Sniafa c. Banco UBS

CSJN, 14/09/04, Sniafa S.A.I.C.F. e I. c. Banco UBS AG.

Jurisdicción internacional. Cobranza documentaria. Banco corresponsal. Demandado domiciliado en EUA con oficinas en Argentina. Cumplimiento del contrato en Brasil. Aplicación de la doctrina Exportadora Buenos Aires.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 07/10/06, en Fallos 327:3701 y en ED 22/03/05.

Dictamen del Procurador General de la Nación

I- Contra la sentencia de los integrantes de la Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones Comercial (v. fs. 59/60), que al revocar la de la primera instancia (v. fs.41/42) rechazó la excepción de incompetencia deducida por el demandado, se interpuso el recurso extraordinario federal (v. fs. 62/69), que al ser denegado (v.fs.70/71), motivó la presente queja.

II- Para así decidir, el a quo hizo suyos los fundamentos de la Fiscal de Cámara (v.fs. 57/58) en cuanto había señalado que en materia de competencia, correspondía atenerse a la naturaleza de las pretensiones deducidas en la demanda. Tuvo en cuenta que el objeto era obtener la condena al demandado, "Unión de Bancos Suizos" (UBS AG), a restituir las sumas de dinero que le fueran transferidas. Aclaró que mediante depósito bancario, distintas empresas radicadas en Brasil, pagaron por el precio de las mercaderías que la reclamante (Sniafa S.A.) les vendiera. Señaló que la cobranza fue encomendada por la actora al Banco Almafuerte con sede en Argentina. Este banco designó corresponsal al demandado, con sede en Stamford, Connecticut (EEUU) y con oficinas en Buenos Aires, para que le fuera transferido aquellos depósitos. Destacó que se trataba de un caso que contenía elementos multinacionales y que por lo tanto había que acudir a las normas "iusprivatistas" de fuente interna, en defecto de tratados o de acuerdos de prórroga de la jurisdicción.

Tras citar los artículos 1209 y 1215 del Código Civil consideró que en el caso se había configurado un mandato, en virtud del cual la actora encomendó al Banco Almafuerte el cobro de precio de ciertas mercaderías vendidas a firmas con domicilio en Brasil. A su vez, agregó, el mandatario sustituyó su mandato con el demandado, extremo que surgía de las constancias acompañadas y que no habían sido concretamente negadas en la causa. Precisó que la regla de los artículos 1926 y 1927 del Código Civil determinan la existencia de acción directa del mandante contra el sustituto y estimó que existe un vínculo de naturaleza contractual que liga a las partes. Concluyó en que por aplicación del art. 1215 del Código Civil por el lugar del cumplimiento, sea que se considere como tal el de "la prestación más característica", es decir la no () dineraria, sea que se haga mérito de la visión más amplia de "cualquier lugar de cumplimiento" determinaba que el juez a quo resultaba el competente para entender en el litigio.

III- Con apoyo en la doctrina de la arbitrariedad la recurrente se agravia -en síntesis- porque a su entender se habría causado un gravamen irreparable, al verse privada de un debido proceso judicial ante los jueces naturales de la causa e imposibilitada de ejercer su derecho de defensa en juicio y la aplicación del derecho que regula la cobranza documentada. Argumenta errores de hecho y derecho en cuanto al objeto pretendido en el expediente, ya que no se habría percibido suma alguna en Brasil, pues la entidad bancaria demandada se encuentra en Estados Unidos de Norteamerica. Destaca también que la caracterización jurídica del caso se realizó sobre la base de documentación que contradice la interpretación realizada en el dictamen. Apoya su planteo en que no existió relación jurídica entre partes, porque a su entender no existiría vínculo entre el corresponsal y el beneficiario; y por lo tanto -añade- menos aún mandato.

IV- Juzgo necesario señalar previo a todo que, si bien no fueron remitidas las actuaciones principales, las constancias agregadas en esta queja permiten -a mi entender- resolver la cuestión planteada.

En mi opinión, si bien, como principio, las decisiones en materia de competencia no constituyen resoluciones recurribles por la vía del artículo 14 de la ley 48, se advierte que el planteo de la recurrente suscita cuestión federal suficiente, pues comporta la interpretación y aplicación de normas de jurisdicción internacional -que revisten naturaleza federal aun cuando estén insertas en un cuerpo normativo de derecho común- y la decisión ha sido contraria a la pretensión que el apelante fundó en ellas.

En efecto, V.E. tiene dicho que en ausencia de tratado, la cuestión debe dirimirse sobre la base de las normas de jurisdicción internacional en materia contractual de fuente interna, a saber, los arts. 1215 y 1216 del Código Civil que, en lo que interesa en esta causa, abren la jurisdicción de los jueces argentinos cuando el domicilio o residencia del deudor estuviere en la República Argentina, o, concurrentemente, cuando el contrato de que se trate debe tener su cumplimiento en ella (Fallos 321:2894, consid. 4º).

