viernes, 7 de noviembre de 2014

Rhodia Brasil Ltda. c. Proarmet. 2 instancia

CNCom., sala F, 24/08/10, Rhodia Brasil Ltda. c. Proarmet S.A. s. ordinario.

Compraventa internacional de mercaderías. Vendedor: Brasil. Comprador: Argentina. Falta de pago. Pesificación. Rechazo. Excepciones. Dec. 410/02. Derecho aplicable. Lugar de cumplimiento. Prestación más característica. Incoterms. Cláusula FOB. Puerto de embarque.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 07/11/14.

En Buenos Aires a los 24 días del mes de agosto de dos mil diez, reunidos los señores jueces de cámara en la sala de acuerdos fueron traídos para conocer los autos “Rhodia Brasil Ltda. c. Proarmet S.A. s. ordinario” (Registro de Cámara N° 67845/2004; Causa N° 84162; Juzg. 8 Sec. 15) en los que al practicarse la desinsaculación que ordena el art. 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación resultó que la votación debía tener lugar en el siguiente orden: Doctora Tevez, Doctor Barreiro y Doctor Ojea Quintana.

Estudiados los autos la Cámara plantea la siguiente cuestión a resolver: ¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada de fs. 500/511?

La Señora Juez de Cámara Doctora Alejandra N. Tevez dice:

I. Antecedentes de la causa:

a. Rhodia Brasil Ltda. (en adelante, “Rhodia”) promovió este pleito contra Proarmet S.A. (en adelante, “Proarmet”), por cobro de dólares estadounidenses treinta y cinco mil setecientos setenta (u$s 35.770) con más los intereses y las costas.

Sostuvo que es una empresa dedicada a la producción y comercialización de productos químicos. Expuso que vendió a la demandada la mercadería detallada en las facturas Nro. OF040 y Nro. OF041, que no le fue abonada.

Así las cosas, dijo que frente al fracaso de las negociaciones extrajudiciales que intentó para su cobro, inició el presente juicio.

Arguyó que no correspondía aplicar al “sub lite” la normativa de emergencia económica, pues el origen de la deuda es la compraventa de productos químicos importados.

Ofreció prueba y fundó en derecho su pretensión.

b. A fs. 87/90 se presentó Proarmet y contestó demanda. Solicitó el rechazo de la acción, con costas.

Por imperativo procesal negó todos y cada uno de los hechos expuestos en el escrito de demanda.

Reconoció las operaciones detalladas en las facturas acompañadas.

Explicó que el pago se pactó con la emisión y entrega de letras de cambio a ciento cincuenta (150) días de la fecha de las facturas.

Así, denunció que en el instante en que se emitieron las letras y se aceptaron, las facturas quedaron canceladas, naciendo la obligación de pago de las letras giradas contra el Banco Europeo para América Latina.

Como fundamento de su defensa arguyó que la actora -con el objeto de cobrar esos títulos- inició los autos: “Proarmet S.A. s/ pedido de quiebra por Rhodia Argentina S.A.”, que tramitaron por ante el Juzgado del fuero Nro. 25 Secretaría Nro. 50. Denunció que el pleito concluyó por allanamiento de Rhodia a la excepción de inhabilidad de título interpuesta debido a que las cartulares carecían de fuerza ejecutiva, ya que no habían sido aceptadas.

Destacó que de sus registros contables no surgía deuda alguna con la accionante y que todas las obligaciones se cancelaron en tiempo y forma.

A todo evento arguyó que, para el caso de prosperar la demanda, la deuda reclamada en dólares estadounidenses debía convertirse a la paridad un dólar estadounidense (U$S 1) igual a un peso ($ 1) de conformidad al decreto 214/2002.

Ofreció prueba y fundó en derecho su pretensión.

II. La sentencia de Primera Instancia:

A fs. 500/511 el “a-quo” dictó sentencia. Hizo lugar a la demanda y condenó a Proarmet a pagar a la actora dólares estadounidenses treinta y cinco mil setecientos setenta (u$s 35.770) con más los intereses a la tasa que fijó en el 8% anual, desde la fecha de mora, producida al vencimiento de cada factura (07.08.00 y 14.08.00).

Para así decidir, el magistrado de grado meritó que: i) era carga de la defendida probar la cancelación de la deuda y no lo hizo; ii) la pericia contable resultaba dirimente para resolver la procedencia de la pretensión. Así pues, señaló que: a) las facturas reclamadas fueron registradas en los libros contables de la actora, b) los asientos tienen respaldo documental y, c) el cálculo de las sumas correspondientes a las facturas reclamadas, se ajusta a lo que se desprende de las registraciones contables. Por último decidió que el contrato debía cumplirse en la moneda pactada en virtud de la naturaleza jurídica de la relación que vinculó a los contratantes.

III. El recurso:

Apeló la demandada a fs. 514. Su recurso fue concedido libremente a fs. 515. Expresó agravios mediante el escrito de fs. 528/529, que recibió respuesta a fs. 533/536.

A fs. 537 se llamaron autos para dictar sentencia y el sorteo se practicó a fs. 538.

Ello así, se encuentran estas actuaciones en condiciones de emitir pronunciamiento conclusivo.

IV. Los Agravios:

El contenido de los agravios transcurre por los siguientes carriles: i) el primer sentenciante juzgó que no se probó la cancelación de las obligaciones; y ii) resulta improcedente desestimar la pesificación de la deuda (decreto 214/2002).

V. La solución:

a. Recuerdo que Rhodia inició demanda contra Proarmet por cobro de una suma dineraria y de sus accesorias provenientes de una operación de compraventa de productos químicos importados, instrumentada mediante las facturas que denunció no abonadas.

De su lado, la accionada resistió la pretensión. Argumentó que las facturas fueron pagadas con la emisión y entrega de ciertas letras de cambio, según fuera convenido con la accionante.

Ahora bien. No está controvertida la relación comercial a través de la cual se vincularon las partes, la recepción de las mercaderías, ni la autenticidad de las facturas reclamadas. Obsérvese que fueron expresamente reconocidos tales extremos en el escrito de contestación de demanda obrante a fs. 87/90.

En este marco, y a la luz de las probanzas producidas en la causa, es posible ingresar ahora en el tema principal que plantea la demandada en sus agravios, a saber: si debe condenársela o no al pago de las facturas reclamadas. Luego y para el supuesto de responder afirmativamente este interrogante; examinaré si resulta aplicable al supuesto de autos la normativa dispuesta por la legislación de emergencia económica.

b. Como se indicó precedentemente, Proarmet se agravió en primer lugar porque el primer sentenciante concluyó que no se demostró que las obligaciones emergentes de las facturas Nro. OF040 y Nro. OF041 fueran canceladas con la emisión y entrega de las letras de cambio a 150 días de la fecha de cada una.

En este marco, cabe analizar las pruebas producidas en estos obrados a fin de determinar si existió o no el pago invocado por la quejosa. Adelanto que la respuesta negativa se impone.

Me explico. Como es sabido, el pago es una de las formas de extinción de las obligaciones (art. 724 del CCiv).

La prueba del mismo incumbe al deudor, pues cuando el acreedor ha demostrado la existencia de la obligación, aquel debe acreditar el hecho del pago que invoca, por aplicación de las reglas generales en materia de carga probatoria (art. 377 del CPr.).

En tal inteligencia, debe decirse que el art. 377 del CPr. establece que cada una de las partes deberá probar el sustento de hecho de las normas que invoquen como fundamento de su pretensión, defensa o excepción, sin interesar la condición de actora o demandada asumida por cada parte. Ello así, los sujetos procesales tienen la carga de acreditar los hechos alegados o contenidos de las normas con cuya aplicación aspiran a beneficiarse sin que interese el carácter constitutivo, impeditivo o extintivo de tales hechos.

Tal normativa impone a los magistrados reglas procesales. Ellas permiten establecer qué parte sufrirá las consecuencias perjudiciales por la probatoria incertidumbre acerca de los hechos controvertidos, de forma tal que, el contenido de la sentencia será desfavorable para quien debía probar y omitió hacerlo.

Agréguese que sólo los hechos positivos -en principio- y no los negativos necesitan ser acreditados. Por consiguiente, la carga de la prueba incumbe a la parte que afirma un hecho y estará exento de la carga quien introduce en el proceso una negativa; es decir la afirmación de un “no hecho”. Un “no hecho” no podría probarse directamente sino sólo deducirse de que se percibe algo que no debería percibirse si el hecho existiera (Conf. Rosemberg Leo, “La carga de la prueba”, Ed. B d F, Bs. As., 2002).

Sentado lo anterior, y con el objeto de probar el sustento fáctico de su defensa, acompaño Proarmet con la demanda ciertos documentos. De su lectura surge que las facturas se cancelaban mediante la emisión de ciertas letras de cambio (v. fs. 83/88).

La defendida sostuvo, en síntesis, que ... “en el mismo momento en que los títulos comenzaron a circular, dejaron de tener valor en cuanto al derecho al reclamo de su pago, puesto que tal derecho fue contractualmente trasladado a las letras de cambio emitidas...” (v. fs. 87 vta., 8° párrafo.).

Sin embargo, al contestar el traslado que le fuera conferido, específicamente en el punto I.a), Rhodia negó que los documentos acompañados por su adversaria que darían cuenta de aquél acuerdo referido a la modalidad de pago, fuesen auténticos (v.fs. 92/94).

En este sentido, frente al desconocimiento puntual y expreso de Rhodia; debió Proarmet demostrar la veracidad del pretendido pacto, mediante los medios probatorios idóneos (en el “sub lite”, pericial caligráfica).

No obstante, no lo hizo. En tal orden de ideas, carecen los aludidos documentos de virtualidad probatoria a los fines de acreditar los argumentos de defensa de la accionada.

Así las cosas, no habiéndose acreditado la autenticidad de las notas acompañadas -cuya relevancia debe destacarse, pues según la postura de la accionada a través de ellas se habría pactado que las facturas dejarían de tener virtualidad jurídica a los fines de reclamar el pago de las mercaderías y solo subsistirían, a ese efecto, las letras de cambio emitidas-; su agravio no ha de prosperar.

A mayor abundamiento, señálese que la accionante desconoció las letras de cambio que acompañó Proarmet a fs. 81/82, por tratarse de fotocopias simples.

No se me escapa que la accionada, de seguirse el íter de la operación comercial, no debería tener en su poder las letras originales que se encontrarían en manos de la actora o del banco.

No obstante, tal circunstancia no es óbice para sustraerse de la carga procesal de acreditar los hechos alegados; en el “sub lite” que la obligación fue cancelada. Ello pues, no sería razonable concluir que a través de letras fotoduplicadas podría probarse el pago.

Por otro lado, persiste respecto de tales títulos, cierta situación confusa que no fue aclarada por la defendida en la causa; circunstancia que me permite valorar negativamente su conducta en los términos del art. 163 inc. 5 del CPr.; pues era su carga exponer la realidad del contexto negocial habido.

Me explico.

La actora promovió un pedido de quiebra que tramitó por ante el Juzgado del Fuero Nro. 25 Secretaria Nro. 50, que en este acto tengo a la vista, con sustento en dos (2) letras de cambio imputadas a las facturas que en este pleito se reclaman. De la lectura de la causa se desprende que las cartulares no fueron suscriptas por Proamet, situación que motivó el rechazo del pedido de quiebra.

Ahora bien. Aquellas letras fueron libradas el 20.02.01, es decir un año después de las traídas por la defendida a esta litis, que poseen fecha coincidente con las facturas, 29.02.00 (v. fs. 9 y 10).

Sin perjuicio de coincidir plenamente con el Magistrado de grado en el sentido de que en algún momento se intentó su cambio (aunque no surge ello de las constancias de autos), lo cierto es que la apelante no demostró haber cancelado su obligación de pago; cuestión que sella la suerte del agravio en contra de sus pretensiones.

Ello pues, la letra de cambio es un documento, escrito y firmado, que menciona la obligación incondicionada de un sujeto de pagar o de hacer pagar a otro o a su orden una suma determinada de dinero a un determinado vencimiento. Presupone la existencia de tres sujetos: el librador, que es el autor de la orden de pago; el girado, que es aquel a quien la orden se dirige, y el tomador, o sea aquél en cuyo favor el pago debe efectuarse. La cambial puede ser emitida o transferida por diversas razones. Sin embargo, la “causa” de la asunción de la obligación cambiaria o de la transferencia del título no surge, por regla, del documento, sino que resulta de la relación subyacente a la emisión o a la transferencia de la cambial. Dicha relación puede tener diferente naturaleza (venta, mutuo, descuento, etc.) y es en esa relación que entre los sujetos de la misma la obligación mencionada en el título encuentra justificación (Conf. Pavone La Rosa, Antonio, “La Letra de Cambio”, Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires 1982, p. 88).

Consecuencia de lo expuesto, es que el papel de comercio, se entrega pro “solvendo” salvo que expresamente se lo haga “pro soluto”. Así, en principio, no hay extinción por novación de la relación causal, salvo prueba en contrario –reitero, aquí inexistente-.

Adicionalmente, las restantes pruebas producidas refuerzan la anticipada conclusión en punto a que las facturas aquí reclamadas no fueron abonadas.

El experto contable en su inimpugnado informe destacó que: i) los libros de la accionada eran llevados en debida forma; ii) en el detalle de proveedores no figura Rhodia; y iii) no se verifica obligación alguna para con la citada (v. fs. 165).

Ahora bien. El resultado de tal dictamen pierde toda virtualidad probatoria frente al expreso reconocimiento de la defendida al contestar demanda respecto de la existencia de la operación de compraventa que instrumentan las facturas aquí reclamadas. Coadyuvante, obsérvese que afirmó Proarmet haber aceptado las letras, mas ello no fue asentado en su contabilidad (v. fs.87 vta.).

Así las cosas, frente al reconocimiento de Proarmet del negocio jurídico habido y visto que no se encuentran registradas en sus libros la emisión de las facturas ni la de las cambiales; debe concluirse que la pericia sobre su contabilidad carece de virtualidad a los fines pretendidos por aquélla.

Como contrapartida, y frente a la irregularidad precedentemente señalada, trascendental importancia revisten los registros contables de su adversaria.

Obsérvese que del inimpugnado informe pericial contable traducido a fs. 462/467, surge que: i) los libros contables de Rhodia son llevados conforme a las normas generalmente aceptadas; ii) están registradas las facturas reclamadas y las mismas no fueron abonadas; y iii) el total de éstas alcanza la suma de dólares estadounidenses treinta y cinco mil setecientos setenta (u$s 35.770).

Acótese –tal como ya fuera adelantado- que la peritación contable no mereció impugnación alguna de la accionada en los términos previstos en el art. 473 del CPr. En este marco, como es sabido, para que las conclusiones emanadas del experto no sean tenidas en cuenta por el Juez es menester arrimar evidencias de mayor rigor científico o técnico que desmerezcan las conclusiones alcanzadas. Ello es así, aún cuando los resultados del dictamen no obliguen a los magistrados en la ponderación de la prueba, pues para prescindir de ella se requiere, cuanto menos, que se le opongan otros elementos no menos convincentes (CSJN, “Soregaroli de Saavedra, María Cristina c. Bossio, Eduardo César y otros” del 13.08.98).

En síntesis, la deuda reclamada encuentra apoyo probatorio en la registración de las facturas en los libros de la actora. Coadyuvante, su contraria no pudo acreditar sus afirmaciones efectuadas al tiempo de contestar la demanda, omitiendo acreditar el pago que invocara.

