lunes, 12 de mayo de 2014

Garayo, Alicia Beatriz c. American Airlines

Juzgado Federal N° 1, Neuquén, 04/03/13, Garayo, Alicia Beatriz c. American Airlines y/o quienes resulten responsables s. daños y perjuicios.

Transporte aéreo internacional. Transporte de personas. Argentina – EUA – España - EUA – Argentina. Jurisdicción internacional. Convención de Varsovia de 1929: 28.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 12/05/14.

General Roca, 4 de marzo de 2013.-

Y VISTO: El recurso de apelación deducido por la actora contra la resolución de fs.655/659, mediante la cual la señora jueza federal de Neuquén admitió la excepción de incompetencia opuesta por la demandada y ordenó remitir las actuaciones al magistrado en turno en el fuero Civil y Comercial Federal de la ciudad de Buenos Aires, una vez que la sentencia quedara firme;

Y CONSIDERANDO: Que de acuerdo con lo establecido en el art. 26 del decreto ley 1.285/58, es facultad de las cámaras de apelaciones dictar sus resoluciones interlocutorias por voto de los magistrados que las integran, por lo que en esta ocasión cada uno de los miembros del tribunal emitirá su opinión en la forma que sigue.

El Dr. Mariano Roberto Lozano dijo:

1. La actora demandó a la empresa American Airlines -y/o aquellos que resultaran responsables-, persiguiendo el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por las lesiones psicofísicas que, según estimó, son consecuencia directa de un viaje internacional que por vía aérea realizó junto a su familia. Sostuvo haber sufrido el denominado “síndrome del turista” que, según relata, abarca el trastorno de trombosis venosa profunda, provocado por la permanencia inmóvil durante lapsos prolongados en espacios reducidos. La señora jueza de grado admitió la excepción de incompetencia opuesta por la demandada. Para decidirlo así, y tras recordar la regla según la cual para dilucidar cuestiones de competencia debe estarse, principalmente, a la exposición de los hechos efectuada en la demanda, sostuvo que la señora Garayo había celebrado un contrato de transporte aéreo internacional de pasajeros con American Airlines Inc., para viajar desde Buenos Aires a Nueva York y luego a España; para finalmente regresar desde Miami a la ciudad de Buenos Aires. Sobre la base de ello entendió que se estaba ante un eventual caso de responsabilidad civil contractual (por incumplimiento del “deber tácito de seguridad accesoria de conducir al pasajero sano y salvo al lugar de destino” nacido de un contrato de transporte aéreo internacional), para cuya asignación de competencia territorial debía estarse, antes que a las previsiones de la ley procesal local, y dado que los lugares de destino contratados estaban en territorio de países firmantes de la Convención de Varsovia, a lo que a la sazón prescribe su art. 28. Luego, concluyó que ninguno de los puntos de conexión territorial previstos en esa norma para la atribución de competencia a tribunales argentinos (domicilio del transportador, de la sede principal de su explotación o del lugar donde posea un establecimiento por cuyo intermedio se hubiera celebrado el contrato, o el lugar de destino) se encontraba dentro de la jurisdicción del juzgado a su cargo, declinando su intervención y ordenando la remisión de la causa a la justicia en lo Civil y Comercial Federal de la CABA.

2. Tal decisión originó el recurso de apelación de fs. 661 y la expresión de agravios obrante a fs. 663/670vta.

En lo sustancial que hace a la cuestión que motiva la intervención de este cuerpo, la recurrente alegó que la norma aplicable al caso era el art. 5 inc. 3 del CPCC. –y no los convenios de Varsovia y de La Haya-, como sostuviera la a quo. En ese sentido, manifestó que la postura del Ministerio Público Fiscal ante la primera instancia, si bien había sido contraria a su reclamo, tenía como base exclusivamente la normativa nacional; y que dicha nota se había mantenido incólume tanto en la actuación previa de la propia magistrada, como en la anterior intervención de esta cámara en los presentes autos. Estimó que resultaba arbitraria la repentina introducción en la resolución recurrida, de los citados convenios como marco legal aplicable al caso, pues ello estaba en franca contradicción con el accionar desplegado hasta ese momento por la a quo. Por último, y tras referirse a las normas de derecho de fondo en que apoyó la pretensión resarcitoria, sostuvo que en el caso se había suscripto un contrato de transporte sucesivo, por lo que el lugar de contratación era la ciudad de Neuquén, donde habían sido adquiridos los boletos y había iniciado y concluido el viaje.

3. Ante todo, cabe señalar que no resulta necesario seguir al apelante en todas y cada una de las argumentaciones que pone a consideración de la alzada, sino tan sólo aquéllas que son conducentes para decidir el caso y bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (conf. C.S.J.N. en Fallos 258:304; 262:222; 265:301, entre muchos otros). En ese sentido, señalo que no haré consideración alguna en punto a las cuestiones tratadas en la fundamentación del recurso, que ninguna vinculación tienen con la cuestión de competencia que aquí se debate (vgr., lo que se dice en punto a la importancia de dar cabida a las normas que protegen la salud y la vida de las personas, entre otras).

Sentado ello, apunto también que la apelante no ha intentado siquiera atacar la argumentación medular de la resolución recurrida, que llevó a la a quo a entender que la cuestión de competencia planteada debía ser dilucidada sobre la base de lo que prescribe la Convención de Varsovia –y su modificación posterior de La Haya-.

