miércoles, 1 de octubre de 2014

El Hares, Oscar Ismael c. Iberia Líneas Aéreas de España

CNCiv. y Com. Fed., sala II, 23/04/14, El Hares, Oscar Ismael c. Iberia Líneas Aéreas de España s. pérdida/daño de equipaje.

Transporte aéreo internacional. Transporte de personas. Pérdida de equipaje despachado. Convenio de Montreal de 1999. Protesta. Falta de prueba. Rechazo de la demanda. Documentos en idioma extranjero. Falta de traducción. CPCCN: 123.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 01/10/14.

En Buenos Aires, a los 23 días del mes de abril de 2014, se reúnen en Acuerdo los señores jueces de la Sala II de esta Cámara para dictar sentencia en los autos del epígrafe. Conforme con el orden de sorteo efectuado, la doctora Graciela Medina dice:

I.- El señor Oscar Ismael El Hares, contrató con “Iberia Líneas Aéreas de España”, un itinerario completo de un viaje por Europa –incluyendo entre otros- el trayecto Roma-París, cuyo traslado fue efectuado por una aeronave de la empresa “Vueling Airlines S.A.”, en el vuelo denominado VY 6255.

A su arribo, en el aeropuerto de Orly, el señor El Hares comprobó que su valija no se encontraba en destino. Con tal motivo efectuó –según dice- una protesta bajo identificación ORYVY15270 (fs. 19) en el que habría denunciado el extravío.

Producidas las pruebas del caso –limitadas en el supuesto del actor a acreditar la pérdida de sus pertenecías- y habiendo resultado infructuoso su único reclamo, promovió la demanda de autos contra “Iberia Líneas Aéreas de España”, por estimar que la compañía de aviación había incumplido las obligaciones asumidas y por la indudable mortificación que le significó la pérdida de sus enseres. La indemnización solicitada debería ser calculada en una suma –en pesos- equivalente a 1.131 DEG, conforme lo dispuesto por el Convenio de Montreal de 1999, modificado en el año 2009 por IATA, que elevó hasta 1131 Derechos Especiales de Giro, los originales 1000 DEG, como límite indemnizatorio en caso de pérdida o destrucción de equipaje. Mas la actora, entendiendo que el límite máximo fijado por el Convenio de Montreal de 1999 era inferior a la suma que considera requerida, solicitó el equivalente en pesos, conforme lo normado por el art. 23 del mismo cuerpo legal, conversión que debía ser efectuada a la fecha de la sentencia. Y a fin de obtener el reembolso de los gastos efectuados dividió su reclamo en los siguientes rubros: a) gastos con comprobantes: 179,93 euros; b) gastos sin comprobantes: 1.049 euros. Y finalmente solicita que se incluya en la indemnización alguna suma -que no proporciona- por los efectos perdidos y por el daño moral que dice haber padecido (conf. fs. 20/22).

La línea aérea en el responde de fs.48/49 y vta., negó específicamente la pérdida denunciada y la autenticidad y la recepción de las notas con las cuales el actor pretende acreditarla. Y a todo evento, invoca la aplicación del Sistema de Limitación de Responsabilidad prevista en el art. 22 del Convenio de Montreal de 1999, ratificado por nuestro país por ley 25.389.

II.- El señor Magistrado de primera instancia, en el pronunciamiento de fs.91/93, tras poner de relieve que el extravío denunciado fue respaldado por escasa prueba, destacó -en ese sentido- que ninguna de las constancias aportadas a la causa resultaban suficientes para generar la convicción de que la valija denunciada hubiera sido efectivamente perdida. En consecuencia, decidió el rechazo de la demanda, y el reclamo resarcitorio denunciado a fs. 20/22 con costas. Apeló la parte actora y expresó agravios a fs. 108/109, replicados por su contraria a fs. 111/112.

Por su parte, la transportista acusa en la contestación de fs. 108/109 la deserción del recurso de su adversaria, por considerar que desarrolla un conjunto de nociones abstractas que carecen de la crítica concreta y razonada que exige el art. 265 del Código de forma, para habilitar la instancia de revisión.

III.- Señalo que, en mi criterio, la casi totalidad del memorial de agravios de fs. 108/109 bordea la deserción del recurso: de sus dos carillas y media, la primera se limita a reproducir algunos conceptos aislados que expuso el juzgador (lo que obviamente se halla desprovisto de toda sustancia crítica); la segunda página (fs. 109) desgrana una serie de argumentos que no pueden configurar, por tanto, crítica específica de lo decidido en primera instancia. Tampoco se hacen cargo ni refutan las argumentaciones del a quo que da basamento a la sentencia recurrida.

Pese a lo recién dicho, juzgo que algunas manifestaciones de fs. 108 y en mínima medida de fs. 109 -observando el criterio de amplitud que es tradicional en esta Sala para resolver sobre la suficiencia de una expresión de agravios, que es el que mejor armoniza con un cuidadoso respeto del derecho constitucional de la defensa en juicio (confr. causas 5003 del 5.4.77; 5539 del 12.8.77; 5905 del 27.5.88, entre muchas otras)- me autorizan a examinar algún planteamiento de la accionante; bien entendido que trataré los argumentos con proporcional brevedad a lo que se puede considerar agravio técnicamente fundado y por no exigir la naturaleza del tema traído a la alzada mayores desarrollos.

IV.- Efectuadas esas breves precisiones, señalo que ya no se discute que entre el actor y la compañía aérea mencionada se concretó un transporte internacional que incluyó el traslado del equipaje (véase los billetes (fs. 13), el ticket de equipaje (fs. 14) y los hechos que forman la Litis), y que “Iberia Líneas Aéreas Españolas”, delegó la realización efectiva del transporte en “Vueling Airlines S.A.” la que asumió así la condición de transportadora de hecho.

Claro es, sin embargo, que quien demanda tiene a su cargo la prueba del extravío y su valor (art. 377, Código Procesal), esto es, aportar los elementos probatorios suficientes, punto elemental para fundar su pretensión, porque no es posible dictar una sentencia condenatoria sobre la base de meras conjeturas (confr. esta Sala causa 20.478/96 del 4.5.99 y sus citas, entre otras) Y aunque prescindiéramos del hecho de que no está efectivamente probada la pérdida del equipaje, de todos modos los agravios serían improcedentes, porque en contra de lo que sostiene la actora, las circunstancias por ella apuntada no bastan para hacer a la demandada pasible de una condena.