En definitiva, ninguna probanza conducente aportó la defendida para confirmar su versión fáctica de los hechos; su único argumento giró en torno de la existencia de supuestos documentos firmados por las partes a través de los cuales se habría pactado la cancelación de las facturas, cuya autenticidad no demostró (art. 377 del CPr).

Súmase a ello, que la falta de interés en la producción y ofrecimiento de pruebas idóneas para esclarecer cómo fue el real y concreto acontecer de los hechos, debe meritarse como un elemento de convicción que permite valorar negativamente la conducta de la apelante en los términos del art. 163 inc. 3 y 5 del CPr.

De allí que la queja será desestimada.

c. Resta determinar si el crédito reconocido en este litigio se encuentra alcanzado o no por las previsiones del decreto 214/02.

Adelanto que sobre el punto tampoco asiste razón a la quejosa.

c.1. Recuerdo que el 6 de enero de 2002 se sancionó la ley 25.561 que declaró la emergencia pública en materia económica, social, administrativa, financiera y cambiaria (art. 1). En la misma se facultó al Poder Ejecutivo Nacional, hasta el 10 de diciembre de 2003, a establecer la relación de cambio entre el peso y las monedas extranjeras (art. 2).

En su art. 11 estableció que todas las obligaciones de dar sumas de dinero expresadas en dólares estadounidenses u otra moneda extranjera, no vinculadas al sistema financiero, cualquiera sea su origen o naturaleza, haya o no mora del deudor, se convertirían a razón de un dólar estadounidense (U$S 1) = un peso ($ 1), resultándoles aplicables el CER o el CVS.

Con fecha 3 de febrero de 2002 se dictó el decreto 214/02 que vino en su art. 8 a completar y/o modificar el citado art. 11.

En cuanto al referido art. 8, interesa resaltar que el mismo prescribe en su primera parte que: “Las obligaciones exigibles de dar sumas de dinero, expresadas en DÓLARES ESTADOUNIDENSES u otra moneda extranjera, no vinculadas al sistema financiero, cualquiera sea su origen o naturaleza, se convertirán a razón de UN DÓLAR ESTADOUNIDENSE (u$s 1)=UN PESO ($1), APLICÁNDOSE A ELLAS LO DISPUESTO EN EL ART. 4TO. DEL PRESENTE DECRETO. Si por aplicación de esta disposición, el valor resultante de la cosa, bien o prestación, fuere superior o inferior al del momento de pago, cualquiera de las partes podrá solicitar un reajuste equitativo del precio...”.

Frente a la generalizada conversión del signo monetario operado por la ley 25.561 y decreto 214/02; el decreto 410/02 dispuso excluir de dicha conversión a “...las obligaciones ... de dar sumas de dinero en moneda extranjera para cuyo cumplimiento resulte aplicable la ley extranjera ...” (inc. e).

c.2. En este marco, corresponde determinar si el crédito objeto de reclamo se encuentra exceptuado de la pesificación prevista en el decreto 214/02, por configurar la relación jurídica sometida a juzgamiento una de las excepciones reguladas en el decreto 410/02.

Tras analizar la documentación acompañada y la naturaleza del negocio concertado, advierto que la operación que vinculó a las partes fue una compraventa internacional de mercaderías embarcadas en el país de origen –Brasil- bajo la cláusula “libre a bordo del buque” -F.O.B.- (v. fs. 53/54).

En este sentido, habiéndose acordado la modalidad de entrega bajo cláusula F.O.B. -que determina que el vendedor debe entregar las mercaderías a bordo del buque designado por el comprador, en el puerto de embarque convenido-, tal lugar de entrega acordado mediante cláusula de comercio internacional, puede ser considerado lugar designado de cumplimiento en los términos del art. 1212 del CCiv (Cfr. Boggiano, Antonio, “Derecho Internacional Privado”, T. II, Ed. Abeledo- Perrot, Bs. As., 1991, p. 351).

Así las cosas, meritando que la prestación más característica del contrato conforme lo determina el art. 1209/10 del CCiv. a los fines de determinar el derecho aplicable en el “sub lite”, resulta ser la entrega de la cosa, que, como fuera dicho ocurrió en Brasil; debe concluirse que la operación que vinculó a las partes se encuentra regida sustancialmente por la ley extranjera. De allí que procede mantener la moneda originaria pactada en el negocio -decreto 410/02 inc. e.- (en tal sentido, CSJN, “Penguin Books Ltd. c. Librería Rodríguez SACIF s. ordinario”, del 18.02.08.) y cabe desestimar también la queja sobre el punto.

VI. Conclusión:

Por lo expuesto, si mi criterio fuera compartido por mis distinguidos colegas, propongo al acuerdo: confirmar íntegramente la sentencia recurrida. Las costas de alzada se imponen a la demandada, en virtud del principio objetivo de la derrota (CPr. 68).

He concluido.

Así voto.

El señor Juez de Cámara Dr. Barreiro dice:

Adhiero a los fundamentos expuestos en el voto precedente que desvanecen la endeble crítica ensayada en la expresión de agravios de fs. 528/529 cuyo tenor desatiende a una premisa fundamental en materia de prueba de libros de comercio, cual es que son los asientos y no su ausencia los que poseen virtualidad probatoria (arg. CCom: 63).

Con referencia a la pesificación sostenida, ya he tenido oportunidad de pronunciarme como juez de la anterior instancia en idéntico sentido al expresado por la distinguida colega doctora Tevez en autos “Pramac Ibérica SA c. Sincrolamp SA s. ordinario”, Expte. Nro. 44.419 del Registro de la Secretaría nro. 36, el 4.04.07 y 26.6.08 en la causa “Masipack Industria y Com. de Máquinas Automáticas Ltda. c. Cari SRL s. ordinario, Expte. Nro. 51.962 del Registro de la Secretaría Nro. 35.

Por análogas razones a las expresadas por la señora vocal preopinante, el señor juez de cámara doctor Ojea Quintana adhiere al voto de la Dra. Tevez.

Buenos Aires, 24 de agosto de 2010.-

Y vistos: Por los fundamentos expresados en el Acuerdo que antecede se resuelve: confirmar íntegramente la sentencia recurrida. Las costas de alzada se imponen a la demandada, en virtud del principio objetivo de la derrota (CPr. 68). Notifíquese.- J. M. Ojea Quintana. R. F. Barreiro. A. N. Tevez.

jueves, 6 de noviembre de 2014

Rhodia Brasil Ltda. c. Proarmet. 1 instancia

Juz. Nac. Com. 8, secretaría 15, 28/09/09, Rhodia Brasil Ltda. c. Proarmet S.A. s. ordinario.

Compraventa internacional de mercaderías. Vendedor: Brasil. Comprador: Argentina. Falta de pago. Pesificación. Rechazo. Excepciones. Dec. 410/02. Derecho aplicable. Lugar de cumplimiento. Prestación más característica. Incoterms. Cláusula FOB. Puerto de embarque.

La sentencia fue confirmada por la Cámara Comercial.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 06/11/14.

1º instancia.- Buenos Aires, 28 de septiembre de 2009.-

Y vistos:

Estos autos caratulados “Rhodia Brasil Ltda. c. Proarmet S.A. s. ordinario” para dictar sentencia, de los cuales

Resulta:

I. Que a fs. 62/65 se presentó Rhodia Brasil Ltda. por medio de apoderado, y promovió demanda contra Proarmet S.A., por cobro de la suma de U$S 35.770 con más sus intereses y las costas del pleito, de acuerdo a la versión de hechos que expuso.

Dijo que Rhodia es una empresa que se dedica a la producción y comercialización de productos químicos; en tal carácter vendió a la demandada diversos productos detallados en las facturas que identificó.

Afirmó que la mercadería fue entregada a la accionada, conforme surge de las cartas de porte internacional que adjuntó, cumpliendo así con las obligaciones a su cargo sin que se hubieran cancelado las facturas.

Señaló que las tratativas extrajudiciales arrojaron resultado negativo por lo que promovió el proceso de mediación previa y ocurrió luego ante estos estrados.

Luego a fs. 62 vta./63 manifestó que no correspondía en el caso de autos hacer aplicación de las normas de emergencia, debido a que el origen de la deuda es la compra de productos químicos importados y la obligación venció con anterioridad a su vigencia.

Citó jurisprudencia, hizo reserva de caso federal, fundó en derecho y ofreció prueba.

II. A fs. 64 se imprimió a las actuaciones el trámite correspondiente al juicio ordinario y se confirió el traslado de ley, diligencia cumplida mediante la cédula de fs. 73.

III. Se presentó Proarmet S.A. a fs. 87/90 por medio de apoderado, contestó la demanda instaurada en su contra, negó los extremos fácticos y jurídicos que la informan y solicitó su rechazo con costas.

Reconoció las operaciones de compraventa indicadas en las facturas acompañadas y adujo que se pactaron las condiciones de pago con la emisión y entrega de letras de cambio a 150 días de la fecha de factura. Dicha condición fue acordada entre las partes con carácter previo a la emisión de las facturas.

Así, en el mismo momento de emisión de las letras de cambio y su aceptación, las facturas reclamadas en autos quedaron canceladas, naciendo la obligación del pago de las letras giradas contra el Banco Europeo para América Latina. Acompañó fotocopias de dichas letras de cambio.

Indicó que la emisión de las letras formaban parte del contrato original y las facturas, en el mismo momento en que los títulos comenzaron a circular, dejaron de tener valor en cuanto al derecho al reclamo de su pago en tanto ese derecho fue contractualmente trasladado a las letras de cambio emitidas. Las facturas solo sirvieron como referencia en cuanto a la mercadería, precio y tramitación aduanera, según su postura.

Afirmó que a mayor abundamiento, la actora inició un pedido de quiebra en su contra que tramitara por ante el Juzgado del Fuero n° 25 basado en esos títulos, el que finalizó por el allanamiento de Rhodia a la excepción de inhabilidad de título que interpuso Proarmet debido a que las letras carecían de fuerza ejecutiva, ya que no habían sido aceptadas careciendo de firma.

Destacó que de sus registros no surge deuda pendiente alguna con la demandante y todas las obligaciones aparecen canceladas en tiempo y forma.

Dijo que mas allá de ello y para el hipotético caso de verificarse la existencia de la obligación, la actora debería presentar las letras de cambio para que en el supuesto de estar impagas las pueda abonar y dejen de circular en el mercado. Al respecto, adujo que Rhodia pretendió cobrar las facturas canceladas con las letras de cambio sin explicaciones sobre el destino de los cartulares.

A fs. 88 vta./90 se expidió acerca de la pesificación y solicitó su aplicación en subsidio. Citó precedentes.

Hizo reserva de caso federal, fundó en derecho y ofreció prueba.

IV. A fs. 98 la causa fue recibida a prueba y designada la audiencia preliminar que preceptúa el CPCC: 360, sobre cuyo resultado da cuenta el acta de fs. 108.

A fs. 109 se proveyeron los medios probatorios oportunamente ofrecidos, los que se produjeron según informó la actuaria a fs. 480/481 y conforme lo proveído a fs. 494, en donde la causa fue puesta para alegar, carga incumplida por las partes.

Finalmente, a fs. 497 se llamaron los autos para dictar sentencia, providencia consentida a la fecha.

Y considerando:

I.a) La actora pretendió frente a la sociedad demandada, el cobro de una suma dineraria y de sus accesorias proveniente de una operación de compraventa de productos químicos, instrumentada mediante facturas que dijo no abonadas.

La accionada resistió la pretensión y pidió su rechazo, para lo cual sostuvo básicamente que las facturas quedaron canceladas con la emisión y entrega de ciertas letras de cambio, según fuera convenido por las partes.

En estos términos genéricos quedó planteado el conflicto que cabe decidir.

I.b) No se halla controvertida en el sub examine la relación contractual que vinculara a las partes.

La demandada no negó las facturas, aunque sostuvo que habían sido canceladas mediante la emisión de dos letras de cambio por ella aceptadas y pagables a 150 días conforme lo estipulado previamente.

De acuerdo a la directiva del CPCC: 377, recae sobre quien alega hechos la carga de la demostración de que efectivamente ocurrieron, ya que las meras manifestaciones procesales resultan insuficientes para proporcionar al juzgador los instrumentos que necesita para emitir su pronunciamiento (CSJN, “Kopex Sudamericana SAIC c. Buenos Aires, Provincia de y otros”, 19.12.95).

La carga señalada no se traduce en una obligación de probar, sino que importa estarse a las consecuencias derivadas de que la prueba se produzca o no. Por ello, la actividad probatoria es una circunstancia de riesgo: pierde el juicio quien no acredita aquellos hechos que invoca como fundamento de su derecho (sala A, “G. V. y otros c. Canteras Argentinas S.A.”, 23.4.97 y doc. cit.).

De modo tal que los justiciables deben acreditar los presupuestos que sustentan su pretensión, defensa o excepción. El actor debe probar los hechos constitutivos de esa pretensión, y el demandado los extintivos, impeditivos o modificativos que oponga a aquellos (sala B, 15.12.89, LL 1990-C-102; id. sala A, 5.3.80, ED 87-703; Carnelutti F., “La Prueba Civil”, Depalma, pág. 219).

Conforme tales postulados, reconocida la operación y las facturas, la carga de probar que se hallaban canceladas recaía en cabeza de la accionada.

Dijo la demandada que se pactó entre las partes el libramiento de letras de cambio como medio de pago. A fin de acreditarlo, adjuntó dos notas agregadas a fs. 83/86.

Dichas cartas fueron expresamente desconocidas por la actora a fs. 92/93 en los términos del CPCC: 356-1 y no fue acreditada su autenticidad en autos. La accionada ni siquiera ofreció el testimonio del firmante, además de que se advierte que no fue emitida por la actora sino por “Rhodia Argentina”, y aunque pareciera obvia la existencia de vinculación entre las empresas, se desconoce qué tipo de relación existe entre ambas de manera de verificar si una eventual conexión jurídica podría en su caso resultar vinculante para la accionante.

En suma, no está probado que se hubieran estipulado las condiciones a las que se refirió la requerida.

También fueron desconocidas las letras acompañadas a fs. 81/82 en atención a su carácter de copias simples. Es claro que la accionada, de seguirse el íter de la operación de importación, no debiera tener las originales en su poder que en todo caso se encontrarían en manos de la actora o del Banco beneficiario.

Existe aquí una cuestión oscura que no es aclarada a través de las constancias de la causa. La demandante promovió un pedido de quiebra que tramitó por ante el Juzgado del Fuero n° 25 que se tiene a la vista, con sustento en dos letras de cambio imputadas a las facturas que aquí se reclaman y a las operaciones de importación que también se refieren en esta causa. Se agrega copia simple de ambas antecediendo este decisorio para una mejor ilustración, y se señala que las originales obran reservadas en la Secretaría 50 tal como ha sido informado al suscripto por la secretaria de actuación.

Esas letras no contienen aceptación de parte de Proarmet –lo que motivó el rechazo de la petición de falencia- y fueron libradas el 20.2.01, casi un año después de las traídas por la requerida a este pleito que poseen fecha coincidente con las de las facturas, 29.2.00 (ver fs. 9 y 10).

Aparentemente en algún momento se intentó su cambio, pero no surge eso de las constancias de autos más allá de que la pretensora sostuvo que tales letras eran inexistentes (fs. 92 vta.), lo que implica afirmar un intento de fraude en su contra.

Mas como se dijo, es la demandada quien debe probar que cumplió con la obligación, por lo que cabe indagar en las restantes constancias probatorias colectadas en la causa.

