lunes, 13 de abril de 2015

Premiani, Vicente Nazario c. Embajada del Reino de Arabia Saudita

CSJN 01/07/14, Premiani, Vicente Nazario c. Embajada del Reino de Arabia Saudita s. despido.

Inmunidad de ejecución. Embargo preventivo sobre bienes de la Embajada. Improcedencia. Convención sobre Relaciones Diplomáticas Viena 1961. Convención sobre Relaciones Consulares Viena 1963.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 13/04/15 y en DJ 03/12/14, 44.

Suprema Corte:

I- La Cámara Nacional del Trabajo (Sala VII) confirmó lo resuelto en la instancia anterior, en cuanto había rechazado el embargo preventivo -sobre los bienes muebles del Centro Cultural Islámico Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas Rey Fahd, pertenecientes a la Embajada del Reino de Arabia Saudita en la República Argentina- tendiente a garantizar el cobro de la suma de dinero resultante de lo decidido en la sentencia laboral firme (en fs. 335/339) de los autos principales del presente incidente.

Para así decidir, la Cámara se sustentó en el criterio sentado en Fallos: 330:5139 (“Manauta”) y puso de especial relieve que los bienes eran de propiedad de la Embajada.

Según manifestó, dicha circunstancia era esencial, porque la inmunidad de ejecución comprendía todo el patrimonio de la representación diplomática. Además, explicó que el carácter de “iconos sagrados” que pudieran representar los bienes en cuestión carecía de trascendencia, ya que la imposibilidad de afectarlos provenía de su pertenencia a la Embajada y no de su vinculación con el culto.

Disconforme con tal pronunciamiento, la parte actora presentó recurso extraordinario federal (fs. 53/66), que fue denegado (fs. 68), dando origen a esta queja.

II- Se agravia en cuanto considera que se configura una cuestión federal simple, toda vez que se halla en juego la interpretación de normas de rango federal -art. 22, inc. 3), de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y art. 31, inc. 4), de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares-, como así también, la correcta interpretación de la jurisprudencia de V.E.

Sostiene que la sentencia recurrida posee serios defectos en la fundamentación y es descalificable como acto jurisdiccional, ya que omite ponderar cuestiones que resultan conducentes para la correcta dilucidación del pleito y efectúa afirmaciones dogmáticas basadas en fundamentos aparentes, afectando su derecho de defensa.

En relación con el fondo del asunto, arguye que la garantía de inmunidad de ejecución no brinda amparo a la totalidad del patrimonio de los estados extranjeros, sino solamente a la porción (de dicha individualidad jurídica) afectada al ámbito de las relaciones diplomáticas.

Por ende, concluye que en virtud de los fines, propósitos e incumbencias de carácter no diplomáticas atribuidas al Centro Cultural, no le correspondería el privilegio de la inmunidad de ejecución respecto de sus bienes, y ello no afectaría las relaciones entre la República Argentina y el Reino de Arabia Saudita.

III- A mi modo de ver, el recurso extraordinario es formalmente admisible, toda vez que se halla en juego la interpretación y aplicación de normas de carácter federal y la decisión definitiva del superior tribunal de la causa ha sido adversa a la pretensión del apelante.

En este sentido, es menester recordar que V.E. ha dicho, reiteradamente, que a los fines dispuestos por el art. 14 de la ley 48, sentencia definitiva no solo es la que concluye el pleito, sino también aquella con consecuencias frustratorias respecto del derecho federal invocado, por su tardía o imposible reparación ulterior (Fallos: 319:2215, entre otros).

Asimismo, cabe señalar que la naturaleza de la cuestión planteada -el reconocimiento del privilegio de inmunidad de ejecución de un estado extranjero- concierne a un principio de ley de las naciones (Fallos: 323:959, entre otros), que revela su inequívoco carácter federal y determina que su inteligencia debe ser dilucidada por la Suprema Corte.