V.- Veamos; trataré en principio la queja del actor que se refiere a la fotocopia de la nota de fs. 19 que dice ser la protesta, y que a su vez la compañía aérea niega y desconoce. Nota a la que el señor juez no le asignó validez y eficacia, conclusión que es criticada por el recurrente.

Y si la línea aérea negó expresamente su autenticidad y recepción, el demandante debió instrumentar los medios necesarios y pertinentes para acreditar los extremos negados. Y en ese sentido la jurisprudencia del Tribunal ha sido constante en considerar a la protesta como la inequívoca expresión de reclamo formulada por escrito por el reclamante -en los plazos previstos- que requiere, indudablemente, su recepción por parte del transportista. Mas la aludida protesta que a fs. 19 figura en el expediente, se encuentra redactada en francés, sin que fuera debidamente traducida al español, tal como lo exige la norma del art. 123 del Código de rito, impidiendo conocer en detalle los términos de su contenido.

Sin embargo se advierte -a través de su configuración- que la fotocopia de fs. 19 que el señor El Hayes denomina “protesta” es un “formulario” generalizado que entregó “ALYZIA” -(según aparece en el membrete)- a la señora PRIERO (esposa del actor) con las instrucciones necesarias para realizar el debido reclamo. Es más al final de dicha nota dice “Ce rapport ne constitue pas une réclamation et n’implique aucune reconnaissance de responsabilité de votre transporteur”. Traduzco: “Este informe no constituye un reclamo y no implica ningún reconocimiento de responsabilidad de vuestro transportador”. Ante semejante comunicación, el señor El Hares nada hizo para efectuar su reclamo y agotar los medios necesarios para obtener algún resultado. Y los datos aportados al caso, para probar la pérdida de su equipaje no pueden siquiera ser meritados como un factor indiciario y de convicción, en los términos del art. 163, inc. 5°, del Código Procesal. Cabe añadir que las vagas consideraciones formuladas en la expresión de agravios son inidóneas para variar la suerte del pleito en cuanto a la cuestión principal debatida.

Y al margen de cuál pudiera ser la libre convicción del juzgador, entiendo la actora no probó como le incumbía (art. 377 Código Procesal) la pérdida de su equipaje. En tales condiciones, el agravio es infundado y la sentencia en recurso está condenada al fracaso.

Tampoco el segundo agravio de la actora puede tener favorable acogida, es evidente que la tenencia del ticket de la maleta perdida (fs. 14) carece del menor valor probatorio, -valor probatorio que fue resistido concretamente por la demandada-. La tenencia del talón de equipaje encuentra su razón de ser en la realidad de la mecánica de los aeropuertos que acredita su despacho, mas no su extravío.

Debo señalar que el demandante no aportó un solo elemento de juicio capaz de crear -al menos- en el juzgador la certeza del mencionado extravío. En efecto su caudal probatorio se ciñó a la determinación del monto de las prendas adquiridas para obtener su reembolso; quedando sin el menor apoyo probatorio la cuestión nuclear debatida, esto es “la pérdida de su equipaje”. Era esa pérdida la que debía probar.

En definitiva, frente al resultado al que se arriba en autos –de conformidad con el régimen procesal vigente, que no adhiere al sistema de las libres convicciones- tiene por causa el discrecional obrar del actor en tanto omitió cumplir con la carga probatoria que, en su propio interés, contempla el art. 377 del Código de forma. Por consiguiente, las quejas expuestas en el memorial de agravios de fs.108/109 no son sustancialmente admisibles (confr. Corte Suprema, Fallos: 252:208; 255:283; 258:299; 298:220; 299:373; 302:478, entre otros).

VI.- Voto, pues, por la confirmación de la sentencia apelada, con costas a la recurrente vencida (art. 68, primer párrafo, del Código Procesal), que sigue el criterio objetivo del vencimiento o derrota.

El señor Juez de Cámara doctor Alfredo Silverio Gusman no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del R.J.N.).

El doctor Ricardo Víctor Guarinoni por razones análogas a las expuestas por la doctora Graciela Medina adhiere a su voto.

En virtud del resultado que instruye el Acuerdo que antecede, esta sala resuelve: confirmar la sentencia apelada, con costas a la recurrente vencida (art. 68, primer párrafo, del Código Procesal), que sigue el criterio objetivo del vencimiento o derrota. … Regístrese, notifíquese y devuélvase.- G. Medina. R. V. Guarinoni.

martes, 30 de septiembre de 2014

C. M. V. y otro c. Q. A. s. tenencia de hijos

CNCiv., sala J, 19/08/14, C. M. V. y otro c. Q. A. s. tenencia de hijos.

Restitución internacional de menores. Tenencia. Procesos paralelos. Jurisdicción internacional. Residencia habitual del menor. Incompetencia del juez argentino para analizar la cuestión de fondo. Archivo de la causa. Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores La Haya 1980. Convención de los Derechos del Niño. Interés superior del niño.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 30/09/14.

2º instancia.- Buenos Aires, 19 de agosto de 2014.-

Y Vistos y considerado:

I. Que a fs. 100/101 el Sr. Juez “a quo” desestima el pedido de reapertura de la etapa de mediación que dedujera el demandado, teniendo por cerrada la misma y habilitada la vía judicial para el reclamo de la actora. Asimismo, en segundo término admite el recurso de reposición que aquél interpuso a fs. 83/84 y, teniendo en cuenta el trámite impreso a la presente acción, amplía el plazo para contestar la demanda a treinta y cinco días, disponiendo la notificación de la misma por exhorto diplomático. Finalmente, impone las costas en el orden causado.

II. Disconforme con ello, se alza a fs. 110/111 la actora, reprochando que se haya ampliado el plazo para contestar la demanda y dispuesto la notificación de la misma por exhorto diplomático, en razón de encontrarse debidamente notificado de ella el demandado, conforme resulta del acta notarial de notificación que arrima a fs. 106/107.

Dichos agravios no merecieron réplica del adversario y, a fs. 121/vta. obra dictamen de la Sra. Defensora de Menores de Cámara.