En tales condiciones y en la medida en que el debate se instala en la certeza de quién resulta la competente para dirimir la controversia, la decisión debe mantenerse en cuanto V.E. ha sostenido que -como regla general- cuando se trata de normas de jurisdicción internacional en materia contractual, la voluntad del legislador consiste en dar certeza a una pluralidad de foros concurrentes, a fin de asegurar el derecho de las partes a acceder a la justicia. En ausencia de solución convencional específica, cualquier lugar de cumplimiento de las obligaciones contractuales en la República justifica la apertura de la jurisdicción internacional de los jueces argentinos (Fallos 321:2894, consid. 5º).

No altera el criterio expuesto, la alegación de gravedad institucional, en tanto la misma, carece de desarrollo, y no excede, por ende, de la mera afirmación dogmática en el marco de la excepcional doctrina de V.E. respecto de su admisibilidad, que exige un serio y concreto razonamiento que demuestre de manera indubitable su concurrencia (Fallos: 308:1662; 311:317).

Por último, aclaro que lo expuesto no implica adelantar opinión sobre la solución final que corresponda a los temas jurídicos en debate y se ciñe al limitado marco en el que ha sido llamado a dictaminar este Ministerio Público. Limitación que no podría tener otro resultado, desde que tampoco se cuenta con los autos principales, sin perjuicio de los elementos acompañados con la queja, en la que se incluyó la copia de la demanda (v. f. 24), con los cuales, como ya dije, resultan suficientes para dictaminar sobre la competencia. Toda vez que, como V.E. tiene dicho, a fin de determinar la competencia, corresponde atender de modo principal a la exposición de los hechos que el actor hace en la demanda y, en la medida que se adecue a ellos, al derecho que invoca como fundamento de la pretensión (v. Fallos 308:229; 310:116; 311:172; 313:971, entre muchos otros).

En razón de lo expuesto, opino que V. E. debe desestimar la presente queja.- Buenos Aires, 15 de abril de 2004.- F. D. Obarrio.

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2004.-

Vistos los autos: "Recurso de hecho deducido por UBS AG Stanford Branch en la causa Sniafa S.A.I.C.F. e. I. c. Banco UBS AG", para decidir sobre su procedencia.

Considerando: Que esta Corte comparte y hace suyos los fundamentos y conclusiones del dictamen del señor Procurador Fiscal, a los que cabe remitir por razones de brevedad.

Por ello, se desestima la queja. Dáse por perdido el depósito de fs. 1. Notifíquese y, oportunamente, archívese.- E. S. Petracchi. A. C. Belluscio. A. Boggiano. J. C. Maqueda. E. I. Highton de Nolasco.

Antonio Espósito e hijos c. Jocqueviel de Vieu

CNCom., sala E, 10/10/85, Antonio Espósito e hijos S.R.L. c. Jocqueviel de Vieu.

Jurisdicción internacional. Compraventa internacional de mercaderías. Incoterms. Cláusula FOB Buenos Aires. Compradora domiciliada en Francia. Falta de pago del precio. Fuente interna. Código Civil: 1215, 1216. Jurisdicción concurrente. Domicilio del demandado. Lugar de cumplimiento.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 05/10/06, en LL 1986-D, 46, con nota de W. Goldschmidt, en M. B. Noodt Taquela, Derecho Internacional Privado - Libro de casos, Bs. As., La Ley, 2006, pp. 27-29, en ED 121-71, en JA 1986-IV-196 y en A. Boggiano, Derecho Internacional Privado, 4a. ed., Bs. As., Abeledo-Perrot, 2001, t. II.

2º instancia.- Buenos Aires, octubre 10 de 1985.-

Considerando: Apela la actora la resolución de fs. 186/187 que acogió la excepción de incompetencia interpuesta por la demandada a fs. 162/163. Expresa agravios en el memorial de fs. 191/194, respondidos por la contraparte a fs. 195/196.

A fin de resolver la cuestión relativa a la competencia corresponde atenerse a la naturaleza de las pretensiones deducidas en la demanda (art. 5, par. 1º, Código Procesal) en cuanto exhiben seriedad. La relación sustancial que dio origen a la controversia es una compraventa internacional de mercaderías, convenida con cláusula FOB Buenos Aires (reconocimiento de la demandada a fs. 195/196). La actora -exportadora- domiciliada en la República Argentina, interpone demanda por incumplimiento de la obligación de pago del precio por parte de la compradora, domiciliada en Francia.

1. Las cuestiones de jurisdicción internacional están resueltas por normas específicas de fuente convencional o interna, o por normas derivadas de la competencia territorial interna, o por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, elaborada para la resolución de cuestiones de competencia. Con Francia no hemos suscripto tratado alguno al respecto y no cabe recurrir a las reglas de integración analógica toda vez que en materia de contratos internacionales, contamos con normas específicas de jurisdicción internacional, incorporadas a la legislación de fondo, a saber: los arts. 1215 y 1216 del Código Civil.

Del juego de dichos artículos, resulta que el Juez Nacional es competente: a) si el contrato debe ser cumplido en la República -aun cuando el deudor se domicilie en el extranjero- y b) si el domicilio del deudor se encuentra en la República.