En efecto, en lugar de ello la recurrente se limitó a manifestar su opinión contraria con la expresada en el auto recurrido, pero sin decir por qué razón la conclusión a la que allí se arribó es equivocada. Lejos de eso, puso casi todos sus esfuerzos en remarcar presuntas contradicciones entre ciertas apreciaciones surgidas del dictamen fiscal vertido en la instancia anterior, y lo decidido por la señora magistrada. Contradicciones que, a decir verdad, ni siquiera son tales, pues solo están dando cuenta de opiniones diversas entre dos organismos distintos e independientes que conforman el sistema de administración de justicia –el ministerio público por un lado, y el poder judicial por el otro-, en el que casi sobra decir, lo que opina el primero no le es impuesto al segundo.

En suma, no habiendo la recurrente refutado con éxito la conclusión de que el asunto debe ser resuelto según lo que prescribe la Convención de Varsovia, y mucho menos, demostrado que la aplicación en el caso de las normas atributivas de competencia territorial que allí se establecen llevan a una solución distinta que la adoptada en la instancia anterior, se impone, en mi opinión, el rechazo del recurso. Así lo propongo al acuerdo.

Las costas de la alzada deberían quedar a cargo de la actora vencida, por aplicación del principio objetivo de derrota.

Los honorarios de esta instancia deberían establecerse, en mérito a la cantidad y calidad de las labores cumplidas y lo dispuesto en el art.14 de la ley 21.839, en el 25% y 27% para la representación y patrocinio letrado de la actora y de la demandada, respectivamente, de los estipendios que oportunamente se regulen a cada una de ellas en la instancia precedente por sus labores respecto del incidente resuelto a fs. 655/659.

El doctor Richar Fernando Gallego dijo:

Coincido con lo expuesto en el voto que antecede y adhiero a la propuesta que formula.

El doctor Ricardo Guido Barreiro dijo:

Adhiero a las conclusiones del primer voto y me pronuncio de la misma manera.

Por lo expuesto, y de conformidad con lo dictaminado por el Sr. Fiscal General, el tribunal resuelve: I. Rechazar el recurso en estudio, con costas de alzada a cargo de la recurrente vencida, regulando los honorarios en la forma indicada en el último considerando del primer voto; II. Registrar, notificar y devolver.- M.R. Lozano. R.F. Gallego. R.G. Barreiro.

lunes, 14 de abril de 2014

Parra, Laureano s. sucesorio

Juz. Civ. y Com. 5, Formosa, 04/06/13, Parra, Laureano s. sucesorio s. inc. de exclusión de herederos.

Matrimonio celebrado en Argentina. Segundo matrimonio en Paraguay. Impedimento de ligamen. Muerte del cónyuge. Efectos extraterritoriales del segundo matrimonio en Argentina. Desconocimiento. Carencia de legitimación sucesoria.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 14/04/14.

Formosa, 4 de Junio de Dos Mil Trece.-

VISTOS: Estos autos caratulados: “PARRA LAUREANO S/JUICIO SUCESORIO (SUCESORIO)” INC. DE EXCLUSION DE HEREDEROS (PARRA, SANDRA MARIELA Y PABLO DANIEL), Expte. N° 434 –F° 37 – Año 10, del registro de este Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 5, de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia, venidos a despacho para resolver, y;

CONSIDERANDO:

Que a fs. 3 (fol.rect.), los Sres. Sandra Mariela y Pablo Daniel, ambos de apellido PARRA, solicitan la exclusión en el expediente sucesorio “Laureano Parra s/Sucesorio” de la Sra. Celestina Chavez, en mérito a la existencia de matrimonios subsistentes, alegando que la misma se presenta en los mencionados autos con el fin de convalidar un matrimonio celebrado con el causante en un país extranjero, violando, dicen, el orden público vigente, la moral y las buenas costumbres.

Refieren que a la fecha de celebración de ese matrimonio, el causante se encontraba casado con su madre, Sra. Clara Martínez y que a su vez, la Sra. Chavez se encontraba casada con Robustiano Amarilla, adjuntado las respectivas actas de matrimonio. Señalan que el matrimonio de Parra con Clara Martínez se celebró en el año 1971 y se disolvió por divorcio en el año 2005; mientras que el celebrado con el mismo y la Sra. Chavez en la República del Paraguay ha sido en el año 1992.

Invocan los arts. 166 del CC que establece los impedimentos para contraer matrimonio; art. 160; 219 de dicha normativa de fondo, y citan abundante jurisprudencia.

A fs. 8 (fol.rect.), se tuvo por iniciado incidente de Exclusión de Herederos y se ordenó correr traslado a la Sra.Celestina CHAVEZ, y corrió vista al Sr. Agente Fiscal.

A fs. 12 (fol.rect.), a petición de parte se dió por decaído el derecho dejado de usar por la Incidentada, por no haber contestado el traslado conferido.

A fs. 14 (fol.rect.), obra agregado el dictamen Fiscal y a fs. 17 (fol.rect.), se dispuso el pase de los autos a despacho para resolver, en resolución que se encuentra firme y consentida.

Que así planteaba la cuestión traída a debate, y examinados los elementos arrimados, surge y mas precisamente del Certificado del Acta de Matrimonio, que rola agregado a fs. 133 del expediente sucesorio que corre por cuerda, surge que el causante Laureano PARRA con fecha 30 de enero del año 1992 contrajo enlace en la ciudad de Limpio, de la República del Paraguay, con la Sra. Celestina CHAVEZ, aquí incidentada.