III. En lo que concierne a la cuestión venida en conocimiento y al alcance de las críticas que esgrimen la parte apelante, es de señalar que, cuando la pretensión tiene por objeto el otorgamiento a la madre de la tenencia definitiva de sus dos hijas menores, el recurso en estudio se vincula con la restitución internacional de dichas niñas, solicitada por su padre –demandado en autos–, con sustento legal en la Convención de la Haya sobre Sustracción Internacional de Menores, incorporada al ámbito de los derechos de rango constitucional (art. 75, inc. 22, C.N.), resultando su incardinación en el ordenamiento nacional no sólo a título interpretativo sino un capítulo específico dentro del derecho positivo local. Ello así y atendiendo a la necesidad de acatar y cumplir a los convenios internacionales vigentes corresponde atenerse a las obligaciones que nos vinculan con el país exhortante dado que en el marco de las relaciones que surgen entre los Estados ratificantes el principio de cooperación internacional nos impone el deber de aplicar en nuestro ámbito territorial las disposiciones convencionales a las que oportunamente hemos adherido en la medida que aspiramos a evitar la responsabilidad que nos cabría como consecuencia del desconocimiento de los compromisos asumidos.

En dicho sentido nuestro más Alto Tribunal ha expresado que: “La República Argentina, al obligarse internacionalmente con otros países por este convenio (Convención de La Haya), acoge las directivas del art. 11 de la Convención sobre los Derechos del Niño: “1. Los Estados Partes adoptarán medidas para luchar contra los traslados ilícitos de niños al extranjero y la retención ilícita de niños en el extranjero. 2. Para este fin, los Estados Partes promoverán la concertación de acuerdos bilaterales o multinacionales o la adhesión a acuerdos existentes” (conf. CSJN, Fallos: 318:1284); asimismo, postula que le corresponde, como órgano supremo de uno de los poderes del Gobierno Federal, aplicar en la medida de su jurisdicción los tratados internacionales a que el país está vinculado, a fin de evitar que la responsabilidad internacional de la República quede comprometida por su incumplimiento y en la convicción de que el ejercicio de los magistrados de decir el derecho vigente aplicable a los supuestos fácticos alegados es la contribución propia del Poder Judicial a la realización del interés superior de la comunidad (conf. arg., CSJN, Fallos: 318:1289).

IV. Deviene imprescindible, entonces, advertir que el Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores adoptado en la Conferencia de La Haya sobre Derecho Internacional Privado del 25 de octubre de 1980, tratado que fue aprobado por la ley 23.857 (vigente en la República Argentina a partir del 1º de junio de 1991), tiene por finalidad “garantizar la restitución inmediata de los menores trasladados o retenidos de manera ilícita en cualquier Estado contratante” (art. 1º, inc. a).

Es decir, que lo que se pretende a través de este procedimiento, es una solución de urgencia y provisoria y, en ese sentido, se deben agilizar los procedimientos y prácticas, a fin de que no se contraponga y afecte el interés superior del niño con la finalidad misma del procedimiento de restitución.

En tal sentido, se ha sostenido que, conforme el espíritu que emana de dichas normas, el magistrado requerido está al servicio del juez exhortante, en la medida que se trata de una materia donde no hay decisiones definitivas en sentido absoluto, ya que una alteración en las circunstancias que enmarcaron el pedido restitutorio puede provocar un cambio en la decisión adoptada (conf. arg. Kaller Orchansky, Berta, “Nuevo Manual de Derecho Internacional Privado”, pág. 11, Ed. Plus Ultra, Buenos Aires, 1991).

De tal forma, la convención de la Haya –tanto como el Convenio Argentino-Uruguayo sobre Protección Internacional de Menores de 1981, como la Convención Interamericana de sobre Restitución Internacional de Menores– resuelven que la ley de la residencia habitual rige a la custodia, tenencia, guarda, patria potestad u otros derechos, como los involucrados en autos. En efecto, queda limitado el derecho al ejercicio de la jurisdicción del Estado donde los menores se encuentren, pues no le compete al Estado requerido investigar en materia de fondo. La autoridad competente del Estado donde se encuentre el niño no debe inmiscuirse, a fin de que no se produzcan dilaciones en la restitución.

Ello así, por cuando la finalidad de la Convención, como se dijo, es la pronta restitución de los menores trasladados o retenidos ilegítimamente y no hacer depender su retorno de discusiones en materia de fondo.

A su vez, una segunda medida para evitar la investigación de fondo se manifiesta al autoproclamarse la Convención de la Haya sobre Sustracción como jerárquicamente superior al “Convenio del 05/10/1961 relativo a la Competencia de las Autoridades y a la Ley Aplicable en materia de Protección de Menores” y al ordenar a a los Estados que tengan ambos convenios vigentes, que den prioridad al de Sustracción (conf. Alicia M. Perugini Zanetti, en “Derecho Internacional Privado”, de Werner Goldschmidt, Ed. Abeledo-Perrot, Décima edición actualizada, pág. 553 y ss.).

En suma, la Convención dispone que el debate sobre las cuestiones de fondo en torno a la tenencia, debe realizarse en el fuero de la residencia habitual de los menores antes de su desplazamiento. Así, impone al tribunal ejecutante el reintegro inmediato, sin entrar a debatir las cuestiones de fondo que pudiere presentar el caso (conf. Rapallini, Liliana, en “Planteo de oposiciones a la restitución internacional de niños”, LL, 2012-F, 208).

V. A tenor de lo explicitado y del análisis de las constancias que emanan de ambos procesos, en la medida que la Convención mantiene en la materia la jurisdicción del estado en el que tenían la residencia habitual los menores previo al desplazamiento, se verifica “prima facie”, que el “a quo” no tiene jurisdicción internacional para conocer y decidir sobre la tenencia definitiva de las menores respecto de las cuales se encuentra sustanciándose el pedido de restitución internacional; no siendo, por ende, la elegida por la accionante, la vía pertinente para solicitar la tenencia definitiva de las niñas.

En razón de esta limitación jurisdiccional y sin dejar de exhortar al sentenciante de grado sobre el imperativo legal de orden público de la rápida restitución, sin debate sobre temas que hacen al fondo de la materia; frente al estado del proceso iniciado con motivo del pedido de restitución paterno (expte. n°113.978/2010), hemos de revocar la resolución bajo recurso y disponer que en el grado se tomen las medidas pertinentes para el archivo de estos obrados.

Ello, en orden a lo normado por el artículo 34, inciso 5° del Código Procesal, que pone a cargo de los magistrados la tarea destinada al examen de admisibilidad de la demanda, que importa tanto la verificación de sus requisitos formales como la comprobación de las razones de fondo.

