jueves, 23 de marzo de 2017

Courouyan, Rodolfo s. sucesión ab intestato. 1 instancia

Juz. Nac. Civ. 47, 16/07/14, Courouyan, Rodolfo s. sucesión ab intestato.

Matrimonio celebrado en Argentina. Divorcio no vincular decretado en Argentina (art. 67 bis ley 2393). Segundo matrimonio celebrado en Venezuela. Sucesión. Orden público internacional. Relatividad. Variabilidad. Actualidad. Legitimación hereditaria. Aplicación del precedente Solá.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 23/03/17.

1º instancia.- Buenos Aires, de julio de 2014.-

AUTOS Y VISTOS: I.- Con la partida de f. 1 se acredita el fallecimiento de Rodolfo Courouyan, ocurrido el 29 de junio de 2012.

II.- Con la partida de fs. 194/199 se acredita el matrimonio del causante con Nancy Elsa Pellis, celebrado el día 8 de noviembre de 1978 celebrado en el municipio de Naguanagua, Distrito Valencia, Estado de Carabobo, República Bolivariana de Venezuela.

III.- A fs. 236/237 se acompañó partida de matrimonio en primeras nupcias entre Nancy Elsa Pellis y Carlos Eduardo Videla, celebrado el 5 de marzo de 1958 en esta Ciudad.

Conforme surge de la nota marginal de la partida aludida, con fecha 16 de junio de 1972 se dictó sentencia de divorcio por culpa del esposo y disolución de la sociedad conyugal (conf. art. 1.306 del Código Civil).

IV.- A fs. 181 se presentó Luisa Courouyan invocando ser hermana del causante, lo que acreditó con las partidas de fs. 179 y 223/225, y a fs. 226 planteó la nulidad del matrimonio entre el causante y la Sra. Pellis. En sustento de su petición, indicó que el matrimonio se había realizado en fraude a la ley argentina por cuanto al momento de su celebración existía impedimento de ligamen con relación a Pellis.

A fs. 254/255 el Sr. Fiscal se expidió sobre el mencionado planteo y solicitó se decrete la ineficacia –en nuestro país- del matrimonio celebrado entre Rodolfo Courouyan y Nancy Elsa Pellis el 8 de noviembre de 1978 en Venezuela.

En sustento de su pretensión, indicó el Sr. Fiscal que de la partida de matrimonio obrante en autos entre la Sra. Pellis y el Sr. Carlos Eduardo Videla se desprendía que el divorcio se decretó en el marco de la ley 2.393 sin que posteriormente se hubiese convertido dicha sentencia con el alcance de divorcio vincular.

Es decir que, según la perspectiva del Sr. Fiscal, la sucesión fundada en la celebración válida del matrimonio de Pellis con el causante quedó supeditada a la disolución válida del primer matrimonio celebrado por ésta en la República Argentina. Por ende, atento lo dispuesto por el art. 160 del Código Civil, entiende que debe desconocérsele eficacia extraterritorial al matrimonio celebrado en el extranjero con impedimento ligamen, vale decir, careciendo de aptitud nupcial.

La Sra. Nancy Elsa Pellis, cuestionó el dictamen del fiscal por los fundamentos expuestos a fs. 260/262, ampliados a fs. 264/266.

Finalmente, la Sra. Luisa Courouyan en su presentación de fs. 270, se adhirió a las conclusiones expuestas por el Sr. Fiscal.

V.- No se encuentra cuestionado que al tiempo de la celebración en la República Bolivariana de Venezuela la Sra. Nancy Elsa Pellis, la autoridad judicial argentina había decretado el divorcio de su primer matrimonio, lo que significa que el derecho del domicilio conyugal no había disuelto el vínculo al tiempo de la celebración de la segunda unión.

