia fue prorrogada, en lo que ahora interesa, hasta el 31.3.04 por el Decreto 1351/2003 y el marco de lo resuelto por esta sala en la S.D. 34712 del 27.12.07 “Elia, Domingo S. c. Argenta S.C.A y otro s. despido” y cuya cuantía asciende, como se sabe a una suma igual a la que corresponde en concepto de reparación por despido y omisión de preaviso.

XI.‑ Obviamente, también corresponde acceder al reclamo por indemnización por las vacaciones no gozadas del año 2003, toda vez que no se invocó ni acreditó su satisfacción (arts. 156 y conc. LCT).

XII.‑ Ahora bien, de acuerdo a la remuneración mensual del demandante denunciada en el escrito inicial (no cuestionada y coincidente, además, con los recibos de sueldos compulsados por el perito contador) de u$s 9.435 y la antigüedad de 24 años informada por el experto, corresponde fijar la condena en base a los guarismos que surgen de la liquidación de f. 11 en lo que respecta al preaviso omitido y las vacaciones. Así por preaviso (incluida la incidencia del s.a.c.) le corresponden u$s 20.442,50.‑, mientras que por vacaciones 2003 deben fijar u$s 13.209.

XIII.‑ En lo que respecta a la indemnización por antigüedad, esta sala tiene dicho que la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 14.09.04 en el caso “Vizzotti” sostuvo que el tope legal previsto en el art. 245 LCT devenía inconstitucional si resultaba confiscatorio, esto es, se disminuía la base salarial a los fines de la indemnización del mencionado art. 245 LCT por encima del 33%, por lo que mandó en su caso a tomar dicho parámetro a tales efectos (ver entre muchos otros “Redin, Eduardo c. A.W. Faber Castell S.A” del 16.4.08).

En el caso, el tope legal previsto en el CCT 18/1975 aplicable al actor al momento del despido era de $ 2.664,30 según surge de la Res. S.T. 269/04 por lo que, es indudable que disminuye, ostensiblemente, la base indemnizatoria del art. 245 LCT y excede los parámetros delineados por la Corte Suprema. Por ello, siguiendo los lineamientos del Máximo Tribunal en el precedente citado, corresponde fijar la base remuneratoria para el cálculo de la indemnización por antigüedad en la suma de u$s 6.321,45 (67% de u$s 9.435.‑)

XIV.‑ Consecuentemente con ello, el mencionado resarcimiento alcanza la suma de u$s 151.714,80, mientras que el incremento contemplado en el art. 16 Ley 25561 se eleva entonces, a la suma de u$s 172.157,30.‑.

XV.‑ En razón de todo lo expuesto el total del capital nominal de condena asciende a la suma de u$s 357.523,60, el cual debe ser convertido a moneda nacional a valores de la época del distracto (marzo 2004) para lo cual resulta razonable la pauta propuesta por la accionante a f. 11 vta., esto es a razón de $ 2,93.‑ por cada divisa norteamericana, y se arriba a una suma de $ 1.047.544,10.‑ la que deberá abonarse con más los intereses a la tasa activa fijada por el Banco Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos según el cálculo difundido por la Prosecretaría General de la Cámara (C.N.A.T. Acta 2357 del 7.05.02 ref. por Es. 8 del 30.5.02) desde el distracto hasta el efectivo pago.

XVI.‑ Lo expuesto importa dejar sin efecto lo decidido en relación a costas y honorarios (art. 279 del CPCCN) lo que torna abstracto los recursos deducidos.

XVII.‑ Por todo lo expuesto propongo se revoque la sentencia apelada y condenar a la demandada a abonar al actor, dentro de quinto día la suma de $ 1.047.544,10.‑ con más los intereses dispuestos en el considerando pertinente. Costas de ambas instancias a la demandada vencida (art. 68 CPCCN) y regular los honorarios de la actora, demandada y peritos, contador y traductor en el 17%, 13%, 5% y 4%, respectivamente del monto de condena más intereses. Regular los honorarios de los letrados firmantes de las memorias dirigidas a esta Cámara en el 25% de los fijados precedentemente.

La Dra. Vázquez dijo:

Que, por compartir sus fundamentos, adhiere al voto del doctor Luis Alberto Catardo.

Por ello, el tribunal resuelve:

1) Revocar la sentencia apelada y condenar a la demandada a abonar al actor, dentro de quinto día la suma de $ 1.047.544,10.‑ con más los intereses dispuestos en el considerando pertinente;

2) Imponer las costas de ambas instancias a la demandada vencida;

3) Regular los honorarios de los letrados del actor, demandada, contador y traductor en el 17%, 13%, 5% y 4%,, respectivamente del monto de condena más intereses;

4) Regular los honorarios de los letrados firmantes de las memorias dirigidas a esta Cámara en el 25% de los fijados precedentemente.

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvanse.‑ J. C. E. Morando. L. A. Catardo. G. A. Vázquez.

Fallos relacionados

Juz. Nac. Trab. 1, 30/09/08, Willard, Michael c. Banco de la Nación Argentina.

CSJN, 13/09/11, Willard, Michael c. Banco de la Nación Argentina.

Willard, Michael c. Banco de la Nación Argentina. 1º instancia

Juz. Nac. Trab. 1, 30/09/08, Willard, Michael c. Banco de la Nación Argentina.

Contrato de trabajo. Lugar de celebración: EUA. Lugar de cumplimiento: EUA, Argentina. Derecho aplicable. Autonomía de la voluntad conflictual. Ley de Contrato de Trabajo: 3. Código Civil: 1210. Lugar de cumplimiento en varios países. Criterio de distinción. Principal lugar de ejecución. Aplicación de derecho extranjero. Aplicación de las leyes del estado de Nueva York.

La sentencia fue revocada por la Cámara del Trabajo y confirmada por la Corte Suprema.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 21/09/11.