Dicha prerrogativa, en la medida que constituye, como se ha dicho, un deber del juzgador, debe ser ejercida aún de oficio; materia que obliga igualmente a esta alzada, pues le corresponde, como órgano jurisdiccional superior en esta causa, aplicar en la medida de su jurisdicción, los tratados internacionales a que el país está vinculado, a fin de evitar que la responsabilidad internacional de la República quede comprometida por su incumplimiento y en la convicción de que el ejercicio de los magistrados de decir el derecho vigente aplicable a los supuestos fácticos alegados es la contribución propia del Poder Judicial a la realización del interés superior de la comunidad (conf. arg., CSJN, Fallos: 318:1289).

Por lo demás, tal como se puso de manifiesto en los autos vinculados (Expte. n°42339/2012, Incidente Nº 1 –Q., V. – Q., A. s/art. 250 CPC- incidente familia) a fin de lograr la efectiva y concreta rapidez que exige el caso, se exhorta tanto a las partes como al magistrado interviniente, a fin de que arbitren los medios necesarios para su realización, con la celeridad que la cuestión requiere; más aún, de tenerse en cuenta que en el supuesto de decretarse la restitución de las menores, ello no implica prejuzgamiento sobre la determinación definitiva de su tenencia, custodia o guarda.

En mérito a lo considerado y en orden a lo establecido por las normas legales citadas, oído que fuera el Ministerio Pupilar, se resuelve: Revocar la resolución apelada y disponer el archivo de las presentes actuaciones, en tanto el Sr. Juez “a quo” carece de jurisdicción para conocer sobre la tenencia definitiva de las menores involucradas. Regístrese. Comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Acordada N° 15/13, art. 4°) y devuélvase a la instancia de grado haciéndose saber que deberá disponerse la notificación de la recepción de las actuaciones y el presente fallo, en forma conjunta.- M. del R. Mattera. Z. D. Wilde. B. A. Verón.

lunes, 29 de septiembre de 2014

M., A. C. c. I., A. R. s. nulidad de matrimonio

CNCiv., sala G, 01/09/14, M., A. C. c. I., A. R. s. nulidad de matrimonio.

Matrimonio celebrado en EUA. Impedimento de ligamen. Nulidad. Bigamia internacional doble. Jurisdicción internacional. Último domicilio conyugal. Domicilio del demandado. Derecho aplicable. Lugar de celebración. Código Civil: 227, 159.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 29/09/14.

En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 1 días de septiembre de dos mil catorce reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, para conocer en el recurso de apelación interpuesto en los autos caratulados: “M., A. C. c. I., A. R. s. nulidad de matrimonio”, respecto de la sentencia de fs. 288/294, aclarada a fs. 296, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver: ¿Es justa la sentencia apelada?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía realizarse en el siguiente orden: Señores Jueces de Cámara Doctores Carlos Carranza Casares - Beatriz Areán - Carlos Alfredo Bellucci.-

A la cuestión planteada el Señor Juez de Cámara Doctor Carranza Casares dijo:

I.- La sentencia de fs. 288/294, aclarada a fs. 296, decretó la nulidad del matrimonio de A. C. M. y A. R. I. celebrado en la ciudad de Las Vegas del Estado de Nevada de Estados Unidos de Norteamérica el 16 de marzo de 2002 y reconoció la buena fe de la cónyuge, con costas al vencido.

A tal efecto, expresó el pronunciamiento que estaba acreditado que el matrimonio de las partes estaba viciado de nulidad por haber sido celebrado con impedimento de ligamen ya que el cónyuge estaba casado, pero como el demandado no había logrado probar que esta circunstancia era conocida por la aquí actora correspondía reconocer la buena fe invocada por ella.

II.- El vencido apeló el fallo y presentó su memorial a fs. 314/316, cuyo traslado fue respondido a fs. 318/322.

Sobre la base de la interpretación que efectúa de la prueba documental, informativa y testifical, requiere que se declare la mala fe de ambos contrayentes.

A fs. 329/330 obra el dictamen del representante del Ministerio Público Fiscal ante esta Excma. Cámara.

III.- Con competencia atribuida por el art. 227 del Código Civil al juez del último domicilio conyugal efectivo o al del domicilio del demandado, y derecho aplicable en su lugar de celebración (art. 159 del Código Civil), en el caso el del Estado de Nevada (Revised Statutes, NRS 125.290, coincidente con el art. 166, inc. 6 de nuestro Código Civil), se decretó en esta causa la nulidad del matrimonio que las partes suscribieron el 16 de marzo de 2002 en la ciudad de Las Vegas.

La anulación declarada en este caso de bigamia internacional doble (cf. CNCiv., sala I, “H., B. M.” del 16/3/00, en La Ley 2000-D, p. 88; ídem, sala M, “C., G. A. c/ G., G. M.” del 11/8/06 en MJD3139; íd., sala D, “V., H. c. L., A. J. C. s/ Nulidad de matrimonio”, del 03/06/2010, en La Ley online AR/JUR/40240/2010), ha sido consentida y sólo se cuestiona en esta instancia el reconocimiento de la buena fe de la actora efectuado por la sentencia (cf. art. 162 del Código Civil).

El art. 224 del Código Civil prescribe que la mala fe de los cónyuges consiste en el conocimiento que hubieren tenido, o debido tener, al día de la celebración del matrimonio, del impedimento o circunstancia que causare la nulidad. No habrá buena fe por ignorancia o error de derecho. Tampoco la habrá por ignorancia o error de hecho que no sea excusable, a menos que el error fuere ocasionado por dolo.

De ello se infiere que la buena fe radica en el desconocimiento del impedimento o circunstancia que provoca la invalidez.