Sin perjuicio de ello, el último apartado del art. 239 del Código Civil establece que, “ningún matrimonio será tenido por nulo sin sentencia que lo anule, dictada en proceso promovido por parte legitimada para hacerlo” y que “…la acción de nulidad de matrimonio no puede ser promovida por el Ministerio Público sino en vida de ambos esposos…”. En el mencionado texto legal, se establece que dicha prohibición no rige en caso de ascendientes y descendientes, lo que no acontece tampoco en el caso dado el carácter de pariente colateral que inviste Luisa Courouyan.

Sobre el punto se ha dicho, con criterio que comparto, que si pese a estar el matrimonio afectado por una causa de invalidez, ésta no ha sido declarada ni se ha iniciado el respectivo juicio de nulidad, la unión presuntamente viciada producirá sus efectos normales y, en consecuencia, en caso de muerte de alguno de sus cónyuges, el supérstite tendrá derechos hereditarios en la sucesión del esposo fallecido (CNCiv. Sala H, “R., A. s/ Suc.” del 12/05/98 Sum. 000013725 de la Sec. de Jurisprudencia de la Cámara Civil).

Por ello, toda vez que la nulidad no fue promovida por ninguno de los sujetos legitimados para hacerlo, entiendo en concordancia con el dictamen fiscal de fs. 228, que no corresponde hacerlo en el marco de estos actuados.

No escapa al análisis que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil en un antiguo fallo plenario dispuso que no es necesaria la promoción de la acción de nulidad para privar de eficacia a la partida de matrimonio extranjero contraído con impedimento de ligamen en fraude a la ley (CNCiv. En Pleno, “M.G. de Z.M. s/suc.” del 8-11-73). Empero, la doctrina allí sustentada resulta contradictoria con lo posteriormente decidido por la Corte Suprema de Justicia en los autos “Solá Jorge V. s/Suc. ab intestato” del 12-11-96.

Cabe tener en cuenta además, que la ley 2393 vigente en oportunidad de dictarse el plenario citado, no admitía la disolución del vínculo matrimonial por lo que el divorcio decretado en los términos de dicha ley no habilitaba a los cónyuges a contraer nuevas nupcias. Por ello, adoptando la teoría de la inexistencia, la Cámara entendió que no era necesaria la promoción de la acción de nulidad, ya que el matrimonio celebrado en el extranjero era inválido frente a las leyes de nuestro país y, por oponerse al orden público y costumbres del mismo, las autoridades están facultadas a desconocer su eficacia.

Como es sabido, la disolución del vínculo matrimonial fue finalmente admitida por la ley 23.515, por lo que considero que, actualmente, no existen motivos que justifiquen apartarse del principio general según el cual “ningún matrimonio será tenido por nulo sin sentencia que lo anule, dictada en proceso promovido por parte legitimada para hacerlo” (conf. art. 239 C.Civ.) ya que, como expresamente dispone el art. 159 del mismo cuerpo legal, “las condiciones de validez intrínsecas y extrínsecas del matrimonio se rigen por el derecho del lugar de su celebración, aunque los contrayentes hubiesen dejado su domicilio para no sujetarse a las normas que en él rigen”.

No cabe duda de que el matrimonio de la requirente con el causante tiene plena validez, al menos en el lugar de su celebración, por lo que mal puede declarárselo inexistente sin sustanciar dicha cuestión en juicio ordinario promovido por quien tenga acción para ello.

Es que, como sostuvo nuestro más alto Tribunal en el fallo citado, el orden público internacional no es un concepto inmutable y definitivo, sino esencialmente variable, pues expresa los principios esenciales que sustentan la organización jurídica de una comunidad dada, y su contenido depende en gran medida de las opiniones y creencias que prevalecen en cada momento en un estado determinado. De allí que la confrontación debe hacerse con un criterio de actualidad, noción que es ampliamente recibida en derecho comparado (conf. C.S.J.N, S XXIX del 12-11-96).