1º instancia.- Buenos Aires, 30 de setiembre de 2008.-

Y vistos:

Estas actuaciones en estado de dictar sentencia, de las que resulta:

a) Con el escrito de fs. 6/14 se presenta el actor y demanda contra el Banco de la Nación Argentina en procura del cobro de las sumas cuya liquidación luce a fs. 11. Relata que su relación laboral con el banco demandado se desarrolló normalmente, desempeñando sus tareas tanto en la sucursal Nueva York como en la Casa Central de la entidad, en la República Argentina, desde su inicio, el 1° de enero de 1980 hasta el mes de enero de 2004, fecha ésta en que su empleadora le hizo saber en una reunión informal que prescindiría de sus servicios ofreciéndole un retiro “voluntario” a través de la firma de una “Carta Convenio” fechada el 23 de enero de 2004. Dicho convenio estipulaba el pago de una suma de U$S 32.659,60, a pagar en mensualidades, y su renuncia a todo reclamo posterior estableciendo, además que, de no suscribirlo, quedaría cesante a partir del 6 de febrero de 2004 sin ningún tipo de indemnización. Como no aceptó los términos del mal llamado “retiro voluntario” ni firmó la referida “Carta Convenio” donde se le notificaba la fecha de la cesantía, la relación laboral concluyó en la fecha mencionada -6/2/04- y sin el pago de indemnización alguna, luego de veinticuatro años de trabajo ininterrumpido a las órdenes del Banco. Señala que, como su remuneración fue pactada y abonada en dólares estadounidenses durante todo ese tiempo, el reclamo se efectúa en esa moneda extranjera en virtud del principio de intangibilidad del salario y destaca que la legislación aplicable en la especie es la argentina porque se trata de un contrato de trabajo celebrado en la República Argentina, dentro del marco jurídico argentino, que fue ejecutado en el extranjero y en el país. Peticiona que se declare la inconstitucionalidad del tope indemnizatorio del art. 245 LCT, que en el caso concreto no constituye una protección contra el despido arbitrario y que se le liquide la indemnización por antigüedad conforme la remuneración real y mensual que percibía de U$S 9.435.-

b) El Banco de la Nación Argentina contesta la demanda entablada a fs. 41/83. Niega y rechaza la totalidad de los hechos y del derecho invocado por el actor y sostiene que el sustracto fáctico de la relación que mantuvo con Willard determina que la ley aplicable tanto en relación a la celebración y efectos del contrato cuanto a lo concerniente a su disolución se rige por las normas vigentes en la materia en el Estado de Nueva York y por la reglamentación dictada por el Banco para el personal que presta servicios en la sucursal radicada en el referido Estado y que de conformidad con ese marco legal el principio básico es la libertad de contratación sin obligaciones indemnizatorias de ninguna naturaleza en caso de rescisión unilateral. En consecuencia, peticiona el rechazo de la demanda, con costas.

d) Producidas las pruebas ofrecidas por las partes y cumplida la etapa que prevé el art. 94 de la L.O., quedaron los autos en estado de dictar sentencia.

Y considerando:

I. En atención a los términos en que ha quedado planteada la controversia, para decidir si el actor tiene derecho a las sumas que pretende, deberá analizarse, básicamente, la cuestión de la ley aplicable y en el caso de considerarse que la que regula las condiciones del distracto es la extranjera, dirimir si corresponde o no el pago de conceptos indemnizatorios al reclamante, disyuntiva que se plantea a raíz de las particularidades que revistió la contratación de Willard con el Banco de la Nación Argentina. Al respecto, la postura actoral sostiene que la legislación aplicable es la argentina, porque se trata de un contrato de trabajo celebrado en la República Argentina, dentro del marco jurídico argentino, que fue ejecutado en el extranjero y en el país. Agrega que el personal del Banco de la Nación Argentina se rige por la Ley de Contrato de Trabajo y por la Convención Colectiva de Trabajo Nº 18/75 y destaca, asimismo, que tanto la ley, como la doctrina y la jurisprudencia locales señalan que el derecho argentino es de aplicación aún cuando el contrato se ejecute sólo temporariamente u ocasionalmente en el país, como resulta justamente en el caso que se trae a resolver (ver a f. 7 vta. de la demanda). Además, afirma que cuando no existe un tratado de derecho internacional privado con el país en el que se ejecutó parte del contrato de trabajo, resulta aplicable una norma consuetudinaria de derecho internacional privado argentino no convencional que impone atenerse al derecho que las partes libremente hayan elegido para su contratación.

Por su parte la demandada, como se adelantó en los Vistos, asevera que Willard fue contratado en la ciudad de Nueva York. Que presentó su solicitud de ingreso a la sucursal New York del banco demandado, como “personal local” y que éste se caracteriza, precisamente, por tener ciudadanía estadounidense, residencia o permiso de trabajo en los Estados Unidos de Norteamérica y encontrarse incluido en la nómina salarial del personal local, al que se le abona con el producto de partidas locales. Siendo así, destaca que como a todo el personal de esta índole, el actor llenó a su ingreso una solicitud de empleo –“Aplication form for employment”- con los datos filiatorios y antecedentes que detalla a f. 46, que coinciden con los extremos referidos y que, bajo esas modalidades le resulta aplicable –como a todos los de idéntica condición- el Manual del Empleado, normativa dictada por el Directorio del Banco de la Nación Argentina, de cuyos términos se notificó el Sr. Willard dejando constancia de ello; el Plan de Pensiones del Personal Local de USA, aprobado por el directorio del Banco de la Nación Argentina y registrado ante las autoridades locales bajo el Nº 006, del que se beneficia el actor conforme se acredita con constancias que acompaña y el Programa Especial de Cesantía, aprobado por el Directorio del Banco y establecido de acuerdo a las normas ERISA (Employee Retirement Income Security Act of 1974) vigentes en el Estado de Nueva York según las cuales, salvo casos excepcionales en que existan convenios entre la organización gremial y la patronal, las relaciones laborales se rigen por los principios básicos de la libertad de contratación sin obligaciones indemnizatorias de ninguna naturaleza en caso de rescisión unilateral, lo que significa que ni el empleado ni el banco están obligados a continuar la relación laboral y si lo decidieran, según su voluntad, cada uno podrá terminarla en cualquier momento.