Esta ignorancia y por ende la buena fe que de ella deriva, como regla, ha de ser presumida, por tratarse de un principio que surge de normas análogas como los arts. 2364 y 4008 del Código Civil (art. 16 del citado código), tal como mayoritariamente sostiene la doctrina (cf. Borda, Tratado de Derecho Civil, Familia, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2008, t. I, p. 181; Perrino, Derecho de Familia, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2011, t. I, p. 820; Sambrizzi, Tratado de Derecho de Familia, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2010, p. 397; Méndez Costa, en Córdoba, Tratado de la Buena Fe en el Derecho, Ed. La Ley, 2004, t. I., p. 612; Hernández, en Bueres, Higton, Código Civil, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2005, t. 1B, p.258; Solari, “La buena fe en la nulidad del matrimonio”, en La Ley 2009-C, p. 511; X Jornadas Nacionales de Derecho Civil, Corrientes, 2003) y la jurisprudencia (C.N.Civ., sala G, “C. de M., M.C. c/ M., J.M.”, del 29/10/85, en La Ley 1986-B, p. 408; ídem, sala H, “L., J.P. c/ A., B.F. s/ nulidad de matrimonio”, del 16/7/97, en MJJ9052; íd., sala L, “M.J.M. c/ E.N.S. s/ nulidad de matrimonio”, del 28/4/95, en MJJ9394, entre otros). Y responde asimismo a la idea genérica de que las personas obran con corrección mientras no se demuestre lo contrario o no resulte de sus propios actos (cf. Belluscio, Manual de Derecho de Familia, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2011, p. 328).

La presunción de buena fe como directiva o estándar juega como categoría residual a falta de prueba de los hechos que infieren directamente el obrar de buena o mala fe. Categoría residual -última ratio, diríamos- que la ley, en su caso la inferencia de los principios generales del derecho, brindan al juez cuando no fuere posible subsumir los comportamientos en pautas concretas (Zannoni, Derecho Civil, Derecho de Familia, Ed. Astrea, Buenos Aires, 2002, t. I, p. 395).

La sentencia ha considerado que el demandado no ha demostrado su aserto en cuanto a que su contraria estaba al tanto del impedimento legal subsistente al tiempo de celebrarse el matrimonio y adelanto que he de acompañar tal conclusión no obstante los agravios esgrimidos por el aquí recurrente.

El testigo de fs. 197/198, dependiente de la empresa creada por el demandado (fs. 182), recién conoció a la actora después de su casamiento con este último y manifestó “supongo solamente” que ella conocía el estado civil del otro contrayente porque “él no es una persona que esconda sus cosas” y agregó que la celebración fue por “una cuestión de visa, para poder estar en EEUU” donde él trabajaba, “de esta manera le permitía estar a Andrea, su hija y creo que a sus suegros también”. El de fs. 200, también dependiente de la aludida empresa (fs. 183) que trató a la demandante ya casada con aquél, coincidió en cuál había sido la finalidad de la celebración del matrimonio, aunque expresó desconocer si a la sazón ella estaba enterada del estado civil del futuro marido. Y el de fs. 202/203, compañero de trabajo de los anteriores (fs. 179) que entabló trato con las partes en 2004, al ser preguntado sobre el conocimiento de la contrayente sobre el estado civil de quien iba a ser su cónyuge, contestó “no me consta efectivamente, pero no sé por qué no, no era algo secreto, presumo que ella lo sabía”.

En este punto es oportuno recordar que el art. 456 del Código Procesal dispone que el juez ha de apreciar, según las reglas de la sana crítica (art. 386 del citado cuerpo legal), las circunstancias y motivos que corroboren o disminuyan la fuerza de las declaraciones. Como así también que esas reglas son las de la lógica, la experiencia y el sentido común, que constituyen el soporte del correcto entendimiento judicial (Fallos: 316:1877; 321:2990; 335:729), que no ha de prescindir del curso natural y ordinario de las relaciones humanas (Fallos: 316:247; 321:1596; 325:450).

Tales declaraciones, por otra parte, han de ser integradas y armonizadas con otras constancias de la causa, efectuando un examen completo de los distintos medios probatorios, lo cual tiende a resguardar la garantía de la defensa en juicio y el debido proceso (Fallos: 320:726; 322:1325; 323:1989; 325:1616; 326:2211).

Bajo tales premisas, las meras suposiciones de los declarantes, que conocieron a la cónyuge después del casamiento, no recuerdan ninguna ocasión en que las partes y alguno de ellos aludieran expresamente al estado civil de aquéllas (como destaca el dictamen fiscal) y son dependientes de la empresa fundada por el demandado, resultan insuficientes como para tener por demostrado que la actora efectivamente conocía que este último carecía de aptitud nupcial por no haberse aun divorciado de su anterior mujer.

Como también señala el dictamen del Ministerio Público, la mera compulsa del pasaporte del marido que lo indicaba como casado, aun en el caso de que la demandante lo hubiera tenido a la vista (lo que no se probó en modo alguno), tampoco sería relevante por sí, puesto que tal documento había sido emitido en 1998. Además, no puedo soslayar que el propio demandado ha manifestado que había promovido el juicio de divorcio vincular de su anterior matrimonio en el año 1999 al tiempo de conocer a su futura nueva mujer a quien anotició de ello, aunque por distintas vicisitudes sólo se concretó después del celebrado con la actora (fs. 44 vta.).

IV.- En mérito de lo expuesto, después de haber examinado las argumentaciones y pruebas conducentes, propongo al acuerdo confirmar el pronunciamiento recurrido, con costas de alzada al vencido (art. 68 del Código Procesal).

Los Señores Jueces de Cámara Doctores Beatriz Areán y Carlos Alfredo Bellucci votaron en el mismo sentido por razones análogas a las expresadas en su voto por el Doctor Carranza Casares. Con lo que terminó el acto.

Buenos Aires, 1 de septiembre de 2014.-

Y VISTOS:

Por lo que resulta de la votación de que instruye el acuerdo que antecede, oído el Sr. Fiscal de Cámara, SE RESUELVE: I.- Confirmar el pronunciamiento recurrido, con costas de alzada al vencido. II.- Devueltas que sean las actuaciones se proveerá lo pertinente a fin de lograr el ingreso de la tasa judicial (arts. 13 y conc. de la ley 23.898). … Se deja constancia de que la publicación de esta sentencia se encuentra sujeta a lo establecido por el art. 164, segundo párrafo, del Código Procesal. Regístrese, notifíquese por Secretaría al domicilio electrónico denunciado o en su caso, en los términos del art. 133 del CPCC, conforme lo dispone la Ley 26.685 y acordadas 31/11 y 38/13 de la CSJN, oportunamente cúmplase con la acordada 24/13 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.- C. A. Carranza Casares. B. Arean. C. A. Bellucci.

lunes, 12 de mayo de 2014

Garayo, Alicia Beatriz c. American Airlines

Juzgado Federal N° 1, Neuquén, 04/03/13, Garayo, Alicia Beatriz c. American Airlines y/o quienes resulten responsables s. daños y perjuicios.

