martes, 26 de mayo de 2015

Miceli, Elsa Alicia c. System Link International

CNCom., sala B, 30/04/14, Miceli, Elsa Alicia c. System Link International y otro s. ordinario.

Notificación de demanda en EUA. Traslado de demanda. Notificación postal. Convención de La Haya de 1965 sobre Notificación de Actos Judiciales en el Extranjero. Reserva de Argentina. No bilateralización de las reservas.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 26/05/15.

2º instancia.- Buenos Aires, 30 de Abril de 2014.-

1. Apeló subsidiariamente la actora la providencia de fs. 652. Su memoria corre a fs. 653/4.

2. Solicitó se la autorice a dar traslado de la demanda por vía postal -courrier privado; con acuse de recibo mediante certificación notarial- a cargo de su parte.

3. El Convenio relativo a la comunicación y notificación en el extranjero de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o comercial, suscripto en La Haya el 15 de noviembre de 1965, prevé en su art. 5° que las notificaciones podrán ser cumplidas de acuerdo con la legislación del Estado requerido o en otra forma contemplada en la ley del Estado requirente, siempre que no resulte incompatible con la ley del Estado requerido.

La notificación postal está prevista en el art. 10, inciso a) del Convenio de la Haya de 1965, al que la Argentina hizo reserva, mientras que los Estados Unidos de Norteamérica, Estado Parte del mencionado Convenio, acepta la notificación postal.

En ese contexto no se advierte óbice para que se proceda conforme lo solicitado, en la medida que el acto procesal cumpla la finalidad prevista.

Máxime si se tiene en cuenta la tendencia respecto de las reservas formuladas en los tratados de cooperación judicial internacional se inclina hacia la no bilateralización de las reservas, y esa falta de carácter recíproco facilita la cooperación y resulta más favorable para los interesados.

4. Se admite el recurso de apelación y se revoca la decisión apelada. Sin costas atento la ausencia de contradictorio.

5. Notifíquese a las partes por Secretaría del Tribunal y a la Sra. Fiscal de Cámara en su despacho.

6. Cumplida la notificación dispuesta supra, hácese saber a la Dirección de Comunicación Pública de la CSJN, conforme lo dispuesto en el art. 4 de la Acordada 15/13.

7. Efectivizado lo ordenado en el acápite que antecede, devuélvanse las presentes actuaciones al Juzgado de origen.

La Dra. María L. Gómez Alonso de Díaz Cordero no interviene por hallarse en uso de licencia (art. 109 RJN).- M. E. Ballerini. A. I. Piaggi.

lunes, 25 de mayo de 2015

Trimmings SRL c. Tam Linhas Aéreas

CNCiv. y Com. Fed., sala II, 23/04/14, Trimmings S.R.L. c. Tam Linhas Aéreas S.A. s. faltante y/o avería de carga transporte aéreo.

Transporte aéreo internacional. Transporte de mercaderías. Brasil – Argentina. Pérdida. Prueba del contrato. Guía aérea. Convención de Varsovia de 1929. Protocolo de La Haya de 1955. Protocolo Nº 4 Montreal 1975. Limitación de responsabilidad.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 27/04/14.

En Buenos Aires, a los 23 días del mes de abril de 2014, se reúnen en Acuerdo los señores jueces de la Sala II de esta Cámara para dictar sentencia en los autos del epígrafe. Conforme con el orden de sorteo efectuado, la doctora Graciela Medina dice:

I.- Según la guía aérea n° 957-8387 5702, emitida por “TAM LINHAS AÉREAS S.A.”, ésta compañía de aviación debía transportar desde la ciudad de San Pablo, Brasil, hasta el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, un cargamento compuesto por 12 cajas conteniendo cardazos de algodón y poliéster, etiquetas tejidas y estampadas.

Como las 12 cajas transportadas no llegaron a destino, la empresa textil “TRIMMINGS SRL” realizó ante la línea aérea mencionada, una serie de reclamos que no obtuvieron resultados positivos y en consecuencia promovió el presente juicio, reclamando el resarcimiento de los daños y perjuicios que dicha pérdida le significó, solicitando -a tal efecto- el pago de U$S 38.223,66 o lo que en definitiva resulte de la prueba a producir, según la liquidación que practica a fs. 147; comprensiva de los siguientes rubros: a) según Convenio de Montreal U$S 7.165,00, b) por reposición de la mercadería extraviada U$S 16.058,66 y por c) daño moral y lucro cesante U$S 15.000. Solicita los intereses hasta la fecha del efectivo pago y las costas del proceso (confr. fs. 144/150vta. y fs. 181/182).

Dicha pretensión fue resistida por la Cía. Aérea Tam Linhas Aéreas y luego de diversas negativas, invoca la aplicación del Sistema de Limitación de Responsabilidad prevista en el art. 22 inc. 3 de la Convención de Varsovia de 1929, convenio que ha sido ratificado e incorporado a nuestro plexo normativo mediante la ley 26.451, argumentando la total ausencia de la declaración del valor de la mercancía transportada (fs. 171/177vta.).

Vencido el período probatorio sin que la actora presentara alegato, la señora Magistrada de primera instancia, en el pronunciamiento de fs. 281/284vta., tuvo por no acreditados los hechos fundantes de la demanda y en consecuencia la rechazó con costas a la actora vencida (art. 68, primera parte del Cód. Procesal). Ésta apeló la sentencia a fs. 297 y expresó agravios a fs. 315/318, que su contraria contestó a fs. 320/321vta. Median también recursos por los honorarios regulados (fs. 289, 292/295,) los que serán tratados por la Sala en conjunto al final del acuerdo. Disconforme con el resultado obtenido, la actora vencida asevera en sus agravios que la señora Juez ha desconocido la importancia jurídica de la guía aérea, título del contrato entre el acarreador y el cargador, omitiendo considerar el resto de la prueba documental aportada.