Continuando con el relato de los hechos que rodearon a la desvinculación –desde la óptica de la accionada-, consigna ésta que no es veraz la afirmación del actor acerca de que se desempeñó siempre con corrección, por cuanto surge de actuaciones sumariales que se llevaron a cabo en el marco de una investigación mayor respecto de irregularidades detectadas en la sucursal donde se desempeñaba que Willard incurrió en diversas inconductas no obstante las cuales no se lo sancionó porque, de acuerdo con el dictamen elaborado por la Asesoría Legal de la accionada, no podía ser sancionado por tratarse de un empleado local, no regido por la L.C.T. (ver en paquete de prueba reservado los expedientes en los que constan las actuaciones sumariales efectuadas). Sin perjuicio de ello, en enero de 2004 y en uso de las facultades concedidas en virtud del derecho vigente en el Estado de Nueva York, se resolvió desvincular al actor dentro de un proceso de renovación encaminado al objetivo de prescindir de la mayor cantidad posible de agentes de alto costo laboral o de inadecuado desempeño. Fue en ese contexto que se le formuló la invitación a Willard de acogerse al Plan de Cesantía aprobado por el Directorio del Banco, elaborado de conformidad con la normativa vigente en el lugar de su prestación y aplicable al personal local de la sucursal, del cual fue oportunamente notificado el actor, lo que se acredita con la constancia que se adjunta y de conformidad con el cual cada empleado goza de 21 días para considerar los términos del aludido cese vencidos los cuales la oferta formulada caduca y el banco, en uso de la autonomía de la voluntad, queda autorizado a desafectarlo sin necesidad de abonarle ninguna indemnización.

II. Los reclamos más habituales –por no decir normales- nos ponen frente a contratos o relaciones laborales celebradas y sostenidas en el territorio nacional. En esos casos los conflictos que pueden presentarse con respecto al derecho aplicable, se circunscriben a la calidad de los sujetos (ámbito personal de aplicación del Derecho del Trabajo) o la vigencia de las normas en el tiempo (ámbito temporal del Derecho del Trabajo). Pero no hay dudas de que siempre la ley aplicable será la del tribunal que entiende en la causa (lex fori), “… pero la situación se complica cuando una relación jurídica puede caer bajo el imperio de leyes de distinto origen. Así, en nuestra materia, el llamado tráfico externo de mano de obra y de empresas da lugar a cuestiones acerca de la legislación aplicable a las relaciones laborales sobre las que incide algún elemento extranjero (elemento que puede ser el lugar de celebración o el de ejecución del contrato, el domicilio de las partes o la nacionalidad de los contratantes)” (del “Tratado del Derecho del Trabajo”, Director Mario Ackerman, Coord. Diego Tosca, en Tomo I, Cap. VIII, Ap. IV, por Héctor César Guisado “Aplicación de las normas laborales”, Ed. Rubinzal-Culzoni, año 2005, págs. 669 y ss.).

Estos casos plantean cuestiones que remiten a las reglas del Derecho Internacional Privado. Tratándose de contratos privados civiles o comerciales se tiende a adoptar la solución más flexible y ésta, indudablemente, “consiste en admitir la facultad de las partes de elegir la ley aplicable” (ib. ídem ob. cit.). Pero en materia de derecho laboral hay otras cuestiones que se ven comprometidas sobre todo en lo que atañe al carácter de orden público de sus normas, orden público relativo en la mayoría de los casos, desde que las partes no pueden modificar las condiciones que la ley establece como derecho de mínima, pero sí pueden pactar una mejora en esas condiciones.

Puntualmente, en este tema, la redacción actual de la LCT prevé, en su art. 3º, que sus disposiciones regirán “todo lo relativo a la validez, derechos y obligaciones de las partes, sea que el contrato se haya celebrado en el país o fuera de él, en cuanto se ejecute en su territorio”. Es por ello que autorizada doctrina ha señalado que “en la mayor parte de los casos los derechos y obligaciones de las partes en el contrato laboral se rigen según la ley del lugar de ejecución del contrato (lex loci executiones), que es por lo tanto la regla de base, con exclusión de toda otra, al menos en un considerable número de naciones (íb. ídem ob. cit., pág. 671). Respecto al tema, afirma el Dr. Juan Carlos Fernández Madrid, que “La norma es, en mi opinión, enteramente clara en cuanto a los supuestos que trata: 1º) contrato celebrado en el extranjero que se ejecuta en el país; y 2º) contrato que se celebra en el país y que se ejecuta en él. En el primer caso se aplica plenamente el principio de nuestra ley en tanto sea más favorable al trabajador que la que él pueda haber pactado y las situaciones ocurrentes se deben resolver por el principio de unidad de contrato. Estas afirmaciones, que son válidas para la reclamación que se hace respecto de un contrato que tiene desarrollo en el país en el momento de la acción respectiva, requiere de otras soluciones –no contempladas legislativamente- cuando el contrato que se ha celebrado y tiene principio de ejecución en nuestro país se desarrolla y termina en el extranjero, o cuando el contrato celebrado en el país se ejecuta en el extranjero. Para este último supuesto el artículo 1210 del Código Civil establece que los contratos celebrados en la República para tener su cumplimiento fuera de ella, serán juzgados, en cuanto a su validez, su naturaleza y obligaciones por las leyes y usos del país en que debieron ser cumplidos, sean los contratantes nacionales o extranjeros” (en “Tratado Práctico de Derecho del Trabajo”, Tomo I, Ed. La Ley, año 2000, pág. 524).

En síntesis, la cuestión plantea aristas que no admiten ser simplificadas en una regla única porque dependerá del caso concreto el criterio sobre la legislación aplicable, advirtiéndose una mayor dificultad en aquellas situaciones en las que existen múltiples lugares de ejecución y teniendo en cuenta que si bien el lugar principal de prestación de tareas puede significar el “punto de conexión” mayor no es, necesariamente el único que podría tomarse en cuenta para determinar la ley aplicable sobre todo si se trata de respetar otro principio que también se tiene en cuenta en la materia y es el referido a la “unidad de la contratación” para que el vínculo no se divida en tantas partes como regímenes haya que puedan regularlo, con las dificultades que puede entrañar su armonización: “habiendo uno principal, Justo López opina, de acuerdo con la jurisprudencia que citaré más abajo, que debe aplicarse la ley del principal lugar de ejecución, y en caso de duda el que tenga el derecho más favorable por aplicación del principio de la duda. Y si no se aceptara esa solución habría que recurrir supletoriamente a otras fuentes, como el Tratado de Montevideo (Justo López, “Ley de Contrato de Trabajo Comentada”, T°. I, pág. 62” (cfr. último autor citado, pág. 525).

