lunes, 14 de diciembre de 2020

Fideicomiso Justicia y Verdad c. Robles Berlanga, María del Rosario y Partido de la Revolución Democrática

CNCiv. y Com. Fed., sala III, 13/10/20, Fideicomiso Justicia y Verdad c. Robles Berlanga, María del Rosario y Partido de la Revolución Democrática s. ejecución

Pagaré librado en México y pagadero en Argentina. Jurisdicción internacional. Pacto de jurisdicción (Argentina). CIDIP I sobre Letras de Cambio, Pagarés y Facturas. Código Civil y Comercial: 2658. Lugar de pago. Calificación lex fori. Notificación al apoderado en Argentina. Ley de sociedades: 122. Incompetencia de los tribunales argentinos. Declaración de oficio. COVID 19. Cierre de fronteras. Imposibilidad de presentar el título original. Rechazo in limine de la demanda.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 14/12/20.

Excma. Sala:

1. V.E. ordenó correr vista a esta Fiscalía General a fs. 76/76 (conforme, en todos los casos en los que se alude a fojas, a las constancias del sistema de consultas web del PJN).

2. El Fideicomiso Justicia y Verdad promovió una demanda de ejecución de un pagaré contra María del Rosario Gómez Berlanga y contra el Partido de la Revolución Democrática (PRD), domiciliados en la Ciudad de México de los Estados Unidos Mexicanos, pretendiendo el “cobro de la suma de pesos mexicanos cuatrocientos millones ($400.000.000) o su equivalente en dólares estadounidenses, con más los intereses correspondientes hasta su total y efectivo pago, con más costas y costos de los procesos, los cuales derivan exclusivamente de su incumplimiento” (conf. el escrito de inicio y la documental agregada).

Indicó que la presente demanda ejecutiva se promueve a los efectos interruptivos de la prescripción y ante el incumplimiento de la obligación.

Refirió, asimismo, que inició demandas ejecutivas tendientes a la ejecución de este mismo pagaré ante la Justicia de la Provincia de La Rioja y la Justicia Federal de Dolores. Relató que los tribunales de la primera jurisdicción sostuvieron que correspondía a la justicia federal de nuestro país entender en el asunto, mientras que la Justicia Federal de Dolores resolvió que la justicia federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires era competente para hacerlo; siendo esta última decisión confirmada por la Cámara Federal de Mar del Plata.

Solicitó la aplicación de la Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en Materia de Letras de Cambio, Pagarés y Facturas a fin de que se aplique a este caso la Ley Mexicana en lo que no contradiga al orden público argentino.

Adujo que “[d]e la lectura del pagaré –y de los pronunciamientos judiciales recaídos en oportunidades previas que más arriba se referenciaron- surge claramente que nuestro país es donde debe efectuarse el pago por lo que resultan competentes los Tribunales y Juzgados de la República Argentina”, país donde las partes acordaron el lugar de pago y donde el acreedor tiene domicilio. Agregó que corresponde entender en estos autos a la Justicia Federal de la Capital Federal, aserción que, según señala, no fue controvertida por la parte accionada.

Solicitó que la notificación de la demanda al PRD y a la señora Robles Berlanga se realice al domicilio de sus apoderados y representantes, sito en la Calle Paraguay 435 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ello, de acuerdo a lo previsto con el artículo 122 de la Ley de Sociedades que establece lo referente al emplazamiento en juicio de una sociedad constituida en el extranjero.

3. El Juzgado Civil y Comercial Federal N° 11, de conformidad con lo dictaminado por el Ministerio Público ante esa instancia, dispuso el archivo de las actuaciones “toda vez que el pagaré que se pretende ejecutar fue librado en el Distrito Federal de los Estados Unidos Mexicanos” (fs. 42).

Para así decidir, señaló “que del instrumento obrante a fs. 45 no surge con precisión el lugar de pago dentro de la República Argentina, [por lo que,] en orden a las previsiones del art. 101 inc. d) del decreto ley 5965/1963, resulta de aplicación la regla contenida en el art. 102 de la norma citada: ‘A falta de indicación especial, el lugar de creación del título se considera lugar de pago y, también, domicilio del suscriptor’…” (fs. 42).

4. La parte actora interpuso contra esa decisión un recurso de apelación (fs. 45/46), que fue concedido a fs. 62.

En sus agravios (fs. 63/71), sostuvo que no existe motivo para apartarse de “lo ya decidido por la Justicia Provincial de La Rioja y la Justicia Federal de Dolores, en virtud de que tales decisiones tienen el carácter de Cosa Juzgada. Cualquier otra interpretación que se formulase contraria a lo dispuesto, resulta arbitraria y violatoria del principio de Seguridad Jurídica, por ser denegatoria del derecho de ocurrir ante los Tribunales”.

Insistió en que el asunto corresponde a la Justicia Civil y Comercial Federal por aplicación de los artículos 1°, 2°, 4° y 5°, inc. 3) del C.P.C.C.N. Destacó, asimismo, que el a quo omitió aplicar las “normas específicas que alcanzan al título en ejecución. Estas son Decreto -Ley 5965/63 y La Convención Interamericana sobre conflictos de Leyes en Materia de Letras de Cambio, Pagarés y Facturas” (fs. 63/71).

Refirió que, conforme las normas de fondo, “el acreedor tiene la potestad suficiente -otorgada por el deudor al suscribir el documento- de proceder a completarlo. Así es que queda a voluntad del acreedor establecer las mayores precisiones acerca del domicilio –en el caso-, lo cual determinará la base fáctica. En ese orden de ideas, se deberá tener por establecido el domicilio en esta jurisdicción, coincidente con el domicilio fijado para el Fideicomiso, obligado a su cobro” (fs. 63/71).

5. Para la determinación de la competencia corresponde atender, de modo principal, al relato de los hechos que el actor hace en su demanda y, después, sólo en la medida en que se adecue a ellos, al derecho que invoca como fundamento de su pretensión, pues los primeros animan al segundo y, por ello, son el único sustento de los sentidos jurídicos particulares que les fuesen atribuibles (arg. arts. 4° y 5°, CPCCN; confr. Fallos 307:871, entre otros).

6. Corresponde señalar que, tal como surge del relato efectuado por la parte actora en su escrito inaugural y del análisis realizado por el magistrado a cargo del Juzgado Federal de Dolores en el marco de la causa N° 21829/2017, el Fideicomiso Justicia y Verdad, inició, el 24 de julio de 2014, un reclamo judicial por el mismo pagaré que aquí se pretende ejecutar, ante la Cámara en lo Civil, Comercial de Minas, Criminal y Correccional, Secretaría B, Tercera Circunscripción Judicial, de la Provincia de La Rioja, toda vez que su domicilio se situaba en la Ciudad de Chamical, de esa provincia.

En el marco de dicho proceso, el Tribunal Superior Provincial de la citada jurisdicción declaró la competencia de la justicia federal de la República Argentina para entender en el asunto. Si bien la parte actora controvirtió tal decisión acudiendo en queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la denegatoria del recurso extraordinario deducido, posteriormente desistió de dicho recurso (conf. expediente N° CSJ 290/2017/RH1 – “Partido de la Revolución Democrática de los Estados Unidos Mexicanos s/ recurso de casación”, cfr. decisión del 5 de diciembre de 2017).

Con posterioridad, y tras efectuar el cambio de su domicilio a la ciudad de Chascomús, provincia de Buenos Aires, Fideicomiso Justicia y Verdad presentó, el 13 de julio de 2017, una nueva demanda ejecutiva, en los mismos términos que la aquí planteada, ante el Juzgado Federal de Dolores, lo que motivó la formación de la causa “Fideicomiso Justicia y Verdad c/ Robles Berlanga, Rosario y otro s/ ejecuciones varias” (Expte. N° FMP 21829/2017).

En el marco de esa acción, las mismas partes que se encuentran demandadas en este proceso –María del Rosario Robles Berlanga y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) de México– plantearon la nulidad de la ejecución y las excepciones de falsedad y suspensión del trámite, inhabilidad de título e incompetencia.