A su vez, de fs. 1 del presente incidente se desprende que con 06 de julio del año 1971 Celestina CHAVEZ contrajo matrimonio con Robustiano Amarilla en esta Ciudad y a fs. 2, se encuentra agregada la partida de matrimonio del de cujus con la Sra. Clara Martínez ocurrido el 09 de noviembre de 1971, también en esta Ciudad y cuya anotación marginal se desprende que en julio del año 2005, según los incidentistas, dado la ilegibilidad de la fecha, en el expte. 762/2002, del registro del Excmo. Tribunal de Familia de esta Provincia, se decretó el divorcio conyugal.

Que tales documentales no han sido objetadas por la Sra. Chavez, quien, a su vez, guardó silencio ante el traslado que le fuera conferido del presente, por lo que procederé al tratamiento de la cuestión traída en autos.

Sentado lo expuesto, cabe recordar que por medio de las presentes actuaciones se pretende excluir a la Sra. Celestina Chavez, por la existencia de matrimonios preexistentes, lo que surge de la documental adjuntada, ya que a poco que se tenga en cuenta que la incidentada Chavez, habría contraído matrimonio en el año 1971 con Robustiano Amarilla (fs.1), y que por su parte Laureano Parra lo ha hecho con Clara Martínez, también en ese mismo año -1971- -fs.2-, habiendo perdurado éste hasta el año 2005, año en que obtuviera el divorcio conyugal, como ya se ha sostenido. Que habiéndose casado la aquí incidentada con el causante Parra en el año 1992, en la República del Paraguay, -fs.133 del sucesorio-, resulta ostensible que en ese período ambos se encontraban imposibilitados de celebrar un matrimonio dado la existencia del impedimento de ligamen, ya que al momento de contraer matrimonio en el país vecino, ambos contrayentes eran de estado civil: casado, conforme al vínculo anterior contraído en Argentina-art.9 inc. 5 de la Ley de Matrimonio-; por lo que cabe concluir que el matrimonio celebrado en el extranjero por ambos, resulta ineficaz a los fines pretendidos por Chavez en el expediente sucesorio, esto la ampliación de la Declaración de Herederos a su favor, dado que no produce efectos civiles.

El caso traído a debate ha sido denominado por algunos doctrinarios-Molinario, Borda, Lazcano, Bidart Campos entre otros- como “matrimonio inexistente”, cuando ha sido celebrado in fraudem legis al haberse contraído matrimonio primero en la Argentina y sin estar disuelto éste celebran un matrimonio en el extranjero; para otros, no se trataría de un matrimonio inexistente –por existir consentimiento y ha sido expresada ante el oficial público encargado del Registro Civil-, sino carente de eficacia extraterritorial, “posición, ésta, que fue recogida por la Corte Suprema a partir del caso “Rosas de Egea” (12/5/69, “Fallos”, 273-363; “LL”, 135-624; “J.A.”, 3-1969-494, y “E.D.”, 27-429; en el mismo sentido, “Rodríguez de Dinápoli”, 11/9/84, “L.L.”, 1984-D-467), y luego por el fallo plenario de la Cámara Civil de la Capital del 8 de noviembre de 1973 (“L.L.”, 154-208; “J.A.”, 22-1971-289, y “E.D.” , 54-136)..” (Conf. “Manual de Derecho de Familia” T.I, Augusto César Belluscio, 4ta. edic. Actualizada, ed. Depalma, 1986- p.296-297).

Ahora bien, no escapa que ante una situación como la que nos ocupa, a los fines de obtener la nulidad del matrimonio, ello no puede ser tratado en un incidente, por la sencilla razón que se requiere una investigación profunda ya que por la magnitud de la figura –nulidad de matrimonio-, se requiere un conocimiento mayor, por cuanto deberá evaluarse, seguramente, entre otros, la buena o mala fe de ambos contrayentes, lo que escapa en el marco de un incidente. De todos modos lo que aquí se pretende es la exclusión de la Sra. Chávez como heredera en el proceso sucesorio, en el que a la postre, no ha sido incluida, por lo que no cabe su exclusión; sin embargo, resulta evidente que la misma no puede ser declarada heredera, porque como se ha sostenido precedentemente, el matrimonio celebrado en el extranjero con existencia del impedimento de ligamen que surgiría de un matrimonio previo contraído en este país, resulta ineficaz a los fines sucesorios.