III. Según lo señalado en el escrito constitutivo del proceso, Michael Willard comenzó a laborar para el banco demandado el 1° de enero de 1980 y fue destinado a prestar servicios en la sucursal de Nueva York. Aquí surge el primer y principal hecho controvertido: el actor sostiene que su contrato se celebró en la Argentina, por ser el Banco de la Nación Argentina quien lo empleó, lo que implica que la contratación recién se perfecciona en nuestro país por un acto que emana de las autoridades (Directorio) de la Casa Central, con domicilio en la República, por lo que al sumarse además a ello la existencia de prestación de tareas en dicha Casa Central, aunque fueran esporádicas, sería esto suficiente para que se torne operativa la regla del art. 3º de la LCT. Lo contrario afirma la demandada, para quien Willard nunca prestó tareas en el país y aunque lo hubiera hecho –lo que sostiene no fue con conocimiento ni autorización de las autoridades locales del banco- primaría, según su postura, que la ejecución principal y más prolongada del vínculo tuvo lugar en Nueva York, resultando la de este Estado la legislación aplicable a la relación laboral con el actor y por ende, a la disolución del vínculo.

Según la prueba que se produjo en la causa, quedó acreditado, efectivamente, que Willard se ausentó durante ciertos períodos de su lugar habitual de trabajo en la referida sucursal americana del banco accionado. Sin embargo, no resulta tan claro que lo hiciera con expresa autorización y conocimiento de la Casa Central, ni que fuera desde allí mismo que se le asignaran esas otras tareas. Se refieren al tema los testigos aportados por la accionada. Juárez, a fs. 165 y vta., dijo: “el actor trabajó en sucursal Nueva York y cree que tuvo algún paso por la sucursal Miami… el testigo fue designado para trabajar en Nueva York entre diciembre del 92 y marzo de 1994. Hay dos tipos de empleados, personal local, constituido por ciudadanos residentes, que fueron contratados localmente en la sucursal, hay un número mucho más reducido de agentes que pertenece a planta permanente de Argentina. El actor era personal local. Fundamentalmente, el personal local está contratado de acuerdo a las normas vigentes en el país de que se trate, en este caso Estados Unidos, usos y costumbres del mercado… Los sueldos del personal de Nueva York se liquidaba a través de una empresa que se tenía contratada, que preparaba las liquidaciones mensuales, de acuerdo a la información que pasaba el departamento de personal de la sucursal. El dinero lo giraba el banco y se acreditaba en la cuenta de cada agente, cuando dice el banco, se refiere a la sucursal Nueva York”. Volpini, quien declaró a fs. 220/222 conoció a Willard por haberse desempeñado durante “algo más de 14 años en la sucursal NY del Banco Nación, hasta abril del año 96” y realizó allí varias funciones, hasta llegar, en el año 91, a ocupar el cargo de gerente de esa sucursal durante seis meses: “Hay otro par de beneficios muy típicos del personal local, que son, aparte de los días de vacaciones, que por supuesto tienen un régimen diferente, que ellos tienen más días de vacaciones… no se podía tener más de 25 días hábiles, ese es (el) límite para el personal de casa central independientemente de donde estén destinados y ese límite no se aplica para el personal local y el personal local también tienen los días personales, que se llaman, que eran seis días… que puede usarlos para lo que quiera… por supuesto tiene que avisar… pero los puede usar para lo que quiera y no se computan como vacaciones… El actor tenía la práctica, al menos en la época del testigo, de no tomarse los días personales, sino que los acumulaba para, hacia fin de año, juntarlos con los días de vacaciones y venirse para Buenos Aires… era bien conocido que el actor visitaba directores y algún funcionario de casa central y que se pasaba días enteros en Buenos Aires, pero no porque fuera enviado por el testigo en alguna misión de trabajo… el testigo nunca comisionó al actor para que venga a trabajar a Buenos Aires… Durante el período del testigo el actor nunca desarrolló tareas fuera de Estados Unidos y tampoco era algo que el gerente podía decidir unilateralmente, los gerentes, no es que sean los dueños de la sucursal para decir algo así, en el caso de tener que decir que el personal sea trasladado a otra sucursal u otro destino… son decisiones que las tiene que aprobar el directorio, el órgano máximo de decisión del Banco…”. En lo que se refiere a los empleados de la sucursal en cuestión manifiesta que “Había una mezcla de nacionalidades entre los empleados de la sucursal NY del Banco Nación, la mayor parte era latinoamericana por la sencilla razón de que siendo un banco argentino, se necesitaba gente bilingüe para aquellos puestos en que se debía interactuar con clientes argentinos, captaban personal que tuviera un buen dominio del idioma español y como tenían que ser residentes americanos, porque tenían que estar autorizados legalmente para trabajar, el banco no puede tomar a un indocumentado en ese mercado, entonces o bien eran residentes o naturalizados americanos, era la “dichosa” green card… todo extranjero que quiere trabajar tiene que tener la green card o residencia permanente, si es naturalizado ya tiene carta de ciudadanía. El actor era naturalizado, argentino de nacimiento, pero ya en ese entonces tenía carta de ciudadanía… era un caso típico de personal bilingüe pero habilitado con papeles para trabajar en ese mercado. Lo sabe porque al ser el testigo auditor de la sucursal, auditaba, entre otras cosas los legajos del personal, un aspecto que debían controlar es que se cumpliera con la normativa del departamento laboral norteamericano, de lo contrario estaban expuestos a multas…”.

Otro testigo, Gastaud, refiere que “está en la sucursal NY desde el 23 de enero de 2004” y que “lo conoce desde hace muchos años al actor porque el testigo trabaja en el área de comercio internacional del banco desde hace más de 25 años”. En cuanto al personal de esa sucursal dice que “Hay personal de distintas nacionalidades en la sucursal NY, los requisitos para trabajar en la sucursal NY es cumplir con las normas de USA, o sea, que si es de nacionalidad extranjera, tiene que tener permiso de trabajo, si es local, no. El personal expatriado, es el personal que el Banco de la Nación Argentina envía al exterior donde están las sucursales para cumplir funciones gerenciales o de entrenamiento o capacitación. A los efectos de los que estamos hablando, el actor era personal local, residente de USA y bajo normas americanas. El personal expatriado está bajo las normas de la ley argentina y del Banco obviamente, en la Argentina, mientras que el personal local se rige por las normas americanas… El actor lo contrataron en USA, en la sucursal NY, lo sabe porque consta en el legajo personal… desarrolló sus tareas siempre en los Estados Unidos, lo sabe porque consta en el legajo personal. Para prestar tareas en otro lugar que no sea en Estados Unidos lo tiene que autorizar la casa central, o sea Buenos Aires, para lo cual tiene que existir una resolución del directorio del Banco… Que le conste, el actor sólo realizó tareas en sucursal NY. Los cambios de sueldo o de puestos, se resolvía a través del directorio del Banco… sin ese acto administrativo, ninguna resolución es válida…”. A f. 405, otro testigo ofrecido por el banco demandado, García, manifiesta haber trabajado en la sucursal en la que se desempeñó Willard en la ciudad de Nueva York, desde el 80 hasta el 84, “después fue responsable del área internacional del Banco Nación durante casi veinte años, que la sucursal NY depende de esta área”. En lo relativo al tipo de personal que presta tareas en dicha sucursal, coincide con los anteriores deponentes en sus características: “tenían varias nacionalidades… se necesitaba personal bilingüe… Los empleados locales tenían el régimen legal del derecho laboral americano… el personal local tenía un régimen totalmente distinto (al expatriado) en cuanto a las remuneraciones, licencias, vacaciones y plan de pensión… El testigo fue directamente como jefe del actor, mientras estuvo como gerente en la sucursal NY… El personal expatriado no integra la nómina de la sucursal NY. El personal local cobraba directamente con fondos provistos por la sucursal y contra resultados de la sucursal, el personal expatriado, el banco le giraba el complemento remuneratorio… porque cobraba el salario de Argentina, más un complemento por mayor gasto… se giraba de la Argentina… El personal expatriado tenía un régimen mediante el cual el banco se hacía cargo de todos los gastos médicos del grupo familiar en el exterior, mientras que el personal local tenía un régimen básicamente establecido o cubierto mediante un seguro de salud”.