II.- Como no todas las argumentaciones de las partes hacen al fondo de la cuestión, esto es, no resultan conducentes para la composición del litigio, no habré de seguirlas una a una en este voto, sino que estudiaré todos los aspectos que estimo sustanciales para arribar a una solución justa. Me atengo, así, a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ha estimado razonable esta metodología de fundamentación de las decisiones judiciales (confr. doctrina de Fallos: 265:301; 278: 271; 287:230; 294:466, entre muchos precedentes). Y en el análisis de la causa volcaré aquéllas probanzas que tengan incidencia en la asignación de los derechos de cada quien y haré uso de la facultad que me concede el art. 386, segunda parte, del Código Procesal.

III.- Hechas esta breve introducción y antes de comenzar puntualmente con los agravios de la vencida, comenzaré por señalar que desde el punto de vista del derecho aeronáutico la guía aérea, constituye el título legal del contrato de transporte aéreo que instrumenta sus condiciones (arg. Art. 5° y 11° de la Convención de Varsovia de 1929; en el mismo sentido, art. 119 del Código Aeronáutico; COSENTINO, E.T., Régimen jurídico del transportador Aéreo, Buenos Aires 1986, p. 225 y esta Sala causas 6124/91 y 4156/93 del 15.6.99). Contrato que se materializa en una serie de derechos y obligaciones de ambas partes, reguladas en nuestro país por el Código Aeronáutico y por la Convención de Varsovia de 1929, modificada por el Protocolo de La Haya de 1955.

En el caso, es un hecho incuestionable que la emisión de la guía aérea (fs. 8/9) donde constan los bultos a transportar constituye prueba decisiva del recibo del cargamento de origen (art. 11 de la Convención de Varsovia de 1929), tal como ocurre con el conocimiento de embarque en el transporte por agua (art. 298 de la Ley de navegación) o con las cartas de porte en el transporte terrestre (art. 165 del Código de comercio y esta Sala, causas 6404 del 17.3.89; 7014 del 15. 12.89; 5545 del 19.2.98 y muchas otras). De la guía aérea mencionada se desprende que, el transporte debía cubrir el trayecto “Guarulhos-Ezeiza”, y el traslado fue contractualmente asumido por “Tam Linhas Aéreas S.A.”, comportando su obligación esencial entregar en destino, en las mismas condiciones en que las recibió en origen, las mercaderías que le fueron confiadas a su custodia y guarda, para su transporte hasta el lugar convenido. Es decir, que con la emisión de la guía aérea n°957-8387 5702 (fs.8/9) “TAM LINHAS AÉREAS S.A.” asumió la condición de transportista aéreo contractual y recibió para su traslado -desde Brasil hasta Buenos Aires- 12 cajas conteniendo “cardazos de algodón y poliéster, etiquetas tejidas y estampadas, con un peso total de 281,800Kgs. y con un valor de la mercadería de U$S 16.058,66; datos esos que figuran también en la factura comercial 131420 (fs. 23/25).

Y esto no fue cumplido, pese a ser una obligación sustancial del transportista y si como se insinúa en la contestación de fs. 171/177vta.. Y sea por la razón que fuere, si el transportador emite una guía aérea documentando la carga a transportar y luego no la traslada, ello no lo releva de responsabilidad en orden al cumplimiento de los deberes de todo transportista ante el destinatario y no hay queja admisible cuando el gravamen proviene de una conducta discrecionalmente asumida (confr. C.S. Fallos: 252:208; 255:283; 258:299, entre muchos otros).

Ahora bien, el transportista aéreo asume frente a su contratante una obligación de resultado. Y en las obligaciones de resultado, es sabido que, la mera prueba del incumplimiento hace presumir la culpa del deudor, salvo la prueba en contrario que incumbe a él aportar (conf. Cosentino, E. ob. Cit. P. 71/72). Y el Tribunal se ha pronunciado en múltiples ocasiones en el sentido de que se presume “iuris tantum” la responsabilidad del porteador por los daños ocurridos o la desaparición de la carga (esta Sala causa 20639/95 del 2.2.96; 5667/93 del 10.4.97).

Lo dicho hasta aquí lo corrobora La “Terminal de Cargas Argentinas” que informó (fs.230) que a su arribo a Buenos Aires, el 16 de mayo 2010, a bordo del vuelo N° JJ8008 de la Cía. Aérea Tam Linhas Aéreas, … “no recepcionó carga, ello conforme surge del manifiesto de Ingreso n° 055.869 y del acta de cierre n° 1.195.971 y del Acta de Faltante n° SBFA 001894 R.”. (fs. 230).

En síntesis: está probado que la demandada asumió la ejecución del traslado de la mercadería con la emisión de la guía aérea n°957-8387 5702 (fs. 8/9) e incumplió su obligación que consiste en entregar en destino las cosas cargadas en el mismo estado en que las recibiera según la guía aérea mencionada, quedando su responsabilidad comprometida; a lo cual cabe añadir que se encuentra obligada a enjugar los daños y perjuicios correspondientes.

IV.- Tal conclusión me lleva a examinar seguidamente el capítulo de los daños reclamados, recordando que “TAM LINHAS AÉREAS S.A.” invocó en el responde la aplicación del Límite de Responsabilidad del Convenio para la Unificación de Ciertas Reglas para el Transporte Aéreo Internacional, denominado comúnmente, como Varsovia-La Haya, en su últimas versión en Montreal Canadá, toda vez que dicha versión establece su aplicabilidad y fue aprobado por la Ley 26.541 (fs. 171/72).

Es cierto que tratándose como se trata de un transporte aéreo e internacional de mercaderías, que tuvo lugar en el tiempo indicado, rige el Convenio de Varsovia-La Haya, que fue aprobado por la ley 14.111 (B.O. del 29.10.51),y el decreto ley 17386/67 (B.O. del 16.8.67) con las modificaciones introducidas por el Protocolo n° 4 Adicional firmado el 25 de septiembre de 1975 en la ciudad de Montreal, Canadá (el “Protocolo) ratificado por nuestro país el 14 de marzo de 1990, aprobado por la ley 23.556 (B.O. del 12.7.1988) y en vigor desde el 14 de junio de 1988.