Cabe traer a colación un interesante fallo dictado por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, registrado bajo el número B57303 del 30 de agosto del año 2000, similar al caso de autos, en cuanto a la situación del matrimonio celebrado en país extranjero; pero que allí se requería el otorgamiento de una pensión en la Caja de Previsión Social, autos “Medina de Cabanillas, Blanca Elsa c/Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires. Demanda contencioso administrativa”, así el Dr. Pettigiani en su voto ha sostenido: “....En ese orden, el plexo jurídico aplicable a la situación fáctica de autos no sería otro que el establecido por el art. 13 del Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1940 ratificado por la Argentina el 18VII1956, el Paraguay el 29II1958 y Uruguay el 12XII1942, que, en lo que interesa, establece que ““la existencia y validez” del matrimonio “se rigen por la ley del lugar donde se celebra” (lex loci celebrationis); “sin embargo los Estados signatarios no quedan obligados a reconocer el matrimonio celebrado en uno de ellos cuando se halle viciado por alguno de los siguientes impedimentos ... el matrimonio anterior no disuelto legalmente”. Esta cláusula especial de orden público, que funciona como norma material de derecho internacional privado (conf. Boggiano, A., ”Derecho Internacional Privado”, t. I, pág. 724, ed. Abeledo Perrot, 1991, obraría como verdadero dique de contención del reconocimiento de dicha unión en tanto hecho del derecho previsional solicitado... Enfocado desde este miraje, pues el matrimonio celebrado entre la actora y el escribano ... en la República del Paraguay carece de virtualidad para erigirse como hecho constitutivo válido del derecho pensionario que se reclama. II. Pero más aún considero que supuesto sub examine configura un claro caso de inexistencia matrimonial como lo tengo decidido en Ac. 58.157 sentencia del 4IX1997. En tales condiciones la inexistencia del pretendido segundo matrimonio es clara. Al celebrarlo en la República del Paraguay como en la especie ambos contrayentes sabían que no tenían aptitud nupcial y que no podían prestar válidamente su consentimiento. Siendo así “... el consentimiento que intercambian los contrayentes en casos tales en nada se diferencia del que se han conferido recíprocamnte los concubinos que viven maritalmente, ya que el envío meramente formal de partidas extranjeras carente de todo valor no agrega nada a la esencia del hecho realizado por uno y otro caso; “no hay ... voluntad de obligarse y consiguientemente no ha llegado a constituirse el acto jurídico...”, conforme el fallo citado extraído de SISTEMA JUBA-SCBA, On Line.

Que en el caso de autos resulta ostensible la relación sentimental, existente entre la incidentada y el de cujus, surgiendo ello de las partidas de nacimiento de: Irma Raquel; José Santos; Jésica Beatriz; (fs.4/6), todos de apellido PARRA, siendo hijos del causante y la Sra. Chávez Celestina; quienes han sido declarados herederos a fs. 51, juntamente con otros hijos del causante con quien fuera su cónyuge Clara Martínez; sin embargo y conforme lo reseñado precedentemente, ello no alcanza para que Chavez sea declarada también heredera, simplemente porque no lo es; toda vez que al momento de contraer enlace con el de cujus en el extranjero, ambos se encontraban con impedimento de ligamen para hacerlo, en mérito a la subsistencia del matrimonio anterior celebrado en este país.

Que por todo lo expuesto y de conformidad a la normativa aplicable y jurisprudencia citada:

RESUELVO:

I.- DECLARAR ineficaz el matrimonio celebrado en la República del Paraguay, entre los Sres. Laureano PARRA y Celestina CHAVEZ, cuya acta de matrimonio obra a fs. 133 del expediente sucesorio que rola agregado por cuerda, a los efectos de la inclusión de esta última en la Declaratoria de Herederos peticionado a fs. 135 del sucesorio.

II.- DENEGAR la ampliación de la Declaratoria de Herederos peticionada por la Sra. Celestina CHAVEZ, por los fundamentos dados en los “Considerandos”.

III.- SIN COSTAS, atento a la falta de contradictorio (art. 68 2da. Parte del CPCC).

REGISTRESE, insértese copia en el Libro respectivo. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE O POR CÉDULA. Cumplido siga la causa principal según su estado.- G. P. Lugo.

lunes, 31 de marzo de 2014

Sociedad Italiana de Tiro al Blanco c. República Italiana

CSJN, 05/11/13, Sociedad Italiana de Tiro al Blanco c. República Italiana s. proceso de conocimiento.

Inmunidad de jurisdicción. Inmunidad relativa. Actos iure imperii e iure gestionis. Legado con cargo. Decreto Ley 1285/58. Ley 24.488. Doctrina de la causa Manauta. Traslado de demanda. Nulidad.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 31/03/14.

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2013.-

Vistos los autos: “Sociedad Italiana de Tiro al Blanco c. República Italiana s. proceso de conocimiento”.

Considerando:

1°) Que la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal confirmó la decisión del magistrado de primera instancia mediante la cual desestimó la nulidad planteada por la demandada. Al resolver de tal modo, la alzada consideró, por un lado, que aun cuando en el caso no se haya observado lo dispuesto por el arto 24, inc. 1, del decreto ley 1285/58, no era posible prescindir del hecho de que la demanda fue puesta en conocimiento del Estado italiano y, por el otro, que no mediaban razones suficientes corno para no considerar aqui configurada la hipótesis contemplada en el art. 2°, inc. g, de la ley 24.488 (conf. fs. 429/430).

2°) Que contra ese pronunciamiento, la parte demandada interpuso el recurso extraordinario de fs. 437/452 vta. a fin de que se declare "la absoluta nulidad del proceso … por no haberse cumplido previamente con las normas y principios de derecho internacional e interno que establecen y resguardan la inmunidad jurisdiccional … a la que la República Italiana no ha renunciado”, así como que "esta causa no corresponde a la jurisdicción de los jueces locales".