El principio de la disolubilidad del matrimonio civil por divorcio fue introducido jurisprudencialmente en Fallos 308:2268 y luego recogido por la reforma que la ley 23.515. La ley citada adoptó nuevos criterios de valoración sustancial al admitir la disolución del vínculo por divorcio para los matrimonios, los procesos en trámite e incluso para las sentencias de separación pasadas en autoridad de cosa juzgada extranjeras y nacionales que puedan transformarse en sentencias de divorcio. Esta modificación de los principios que informan la legislación matrimonial argentina es de particular relevancia para el caso de autos pues, en virtud del criterio de actualidad del orden público internacional, el orden jurídico argentino carece de interés en reaccionar frente a un matrimonio celebrado en el extranjero que es invocado en esta jurisdicción en virtud de los derechos sucesorios reclamados por la cónyuge supérstite (conf. C.S.J.N. en fallo cit.).

Conforme a lo expuesto precedentemente corresponde desestimar el planteo formulado por el Sr. Fiscal al que se adhirió Luisa Courouyan.

VI.- Con los diarios y recibos glosados a fs. 246/248 se acredita la publicación de los edictos de ley, respecto de cuyo resultado da cuenta el certificado del Actuario de fs. 250.

Por ello, oído el Sr. Fiscal, de conformidad con lo dispuesto por los arts. 3565 y 3570 del Código Civil y 700 del Código Procesal, RESUELVO: Declarar en cuanto hubiere lugar por derecho que por fallecimiento de RODOLFO COUROUYAN le sucede en carácter de heredera su cónyuge supérstite Nancy Elsa Pellis en cuanto a los bienes propios –si los hubiere- sin perjuicio de los derechos que la ley le acuerda en cuanto a los gananciales. Regístrese y cése la intervención del Sr. Agente Fiscal, previa vista a los fines de que se notifique de lo resuelto.- E. E. Cecinini.

miércoles, 22 de marzo de 2017

Courouyan, Rodolfo s. sucesión ab intestato. 2 instancia

CNCiv., sala J, 12/12/14, Courouyan, Rodolfo s. sucesión ab intestato.

Matrimonio celebrado en Argentina. Divorcio no vincular decretado en Argentina (art. 67 bis ley 2393). Segundo matrimonio celebrado en Venezuela. Sucesión. Impedimento de ligamen. Falta de conversión del divorcio en vincular. Efectos extraterritoriales del segundo matrimonio en Argentina. Desconocimiento. Carencia de legitimación sucesoria.

La sentencia fue revocada por la Corte Suprema.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 22/03/17.

2º instancia.- Buenos Aires, 12 de Diciembre de 2014.-

Y VISTOS Y CONSIDERANDO:

Vienen estos autos a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por el Sr. Fiscal de la instancia de grado contra la resolución dictada a fs. 276/278 por la cual en su parte resolutiva declara en cuanto hubiere lugar por derecho que por fallecimiento de Rodolfo Courouyan le sucede en carácter de heredera su cónyuge supérstite Nancy Elsa Pellis en cuanto a los bienes propios –si los hubiere- sin perjuicio de los derechos que la ley le acuerda en cuanto a los gananciales.

Asimismo, el Sr. Fiscal de Cámara sostiene el remedio procesal incoado, fundamentándolo mediante el dictamen que obra a fs. 287/288, cuyo traslado fue contestado a fs. 294/300.

En atención a la cuestión planteada, las constancias obrantes en estos autos y en especial a lo expresado en lo pertinente por el Sr. Fiscal de Cámara en su bien fundado dictamen, a cuyos términos esta alzada se remite en homenaje a la celeridad y brevedad procesal, corresponde revocar la decisión en examen.

Ello, por cuanto no obstante que el matrimonio celebrado en el extranjero podría tener validez en el lugar de celebración, no ocurre lo mismo respecto de aquel en nuestro país, en tanto la sentencia de divorcio acaecida en junio de 1972 lo fue a instancias de lo dispuesto por la ley 2393 y art. 1306 del Código Civil, sin que con posterioridad se haya pedido su conversión o, disuelto el vínculo por el fallecimiento del Sr. Videla en junio de 1983, hubiera contraído segundas nupcias en la República Argentina.