El límite establecido en el art. 22 apartado b, del Convenio, fue modificado por el artículo VIII del Protocolo expresando “que en el transporte de carga, la responsabilidad del transportista en caso de destrucción, pérdida, avería o retraso se limita a una suma de 17 derechos especiales de giro (DEG) por kilogramo”.

El mencionado DEG es una unidad de medida, creada en la conferencia anual del Fondo Monetario Internacional, llevada a cabo en Rio de Janeiro en 1967 y que en la actualidad se calcula sobre la base de una canasta de monedas extranjeras, con un valor unitario que varía periódicamente. El límite de responsabilidad aludido en el considerando anterior, que es igual al previsto en el Convenio de Montreal de 1999, marca la suma máxima que el transportador aéreo está obligado a pagar en el supuesto de autos, y ciertamente, el art. 22 de la Convención no discrimina por razón de naturaleza del daño. A lo que cabe agregar, para despejar cualquier duda, que el tope de responsabilidad del art. 22 del Convenio está concebido para atender a la pérdida de las 12 cajas extraviadas que pesaban 281.800 kgs. brutos, y no se extiende a otros daños, como es el daño moral, el lucro cesante, o reposición de la mercadería extraviada, tal como lo solicita la apelante. De allí que las sumas solicitadas por estos conceptos queden al margen del límite que prevé el referido texto legal.

Tal es asimismo la conclusión que se desprende del texto del art. 24 de la Convención de Varsovia e igualmente la sostenida pacíficamente por nuestra jurisprudencia y doctrinas extranjeras. En el mismo sentido la Corte Suprema tiene señalado que el límite del art. 22 de la Convención de Varsovia constituye un tope máximo en la extensión pecuniaria del resarcimiento, más allá del cual no corresponde abonar suma alguna en concepto de capital. Es decir, que se trata simplemente de una limitación cuantitativa, lo cual no implica que deba ser abonada en todos los casos, sino que no puede ser excedida. Ello surge de la propia finalidad de la norma, que es la protección de las empresas aeronáuticas frente a los riesgos concernientes a su actividad, y por otra parte esta interpretación es la que mejor se ajusta al juego armonioso del citado art. 22 con el art. 24, en virtud de que éste último dispone que la acción por daños solamente podrá ejercitarse dentro de los límites señalados en el Convenio “cualquiera sea su título”.

En el sub lite de la guía aérea resulta que el transportista recibió 12 cajas para su traslado con un peso bruto de 281,800 kgs y cuyo contenido estaría conformado por “Cardazos algodón y Poliéster, etiquetas tejidas y etiquetas estampadas”. Puesto que no obra en la causa ningún elemento de juicio que contradiga a aquellas probanzas, luce como incuestionable aceptar que las 12 cajas extraviadas pesaban 281,800 kgs bruto. Será éste, por consiguiente, el peso a computar para calcular el límite de responsabilidad que prevé el art. 22 del Convenio de Varsovia.

Veamos, para responder adecuadamente al planteo de la demandada tengo en cuenta que por el ordinal XI del Protocolo de la Haya de 1955 fue modificado el art. 22 del Convenio agregándose, entre otras cosas, los apartados a) y b) en el inciso 2°, el último de los cuales dispone que “En caso de pérdida, averías o retraso de una parte del equipaje facturado o de las mercancías o de cualquier objeto en ellos contenido, solamente se tendrá en cuenta el peso total del bulto afectado, para determinar el límite de responsabilidad del transportista” (apartado b del inciso 2 norma cit., el resaltado me pertenece). De la documentación aportada y mencionada se desprende que el peso bruto a computar, no es otro que el de 281,800 kgs., punto de partida para calcular la suma a indemnizar sobre el DEG. Recordando que en la actualidad, el DEG tiene un valor unitario que varía periódicamente, según el Fondo Monetario Internacional.

V.- Cada kilogramo de peso, según dije, equivale a 17 DEG. Y cada DEG, cotiza a su vez, según una gran variedad de monedas extranjeras, (dólar, euros, libras etc.), no posee -hasta la fecha- una traducción al valor del peso argentino, por ello, el cálculo pertinente se obtendrá -según lo solicitado por la parte- en dólar estadounidense, y a la fecha de esta sentencia.

En consecuencia, debe ser acogida la petición de TRIMMINGS SRL y declarar que la condena que se pronuncie ha de ser satisfecha por “TAM LINHAS AÉREAS S.A.” según el límite de responsabilidad establecido en el art. 22, inc. 2, ap. b) de la Convención de Varsovia -texto según Protocolo de La Haya de 1955-, a cuyo fin habrá de computarse el peso bruto total de 281,800kg., ponderando el valor del DEG por el Fondo Monetario Internacional, según la cotización del dólar estadounidense; y según las pautas establecidas precedentemente y al momento de esta sentencia.

Por último agrego, que dicha limitación se extenderá sobre el capital de condena y no así sobre los intereses y las costas del proceso. Los intereses, devengarán desde la fecha del hecho dañoso (16 de mayo 2010 fecha de arribo del vuelo), una tasa pura del 6% anual no capitalizable y que esta Sala ha aplicado en varias ocasiones (confr. causas n°s 1425/04, del 30.12.09 y 16.397/03 del 17.2.10) por tratarse de una deuda en moneda fuerte.

VI.- Voto pues, porque se revoque la sentencia apelada y se haga lugar a la demanda, teniendo en cuenta que la actora resultó vencedora en el tema central del litigio -representado por la responsabilidad- y considerando que se remitió en la demanda a lo que en mas o en menos surgiera de la prueba, y en esas condiciones no hallo motivo para prescindir del principio general que consagra el art. 68, primera parte, del Código Procesal, que se atiene al hecho objetivo del vencimiento o derrota. Por ello, estimo justo que las costas del proceso de ambas instancias queden a cargo de la vencida.