Por lo tanto, de las normas se infiere la jurisdicción concurrente del juez del país del domicilio del deudor, y del juez del país de cumplimiento del contrato (Cfr. Berta Kaller de Orchansky, "Derecho internacional privado", p. 421, ed. 1984).

2. Corresponde precisar el lugar de cumplimiento del contrato de autos. En los contratos sinalagmáticos, como la compraventa internacional, donde hay prestaciones a cumplirse por ambas partes, es la prestación característica la que localiza el contrato con un sistema jurídico. Tal la directiva de precisar "lugar de cumplimiento" atendiendo a "la naturaleza de las obligaciones" emergentes del contrato (art. 1212, Código Civil).

En el caso de la compraventa, la prestación funcional del contrato es la entrega de la cosa que se transfiere en propiedad, esto es, la prestación no dineraria: la del vendedor (Goldschmidt, W., "Derecho internacional privado", p. 395, ed. 1982; Boggiano, A., "Derecho internacional privado", t. II, p. 719; Batiffol-Lagarde, "Droit International Privé", t. II, ed. 1983, "la prestación pecuniaria no es considerada característica en el caso de la venta", p. 293, núm. 581).

En el sub judice se ha pactado la cláusula FOB Buenos Aires. El agravio central del recurrente reside en que la a quo no meritúa esta modalidad de la operación, que significa la designación por los contratantes del lugar de cumplimiento de la compraventa. Por su parte, la demandada, considera irrelevante la cláusula FOB a efectos de resolver lo relativo a la competencia.

Por la venta FOB Buenos Aires las partes acuerdan una serie de obligaciones, entre ellas la entrega de la mercadería a bordo del buque designado en el puerto de embarque convenido. Si ese lugar de entrega coincide con el domicilio de alguno de los contratantes (en este caso, el vendedor), dicho lugar debe juzgarse decisivo para la localización del contrato.

3. Sin embargo, una cosa es "lugar de cumplimiento" a los fines de localizar el contrato eligiendo el derecho aplicable, y otra cosa es fijar el "lugar de cumplimiento" a los efectos de la jurisdicción internacional de los jueces argentinos.

A los fines procesales, el "lugar de cumplimiento" del art. 1215 del Código Civil, debe designar localizaciones evidentes a fin de que las partes puedan prever los foros ante los cuales pueden ser llevados a litigar en caso de conflicto. Por eso, la doctrina entiende que lugar de cumplimiento a los efectos procesales, es cualquier lugar de cumplimiento del contrato, sea o no el que se refiere a la prestación característica (Goldschmidt, W., "Derecho internacional privado", p. 396, ed. 1982; Boggiano, A., "Derecho internacional privado", t. II, p. 214).

En el presente se acciona por cobro del precio, es decir, por falta de cumplimiento de la prestación a cargo de la compradora demandada. En cambio, la vendedora ha cumplido con su obligación de entregar la mercadería FOB Buenos Aires. La demandada arguye que debe litigarse ante los jueces del país donde debe cumplirse la obligación reclamada. Sin embargo, esta jurisdicción no es excluyente sino que concurre con la jurisdicción del juez de otro lugar de ejecución del contrato y con la del juez del domicilio del deudor (arts. 1215 y 1216, Código Civil).

Se trata de foros concurrentes y no se advierte fundamento para privar a la actora de la jurisdicción -concurrente- del país donde debió cumplir (y cumplió) la prestación a su cargo, "castigando" con este criterio al contratante cumplidor (siempre en los términos provisorios de esta etapa procesal y al solo efecto de dilucidar la competencia).

A mayor abundamiento cabe señalar que puede admitirse la jurisdicción de los jueces del país cuyo derecho es aplicable a la materia del juicio (forum causae). En autos, la relación sustancial es una compraventa internacional de mercaderías; los conflictos que se originen relativos a las obligaciones de cualquiera de los contratantes deben regirse por la ley argentina, conforme a lo argumentado en el apartado 2. Y esto es así, conforme al derecho argentino y también conforme al derecho francés que soluciona el punto de manera coincidente (Cfr. Batiffol, H.-Lagarde, P., "Droit International Privé", t. II, núm. 581 y notas 1 y 2, y la jurisprudencia allí citada, ed. 1983, París).

No se advierte razonabilidad en someter a tribunales extranjeros una cuestión que, conforme a los sistemas jurídicos involucrados -Argentina y Francia- debe gobernarse por la ley argentina. En conclusión los jueces de la Nación tienen jurisdicción internacional concurrente para entender en la controversia.

Por lo expuesto, y oído el Fiscal, se resuelve: 1) revócase la resolución de fs. 186/187; 2) recházase la excepción de incompetencia articulada a fs. 162/163 y consecuentemente, declárase la jurisdicción de los tribunales del fuero para entender en la controversia. Las costas de ambas instancias se imponen a la demandada, vencida (art. 69, Código Procesal).- J. M. Garzón Vieyra. R. A. Ramírez. H. A. Guerrero.