Por su parte, los deponentes por la parte actora también efectuaron su relato sobre las tareas y lugares en que se desempeñó el actor según su conocimiento. Roque Benjamín Fernández, a f. 257 y vta. señaló que: “no recuerda qué cargo tenía el actor, pero vinculado a relaciones institucionales, seguro. El testigo tuvo contacto con el actor prácticamente desde el 91 al 99, varias veces por año, en cada viaje que hacían a NY como viajes oficiales, el actor participaba y ayudaba a coordinar las reuniones. El actor desarrollaba sus tareas en la sucursal del Banco Nación en NY… cree que también participó en reuniones en Washington… Concretamente, el actor en Argentina estuvo trabajando con las áreas de relaciones institucionales del Ministerio de Economía… Al ser el actor un funcionario del Banco Nación, se le solicitaba la autorización para que el actor trabajara al Banco Nación. En la época que el testigo fue ministro, el presidente era Roque Maccarone… En esas ocasiones, no sabe quién le abonaba sus remuneraciones al actor”. Y el testigo Bouer, declaró que “conoce al actor de NY, de sus actividades de funcionario público desde el año 1989, que lo conoció en el Banco Nación Sucursal NY… El actor fundamentalmente desarrollaba su tareas en USA. Tiene entendido que el actor viajaba a países de América Central, por ejemplo Panamá, plaza financiera de Centroamérica, porque el actor se lo comentaba. El testigo lo vio varias veces en Argentina, cuando el actor venía a la Argentina se contactaba con el testigo, porque cuando el testigo era intendente de la ciudad de Buenos Aires, tenían relación con el Banco de la Nación Argentina en materia de préstamos… El actor le era de mucha utilidad al testigo cuando venía a Buenos Aires, porque como el actor era un contacto directo con el Banco… les hacía operaciones o diligencias, trámites más operaciones, tan es así que el testigo le pidió al presidente del Banco Nación, Aldo Adone, que se lo adscriba a la intendencia… esto fue en 1993… el testigo lo pidió por seis meses pero no podría decir el testigo cuánto tiempo estuvo trabajando con el testigo… supone que los seis meses. Durante ese tiempo el sueldo se lo pagó el Banco de la Nación Argentina”.

La prueba informativa que se produjo, tampoco pudo acreditar demasiado sobre la prestación de tareas en territorio nacional a solicitud de otros organismos gubernamentales, cuál fue el trámite de dichas solicitudes ante la demandada y sobre la autorización expresa de la misma (ver contestación de oficio del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a fs. 190/192).

Asimismo, cabe destacar que de acuerdo a lo informado por el perito contador designado en las actuaciones, a fs. 381/384, Willard desde su reingreso al Banco demandado en el año 1988, siempre fue designado para cargos a desempeñar en los Estados Unidos: primero por un corto período en Miami, desde el 6/7/88 hasta el 23/9/88, fecha en que fue trasladado a Nueva York, y a partir de entonces siempre que fue promovido, lo fue por resoluciones que le asignaban cargos en la sucursal Nueva York (a fs. 382). Informa también el experto contable que, en lo que concierne a la causa de la desvinculación del accionante, de la documentación que se le puso a disposición y pudo compulsar, la causa de la desvinculación fue “despido sin causa” y que se indica que no percibió indemnización por el despido.

IV. La evaluación de la prueba obtenida de conformidad con la sana crítica, lleva a concluir que tanto la contratación del actor como la ejecución del contrato, prácticamente en su totalidad, se realizó en los Estados Unidos de América, más precisamente en la ciudad de Nueva York. Aunque Willard también prestó tareas por un corto tiempo en otros lugares y fehacientemente por lo menos ha sido comprobado que lo hizo en la ciudad de Miami, sus esporádicas prestaciones en la República Argentina no ameritan, según el criterio que sostenemos, a considerar aplicable la legislación argentina para regular los efectos de su desvinculación. Esto porque a través de los elementos probatorios reunidos se concluye que la contratación del reclamante siempre se rigió por las leyes americanas sin que éste formulara reservas en ninguna circunstancia: nótese que con los instrumentos adjuntados oportunamente por la accionada, han quedado demostrados los extremos vertidos por ésta en la contestación de demanda respecto a todas las características que reunió la relación laboral de Willard con el Banco de la Nación Argentina y dichos extremos se han visto corroborados, además, con el resto de la prueba. No existen dudas, entonces, respecto a que sea ese, efectivamente, el derecho aplicable al caso y, en consecuencia, según dicho marco normativo no corresponde al actor ninguno de los conceptos que aquí se reclaman con sustento en la legislación nacional. Ello es así porque además ha quedado acreditado en autos que el régimen vigente en la ciudad de Nueva York no prevé indemnizaciones específicas para el caso del despido sin causa (ver el informe de la perito traductora de fs. 1395/1461 sobre “Leyes laborales consolidadas del Estado de Nueva York”). Esto es así por cuanto el sistema que rige en dicho Estado –como en general en los E.E.U.U.- es el del “empleo a voluntad” sistema que no da derecho a indemnización alguna en caso de desvinculación, con excepciones que no son las planteadas en las presentes actuaciones ni cabe aquí analizar. Efectivamente, según quienes han abordado el estudio sobre el tema del régimen legal existente en cuanto al despido en los Estados del Norte, señalan que el empleador puede despedir a voluntad sin que su decisión unilateral traiga aparejada responsabilidad alguna, lo que se conoce como la doctrina del “empleo discrecional” y que la historia de la evolución del derecho del trabajo allí “parece ser la historia de los límites impuestos a esa doctrina” a partir del “leading case” de 1894 en el caso “Payne” (Payne v. Western & Atlantic RR, 81, Tenn. 507) (“El despido en los Estados Unidos: Seguro de Desempleo y Flexibilidad perdida”, por Eduardo López Palomero, en Doctrina Laboral, Errepar, DEL, Nº 148, Diciembre/97. T. XII, págs. 39 y ss.). Se consigna en el artículo bajo análisis que existe allí un proceso creciente de distanciamiento de aquella flexibilidad inicial, sin embargo no deja de admitirse que “podría parecer difícil cuestionar un despido toda vez que el empleador no está obligado a expresar la causa al momento de comunicarlo”, inconveniente que se morigera a través de nuevas normas, federales, estatales o convencionales, de la interpretación judicial de esas normas, de la propia creación jurisprudencial y de principios como el de la buena fe, que también allí preside las relaciones laborales. Concluye, el autor que “La tan admirada doctrina del empleo discrecional, que para muchos permitiría despedir sin responsabilidad para el empleador, sólo se aplica en el ámbito privado, y dentro de éste a los trabajadores no sindicalizados”.