IV- En cuanto al fondo del asunto, estimo que la Cámara ha resuelto en forma adecuada los planteos formulados por el actor con respecto a la improcedencia de la medida solicitada, pues las cuestiones que se discuten en esta causa son sustancialmente análogas a las debatidas y resueltas en los precedentes publicados en Fallos: 322:2399 y 330:5139, en los cuales V.E. sostuvo que las limitaciones a la embargabilidad de los bienes de las embajadas habían sido impuestas por la necesidad de garantizar el desempeño eficaz de las representaciones diplomáticas, y de no poner en riesgo la existencia misma del Estado en contra de quien se pronunció la sentencia condenatoria.

De conformidad con la jurisprudencia citada, debe preferirse la operatividad de la inmunidad del estado extranjero frente al derecho del trabajador al cobro de su salario, con el fin de preservar el desarrollo amistoso de las relaciones entre los estados (del Fallos: 322:2413, cons. 100).

Sin embargo, en mi parecer, procedería el requerimiento del pago de la condena en la persona del representante legal del estado extranjero, lo cual en nada vulneraría las inmunidades y prerrogativas de aquél y sería, en cambio, conducente para la adecuada realización de justicia entre las, partes, todo ello mientras los trámites de ejecución sean compatibles con las normas y principios del derecho de gentes (Fallos: 240:93; 322:2399).

Por lo expuesto, pienso que debería darse inicio a las gestiones -por la vía diplomática que corresponda- a fin de lograr el acatamiento de la sentencia firme por parte de la obligada.

V- Opino, por tanto, que corresponde declarar la admisibilidad formal del recurso interpuesto y confirmar la sentencia apelada.- Buenos Aires, 23 de abril de 2013.- L. M. Monti.

Buenos Aires, 1º de julio de 2014.-

Considerando:

Que las cuestiones planteadas son sustancialmente análogas” a las debatidas y resueltas en los precedentes de Fallos: 322:2399 (Blasson, Beatriz L. G. C. Embajada de la República Eslovaca) y 330:5139, a cuyos fundamentos y conclusiones corresponde remitir en razón de brevedad.

Por ello y lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal, se hace lugar a la queja, se declara la admisibilidad formal del recurso extraordinario y se confirma la sentencia apelada. Agréguese la queja al principal.- R.L. Lorenzetti. E.I. Highton de Nolasco. C.S. Fayt. E.S. Petracchi. J.C. Maqueda.

lunes, 6 de abril de 2015

Louge A. Beltrán y otro c. Gobierno de su Majestad Británica s. daños y perjuicios

CSJN, 10/06/14, Louge A. Beltrán y otro c. Gobierno de su Majestad Británica s. daños y perjuicios.

Demanda contra el Reino Unido. Inmunidad de jurisdicción. Actos iure imperii e iure gestionis. Ley 24.488: art. 2.c. Actividad comercial o industrial. Emisión de certificado fitosanitario. Convención Europea sobre Inmunidad de Jurisdicción de los Estados. Convención de Naciones Unidas sobre Inmunidades Jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes. Doctrina de la causa Manauta.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 02/05/15.

Suprema Corte:

I- A fs. 2202/2206, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, sala I, confirmó la sentencia de primera instancia, que hizo lugar al pedido de inmunidad de jurisdicción efectuado por el Gobierno de su Majestad Británica, al entender que la indemnización por daños y perjuicios reclamada por los actores tiene su origen en un acto iure imperii y no se encuentra encuadrada en el supuesto de excepción del art. 2º, inc. c, de la ley 24.488 de Inmunidad Jurisdiccional de los Estados Extranjeros ante los Tribunales Argentinos.

Así los magistrados clasificaron la emisión del certificado fitosanitario expedido por el Gobierno de su Majestad Británica, en el marco de la compraventa de mercaderías internacional, que los actores contrataron con las firmas Fieldfare Fool Ltd. y The Forfar Potato Ca. Ltd., para la importación a la Argentina -aproximadamente- de 10.500 bolsas de semillas de papas de 50 kg cada una, de la variedad Pentland Crow, cuyo embarque arribó al puerto de Mar del Plata el 30 de noviembre de 1980, ocasión en la que la autoridad sanitaria local decidió que las semillas remitidas no eran aptas para su comercialización o cultivo por la presencia de enfermedades que por su naturaleza no podían ingresar al país.