Así las cosas, el 5 de octubre de 2018, el Juzgado Federal de Dolores declaró su incompetencia para intervenir en el asunto, haciendo lugar a la excepción opuesta por las partes aquí ejecutadas. Ello, en virtud de lo establecido por el artículo 5, inc. 3º, del CPCCN. Dicha resolución fue confirmada por la Cámara Federal de Mar del Plata el 11 de diciembre de 2019. La causa se encuentra actualmente archivada desde el 24 de junio de 2020 (cfr. constancias del sistema de consultas web del Poder Judicial).

Por otra parte, cabe señalar que con anterioridad a tales antecedentes, el crédito cuya ejecución se pretende en autos habría intentado ser ejecutado en las jurisdicciones de San Luis y Santiago del Estero, por el Fideicomiso Cuidemos a nuestros hijos, al cual habría sido cedido en aquél entonces por el acreedor original con dicho propósito (Confr., PROCELAC, Actuaciones Preliminares N° 9472, cit. en la sent. Juzgado Federal de Dolores, 5/10/2018, cons. VII, Expte. 21829/2017).

7. Sentado lo expuesto, en primer término, corresponde recordar que del art. 4 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación surge que el juez debe, como principio, inhibirse de oficio de entender en aquellos casos ajenos a su competencia, excepto en los asuntos exclusivamente patrimoniales, en los cuales no procede la declaración de incompetencia de oficio fundada en razón del territorio.

Según mi parecer, la situación planteada en autos no resulta subsumible en esta última excepción. En efecto, la declaración oficiosa de incompetencia vedada por la norma procesal reseñada es aquella sustentada en la atribución del conocimiento del asunto a otro tribunal judicial nacional, en función del territorio.

En este caso, por el contrario, la primera cuestión a desentrañar radica precisamente en determinar si la causa corresponde —a tenor de las normas supralegales y legales que establecen los respectivos criterios atributivos de jurisdicción— a la jurisdicción de los tribunales de la República Argentina. Sólo en caso afirmativo resultaría aplicable la regla local que impide la declaración oficiosa.

8. A partir de ello, cabe recordar que de las constancias que obran en el sistema de consultas web aludido surge que el documento que aquí se pretende ejecutar habría sido suscripto el 1º de agosto de 2003, por la suma de cuatrocientos millones de pesos mexicanos o su equivalente en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, siendo su fecha de pago el 1º de agosto de 2011, con un interés moratorio del 2 % mensual a partir de su mora y hasta su efectivo pago.

El instrumento habría sido firmado por la Sra. María del Rosario Robles Berlanga en representación del Partido de la Revolución Democrático. En su cuerpo se expresa que para su suscripción se observó la Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en Materia de Letras de Cambio, Pagarés y Facturas y que, en el caso de que se suscite cualquier conflicto derivado de ese título de crédito y en su falta de pago, correspondería la competencia y jurisdicción de “los Tribunales y Juzgados de la República Argentina, renunciado a cualquier fuero o jurisdicción presente o futura” (ver Anexo 7).

En estos términos, cabe recordar que, para la determinación de la competencia, “en primer lugar debe indagarse si las partes convinieron la jurisdicción de algún tribunal determinado y, en su defecto, si rige algún tratado. En ausencia de este, habrá de recurrirse a las normas de jurisdicción internacional internas, en el caso, el [Código Civil de la Nación, hoy CCCN]” (CSJN, “Cri Holding Inc. c/ Compañía Argentina de Comodoro Rivadavia S.A. s/exhorto”, C. 403. XLIII. REX, del 03/11/2009 [publicado en DIPr Argentina el 11/06/10]).

Dado que el título que se pretende ejecutar no contiene la previsión, en cuanto a la jurisdicción, de “un tribunal determinado”, debe estarse a las disposiciones de la “Convención Interamericana sobre conflictos de Leyes en Materia de Letras de Cambio, Pagarés y Facturas” firmada en 1975 en el marco de la Organización de los Estados Americanos (CIDIP-I), del que formó parte México y que fue aprobada por nuestro país a través de la Ley N° 22.691.

Este acuerdo establece que “[l]os tribunales del Estado Parte donde la obligación deba cumplirse o los del Estado Parte donde el demandado se encuentre domiciliado, a opción del actor, serán competentes para conocer de las controversias que se susciten con motivo de la negociación de una letra de cambio” (artículo 8°). Asimismo, refiere que dichas disposiciones son aplicables a los pagarés y que la ley declarada aplicable por la Convención podrá no ser aplicada en el territorio del Estado Parte que la considere manifiestamente contraria a su orden público (artículos 9° y 11).

En iguales términos, en el ámbito interno, el artículo 2658 del Código Civil y Comercial establece que los jueces del Estado donde la obligación debe cumplirse o los del domicilio del demandado, a opción del actor, son competentes para conocer de las controversias que se susciten en materia de títulos valores.

9. De las normas reseñadas surge, entonces, que la ejecución del presente título debe tramitar ante los tribunales con competencia en el lugar donde la obligación debe cumplirse, esto es, el lugar de pago, o donde el demandado se encuentre domiciliado, a elección del actor (cfr. art. 8° de la citada Convención y art. 2658 del CCyC).

En referencia al lugar de pago, primer criterio atributivo de jurisdicción, cabe recordar que el pagaré debe incorporar un lugar determinado en forma expresa o implícita, haciendo referencia a un ámbito geográfico, e indicar un paraje, localidad, ciudad, o sus equivalentes que no presenten equívocos, no pudiendo señalarse en forma indeterminada la extensión de una provincia o país (cfr. Gómez Leo, Osvaldo; Instituciones de derecho cambiario, Letra de Cambio y Pagaré; Buenos Aires, Ed. Depalma, 1986; Tomo II-A, ver págs. 201 y 202; en el mismo sentido, Legón, Fernando A., “Letra y Pagaré de Cambio, Lexis Nexis, 2006, pág. 67).

Ahora bien, del título que aquí se pretende ejecutar surge que el lugar de pago consignado es la “República Argentina”. En tal sentido, considero que tal referencia, sin indicar dirección o localidad alguna, ni siquiera una jurisdicción provincial, resulta insuficiente para determinar la competencia de un Tribunal en particular, dada su imprecisión.

Al respecto, corresponde destacar que, si bien la jurisprudencia convalidó que el lugar de pago pueda ser indicado con cierta generalidad, ello fue en la medida en que se había hecho constar en la cartular la localidad o ciudad de pago, y no solamente un país, como ocurre en autos (CNCom, Sala B, “Heinze Gabriel Alberto c/ Asurmendi Elder Alfredo y otro s/ ejecutivo”, Causa Nro. 7900/18, del 11/09/2019, Sala E “Lary Storch Elsa Graciela c/ Sander Gustavo Raúl y otro s/ ejecutivo”, Causa Nro. 20038/17, del 29/03/2019, entre otros).

Conforme lo expuesto, entiendo que el “lugar donde la obligación ha de cumplirse” no resulta idóneo para determinar la jurisdicción concreta que debe entender y, por ello, cabe estar, a tal fin, al criterio atributivo de jurisdicción restante, es decir, el domicilio de los demandados.

En el caso, tal sitio debe identificarse con la Ciudad de México. En efecto, del propio instrumento que se pretende ejecutar surge que el domicilio real de los ejecutados se encuentra en las Alcaldías de Iztapalapa y Miguel Hidalgo, ambas de la Ciudad de México (conf. hoja 2 de la demanda); ciudad en la que, por otra parte, fue suscripto el pagaré.

No obsta a tal conclusión lo alegado en torno al domicilio constituido en esta ciudad por quienes serían, según lo señalado por la parte actora (conf. fs. 16 del escrito de inicio), apoderados y representantes de los ejecutados en otro litigio, en tanto esas circunstancias, ajenas al presente proceso, carecen de entidad para tener por acreditado un domicilio de los actores distinto al que surge del instrumento que se pretende ejecutar.

Por lo demás, cabe señalar que de ser aplicable el Decreto Ley N° 5.965/1963 –tal como lo estima pertinente el ejecutante-, la solución no variaría. Ello así, pues esta norma dispone que el pagaré debe contener la indicación del lugar del pago (artículo 101, inc. d) y que, a falta de indicación especial, el lugar de creación del título se considera lugar de pago y, también, domicilio del suscriptor (art. 102), los que, como se expuso, se sitúan también en la Ciudad de México.