A fortiori, ha señalado la jurisprudencia, en casos de aristas similares, que “El art. 3º de la L.C.T. es una norma que determina la vigencia del orden jurídico argentino o su desplazamiento por el derecho de extranjería y erige como base normativo el principio lex loci executionis. Por ello, si el contrato se ejecutó en el extranjero y no se verifica ninguna de las salvedades a que hace referencia la norma de aplicación (elección de las partes u obstáculo de orden público internacional), deviene improcedente la aplicación del derecho argentino” (CNAT, sala V, in re “Sarmiento, César Manuel c. Editorial Perfil S.A. s. despido”, 27/07/88). Y que “ Si del contrato surge claramente que el mismo debía ejecutarse en un país extranjero (en el caso Brasil), corresponde la aplicación estricta del art. 3º de la L.C.T. en cuanto precisa que en estos supuestos rige la aplicación del derecho del lugar de ejecución del contrato” –conf. el voto del Dr. Fernández Madrid- (CNAT, sala VI, “Antoñanzas, Eduardo c. Ici Duperial S.A. s. despido”, 25/03/96).

V. Entonces, de acuerdo a lo que surge de las probanzas examinadas y teniendo en cuenta que el accionante fue designado en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de Norte América, desempeñando su cargo en la sucursal del Banco de la Nación Argentina con sede en la mencionada ciudad, integrando lo que se ha denominado como “personal local” (por oposición al denominado “expatriado”), al que le aplicaba la legislación laboral propia del lugar de ejecución del contrato, resultando de plena aplicación lo establecido en el art. 3º de la LCT, norma que se limita a establecer la vigencia del llamado “principio de territorialidad”, solución legislativa que se conforma con el ordenamiento interno y con los lineamientos del derecho internacional público, todo lo cual conduce a desestimar la demanda promovida por D. Michael Willard.

VI. Las costas del juicio se imponen a la parte actora vencida (art. 68, C.P.C.C.N.).

Por lo discurrido y citas legales vertidas, fallo: Rechazando la demanda promovida por Don Michael Willard contra Banco de la Nación Argentina. Costas en la forma dispuesta en el considerando VI. Regulo los honorarios de la representación y patrocinio de las partes actora y demandada (ley 21.839, arts. 6º, 7º, 9º y 47; L.., art. 38) y los que corresponden a los peritos contador y traductora, en las sumas de $ 143.000.- ; $ 215.000.-; $ 71.000.- y $ 80.000.-, respectivamente, a la fecha de este pronunciamiento Cóp., reg., notifíquese y oportunamente, con citación fiscal, archívese.-

Fallos relacionados

CNTrab., sala VIII, 13/10/09, Willard, Michael c. Banco de la Nación Argentina.

CSJN, 13/09/11, Willard, Michael c. Banco de la Nación Argentina.

De Estrada, Martina María s. medidas cautelares

CSJN, 13/09/11, De Estrada, Martina María s. medidas cautelares.

Jurisdicción internacional. Medidas cautelares. Medida de no innovar. Propiedad intelectual. Marca registrada en Argentina. Condominio. Registro en Italia. Registro abusivo. Tratado sobre Marcas de Comercio y de Fábrica Montevideo 1889. Convenio de París. Acuerdo ADPIC: 50.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 20/09/11.

Suprema Corte:

I- La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, sala II, confirmó el fallo que declaró la incompetencia de los tribunales argentinos para conocer en la medida cautelar. Dijo que, dado que Argentina e Italia no cuentan con una regla internacional que regule la materia, resulta adecuado acudir –por vía analógica- al Tratado sobre Marcas de Comercio y de Fábrica de Montevideo de 1889, el que establece que los ilícitos marcarios serán perseguidos ante los tribunales y con arreglo a las leyes del país en cuyo territorio se cometió el fraude (art. 4°). Sobre dicha base, y puesto que la marca “La Martina” –y su logo fueron inscriptos con una supuesta mala fe del demandado por ante el Registro Italiano de Patentes y Marcas, el caso es ajeno a la competencia de los tribunales nacionales (v. fs. 57 y 91 ).

Contra dicha decisión la interesada interpuso recurso extraordinario, el que fue concedido por hallarse en tela de juicio un tratado internacional y por negarse el acceso a la jurisdicción de los tribunales argentinos (v. fs. 98/114 y 118).

II- La quejosa dice que la decisión incurre en arbitrariedad y lesiona las garantías de los artículos 17, 18 y 116 de la Ley Fundamental, al preterir e interpretar incorrectamente normas nacionales e internacionales aplicables, privándola irrazonablemente de la opción de requerir ante el juez del domicilio del demandado.

Manifiesta que la medida cautelar peticionada no se apoya en una falsificación o adulteración marcaria, sino que persigue el dictado de una prohibición de innovar en orden a la titularidad parcial de la marca, registrada y explotada como de titularidad total en el extranjero sin la autorización del condómino. Puntualiza que no pretende el cese de uso del bien ni reivindica su plena y total propiedad.