Para así decidir, tras relatar los antecedentes de la causa, fundaron su postura en la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que surge a partir del caso "Manauta" (Fallos: 317:1880), que reconoce exenciones a la inmunidad jurisdiccional de los Estados, la cual luego fue recogida por la ley 24.488.

Asimismo, determinaron el alcance del término "actividad comercial o industrial" en el ámbito del art. 2°, inc. c, de la ley 24.488, con apoyo en la Convención Europea sobre Inmunidad de Jurisdicción de los Estados, en la Convención de Naciones Unidas sobre Inmunidades Jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes, aprobada por la Asamblea General del 2 de diciembre de 2004 y abierta a la firma el 17 de enero de 2005 -que aún no se encuentra en vigencia-, y en la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del caso "Cereales Asunción" (Fallos: 321:2594).

Con apoyo en esa doctrina e instrumentos internacionales, concluyeron que uno de los criterios de distinción es si esa actividad, por su naturaleza, puede ser llevada a cabo por un particular, o si sólo puede ser ejercida por un Estado, y sostuvieron que, si bien en el caso se trata de una actividad ejercida en ocasión de relaciones o transacciones comerciales, la emisión de dicho certificado constituye un acto de autoridad, en cuanto consiste en la manifestación del poder de policía que tiene por objeto la protección de la seguridad y la salubridad públicas, la cual se erige en una de las funciones esenciales del Estado.

Aclararon que ello significa que, los actos que se le imputan al Gobierno de Gran Bretaña en la causa, aun cuando favorezcan el desarrollo de la industria y del comercio y configuren requisitos necesarios para concretar operaciones de exportación e importación o cualquier otra actividad licita, consisten en actividades que por su naturaleza deben considerarse actos de gobierno, ejercidos por la autoridad de un Estado soberano en el ámbito de sus competencias de policía sanitaria, por lo que deben ser juzgados por los tribunales del país emisor de ellos.

II- Disconforme con dicho pronunciamiento, los actores interpusieron el recurso extraordinario de fs. 2208/2221, que fue concedido por la cámara (fs. 2231/2232), únicamente en relación con el agravio relativo a la cuestión federal propuesta, al encontrarse controvertida la inteligencia del art. 2º de la ley 24.488, al tiempo que fue denegado por la causal de arbitrariedad. Sentado ello, y toda vez que no se interpuso la pertinente queja, la competencia del tribunal quedó limitada en la medida que la otorgó la alzada (Fallos: 322:2559 y 324:1721).

Se agravian, en lo sustancial, porque la interpretación que efectuó la cámara de la ley 24.488 de Inmunidad Jurisdiccional de los Estados Extranjeros ante los Tribunales Argentinos -a su entender- es errónea y conculca los arts. 16 y 17 de la Constitución Nacional y 8.1, 21.1, 21.2 Y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Afirman que la emisión de los certificados fitosanitarios del Gobierno del Reino Unido debe clasificarse como un acto iure gestionis y no como un acto iure imperii, puesto que tuvo la misión de garantizar una operación de compraventa .internacional de papas semilla, constituyendo la respectiva certificación fitosanitaria la actividad final de la operación comercial realizada, formadora de la voluntad negocial, que no tuvo por objeto una manifestación de soberanía o de poder público, ni de poder de policía sanitario (cita en apoyo de su postura la prueba obrante a fs. 3/18 y 392/407).

En consecuencia, sostiene que esa actividad, en razón de haber sido el aval de la operación comercial efectuada, configura el supuesto de excepción del art. 2º, inc. c, de la ley nacional 24.488, y no se encuentra protegida por la inmunidad de jurisdicción pretendida por la demandada.

Asimismo, manifiesta que la sentencia no configura un acto jurisdiccional válido, en cuanto aplica para la resolución del caso la Convención de las Naciones Unidas sobre Inmunidades Jurisdiccionales de los Estados y sus bienes, que no se encuentra vigente en la actualidad.