A fs. 165 el perito contador informó que los libros de la accionada eran llevados en debida forma y que no aparece en ellos Rhodia Brasil como proveedor por lo que no se verifica obligación alguna para con la citada.

Sin embargo, lo que se infiere de ese dictamen pierde virtualidad frente a los dichos de la propia demandada, quien en la contestación de demanda reconoció la existencia de las operaciones de compraventa que instrumentan las facturas (ver fs. 87 vta.). Afirmó además haber aceptado las letras, circunstancia no reflejada en su contabilidad.

En estos términos, la ausencia de registración de la contratación en libros así como de la emisión de las letras opera en su contra.

El experto designado para que realice la pericia contable en la ciudad de Sao Paulo, República Federativa de Brasil, se expidió según la traducción de fs. 462/467.

Señaló que los libros de Rhodia eran llevados en forma, que las facturas se hallaban registradas en ellos así como la transacción y tipo de mercadería vendida, y que la obligación no aparecía como cancelada.

La pericia no fue impugnada. La prueba pericial importa la necesidad de una apreciación específica del perito, por lo que se torna imprescindible para desvirtuarla la valoración de elementos que permitan inferir, de modo concluyente, la existencia de error o de ausencia de conocimientos científicos de los que debe encontrarse dotado el experto por su profesión o título habilitante (sala C, “Martinaschi Carlos c. De Baay Emilio”, 28.12.92; id. sala A, “Pascual de Carrafanco María c. Autolatina Argentina S.A.”, 29.9.92). Constituye un juicio técnico sobre cuestiones de hecho respecto de las cuales se requieren conocimientos especiales y destinados a crear la convicción del juez a quien corresponderá evaluarlos.

En tanto comporta la apreciación especifica del saber científico dentro del campo del perito, toda impugnación debe fundarse concretamente, con indicación precisa del error o inadecuado uso que el experto hubiere hecho de los conocimientos de los que su profesión o título habilitante supuestamente lo han dotado (sala B, “Lencina de Salerna, Victoria Catalina c. Becuty S.R.L.”, 31.10.01; id. “Escobar Fabricio c. Yunez Carlos”, 2.6.06; sala D, “Gómez Elisa Nilde c. HSBC La Buenos Aires Seguros S.A. y otro”, 11.7.03).

Ante la inexistencia de tales antecedentes y en tanto las conclusiones del dictamen se encuentran suficientemente fundadas y no se advierten arbitrarias, la sana crítica aconseja aceptar las mismas (sala C, “Esisit S.A. c. Manso Eduardo”, 21-4-94). Corresponde en consecuencia atenerse a sus conclusiones, pues el apartamiento de ellas, como se indicó, debe encontrar apoyo en razones serias, es decir en fundamentos objetivamente demostrativos de que la opinión del experto se halla reñida con principios lógicos o máximas de experiencia (Palacio, “Derecho Procesal Civil”, T° IV, pág. 720).

La factura, que constituye la prueba sustancial del contrato, presume la existencia de cuenta liquidada en tanto no se formulen observaciones en el plazo legal (CCom: 474). Y si bien se trata de una presunción que admite prueba en contrario (Fernández – Gómez Leo, “Tratado Teórico Práctico de Derecho Comercial”, T° III-A, pág. 432) de modo que es admisible la objeción tardía, es necesario contar con elementos probatorios que avalen esa postura (sala D, “Artevisión S.A. c. Distribuidora Belgrano S.R.L. s. ordinario”, 16.9.02), los que no fueron producidos.

La accionada no ha probado en modo alguno el pago alegado.

Y volviendo sobre las letras que afirmó haber aceptado, aún en el supuesto de que se admitiera la veracidad de tal afirmación, si bien quien aparece como librador es la actora lo cierto es que quien compromete el pago es el girado que asume carácter de primer obligado una vez que acepta la letra (dec. ley 5965/63, arts. 10, 30 y cctes.). Esa aceptación es pro solvendo frente al librador en sus relaciones internas y no surte los efectos propios del pago hasta su cumplimiento, lo que se reitera, no surge de la causa (arg. sala A, “Mystic Sun S.A. c. Petrobuilding International S.A.”, 22.5.07; sala B, “Plan Rombo S.A. c. Bustamante Cecilia”, 29.12.04; entre muchos otros).

Por demás, atento el tiempo transcurrido, es escasamente creíble la versión de la accionada de que pudiera verse obligada a un doble pago.

Procederá admitir la demanda.

I.c) La requerida sostuvo que resultaba aplicable la normativa de emergencia al supuesto sometido a decisión, de modo tal que en todo caso la obligación debía cancelarse a la paridad del dólar con el peso 1 a 1 dispuesta por la ley 25.561.

Se probó que las mercaderías vendidas a la demandada eran de origen extranjero, tal como surge de fs. 463 vta./464 y además ello no fue negado en la contestación de la acción. Fueron pedidas a una empresa brasilera y trasladadas desde el país vecino.

Por ende, el contrato debe cumplirse en la moneda pactada en virtud de la naturaleza jurídica de la relación que vinculó a los contratantes, dado que la importación torna imprescindible la liquidación de la deuda en la moneda extranjera que se pacte para la ejecución de ese intercambio (sala C, “Selu-Len S.A. c. Banco Sudameris S.A.”, 7.2.06).

Además, la demandada incorporó a su patrimonio un bien valuado en moneda extranjera. En tales términos, no resulta pertinente autorizar la cancelación de la deuda en moneda nacional a la paridad pretendida porque se produciría un enriquecimiento sin causa en su favor (sala B, “Rodados Mountain Byke S.A. c. Banco de Galicia”, 30.9.04).

Pero eventualmente, el dec. 214/02 cuya aplicación pidió la requerida dispone en su art. 8 la posibilidad de solicitar el reajuste equitativo del precio, para lo cual deberá tenerse en cuenta “el valor de reposición de las cosas, bienes o prestaciones con componentes importados” de acuerdo a lo dispuesto por el art. 2 del dec. 320/02.

Según las facturas acompañadas, la tonelada de Fenol se fijó en U$S 730 (ver fs. 9/10), mientras que el experto contable brasilero indicó a fs. 464 que al momento de la pericia, la tonelada se había incrementado a U$S 1.600 como valor de reposición en nuestro país (fs. 464), por lo que cabe admitir la pretensión actoral en los términos pactados.

Más allá de la construcción argumental desplegada por la demandada para basar la aplicabilidad del plexo de emergencia a la paridad 1 a 1, está claro que la intención del legislador –en sentido amplio- fue establecer excepciones a la conversión establecida por la normativa de emergencia respecto de obligaciones contraídas en moneda extranjera a la paridad allí dispuesta, debido a la propia naturaleza de las operaciones involucradas.

Tales motivaciones encuentran correlato en la uniforme jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, según la cual la garantía de igualdad consagrada en la Carta Magna debe ser entendida como la aplicación de la ley a todos los casos ocurrentes de acuerdo a sus diferencias constitutivas –igualdad para todos en igualdad de circunstancias-, lo que conlleva la prohibición de establecer excepciones que excluyan a unos de lo que se concede a otros en un idénticos supuestos, pero no impide disponer distinciones valederas entre casos diferentes en tanto no sean arbitrarias o irrazonables (“Cavallo Domingo s. recurso de casación”, 19.10.04, Fallos 327-4376; “Gregorchuk, Ricardo s. recurso de casación”, 3.12.02, Fallos 325-3229; “Nápoli, Erika Elizabeth y otros s. infracción art. 139 bis del C.P.”, 22.12.98, Fallos 321-3630; entre muchos otros).

II. Ante ello, habrá de hacerse lugar a la demanda promovida en autos dado que el actor acreditó el presupuesto fáctico de las normas que sustentaron su pretensión invocadas a fs. 42 vta. acápite VII) como era de su incumbencia (CPCC: 377).

La acción prosperará por la suma de U$S 35.770 en concepto de capital con más intereses a la tasa que se fija en el 8% anual por tratarse de moneda estable, desde la fecha de mora, producida al vencimiento de cada factura (7.8.00 y 14.8.00, fs. 463 vta.; Pleno “García Adolfo c. Sniafa S.A.”, 2-8-82) hasta su efectivo pago.

III. Las costas se impondrán a la demandada, por aplicación del principio objetivo de la derrota que emerge del CPCC: 68, sin que se adviertan configurados en el caso eximentes que permitan decidir de otro modo.

En consecuencia, por las consideraciones expuestas fallo: I. Haciendo lugar a la demanda promovida contra PROARMET S.A. intimándola para que en el plazo de diez (10) días de consentida o ejecutoriada la presente pague a RHODIA BRASIL LTDA. la cantidad de DOLARES TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA (U$S 35.770), con más sus intereses conforme lo dispuesto en el considerando II) precedente desde la fecha de mora allí prevista hasta su pago efectivo, bajo apercibimiento de ejecución.

II. Costas a la demandada (CPCC: 68). …

IV. Notifíquese a las partes por Secretaría. Cúmplase, regístrese y oportunamente archívese. En cuanto a la documentación, las partes procederán dentro de los cinco días de quedar firme la presente al retiro de la que hubieren acompañado a la causa bajo apercibimiento de destrucción, medida que se dispone en base a la carencia de espacio físico para su guarda.- J. J. Cosentino.

III. Sobre la base del capital de condena con más intereses prudencialmente estimados a la fecha al solo fin regulatorio, considerando las etapas cumplidas y la extensión, calidad, eficacia de las tareas realizadas y demás pautas a que refiere el art. 6-b) del arancel, se regulan los siguientes honorarios:

a) los de los letrados apoderados de la actora Dres. María S. Zicarelli y Javier A. Miceli, en forma conjunta, en la suma de $ 34.000.-

b) los del letrado apoderado de la demandada, Dr. Alejandro J. Bello en la suma de $ 25.000.-

c) los del perito contador Ricardo A. Fernández en la suma de $ 7.000.-

d) los honorarios de la mediadora Dra. Silvia S. Miccio se fijan en $ 600.-

Todo ello en base a los arts. 6, 7, 9, 11, 19 y 38 de la ley 21.839 según ley 24.432; del dec. 16.638/57; de la ley 24.573 y dec. 91/98; y de la debida proporcionalidad que debe guardarse entre los honorarios de todos los profesionales intervinientes.

Fíjase en cinco días el plazo para su cumplimiento. Notifíquese.

miércoles, 5 de noviembre de 2014

Villarreal Club de Futbol c. Club Atlético River Plate

CNCom., sala B, 17/09/14, Villarreal Club de Futbol S.A.D. c. Club Atlético River Plate.

Arbitraje internacional. Cláusula arbitral. Juicio iniciado en Argentina. Excepción de incompetencia. Procedencia. Reglamentaciones de la FIFA. Tribunal de Arbitraje.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 05/11/14.

2º instancia.- Buenos Aires, 17 de septiembre de 2014.-

Y vistos:

1. Apeló la actora la resolución de fs. 306/308, donde el Sr. Juez a quo admitió la excepción de incompetencia opuesta por la demandada, en base a la cláusula compromisoria arbitral pactada. Los agravios obran a fs. 317/321, fueron respondidos a fs. 323/331. La Sra. Fiscal se expidió a fs. 336.

2. La suscripción de la cláusula duodécima del contrato que en copia corre a fs. 9/15 hace procedente la declaración de incompetencia, con fundamento en un pacto de jurisdicción arbitral, que dispuso "Para todos los efectos del presente convenio las partes se someten a las instancias federativas correspondientes a la FIFA”. Dada la amplitud y claridad de la estipulación; lo pactado es una prórroga de la jurisdicción judicial, con alcance normativo para las partes, circunstancia que torna procedente un desplazamiento de la competencia para que la cuestión sea dirimida por los arbitradores (CNCom. esta Sala in re "Pines, Héctor c/ Alpargatas SAIC s/ sumario" del 20.10.97; id. in re "Allekotte, Juan c/ Proba SACIFIA s/ ordinario" del 14.03.06; id. id. in re "Cubero, Alberto Martin y otro c/ Olman Argentina S.A. s/ medida precautoria" del 01.04.11; id. Sala A in re "Club de Gimnasia y Esgrima Asociación Civil c/ Goloboff, Juan Carlos s/ ordinario" del 21.02.08).

3. El carácter restrictivo de interpretación de las cláusulas compromisorias, procede cuando se verifican situaciones que suscitan margen de duda en punto a su vigencia o suscripción, mas en el caso, en que resulta inequívoco su pacto, deben ser respetadas. Cuando los términos o expresiones empleados en un contrato son claros y terminantes, sólo cabe limitarse a su aplicación sin que resulte necesario realizar una labor hermenéutica adicional, pues resulta inconducente recurrir a otras pautas interpretativas, si no existe ambigüedad ni oscuridad en los términos empleados en la convención (CSJN “Mevopal SA. y otra c/ Banco Hipotecario Nacional”, del 26.11.85, idem “ Sicaro Juan c/ YPF”, del 30.04.91; CNCom., esta Sala, in re “ Cardoso Néstor c/ Quirino Armando, del 30.12.88).

La versión que pretende darle la actora, relativa a que sólo se habría desplazado a los organismos pertinentes de la FIFA los “efectos federativos” del contrato y no se hubiese prorrogado la jurisdicción, choca con los términos del mismo donde se sometieron a dicha instancia arbitral “…todos los efectos del presente convenio”. Todo es todo y no admite otra interpretación.

Además, tratándose de dos clubes de fútbol, la necesidad de someterse al Tribunal de Arbitraje (TAD) de la Federación Internacional de Futbol Asociado (FIFA), como instancia independiente para dirimir disputas, les está impuesto por el estatuto de la institución que los nuclea (arts. 66, 67 y 68, fs. 209/213).

4. También es inaudible el agravio relativo a que al haber concurrido a la mediación, la accionada renunció a la cláusula arbitral.

La comparecencia por parte del club demandado a las audiencias celebradas en la etapa de mediación, no implican un consentimiento de la vía judicial para dirimir el conflicto ni la tácita aceptación de la jurisdicción, pues no es esa la etapa -instituida obligatoriamente por la ley 24573:1 y que no configura instancia judicial-, en que puede introducirse un planteo vinculado a la jurisdicción, sino recién en el juicio ordinario iniciado con posterioridad. Máxime que la declinación de un derecho es de aplicación restrictiva -CCiv: 814-. (CNCom. esta Sala in re “Meller San Luis SA c/ Acuarela SRL s/ ordinario” del 30.03.01; id. Sala A in re “Gestisur SRL c/ Rigolleau SA y otro s/ ordinario del 22.10.03; id.id. in re “Eurotec Nutrition Argentina SRL c/ Gatti, Héctor s/ ordinario” 28.06.07; id. Sala E in re “Banco del Centro Coop.Ltdo c/ Mantelli Angel s/ sumario” del 10.11.04; id.id. in re "Vaccari, Julio c/ Compagnie Generale de Particip. Indu. et Financiere SAS s/ ord." del 28.08.06; id. Sala D, in re "Cooperativa Argentina de Floricultores ltda. c/ Torri, Flora s/ ordinario" del 17.02.05; id.id. in re "Aprile, Mariano c/ Consorcio de Propietarios Ramseyer 1423 Olivos Pcia Bs. As. s/ ordinario" del 04.05.10).

5. Por lo expuesto se desestima el recurso de fs. 314 con costas y se confirma la resolución apelada de fs. 306/308. Procédase al archivo allí dispuesto (iii).

6. Notifíquese a las partes por Secretaría del Tribunal y a la Sra. Fiscal de Cámara en su despacho, sirviendo la presente de atenta nota de estilo.