10. En tales condiciones, con arreglo a las disposiciones legales citadas, opino que V.E. debe confirmar la sentencia recurrida.

Dejo así contestada la vista conferida y solicito ser notificado de la resolución que oportunamente se dicte, haciendo saber que en razón de la situación sanitaria de público y notorio conocimiento y en tanto esta se mantenga, dicha notificación podrá cumplirse mediante el envío de la sentencia simultáneamente a las siguientes direcciones de correo electrónico: rcuesta@mpf.gov.ar; rpeyrano@mpf.gov.ar; arahona@mpf.gov.ar; moteiza@mpf.gov.ar; y dvocos@mpf.gov.ar.

Fiscalía, 26 de agosto de 2020.- Firmado electrónicamente por R. Cuesta.

2º instancia.- Buenos Aires, 13 de octubre de 2020.-

Y VISTO:

El recurso de apelación deducido en fs. 50 por la actora contra el pronunciamiento de fs. 49 (de fecha 10/03/2020), que fuera fundado en fs. 63/71 (14/07/2020) y cuya vista fuera contestada por el señor fiscal de cámara el 26/08/2020, y

CONSIDERANDO:

I. El apoderado de Fideicomiso Justicia y Verdad” promovió demanda ejecutiva contra la señora María del Rosario Gómez Berlanga y contra el Partido de la Revolución Democrática (“PRD”), ambos domiciliados en la Ciudad de México, Estados Unidos Mexicanos, para cobrar un pagaré por “…la suma de pesos mexicanos cuatrocientos millones ($400.000.000) o su equivalente en dólares estadounidenses, con más los intereses correspondientes hasta su total y efectivo pago, con más costas y costos de los procesos, los cuales derivan exclusivamente de su incumplimiento…” e interrumpir la prescripción. A continuación, los hechos que relató al principio del pleito.

Antes de este proceso, la actora inició dos demandas ejecutivas por el cobro del mismo título; una, ante la justicia ordinaria de la Provincia de La Rioja y otra, ante el fuero federal de Dolores, Provincia de Buenos Aires. En ambos casos los jueces se declararon incompetentes, el primero por entender que debía intervenir la justicia federal, y el segundo por entender que eran competentes los jueces federales con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, decisión ésta confirmada por la Cámara Federal de Mar del Plata.

Sobre el tema, la actora adujo que “…[d]e la lectura del pagaré –y de los pronunciamientos judiciales recaídos en oportunidades previas que más arriba se referenciaron- surge claramente que nuestro país es donde debe efectuarse el pago por lo que resultan competentes los Tribunales y Juzgados de la República Argentina…”, porque es en él donde las partes acordaron el lugar de pago y donde el acreedor tiene domicilio. Y sostuvo debe intervenir la Justicia federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Concordemente con ello y con lo dispuesto en artículo 122 de la ley 19.550 requirió, que la notificación de la demanda al PRD y a Robles Berlanga se lleve a cabo en el domicilio de sus apoderados y representantes sito en la Calle Paraguay 435 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Invocó la aplicación de la Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en Materia de Letras de Cambio, Pagarés y Facturas, con el objeto que se aplique a este caso la Ley Mexicana en lo que no contradiga al orden público argentino.

II. En la resolución apelada, el juez de primera instancia se declaró incompetente con apoyo en lo dictaminado por el Fiscal a fs. 41/43 y, en consecuencia, dispuso el archivo de las presentes actuaciones en los términos del art. 354, inc. 1°, CPCCN.

Para decidir así, el magistrado tuvo en cuenta que el pagaré había sido librado en el Distrito Federal de los Estados Unidos Mexicanos y que no se indicaba el lugar de pago dentro del territorio de la República Argentina. Tal falencia importaba el incumplimiento del artículo 101, inc. d) del decreto-ley 5965/1963 y tornaba operativa la previsión del art. 102 de dicho cuerpo legal, según la cual, “a falta de indicación especial, el lugar de creación del título se considera lugar de pago y, también, domicilio del suscriptor”. Por ende, concluyó que era competente el juez con jurisdicción en el Distrito Federal de México.

III. En su memorial la actora sostiene que no corresponde apartarse de lo que resolvieron los dos jueces que intervinieron con anterioridad (el provincial de La Rioja y el federal de Dolores) porque sus decisiones pasaron en autoridad de cosa juzgada. Y que cualquier interpretación que las contradiga es arbitraria por transgredir el principio de seguridad jurídica porque importa denegar el acceso a los tribunales. Reitera su posición en cuanto a que el asunto corresponde a la Justicia Civil y Comercial Federal en virtud de los artículos 1°, 2°, 4° y 5°, inc. 3) del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y de las normas específicas a la presente ejecución que el a quo omitió aplicar, a saber, el decreto–ley 5965/63 y la Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en Materia de Letras de Cambio, Pagarés y Facturas. Por último, cuestiona el pronunciamiento porque, a su juicio, no es admisible que el juez se declare, de oficio, incompetente en razón del territorio, ni que omita la prórroga pactada por las partes.

IV. Al constatar la Sala que la actora no había adjuntado el pagaré, dictó la providencia del 8 de septiembre pasado mediante la cual le requirió la presentación del título dentro de los cinco días de notificada haciéndosele saber que, en caso de no hacerlo, el Tribunal resolvería con las constancias obrantes en la causa.

El 13 de septiembre la actora manifestó por escrito que el pedido era de imposible cumplimiento dentro del plazo fijado porque el pagaré estaría guardado “fuera del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, exactamente en la ciudad de San Luis” por lo cual pedía una prórroga estimando que sólo “entre los días 5 y 9 de octubre” del corriente año estaría en condiciones de poner el título a disposición de la Sala. Seguidamente se pasó el expediente a resolver.

V. Teniendo en cuenta las características atípicas del proceso iniciado, cuyo objeto es la ejecución de una suma equivalente a U$S 25.000.000 (veáse presentación digital del 13/9/202) corresponde que el Tribunal cumpla con el deber legal de proveer lo conducente sobre la procedencia formal de la pretensión. Ello implica examinar las condiciones de admisibilidad extrínsecas de la ejecución y, asimismo, la cuestión de competencia planteada en el recurso (arts. 34, inciso 2 y 337 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación; Carlo Carli, La demanda civil, La Plata, 1983, págs. 116 a 119). Al tratarse de un deber, la Sala actúa de oficio sin estar condicionada por los argumentos de la apelante (Carli, ob y lug. cit.).

Entre las condiciones extrínsecas que debe reunir la demanda ejecutiva, se encuentra la presentación del título original que trae aparejada la ejecución. La falta de este requisito justifica el rechazo in límine de la demanda porque rige el principio nulla executio sine titulo (art. 520 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación; Fenocchieto, Carlos Eduardo –Arazi, Roland, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado y concordado; Buenos Aires, Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma, 1983, tomo 2, pág. 669).

Existe un correlato entre esa exigencia y el carácter del título de crédito conocido como “necesidad” por el cual sólo el propietario del título (o su poseedor) es la persona habilitada para ejercer el derecho literal y autónomo expresado en él (Vivante, César, Tratado de Derecho Mercantil, Editorial Reus, Madrid, 1936, traducción de Miguel Cabeza y Anido, Vol. III, págs. 135/136; Messineo, Francesco, Manual de Derecho Civil y Comercial, Buenos Aires, EJEA, 1979, traducción de Santiago Sentís Melendo, tomo VI, pág. 232).

En ese documento hay una declaración de voluntad constitutiva del derecho cartular inseparable de él (cfr. Messineo, ob. y lug. cit., p. 232; Cámara, Héctor, Letra de cambio y vale o pagaré, Buenos Aires, Ediar, 1980, tomo I, pág. 193; Legón, Fernando A., Letra de cambio y pagaré, Buenos Aires, Lexis Nexis, 2006, págs. 12 y 13). Concordemente con ello, el artículo 1830 del Código Civil y Comercial de la Nación dispone que los títulos valores cartulares son “necesarios” para la creación, transmisión, modificación y ejercicio del derecho incorporado. Desde esa óptica se explica que el deudor que paga al tenedor legitimado del título original se libera aunque dicho tenedor no sea el acreedor de la relación jurídico sustancial (arts. 883, inciso d del Código Civil y Comercial de la Nación, Llambías, Jorge Joaquín, Tratado de derecho civil –Obligaciones-, Buenos Aires, Editorial Perrot, tomo II-B, número 1444.b. págs. 163 a 165).