3°) Que el aludido remedio ha sido bien concedido pues lo relacionado con la inmunidad de jurisdicción de los estados extranjeros hace a un principio elemental de la ley de las naciones que, por ello, revela su carácter federal y determina que su inteligencia deba ser establecida por la Corte Suprema (conf. Fallos: 330: 5237, entre otros). Por lo demás, cabe atribuir carácter definitivo a los fines del arto 14 de la ley 48 a la resolución apelada que, además de resolver que en el caso resulta procedente la intervención de los jueces nacionales, al rechazar los planteos de la Embajada vinculados al modo en que necesariamente debió ser requerida su conformidad para ser sometida a juicio, considera que la demanda fue efectivamente puesta en conocimiento del Estado italiano (conf. Fallos: 321:2434; 324:2184).

4°) Que, como precisamente ya ha tenido oportunidad de decidir el Tribunal, la ley 24.488 de "Inmunidad jurisdiccional de los Estados extranjeros ante los tribunales argentinos”, no implicó la derogación del régimen del decreto-ley 1285/58, art. 24, inc. 1, "sino que éste continúa vigente a efectos de regular la eficaz traba de la litis" (conf. Fallos: 328:2522).

5°) Que al ser ello así, contrariamente a lo resuelto sobre el punto por el a quo, no habiéndose seguido en el caso el debido procedimiento para dar curso a la demanda contra un Estado extranjero –“…requerir previamente de su representante diplomático, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la conformidad de aquel país para ser sometido a juicio”-, corresponde admitir el planteo de nulidad formulado por la parte demandada.

6°) Que, no obstante ello, es de advertir que en el sub examine ambas partes han tenido la posibilidad de exponer sus argumentos con respecto a la inmunidad de jurisdicción, habiéndose expedido sobre el punto los jueces de la causa. En esas condiciones, entiende el Tribunal que también se encuentra habilitado para resolver dicha cuestión.

7°) Que, al respecto, es de recordar una vez más que antes de la sanción de la citada ley 24.488, esta Corte sostuvo en el conocido precedente "Manauta" que si bien el régimen del aludido arto 24, inc. 1, del decreto-ley 1285/58 no introduce textualmente la distinción entre los actos de gobierno realizados por el Estado extranjero en su calidad de soberano -iure imperii- y actos de índole comercial o de derecho privado –iure gestionis-, cabía reconocer -para habilitar el sometimiento a juicio ante los magistrados nacionales-, la presencia de esa segunda hipótesis cuando, no encontrándose en tela de juicio actos de gobierno, la controversia se refería al cumplimiento de obligaciones que en modo alguno podían afectar el normal desenvolvimiento de la embajada (conf. Fallos: 317:1880).

8°) Que, con posterioridad, el Tribunal expresamente dejó sentado que la doctrina antes recordada no había sido modificada por la vigencia de la ley 24.488, que recogió la tesis restringida en la materia (conf. Fallos: 348:2522 cit.).

9º) Que sobre esas bases, toda vez que la presente contienda no se vincula con actos de gobierno, sino con el cumplimiento del cargo contenido en un legado en favor del gobierno italiano, lo cual no resulta susceptible de afectar el normal desenvolvimiento de la embajada, cabe concluir -como en diversos casos anteriores decididos por esta Corte- que la ratio de la inmunidad jurisdiccional no se encuentra presente (conf. Fallos: 321:2434; 323:959, 334:885, entre otros).

Por ello, se declara parcialmente procedente el recurso extraordinario y, en ejercicio de la facultad concedida por el art. 16, segunda parte, de la citada ley 48, se declara la nulidad de todo lo actuado a partir de la providencia de fs. 43, sin perjuicio de lo cual, se desestima el planteo de inmunidad de jurisdicción introducido por la demandada. Costas por su orden en razón del modo como se resuelve (arto 68, segundo párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que, por quien corresponda, se disponga ante qué juez debe continuar el trámite de las presentes actuaciones mediante la adecuada sustanciación de la pretensión de fondo contenida en la demanda. Notifíquese y, oportunamente, devuélvase.- R.L. Lorenzetti. C.S. Fayt. E.R. Zaffaroni. E.I. Highton de Nolasco. J.C. Maqueda.

lunes, 24 de marzo de 2014

C., C. A. c. F. E., D. B.

SCBA, 06/11/12, C., C. A. c. F. E., D. B.

Alimentos. Jurisdicción internacional. Domicilio del acreedor alimentario. Cobro de alimentos convenidos en un proceso tramitado en Peru. CIDIP IV sobre Obligaciones Alimentarias. incompetencia de los tribunales argentinos.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 24/03/14 y en LLBA2013 (abril), 287.

La Plata, noviembre 6 de 2012.-

Antecedentes

El Tribunal de Familia del Departamento Judicial San Nicolás rechazó el recurso de reconsideración interpuesto contra la resolución recaída a fs. 18/21 y, en consecuencia, desestimó la demanda entablada en autos (fs. 34/35).

Se interpuso, por la actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 39/42).

Oído el señor Subprocurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente cuestión: ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?

Votación

A la cuestión planteada, el doctor Soria dijo:

1. En el sub lite, la señora C. C. –en representación de sus hijas menores N. F. y M. R.- promueve la presente demanda contra D. B. F. E. –padre de las menores quien se domicilia en la ciudad de Lima, Perú- ante los tribunales de San Nicolás. Según expresa en su escrito inicial, por su intermedio, procura se impongan al demandado las siguientes obligaciones de hacer en relación a los alimentos para las hijas de ambos y que fueran pautados en Perú: a) que deposite la cuota correspondiente en la cuenta que se abrirá a su costo en la ciudad de San Nicolás, donde viven las menores y b) que se extraigan los fondos que haya depositado en los autos promovidos a este fin en la ciudad de Lima y se transfieran a la cuenta que detalla.