7. Publíquese a la Dirección de Comunicación Pública de la CSJN, conforme lo dispuesto en el art. 4 de la Acordada 15/13.

8. Cumplida la notificación, devuélvanse las presentes actuaciones al Juzgado de origen.

La Sra. Juez Dra. María L. Gómez Alonso de Díaz Cordero no interviene por hallarse en uso de licencia (Art. 109 RJN).- M.E. Ballerini. A.I. Piaggi.

lunes, 3 de noviembre de 2014

Empresa Argentina Generadora y Comercializadora de Señales LLC c. Cablevisión SA (JZ Circuito 11-Miami-Florida) s. exhorto

CSJN, 17/06/14, Empresa Argentina Generadora y Comercializadora de Señales LLC c. Cablevisión SA (JZ Circuito 11-Miami-Florida) s. exhorto.

Cooperación judicial internacional. Medidas de prueba. Declaración testimonial. Exhorto de juez de EUA. Contienda negativa de competencia. Fuero Contencioso Administrativo Federal.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 03/11/14.

Suprema Corte:

I- Las presentes actuaciones se iniciaron ante la justicia nacional en lo civil y comercial federal a raíz del exhorto librado por el Tribunal de Primera Instancia de Circuito del Circuito Judicial N° 11 en y para el Condado de Miami-Dade, Estado de Florida, Estados Unidos de América, en el marco de la causa caratulada "Empresa Argentina Generadora y Comercializadora de Señales, LLC c. Cablevisión S.A." que allí tramita, a fin de que se reciba la declaración testimonial del secretario de Comercio Interior, Mario Guillermo Moreno.

A fs. 242, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal (sala II), al confirmar la decisión de la instancia anterior, declaró la incompetencia de ese fuero para entender en el presente exhorto y atribuyó su conocimiento a la justicia nacional en lo contencioso administrativo federal.

Para así decidir, remitió a los fundamentos del dictamen del fiscal general de fs. 240, el que señaló que la cuestión debatida en autos no estaba ceñida exclusivamente a una relación contractual entre particulares, sino que las pretensiones remitían prima facie al análisis del régimen tarifario aplicable a la televisión por cable, y agregó que el juzgamiento del caso versaría sobre el ejercicio de facultades previstas en la ley de abastecimiento (ley 20.680), propias del poder de policía del comercio que correspondía a las autoridades federales, sin que a ello obstara la eventual aplicación supletoria de normas del derecho común llamadas a integrar la regulación administrativa específica, ni que el Estado Nacional no fuera parte en las actuaciones porque ese extremo no determinaba la competencia del fuero contencioso administrativo, sino que bastaba con que la contienda se rigiera por normas de derecho público administrativo.

Las actuaciones recayeron en el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 7, cuyo titular no aceptó la competencia atribuida, al considerar que la cuestión en debate era de la competencia del fuero civil y comercial federal (v. fs. 252/253).

Para resolver de ese modo, sostuvo que se trataba de una controversia planteada en el marco de una relación contractual entre dos sujetos de derecho privado, lo que permitía afirmar que la materia de fondo no era de derecho administrativo sino común, cuyo origen se encontraba en la aplicación de la fórmula prevista por la resolución 50/10 de la Secretaría de Comercio Interior y que se concretaba en la fijación del precio del abono básico que establecía la resolución 36/11, entre otras cuestiones.

En virtud de ello, dispuso la elevación de los autos a V.E. para que resolviera el conflicto negativo de competencia planteado.

II- A mi modo de ver, en el sub examine todavía no ha quedado trabada una contienda negativa de competencia que corresponda zanjar a V.E. en uso de las facultades que le acuerda el arto 24, inc. 7°), del decreto-ley 1285/58. Ello es así, porque los autos fueron remitidos directamente a la Corte Suprema, cuando previamente debía comunicarse a la Cámara Nacional en lo Civil y Comercial Federal (sala II) la decisión de la jueza a cargo del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 7 para que se pronunciara acerca de las razones esgrimidas por ésta para desprenderse del conocimiento de la causa, las que podrían hacer variar el criterio originalmente sostenido a fs. 242. Recién en caso de mantenerse dicha posición se suscitará aquel conflicto, desde que es requisito para ello la atribución recíproca de competencia entre tribunales que carecen de un superior común (v. Fallos: 327:3894 y sus citas).

Por ello, correspondería ordenar la devolución de esta causa, a sus efectos.

III- Sin perjuicio de ello, para el caso de que V.E. considere que razones de celeridad y economía procesal permiten dejar de lado tales aspectos procesales y dar por trabada la contienda negativa de competencia, procedo a dictaminar sobre esa cuestión.

IV- El Tribunal tiene dicho que en el exhorto –medio de comunicación entre órganos judiciales- debe existir, como regla, identidad o analogía entre la competencia por razón de la materia del exhortante y del exhortado (Fallos: 313:1218). Asimismo, corresponde recordar que, a los fines de dilucidar cuestiones de competencia, ha de estarse, en primer lugar, a los hechos que se relatan en el escrito de demanda y después, y sólo en la medida en que se adecue a ellos, al derecho que se invoca como fundamento de la pretensión, así como también a la naturaleza jurídica de la relación existente entre las partes (Fallos: 328:73; 329:5514).

De los términos de la demanda deducida ante los tribunales estadounidenses por la Empresa Argentina Generadora y Comercializadora de Señales LLC contra Cablevisión S.A. resulta que la actora pretende obtener una sentencia en la que se declare que ambas partes se encuentran obligadas a ceñirse a las condiciones contractuales expresadas en los acuerdos de licencia que las vinculan, sin que la demandada tenga derecho a exigir o recibir un reembolso de los derechos de licencia que pagó anticipadamente a la actora en virtud de los acuerdos relativos a los servicios de programación de HBO Olé (de los cuales la actora es licenciante en la República Argentina) prestados entre enero y abril de 2011, ni a reducir sus futuros pagos contractuales.

La actora señala que, como consecuencia del dictado de las resoluciones 36/11, 65/11 y 92/11 de la Secretaria de Comercio Interior por las que se fijaron normas gubernamentales para las operaciones de comercialización de los servicios de televisión paga en la República Argentina y se estableció un límite en cuanto al precio que Cablevisión S.A. podía cobrar a sus clientes por el abono mensual del servicio de televisión por cable, la demandada intentó obtener la devolución de todos los derechos de licencia pagados de manera anticipada que superaran el precio máximo allí establecido para los abonos de televisión por cable de enero a abril de 2011, así como reducir los futuros pagos contractuales a fin de conseguir una deducción de hecho de los derechos de licencia que había pagado según los acuerdos, a todo lo cual se opuso por escrito.

En tales condiciones, toda vez que la materia en debate en la causa judicial radicada en el extranjero se encuentra vinculada con aspectos que hacen a la interpretación y aplicación de las resoluciones que, en materia de comercialización del servicio de televisión paga, dictó el Secretario de Comercio Interior con invocación de las facultades otorgadas por la ley 20.680 (ley de abastecimiento), pienso –en forma coincidente con lo sostenido a fojas 221/224 por el fiscal de primera instancia y a fojas 240 por el fiscal general- que la justicia nacional en lo contencioso administrativo federal resulta competente para entender en el pleito. Ello así, pues resulta clara la prioritaria relevancia que los aspectos propios del derecho administrativo asumen para su solución, sin perjuicio de que también puedan llegar a aplicarse institutos del derecho común, ya que ellos pasarían a formar parte, por vía de integración subsidiaria, del plexo de principios de derecho público en que se enmarcaría el caso (doctrina de Fallos: 323:61; 327:471 y 329:857).

En consecuencia, entiendo que la presente es una de las causas contencioso administrativas a las que se refiere el arto 45, inc. a), de la ley 13.998.

V- Opino, por tanto, que el presente exhorto debe continuar su trámite ante la justicia nacional en lo contencioso administrativo federal.- Buenos Aires, 21 de febrero de 2014.- I.A. García Netto.

Buenos Aires, 17 de junio de 2014.-

Autos y Vistos:

De conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal Subrogante, se declara que resulta competente para conocer en las actuaciones el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal n° 7, al que se le remitirán. Hágase saber al Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal n° 1, por intermedio de la Sala II de la cámara de apelaciones de dicho fuero.- C.S. Fayt. E.I. Highton de Nolasco. E.S. Petracchi. J.C. Maqueda.

jueves, 23 de octubre de 2014

MCL Emprendimientos e Negocios Ltda. c. Beltrán, María Noé

CFed. Apel., Córdoba, Secretaría Civil II, Sala A, 22/05/13, MCL Emprendimientos e Negocios Ltda. c. Beltrán, María Noé y otros.

Contrato de agencia. Venta de acciones de una sociedad argentina. Comisión. Derecho aplicable. Autonomía de la voluntad. Prestación del agente en Brasil. Tratado de Derecho Civil Internacional Montevideo 1940: 38. Tratado de Derecho Comercial Terrestre Montevideo 1940. Tratado de Navegación Comercial Internacional Montevideo 1940. Tratado de Derecho Procesal Internacional Montevideo 1940. CIDIP I de poderes. Convención sobre la ley aplicable a los contratos de intermediación y representación La Haya 1978. Estado donde el intermediario tiene su establecimiento principal. Ley de sociedades. Acto aislado. Arraigo. Mercosur. Protocolo de Las Leñas. Rechazo. Documentos en idioma extranjero. CPCCN: 123. Documentos públicos extranjeros. Supresión de la legalización.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 23/10/14.

En la Ciudad de Córdoba, a 22 días del mes de mayo del año dos mil trece, reunida en Acuerdo la Sala “A” de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de la Cuarta Circunscripción Judicial, para dictar sentencia en estos autos caratulados: “MCL Emprendimientos e Negocios Ltda. c. Beltrán, María Noé y otros s. ordinario” (Expte. N° 777/11), venidos a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación articulados por los apoderados de los señores Sebastián Arturo Beltrán, María Cecilia Beltrán, María Laura Beltrán, María Eugenia Beltrán, Santiago Beltrán y María Noé Beltrán (fs. 542), quienes expresan agravios a fs. 576/590 y por la codemandada JBS Argentina S.A. (fs. 549), quien concreta sus planteos a fs. 569/575 vta., en contra de la Resolución n° 404 de fecha 21 de junio de 2011, dictada por el señor Juez titular del Juzgado Federal n° 1 de esta ciudad.

Puestos los autos a resolución de la Sala, los señores Jueces emiten sus votos en el siguiente orden: José Vicente Muscara, Carlos Julio Lascano.

El señor Juez de Cámara Subrogante, doctor José Vicente Muscara, dijo:

I.- Llegan los presentes autos a conocimiento y decisión de este Tribunal en virtud de los recursos de apelación interpuestos a fs. 542 y 549 por el Dr. Fabián Gabriel Barberá –representante legal de los demandados en autos Sres. Sebastián Arturo Beltrán, María Cecilia Beltrán, María Laura Beltrán, María Eugenia Beltrán, Santiago Beltrán y María Noe Beltrán- y por el Dr. Facundo Martínez Crespo –apoderado de la firma co-demandada JBS ARGENTINA S.A.- respectivamente, ambos en contra de la resolución N° 404 de fecha 21 de junio de 2011 dictada por el señor Juez Federal N° 1 de Córdoba, obrante a fs. 536/541vta., en cuanto dispuso hacer lugar a la demanda entablada por MCL Emprendimientos e Negocios Ltda. y en consecuencia, ordenar a los demandados a abonar a la actora el 2% de la suma de Dólares Estadounidenses Veinte millones doscientos cincuenta mil (u$s 20.250.000), en concepto de pago por comisión por tareas de intermediación y acercamiento del contrato de compraventa del paquete accionario de Col-Car S.A., fijando una tasa de interés del 8% anual. Asimismo, impuso las costas a las demandadas perdidosas, en virtud del resultado arribado y en los términos del art. 68, 1er. párrafo del C.P.C.C.N..-

La co-demandada JBS Argentina S.A., expresa agravios mediante escrito presentado a fs. 569/575vta. de autos. Su queja radica en primer término, respecto a una cuestión estrictamente probatoria. En este sentido, afirma que no surge de las actuaciones prueba alguna que acredite lo sostenido por la actora en su escrito de demanda, esto es, haber cumplido una función de intermediación que haya acercado eficazmente a las partes provocando la conclusión del contrato de compraventa de acciones entre Col-Car S.A. y su mandante. Manifiesta que reducir la acreditación de dicha función al simple hecho de la entrega por parte de la actora de un portafolio y la posterior celebración de un contrato, carece totalmente de asidero, desde que el corretaje –tal como lo definió el a quo- importa no sólo acercar a las partes, sino también gestionar, preparar y procurar establecer las condiciones del contrato principal, cuestiones éstas que no se encuentran acreditadas a lo largo de la causa. Considera en definitiva, que la fundamentación brindada por el sentenciante resulta circular y dogmática atento que atribuye a la entrega del maletín ya referenciada, la condición de acercamiento eficaz para la celebración del contrato, es decir, otorga una vinculación causal necesaria a estos dos acontecimientos, los que a su entender, no la poseen.-

Por otra parte y en forma subsidiaria al planteo anterior, argumenta que aún en el supuesto de confirmarse por esta Alzada la decisión de tener por acreditada la función de intermediación por parte de la firma actora, no corresponde el pago de la comisión solicitada. Ello en virtud que, expresa, la ley es clara al regular el derecho al cobro de la comisión por parte de quien intervino como intermediario o corredor en un negocio inmobiliario, en cuanto dispone que no corresponde el mismo si no se está matriculado ante el respectivo órgano de contralor, regulación que –afirma-, pasó por alto el Sr. Juez de primera instancia al disponer que siendo la accionante una sociedad extranjera que efectuó un acto aislado dentro del país, mal podría requerírsele poseer matrícula en la República. En definitiva, sostiene que yerra el Inferior tanto al concluir que un acto aislado de la sociedad extranjera actora, la exime de cumplir con las normas legales vigentes en nuestro país, como así también al considerar que si la relación no queda encuadrada en el contrato de corretaje, sí lo hace en la locación de servicios, primero porque ello no se condice con la pretensión de la demandante y en segundo lugar, porque en dicho supuesto no corresponde estipular la comisión debida a un corredor, sino lo debido por un servicio de mero acercamiento de un portafolio.-

A más de lo dicho y también de manera subsidiaria, expresa que la sentencia recurrida agravia a su mandante en virtud de que la condena sin merituar en forma adecuada la prueba relativa a la actitud tomada por la actora respecto de ella, la que de haber sido adecuadamente valorada –entiende– hubiese obstado al progreso de la acción con fundamento en la doctrina de los actos propios. Al respecto, argumenta que su representada nunca accedió al pago de comisión por los servicios prestados por MCL en el entendimiento que tal comisión estaría exclusivamente en cabeza de los comitentes (codemandados Beltrán), cuestión que dice también fue aceptada de esta forma por la propia actora y que entiende se encuentra plenamente probada en autos a través de la declaración efectuada por el Sr. Wesley Mendoca Batista en cuanto afirma que la “…comisión siempre fue por cuenta y orden de los vendedores”. A lo expuesto, agrega el proceder de la actora antes de iniciar la demanda, en tanto reclamó el cobro de la comisión pura y exclusivamente a los codemandados Beltrán, de lo que se infiere que nada tenía que reclamar a esta parte por su actuación en el acercamiento de los contratantes, por lo que considera no corresponde aplicar el art. 1146 del Código Civil, debiendo enmarcarse tal relación en el art. 1198 de dicho cuerpo legal.-