Algunas de las proyecciones que en el ámbito procesal puede acarrear la equiparación del original con una copia son evidentes: la multiplicidad de procesos (tantas ejecuciones como copias se presenten) y la restricción injustificada del derecho de defensa del demandado en caso de falsedad o adulteración del original, ya que los peritajes sobre las copias son ineficaces sino imposibles de realizar.

Ahora bien, en el caso de autos la actora no adjuntó, en ninguna de las instancias, el original del pagaré. Sólo ofreció una “copia simple” del mismo en fs. 45. Es pertinente transcribir su contenido seguidamente:

PAGARÉ ÚNICO

BUENO POR $400,000.000.00

Mi representado Partido de la Revolución Democrática (PRD), con domicilio en Monterrey 50, Col Roma, Delegación, Cuauhtémoc, C.P. 06700, Distrito Federal de los Estados Unidos Mexicanos, debe y pagará incondicionalmente al C. CARLOS AGUSTÍN AHUMADA KURTZ, en la República Argentina, la cantidad de $400,000.000.00 (CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.) o su equivalente en dólares de los Estados Unidos de América, en la fecha de pago, documento que se extiende sin protesto para el pago, cantidad que deberá cubrirse en fecha 1 de Agosto de 2011, con un interés moratorio del 2% dos por ciento mensual a partir de su mora y hasta su final pago. Al término del pago total se entregará éste documento. El presente Título de Crédito se suscribe en legal representación del Instituto Político Partido de la Revolución Democrática (PRD) en términos de los Estatutos que lo rigen en sus artículos 4, apartados 2, letras a y d; artículo 9, apartado 9 letras e y f; a su vez la representante del obligado en éste Título de Crédito acepta avalar en forma personal y solidaria también el adeudo, reservándose para su suscripción, la Convención Interamericana Sobre Conflictos de Leyes en Materia de Letras de Cambio, Pagarés y facturas, y señalando con Competencia y Jurisdicción para cualquier conflicto derivado de éste título de crédito y en su falta de pago, los Tribunales y Juzgados de la República Argentina, renunciando a cualquier fuero o jurisdicción presente o futura.

México, Distrito Federal, a 1 de Agosto de 2003.

SUSCRIPTOR Y AVAL PERSONAL

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA (PRD)

PRESIDENTE NACIONAL Y PRESIDENTA DEL CONSEJO

NACIONAL

(sigue una firma ilegible)

MARÍA DEL ROSARIO ROBLES BERLANGA”.

La explicación que dio la actora para justificar la imposibilidad de adjuntar el pagaré trascripto fue que el documento estaría en “una” caja fuerte “en la Provincia de San Luis” (sic), una de las más severas en lo que atañe a los protocolos sanitarios para prevenir el contagio del COVID 19. Es evidente que ella configura el incumplimiento de lo requerido por el Tribunal en la resolución del 8 de septiembre pasado, lo cual impide subordinar el mantenimiento de este proceso expeditivo a circunstancias no verificadas y a contingencias impredecibles.

En consecuencia, corresponde cumplir con el deber señalado al principio de este considerando y rechazar in límine la demanda ejecutiva por carecer ella de una de las condiciones extrínsecas de admisibilidad formal, esto es, el título original, y no ser ese defecto subsanable en virtud de la preclusión operada (conf. resolución de la Sala del 8/9/20; arts. 34, inciso 2, 337 y 520 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y Carli, ob. y lug. cit.).

VI. Con prescindencia de lo anterior, la Sala se expedirá sobre la competencia en virtud de la jurisdicción revisora suscitada por la apelación de la actora (ver primer párrafo del considerando anterior y art. 242, inciso 2 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

El argumento relacionado con la autoridad de cosa juzgada que, según la apelante, tendrían las resoluciones de incompetencias de los jueces mencionados al principio, carece de asidero porque contradice el concepto mismo de cosa juzgada, inaplicable a los conflictos negativos de competencia previstos en las leyes ya que al ser, precisamente conflictos, ninguno de los jueces puede condicionar al otro con su decisión (vgr. art. 19 de la ley 4055 y art. 24, inciso 7° del decreto-ley 1285/58).

No hay denegación de justicia cuando el magistrado se inhibe de entender en el asunto atribuyéndole a otro la competencia. En todo caso, es este último quien intervendrá en el conocimiento y decisión de la causa aventado el peligro aducido por la recurrente.

La alegación relacionada con la imposibilidad jurídica de que el juez declare de oficio la incompetencia en razón del territorio es aparente. En efecto, para ahondar sobre el punto se impone acudir a la siguiente expresión inserta en la copia del título: “señalando con Competencia y Jurisdicción para cualquier conflicto derivado de éste título de crédito y en su falta de pago, los Tribunales y Juzgados de la República Argentina, renunciando a cualquier fuero o jurisdicción presente o futura” (véase copia simple de fs. 45).

Dos son los problemas que genera la interpretación de las expresiones transcriptas. El primero es de índole internacional y exige definir si la autoridad judicial competente es la mexicana o la argentina. El segundo presupone la solución del primero en beneficio del juez argentino; sólo entonces, cabe preguntarse qué juez –si nacional, federal o provincial- de qué jurisdicción territorial debe intervenir en la ejecución de autos.

Pues bien, el apelante no expone ningún argumento que ponga en crisis la sentencia apelada porque ni siquiera se plantea el complejo de problemas enunciados en el párrafo precedente, a pesar de haberlos experimentado al entablar la misma demanda en fueros disímiles.

La invocación de la Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en Materia de Letras de cambio, Pagarés y Facturas (“Convención”), es contradictoria con la defensa de la prórroga porque si esta última fuera clara, la aplicación de aquélla sería innecesaria.

De todos modos, cabe tener presente que la Convención fue suscripta en 1975 en el marco de la Organización de los Estados Americanos y que fue aprobada, tanto por México (país del libramiento del supuesto pagaré) como por Argentina, en este último caso, a través de la ley 22.691 (publicada en el Boletín Oficial el 14/12/1982).

El artículo 8 dispone que “…los tribunales del Estado Parte donde la obligación deba cumplirse o los del Estado Parte donde el demandado se encuentre domiciliado, a opción del actor, serán competentes para conocer de las controversias que se susciten con motivo de la negociación de una letra de cambio…” (norma cit., el subrayado no es del original). La norma es aplicable a los pagarés (conf. art. 9 de la Convención).

Para definir el lugar de cumplimiento hay que estar a la lex fori, es decir al derecho del Estado en el que se pretende ejecutar la obligación, en este caso, el argentino.

Concordemente con otros ordenamientos, el lugar de pago es un territorio definido que funciona como centro de imputación de normas y de habilitación jurisdiccional; por lo tanto, no puede ser ambiguo como lo es la extensión de toda una provincia o de un país (Legón, ob. cit., p. 67). Adviértase que ningún deudor podría pagar, aunque quisiera, si se le hubiera indicado como lugar de cumplimiento a la “República Argentina”, a secas. Descartada esa posibilidad prevista en la cláusula de prórroga queda, estando a la Convención, el domicilio de los demandados. De acuerdo a la copia del título, ellos se encuentran en la calle Monterrey 50, Colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc, del Distrito Federal de los Estados Unidos Mexicanos.

A la misma conclusión se arriba si se aplican los preceptos del decreto-ley 5965/63, ratificado por la ley 16.478 (art. 101, inciso d, y art. 102 de ese cuerpo legal), tal como hizo el juez de grado.

Cabe señalar que la apelante ha omitido dar los argumentos que justificarían la competencia del fuero federal por la ejecución de un pagaré –materia regida por el derecho común- contra personas que no suscitan esa jurisdicción la cual, por lo demás, es improrrogable (Fallos 311:1812).