En consecuencia, el Tribunal RESUELVE: Revocar la resolución en crisis, sin costas en atención a las partes intervinientes en la incidencia (art. 68 del CPCC).

Regístrese, notifíquese al Sr. Fiscal de Cámara en su despacho, comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Acordada N° 15/13 art. 4°) y devuélvase.- M. del R. Mattera. B. A. Verón. Z. D. Wilde.

martes, 21 de marzo de 2017

Courouyan, Rodolfo s. sucesión ab intestato. CSJN

CSJN, 14/03/17, Courouyan, Rodolfo s. sucesión ab intestato.

Matrimonio celebrado en Argentina. Divorcio no vincular decretado en Argentina (art. 67 bis ley 2393). Segundo matrimonio celebrado en Venezuela. Sucesión. Orden público internacional. Relatividad. Variabilidad. Actualidad. Legitimación hereditaria. Aplicación del precedente Solá.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 21/03/17.

Suprema Corte:

I- La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala J; revocó la decisión de primera instancia que había reconocido el carácter de cónyuge supérstite de la Sra. Nancy Elsa Pellis respecto del Sr. Rodolfo Courouyan, declarándola heredera en lo referido a los bienes propios, sin perjuicio de los correspondientes derechos sobre los gananciales (cf. fs. 276/278, 287/288 y 306 del expediente principal, a cuya foliatura me referiré en adelante).

En lo principal, el a quo objetó la aptitud nupcial de la Sra. Pellis, dado que el matrimonio alegado se contrajo el 8 de noviembre de 1978, en la República de Venezuela, cuando subsistía una unión anterior con el Sr. Carlos Videla. Arguyó que, si bien las nupcias extranjeras pueden tener validez en el lugar de celebración, no ocurre lo propio con relación a nuestro país, puesto que el divorcio de los esposos Pellis-Videla fue decretado -el 16/06/72- en los términos de la ley 2.393, sin que se haya solicitado su conversión en divorcio vincular -ley 23.515- ni que se haya concertado un nuevo enlace con el Sr. Courouyan, una vez disuelto el lazo anterior a raíz de la muerte del Sr. Videla, acaecida en junio de 1983.

Contra el pronunciamiento la Sra. Pellis interpuso recurso federal, que fue denegado y dio origen a esta queja (fs. 309/327 y 344/345 y fs. 35/39 del legajo respectivo).

II- En síntesis, la quejosa dice que el pronunciamiento es arbitrario y que desconoce garantías de los artículos 14, 14 bis, 16 a 19, 31 y 75, incisos 22 y 24, de la Carta Magna, al tiempo que lesiona normas de los Tratados de Montevideo de 1889 y 1940 (arts. 11 y 13, respectivamente). Destaca que, frente a la disolución por muerte de la primera unión, mal podría sustanciarse la conversión del divorcio, y en que concurre a la sucesión como cónyuge supérstite del causante, tras treinta y cuatro años de enlace. Dice que el fallo desconoce la validez erga omnes del vínculo matrimonial contraído en el exterior y que le exige celebrar segundas nupcias en el país para convalidar la unión concertada según la ley del lugar de radicación efectiva. Denuncia excesivo ritualismo y asevera que la indisolubilidad del ligamen dejó de integrar el orden público argentino, a raíz del cambio valorativo producido por la ley 23.515. Invoca los precedentes de Fallos: 319:2779 [Solá, Jorge Vicente] y 330:1572 [Ulloa, Alberto], entre otros.

III- La cuestión así planteada guarda sustancial analogía con la que esa Corte tuvo oportunidad de estudiar en los antecedentes de Fallos: 319:2779; 328:3099 [Zapata, Lucrecia Isolina]; 330:1572 y 333:1759 [Boo, Héctor José], a los que cabe acudir por razón de brevedad, ya que también aquí, al momento de celebrarse el segundo enlace, el derecho del domicilio conyugal no había disuelto el vínculo anterior.