Finalmente, califica de arbitraria la imposición de las costas por entender que contraría el principio objetivo de la derrota dispuesto por el art. 71 del C.P.C.C.N. en tanto la demanda no prosperó en los términos solicitados por la actora, sino que lo hizo en un 40% de lo reclamado. En base a ello, pide que las mismas se distribuyan en proporción al éxito obtenido.-

A su turno, expresan agravios los Dres. Fabián Gabriel Barberá y Fernando Agustín Raffo Magnasco en representación de los co-demandados Beltrán, mediante escrito glosado a fs. 576/590 de autos. A través del mismo expresan su disconformidad con la sentencia recurrida, tildándola de arbitraria en virtud de no respetar la supremacía constitucional, prescindir de la obligación de aplicar la ley especial nacional y local que regula la actividad de corretaje, no valorar pruebas decisivas que cambian el rumbo de la resolución, apartarse de tratados internacionales y no respetar la garantía de defensa en juicio y del debido proceso, todo lo cual la descalifica como acto jurisdiccional válido.-

A tales fines, niegan que haya existido corretaje o intermediación nacional o internacional en los términos señalados por la actora. Explican que la compra-venta a la que se alude en la demanda se formalizó directamente entre “COL-CAR S.A.” y la razón social compradora “SWIFT ARMOUR S.A. ARGENTINA”, extremo que fue corroborado mediante prueba documental acompañada y de la que el a quo prescindió al tiempo de resolver sin expresar motivos –tal, el contrato aprobado por la Comisión de Defensa de la Competencia-. Así, discrepan con la entidad probatoria brindada a los dichos de terceros –accionistas de JBS S.A.- quienes no participaron de la negociación en su etapa inicial así como también, a la otorgada respecto a documentación que no le resulta oponible a sus mandantes atento no haber tenido participación en la misma, mientras que resta valor a las declaraciones testimoniales de los Sres. Carlos Oliva Funes y Gustavo Oliva Funes (Presidente y Vicepresidente respectivamente de la razón social compradora), quienes expresan no conocer a la firma MCL y que la negociación fue formalizada por “SWIFT ARMOUR S.A. ARGENTINA” en forma directa y sin intermediarios con el Sr. Mario Beltrán, todo lo cual se corrobora mediante acta de directorio de la primera. Señala a su vez, que dichos testimonios son calificados por su relación funcional y participación en la cesión de acciones por la sociedad compradora (arts. 58, 59 y 60 de la LSC). Aseguran que de los términos de las actas de directorio Nros. 497 y 508, así como de las testimoniales aludidas, se desprende en forma clara que la directiva societaria consistía en la tratativa directa entre los contratantes, sin la intervención de terceros intermediadores.-

Por otra parte, ponen de resalto que la sociedad actora jamás acreditó que JBS S.A. resultara accionista o controlante de SWIFT ARMOUR S.A. ARGENTINA, y que la decisión de compra del paquete accionario de COL-CAR S.A. la adoptó el órgano de administración – directorio de la segunda, como lo ha acreditado esta parte mediante prueba dirimente.-

Asimismo, se quejan de que la sentencia impugnada prescinda de la prueba informativa del Colegio Profesional de Martilleros y Corredores de la Provincia de Córdoba y del texto de cesión de acciones aprobado por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y Concentración Económica, en la cual no consta la participación del supuesto intermediario (conf. art. 36, inc. j de la Ley 25.028), prueba ésta que fue corroborada con la declaración del escribano presente al momento del cierre de la operación.-

Argumentan también que el hecho que el supuesto contrato de corretaje no conste por escrito resulta un dato relevante, ya que en primer término le legislación vigente exige que sea formalizado en dicha forma, a más que el uso y la práctica indican que es lo común que así sea cuando se trata de operaciones de montos como el que aquí ocupa.-

En relación a los documentos extranjeros presentados por la actora, expresan que el inferior no justifica ni explicita de manera motivada, por qué se reconoce validez formal y sustancial a los mismos, cuando dichos elementos han sido incorporados al proceso en franca violación al principio de bilateralidad y contradicción, atento que se obtuvieron por intermedio de la participación de Tribunales extranjeros e inaudita parte.-

En definitiva, se oponen tratamiento dispensado en relación a la prueba arrimada al proceso por cada una de las partes, ya sea por falta de valoración en algunos casos o de valoración excesiva en otros.-

En otro orden, les agravia que la sentencia recurrida haya dispuesto que la negociación invocada por la actora cae dentro de la esfera de regulación del Código Civil, concretamente del art. 1627 de dicho cuerpo legal, ya que la misma se trata de una actividad de naturaleza comercial típica y que por ende, se encuentra regida por el Código de Comercio bajo el título IV “De los Agentes Auxiliares del Comercio” y por la Ley Nacional N° 25.028 modificatoria del último y ratificada en el ámbito provincial por la Ley N° 7191 de Corredores y Martilleros (arts. 2, 12, 33 y 39). Por lo expuesto, entiende que la solución dada al caso no deriva del derecho vigente, resultando en consecuencia arbitraria y violatoria del principio de razón suficiente.-

A más de lo dicho, tilda también de arbitraria la afirmación del sentenciante en el sentido que “…nos encontramos ante un acto aislado de una sociedad extranjera por lo que mal podría exigírsele poseer matrícula en la República”, cuando por imperio del Tratado de Montevideo de 1940, las sociedades aún cuando se trate de actos aislados o eventuales, deben sujetarse a las prescripciones del Estado en el que intentan realizarlo. Lo mismo dispone nuestra Ley de Sociedades Comerciales vigente, en su art. 118. Es por ello que considera que el Sr. Juez a quo, al resolver en la forma en que lo hizo, consagró un privilegio que la ley no reconoce, eximiendo ilegalmente a la demandante de poseer matrícula de corredor, requisito exigido por el art. 33 de la Ley Nacional N° 25028 y arts. 11 y 33 de la Ley Pcial. N° 7191, siendo que tales normas son de orden público y por tanto irrenunciables, debiendo ser aplicadas aún de oficio por el Juez.-

Finalmente, sostiene que es falso el argumento de la sentencia que afirma que la sociedad extranjera está cumpliendo con su objeto en la República Argentina, cuando de las constancias de fs. 36, surge que la compraventa de acciones y/o fondo de comercio es extraña al objeto social de la actora, que se refiere en forma exclusiva a la actividad inmobiliaria relacionada con inmuebles propios y de terceros. En virtud de ello, concluye que los actos efectuados por la misma que no se condicen con el objeto social deben ser justificados a fin de ser oponibles a terceros. En consonancia con lo dicho señalan que la mentada sociedad extranjera no ha justificado su resolución social de haber resuelto la intermediación, por lo que el acto que pretende hacer valer es inoponible a terceros. En definitiva, argumentan que en el caso de autos no hay objeto social que autorice a la sociedad a actuar en corretaje, mucho menos a intervenir fuera de los límites de la República Federativa de Brasil, así como tampoco existe resolución social que disponga actuar en intermediación alguna, motivo por el cual no existe acto jurídico válido que les sea oponible.-

Corrido el traslado de ley, el mismo resulta evacuado por la contraria (actora) a fs. 592/599vta., escrito a cuya lectura me remito en honor a la brevedad.-

II.- Previo a ingresar al tratamiento de los recursos de apelación previamente reseñados considero oportuno, sin perjuicio de la relación de causa efectuada en el decisorio de primera instancia a la que me remito en honor a la brevedad, realizar una serie de consideraciones al respecto.-

Ello así, corresponde señalar que el apoderado de la firma MCL Emprendimientos e Negocios Ltda., con sede en el estado de San Pablo – República del Brasil, entabla demanda de cobro de pesos en contra de María Noe Beltrán, Santiago Beltrán, María Laura Beltrán, Sebastián Arturo Beltrán, María Eugenia Beltrán y María Cecilia Beltrán, todos de nacionalidad argentina y titulares de la totalidad de las acciones del capital social de la firma COL – CAR S.A. –domiciliada en Colonia Caroya, Córdoba, Argentina – y en contra de JBS Argentina S.A. – continuadora del Swift Armour S.A. Argentina, con sede en Bs. As. – la que a su vez es una sociedad controlada por JBS S.A. – domiciliada en San Pablo, República del Brasil. Por medio de la misma, la firma actora persigue el cobro de la comisión por la tarea de intermediación vinculada a la operación de compraventa de acciones habida entre los seis primeros y el último, la que estima en un 5% por ser la comisión de práctica que un corredor inmobiliario cobra en este tipo de operaciones, mientras que la comisión de acuerdo a los usos y costumbres oscila entre un 2% y un 5% por cada parte en virtud de la estricta aplicación del derecho comercial vigente. Señala que el representante de su mandante, el señor Colazo, concertó la operación o mandato verbal por parte de los accionistas de Col - Cal S.A. para proceder a la venta del 100 % de las acciones a favor de JBS S.A., lo que se concreta en los hechos por la intermediación de MCL, sociedad dedicada a este tipo de menesteres.

Luego, al ampliar su demanda la actora solicita que los efectos de la sentencia alcancen a JBS Brasil S.A., cuyo domicilio en la República de Brasil consigna, aclarando que reclama su comisión a ambos, al comprador y al vendedor, ya que no es una obligación solidaria sino que le corresponde una parte a cada uno, por lo que pretende un total del 10 % (5 % a cada uno). Destaca que el contrato fue celebrado entre la real adquirente, JBS Brasil S.A., utilizando a su subsidiaria en Argentina (JBS Argentina S.A.), quien en definitiva adquiere por absorción las acciones de Col – Car S.A., habiéndose tratado de una gestión de intermediación internacional (Fs. 189/190 vta.).-

Por su lado, los codemandados Beltrán, al responder la demanda (fs. 350/357), oponen excepción de arraigo. Niegan haber concertado operación de compra venta de acciones con JBS S.A., y que sus representados hayan otorgado mandato verbal, ni de ninguna naturaleza a Juan José Colazo, para proceder a dicha venta. Advierten que la actividad que ilícitamente se arroga la actora se encuentra reglada en la ley nacional 20.266, modificada por la ley nacional n° 25.028, y en la jurisdicción local regulada por la ley provincial n° 7191, y sus modificatorias n° 7524, 7720, y 8764. Afirman que al suscribirse el “compromiso de compra venta de acciones” de fecha 3 de octubre de 2007, dicho negocio se concertó sin intermediación, y en forma directa entre la totalidad de los accionistas de Col Car S.A. y la firma denominada Swift Armour S.A. Argentina, por lo que niegan que haya sido JBS Argentina S.A. Niegan que los representantes legales de la firma Swift Armour S.A. Argentina, al momento del cierre de la operación hayan sido los señores Joesley Mendonca Batista y/o Wesley Mendonca Batista, y en cuanto al precio convenido al cierre precisan que fue de U$S 20.250.000.

Luego, al contestar la ampliación de la demanda los codemandados señores Beltrán (fs. 381/386), efectúan las siguientes negativas: que se aplique al caso la legislación extranjera; que al celebrarse la operación la sociedad compradora de acciones se denominara JBS Argentina S.A. y/o JBS S.A. de Brasil; la intervención de Colazo; que Swift Armour S.A. sea controlada por JBS Brasil S.A.; que el proceso caratulado “MCL EMPRENDIMIENTOS Y NEGOCIOS LTDA C/ JBS S.A. Y OTROS”, tramitados ante el Juzgado de Derecho de la Cuadragésima Circunscripción Civil del Distrito 40° Oficio Civil del Estado de San Pablo, República Federativa de Brasil, se encuentre vigente, como así también la cautelar dispuesta en dichos obrados, los que –afirman- han sido archivados. Reiteran la descripción de la operación en iguales términos a los ya expresados en el escrito de fs. 350/357 de autos.

A su turno, al responder la demanda JBS Argentina S.A. (fs. 404/408), reconoce que MCL ha mantenido algunos contactos con la empresa que representa habiéndole acercado numerosas propuestas y que en ese marco surgió la posibilidad de adquirir el paquete accionario de Col-Car S.A., y que en abril de 2007, Mario Celso López, representante legal de la actora, le hizo entrega a Wesley Mendonca Batista de un portfolio con documentación confidencial perteneciente a Col Car S.A., a los fines de evaluar su posible compra. Refiere que la demandante manifestó que dicha documentación le fue enviada por su representante en Córdoba, Juan José Colazo, el que la habría recibido de Arturo y Sebastián Beltrán. Señala que MCL manifestaba tener facultad para representar y ofrecer el emprendimiento por un valor de U$S 20.000.000 cuya comisión correría por orden y cuenta de los vendedores, todo ello conforme surge de la declaración del señor Wesley Mendonca Batista. Niega que los efectos de la sentencia deban alcanzar a su parte, o que corresponda que le reclamen una comisión. Refiere que en el año 2008, su representada tomó conocimiento de un reclamo por parte de MCL contra los anteriores accionistas de Col Car S.A. por el pago de la comisión que entendía debía abonársele por la operación de compra venta celebrada, y atento que los reclamados negaron la intervención de la misma, MCL inicia un proceso cautelar en Brasil solicitando diversas medidas que involucran a representantes de JBS S.A.

Subsidiariamente, impugna el monto de la comisión, señalando que el mismo no puede exceder el 1% o el 1 y ½ %.

Hasta aquí una breve reseña de los términos en que se fijó el contradictorio.

2.- Atento el contenido de los agravios expresados en los remedios intentados, corresponde efectuar la revisión amplia de la causa.

Luego, no controvierten los demandados que la empresa actora, MCL Emprendimentos e Negócios Ltda. es una firma legalmente constituida con domicilio en la República de Brasil. A lo que cabe agregar que se halla eximida de prestar arraigo a mérito del art. 28 del Acuerdo aprobado por la Ley 24.108 (franquicia que depara un beneficio a favor del accionante y no del accionado).

A su vez, tratándose de cuestiones litigiosas entre una empresa extranjera –de Brasil que demanda a una empresa constituida en Argentina, Swift Armour S.A. Argentina, y a vendedores que son ciudadanos argentinos, estos aspectos presentan incidencia en las siguientes cuestiones que ameritan precisión: a) reglas procesales que rigen la incorporación en actuaciones judiciales en Argentina de prueba documental que procede desde el extranjero; b) si la empresa actora o su representante en la República Argentina, el Sr. Juan José Colazo, para actuar como intermediarios en el negocio de marras deben estar inscriptos conforme las leyes vigentes en nuestro país; y c) determinar el derecho aplicable al efectuar el encuadre el caso.

a) Respecto de la primera cuestión propuesta, cabe señalar que por imperio del art. 123 del CPCCN para que un documento en idioma extranjero pueda ser válidamente incorporado a un juicio en nuestro país es necesario que esté traducido por un traductor público matriculado, el cual es considerado un auxiliar de la justicia, que transcriba exactamente al idioma nacional su contenido (conf. art. 6 de la ley 20.305, B.O. 3/5/73). El traductor debe aclarar su firma, tomo y folio de la matrícula del idioma en que está inscripto (V. también Reglamento para la Justicia Nacional en lo Civil, Acordada n° 980/1999, art. 99)).

Luego, si bien por regla general cuando un documento ha sido emitido por una autoridad pública extranjera, debe estar legalizado por las autoridades nacionales (Lino Enrique Palacio – Adolfo Alvarado Belloso, en “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, T. Cuarto, Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa fe 1992, p. 77/79), atento la ciudadanía de origen de los aquí contendientes, esta cuestión exige un tratamiento diferente.