El señor Juez de Cámara doctor Alfredo Silverio Gusman no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del R.J.N.).

El doctor Ricardo Víctor Guarinoni por razones análogas a las expuestas por la doctora Graciela Medina adhiere a su voto.

En virtud del resultado que instruye el Acuerdo que antecede, esta sala RESUELVE: revocar la sentencia de primera instancia y hacer lugar a la demanda declarando que la condena que se pronuncie deberá ser satisfecha por “TAM LINHAS AÉREAS S.A.” según el límite de responsabilidad establecido en el art. 22, inc. 2, ap. b) de la Convención de Varsovia -texto según Protocolo de La Haya de 1955-, a cuyo fin habrá de computarse el peso bruto total de 281,800kg., ponderando el valor del DEG por el Fondo Monetario Internacional, según la cotización del dólar estadounidense; y según las pautas establecidas en el considerando V y al momento de esta sentencia.

Dicha limitación se extenderá sobre el capital de condena y no así sobre los intereses y las costas del proceso. Los intereses, devengarán desde la fecha del hecho dañoso (16 de mayo 2010 fecha de arribo del vuelo), una tasa pura del 6% anual no capitalizable por tratarse de una deuda en moneda fuerte.

Que conforme con lo dispuesto por el art. 279 del C.P.C.C., déjase sin efecto los honorarios regulados en primera instancia, difiriéndose su determinación, al igual que los correspondientes a esta instancia, para el momento en que se apruebe en forma definitiva el monto resultante de la sentencia, y hasta el límite de responsabilidad previsto en el art. 22 de la Convención de Varsovia de 1929. Que a los efectos arancelarios, está representado por el quantum del tope de responsabilidad.

En consecuencia, resulta adecuado postergar la definición de los honorarios, y hasta que se practique la pertinente liquidación.

Hágase saber a los letrados la vigencia de las acordadas CSJN n° 31/11 y 38/13 -B.O. 17.10.13-.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.- G. Medina. R. V. Guarinoni.

viernes, 22 de mayo de 2015

Methanex Chile Limited c. Petrobras Energía S.A. (Argentina) s. medida precautoria

CNCom., sala D, 09/04/15, Methanex Chile Limited c. Petrobras Energía S.A. (Argentina) s. medida precautoria.

Arbitraje internacional. Arbitraje CCI con sede en Nueva York. Medidas cautelares en sede judicial. Anotación de litis. Reglamento de Arbitraje CCI: 28. Jurisdicción internacional. Jurisdicción concurrente.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 22/05/15.

2º instancia.- Buenos Aires, 9 de abril de 2015.-

1. Methanex Chile Limited apeló la resolución de fs. 50/53, mediante la cual el juez de primera instancia rechazó la medida cautelar (anotación de litis) solicitada en fs. 40/46.

Su recurso de fs. 54 fue concedido en fs. 58 y fundado en fs. 59/61.

En prieta síntesis, la apelante se agravia porque considera que: (i) estando acreditado el peligro en la demora, el juez de primera instancia se encuentra en condiciones de dictar la medida pretendida aún cuando resulte incompetente (ya que el Tribunal Arbitral al que se sometió el conflicto de fondo se halla constituido en Nueva York, EE.UU.) y, (ii) están dadas las condiciones legales para ordenar tal medida, sea que se la considere como innovativa o anotación de litis.

2. Previo a ingresar al tratamiento de los agravios de la pretensora, la Sala estima imprescindible examinar si existe competencia de los jueces estatales argentinos para examinar la procedencia de la cautela solicitada.

Al efecto, cabe señalar que el conflicto en que se sustentaría el pedido de una medida cautelar por parte de la actora se encuentra sometido a un arbitraje con sede en la ciudad de Nueva York, EE.UU., según las reglas de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) que, en cuanto aquí interesa, habilitan a las partes a solicitar a cualquier autoridad judicial competente la adopción de medidas cautelares (art. 28).

Como regla, para el dictado de una medida cautelar o urgente en proceso sometido a arbitraje, es competente el juez del país donde se encuentra la sede del arbitraje, y sólo excepcionalmente lo podrá ser el juez de otro país si el demandado tiene domicilio en él (conf. Rivera, J., Arbitraje Comercial - internacional y doméstico, Buenos Aires, 2007, p. 390, texto y citas en nota n° 40).

Consecuentemente, dado que la parte demandada (Petrobras Argentina S.A.) sería -siempre según los dichos de la accionante- continuadora en una relación contractual originariamente ocupada por otras empresas del país (YPF S.A. y Pecom Energía S.A., quienes poseyeron explotaciones de petróleo y gas en la República de Chile) y que, en definitiva, la medida cautelar pretendida se trabaría, según lo peticionado, en un organismo público de la República Argentina (Secretaría de Energía de la Nación), este Tribunal considera que resulta competente para decidir en la especie (esta Sala, 29.10.14, “Vineys, Francisco c/Fluvialba International Limited y otros s/medida cautelar”), sin que obste a ello -a este único efecto- el hecho de que la legislación aplicable al fondo del litigio sea la del Estado de Nueva York (v. fs. 14 y 41; esta Sala, 22.9.05, “Searle Ltd. c/Roemmers S.A.I.C.F. s/medida precautoria”), y sin perjuicio de lo que, además, se dirá en el considerando 4° en cuanto a la urgencia del caso y su relación con la intervención de la judicatura estatal.

A todo evento se destaca que la intervención de esta alzada mercantil, no implica asumir competencia para el examen de los recursos que, eventualmente, pudieran articularse contra el laudo arbitral, ya que la competencia para entender en ellos se rige por otras reglas.