2. La señora jueza de trámite rechazó tal pretensión por entender que carecía de competencia al efecto, pues –a su criterio- el objeto reclamado constituía en verdad el cumplimiento de un acuerdo de alimentos al que arribaron las partes ante el juez del referido país extranjero.

Ello así, sin perjuicio de instar al señor F. E. a continuar cumplimentando –previa autorización del juez natural- la cuota alimentaria convenida en una cuenta que se abra al efecto en este país y poner en conocimiento del juez del Perú que se encuentra a cargo de las causas que tramitan entre las partes, el contenido de la demanda y la presente resolución (fs. 18/21).

3. Contra este fallo la actora interpuso reposición y reconsideración en subsidio (fs. 25/27), alegando que la ley 25.593 (Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias -CIDIP IV-) establece en su art. 8 que, a opción del acreedor, serán competentes en la esfera internacional para conocer de las reclamaciones alimentarias "El Juez o autoridad del Estado del domicilio o de la residencia habitual del acreedor…" (v. fs. 26).

4. La señora jueza de trámite rechazó la reposición (fs. 28) y el tribunal en pleno confirmó la resolución atacada (fs. 34/35).

En apoyo de tal decisión, tras precisar el objeto perseguido (v. fs. 34 y vta.), el tribunal a quo desestimó las quejas ensayadas por la actora con base en la falta de aplicación de lo normado por la ley 25.593 sobre convenciones alimentarias. Al efecto, postuló que si bien dicha norma confiere al acreedor la posibilidad de escoger la competencia según los puntos de conexión indicados en su art. 8, en la especie, la acreedora ya ejerció su opción al acordar los alimentos ante un órgano judicial de la República del Perú (v. fs. 35).

Señaló, además, que distinta sería la situación si lo que se persiguiera fuera el aumento de la cuota acordada, hipótesis en la que operaría la regla prescripta por el art. 8 de la citada norma, mas no es éste el supuesto de autos (v. fs. 35 y vta.).

5. Contra este pronunciamiento se alza la parte actora por vía del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de fs. 39/42, en el que denuncia la infracción de los arts. 8 y 9 de la ley 25.593, preámbulo y arts. 3, 18 y 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño y 29 de la ley 26.061.

En prieta síntesis, aduce que al convenir con el demandado los alimentos accediendo a la jurisdicción peruana, no hizo opción con el alcance que se atribuye en el fallo ni renuncia alguna.

Que al suscitarse el incumplimiento del acuerdo alimentario al que arribara con el demandado ante los tribunales de Perú, "se abrió la posibilidad de escoger la jurisdicción entre las alternativas que brinda el artículo 8 en cuestión, pues ése es precisamente el supuesto de aplicación del sistema" (v. fs. 40 vta.).

Refiere, a continuación, que el convenio por el cual el señor F. E. se obligó al pago de una cuota mensual de 1.000 dólares estadounidenses fue precisamente de incremento de cuota. Ahora bien, cuestiona que el fallo en crisis sostenga que si hubiese pretendido un aumento de la cuota su parte podría haber acudido a la jurisdicción Argentina, por aplicación del art. 9 de la ley 25.593 que remite a las pautas de su art. 8; mientras que, por haber comenzado el reclamo de aumento ante la jurisdicción peruana arribando a un acuerdo homologado por un tribunal extranjero, carece de derecho para actuar ante esta jurisdicción para "un reclamo distinto" (v. fs. 41).

Por fin, invoca la tutela del superior interés del menor y deber del Estado de adoptar medidas apropiadas a fin de asegurar el pago de la pensión alimentaria en su beneficio (v. fs. 41 vta./42).

6. El recurso no prospera.

En efecto, en coincidencia con lo dictaminado por el señor Subprocurador General a fs. 86/89, la recurrente no logra acreditar la alegada aplicación errónea de los arts. 8 y 9 de la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias (ley 25.593) (CTDIP IV). Veamos.

a. Conforme señala en su art. 1, la referida Convención tiene por objeto la determinación del derecho aplicable a las disposiciones alimentarias, así como a la competencia y a la cooperación procesal internacional, cuando –en supuestos como los de autos- el acreedor de alimentos tenga su domicilio o residencia habitual en un Estado Parte y el deudor de los alimentos tenga su domicilio o residencia habitual en otro Estado Parte.

Su finalidad es facilitar el acceso a la jurisdicción y sus disposiciones se adecuan al principio de protección al alimentado. Así, a la luz de tal paradigma, establece en su art. 8 que en caso de conflicto, la opción de la jurisdicción queda a cargo del acreedor, pues nadie mejor que él para valorar su conveniencia a la hora de litigar y la elección de la ley aplicable corresponde obviamente- al magistrado que intervenga, quien deberá discernir también según la ley más favorable a los intereses del alimentado (art. 6).

En la misma inteligencia, el art. 9 se ocupa del aumento, cese y reducción de la cuota alimentaria. Así establece que para acrecentar la cuantía es competente cualquier juez según las reglas del art. 8, mientras que si se requiere disminuir o extinguir la cuota debida, lo es el magistrado que haya conocido en su fijación.

b. En el sub lite, tanto la acción por alimentos y consecuente fijación de la cuota, como su posterior acrecentamiento y ejecución han sido iniciadas y tramitadas ante la jurisdicción peruana (v. fs. 64/80).