III- A mi modo de ver, la cuestión debatida en autos resulta sustancialmente análoga a la que fue objeto de tratamiento por este Ministerio Público en su dictamen del 14 de diciembre de 2006, in re D.370, L.XLIL, "Davidoff Constantino c/ Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte s/ daños y perjuicios", Recurso Extraordinario, al que V.E. se remitió en su sentencia del 18 de diciembre de 2007 (Fallos: 330:5237).

En virtud de lo expuesto en dicha oportunidad, a cuyos términos y consideraciones corresponde remitir, en todo lo pertinente, en razón de brevedad, entiendo que, en el caso de autos, la emisión de los certificados fitosanitarios expedidos por las autoridades de Gran Bretaña, en el marco de una compraventa internacional, no puede calificarse como acto iure gestionis, según la doctrina del tribunal de Fallos: 321:2594 (cons. 13, del voto de la mayoría).

En efecto, a mi entender, se trata de una actividad que trasunta el ejercicio de imperium por parte del Estado y, por lo tanto, está comprendida en el arto 1º de la ley 24.488 de Inmunidad Jurisdiccional de los Estados Extranjeros ante los Tribunales Argentinos, de tal forma que verificar el examen de los actos de un estado soberano por los tribunales de otro y acaso declarar su invalidez mediante una sentencia contra la voluntad del primero llevaría sin duda a poner en peligro las relaciones entre los gobiernos y turbaría la paz de las naciones (Fallos: 178:173; 323:3386, entre otros, y dictamen de esta Procuración General publicado en Fallos: 330:5237).

IV- Por lo expuesto, soy de opinión de que debe confirmarse la sentencia en todo cuanto fue materia de recurso extraordinario.- Buenos Aires, 29 de julio de 2013.- L. M. Monti.

Buenos Aires, 10 de junio de 2014.-

Vistos los autos: "Louge, A. Beltrán y otro c/ Gobierno de su Majestad Británica s/ daños y perjuicios".

Considerando:

Que las cuestiones planteadas han sido adecuadamente consideradas en el dictamen de la senara Procuradora Fiscal, cuyos fundamentos son compartidos por el Tribunal, y a los que corresponde remitirse en razón de brevedad.

Por ello, corresponde desestimar las peticiones formuladas a fs. 2236/2238, 2243/2245 y 2247 y, de conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal, declarar procedente el recurso extraordinario interpuesto y confirmar el pronunciamiento apelado. Con costas. Notifíquese y, oportunamente, remítase.- R.L. Lorenzetti. J.C. Maqueda.

lunes, 30 de marzo de 2015

Crostelli, Fernando c. Estado Nacional s. exequátur

CSJN, 11/11/14, Crostelli, Fernando y otros c. Estado Nacional s. exequátur.

Reconocimiento de sentencias. Juicio tramitado en EUA. Bonos de deuda. Pacto de jurisdicción Nueva York. Suspensión de los pagos. Requisitos. CPCCN: 517. Jurisdicción indirecta. Orden público internacional. Principios del derecho de gentes. Inmunidad de jurisdicción. Actos iure imperii e iure gestionis. Rechazo de la ejecución.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 30/03/15.

Dictamen de la Procuración General de la Nación

Suprema Corte:

A mi modo de ver, las cuestiones que se debaten en el sub lite resultan sustancialmente análogas a las examinadas en mi dictamen del día 5 de abril de 2013, in re C. 462, L. XLVII, “Claren Corporation c/ E.N. - Arts. 517/518 CPCC exequátur s/ varios”, a cuyos términos y conclusiones cabe remitirse por razones de brevedad en lo que fuere pertinente.

Opino, por tanto, que corresponde declarar improcedente el recurso interpuesto y confirmar la sentencia apelada.- Buenos Aires, 28 de mayo de 2013.- A. M. Gils Carbó.

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2014.-

Vistos los autos: “Crostelli, Fernando y otros c. EN – Mº Economía (arts. 517/518 CPCC exequátur) (BNNY) s/ varios”.