Asimismo, se observa que lo que a continuación se resuelve sobre la cautelar solicitada, no importa emitir opinión alguna sobre la cuestión de fondo debatida, la que puede ser resuelta por el tribunal arbitral con criterio diferencial, toda vez que lo atinente al dictado de medidas cautelares en procesos arbitrales no importa una declaración de derecho respecto de la relación sustancial (conf. Rivera, J., ob. cit, ps. 402/403 y su cita de la CNCom. Sala C, 12/12/00, “Pérez Companc S.A. y otro c/ Enersis S.A. y otros”, ED 192-142).

3. (a) Corresponde recordar que quien apela una resolución judicial tiene la carga de criticar concreta y razonadamente las motivaciones y conclusiones del fallo que considere equivocadas, sin que para ello baste con remitirse a presentaciones anteriores (art. 265, Cpr.). Si el apelante incumple con tal carga, soslayando la técnica recursiva que impone el código ritual, el Tribunal debe declarar desierto su recurso, señalando las motivaciones esenciales del pronunciamiento recurrido que no han sido eficazmente rebatidas (art. 266, Cpr.; esta Sala, 2.12.13, “Raf L Sudamericana c/Lisdero, Alberto Valerio y otros s/redargución de falsedad”).

Es que una hermenéutica recursiva razonable y acorde al procedimiento judicial impone comprender adecuadamente la diferencia que existe entre criticar y disentir: lo primero implica desplegar un ataque directo y pertinente de la fundamentación de la sentencia apelada a través de la demostración de los errores fácticos o jurídicos que pudiere contener, mientras que lo segundo importa manifestar un mero desacuerdo con lo resuelto, lo que no tiene relevancia procesal si no se fundamenta la oposición ni se evidencian las bases jurídicas que sustentan un distinto punto de vista. Ello, por cuanto la verdadera labor impugnativa no consiste en denunciar ante la Alzada las supuestas injusticias o errores que el fallo apelado pudiere contener, sino que debe demostrárselas con argumentos concretos, poniendo en evidencia los elementos de hecho y de derecho que le dan la razón a quien protesta. Porque en el memorial importa la qualitae de la crítica; los disensos subjetivos constituyen nada más que modalidades propias del debate dialéctico ajeno a la impugnación judicial (esta Sala, 1.2.08, "Banco Unido de Inversiones s/quiebra s/incidente de ejecución de honorarios promovido por Fiedotin, Jorge A.").

(b) Sentado lo anterior, se observa que si bien el memorial de fs. 59/61 incumple la técnica recursiva explicada supra, existen algunos extremos que, aun resultando insuficientes para desvirtuar la decisión apelada, justifican que la Sala efectúe una serie de apreciaciones que conducirán -de todos modos- a la desestimación de los agravios del recurrente.

Por ello, y utilizando un criterio amplio de apreciación -que en ciertas ocasiones debe predominar sobre los pruritos formales- se tratarán los pretensos agravios que pudieren inferirse como expresados en aquel memorial, priorizando el derecho de defensa del apelante por sobre el aludido incumplimiento de la regla ritual antedicha.

4. La posibilidad de recurrir tanto a los árbitros como a los tribunales estatales a los efectos de requerir el dictado de medidas cautelares (jurisdicción concurrente) abre la posibilidad de que las partes abusen de ella (vgr. pidiendo la misma medida en ambas sedes o yendo a pedir a una lo que le negó la otra; conf. Rivera, J., ob.cit., p. 391) y por eso, el análisis de medidas como la aquí pretendida (anotación de litis en la Secretaría de Energía de la Nación y en el Banco Scotia Waterous de Santiago de Chile), debe efectuarse caso por caso y de acuerdo a las particulares circunstancias de cada uno.

En ese marco, la Sala juzga que la pretensora no ha demostrado, siquiera indiciaria o apriorísticamente, que iniciado el procedimiento pactado con Petrobras Energía Argentina S.A. el 11.10.13 y hallándose constituido el tribunal arbitral desde el 19.12.13 (v. fs. 9/26 y 41vta.), exista una urgencia tal que justifique asumir, aún con ciertas limitaciones temporales y cognoscitivas, la competencia atribuida de modo voluntario a los árbitros.

Las meras alegaciones de que el trámite de la ejecución de la medida cautelar en cuestión, en caso de ser otorgada por el tribunal arbitral naturalmente competente, podría demorarse, en modo alguno sustenta la pretendida intervención de la justicia estatal. Es que las publicaciones periodísticas copiadas en fs. 27/39 sólo predican sobre la intención de “Petrobras” de desprenderse de ciertos activos en el país, pero en modo alguno aportan una certeza, mínima pero necesaria, sobre la inminencia y perfeccionamiento de tales ventas ni, mucho menos, sobre la “notoria maniobra de insolvencia” en que se basa la urgencia invocada (v. fs. 42, segundo párrafo).

Por otra parte, no es ocioso destacar que una anotación de litis como la pretendida (inscripción en la Secretaría de Energía de la Nación de que ciertas concesiones de explotación de Petrobras Energía S.A. se encuentran sujetas al litigio sometido a arbitraje), en la medida que no impediría enajenación alguna de activos, no se aprecia cómo podría funcionar para garantizar el cobro de los daños y perjuicios que se dicen reclamados en el juicio arbitral, además de que no cumple la finalidad propia exigida por el art. 229 del Código Procesal de que la referida cautela se presente como accesoria de una pretensión que pudiere tener como consecuencia la modificación de una inscripción registral mobiliaria o inmobiliaria.

En tales condiciones, tal como se anticipó, los reproches de la pretensora deben ser desestimados.

5. Por los fundamentos que anteceden, la Sala RESUELVE: Rechazar el recurso de fs. 54, sin costas por no mediar contradictor.

6. Cúmplase con la comunicación ordenada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (ley 26.856 y Acordadas 15 y 24/13). Fecho, devuélvase la causa, confiándose al Juez a quo las diligencias ulteriores (art. 36:1º, Cpr.) y las notificaciones pertinentes. Es copia fiel de fs. 67/69.- G. G. Vassallo. P. D. Heredia. J. J. Dieuzeide.

lunes, 20 de abril de 2015

Tyrell, Juan C. c. Boehringer Ingelhem Argentina

CNTrab., sala VII, 30/06/14, Tyrell, Juan C. c. Boehringer Ingelhem Argentina S.A. y otros s. daños y perjuicios.