Por un lado, la Ley 24.108 (B.O. 04.08.92), aprobó el Acuerdo sobre Cooperación Judicial en materia civil, comercial, laboral y administrativa con la República Federativa de Brasil, suscripto el 20/08/90 en Brasilia (B.O. 04.08.92), promulgada por Decreto n° 1.320 del 28/7/92, a través del cual los estados contratantes se comprometen a prestarse asistencia mutua y amplia cooperación judicial en las materias señaladas (Art. 1 de la ley 24.108).

Este acuerdo en cuanto a la fuerza probatoria de los instrumentos públicos emanados de funcionarios públicos de uno de los dos Estados prevé que “…tendrán en el otro estado la misma fuerza probatoria que los instrumentos equivalentes emanados de los funcionarios públicos de dicho estado” (art. 21).

Asimismo, establece que “Los documentos emanados de autoridades judiciales u otras autoridades de uno de los dos Estados, así como los documentos que certifiquen la validez y la fecha, la veracidad de la firma o la conformidad con el original, que sean tramitados por la autoridad central, quedan exceptuados de toda legalización, apostilla u otra formalidad análoga cuando deban ser presentados en el territorio de otro Estado” (art. 23). Cabe señalar que la autoridad central es el Ministerio de Relaciones Exteriores de cada estado (art. 2 de la ley bajo comentario).

De otro costado, la Ley 25.935 (B.O. 04.10.04), aprobó el Acuerdo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en materia civil, comercial, laboral y administrativa entre los estados parte del MERCOSUR y las Repúblicas de Bolivia y Chile, suscripto en Buenos Aires el 5 de julio de 2002, que prevé la igualad de trato procesal en los siguientes términos:

“Los nacionales y residentes permanentes o habituales de uno de los Estados Partes gozarán, en las mismas condiciones que los nacionales, ciudadanos y residentes permanentes o habituales de otro Estado Parte, del libre acceso a la jurisdicción en dicho Estado para la defensa de sus derechos e intereses.

El párrafo precedente se aplicará a las personas jurídicas constituidas, autorizadas o registradas de acuerdo a las leyes de cualquiera de los Estados Partes” (art. 3 de la ley 25.935).

Asimismo, la ley bajo examen prevé que los instrumentos públicos emanados de un Estado parte tendrán en los otros la misma fuerza probatoria que sus propios instrumentos públicos (art. 25).

Luego, establece que “Los documentos emanados de autoridades jurisdiccionales u otras autoridades de uno de los Estados Parte así como las escrituras públicas y los documentos que certifiquen la validez, la fecha y la veracidad de la firma o conformidad con el original, que sean transmitidos por intermedio de la Autoridad Central, quedan exceptuados de toda legalización, apostilla u otra formalidad análoga cuando deben ser presentados en el territorio de otro Estado Parte” (art. 26). (los remarcados efectuados en este acápite me pertenecen).

Establece además el acuerdo bajo tratamiento que los exhortos podrán ser transmitidos por vía diplomática o consular, por intermedio de la respectiva autoridad central o por las partes interesadas conforme al derecho interno. En este último caso prevé que deberá ser legalizado ante los agentes diplomáticos del estado requerido, salvo que entre los estados requirente y requerido se hubiere suprimido el requisito de la legalización o sustituido por otra formalidad (art. 10 de dicha ley).

A su vez, cabe advertir que entre la República Federativa de Brasil y nuestro país ha sido suprimido el recaudo de la legalización por el Acuerdo del 16/03/03, que versa sobre la simplificación de legalizaciones, prescribiendo que se aplicará a los documentos públicos expedidos en el territorio de una de las partes, que deban ser presentados en el territorio de la otra, o ante sus agentes diplomáticos o consulares. (sin remarcar en el original).

Así, en el marco del acuerdo bajo examen serán considerados instrumentos públicos:

“a) Los documentos administrativos emitidos por un funcionario público en ejercicio de sus funciones;

b) Las escrituras públicas y actos notariales;

c) Las certificaciones oficiales de firma o de fecha que figuren en instrumentos privados” (art. 1.B- de dicho acuerdo).

Prevé además que la partes eximirán de toda forma de intervención consular a la legalización de los documentos contemplados en dicho acuerdo –en lo que aquí interesa- documentos públicos emitidos por un funcionario público en ejercicio de sus funciones (art. 2 del acuerdo bajo análisis); y que “A los efectos de la aplicación del presente Acuerdo, la única formalidad exigida en las legalizaciones de los documentos referidos en el punto 1.B. será un sello que deberá ser colocado gratuitamente por la autoridad competente del Estado en el cual se originó el documento y en el cual se certifique la autenticidad de la firma, la calidad en que ha actuado el firmante del documento y, en su caso, la identidad del sello o timbre que figure en el documento”.

En este contexto, corresponde señalar que la prueba documental incorporada en la causa será valorada atendiendo el carácter de instrumento privado o público y según cada caso se verificará la observancia de los recaudos que exige la legislación vigente antes analizada. Así a modo de ejemplo, se señala que la declaración de fs. 23, será valorada pues se halla con la traducción en la forma exigida, legalización del Colegio de Traductores Públicos de la ciudad de Bs. As., quien certifica firma y sello de la traductora interviniente (fs. 53). De igual modo, la documental del poder dado por la empresa actora, a través de la persona de su socio, el señor Mario Celso López, al letrado que interviniente en estas actuaciones para que la represente, exhibe una apostilla de legalización del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil en base al acuerdo Argentina Brasil para simplificar la legalización de documentos públicos del 16/10/2003 (fs. 183).

Finalmente, considero oportuno destacar que los demandados señores Beltrán por un lado, cuestionan la incorporación de prueba documental proveniente de las actuaciones judiciales por una medida cautelar iniciada por la actora en Brasil, aunque luego en su estrategia defensiva argumentan sobre algunos aspectos de estas pruebas, proceder reñido con el principio de unidad de la prueba.

b) Acerca si la empresa actora o su representante en Argentina, el Sr. Colazo, deben estar inscriptos conforme las leyes vigentes en nuestro país para haber actuado como intermediario, corresponde señalar:

Por imperio del art. 118 de la Ley de Sociedades Comerciales n° 19.550 (B.O. 25.04.72) y sus modificatorias, las sociedades constituidas en el extranjero se rigen en cuanto a su existencia y su forma por las leyes del lugar de constitución. Esta misma norma la habilita a estar en juicio (concordante con el art. 14 y 20 de la CN), y a realizar en el país actos aislados, en sentido de opuesto a actos habituales.

Sobre esta última cuestión, cabe señalar que adhiero al criterio que considera que a efectos de juzgar si se está ante un acto aislado “…no sólo debe tenerse en cuenta la cantidad de actos realizados en el país por la sociedad constituida en el extranjero y la reiteración de los mismos, sino también si los mismos integran o no una actividad societaria profesional” (doctrina citada en “Código de Comercio Comentado y Anotado”, Adolfo A.N. Rouillon –Director, Daniel F. Alonso – Coordinador, T. III, Ed. La Ley, 2005, p. 281 y ss.).

Luego, a las sociedades constituidas en el extranjero que cumplen actos aislados, la Ley de Sociedades Comerciales no les exige en nuestro país las inscripciones como las que prevé el art. 118 tercer párrafo y el art. 123 de la Ley 19.550 (y modificatorias).

De otro lado, cabe señalar que los Tratados de Derecho Civil Internacional, de Derecho Comercial Terrestre Internacional, de Navegación Comercial Internacional y de Derecho Procesal Internacional, suscriptos en Montevideo el 19 de marzo de 1940, ratificados por nuestro país por Ley 7.771 (B.O. 08.05.56), establecen que las personas jurídicas de carácter privado, en cuanto a su existencia y capacidad se rigen por las leyes del país de su domicilio, y el carácter que revisten las habilita plenamente para ejercitar fuera del lugar de su institución todas las acciones y derechos que les corresponda. Pero para el ejercicio habitual de actos comprendidos en el objeto especial de su institución, “…se sujetarán a las prescripciones establecidas por el Estado en el cual intenten realizar dichos actos”.

En este contexto, los codemandados no han acreditado que la actora realice actos habituales de intermediación en nuestro país.

c) Igualmente, amerita precisión la circunstancia que la relación jurídica invocada como sustento de la pretensión de la actora de cobro de comisión, contiene elementos que nos sitúan en el plano internacional.

En efecto, en autos nos encontramos ante una demanda por cobro de comisión entablada por MCL Emprendimentos e Negócios Ltda., empresa extranjera, domiciliada y constituida en la República Federativa de Brasil, dirigida en contra de las partes celebrantes de un contrato de compraventa de acciones societarias, cuales son: Col – Car S.A., en la posición de vendedora y Swift Armour S.A. Argentina (que conforme los argumentos de la actora es controlada por JBS Brasil S.A. y continuada por JBS Argentina S.A.), como compradora, negocio jurídico respecto del cual la accionante se atribuye haber realizado la intermediación, acercando la oferta y la demanda.

Sobre esta cuestión adelanto que discrepo con la sentencia en crisis en cuanto califica al contrato de marras como nacional, pues considero que se trata de un contrato internacional, más concretamente de intermediación.

Al respecto, la doctrina ha señalado:

“Un contrato es internacional si su lugar de celebración o su lugar de cumplimiento o el domicilio de una de las partes en el momento de la celebración se halla en el extranjero o bien señalando que la internacionalidad surgirá de la función económica del negocio, en tanto su sinalagma funcional contacte dos o más mercados nacionales” (Goldschmidt, Werner, “Derecho Internacional Privado”, 6ta edición, Ed. Depalma, Bs.As. 1988);

Se ha dicho también que “…es aquél que sea en su conformación, desenvolvimiento o extinción, posee elementos extranjeros objetivamente relevantes” (Feldstein de Cárdenas, Sara L., Reformas al Código Civil, Derecho Internacional Privado, Vol. 18 de la Colección dirigida por los Dres. Atilio Alterini y Roberto M. López Cabana, ed. Abeledo Perrot, Bs.As.1994.).

En este contexto, atendiendo a los elementos de la relación jurídica concretada por la actora en la demanda –cuya acreditación será objeto de revisión en este decisorio- tenemos que la autorización verbal que los señores Arturo Beltrán, padre de los accionados, y Sebastián Beltrán, Presidente de la firma, le habrían dado al Sr. Juan José Colazo, representante de la actora en la Argentina, para que ofrezca en venta el establecimiento COL- CAR S.A. (frigorífico) y la consiguiente entrega por parte de aquéllos al segundo de un portfolio con documentación confidencial de la empresa referida se habría producido en la Argentina. Luego, el señor Colazo la remitió al señor Celso López, representante legal y socio de MCL Emprendimientos e Negócios Ltda., domiciliada en Brasil, que en forma inmediata –afirma- inició el acercamiento en ese país con el Presidente de JBS S.A. Brasil, señor Wesley Mendonca Batista, quien a su vez, le había encargado a la empresa actora datos sobre este tipo de establecimientos.

Así planteada la actuación de la empresa actora se trata de un contrato de intermediación internacional, donde -de cumplir la actora con la carga probatoria a su cargo-, la oferta y entrega de documentación confidencial de la empresa Col-Car S.A. se verifica en la República Argentina y el acercamiento (elemento definitorio de este tipo de contrato), en la República Federativa de Brasil. Luego, si bien la operación de compra venta se concreta en nuestro país, por un lado se trata de un contrato diferente del anterior, que sólo presenta relevancia a efectos de tener por corroborada la relación causal de la intermediación realizada con el contrato definitivo.

En cuanto a la normativa aplicable, cabe señalar que los Tratados de Derecho Civil Internacional, de Derecho Comercial Terrestre Internacional, de Navegación Comercial Internacional y de Derecho Procesal Internacional, suscriptos en Montevideo el 19 de marzo de 1940, ratificados por nuestro país por Ley 7.771 (B.O. 08.05.56), prevén que la ley del lugar donde los contratos deben cumplirse rige su existencia, su naturaleza, su validez, sus efectos, sus consecuencias, su ejecución, y en suma todo lo que concierne a los contratos, bajo cualquier aspecto que sea.

Luego, los contratos accesorios se rigen por la ley del contrato principal; mientras que la perfección de los contratos celebrados por correspondencia o por mandatario se rige por la ley del lugar del cual partió la oferta aceptada.

No obstante lo señalado, cabe destacar que la doctrina y jurisprudencia en forma unánime, se expiden sobre la figura bajo examen, v.gr. intermediación o corretaje internacional (no legislada en nuestro país), en sentido que las partes en ejercicio de la autonomía de la voluntad pueden decidir la ley y jurisdicción aplicable, adhiriendo nuestro país a este criterio del que sólo se aparta cuando se halle involucrado el orden público inderogable.

En efecto, la autonomía de la voluntad de las partes puede excluir la aplicación de una ley interna o de una convención internacional, y aplicar una configuración normativa específica que rija el contrato o un aspecto del mismo, por ejemplo, a efectos del cobro de la comisión.

Asimismo, conforme la doctrina y la jurisprudencia vigentes, la autonomía de las partes puede surgir en forma expresa o tácita, supuesto éste último de aplicación restrictiva.

“Cabe señalar que los elementos extranjeros resultan de las constancias del expediente y que su ponderación por el Juez a los efectos de subsumir la controversia en el marco jurídico que legalmente le corresponde se halla implícito en el principio iura novit curia”;

“El ejercicio de la autonomía material de la voluntad en contratos de intermediación internacional es admitido por el derecho internacional privado argentino que sólo subsidiariamente -y sobre la base de los principios generales en materia contractual- designa la ley del estado en donde se cumple la actividad del intermediario.” (las dos citas precedentes, CSJN in re “Tactician Int. Corp. y otros c/ Dirección General de Fabricaciones Militares s/ cumplimiento de contrato”, 15.03.94. FALLOS: 317:182).

Cabe señalar además que el contrato de intermediación o corretaje, es oneroso, bilateral y consensual, admite la forma escrita o verbal, es no formal, por lo que a efectos de su acreditación rige el criterio de amplitud probatoria.

Luego, el corredor es considerado un auxiliar autónomo atento que su función es intermediar entre la oferta y la demanda para facilitar, promover, la celebración de un contrato que se va a perfeccionar entre los dos contratantes del contrato principal, es decir, media entre el comprador y el vendedor, los pone en contacto. Resulta así que el corredor intermedia entre dos partes interesadas en celebrar el contrato y por haber acercado a las partes percibe una comisión. Repárese que el corredor carece de facultades para concluir las tareas de sus clientes, estando excluida la representación en el contrato de corretaje o intermediación.

En este orden, a efectos de determinar el derecho aplicable cabe señalar que la actora en su demanda invoca el derecho internacional, mientras que los demandados señores Beltrán, sostienen que el caso se rige por la ley nacional y provincial de Córdoba. Oportunamente se efectuará el análisis del comportamiento de las partes a efectos de desentrañar si pudo haber una acuerdo tácito sobre las normas que rigen el presente contrato de intermediación (autonomía material que surge en forma tácita).

3.- Ingresando a la cuestión de fondo propuesta, corresponde determinar si la actora ha acreditado haber realizado la intermediación internacional en la que funda su reclamo de cobro de comisión.

Al respecto, en primer término cabe destacar que el codemandado JBS S.A. Argentina, al responder la demanda a fs. 404/408, efectúa una serie de reconocimientos relevantes, cuales son: que la actora hizo entrega a su parte de la documentación que menciona en las condiciones que surgen de la declaración del señor Wesley Mendonca Batista, aunque niega que los efectos de la sentencia deban alcanzar a su parte, o que corresponda que le reclamen una comisión.