Considerando:

1°) Que los actores promovieron las presentes actuaciones a fin de obtener el exequátur de la sentencia dictada el 19 de noviembre de 2007 por el juez Thomas Griesa del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos de América, por la cual se condenó a la República Argentina a pagar a la parte actora la suma de U$S 10.636.731 en concepto de capital e intereses vencidos de los titulas Bonos Externos Globales 2008, 2010 Y 2017 de los que aquéllos son titulares.

2º) Que el juez de primera instancia rechazó la demanda (conf. fs. 197/201 vta.). Para así decidir, entendió que la aludida sentencia había sido dictada desconociendo el principio de inmunidad soberana del Estado Argentino, por un tribunal que carecía de competencia internacional para entender en el asunto, lo cual, en su criterio, torna imposible el reconocimiento pretendido de acuerdo con lo establecido por el inciso 1º del art. 517 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

3º) Que la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó el recurso de apelación deducido por la actora y confirmó -por sus fundamentos- lo decidido en la anterior instancia (fs. 286/291 vta.). En lo sustancial, el tribunal a qua consideró que el régimen normativo que regula el diferimiento y la reestructuración de la deuda pública forma parte del orden público del derecho argentino y, por ello, en su concepto, en el caso en examen no se satisface el recaudo establecido en el art. 517, inciso 4º, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

4º) Que contra tal pronunciamiento la actora dedujo recurso ordinario de apelación (fs. 294/294 vta.) y recurso extraordinario (fs. 296/315 vta.). El recurso ordinario fue concedido a fs. 316. El memorial de agravios obra a fs. 359/387 vta. y su contestación por el Estado Nacional a fs. 340/360 vta. El mencionado recurso es formalmente procedente pues ha sido deducido en una causa en la que la Nación reviste el carácter de parte y el monto debatido en último término supera el mínimo legal establecido por el art. 24, inc. 6°, apartado a, del decreto-ley 1285/58, según la ley 21.708 y la resolución 1360/91 de esta Corte.

La sala concedió asimismo la apelación del art. 14 de la ley 48, en los términos que surgen del auto de fs. 346. Sin embargo, este último recurso ha sido mal concedido pues al haber deducido la misma parte un recurso ordinario de apelación –que otorga mayor amplitud a la jurisdicción apelada del Tribunal- el aludido recurso extraordinario resulta improcedente (conf. Fallos: 312:1656; 316:1066; 322:3241; 330:2639, entre otros).

En consecuencia, esta Corte tratará los agravios vertidos por la actor a en sustento del recurso ordinario de apelación.

5°) Que las cuestiones planteadas resultan sustancialmente análogas a las consideradas y resueltas por este Tribunal en la causa C.462.XLVII “Claren Corporation c. EN -arts. 517/518 CPCCN exequátur s. varios”, sentencia del 6 de marzo de 2014, a cuyos fundamentos y conclusiones corresponde remitirse, en lo pertinente, por razones de brevedad.

Por ello, de conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora General, se confirma la sentencia apelada en cuanto fue materia de agravios en el recurso ordinario de apelación interpuesto por los actores. Por otro lado, se declara mal concedido el recurso extraordinario deducido por la misma parte. Con costas de esta instancia a la vencida (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Notifíquese y devuélvase.- J.C. Maqueda. E.I. Highton de Nolasco. E. R. Zaffaroni.

lunes, 23 de marzo de 2015

Aguerre, Alberto c. Lalo, Leonardo s. cese de oposición al registro de marca

CNCiv. y Com. Fed., sala II, 19/09/14, Aguerre, Alberto F. c. Lalo, Leonardo M. s. cese de oposición al registro de marca.

Arraigo. Monto. Criterios para su fijación. Bonos. Seguro de caución. Plazo. Domicilio del actor en EUA. Ampliación. Rechazo.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 23/03/15.

2º instancia.- Buenos Aires, 19 de Septiembre de 2014.-

1. Que el juez a quo fijó el monto del arraigo en la suma de $ 40.000.

La actora entiende que el monto debe reducirse, en virtud de consideraciones que formula, y que el plazo de treinta días debe ampliarse en razón de la distancia con el domicilio del actor -en Estados Unidos de Norteamérica- y de las dificultades cambiarias que debe afrontar para efectuar el depósito en autos.