Sociedad constituida en el extranjero. Filial en Argentina. Contrato celebrado en Argentina. Demanda contra la sociedad y el representante. Falta de legitimación pasiva.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 20/04/15.

2º instancia.- Buenos Aires, 30 de Junio de 2014.-

El Dr. Néstor M. Rodríguez Brunengo dijo:

I. La parte actora apela sentencia de primera instancia que rechazó su reclamo tendiente al cobro de los daños y perjuicios que reclama por el uso de su imagen que, considera, fue utilizado indebidamente con posterioridad a la finalización de su contrato publicitario para una campaña de un producto medicinal “Flomax/Boehringer Ingelheim inc.”.

Asimismo hay recurso de las codemandadas “Grey Argentina S.A.” y “Boehringer Ingelheim S.A.” quienes cuestionan la distribución de las costas de grado en el orden causado y apelación de la perita contadora quien estima exiguos los honorarios que se le regularan (v. fs. 556, y fs. 561/63).

II. A mi juicio su libelo recursivo no constituye una crítica eficaz con miras al fin propuesto, tal la directiva que dimana del art. 116 L.O.

En efecto, la parte actora se agravia porque la Sra. Juez a quo hizo lugar a la falta de legitimación pasiva opuesta por las demandadas “Boehringer Ingelheim Argentina S.A.”, “Pioneras Producciones S.A.” y “Grey Argentina S.A.”, en tanto concluye que el actor demandó a personas jurídicas distintas de aquellas que lo contrataron (v. fs. 550/555).

Con ese fin, aduce que el decisorio sería confuso en tanto su parte sustenta la continuidad de la exhibición del comercial que grabó el actor en la página institucional del laboratorio demandado una vez vencidos los plazos de vigencia establecidos contractualmente; por lo que insiste en que, la codemandada “Pioneras Producciones S.A.” como productora y pagadora de la renovación tendría responsabilidad en los pagos de los comerciales y todo lo derivado de los mismos y, en concreto no realiza crítica idónea de lo que resultó el fundamento decisivo de la sentencia en este punto, cual lo es que el acuerdo acompañado en su informe por la Cámara Argentina de la Industria de Cine y Video Publicitario da cuenta que la productora no resulta responsable por la difusión del comercial en sitios de acceso gratuito a internet, salvo que se probare la responsabilidad directa de ésta en la difusión de los mismos; circunstancia esta última que la accionante no invocó ni acreditó máxime cuando el contrato original firmado por el actor incluía a internet como medio de campaña (v. contrato en sobre de fs. 2).

En consecuencia, quiere decir que la difusión de las imágenes del actor por internet fue expresamente autorizado en el contrato original que suscribiera, que data del año 2006 y por un acuerdo colectivo (v. fs. 308/334) la productora no era responsable de la difusión de la publicidad por internet sin que se hubiese invocado o probado que la misma hubiera participado en ello.

No soslayo la invocación que realiza la recurrente en punto a que la a quo habría desatendido lo previsto en el art. 27 C.C.T. 102/90 pero lo cierto es que en el libelo recursivo se deja incólume que en el contrato suscripto por el actor, que fuera acompañado como prueba por el accionante (v. fs. 2 sobre de prueba) figura como “contratante (empresa o responsable)” la sociedad “BENITO FILMS S.A.” que no fue demandada en esta litis, para la campaña publicitaria (producto/anunciante) “Flomax/Boehringer Ingelheim Inc”, y como “agencia (empresa/responsable) “Grey Worldwide”, indicándose en su relación domicilio sito en la Ciudad de N.Y. (v. fs. 543, arts. 116 L.O. y 386 del Cód. Procesal).

En consecuencia, lo arriba puntualizado, al contrario de lo pretendido por la recurrente, empece al análisis de la responsabilidad solidaria que pregona habida cuenta la falta de prueba que permita inferir que dicha codemandada haya incurrido en la responsabilidad que se le achaca y/o siquiera que haya sido continuadora de la productora con la cual suscribiera su contrato el accionante; máxime cuando la apelante soslaya no sólo la orfandad probatoria en punto al uso de “imágenes inéditas” del actor y que las mismas hubieran sido captadas para la filmación de algún aviso por Pioneras Producciones por lo que cabe concluir así que, ésta última, sólo actuó como gestor de negocios a la hora del pago de los importes correspondientes a la primera renovación de la campaña publicitaria del aviso publicitario que filmó el actor realizado por la productora Benito Films, conforme lo solicitado por Grey Worldwide NY en la orden de compra (purchase order v. doc. fs. 80/89; art. 386 C.P.C.C.N.).

El desconocimiento genérico que realizara en su ocasión la parte actora de la documental que cito no desbarata las conclusiones del fallo habida cuenta que, tal como se adelantara las pruebas sustanciadas no respaldan la tesitura del accionante, esto es que la codemandada “Pioneras…” haya sido continuadora de la productora “Benito…” y/o asumiera responsabilidad alguna frente a eventuales renovaciones y/o cuestiones derivadas del contrato que suscribiera el actor por lo que mal puede encontrar sustento su pretensión de endilgar responsabilidad a esta codemandada y máxime cuando el convenio que invoca en ninguna parte alcanza con el instituto de la solidaridad a quien actúa como gestor de pago (v. fs. 105/106, v. testigos Etchegaray (fs. 371), Schmidt (fs. 378/79) y Martínez Tomietto (fs. 380), v. arts. 21 y 27 C.C.T. 102/90, arts. 116 L.O. y 386 del Cód. Procesal).

Propicio así confirmar el fallo atacado en este aspecto.