Afirma que esta empresa comenzó a adquirir en nuestro país empresas vinculadas a la actividad frigorífica, y en el 2005 compró el paquete accionario de Swift Armour S.A. A., llevando a partir de entonces a través de ésta última una agresiva política de adquisiciones de importantes paquetes accionarios, llegando a adquirir Col Car S.A., a través de un compromiso de compraventa de fecha 03.10.07, y una modificación y contrato final de fecha 1° de febrero de 2008. Precisa que JBS es un grupo líder en la industria frigorífica mundial.

Reconoce que MCL ha mantenido algunos contactos con la empresa que representa habiéndole acercado numerosas propuestas y que en ese marco surgió la posibilidad de adquirir el paquete accionario de Col-Car S.A., y que en abril de 2007, Mario Celso López, representante legal de la actora, le hizo entrega a Wesley Mendonca Batista de un portfolio con documentación confidencial perteneciente a Col Car S.A., a los fines de evaluar su posible compra. Refiere que la demandante manifestó que dicha documentación le fue enviada por su representante en Córdoba, Juan José Colazo, el que la habría recibido de Arturo y Sebastián Beltrán. Señala que MCL manifestaba tener facultad para representar y ofrecerle emprendimiento por un valor de U$S 20.000.000 cuya comisión correría por orden y cuenta de los vendedores.

Expresa que su parte manifestó tener interés en la operación y planeó una visita en la planta lo que no se concretó. Que luego Wesley Mendonca Batista, expresa que las tratativas serían llevadas a cabo por su hermano Joesley, Director y Presidente de la Cía., el que posteriormente delegó la negociación en la subsidiaria Swift Armour Argentina S.A., actualmente, JBS ARGENTINA S.A., habiendo terminado con éxito las negociaciones en octubre de 2007. Advierte que desconoce cuál fue la relación entre MCL y Col Car S.A., y si ésta le abonó dinero por la tarea que desempeñó.

Refiere que en el año 2008, su representada tomó conocimiento de un reclamo por parte de MCL contra los anteriores accionistas de Col Car S.A. por el pago de la comisión que entendía debía abonársele por la operación de compra venta celebrada, y atento que los reclamados negaron la intervención de la misma, MCL inicia un proceso cautelar en Brasil solicitando diversas medidas que involucran a representantes de JBS S.A.

Subsidiariamente, impugna el monto de la comisión, señalando que el mismo no puede exceder el 1% o el 1 y ½ %.

Hasta aquí el alcance del reconocimiento que hace la codemandada, empresa JBS Argentina S.A., continuadora y controlada por JBS Brasil S.A., de la existencia de la intermediación en los términos denunciados por la parte actora en su demanda.

No obstante, cabe señalar que el apoderado de la demandada JBS S.A. Argentina, si bien al alegar reitera su reconocimiento en cuanto que su mandante recibió el portfolio de manos de Mario Celso López, representante legal de MCL compuesto por documentación relativa al frigorífico Col Car S.A. y que el representante de MCL expresó encontrarse facultado por éstos para ofrecer en venta el frigorífico, cuya comisión se hallaba a cargo de los vendedores, y que desconoce la vinculación o inexistencia de la misma entre MCL y Beltrán. Luego, agrega que la compra de las acciones no se concretó en los hechos por la intervención de MCL pues las negociaciones quedaron paralizadas por algún tiempo, hasta que renace cuando jugando al golf Arturo Beltrán le comenta a Gustavo Oliva Funes sobre la oferta de venta, habiéndose concretado el negocio por las negociaciones personales y directas desplegadas por entonces entre los Sres. Oliva Funes, por aquél entonces directivo de su representada y el señor Arturo Beltrán, en representación de los accionistas de Col – Car S.A.

Estos argumentos expresados en los alegatos traducen una modificación sobre los términos en que se fijó el contradictorio. Luego, este vicio, lo reitera esta parte en forma manifiesta en su recurso de apelación, por lo que atento la gravedad procesal de este defecto, se adelanta que los agravios que concreta este recurrente no serán abordados, a excepción del que versa sobre la procedencia del derecho de la actora a percibir la comisión que pretende de esta parte pues fue sostenido en idénticos términos a lo enunciado en la demanda.

4.- Luego, un detenido examen de las pruebas incorporadas y producidas válidamente en la causa autoriza efectuar las siguientes consideraciones:

En cuanto a la existencia del contrato de intermediación internacional que invoca la actora como causa (título) de su derecho a percibir la comisión que pretende en estos autos, cabe señalar que el reconocimiento efectuado por la codemandada JBS S.A. Argentina sobre este extremo, se ha visto corroborado con la declaración que el señor Wesley Mendoza Batista emite con fecha 4 de enero de 2008, en calidad de director ejecutivo y accionista controlador de la empresa JBS S.A. con sede en San Pablo, capital (v. fs. 23), que afirma que “A Comienzo del mes de abril del 2007, Mario Celso López, representante legal de MCL EMPRENDIMIENTOS Y NEGOCIOS Ltda., me entregó un PORTFOLIO, compuesto de INVENTARIO PATRIMONIAL, FACTURACIÓN ANUAL, BALANCE FINANCIERO, con todas las documentaciones confidenciales, pertenecientes al FRIGORÍFICO COL-CAR S.A., con sede en la localidad de Colonia Caroya, Provincia de Córdoba -AR. Estos documentos fueron enviados a Mario Celso, por su representante en la provincia de Córdoba, Sr. JUAN JOSÉ COLAZO, quien lo recibió de ARTURO BELTRÁN y SEBASTIÁN BELTRÁN para presentar y ofertar el emprendimiento a nuestra empresa JBS S.A. para su venta por el Valor de U$S 20.000.000 (veinte millones de dólares), cuya comisión siempre fue a cargo de los vendedores” (conforme traducción legalizada, v. fs. 53).

De esta forma, cabe tener por acreditada la realización de la intermediación por parte de la actora, primero a través del señor Colazo, su representante en nuestro país, y luego por López, su representante legal en Brasil, es decir, quienes realizaron el acercamiento entre las partes celebrantes de la compra venta de las acciones de Col Car S.A. por Swift Armour S.A., controlada por JBS S.A. de Brasil, siendo útil la gestión de acercamiento, pues posteriormente las partes oferente y aceptante acordaron las condiciones y perfeccionaron el negocio principal. He aquí la acreditación de la relación causal entre la intermediación y la concreción del contrato.

5.- De otro costado, se ha podido establecer a través de las pruebas incorporadas en la causa, que la empresa JBS Argentina S.A., es la continuadora de Swift Armour S.A. Argentina, la que conforme afirma la primera al contestar la demanda adquirió en el año 2005 y cuyo cambio de nombre fue decidido en el año 2006, conforme surge de las actas de directorio n° 496 y 497 de la empresa Swift Armour S.A. Argentina (Fs. 421), donde consta que en setiembre de 2007 esta sociedad se hallaba en proceso de cambio de nombre por JBS Argentina S.A., decisión que había sido adoptada por los accionistas con fecha 1° de enero de 2006 conforme surge del acta de directorio n° 467 (V. fs. 505 y fs. 508). Se deja constancia además en el acta de directorio n° 497, que existe la posibilidad de adquirir el paquete accionario de Col Car S.A.

Luego, en el acta de directorio de Swift Armour S.A. Argentina n° 508 de fecha 25 de enero de 2008, se consigna que el acto en ausencia del Presidente de la primera, Joesley Mendonca Bastista, es abierto por el vice de aquélla Nelson Dalcanale, que manifiesta que como es de conocimiento de los presentes la sociedad suscribió con fecha 3 de octubre de 2007 un compromiso para la compra del 100 % del paquete accionario de la firma COL - CAR S.A. y que dicha operación se encuentra condicionada a que sea aprobada por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Que ante la conveniencia de hacer un rápido cierre de la operación, acuerdan dejar sin efecto la condición y concluir la operación la que no obstante será sometida a la aprobación de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, y aprueban por unanimidad llevar adelante la operación indicada (fs. 422).

Seguidamente, a fs. 428 consta en los registros de Swift Armour Argentina S.A. que el cambio de denominación a JBS Argentina S.A. fue decidido en asamblea de accionistas en el año 2006, y aprobado por Inspección General de Justicia con fecha 3 de abril de 2008.

De esta forma, se da respuesta al argumento de los codemandados Beltrán, relativo a que la autorización para el cambio de denominación de la sociedad compradora arriba individualizada a JBS ARGENTINA S.A., se verifica tres meses después a la suscripción del compromiso de compra venta, pues ha sido establecido que las decisiones sobre esta cuestión precedieron en el tiempo al negocio de transferencia de acciones y a la intermediación internacional, por lo que corresponde atender la virtualidad acreditante de los extremos reconocidos por la codemandada, los que no obstante se ponderarán con el resto de la prueba.

6.- Del compromiso de compra-venta de acciones de fecha 03.10.2007 (fs. 320/334), surge que María Noé Beltrán, Santiago Beltrán, María Laura Beltrán, Sebastián Arturo Beltrán, María Eugenia Beltrán y María Cecilia Beltrán, ocupan la posición de vendedores y propietarios del 100 % del capital social de las sociedad Col – Car S.A., planta industrial ubicada en calle “C” n° 146, Colonia Caroya, Provincia de Córdoba, cuya actividad principal es el faenamiento de ganado bovino y procesamiento de productos cárnicos y sus derivados, y de camiones aptos para el traslado de dichos productos.

A su vez, como compradora figura la firma Swift Armour Argentina S.A., con domicilio social en calle Ingeniero Enrique 240, Piso 8° Capital Federal, República Argentina, representada en ese acto por el señor Carlos Oliva Funes, su Presidente.

Consta además que la compradora entrega una copia certificada por escribano público de las resoluciones adoptadas por su directorio autorizando y aprobando el otorgamiento, celebración y cumplimiento de dicho contrato, conteniendo los términos y condiciones que el mismo observará, y se acuerda la presentación de este contrato ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia en los términos de la Ley 25.156, y que al obtener dicha aprobación se perfeccionará la compra venta de acciones. Se convino también el precio de compra y la forma en que se abonará.

7.- A su vez, de la Resolución n° 52 del Secretario de Comercio Exterior de fecha 16 de abril de 2008 (fs. 201/203), surge que a través de la misma se autorizó la operación de concertación notificada, consistente en la adquisición por parte de la firma Swift Armour S.A. Argentina, del cien por ciento (100 %) del capital social, derechos políticos y económicos de la empresa Col - Car S.A. de acuerdo a lo previsto en el art. 13, inc. a) de la Ley N° 25.156, y considera parte integrante de esta resolución, al Dictamen emitido por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (en adelante CNDC), organismo desconcentrado en la órbita de la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Economía y Producción, de fecha 7 de marzo de 2008.

Luego, en el dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia) (CNDC) n° 654 de fecha 7 de marzo de 2008 (fs., 204/229), surge que se trata de una operación de concentración económica, por la cual mediante la instrumentación de un contrato de compraventa de acciones, los Sres. María Noé Beltrán, Santiago Beltrán, María Laura Beltrán, Sebastián Arturo Beltrán, María Eugenia Beltrán y María Cecilia Beltrán, venden a la firma Swift Armour S.A. Argentina, las acciones representativas de la totalidad del capital social de la sociedad Col – Car S.A. Se lee además que la referida operación tuvo su génesis en un compromiso de compra venta de acciones celebrado el 03.10.2007 –sujeto a la aprobación de dicha comisión-, y que se ejecutó el 1°.02.2008.

Luego, en el acápite “actividad de las partes”, se lee en el dictamen bajo tratamiento que la notificante Swift Armour S.A. Argentina, es una empresa constituida y vigente en la República Argentina, controlada por JBS Holding Internacional S.A., una sociedad dedicada a realizar inversiones, quien detenta el 95 % de su capital social, y dedicada a la elaboración de productos alimenticios de origen cárnico, y que el restante 5 % de las acciones de Swift es controlado por SASA INVERSIONES S.A.

De esta forma, atento que la calidad de controlada de la empresa Swift Armour S.A. Argentina, constaba en la documentación que integró el contrato que fuera sometido a autorización por la CNDC, considero que los demandados señores Beltrán quienes participaron en la celebración del negocio, estaban en condiciones de conocer este extremo, por lo que no es atendible que ignoraran la existencia de la calidad empresarial de la empresa que actuó como compradora.

8.- Corrobora la conclusión precedente, la testimonial del señor Carlos Eduardo Antonio María Oliva Funes (fs. 458/ y vta.), que interrogado sobre la forma en que se iniciaron las negociaciones por la compra del frigorífico Col Car S.A., declara que siendo Presidente de Swift Armour S.A. Argentina, su hermano Gustavo que trabajaba con él, le comentó que Arturo Beltrán le había ofrecido Col Car S.A. en Córdoba; que lo conversó con el señor Batista que era Presidente de la casa matriz en Brasil a quien le gustó la idea y le dio el consentimiento para seguir adelante en las negociaciones. Niega conocer a la firma MCL aclarando que las negociaciones las realizó en forma directa, sin intermediarios, y que en el caso de Col Car S.A., negoció directamente con Arturo Beltrán. Refiere que envió una comitiva a Colonia Caroya y que luego de recibir de la misma un informe favorable, le solicitó a Arturo Beltrán una carpeta que incluyera el balance de la compañía con más las aprobaciones para exportación, que él con posterioridad se le hizo llegar a Bs. As. por Mario Beltrán. Que después de recibida la carpeta volvió a conversar con Joesley Mendonca Batista, que analizaron el negocio y decidieron seguir adelante. Aclara que la negociación fue directa y sin ningún intermediario.

Refiere que luego Joesley Mendosa Batista le solicitó conocer la planta, que entonces el testigo le pidió autorización a Arturo Beltrán, aproximadamente en julio de 2007. Refiere que en agosto de 2007, realizó una última negociación con Arturo Beltrán y se pusieron de acuerdo con el precio y financiación, pasando a partir de allí al departamento de legales de Swift a cargo de Carlos Galli, para que se pusieran en contacto con los abogados de Beltrán y suscribieran los contratos, y que la operación se terminó firmando en octubre de 2007.

Interrogado por el apoderado de MCL respecto si entregó la carpeta personalmente a Joesley Mendoza Batista, responde que la carpeta quedó en Swift Armour S.A., que no recuerda haberla enviado al nombrado.

9.- Por su parte, de la declaración de Gustavo Adolfo Oliva Funes (461/ y vta.), quien fuera vicepresidente de Swift Armour S.A. Argentina, donde trabajó hasta 2008/2009, surge que es conteste con la versión dada por su hermano en cuanto a la forma como se iniciaron las negociaciones para la compra de Col Car S.A., al envío de dos comitivas a dicho establecimiento en el marco de las negociaciones, que recibió la carpeta en forma personal de Mario Beltrán, hermano de Arturo Beltrán, que no hubo intermediarios.

Refiere además que no conoce como se integraba el grupo de los brasileros de la familia Batista.