En esos precedentes se consagró como criterio la noción de que el orden público internacional no es una herramienta exegética inmutable y definitiva, sino esencialmente variable, por lo que “…la confrontación debe hacerse con un criterio de actualidad…” (Fallos: 319:2779, cons. 7°). En ese contexto, dado que a partir de Fallos: 308:2268 y de la ley 23.515, la disolubilidad del matrimonio civil se introdujo en nuestro derecho doméstico, la Corte adoptó el estándar de que el orden jurídico argentino carece de interés actual en reaccionar frente a un casamiento celebrado en el pasado –fuera del país- mediando impedimento de ligamen, y que es invocado en el foro, en virtud de los derechos sucesorios reclamados por la cónyuge supérstite (v. Fallos: 328:3099, cons. 6°; y S.C. V. 332, L. XLVI; “Verón, Héctor c/ Lacal, Alicia s/ nulidad de matrimonio”, del 02/10/12, en lo pertinente).

En tales condiciones, valorando -luego- que el vínculo preexistente se hallaba disuelto al tiempo de juzgarse la situación jurídica en examen, considero que el remedio debe prosperar.

En efecto, según los antecedentes que tengo a la vista, la sentencia que decretó el divorcio del matrimonio Pellis-Videla fue pronunciada en los términos de la ley 2.393, el 16/06/72 (fs. 2361237; v. anotación marginal), mientras que el respectivo vínculo quedó disuelto el 17106/83, con motivo del fallecimiento del Sr. Videla (fs. 259; art. 213, inc. 1°, del C. Civil entonces vigente). Con posterioridad, se produjo el deceso del aquí causante (cfse. fs. 1; 29/06/12), suscitándose el conflicto que origina la presente intervención, por haberse impugnado el matrimonio venezolano -del 08/11/78- sobre la base de que, al mediar un impedimento de ligamen, aquél fue concertado en fraude a la ley argentina (esp. fs. 181, 226, 254/256 y 270).

La conclusión precedente no resulta alterada por el hecho de que la República de Venezuela no haya suscripto el Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1940, dado que ese texto, ponderado en los casos aludidos, no constituye un elemento sine qua non de la doctrina del Tribunal acerca de los alcances del segundo matrimonio extranjero, en el marco del sucesorio.

IV- Por ello, opino que esa Corte debe hacer lugar a la queja, declarar procedente la apelación federal y revocar el pronunciamiento del superior tribunal de la causa.- Buenos Aires, 29 de febrero de 2016.- I. A. García Netto. Procuradora Fiscal Subrogante

Buenos Aires, 14 de marzo de 2017.-

Vistos los autos: “Recurso de hecho deducido por Nancy Elsa Pellis en la causa Courouyan, Rodolfo s/ sucesión ab intestato”, para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

Que los agravios de la recurrente encuentran adecuada respuesta en el dictamen de la señora Procuradora Fiscal subrogante que este Tribunal comparte y hace suyos por razón de brevedad.

Por ello, se declara admisible la queja, procedente el recurso extraordinario y, con el alcance indicado, se revoca el pronunciamiento apelado. Con costas (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Agréguese la queja al principal. Notifíquese y, oportunamente devuélvase.- E. I. Highton de Nolasco. R. L. Lorenzetti. J. C. Maqueda. C. F. Rosenkrantz. H. Rosatti.

lunes, 8 de agosto de 2016

Combina, José Armando c. Viajes Falabella

CCiv. y Com., sala VI, Córdoba, 10/12/15, Combina, José Armando y otro c. Viajes Falabella S.A.

Contrato de viaje. Transporte aéreo internacional. Transporte de personas. Argentina – España – Argentina. Quiebra de la transportista. Devolución del precio. Procedencia. Convención internacional sobre contrato de viaje Bruselas 1970. Ley de defensa del consumidor. Intermediaria. Responsabilidad. Deber de información. Daño moral. Daño punitivo. Rechazo.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 08/08/16.