Queda así demostrada la falta de fundamentación del recurso (art. 265 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por el señor Fiscal de Cámara, SE RESUELVE: 1°) rechazar in limine la presente demanda ejecutiva; y 2°) confirmar la resolución apelada frente a cualquier derivación que genere el acatamiento del punto anterior.

El señor Juez Eduardo Daniel Gottardi integra la Sala en virtud de la subrogancia dispuesta por la resolución n° 62/20 de Superintendencia de esta Cámara ante la renuncia de la doctora Graciela Medina.

Regístrese, notifíquese a la parte y al señor Fiscal de Cámara, publíquese y devuélvase.- R. G. Recondo. G. A. Antelo. E. D. Gottardi.

jueves, 3 de diciembre de 2020

G., E. A. c. W., B. s. divorcio por presentación unilateral

Juz. Fam. Nº 1, Tandil, 29/07/20, G., E. A. c. W., B. s. divorcio por presentación unilateral.

Divorcio. Matrimonio celebrado en Argentina. Último domicilio conyugal: Argentina. Cónyuge domiciliado en Inglaterra. Pandemia. COVID 19. Traslado de la demanda. Notificación por correo electrónico.

El texto del fallo ha sido remitido por P. Hernández a quien agradezco la gentileza.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 03/12/20 y comentado por A. B. Zacur y F. Robledo en RIDII 13, diciembre 2020 y por N. Rubaja y C. Iud en LL 03/12/20, 6.

En la ciudad de Tandil, a los 29 días del mes de julio de 2020.

Fundóse la petición en lo normado en el art. 437 (presentación unilateral) habiendo el peticionante, en cumplimiento con lo regulado por el art. 438, manifestado que no corresponde proponer convenio alguno, toda vez que no existen bienes en común, y que la única hija del matrimonio es mayor de edad, por lo que de la petición póngase en conocimiento al otro cónyuge, a quien se le confiere un plazo de 15 días para que haga conocer su posición con relación a la ausencia de convenio, o ejerza los derechos conexos que estime le corresponden.

El peticionante solicita que se autorice a que la comunicación que se dispone frente a la presentación de un divorcio por petición unilateral, como es este el caso, se notifique a la cónyuge, B.W. quien se domicilia en INGLATERRA, por vía correo electrónico, que denuncia en su presentación de fecha 23 del mes de julio del corriente año.

CONSIDERANDO: que resulta ser un hecho notorio, que a partir de que por DNU se decretara en Argentina la emergencia sanitaria, como consecuencia del estado de pandemia provocado por el virus conocido como COVID 19. Y entre las muchas medidas que se dictaron, además del aislamiento social preventivo y obligatorio, también se dispuso un cierre de fronteras. Circunstancias que también fueron adoptados por el resto de los países del mundo.

Las medidas adoptadas por el PEN, fundamentalmente las referidas al aislamiento, acarrearon como consecuencia, que la SCBA dictara la suspensión de todas las actuaciones judiciales y administrativas. Suspensión, que, con el tiempo y la modificación de las fases sanitarias por las que países y regiones transitan, se ha ido morigerando, sin que a la fecha se considere que la emergencia sanitaria ni en la Argentina, ni el mundo se encuentre ni superada ni totalmente controlada.

Es en estos tiempos de emergencia sanitaria prolongada, las actuaciones procesales, para poder mantener el servicio de justicia, han debido ser adaptadas por los Magistrados a cargo de los procesos, a las circunstancias mencionadas, apareciendo distintas resoluciones por las que se fueron cumpliendo actos procesales mediante los distintos medios telemáticos, o en domicilios constituidos en otros expedientes ver, en entre muchas otras Juzgado de Paz Laprida “S. S. G. C/ G. R. A. s/ Alimentos”, Juzgado nacional en los civil n° 76, 22 /4/20, sentencia interlocutoria, “C., F. A. c/ B, B. s/Alimentos” - JUZGADO NACIONAL EN LO CIVIL Nº 10 - 29/04/2020 (elDial.com - AABBAF), “Z>F>D> c/D>O>A> s/alimentos, expediente 2212/2020 Juzgado de Familia N 1 San Isidro a cargo de la Dra. Mónica.

Las normas procesales son normas instrumentales, y se encuentran al servicio de un fin ajeno, que surge de la aplicación de las normas de fondo.

El divorcio por petición unilateral, a partir de la puesta en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación, pasó de ser propio de la jurisdicción contenciosa, en el que devenía mandatorio fundarlo, frente a la imposibilidad de acuerdo, en, por lo menos, el tiempo transcurrido de la separación, como medio de interrupción de la comunidad de vida, y en su probatoria, razón por la cual, el demandado podía contradecir dicha alegación de separación y tiempo de la misma; y esta mutación del divorcio, ha devenido, en que, a mi criterio, los divorcios, hoy, deben ser considerados procesos de jurisdicción voluntaria.

Decía el maestro Couture (Couture, Eduardo J., Fundamentos del Derecho Procesal Civil, Depalma, Buenos Aires, 1997, pág. 46), que la jurisdicción voluntaria, ni era jurisdicción ni era voluntaria, mientras que, para GUASP, el órgano de la jurisdicción actúa como sujeto administrativo o como administrador de derecho privado: “Jurisdicción voluntaria, es, por lo tanto, la administración judicial del derecho privado” por lo que La jurisdicción voluntaria no es auténtica jurisdicción”.

Siempre siguiendo a Guasp, el proceso es la institución jurídica de satisfacción de pretensiones. Destaca el autor mencionado que: “El estudio de la llamada jurisdicción contenciosa agota, en realidad, toda la problemática del verdadero derecho procesal. Pues aunque el proceso no se confunda con una contienda, la figura de la jurisdicción contenciosa encierra toda la serie de cuestiones que el instituto del proceso plantea...”, puntualizando, luego, que: “Proceso es sólo el fenómeno jurídico de satisfacción de pretensiones (...); por lo tanto, allí donde no se trata de satisfacer coactivamente una pretensión procesal (...) no se está, ciertamente, en presencia de un verdadero proceso...” Guasp, Jaime, Derecho procesal civil, 3ª edición corregida, Tomo segundo, Parte Especial, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1968, pág. 946/7.

Por su parte nos dice Laplacette “…El hecho de que sean los jueces quienes, tradicionalmente, conozcan en esta clase de asuntos no contenciosos, obedece, entre otras razones, a la índole estrictamente jurídica que presentan, a la facilidad con que pueden derivar en una verdadera contienda, y a la conveniencia de que ciertos actos realizados por particulares, en razón de la trascendencia de los efectos que están llamados a producir, sean objeto de una previa y segura comprobación o fiscalización.” LA JURISDICCIÓN VOLUNTARIA Y EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD, disponible online en el siguiente link, que he accedido el 29/7/2020 https://www.calz.org.ar/wpcontent/uploads/2017/03/La-jurisdicci%C3%B3n-voluntaria-y-el-control-deconstitucionalidad-CARLOS-LAPLACETTE.pdf.

Coincido ciertamente con esas posturas, y siguiendo a GUASP he calificado en esta misma resolución (y en todos los primeros despachos de los procesos de divorcio en el marco de lo dispuesto por el CCYC) como “peticiones”, porque ni hay pretensión, ni hay partes. De hecho, la función del Juez es la del control de legalidad, y la del dictado de una sentencia judicial acorde a dicho control que habrá de darle marco jurídico a lo que en los hechos ya ha sucedido, el fin de la comunidad que los cónyuges instituyen al momento de celebrar el matrimonio. Estoy también convencida que se ha mantenido el divorcio en el ámbito de lo jurisdiccional, más por las cuestiones y efectos conexos del divorcio, que se avizoran contenciosos en su mayoría, que por la petición en sí misma.

Ya caracterizada la cuestión del marco jurisdiccional de esta petición y aclarado el sentido y finalidad de hacer conocer la misma al otro cónyuge, es importante entonces hacer un análisis de la eficacia del medio que se utilice para hacer dicha notificación.