La demandada solicita la ampliación del monto, que considera insuficiente para hacer frente a los honorarios que se devenguen, y pretende que la caución se efectivice en dinero para paliar las inseguridades del mercado de valores y del mercado asegurador.

2. Que esta Cámara se ha pronunciado reiteradamente en el sentido de que el monto del arraigo debe ser suficiente para cubrir los gastos y honorarios cuyo pago tendría que soportar la actora en caso de resultar condenada en costas (confr. Sala I, causa 3.256/03 del 12-10-04; esta Sala II, causa 8.739/01 del 4-9-02 y 1567/11 del 31-10-13; Sala III, causa 13.860/04 del 13-9-05, entre muchas otras).

3. Que, por principio, no es posible establecer de antemano y con exactitud el grado de complejidad que habrá de presentar un caso a los fines de su resolución y, por consiguiente, la extensión y entidad de la labor profesional que demandará a los letrados que intervengan en él.

Por ello, debe recurrirse al campo de las presunciones regido por la sana crítica para fijar las responsabilidades inherentes a la demanda de quien debe arraigar (arts. 163 y 348 del Cód. Procesal).

4. Que las presuntas inseguridades de mercado de los bonos, seguros u otros bienes que pudieran darse en garantía no escapan al mero marco conjetural y como tales, no resultan suficientes para menguarles el valor que esos bienes actualmente representan. En todo caso, de presentarse alguna situación que pudiere reflejar con certeza la falta de garantía por disminución del valor en caución, el afectado podrá peticionar en consecuencia de acuerdo a las normas que regulan al instituto en cuestión (confr. vgr. arts. 199, último párrafo, 201 y 201 del Código Procesal).

Por lo expuesto, teniendo en cuenta que en autos se pretende el cese de oposición al registro de dos marcas; la entidad de las erogaciones que la actora deberá afrontar en caso de resultar vencida, según las pautas seguidas por el Tribunal al regular honorarios en los procesos como el presente, que estos litigios habitualmente transitan la doble instancia (conf. esta Sala II, causa 1.567/11 cit.) y el lugar del domicilio del actor; el Tribunal resuelve: Modificar la suma establecida en concepto de arraigo, la que se fija en noventa mil pesos ($ 90.000.-), y confirmarla respecto del plazo y la forma fijados para cumplir la caución.

Las costas de Alzada se imponen a la actora vencida (arts. 68, primera parte, y 69 del Código Procesal).

El Dr. Alfredo Silverio Gusman no suscribe la presente en virtud de hallarse en uso de licencia (art. 109 del R.J.N.).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.- R. V. Guarinoni. G. Medina.

lunes, 16 de marzo de 2015

Van Hemelryk, Claudina Maria y otros s. información sumaria

CNCiv., sala B, 23/02/15, Van Hemelryk, Claudina Maria y otros s. información sumaria.

Matrimonio celebrado en Argentina. Divorcio no vincular decretado en Argentina (art. 67 bis ley 2393). Segundo matrimonio celebrado en Bolivia. Posterior conversión del divorcio en vincular. Inscripción en Argentina. Impedimento de ligamen. Orden público internacional. Relatividad. Variabilidad. Actualidad. Aplicación del precedente Solá.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 16/03/15.

2º instancia.- Buenos Aires, febrero 23 de 2015.-

Considerando: I. Vienen las presentes actuaciones a este Tribunal a raíz del recurso de apelación interpuesto a f. 47, por la Sra. Fiscal de la instancia anterior, contra la resolución obrante a fs. 45/46.

El mencionado decisum ordena la inscripción del matrimonio celebrado por ambos peticionarios en la República de Bolivia. Esa providencia se complementa indicando que los efectos del matrimonio se reconocen a partir del 27 de abril de 1989, fecha en que el contrayente Juan Carlos Schvartzman recobró su aptitud nupcial.

La fundamentación del recurso corre agregada a fs. 55/57vta.