Transporte aéreo internacional. Transporte de personas. Argentina – EUA – España - EUA – Argentina. Jurisdicción internacional. Convención de Varsovia de 1929: 28.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 12/05/14.

General Roca, 4 de marzo de 2013.-

Y VISTO: El recurso de apelación deducido por la actora contra la resolución de fs.655/659, mediante la cual la señora jueza federal de Neuquén admitió la excepción de incompetencia opuesta por la demandada y ordenó remitir las actuaciones al magistrado en turno en el fuero Civil y Comercial Federal de la ciudad de Buenos Aires, una vez que la sentencia quedara firme;

Y CONSIDERANDO: Que de acuerdo con lo establecido en el art. 26 del decreto ley 1.285/58, es facultad de las cámaras de apelaciones dictar sus resoluciones interlocutorias por voto de los magistrados que las integran, por lo que en esta ocasión cada uno de los miembros del tribunal emitirá su opinión en la forma que sigue.

El Dr. Mariano Roberto Lozano dijo:

1. La actora demandó a la empresa American Airlines -y/o aquellos que resultaran responsables-, persiguiendo el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por las lesiones psicofísicas que, según estimó, son consecuencia directa de un viaje internacional que por vía aérea realizó junto a su familia. Sostuvo haber sufrido el denominado “síndrome del turista” que, según relata, abarca el trastorno de trombosis venosa profunda, provocado por la permanencia inmóvil durante lapsos prolongados en espacios reducidos. La señora jueza de grado admitió la excepción de incompetencia opuesta por la demandada. Para decidirlo así, y tras recordar la regla según la cual para dilucidar cuestiones de competencia debe estarse, principalmente, a la exposición de los hechos efectuada en la demanda, sostuvo que la señora Garayo había celebrado un contrato de transporte aéreo internacional de pasajeros con American Airlines Inc., para viajar desde Buenos Aires a Nueva York y luego a España; para finalmente regresar desde Miami a la ciudad de Buenos Aires. Sobre la base de ello entendió que se estaba ante un eventual caso de responsabilidad civil contractual (por incumplimiento del “deber tácito de seguridad accesoria de conducir al pasajero sano y salvo al lugar de destino” nacido de un contrato de transporte aéreo internacional), para cuya asignación de competencia territorial debía estarse, antes que a las previsiones de la ley procesal local, y dado que los lugares de destino contratados estaban en territorio de países firmantes de la Convención de Varsovia, a lo que a la sazón prescribe su art. 28. Luego, concluyó que ninguno de los puntos de conexión territorial previstos en esa norma para la atribución de competencia a tribunales argentinos (domicilio del transportador, de la sede principal de su explotación o del lugar donde posea un establecimiento por cuyo intermedio se hubiera celebrado el contrato, o el lugar de destino) se encontraba dentro de la jurisdicción del juzgado a su cargo, declinando su intervención y ordenando la remisión de la causa a la justicia en lo Civil y Comercial Federal de la CABA.

2. Tal decisión originó el recurso de apelación de fs. 661 y la expresión de agravios obrante a fs. 663/670vta.

En lo sustancial que hace a la cuestión que motiva la intervención de este cuerpo, la recurrente alegó que la norma aplicable al caso era el art. 5 inc. 3 del CPCC. –y no los convenios de Varsovia y de La Haya-, como sostuviera la a quo. En ese sentido, manifestó que la postura del Ministerio Público Fiscal ante la primera instancia, si bien había sido contraria a su reclamo, tenía como base exclusivamente la normativa nacional; y que dicha nota se había mantenido incólume tanto en la actuación previa de la propia magistrada, como en la anterior intervención de esta cámara en los presentes autos. Estimó que resultaba arbitraria la repentina introducción en la resolución recurrida, de los citados convenios como marco legal aplicable al caso, pues ello estaba en franca contradicción con el accionar desplegado hasta ese momento por la a quo. Por último, y tras referirse a las normas de derecho de fondo en que apoyó la pretensión resarcitoria, sostuvo que en el caso se había suscripto un contrato de transporte sucesivo, por lo que el lugar de contratación era la ciudad de Neuquén, donde habían sido adquiridos los boletos y había iniciado y concluido el viaje.

3. Ante todo, cabe señalar que no resulta necesario seguir al apelante en todas y cada una de las argumentaciones que pone a consideración de la alzada, sino tan sólo aquéllas que son conducentes para decidir el caso y bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (conf. C.S.J.N. en Fallos 258:304; 262:222; 265:301, entre muchos otros). En ese sentido, señalo que no haré consideración alguna en punto a las cuestiones tratadas en la fundamentación del recurso, que ninguna vinculación tienen con la cuestión de competencia que aquí se debate (vgr., lo que se dice en punto a la importancia de dar cabida a las normas que protegen la salud y la vida de las personas, entre otras).

Sentado ello, apunto también que la apelante no ha intentado siquiera atacar la argumentación medular de la resolución recurrida, que llevó a la a quo a entender que la cuestión de competencia planteada debía ser dilucidada sobre la base de lo que prescribe la Convención de Varsovia –y su modificación posterior de La Haya-.

En efecto, en lugar de ello la recurrente se limitó a manifestar su opinión contraria con la expresada en el auto recurrido, pero sin decir por qué razón la conclusión a la que allí se arribó es equivocada. Lejos de eso, puso casi todos sus esfuerzos en remarcar presuntas contradicciones entre ciertas apreciaciones surgidas del dictamen fiscal vertido en la instancia anterior, y lo decidido por la señora magistrada. Contradicciones que, a decir verdad, ni siquiera son tales, pues solo están dando cuenta de opiniones diversas entre dos organismos distintos e independientes que conforman el sistema de administración de justicia –el ministerio público por un lado, y el poder judicial por el otro-, en el que casi sobra decir, lo que opina el primero no le es impuesto al segundo.

En suma, no habiendo la recurrente refutado con éxito la conclusión de que el asunto debe ser resuelto según lo que prescribe la Convención de Varsovia, y mucho menos, demostrado que la aplicación en el caso de las normas atributivas de competencia territorial que allí se establecen llevan a una solución distinta que la adoptada en la instancia anterior, se impone, en mi opinión, el rechazo del recurso. Así lo propongo al acuerdo.

Las costas de la alzada deberían quedar a cargo de la actora vencida, por aplicación del principio objetivo de derrota.