Conocido es que los actos procesales son pasibles de nulidad, cuando violan las normas que los regulan, porque uno de los principios procesales de mayor importancia, ha sido siempre, el principio de legalidad.

Este principio parte del siguiente concepto: “Las formas procesales existen para garantizar el debido proceso y, con ello, el derecho de defensa de las partes. Por lo tanto los actos procesales deben realizarse conforme lo dispuesto por la ley procesal pues la ausencia de formas “produce desorden e incertidumbre” Maurino, Alberto L., “Nulidades Procesales, ed. Astrea, ed. 2011, pág. 4.

Sin embargo, también es cierto, que esos actos procesales, además de su legalidad, tienen una finalidad, es decir han sido creados, no porque el proceso sea “una misa jurídica” en el decir del maestro Couture, sino para cumplir con una función y de ahí los principios de finalidad y trascendencia, que determinan que, si a pesar del vicio el acto cumple su función y no acarrea perjuicio alguno, el mismo no puede ser declarado nulo.

Por lo tanto, y ya volviendo a la actual situación procesal, lo que efectivamente se busca no es conferir un traslado propio del marco de la defensa del derecho (art. 18 de la C.N.), sino hacerle conocer al otro cónyuge que se ha instado una petición que concluirá con una sentencia de divorcio, que también le pondrá fecha a la disolución de la sociedad conyugal.

Si, por otra parte, tenemos en cuenta que al 2019 se estimaban que, por día, en el mundo, circulaban 236.000 MILLONES de correos electrónicos, no podemos menos que concordar que el email o correo electrónico es hoy una de comunicación con un altísimo alcance en la población.

ES por ello, y estando convencida, que ningún proceso sería eficaz si desconociéramos el entorno social, y si nos aferráramos a un principio de legalidad alejado del principio de finalidad de los actos procesales.

Bajo las actuales condiciones de emergencia sanitaria, y el cierre de las fronteras, no tengo ninguna duda que sería interminable el tiempo que llevaría notificar de la petición a la cónyuge por la vía legal prevista, que es la vía consular a través de la Cancillería Argentina, y con eso le estaríamos posponiendo al peticionante, su legítimo derecho a dar por concluido un matrimonio, que según lo dicho, y el tiempo transcurrido al menos, desde su presentación original, hace mucho tiempo se ha desintegrado.

Ha dicho la doctrina: “Esto es coherente con el principio de que, si un matrimonio se celebra y mantiene por la voluntad de dos personas, si una de ellas no quiere continuar, ya el proyecto de vida en común se cae y justifica la posibilidad de peticionarse el divorcio. De este modo, si ambos integrantes están de acuerdo, es claro que la petición será conjunta; pero ya si uno de ellos no quiere continuar el matrimonio, también se habilita a que solicite el divorcio por aplicación del principio de libertad y autonomía personal, además de ser beneficioso para todo el grupo familiar no tener que estar obligado por la ley a mantener un vínculo que ya no se quiere sostener” (Herrera, Marisa Código Civil y Comercial de la Nación comentado, Dir. Lorenzetti, 1ra. Ed., Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 2015, TII, p.730).

Por lo que, RESUELVO disponer, en base a los argumentos de derecho sobre los cuales ya me he explayado, que la notificación de la petición de divorcio a la Sra. B., deberá realizarse por la actuaria del Juzgado a través de la casilla de correo electrónico oficial de este Juzgado de Familia, a la casilla de correo electrónico denunciada de la misma, con transcripción íntegra del presente auto y con copia de la petición a la que podrá acceder desde el link que se incluye a continuación … (art. 135, 169 y concordantes del CPCBs.As.

Firmado el 29 de julio del 2020.- S. I. Monserrat.

martes, 1 de diciembre de 2020

Cuadrado Viera, Gonzalo Fernando Rodrigo c. United Airlines Inc.

CNCom., sala A, 20/10/20, Cuadrado Viera, Gonzalo Fernando Rodrigo c. United Airlines Inc. y otros s. sumarísimo.

Transporte aéreo internacional. Transporte de personas. Chile – Australia – Chile. Cancelación del pasaje. Incumplimiento contractual. Competencia interna. Tribunales comerciales. Relación de consumo. Publicidad engañosa. Ley de defensa del consumidor.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 01/12/20.

Dictamen fiscal

Excma. Cámara:

1. Debe señalarse en forma preliminar que, conforme prevé el art. 135 C.P.C.C.N., las notificaciones dirigidas a esta Fiscal deben cursarse personalmente en su despacho, atento a la relevancia de su función de resguardo del interés general (Conf. art. 120 CN).

Ahora bien, en el mes de marzo pasado libré oficio al Presidente ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial a fin de solicitarle que, atento a la situación de público conocimiento respecto de la pandemia del Covid 19 y a la Resolución PGN 20/20, cualquier intervención o vista que se cursare a la Fiscalía General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial se comunicara al domicilio electrónico de la dependencia, hasta tanto durara la inhabilitación de los términos dispuesta por Acordada 4/2020.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dispuesto por acordada 27/2020 el levantamiento de la feria extraordinaria sin perjuicio de mantener lo dispuesto en los puntos dispositivos 9°, 10° y 11° de la acordada 25/2020 en lo que respecta a la utilización y empleo prioritario de herramientas digitales, la modalidad de trabajo remoto, la limitación de atención al público y la observancia por parte del personal judicial de las medidas de prevención, higiene y movilidad emanadas de las autoridades competentes.

La Procuración General de la Nación ha tomado razón de lo resuelto por el Máximo Tribunal nacional en la resolución PGN 50/20, en la que también se hace hincapié en la preferencia por el trabajo remoto y demás medidas que reduzcan la circulación de personas.

En este marco, esta magistrada considera que en forma excepcional puede utilizarse este medio a los fines de prestar adecuadamente el servicio que le compete mientras dure el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) dispuesto por el Gobierno Nacional. Ello sin perjuicio de destacar que la Secretaría de Coordinación Institucional de la Procuración General de la Nación indicó que se deben extremar las medidas para que las notificaciones electrónicas no sean utilizadas en los supuestos que la ley procesal indica la vista del expediente.

Cabe agregar que el Ministerio Público no comparte materialmente con el Poder Judicial el mismo Sistema de Gestión que le permitiría recibir las actuaciones en forma virtual.

En virtud de lo expuesto ante la no remisión al despacho de esta Fiscal de las actuaciones en formato papel o digital, la posibilidad de dictaminar quedará a su consideración en cada caso concreto, priorizando la continuación del trámite de los expedientes por vía remota y con el régimen de firma electrónica.

Ahora bien, evaluando que en el caso de autos, resulta suficiente la compulsa a la página www.pjn.gov.ar a los fines de emitir opinión, se procede a dictaminar.

2. En la resolución de fecha 12 de marzo de 2020 el juez de primera instancia resolvió inhibirse para entender en las presentes actuaciones, al considerar que el fuero comercial no resultaría competente respecto de los reclamos relacionados a empresas cuya actividad se encuadra globalmente en el comercio aéreo, según las disposiciones del Código Aeronáutico.

3. Contra la mentada resolución, el actor interpuso recurso de apelación en fecha 13 de marzo de 2020, que fuera concedido el 15 de mayo del corriente.

Al fundar su recurso, mediante su presentación que fuera agregada el 18 de mayo de 2020, el actor citó numerosos fallos sobre idénticos casos, planteos y temáticas que han sido favorables respecto de la competencia comercial, entendiendo que en estos autos no se disputaban leyes aeronáuticas, sino de derecho común.

No obstante, destacó que la totalidad de los puntos que se tratan en la demanda interpuesta no serían resueltos por la normativa aeronáutica, por lo que indefectiblemente habría que remitirse a la LDC.

4. Elevadas que han sido las actuaciones, corresponde expedirme respecto de la vista que me fuera conferida por cédula electrónica en fecha 5 de octubre de 2020.

Adelantando mis conclusiones, amén de los fundamentos que pasaré a reseñar, propicio dar lugar al recurso incoado por el accionante, siendo revocada la resolución en crisis.