De otra parte, como bien interpretaran las instancias de origen y señala el Subprocurador General en su dictamen, la acción aquí iniciada no es ni de pedimento, ni de aumento, disminución o cese de la cuota alimentaria ya acordada y homologada y –reitero- cuya ejecución se encuentra en trámite ante la justicia del vecino país (conf. copias obrantes a fs. 82/85). En efecto, en las presentes actuaciones, la actora sólo requiere que se adopten medidas que podrían denominarse "instrumentales": concretamente solicita la apertura de una cuenta en la ciudad de San Nicolás donde viven las menores y que se ordene al demandado a que deposite allí la suma que fuera estipulada judicialmente en concepto de alimentos; asimismo, que se transfieran a dicha cuenta los fondos que se hayan depositados en Lima por dicho concepto (v. fs. 6/15).

La demanda incoada a tales efectos no implicó para la acreedora ejercer la opción de jurisdicción que le otorga la ley 25.593, sino que su petición es meramente operativa pues se dirige a establecer la manera de cumplimentarse el acuerdo homologado por la justicia peruana, la cual es la competente para decidir al respecto por tratarse de una modalidad que hace a la ejecución de su fallo.

Por las razones hasta aquí expuestas, que resultan suficientes a los fines de desestimar el remedio intentado, voto por la negativa; con costas a la recurrente (arts. 68 y 289, C.P.C.C.).

Los doctores Negri, Hitters y Genoud, por los mismos fundamentos del doctor Soria, votaron la cuestión planteada también por la negativa.

Con lo que terminó el acuerdo dictándose la siguiente

Sentencia

Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Subprocurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto; con costas (art. 68 y 289, C.P.C.C.).

Notifíquese y devuélvase.- H. Negri. D. F. Soria. J. C. Hitters. L. E. Genoud.

C., C. A. c. F. E., D. B.

SCBA, 06/11/12, C., C. A. c. F. E., D. B.

Alimentos. Jurisdicción internacional. Domicilio del acreedor alimentario. Cobro de alimentos convenidos en un proceso tramitado en Peru. CIDIP IV sobre Obligaciones Alimentarias. incompetencia de los tribunales argentinos.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 24/03/14 y en LLBA2013 (abril), 287.

La Plata, noviembre 6 de 2012.-

Antecedentes

El Tribunal de Familia del Departamento Judicial San Nicolás rechazó el recurso de reconsideración interpuesto contra la resolución recaída a fs. 18/21 y, en consecuencia, desestimó la demanda entablada en autos (fs. 34/35).

Se interpuso, por la actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 39/42).

Oído el señor Subprocurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente cuestión: ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?

Votación

A la cuestión planteada, el doctor Soria dijo:

1. En el sub lite, la señora C. C. –en representación de sus hijas menores N. F. y M. R.- promueve la presente demanda contra D. B. F. E. –padre de las menores quien se domicilia en la ciudad de Lima, Perú- ante los tribunales de San Nicolás. Según expresa en su escrito inicial, por su intermedio, procura se impongan al demandado las siguientes obligaciones de hacer en relación a los alimentos para las hijas de ambos y que fueran pautados en Perú: a) que deposite la cuota correspondiente en la cuenta que se abrirá a su costo en la ciudad de San Nicolás, donde viven las menores y b) que se extraigan los fondos que haya depositado en los autos promovidos a este fin en la ciudad de Lima y se transfieran a la cuenta que detalla.

2. La señora jueza de trámite rechazó tal pretensión por entender que carecía de competencia al efecto, pues –a su criterio- el objeto reclamado constituía en verdad el cumplimiento de un acuerdo de alimentos al que arribaron las partes ante el juez del referido país extranjero.

Ello así, sin perjuicio de instar al señor F. E. a continuar cumplimentando –previa autorización del juez natural- la cuota alimentaria convenida en una cuenta que se abra al efecto en este país y poner en conocimiento del juez del Perú que se encuentra a cargo de las causas que tramitan entre las partes, el contenido de la demanda y la presente resolución (fs. 18/21).

3. Contra este fallo la actora interpuso reposición y reconsideración en subsidio (fs. 25/27), alegando que la ley 25.593 (Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias -CIDIP IV-) establece en su art. 8 que, a opción del acreedor, serán competentes en la esfera internacional para conocer de las reclamaciones alimentarias "El Juez o autoridad del Estado del domicilio o de la residencia habitual del acreedor…" (v. fs. 26).

4. La señora jueza de trámite rechazó la reposición (fs. 28) y el tribunal en pleno confirmó la resolución atacada (fs. 34/35).

En apoyo de tal decisión, tras precisar el objeto perseguido (v. fs. 34 y vta.), el tribunal a quo desestimó las quejas ensayadas por la actora con base en la falta de aplicación de lo normado por la ley 25.593 sobre convenciones alimentarias. Al efecto, postuló que si bien dicha norma confiere al acreedor la posibilidad de escoger la competencia según los puntos de conexión indicados en su art. 8, en la especie, la acreedora ya ejerció su opción al acordar los alimentos ante un órgano judicial de la República del Perú (v. fs. 35).