III.- A esta altura del tratamiento estamos en condiciones de expresar las siguientes conclusiones:

1.- Ha sido acreditado a través del reconocimiento que efectúa la empresa JBS S.A. Argentina, codemandada, al responder la demanda, que el señor Juan José Colazo, representante de MCL Emprendimentos e Negócios Ltda., fue quien recibió en forma verbal la oferta inicial de venta de Col Car S.A. a través de la persona de los señores Andrés y Sebastián Beltrán, quienes le entregaron un portfolio con documentación comercial, contable y técnica de la empresa, la que a su vez entregó a Celso López de MCL en Brasil, el que de inmediato inició el acercamiento con JBS S.A. Brasil, concretamente con su presidente el señor Wesley Mendoza Batista, al que le entregó dicho portfolio, quien por su parte le había encargado establecimientos frigoríficos para la compra, y que en esta oportunidad manifestó interés en la concreción del negocio principal. Luego, se sucedieron una serie de negociaciones, y contactos hasta que se perfeccionó el contrato de compraventa de acciones de Col- Car S.A.

Asimismo, el reconocimiento de la existencia de la intermediación efectuada por MCL, se ha podido corroborar con otras probanzas incorporadas en la causa. Así, el señor Carlos Oliva, quien a la época de las negociaciones que concluyeron con la celebración del contrato principal era el Presidente de Swift Armour S.A. Argentina, en su testimonial si bien expresa que la negociación fue directa entre él y los señores Beltrán, aclarando que no hubo intermediarios, reconoce que la casa matriz de la empresa por él presidida era JBS S.A. Brasil, de la que dependía dicha empresa, y que el negocio de compra del frigorífico Col – Car S.A. fue decidido por Wesley Mendoza Batista, quien durante el curso de las negociaciones delegó las mismas en su hermano Joesley Mendoza Batista.

De esta forma, no resulta atendible que los codemandados Beltrán sostengan que no conocían que Swift Armour Argentina S.A. era una subsidiaria de JBS S.A. Argentina, o que quien decidía la concreción del negocio era la casa matriz de Brasil. Corrobora este extremo el dictamen de la CNDC, antes analizado.

Por otra parte, las constancias documentales de las respuestas dadas por los señores Beltrán al rechazar los reclamos de cobro de comisión efectuados en sede extrajudicial por el señor Colazo, Celso López y MCL a ellos dirigidos, resulta relevante en cuanto permite acreditar la existencia de tales reclamos, conocer la causa invocada en los mismos y la pretensión del cobro de comisión.

Repárese que la actora en la demanda denunció que la primera notificación a los demandados efectuada por su representado Celso López y por Juan José Colazo, fue efectuada el 14.11.2007, y que como hicieron oídos sordos notificaron por escritura pública, solicitando el pago de la comisión.

A su turno, los codemandados señores Beltrán, señalan que la intimación de la contraria fue contestada por su parte mediante la carta documento de fecha 14/12/2007 a los domicilios consignados por aquélla pero no fue recepcionada, lo que motivó que el 02.01.2008, se le notifica el texto de las cartas documento a través de escritura pública n° 1, serie B, cuyos términos ratifica.

Luego, las constancias adjuntadas por los demandados señores Beltrán a fs. 335/347, permiten conocer los instrumentos a través de los cuales los nombrados rechazaron los reclamos de la parte actora, los que conforme surge de la respuesta fueron efectuados por el señor Colazo invocando la representación de MCL, Emprendimientos e Negocios Ltda., a través de carta documento con intervención notarial -Escrituras n° 525, y n° 141-. Dichos rechazos fueron dirigidos al señor Juan José Colazo, domiciliado en esta ciudad de Córdoba, con fecha 14.12.2007.

Debe destacarse además que el reclamo de la empresa actora fue dirigido solamente a los vendedores no constando reclamo a JBS S.A. de Argentina o a Swift Armour S.A., lo que permite en el marco de la teoría de los actos propios interpretar que esos fueron los términos acordados por las partes en ejercicio de la autonomía material de la voluntad y que surgen tácitamente del proceder posterior a la realización de la intermediación observado por las mismas. Resta señalar que conforme surge del contenido de la cuestión traída a revisión no se halla involucrado el orden público inderogable.

De otro costado, de la traducción de los reclamos surge que la comisión pretendida como pactada por la actora en calidad de intermediaria fue del orden del 5 % del monto de la operación (Ver. Fs. 26 y 53.).

Ahora bien, atento que en la especie la parte actora consiente la comisión fijada en la sentencia, en observancia al principio reformatio in peius no corresponde modificar dicho porcentaje –aunque sí el encuadre del caso-, no existiendo por otra parte agravio sobre este extremo de ninguno de los contendientes.

2.- En cambio, la codemandada JBS Argentina S.A. se agravió de la procedencia de comisión en su contra por lo que corresponde expedirnos sobre esta cuestión:

Al respecto, tal como ha sido establecido el contrato de intermediación de marras fue celebrado en forma verbal, por lo que no tenemos constancia escrita de lo acordado en materia de cobro de comisión, concretamente, si las partes en virtud de la autonomía de la voluntad previeron la aplicación de un determinado sistema jurídico sobre esta cuestión.

No obstante, el comportamiento observado por las partes autoriza señalar que la comisión fue acordada a cargo de los vendedores, pues ello surge claramente de los actos propios de la accionante quien hace dos reclamos en sede extrajudicial que no fueron dirigidos a JBS Argentina S.A., ni a Swift Armour S.A., sino solamente a los señores Beltrán.

De esta forma, habiendo alcanzado a partir de las probanzas antes valoradas convicción sobre la intermediación efectuada por la empresa actora y la utilidad de la misma a efectos de la concreción del negocio principal, surge en consecuencia su derecho al cobro de comisión, la cual representa la remuneración por su tarea de intermediación.

Respecto de ésta última, concluyo que se ha podido establecer a través del comportamiento posterior a la realización de la intermediación observado por la accionante, que se acordó la comisión a cargo solamente de la parte vendedora, los codemandados Beltrán, por lo que se deja sin efecto la comisión que la sentencia declara a cargo de JBS Argentina S.A.

De otro costado, cabe advertir que tanto el compromiso de venta, como el contrato de transferencia de acciones y el trámite por ante la CNDC, son cuestiones vinculadas al contrato de compraventa, el cual es diferente del de intermediación internacional, por lo que no corresponde adentrarnos a los argumentos que versan sobre el negocio principal. Baste sólo señalar que lo que se acordó en forma verbal fue la intermediación no el contrato de compraventa de acciones por el valor de U$S 20.250.000, el cual fue instrumentado por escrito.

3.- Finalmente, corresponde referirnos a los planteos de los apelantes señores Beltrán, relativos a que la actora no ha acreditado representación, ni poder por la actuación del señor Juan José Colazo.

Al respecto, de manera previa cabe señalar que en el campo de la intermediación internacional se admite la actuación de un representante en forma habitual o aislada, con poder o con representación, o sin poder. Si estamos ante un representante con poder los conflictos que se susciten en su actuación con su representado se rigen por la Convención Interamericana sobre Régimen Legal de Poderes para ser utilizados en el Extranjero”, aprobada por Ley 22.550 (B.O.15.03.82), supuesto que no es el de marras.

A su vez, en el caso de un mandatario que actúe sin poder, la relación de representación se rige por la Convención sobre la ley aplicable a los Contratos de Intermediarios y a la Representación adoptada por la Conferencia de La Haya de derecho Internacional, aprobada por la Ley 23.964 (B.O. 19.09.91).

Dicha convención determina la legislación aplicable a las relaciones internacionales que se establecen cuando una persona tiene poder para actuar, actúa o se propone actuar en nombre de otra persona, el representado, y “comprende a la actividad del intermediario consistente en recibir y comunicar propuestas o efectuar negociaciones en nombre de otras personas”.

Esta convención se aplica cuando el intermediario actúa en su propio nombre o en nombre del representado, ya sea su actividad habitual u ocasional (art. 1 de la convención bajo tratamiento).

Luego, la relación entre el representado y el intermediario se rige por la norma interna elegida por las partes, ya sea en forma expresa o que surja de las circunstancias del caso. Si no se verifican estos supuestos se rige por el derecho interno del Estado en el cual en el momento de establecerse la representación tenga el intermediario su establecimiento profesional o en su defecto su residencia habitual.

Mientras que la relación entre el representado y un tercero, la existencia o el alcance de los poderes del intermediario, así como los efectos que tengan sus actos en el ejercicio real o pretendido de sus poderes se regirán por la legislación interna del Estado en el cual el intermediario tenía su establecimiento profesional en el momento en que actuó (art. 11 de la Convención bajo tratamiento)

Luego, en la especie ha quedado establecido que los señores Mario y Sebastián Beltrán, confirieron una autorización verbal al señor Juan José Colazo para que formule la oferta del paquete accionario de Col Car S.A., lo que concretó comunicando la oferta y remitiendo el portfolio con documentación contable y técnica confidencial de la empresa que le entregaran los primeros.

Adviértase que el corretaje admite autorización para intervenir en forma expresa o tácita.

A su vez, la empresa accionante refiere que el señor Colazo es su representante en nuestro país, por lo que atento que la primera ha realizado un acto aislado cabe considerar al señor Colazo conforme surge de las actuaciones y lo invocado y probado por las partes como un representante ocasional respecto de este negocio particular de intermediación –por oposición a permanente-, pues MCL Emprendimentos e Negócios Ltda. no realiza actos permanentes en nuestro país.

En cuanto a la relación entre Colazo y la empresa actora estamos ante un supuesto de mandato verbal (mandato aparente), ocupando la posición de intermediario tanto Colazo como aquélla. No debe perderse de vista que en el contrato de corretaje no se trata de celebrar un negocio a nombre de otro sino de conseguir una persona interesada en celebrar el negocio que oferta otra. Luego el negocio principal se celebra entre oferente y aceptante, no participa el intermediario.

4.- Acerca del argumento de los codemandados señores Beltrán, referido a que el negocio de intermediación es extraño al objeto social de la empresa actora cabe señalar que la misma tiene por objeto la “exploración de emprendimientos inmobiliarios en general, construcción y comercialización de inmuebles propios y de terceros.” (fs. 36).

Luego, si bien el negocio en el que intermedió la actora, técnicamente se trata de una concentración económica, concretamente la adquisición del cien por ciento del capital social, derechos políticos y económicos de la empresa Col - Car S.A., es decir, la totalidad del paquete accionario. Ello así pues los vendedores de Col- Car S.A. al momento de la operación principal, eran propietarios exclusivos de tenencias accionarias representativas del cien por ciento del capital social de la misma, no puede desconocerse que dicha sociedad era titular de una planta industrial dedicada al faenamiento de ganado bovino y al procesamiento de productos cárnicos y sus derivados (planta frigorífica), y además de camiones para traslado (acciones, planta y camiones).

Asimismo cabe recordar que la acción societaria tiene un triple significado: se refiere a una fracción del capital social; al derecho patrimonial a esa fracción, y al título que la representa (Halperín- Otaegui “Sociedades Anónimas”, 2da. edición, editorial Depalma, 1998, p. 308).

En este contexto, considero que la amplitud del objeto social de la empresa actora la habilitaba a realizar la intermediación internacional de marras, no surgiendo por otra parte del Estatuto social de dicha empresa que no pueda conferir mandato ni representación en el exterior (traducción de fs. 35/39).

5.- De otro costado, en cuanto al agravio de la codemandada JBS Argentina S.A. sobre la condena en costas, atento el sentido de este pronunciamiento deviene abstracto pues corresponde la adecuación de las mismas, las que se imponen por el rechazo de la pretensión de cobro por parte de la actora a esta parte por el orden causado en ambas instancias atento la complejidad de las cuestiones invocadas y el encuadre efectuado por el Inferior (art. 68 segundo párrafo del CPCCN).

6.- Finalmente, corresponde advertir que tanto el porcentaje de la comisión como el interés fijado por el Inferior sobre la misma no han sido motivo de apelación ante esta instancia por la interesada.

IV.- Atento las argumentaciones dadas, propongo: 1) Modificar la Resolución n° 404 de fecha 21 de junio de 2011, dictada por el señor Juez titular del Juzgado Federal n° 1 de esta Ciudad, en los siguientes aspectos: a) en cuanto al encuadre jurídico del caso conforme los argumentos dados en los considerandos n° 2.-b), c) y III.-1.-; b) dejar sin efecto la condena que decide en contra de la codemandada JBS Argentina S.A., debiendo en consecuencia rechazarse la pretensión de la empresa actora de cobro de comisión a esta parte en mérito de las razones expresadas en el considerando número III.2.- de este decisorio; c) dejar sin efecto la condena en costas que le impone a JBS Argentina S.A., las que se adecuan al resultado de este pronunciamiento, y se imponen por su orden en ambas instancias (art. 68 segundo párrafo del C.P.C.C.N.);

2.- Confirmar la resolución de primera instancia en cuanto a la condena que fija en contra de los codemandados María Noe Beltrán, Santiago Beltrán, María Laura Beltrán, Sebastián Arturo Beltrán, María Eugenia Beltrán, María Cecilia Beltrán, y condena en costas.

3.- Imponer las costas de la Alzada a los codemandados María Noé Beltrán, Santiago Beltrán, María Laura Beltrán, Sebastián Arturo Beltrán, María Eugenia Beltrán, María Cecilia Beltrán, en un 70% y el 30 % a la parte actora (art. 71 del CPCCN). Se deja sin efecto la regulación de los honorarios practicada por la sentencia de primera instancia atento el sentido de este pronunciamiento, difiriéndose en consecuencia la determinación de los emolumentos por los trabajos de los letrados en segunda instancia para su oportunidad. ASÍ VOTO.

El señor Juez Subrogante de Cámara, doctor Carlos Julio Lascano, dijo: Que por análogas razones a las expresadas por el señor Juez preopinante, doctor José Vicente Muscara, votaban en idéntico sentido.

La presente resolución se emite por los señores jueces que la suscriben de conformidad a lo establecido por el artículo 109 el Reglamento para la Justicia Nacional.

Por el resultado del Acuerdo que antecede se resuelve:

1).- Modificar la Resolución n° 404 de fecha 21 de junio de 2011, dictada por el señor Juez Federal n° 1 de Córdoba, en los siguientes aspectos: a) en cuanto al encuadre jurídico del caso conforme los argumentos dados en el presente pronunciamiento; b) dejar sin efecto la condena que decide en contra de la codemandada “JBS Argentina S.A.”, debiendo en consecuencia rechazarse la pretensión de la empresa actora de cobro de comisión a esta parte en mérito de las razones expresadas en este decisorio; c) dejar sin efecto la condena en costas que le impone a “JBS Argentina S.A.”, las que se adecuan al resultado de este pronunciamiento, y se imponen por su orden en ambas instancias (art. 68 segundo párrafo del C.P.C.C.N.);

2).- Confirmar la resolución de primera instancia en cuanto a la condena de pago proporcional de comisión por trabajos de intermediación por el contrato de compra-venta descripto en la causa que fija a cargo conjunto de los codemandados María Noe Beltrán, Santiago Beltrán, María Laura Beltrán, Sebastián Arturo Beltrán, María Eugenia Beltrán, María Cecilia Beltrán, con más imposición de costas en primera instancia.

3).- Imponer las costas de la Alzada a los codemandados María Noé Beltrán, Santiago Beltrán, María Laura Beltrán, Sebastián Arturo Beltrán, María Eugenia Beltrán, María Cecilia Beltrán, en un 70% en conjunto y solidariamente y el 30 % a la parte actora (art. 71 del CPCCN). Se deja sin efecto la regulación de los honorarios practicada por la sentencia de primera instancia a los abogados atentos el sentido de este pronunciamiento, difiriéndose en consecuencia la determinación de los emolumentos por los trabajos de los letrados intervinientes en segunda instancia para su oportunidad.- J. V. Muscará. C. J. Lascano.