5. Atribución de competencia:

No todos los jueces tienen la misma competencia; su potestad de juzgar está limitada por la Constitución Nacional o por la ley, atendiendo ya a la organización propia del sistema federal, a la materia (civil, comercial, del trabajo, etc.); al territorio; al valor y al grado: no puede iniciarse un juicio directamente en una instancia, que no sea la primera, salvo, desde luego, cuando corresponde la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En otros términos: el juez sólo puede ejercer su jurisdicción dentro de los límites de su competencia (Kiper, Claudio M., “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado y anotado. Tomo I”, Ed. La Ley, año 2011).

Augusto M. Morello señalaba que el órgano judicial -Juez o Tribunal- es competente para conocer en un asunto determinado cuando, por la ley, tiene aptitud o capacidad para ejercer la función jurisdiccional judicial en ese conflicto, causa o asunto (Morello Augusto M. - Sosa Gualberto L. - Berizonce Roberto O., "Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación", Tº II-A, Ed. Librería Editora Platense-Abeledo Perrot, 1984, pág. 9).

La distribución de la potestad judicial entre los distintos órganos del Estado se lleva a cabo mediante la aplicación de diversos criterios que responden fundamentalmente, a las circunstancias territoriales, objetivas y funcionales.

La competencia, como bien señala Palacio, comprende todos los poderes inherentes a la función judicial, se refieran ellos a la cognición o a la ejecución (Morello, Sosa, Berizonce, Códigos Procesales en los Civil y Comercial Pcia. de Bs. As. y de la Nación, Librería Editora Platense SRL, II-A, 1994, pág. 9).

Ahora bien, “…para establecer en un caso concreto a que órgano judicial corresponde el conocimiento de un asunto, debe comenzarse por examinar si es de la competencia de la justicia federal o de la justicia ordinaria; luego cualquiera sea la conclusión a que se llegue acerca de ese extremo, es preciso determinar la circunscripción territorial en que ha de radicarse y, dentro de ella, la competencia por razón de la materia y por razón del valor.(…) las reglas atributivas de competencia por razón de la materia, del valor y del grado propenden fundamentalmente a asegurar la eficiencia de la administración de justicia, y se basan por lo tanto en consideraciones de interés general” (Palacio Lino Enrique “Derecho Procesal Civil” Tomo II, sujetos del proceso, 4ta. Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires pág.473).

En virtud de lo expuesto en párrafos anteriores, advierto en autos que el objeto del reclamo, referido a un supuesto incumplimiento contractual por parte de las accionadas, tendría directa relación con los derechos de los usuarios de servicios de transporte aerocomercial.

La relación entre el usuario y las empresas demandadas tiene su fuente en un vínculo configurado por el contrato de transporte aéreo.

La característica esencial de estos contratos, como los de consumo en general, es que se está ante un contrato de adhesión sujeto a condiciones generales predispuestas en el cual, como es propio, se incluyen determinadas cláusulas pre redactadas. Esta relación se encuentra regida por la Constitución Nacional (art. 42) y sustancialmente por la Ley de Defensa del Consumidor y el Código Civil y Comercial de la Nación.

En efecto, se advierte en el caso de marras, que el reclamo del actor recae de modo exclusivo sobre cuestiones relativas a un contrato de consumo, parte de una actividad comercial, que lo vinculó con las accionadas, las cuales habrían actuado en calidad de proveedores de un servicio, no existiendo hechos controvertidos en lo estrictamente relativo a la materia de aplicación del Código Aeronáutico (“la aeronáutica civil en el territorio de la República Argentina, sus aguas jurisdiccionales y el espacio aéreo que los cubre”; conf. Art. 1, ley 17.285).

Es por todo lo expuesto que, a criterio de esta Fiscalía, la acción aquí entablada corresponde al conocimiento de la Justicia Nacional en lo Comercial, por cuanto deriva de una actividad propia de contratos regidos por las leyes mercantiles, en los que prevalece la actividad lucrativa realizada de modo organizado en forma de empresa, en el caso estructurada bajo la forma de sociedades comerciales, tipo legal que acredita la comercialidad del acto (conf. analog. "Banco de Crédito Liniers S.A. c/ Corbalan, Julia s/ sum", Sala E, 16-11-89).

Asimismo, debe señalarse que la Cámara de este Fuero Comercial se ha expedido en casos análogos al presente, manifestando que el reclamo por reembolso del precio de los pasajes aéreos no utilizados no resulta encuadrable en las disposiciones del código aeronáutico, que habilitarían la competencia federal, sino que está regido por leyes mercantiles (CNCom., Sala B; "Montini, Federico Salvador y otro c/ Iberia Líneas Aéreas S.A. y otro s/ Ordinario", del 12-06-18).

Por otra parte, la Casación bonaerense ha señalado que “a los efectos de determinar la competencia federal, lo fundamental es la traslación aérea, teniendo en consideración que el derecho aeronáutico regula todas las actividades directa o indirectamente vinculadas con el empleo de aeronaves, tal solución no es procedente cuando la cuestión a examen es ajena a las normas que rigen el derecho aeronáutico, y no existe vinculación directa entre las partes con los intereses de la aeronavegación y del comercio aéreo” (SCBA, “Boroni, Irene Beatriz contra Aero Club General Viamonte. Daños y perjuicios”, 15/11/2000, citando CNCom, Sala D, julio 13-978, E.D., 82-683; v. también SCBA, causa Ac. 71.113, 17/5/2000).

Véase también que la Corte Federal, bajo una inteligencia similar, sostuvo que “corresponde a la justicia provincial, y no a la federal, conocer de las lesiones causadas en las instalaciones de un aeroclub deportivo en circunstancias en que un avión ultraliviano fuera de control embistió a la víctima. Ello es así, pues la comisión de un delito en ocasión de la operación de aeronaves no provoca por sí sola la intervención de la justicia federal, siendo de competencia de este fuero conforme al art. 198 del Código Aeronáutico - los delitos que puedan afectar la navegación o el comercio aéreo” (CSJN, “Menendez, Mabel s/ lesiones graves culposas”, 17/11/1987, Fallos: 310:2311; v. también, ídem, “Cáceres, Claudio Daniel s/ lesiones culposas”, 17/10/1989, Fallos: 312:1918; ídem, “Noé, Néstor Roberto y Loiácono, Guillermo s/ lesiones culposas”, 17/03/1992, Fallos: 315:313, entre otros).

En el caso de autos, como se ha expuesto previamente, no se configuran los supuestos que hacen aplicable a la Ley N° 17.285, ya que el actor no ha planteado cuestiones controversiales en lo relativo al contrato de transporte aéreo en sí mismo, sino que ha basado su demanda en la relación de consumo que existe entre las partes y en cuestiones meramente mercantiles, derivadas de supuestos incumplimientos contractuales, los cuales no habilitarían de manera alguna a la intervención del fuero de excepción y restrictivo (Fallos: 319:218, 308, 769; 321:207; 322:589 y 328:988), por lo cual las actuaciones deben permanecer en esta Justicia Nacional en lo Comercial (conf. art. 43 bis del Dec. 1285/1958).

6. Reserva de caso federal:

Para el caso de que se dicte una sentencia que afecte el derecho constitucional de acceso a la jurisdicción y defensa en juicio de los consumidores, formulo planteo de cuestión federal y la reserva de ocurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por vía extraordinaria.

7. Dejó así contestada la vista conferida.

Buenos Aires, 7 de octubre de 2020.- G. F. Boquín.

2º instancia.- Buenos Aires, 20 de octubre de 2020.-

Y VISTOS:

1.) Apeló la parte actora la resolución dictada con fecha 12.03.2020, donde el Juez a quo se declaró incompetente para conocer en estas actuaciones.

El magistrado sustentó la incompetencia de este tribunal para entender en el asunto, en razón de encontrarse involucrados aspectos propios del contrato de transporte aéreo, en la inteligencia de que el incumplimiento atribuido a la codemandada United Airlines Inc. -y en definitiva a las restantes codemandadas- de no emitir los billetes de pasaje comprados por los actores, se enmarca en la dinámica contractual prevista por el Código Aeronáutico (ley 17.825) para el transporte aéreo de personas. Así, entendió que este proceso debe continuar su trámite ante la Justicia Civil y Comercial Federal.