En la Ciudad de Córdoba, a las horas del día diez del mes de diciembre de dos mil quince, se reunieron en Audiencia Pública los Sres. Vocales de esta Excma. Cámara Sexta de Apelaciones en lo Civil y Comercial, en presencia de la Secretaria autorizante en estos autos caratulados: “COMBINA JOSE ARMANDO Y OTRO C/ VIAJES FALABELLA S.A. – ORDINARIO – CUMPLIMIENTO / RESOLUCIÓN DE CONTRATO – RECURSO DE APELACIÓN (Expte. Nº 2189784/36)” venidos a los fines de resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandada, Dr. Rodrigo Giordano Lerena, en contra de la Sentencia Número Doscientos Sesenta y Ocho de fecha diecinueve de junio de dos mil quince dictada por el Sr. Juez de Primera Instancia y Trigésimo Primera Nominación Civil y Comercial, Dr. Aldo R. S. Novak, quien resolvió: “I- Rechazar la defensa de falta de legitimación pasiva opuesta por la demandada Viajes Falabella SA. II- Hacer lugar a la demanda interpuesta por los actores José Armando Combina DNI 18.173.576 y Adriana Patricia Belli DNI 13.700.338, en contra de Viajes Falabella SA y en consecuencia, condenar a la firma accionada para que en el término de diez días abone a los actores la suma de sesenta y tres mil novecientos sesenta pesos con dos centavos ($ 63.960,02), con más intereses conforme lo establecido en el considerando respectivo y bajo apercibimiento de ejecución forzada. III- Imponer las costas a la demandada Viajes Falabella SA, a cuyo fin, regulo el honorario profesional del Dr. Gerardo Viramonte Moyano en la suma de veintisiete mil cuatrocientos seis pesos ($ 27.406) con más la suma de cinco mil setecientos cincuenta y cinco pesos con veintiséis centavos ($ 5.755,26) en concepto de IVA; el del perito oficial informático Pedro Ruiz Cresta y de la perito oficial psicóloga Erika Romina Lemos en la suma de cuatro mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos con sesenta centavos ($ 4.446,60 – 12 jus) a cada uno de ellos y el del perito oficial Félix Omar Quiroz en la suma de dos mil novecientos sesenta y cuatro pesos con cuarenta centavos ($ 2.964,40 – 8 jus); no regulando el correspondiente al apoderado de la accionada, en función del art. 26 de la ley 9459. Prot...”.

lunes, 1 de agosto de 2016

Search c. GE Sistemas Médicos de Argentina

CSJN, 24/02/09, Search S.A. c. GE Sistemas Médicos de Argentina.

Jurisdicción internacional. Contrato de representación internacional. Pacto de jurisdicción Nueva York. Juicio iniciado en Argentina. Excepción de incompetencia. Procedencia. Beneficio de litigar sin gastos. Irrelevancia.

El texto del fallo ha sido remitido por R. M. Paiva a quien agradezco la gentileza.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 01/08/16.

Procuración General de la Nación

Suprema Corte:

I- Los magistrados de la Sala E de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial (3929/3933), en lo que aquí interesa, confirmaron la sentencia de la instancia anterior (3834/3836) que había hecho lugar a la excepción de incompetencia planteada por la demandada –General Electric Company-.

Para así decidir, el tribunal se remitió a los argumentos sostenidos por la Sra. Fiscal de Cámara, en cuanto había sostenido que la cláusula obrante en el contrato de representación internacional, mediante la cual las partes pactaron la prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales extranjeros de la ciudad de Nueva York, -EE.UU- para entender en la solución de conflictos que surjan vinculados con la referida relación jurídica resultaba procedente y válida.

Destacó, asimismo la Representante del Ministerio Público, por un lado, que la citada cláusula de carácter patrimonial, no era abusiva en la medida que se ajuste a los preceptos establecidos por las reglas generales del consentimiento aplicadas a la naturaleza general de este tipo de pactos; y de otro que no vulneraba el orden público conforme a lo normado por los artículos 1º y 4º in fine del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.