III. Tampoco corre mejor suerte su agravio porque se hizo lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por las codemandadas Boehringer Ingelheim Argentina S.A. y Grey Argentina S.A. (v. fs. 551 vta. y sgtes.).

En efecto, en su especiosa y ampliada versión ahora sostiene entre otras cosas que en los casos de grupos económicos integrados con dos sociedades (una nacional y otra extranjera) la sociedad nacional debe responder por las consecuencias del contrato del que formara parte la sociedad extranjera para ser cumplido en el país por ella dominada, argumento que mas allá que no puesto así en el debido conocimiento de la sentenciante, lo cierto es que no desbarata el fundamento decisivo de la sentencia cual lo es que el anunciante del producto en cuya publicidad trabajó el actor fue “Boehringer Ingelheim inc.” sociedad constituida en los Estados Unidos de América, habiéndose grabado en idioma inglés por cuanto el producto era dirigido al público estadounidense. Además, deja incólume la informativa de ANMAT (fs. 170) y CLYNA (fs. 183) que dio noticia cierta que “Flomax” es una medicación que no se produce ni se comercializa en el país, por lo que mal puede afirmar el recurrente que las codemandadas se beneficiaron con la exhibición de un producto que lleva su marca; circunstancia de la que también dio cuenta la testimonial brindada en la litis como así también firme la documental acompañada por el propio accionante que da cuenta que los contratantes del actor difieren de la sociedades contra las que accionó (v. Guitar (fs. 233), Calio (fs. 235) y Pacheco (fs. 241), arts. 116 L.O. y 386 del Cód. Procesal, v. fs. 543/45, art. 277 del Código Procesal).

En consecuencia, su pretensión de que se responsabilice a empresas que no participaron en la concertación del contrato que suscribió el actor diciendo ahora que la sociedad nacional debiera responder por las consecuencias del contrato que formara parte la sociedad extranjera, a mi juicio, no encuentra asidero jurídico alguno que lo avale, en tanto no rebate el fundamento decisivo cual lo es que, concretamente, el actor demandó personas jurídicas distintas de aquellas que lo contrataron y máxime cuando también se deja incólume que si bien “Grey Worldwide” como “Boehringer Ingelheim inc.” resultan ser firmas de relevancia con representaciones en varios países, no menos lo es el hecho de que las demandadas fueron traídas a juicio no por ser representantes de aquéllas, sino en carácter de contratantes, hecho éste último que no ha sido acreditado en la Litis (ver fundamentos a fs. 544/545, art. 18 C.N., art. 116 L.O. , 277 y 386 ya cit.).

Sugiero así la confirmatoria del fallo apelado en lo substancial que fuera materia de recurso y agravio por parte del actor, siendo innecesario abocarse al análisis del resto de sus críticas en tanto el art. 386 del Cód. Procesal otorga al juez la facultad de apreciar los elementos de prueba según su sana crítica, sin serle exigible la expresión en la sentencia de la valoración de aquellos medios que no resulten esenciales y decisivos para el fallo de la causa (esta Sala in re “Moreno c/Carosi S.A.” S.D. nro.: 25.152 del 30/06/95, “Gallardo, Ángel Rodolfo c/Lavadero One Way S.R.L. y otros s/Despido” S.D. nro.: 39.434 del 10/08/2001).

IV. La forma de distribución de las costas de grado motiva agravio de las codemandadas (v. fs. 561/63).

La Sra. Juez a quo dispuso que sean en el orden causado, con base en la homonimia entre las empresas nacionales demandadas y aquellas internacionales no demandadas en autos y, a mi juicio, en el caso especial considero que dada la complejidad del debate, bien puede aplicarse la excepción al principio general de la derrota, en tanto el actor pudo considerarse con derecho a litigar como lo hizo (art. 68, 2da. Parte del Cód. Procesal).

Sugiero así confirmar el fallo también en este punto.

V. La cuantía de los honorarios regulados en la primera instancia, con base en el mérito y extensión de la labor desplegada por los profesionales intervinientes, a mi juicio, lucen equitativos, por lo que sugiero su confirmación (art. 38 L.O. y demás normas del arancel vigentes).

VI. De tener adhesión este voto, las costas de alzada sugiero declararlas en el orden causado (art. 68, 2da. Parte del Código Procesal), por las razones ya indicadas en el considerando IV. y regular los honorarios por la actuación en segunda instancia para la representación y patrocinio letrado de la parte actora en el 25%, los de la codemandada “Boehringer Ingelheim S.A.” en el 25%, los de “Pioneras Producciones S.A.” en el 25% y los de “Grey Argentina S.A.” en el 25%, respectivamente, de lo que les corresponde por la actuación que les cupo en la primera instancia (art. 14 Ley del arancel).

La Dra. Estela M. Ferreirós dijo:

Por compartir sus fundamentos adhiero al voto que antecede.

La Dra. Beatriz I. Fontana: no vota (art. 125 de la Ley Nº 18.345).

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, el Tribunal resuelve: 1) Confirmar la sentencia apelada. 2) Costas en el orden causado. 3) Regular los honorarios por la actuación en segunda instancia para la representación y patrocinio letrado del actor en el 25% (veinticinco por ciento), para “Boehringer Ingelheim S.A.” en el 25% (veinticinco por ciento), para “Pioneras Producciones S.A.” en el 25% (veinticinco por ciento) y para “Grey Argentina S.A.” en el 25% (veinticinco por ciento), respectivamente, de lo que les corresponde por la actuación que les cupo en la primera instancia. 4) Oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el art. 1º de la Ley Nº 26.856 y con la Acordada de la CSJN Nro.: 15/2013.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.- N. M. Rodríguez Brunengo. E. M. Ferreirós.

lunes, 13 de abril de 2015

Premiani, Vicente Nazario c. Embajada del Reino de Arabia Saudita

CSJN 01/07/14, Premiani, Vicente Nazario c. Embajada del Reino de Arabia Saudita s. despido.