Los fundamentos del recurso fueron desarrollados en el escrito digital presentado el 15.05.2020.

Con fecha 07.10.2020 emitió su dictamen la Sra. Representante del Ministerio Público, quien propició la revocación del pronunciamiento impugnado.

2.) La recurrente se agravió de esta decisión alegando, en lo sustancial, que resulta evidente que en el sub lite involucra un reclamo entre particulares de naturaleza mercantil y que la aplicación del derecho aeronáutico no es preponderante para resolver la contienda, toda vez que el conflicto suscitado entre los litigantes se originó en publicidad engañosa, una oferta no respetada y el incumplimiento contractual en que incurrieron las accionadas.

3.) Pues bien, del escrito de inicio resulta que el actor accionó contra United Airlines Inc., Buen Volar S.A y Almundo.com SRL, en virtud de la cancelación de cierta reserva de pasajes aéreos comprados a un precio aproximado de $ 4.000, en el marco de una acción de marketing parecida al “BlackFriday” o “CyberMonday”, para el tramo “Santiago de Chile - Sídney” (ida y vuelta), los cuales fueron cancelados por la compañía aérea, quien invocó la existencia de error al publicar la oferta correspondiente.

Argumentó que United Airlines Inc. canceló de manera unilateral las reservas, sin ofrecer alternativa o compensación alguna, reembolsando solamente las sumas abonadas.

Sostuvo que las accionadas incurrieron en incumplimiento contractual, publicidad engañosa, falta de información y trato indigno, por lo que reclamó que se las condene a: i) la activación de la reserva cancelada unilateral y arbitrariamente desde Santiago de Chile a Sídney, Australia, ida y vuelta o, en caso de ser materialmente imposible, al pago del costo promedio de un pasaje en avión Santiago-Sídney, ida y vuelta, en la aerolínea “United”, en clase económica; ii) abonar el correspondiente daño moral estimado en $ 40.000; iii) abonar el correspondiente daño punitivo a determinarse; iv) abonar los conceptos mencionados o lo que en más o en menos resulte de la prueba a producirse en estos obrados con más su actualización respectiva, daños y perjuicios, multas, intereses y costas.

4.) Sentado ello, ha de señalarse que en la atribución de la jurisdicción directa, esto es, la jurisdicción de los Tribunales del propio Estado, la distribución de la potestad de juzgar entre los distintos órganos del Estado se lleva a cabo mediante la aplicación de diversos criterios. Así, mientras el criterio objetivo tiene en cuenta la naturaleza jurídica de las cuestiones debatidas en el proceso, el criterio territorial atiende a los problemas emergentes de la extensión geográfica del territorio y procura solucionarlos a través de reglas que dividen a éste en distintas circunscripciones judiciales y se asigna el conocimiento de los asuntos al órgano más próximo al lugar en que se encuentra ubicado alguno de los elementos más significativos de la pretensión que constituye el objeto del proceso. Ahora bien, en tanto las reglas atributivas de competencia por razón de la materia propenden fundamentalmente a asegurar la eficiencia de la administración de justicia, se basan en consideraciones de índole general. De su lado, las reglas que fijan la competencia en razón del territorio atienden ante todo a facilitar la actuación procesal de las partes y se hallan establecidas, por ende, en el presunto interés individual de éstas (Palacio Lino Enrique, "Derecho Procesal Civil", T° II, p. 367 y ss.).

Despréndese de lo expuesto que, como solución legal, hallándose afectada la competencia en razón de la materia, el órgano judicial se encuentra habilitado para desestimar in limine la petición que no se ajuste a ella con prescindencia de cualquier manifestación de las partes o los peticionarios, incluso formulada de común acuerdo. Es que, la competencia derivada del criterio objetivo y funcional reviste carácter improrrogable, es decir, que la incompetencia del órgano judicial en el supuesto de ser requerido para satisfacer una pretensión cuyo conocimiento no le ha sido asignado por razón de la materia es absoluta y de orden público.

En lo que toca al criterio de atribución de jurisdicción aplicable al sub lite, es sabido que debe extraerse de los términos en que fuera presentada la litis por el actor. Recuérdase que para la determinación de la competencia corresponde atender de modo principal a la exposición de los hechos que el actor hace en la demanda y, en la medida en que se adecue a ellos, al derecho que invoca como fundamento de su pretensión (conf. CSJN, 18.12.90, in re "Santoandre Ernesto c. Estado Nacional s. daños y perjuicios").

Ahora bien, el art. 42 de la ley 13.998 establece que los jueces en lo civil y comercial federal entenderán en las causas que versen sobre hechos, actos y contratos concernientes al derecho aeronáutico (inc. b).

Sobre tales bases, la jurisprudencia se ha pronunciado en el sentido de que corresponde entender a la justicia civil y comercial federal en aquellas cuestiones vinculadas con el comercio y navegación aérea, entendiéndose por tal las actividades conectadas con la explotación de las aeronaves y reguladas por la legislación aeronáutica (conf. CFCC, Sala I, causa 13.243/95 del 8.6.95; íd., íd., causa 23.064/95 del 31.8.95; íd., Sala III, causa 4322/97 del 11.8.98; íd., Sala II, “Asociación Argentina de Agencias de Viaje y Turismo c/ American Airlines y Otros s/ Sumarísimo” del 16.03.2000).

En el caso, la causa del reclamo del actor no aparece conectada a un incumplimiento de las demandadas en la adecuada prestación del servicio de transporte aéreo, sino a una pretensa indebida publicidad relativa a la oferta en comercialización de las tarifas de ciertos vuelos y lo cierto es que ello no involucra específicamente el cumplimiento de normas nacionales que regulan la actividad aeronáutica, por lo que no se vislumbra que la acción pueda incidir en dicho sistema. Véase que el actor sustentó la demanda en las siguientes conductas antijurídicas que atribuyó a las accionadas: i) violación del deber de información; ii) afectación de los intereses patrimoniales del consumidor; iii) violación de trato digno y equitativo y de publicitar y ofertar verazmente.

En efecto, como lo ha señalo la Sra. Fiscal General en su dictamen que antecede, se encuentra aquí involucrado una controversia eminentemente mercantil, regida sustancialmente por normas mercantiles y que, por lo tanto, torna procedente la intervención de este fuero, por cuanto el reclamo se entabló en ocasión de la actividad lucrativa de las demandadas organizada en forma de empresa.

En este marco, resulta útil destacar que el principio de integralidad del derecho aeronáutico no puede ser extendido al punto de atribuir al fuero federal el conocimiento de causas que corresponden a otros que está particularmente versado en la materia, sobre todo cuando, como ocurre en la especie, la resolución de la contienda no convoca, en principio, la aplicación de normas o principios de la navegación aérea (esta CNCom., esta Sala A, 02.10.2018, “López Ugolini Diego y Otro c/ Lan Airlines SA Suc. Argentina y Otros s/ Ordinario”; íd., 29.10.2018, “Abrham Risso Fernanda y Otros c/ United Airlines Inc. y Otros s/ Ordinario”: en igual sentido: CFCC, Sala II, “Pulka Diego c/ Aerolíneas Argentinas SA y Otros s/ amparo”).

Con base en lo expuesto, cabrá admitir el agravio ensayado sobre el particular.

5.) Por todo ello, y de conformidad con lo dictaminado por la Sra. Fiscal General, esta Sala RESUELVE:

Hacer lugar al recurso interpuesto y, por ende, revocar la resolución dictada con fecha 12.03.2020, debiendo proveerse en consecuencia.-

Notifíquese a la Sra. Fiscal General y a la parte actora. Oportunamente, devuélvanse virtualmente las actuaciones a la instancia anterior. Solo intervienen los firmantes por hallarse vacante el restante cargo de Juez de esta Sala (art. 109, Reglamento para la Justicia Nacional).

A fin de cumplir con la publicidad prevista por el art. 1 de la ley 25.865, según el Punto I.3 del Protocolo anexado a la Acordada 24/13 CSJN, hágase saber a las partes que la publicidad de la sentencia dada en autos se efectuará mediante la pertinente notificación al CIJ.- M. E. Uzal. A. A. Kölliker Frers.