Señaló, además, que distinta sería la situación si lo que se persiguiera fuera el aumento de la cuota acordada, hipótesis en la que operaría la regla prescripta por el art. 8 de la citada norma, mas no es éste el supuesto de autos (v. fs. 35 y vta.).

5. Contra este pronunciamiento se alza la parte actora por vía del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de fs. 39/42, en el que denuncia la infracción de los arts. 8 y 9 de la ley 25.593, preámbulo y arts. 3, 18 y 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño y 29 de la ley 26.061.

En prieta síntesis, aduce que al convenir con el demandado los alimentos accediendo a la jurisdicción peruana, no hizo opción con el alcance que se atribuye en el fallo ni renuncia alguna.

Que al suscitarse el incumplimiento del acuerdo alimentario al que arribara con el demandado ante los tribunales de Perú, "se abrió la posibilidad de escoger la jurisdicción entre las alternativas que brinda el artículo 8 en cuestión, pues ése es precisamente el supuesto de aplicación del sistema" (v. fs. 40 vta.).

Refiere, a continuación, que el convenio por el cual el señor F. E. se obligó al pago de una cuota mensual de 1.000 dólares estadounidenses fue precisamente de incremento de cuota. Ahora bien, cuestiona que el fallo en crisis sostenga que si hubiese pretendido un aumento de la cuota su parte podría haber acudido a la jurisdicción Argentina, por aplicación del art. 9 de la ley 25.593 que remite a las pautas de su art. 8; mientras que, por haber comenzado el reclamo de aumento ante la jurisdicción peruana arribando a un acuerdo homologado por un tribunal extranjero, carece de derecho para actuar ante esta jurisdicción para "un reclamo distinto" (v. fs. 41).

Por fin, invoca la tutela del superior interés del menor y deber del Estado de adoptar medidas apropiadas a fin de asegurar el pago de la pensión alimentaria en su beneficio (v. fs. 41 vta./42).

6. El recurso no prospera.

En efecto, en coincidencia con lo dictaminado por el señor Subprocurador General a fs. 86/89, la recurrente no logra acreditar la alegada aplicación errónea de los arts. 8 y 9 de la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias (ley 25.593) (CTDIP IV). Veamos.

a. Conforme señala en su art. 1, la referida Convención tiene por objeto la determinación del derecho aplicable a las disposiciones alimentarias, así como a la competencia y a la cooperación procesal internacional, cuando –en supuestos como los de autos- el acreedor de alimentos tenga su domicilio o residencia habitual en un Estado Parte y el deudor de los alimentos tenga su domicilio o residencia habitual en otro Estado Parte.

Su finalidad es facilitar el acceso a la jurisdicción y sus disposiciones se adecuan al principio de protección al alimentado. Así, a la luz de tal paradigma, establece en su art. 8 que en caso de conflicto, la opción de la jurisdicción queda a cargo del acreedor, pues nadie mejor que él para valorar su conveniencia a la hora de litigar y la elección de la ley aplicable corresponde obviamente- al magistrado que intervenga, quien deberá discernir también según la ley más favorable a los intereses del alimentado (art. 6).

En la misma inteligencia, el art. 9 se ocupa del aumento, cese y reducción de la cuota alimentaria. Así establece que para acrecentar la cuantía es competente cualquier juez según las reglas del art. 8, mientras que si se requiere disminuir o extinguir la cuota debida, lo es el magistrado que haya conocido en su fijación.

b. En el sub lite, tanto la acción por alimentos y consecuente fijación de la cuota, como su posterior acrecentamiento y ejecución han sido iniciadas y tramitadas ante la jurisdicción peruana (v. fs. 64/80).

De otra parte, como bien interpretaran las instancias de origen y señala el Subprocurador General en su dictamen, la acción aquí iniciada no es ni de pedimento, ni de aumento, disminución o cese de la cuota alimentaria ya acordada y homologada y –reitero- cuya ejecución se encuentra en trámite ante la justicia del vecino país (conf. copias obrantes a fs. 82/85). En efecto, en las presentes actuaciones, la actora sólo requiere que se adopten medidas que podrían denominarse "instrumentales": concretamente solicita la apertura de una cuenta en la ciudad de San Nicolás donde viven las menores y que se ordene al demandado a que deposite allí la suma que fuera estipulada judicialmente en concepto de alimentos; asimismo, que se transfieran a dicha cuenta los fondos que se hayan depositados en Lima por dicho concepto (v. fs. 6/15).

La demanda incoada a tales efectos no implicó para la acreedora ejercer la opción de jurisdicción que le otorga la ley 25.593, sino que su petición es meramente operativa pues se dirige a establecer la manera de cumplimentarse el acuerdo homologado por la justicia peruana, la cual es la competente para decidir al respecto por tratarse de una modalidad que hace a la ejecución de su fallo.

Por las razones hasta aquí expuestas, que resultan suficientes a los fines de desestimar el remedio intentado, voto por la negativa; con costas a la recurrente (arts. 68 y 289, C.P.C.C.).

Los doctores Negri, Hitters y Genoud, por los mismos fundamentos del doctor Soria, votaron la cuestión planteada también por la negativa.

Con lo que terminó el acuerdo dictándose la siguiente

Sentencia

Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Subprocurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto; con costas (art. 68 y 289, C.P.C.C.).

Notifíquese y devuélvase.- H. Negri. D. F. Soria. J. C. Hitters. L. E. Genoud.