En dicha pieza el Sr. Fiscal General expresa que el matrimonio celebrado por las partes en el extranjero se llevó a cabo en fraude a la ley argentina, al no estar disuelto el anterior vínculo matrimonial del contrayente. Sostiene ese razonamiento en que la sentencia de divorcio fue dictada durante la vigencia de la ley 2393 y existía entonces un impedimento de ligamen.

El recurrente prosigue afirmando que la sanción de la ley 23.515 ha mantenido el criterio de no reconocer ningún matrimonio celebrado en un país extranjero, cuando se verifica la circunstancia destacada más arriba.

Continúa sosteniendo el quejoso que el mentado impedimento dirimente existía al momento de la celebración del segundo matrimonio en la República de Bolivia. Ello obsta, según su criterio, al progreso de lo solicitado en el escrito de inicio. Agrega que la situación no se ha subsanado por el posterior dictado de la sentencia de divorcio vincular, mediante la cual el peticionario Schvartzman recobró la aptitud nupcial.

Sigue manifestando el Sr. Fiscal que el impedimento indicado rige independientemente de la indisolubilidad o no del vínculo matrimonial, en tanto aquél posee otra finalidad. Por ende constituye una causal de nulidad absoluta y no se puede purgar el vicio que afecta a la celebración de las segundas nupcias.

A fs. 58/vta. obra la respuesta elaborada por los peticionarios.

II. Daremos inicio al análisis de la cuestión señalando, en primer lugar, que estamos en presencia de una situación contenida dentro del denominado orden público internacional. Ese concepto ha sido definido como el conjunto de normas que atañen a la esencia de las instituciones, de las costumbres o la organización de un país, por ello deben ser aplicadas por los jueces no sólo con preferencia, sino con omisión de la ley extranjera, aún cuando esta última fuera la normativa aplicable al caso (OSSORIO, “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales”, pág. 518, ed. Heliasta, 1986).

Sentado lo expuesto, anticipamos que será criterio rector para resolver la cuestión lo decidido en un tema similar por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Para ello habrá de tenerse en consideración la trascendencia moral e institucional de sus fallos; aunque no necesariamente imponga su acatamiento en la resolución de las causas (Sumario N° 22.373 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil, Sala J J046709, “Cariboni, Marta Liliana c. Transportes Villa Ballester S.A.C.I. y otros s/ Ds. y Ps.” 28/09/2012).

Sin embargo, lo interesante a destacar aquí es que los agravios conducen a la interpretación un tratado internacional que es ley suprema de la Nación (art. 31 de la Constitución Nacional). Se trata, en la especie, de analizar la validez del acto matrimonial celebrado en el país extranjero.

Por ello, si bien las decisiones del más Alto Tribunal no obligan a otros tribunales, como ya lo dijimos (fuera de los casos en que son dictados), es evidente que su doctrina debe ser tenida en cuenta cuando se encuentra en juego una cuestión federal (Sumario N° 20244 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil, Sala D, D551487, “Flores, Pedro Elbio y otro c. Expreso Lomas S.A. y otro s/ Ds. y Ps.” 23/09/2010).

III. Y bien. Vamos a la cuestión de fondo. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia sentó lo que se puede denominar como criterio de actualidad con el que debe apreciarse el orden público internacional argentino (S. 794. XXIX. Recurso de Hecho “Solá, Jorge Vicente s. sucesión ab intestato”, 12/11/1996, publicado en JA, 1997-IV-654 con nota de Méndez Costa, María Josefa “Sobre divorcio vincular y orden público” (Matrimonio celebrado en el extranjero mediando impedimento de ligamen en virtud de matrimonio anterior celebrado en la Argentina). Señaló, en efecto, que “el orden público internacional no es un concepto inmutable y definitivo sino esencialmente variable, pues expresa los principios esenciales que sustentan la organización jurídica de una comunidad dada, y su contenido depende en gran medida de las opiniones y creencias que prevalecen en cada momento en un estado determinado. De allí que la confrontación debe hacerse con un criterio de actualidad, noción que es ampliamente recibida en el derecho comparado”

Así, entonces, puede concluirse que la naturaleza del orden público internacional debe estar en consonancia con la evolución que presenten los valores de una comunidad en un tiempo y época dada. Resulta un concepto caracterizado por su movilidad y ello permite analizar su contenido al momento de resolver una petición, sin considerar los principios que regían el ordenamiento social en la época en que se desarrollaron los hechos del caso.