Destaca que tanto la actora como el destinatario de la medida cautelar tienen sus domicilios reales en la Argentina y que existen más de veintisiete causas entre las partes en torno al asunto radicadas ante el tribunal de mérito (acumuladas a “De Estrada, Martina c. Simonetti, Lando s. Cese de uso de marca - daños y perjuicios”, n° 6056/02), extremos éstos ignorados por la a quo.

Resiste la aplicación analógica del artículo 4° del Tratado de Montevideo sobre Marcas de Comercio de 1889 con sostén en que compete estar al artículo 56 del Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo del mismo año, el que, coherente con el artículo 5, inciso 4°, del Código ritual, autoriza –a opción del actor- la promoción de acciones personales ante los jueces del lugar del hecho o del domicilio del demandado.

Subraya que el hecho denunciado constituye un ilícito no legislado en el plano competencial por los tratados vigentes en la materia y que resulta alcanzado por el artículo 5, incisos 2° y 4°, del Código Procesal. Destaca que se lo priva de su derecho a la jurisdicción y del acceso a la justicia (v. fs. 98/114).

III- La actora, situada en el marco del artículo 9 de la Ley de Marcas n° 22.362, promueve una medida de no innovar respecto de la marca “La Martina” y de su logo, registrados por el Sr. Simonetti ante el Registro Italiano de Marcas y Patentes como único titular. Lo anterior es así, con el propósito de evitar la concreción de maniobras de mala fe dirigidas a sustraer a su parte la posibilidad de explotar en el extranjero la marca de la que es co-titular con el demandado en Argentina, a partir de su transferencia a sociedades simuladas y probablemente insolventes (v. fs. 45/56).

Acompaña diversas constancias en respaldo de su pedido; en concreto: copias de registros marcarios expedidos por los organismos competentes de las Repúblicas Italiana, Uruguaya y Argentina y certificados emitidos por el I.N.P.I. (Instituto Nacional de la Propiedad Industrial) donde consta la co-titularidad de la marca “La Martina” y de su logo, para todos los productos de las clases 03, 18 y 25, en una proporción de 66.66%, la actora, y 33.33%, el Sr. Simonetti (v. fs. 13/44).

Dice, no obstante, que a raíz de los serios perjuicios que la contraria le irrogara con su conducta, cedió un porcentaje -que no precisa- de la titularidad de sus marcas a TIDY S.A. (v. f. 52).

De las constancias obrantes a fojas 75/86, por su lado, se deriva la existencia de numerosos pleitos conexos con el presente radicados ante el tribunal de mérito (v. fs. 83), que, al decir de la peticionaria, atañen a “una gran contienda judicial relacionada con el uso y titularidad de las marcas “La Martina” (y logo) ... “, promovida “atento a la conducta disvaliosa llevada a cabo por el Sr. Lando Simonetti” (v. fs. 102vta.).

El juez de grado denegó el planteo basado, sustancialmente, en el principio de territorialidad, según el cual las marcas registradas en un país no gozan de exclusividad sino en su geografía, por lo que el registro en otros países no resulta apto –por sí- para poner en debate el derecho obtenido con arreglo a las leyes nacionales. Puntualizó que lo resuelto en nuestro país no provoca efectos más allá de sus fronteras, ni lo que sucede en el extranjero, salvo circunstancias excepcionales, suscita consecuencias en el territorio argentino (cfse. fs. 57).

Cuestionada la decisión, se expidió el Sr. Fiscal General ante la Alzada, quien manifestó que el principio de territorialidad de las marcas no es absoluto y cede, vgr., cuando median actos jurídicos contrarios a la moral y las buenas costumbres. Subrayó, empero, que, en el supuesto, no se encuentran cabalmente acreditados los extremos o situaciones fácticas que permitan tener por configurada una excepción al temperamento general (cf. fs. 58, 63/72 y 89).

A su turno, la a quo dictó el fallo arribado en crisis a la instancia extraordinaria (v. f. 91).

IV- Si bien, por principio, las decisiones en materia de competencia son ajenas a la vía en razón de su índole no definitiva, cabe hacer excepción a la regla cuando la impugnada importa privar al litigante de la jurisdicción de los tribunales nacionales para hacer valer sus derechos y posibilitar así el eventual acceso a la instancia federal frente a agravios de orden constitucional (v. Fallos: 327:4622 [Royal & Sun Alliance Seguros Uruguay S.A. c. Transportes Patrón] y sus citas).

V- Cabe aclarar, como lo manifiesta la a quo, que se debate aquí si los tribunales argentinos tienen jurisdicción internacional para conocer en la pretensión cautelar formulada (f. 91), extremo que impone atender de modo principal a la exposición de los hechos que la actora efectúa en el escrito inicial (Fallos: 324:2736, etc.).

En el sub lite –repito- la pretensora solicita “como medida cautelar la prohibición de innovar respecto de la titularidad de la marca “LA MARTINA” (y logo), Registro n° 921.671 (Renovación de N° 620.767) registrada por ante el Registro Italiano de Patentes por el señor Lando Simonetti”, y que se notifique la medida al aludido Sr. Simonetti en su domicilio real de Capital Federal (v. ítem II. OBJETO, fs. 45vta.; ítem IV, apartado c), fs. 52vta./53 y ANEXO II, fs. 13/21.

Funda la competencia del tribunal en el artículo 5, inciso 4°, del código ritual y, más tarde, también en el artículo 5, inciso 2°, y en el artículo 56 del Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1889 (ley n° 3.192), si bien cita la ley n° 7.771 que ratifica el Tratado de Derecho Civil Internacional suscripto en Montevideo en 1940 (cfse. fs. 45vta., 70, 108, etc.).

La alzada, como se relató, sobre la sola base del artículo 4 del Tratado sobre Marcas de Comercio y de Fábrica de Montevideo de 1889, negó –por analogía- la jurisdicción de los tribunales argentinos (v. f. 91).

Dicho precepto prevé que: “Las falsificaciones y adulteraciones de las marcas de comercio y de fábrica se perseguirán ante los tribunales con arreglo a las leyes del Estado en cuya jurisdicción se cometa el fraude” (art. 4).

En el presente supuesto, empero, se persigue el dictado de una medida de no innovar respecto de la titularidad de una marca y su logo, como medio de precaverse de maniobras abusivas y de mala fe del copropietario en Argentina en punto al registro y transferencia de dicho bien en el extranjero (v. f. 68).