Los honorarios de esta instancia deberían establecerse, en mérito a la cantidad y calidad de las labores cumplidas y lo dispuesto en el art.14 de la ley 21.839, en el 25% y 27% para la representación y patrocinio letrado de la actora y de la demandada, respectivamente, de los estipendios que oportunamente se regulen a cada una de ellas en la instancia precedente por sus labores respecto del incidente resuelto a fs. 655/659.

El doctor Richar Fernando Gallego dijo:

Coincido con lo expuesto en el voto que antecede y adhiero a la propuesta que formula.

El doctor Ricardo Guido Barreiro dijo:

Adhiero a las conclusiones del primer voto y me pronuncio de la misma manera.

Por lo expuesto, y de conformidad con lo dictaminado por el Sr. Fiscal General, el tribunal resuelve: I. Rechazar el recurso en estudio, con costas de alzada a cargo de la recurrente vencida, regulando los honorarios en la forma indicada en el último considerando del primer voto; II. Registrar, notificar y devolver.- M.R. Lozano. R.F. Gallego. R.G. Barreiro.

lunes, 14 de abril de 2014

Parra, Laureano s. sucesorio

Juz. Civ. y Com. 5, Formosa, 04/06/13, Parra, Laureano s. sucesorio s. inc. de exclusión de herederos.

Matrimonio celebrado en Argentina. Segundo matrimonio en Paraguay. Impedimento de ligamen. Muerte del cónyuge. Efectos extraterritoriales del segundo matrimonio en Argentina. Desconocimiento. Carencia de legitimación sucesoria.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 14/04/14.

Formosa, 4 de Junio de Dos Mil Trece.-

VISTOS: Estos autos caratulados: “PARRA LAUREANO S/JUICIO SUCESORIO (SUCESORIO)” INC. DE EXCLUSION DE HEREDEROS (PARRA, SANDRA MARIELA Y PABLO DANIEL), Expte. N° 434 –F° 37 – Año 10, del registro de este Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 5, de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia, venidos a despacho para resolver, y;

CONSIDERANDO:

Que a fs. 3 (fol.rect.), los Sres. Sandra Mariela y Pablo Daniel, ambos de apellido PARRA, solicitan la exclusión en el expediente sucesorio “Laureano Parra s/Sucesorio” de la Sra. Celestina Chavez, en mérito a la existencia de matrimonios subsistentes, alegando que la misma se presenta en los mencionados autos con el fin de convalidar un matrimonio celebrado con el causante en un país extranjero, violando, dicen, el orden público vigente, la moral y las buenas costumbres.

Refieren que a la fecha de celebración de ese matrimonio, el causante se encontraba casado con su madre, Sra. Clara Martínez y que a su vez, la Sra. Chavez se encontraba casada con Robustiano Amarilla, adjuntado las respectivas actas de matrimonio. Señalan que el matrimonio de Parra con Clara Martínez se celebró en el año 1971 y se disolvió por divorcio en el año 2005; mientras que el celebrado con el mismo y la Sra. Chavez en la República del Paraguay ha sido en el año 1992.

Invocan los arts. 166 del CC que establece los impedimentos para contraer matrimonio; art. 160; 219 de dicha normativa de fondo, y citan abundante jurisprudencia.

A fs. 8 (fol.rect.), se tuvo por iniciado incidente de Exclusión de Herederos y se ordenó correr traslado a la Sra.Celestina CHAVEZ, y corrió vista al Sr. Agente Fiscal.

A fs. 12 (fol.rect.), a petición de parte se dió por decaído el derecho dejado de usar por la Incidentada, por no haber contestado el traslado conferido.

A fs. 14 (fol.rect.), obra agregado el dictamen Fiscal y a fs. 17 (fol.rect.), se dispuso el pase de los autos a despacho para resolver, en resolución que se encuentra firme y consentida.

Que así planteaba la cuestión traída a debate, y examinados los elementos arrimados, surge y mas precisamente del Certificado del Acta de Matrimonio, que rola agregado a fs. 133 del expediente sucesorio que corre por cuerda, surge que el causante Laureano PARRA con fecha 30 de enero del año 1992 contrajo enlace en la ciudad de Limpio, de la República del Paraguay, con la Sra. Celestina CHAVEZ, aquí incidentada.

A su vez, de fs. 1 del presente incidente se desprende que con 06 de julio del año 1971 Celestina CHAVEZ contrajo matrimonio con Robustiano Amarilla en esta Ciudad y a fs. 2, se encuentra agregada la partida de matrimonio del de cujus con la Sra. Clara Martínez ocurrido el 09 de noviembre de 1971, también en esta Ciudad y cuya anotación marginal se desprende que en julio del año 2005, según los incidentistas, dado la ilegibilidad de la fecha, en el expte. 762/2002, del registro del Excmo. Tribunal de Familia de esta Provincia, se decretó el divorcio conyugal.

Que tales documentales no han sido objetadas por la Sra. Chavez, quien, a su vez, guardó silencio ante el traslado que le fuera conferido del presente, por lo que procederé al tratamiento de la cuestión traída en autos.

Sentado lo expuesto, cabe recordar que por medio de las presentes actuaciones se pretende excluir a la Sra. Celestina Chavez, por la existencia de matrimonios preexistentes, lo que surge de la documental adjuntada, ya que a poco que se tenga en cuenta que la incidentada Chavez, habría contraído matrimonio en el año 1971 con Robustiano Amarilla (fs.1), y que por su parte Laureano Parra lo ha hecho con Clara Martínez, también en ese mismo año -1971- -fs.2-, habiendo perdurado éste hasta el año 2005, año en que obtuviera el divorcio conyugal, como ya se ha sostenido. Que habiéndose casado la aquí incidentada con el causante Parra en el año 1992, en la República del Paraguay, -fs.133 del sucesorio-, resulta ostensible que en ese período ambos se encontraban imposibilitados de celebrar un matrimonio dado la existencia del impedimento de ligamen, ya que al momento de contraer matrimonio en el país vecino, ambos contrayentes eran de estado civil: casado, conforme al vínculo anterior contraído en Argentina-art.9 inc. 5 de la Ley de Matrimonio-; por lo que cabe concluir que el matrimonio celebrado en el extranjero por ambos, resulta ineficaz a los fines pretendidos por Chavez en el expediente sucesorio, esto la ampliación de la Declaración de Herederos a su favor, dado que no produce efectos civiles.