IV. Analizadas las constancias de autos, es cierto que en oportunidad de la celebración del matrimonio en la República de Bolivia, uno de los contrayentes declara ser divorciado, conforme surge de f. 2. Y, claro está, ese estado civil no le otorgaba nuevamente la aptitud nupcial, en orden a la preceptiva entonces vigente (art. 67 bis, ley 2393).

En tales condiciones, es verdad que –conforme se señala en el dictamen de la Sra. Fiscal de f. 35/vta.- el Tratado de Montevideo de 1889, prevé en su art. 11 que la capacidad de las personas para contraer matrimonio, la forma, existe y validez del mismo está sujeta a la ley del lugar en donde se celebre, y a su vez, habilita a los estados signatarios a no reconocer un matrimonio celebrado en uno de ellos, cuando se verifique alguno de los impedimentos por ejemplo el matrimonio anterior no disuelto legalmente (inc. e).

V. Sin embargo, a pesar de lo narrado, no puede negarse una realidad insoslayable: y ella es que en la actualidad, y desde el mes de junio de 1987, la indisolubilidad del vínculo matrimonial no integra el orden público argentino interno e internacional, a raíz del cambio producido por la sanción de la ley 23.515. Por otro lado, no deja ser un elemento objetivo y relevante para adoptar la decisión, que el contrayente que presentaba el impedimento haya solicitado y obtenido la conversión de la sentencia, que habilita el art. 8 de la citada ley, antes de los dos años de sancionada la misma, lo que demuestra su interés en normalizar la situación legal.

Así las cosas, desde el criterio de actualidad del orden público internacional arriba definido, se puede percibir claramente la ausencia de interés, en el tiempo presente, para oponerse a los efectos del matrimonio celebrado en el extranjero. Concretamente, no resulta coherente pensar que actualmente nuestro ordenamiento jurídico pueda tener interés alguno en desconocerle validez a estos matrimonios. Máxime si se repara en que ley 23.515 admitió la disolución del vínculo no sólo para el futuro sino también para las sentencias de separación pasadas en autoridad de cosa juzgada, al permitir su transformación en sentencias de divorcio. (Sumario n° 23.198 de la Base de Datos de la Secretaría de Documentación y Jurisprudencia de la Cámara Civil, Sala A, A538451, “V., H.O. c. L., A.J.C. s/ Nulidad de Matrimonio”, 28/10/2013).

El referido concepto aparece aún más reforzado en la especie, si se tiene en cuenta que sus consecuencias –conforme lo peticionado en el escrito de inicio y lo dispuesto en el decisum-, operan desde el 28 de abril de 1989, fecha en que el contrayente recuperó su aptitud nupcial.

VI. Pero se presenta, además, otro elemento contundente. Las normas legales deben interpretarse con una perspectiva funcional y el servicio de justicia debe ser lo que su nombre indica, un servicio, y no una traba inútil que entorpezca innecesariamente a los justiciables. Y, en ese sentido, lo requerido por el Ministerio Fiscal carece de toda razonabilidad práctica, pues ningún interés público se afecta con la confirmación de la sentencia. No debe olvidarse que uno de los deberes de los tribunales es prestar a los litigantes una tutela judicial efectiva, y no que el aparato de los tribunales se convierta en una maquinaria pesada e insoportable cuya lamentable misión sea introducir “palos en la rueda”. Para eso no fueron designados los jueces de la Nación.

Por esto fundamentos, el Tribunal, resuelve: Confirmar la resolución recurrida. Regístrese y publíquese (Ac. 24/13, CSJN). Previa notificación al Sr. Fiscal General, con remisión de los autos a su despacho, devuélvase a la anterior instancia, encomendándosele la notificación de la presente junto con la recepción de las actuaciones. El doctor Mizrahi no firma por encontrarse en uso de licencia (art. 109, RJN).- O. L. Díaz Solimine. C. Ramos Feijoó.