Inmunidad de ejecución. Embargo preventivo sobre bienes de la Embajada. Improcedencia. Convención sobre Relaciones Diplomáticas Viena 1961. Convención sobre Relaciones Consulares Viena 1963.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 13/04/15 y en DJ 03/12/14, 44.

Suprema Corte:

I- La Cámara Nacional del Trabajo (Sala VII) confirmó lo resuelto en la instancia anterior, en cuanto había rechazado el embargo preventivo -sobre los bienes muebles del Centro Cultural Islámico Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas Rey Fahd, pertenecientes a la Embajada del Reino de Arabia Saudita en la República Argentina- tendiente a garantizar el cobro de la suma de dinero resultante de lo decidido en la sentencia laboral firme (en fs. 335/339) de los autos principales del presente incidente.

Para así decidir, la Cámara se sustentó en el criterio sentado en Fallos: 330:5139 (“Manauta”) y puso de especial relieve que los bienes eran de propiedad de la Embajada.

Según manifestó, dicha circunstancia era esencial, porque la inmunidad de ejecución comprendía todo el patrimonio de la representación diplomática. Además, explicó que el carácter de “iconos sagrados” que pudieran representar los bienes en cuestión carecía de trascendencia, ya que la imposibilidad de afectarlos provenía de su pertenencia a la Embajada y no de su vinculación con el culto.

Disconforme con tal pronunciamiento, la parte actora presentó recurso extraordinario federal (fs. 53/66), que fue denegado (fs. 68), dando origen a esta queja.

II- Se agravia en cuanto considera que se configura una cuestión federal simple, toda vez que se halla en juego la interpretación de normas de rango federal -art. 22, inc. 3), de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y art. 31, inc. 4), de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares-, como así también, la correcta interpretación de la jurisprudencia de V.E.

Sostiene que la sentencia recurrida posee serios defectos en la fundamentación y es descalificable como acto jurisdiccional, ya que omite ponderar cuestiones que resultan conducentes para la correcta dilucidación del pleito y efectúa afirmaciones dogmáticas basadas en fundamentos aparentes, afectando su derecho de defensa.

En relación con el fondo del asunto, arguye que la garantía de inmunidad de ejecución no brinda amparo a la totalidad del patrimonio de los estados extranjeros, sino solamente a la porción (de dicha individualidad jurídica) afectada al ámbito de las relaciones diplomáticas.

Por ende, concluye que en virtud de los fines, propósitos e incumbencias de carácter no diplomáticas atribuidas al Centro Cultural, no le correspondería el privilegio de la inmunidad de ejecución respecto de sus bienes, y ello no afectaría las relaciones entre la República Argentina y el Reino de Arabia Saudita.

III- A mi modo de ver, el recurso extraordinario es formalmente admisible, toda vez que se halla en juego la interpretación y aplicación de normas de carácter federal y la decisión definitiva del superior tribunal de la causa ha sido adversa a la pretensión del apelante.

En este sentido, es menester recordar que V.E. ha dicho, reiteradamente, que a los fines dispuestos por el art. 14 de la ley 48, sentencia definitiva no solo es la que concluye el pleito, sino también aquella con consecuencias frustratorias respecto del derecho federal invocado, por su tardía o imposible reparación ulterior (Fallos: 319:2215, entre otros).

Asimismo, cabe señalar que la naturaleza de la cuestión planteada -el reconocimiento del privilegio de inmunidad de ejecución de un estado extranjero- concierne a un principio de ley de las naciones (Fallos: 323:959, entre otros), que revela su inequívoco carácter federal y determina que su inteligencia debe ser dilucidada por la Suprema Corte.

IV- En cuanto al fondo del asunto, estimo que la Cámara ha resuelto en forma adecuada los planteos formulados por el actor con respecto a la improcedencia de la medida solicitada, pues las cuestiones que se discuten en esta causa son sustancialmente análogas a las debatidas y resueltas en los precedentes publicados en Fallos: 322:2399 y 330:5139, en los cuales V.E. sostuvo que las limitaciones a la embargabilidad de los bienes de las embajadas habían sido impuestas por la necesidad de garantizar el desempeño eficaz de las representaciones diplomáticas, y de no poner en riesgo la existencia misma del Estado en contra de quien se pronunció la sentencia condenatoria.

De conformidad con la jurisprudencia citada, debe preferirse la operatividad de la inmunidad del estado extranjero frente al derecho del trabajador al cobro de su salario, con el fin de preservar el desarrollo amistoso de las relaciones entre los estados (del Fallos: 322:2413, cons. 100).

Sin embargo, en mi parecer, procedería el requerimiento del pago de la condena en la persona del representante legal del estado extranjero, lo cual en nada vulneraría las inmunidades y prerrogativas de aquél y sería, en cambio, conducente para la adecuada realización de justicia entre las, partes, todo ello mientras los trámites de ejecución sean compatibles con las normas y principios del derecho de gentes (Fallos: 240:93; 322:2399).

Por lo expuesto, pienso que debería darse inicio a las gestiones -por la vía diplomática que corresponda- a fin de lograr el acatamiento de la sentencia firme por parte de la obligada.

V- Opino, por tanto, que corresponde declarar la admisibilidad formal del recurso interpuesto y confirmar la sentencia apelada.- Buenos Aires, 23 de abril de 2013.- L. M. Monti.

Buenos Aires, 1º de julio de 2014.-

Considerando:

Que las cuestiones planteadas son sustancialmente análogas” a las debatidas y resueltas en los precedentes de Fallos: 322:2399 (Blasson, Beatriz L. G. C. Embajada de la República Eslovaca) y 330:5139, a cuyos fundamentos y conclusiones corresponde remitir en razón de brevedad.

Por ello y lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal, se hace lugar a la queja, se declara la admisibilidad formal del recurso extraordinario y se confirma la sentencia apelada. Agréguese la queja al principal.- R.L. Lorenzetti. E.I. Highton de Nolasco. C.S. Fayt. E.S. Petracchi. J.C. Maqueda.