En las condiciones antedichas, considero que la solución de la Cámara no se sostiene como es menester pues, a lo controversial de la subsunción analógica practicada, se suma que la sala pretirió que el Sr. Simonetti habría inscripto en el Registro italiano, como único titular, una marca –prima facie- solicitada nacionalmente con antelación e inscripta, más tarde, en el marco del artículo 9 de la ley n° 22.362 (cf. constancias de fs. 13/21 y 27/44; y fs. 47vta., ítem IV., y 67vta.).

También se añade que ninguna consideración mereció por la a quo la supuesta existencia, entre las mismas partes y en el fuero respectivo, de numerosos procesos anteriores en torno a la titularidad y uso de la marca controvertida, así como el hecho de que el destinatario de la precautoria contaría con domicilio real en el país, extremos todos explicitados por la peticionaria al apelar (cfse. fs. 63/72) y ante los cuales se patentizan las omisiones en la actividad analítica que la parte imputa al fallo de la Cámara (cfr. fs. 110vta.-111).

Recuérdese que, al decir de V.E., la legislación marcaria tiende a resguardar las buenas prácticas comerciales y el interés del público consumidor, está concebida en interés de productores y consumidores y consulta conveniencias públicas y privadas (Fallos: 255:26; 279:152; 292:319; 302:67, 768; 304:519; 310:735, entre otros), y que la preocupación por la justicia, propia de la función judicial, rige también, como orientadora, la hermenéutica en esta materia (Fallos: 249:442, 696, 253:267; 258:249; 302:813; 305:1589; etc.).

En ese marco es que ha enfatizado V.E. que las marcas precisan el origen de los productos, estimulan la superación y abonan el crédito de quienes los lanzan al mercado, protegiendo a sus titulares del aprovechamiento ilegítimo del fruto de su actividad y prestigio, pues también es fin de la ley evitar que ellas se conviertan en títulos de mera especulación (Fallos: 290:150; 292:319; 302:519,768; 304:519; 310:735; 324:951; etc.).

Asimismo ha expresado, como lo recordó el Sr. Fiscal General ante la Alzada, que el carácter territorial de las marcas no constituye óbice a la vigencia de los principios que hacen a la invalidez de los actos contrarios a la moral y a las buenas costumbres (cfr. Fallos: 253:267; 302:519; 324:951; etc.), temperamento que deviene congruente con la directriz que se deriva de los artículos 953 y 1.071 del Código Civil; 24, inciso b), de la ley n° 22.662 y 6 quinquies, punto B, apartado 3, del “Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial”, ratificado por la ley n° 17.011 (v. art. 2°, párrafo 1, del Acuerdo TRIPS-ADPIC, ley n° 24.425).

Debatiéndose, luego, como ha sido descripto, la jurisdicción para entender en la cautelar solicitada en el marco de la reivindicación de titularidad parcial de una marca y del reproche de un proceder registral de mala fe –pretensiones, prima facie, congruentes con otras ya radicadas en el país y que difieren substancialmente de los presupuestos de falsificación y adulteración de marcas a que se refiere el artículo 4 del Tratado sobre Marcas de Comercio de Montevideo mencionado-, pondero que el fallo de la a quo no se sostiene y debe invalidarse.

Lo explicitado es así –reitero-, pues se ha omitido el estudio de conducentes elementos de juicio, extremo que autoriza a descalificar el fallo (Fallos 327:3246; 329:6081), máxime en un supuesto como el de autos en que se deniega la jurisdicción de los tribunales nacionales.

A lo expuesto se añade que la solución propuesta resulta coherente no sólo con el precepto referido del Convenio de Paris, sino con el artículo 50 del Acuerdo TRIPS-ADPIC –que autoriza la adopción de medidas judiciales provisionales cuando ello sea conveniente, en particular, cuando exista la probabilidad de que el retraso cause un perjuicio irreparable-, tratados internacionales ratificados tanto por nuestro país como por la República de Italia.

La legislación nacional, por lo demás, que exige la constitución de un domicilio especial en Capital Federal en la solicitud de registro marcario, privilegia dicho domicilio para establecer la jurisdicción (cf. arts. 10 y 11, ley n° 22.362).

Y, en el caso, finalmente, la actora peticiona el dictado de una medida cautelar de no innovar, si bien sobre un registro extranjero, en contra del copropietario de una marca nacional, por ende, con domicilio especial en el país, extremo que torna referible al sub lite la solución jurisdiccional del artículo citado.

VII- Por lo expuesto, opino que corresponde declarar procedente el recurso federal, revocar la sentencia de la sala en cuanto resolvió que la causa es ajena a la competencia de los tribunales nacionales y disponer su restitución a la Cámara de origen para que, por quien competa, se expida sobre el fondo del problema.- Buenos Aires, 25 de octubre de 2010.- M. A Beiro de Gonçalvez.

Buenos Aires, 13 de septiembre de 2011.-

Vistos los autos: “De Estrada, Martina María s. medidas cautelares”.

Considerando:

1º) Que contra la sentencia de la sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal que, al confirmar la de la instancia anterior, declaró la incompetencia de los tribunales de la República Argentina para conocer en la causa, la actora interpuso recurso extraordinario, que fue concedido.

2º) Que si bien los pronunciamientos que resuelven cuestiones de competencia no constituyen sentencia definitiva a los fines del art. 14 de la ley 48, cabe hacer excepción al principio cuando la decisión impugnada importa privar al apelante de la jurisdicción de los tribunales argentinos para hacer valer sus derechos (arg. Fallos: 310:1861 [Narbaitz, Guillermo y otra c. Citibank N. A.]; 321:48 [Maruba c. Itaipú]; 322:1754 [Gay, Camilo c. Shaban] y 327:3701 [Sniafa c. Banco UBS], entre otros).

3º) Que esta Corte comparte y hace suyos los fundamentos y conclusiones del dictamen de la señora Procuradora Fiscal, a los que cabe remitir por razones de brevedad.

Por ello, de conformidad con lo dictaminado, se hace lugar al recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada. Vuelvan los autos al tribunal de origen para que, por quien corresponda, se dicte un nuevo fallo con arreglo al presente. Notifíquese y, oportunamente, remítase.- R. L. Lorenzetti. E. I. Highton de Nolasco. E. S. Petracchi. J. C. Maqueda. E. R. Zaffaroni.