El caso traído a debate ha sido denominado por algunos doctrinarios-Molinario, Borda, Lazcano, Bidart Campos entre otros- como “matrimonio inexistente”, cuando ha sido celebrado in fraudem legis al haberse contraído matrimonio primero en la Argentina y sin estar disuelto éste celebran un matrimonio en el extranjero; para otros, no se trataría de un matrimonio inexistente –por existir consentimiento y ha sido expresada ante el oficial público encargado del Registro Civil-, sino carente de eficacia extraterritorial, “posición, ésta, que fue recogida por la Corte Suprema a partir del caso “Rosas de Egea” (12/5/69, “Fallos”, 273-363; “LL”, 135-624; “J.A.”, 3-1969-494, y “E.D.”, 27-429; en el mismo sentido, “Rodríguez de Dinápoli”, 11/9/84, “L.L.”, 1984-D-467), y luego por el fallo plenario de la Cámara Civil de la Capital del 8 de noviembre de 1973 (“L.L.”, 154-208; “J.A.”, 22-1971-289, y “E.D.” , 54-136)..” (Conf. “Manual de Derecho de Familia” T.I, Augusto César Belluscio, 4ta. edic. Actualizada, ed. Depalma, 1986- p.296-297).

Ahora bien, no escapa que ante una situación como la que nos ocupa, a los fines de obtener la nulidad del matrimonio, ello no puede ser tratado en un incidente, por la sencilla razón que se requiere una investigación profunda ya que por la magnitud de la figura –nulidad de matrimonio-, se requiere un conocimiento mayor, por cuanto deberá evaluarse, seguramente, entre otros, la buena o mala fe de ambos contrayentes, lo que escapa en el marco de un incidente. De todos modos lo que aquí se pretende es la exclusión de la Sra. Chávez como heredera en el proceso sucesorio, en el que a la postre, no ha sido incluida, por lo que no cabe su exclusión; sin embargo, resulta evidente que la misma no puede ser declarada heredera, porque como se ha sostenido precedentemente, el matrimonio celebrado en el extranjero con existencia del impedimento de ligamen que surgiría de un matrimonio previo contraído en este país, resulta ineficaz a los fines sucesorios.

Cabe traer a colación un interesante fallo dictado por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, registrado bajo el número B57303 del 30 de agosto del año 2000, similar al caso de autos, en cuanto a la situación del matrimonio celebrado en país extranjero; pero que allí se requería el otorgamiento de una pensión en la Caja de Previsión Social, autos “Medina de Cabanillas, Blanca Elsa c/Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires. Demanda contencioso administrativa”, así el Dr. Pettigiani en su voto ha sostenido: “....En ese orden, el plexo jurídico aplicable a la situación fáctica de autos no sería otro que el establecido por el art. 13 del Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1940 ratificado por la Argentina el 18VII1956, el Paraguay el 29II1958 y Uruguay el 12XII1942, que, en lo que interesa, establece que ““la existencia y validez” del matrimonio “se rigen por la ley del lugar donde se celebra” (lex loci celebrationis); “sin embargo los Estados signatarios no quedan obligados a reconocer el matrimonio celebrado en uno de ellos cuando se halle viciado por alguno de los siguientes impedimentos ... el matrimonio anterior no disuelto legalmente”. Esta cláusula especial de orden público, que funciona como norma material de derecho internacional privado (conf. Boggiano, A., ”Derecho Internacional Privado”, t. I, pág. 724, ed. Abeledo Perrot, 1991, obraría como verdadero dique de contención del reconocimiento de dicha unión en tanto hecho del derecho previsional solicitado... Enfocado desde este miraje, pues el matrimonio celebrado entre la actora y el escribano ... en la República del Paraguay carece de virtualidad para erigirse como hecho constitutivo válido del derecho pensionario que se reclama. II. Pero más aún considero que supuesto sub examine configura un claro caso de inexistencia matrimonial como lo tengo decidido en Ac. 58.157 sentencia del 4IX1997. En tales condiciones la inexistencia del pretendido segundo matrimonio es clara. Al celebrarlo en la República del Paraguay como en la especie ambos contrayentes sabían que no tenían aptitud nupcial y que no podían prestar válidamente su consentimiento. Siendo así “... el consentimiento que intercambian los contrayentes en casos tales en nada se diferencia del que se han conferido recíprocamnte los concubinos que viven maritalmente, ya que el envío meramente formal de partidas extranjeras carente de todo valor no agrega nada a la esencia del hecho realizado por uno y otro caso; “no hay ... voluntad de obligarse y consiguientemente no ha llegado a constituirse el acto jurídico...”, conforme el fallo citado extraído de SISTEMA JUBA-SCBA, On Line.

Que en el caso de autos resulta ostensible la relación sentimental, existente entre la incidentada y el de cujus, surgiendo ello de las partidas de nacimiento de: Irma Raquel; José Santos; Jésica Beatriz; (fs.4/6), todos de apellido PARRA, siendo hijos del causante y la Sra. Chávez Celestina; quienes han sido declarados herederos a fs. 51, juntamente con otros hijos del causante con quien fuera su cónyuge Clara Martínez; sin embargo y conforme lo reseñado precedentemente, ello no alcanza para que Chavez sea declarada también heredera, simplemente porque no lo es; toda vez que al momento de contraer enlace con el de cujus en el extranjero, ambos se encontraban con impedimento de ligamen para hacerlo, en mérito a la subsistencia del matrimonio anterior celebrado en este país.

Que por todo lo expuesto y de conformidad a la normativa aplicable y jurisprudencia citada:

RESUELVO:

I.- DECLARAR ineficaz el matrimonio celebrado en la República del Paraguay, entre los Sres. Laureano PARRA y Celestina CHAVEZ, cuya acta de matrimonio obra a fs. 133 del expediente sucesorio que rola agregado por cuerda, a los efectos de la inclusión de esta última en la Declaratoria de Herederos peticionado a fs. 135 del sucesorio.

II.- DENEGAR la ampliación de la Declaratoria de Herederos peticionada por la Sra. Celestina CHAVEZ, por los fundamentos dados en los “Considerandos”.

III.- SIN COSTAS, atento a la falta de contradictorio (art. 68 2da. Parte del CPCC).

REGISTRESE, insértese copia en el Libro respectivo. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE O POR CÉDULA. Cumplido siga la causa principal según su estado.- G. P. Lugo.