Fallos DIPr: Dicky SACIFICA c. General Electric International Inc.

CNCom., sala E, 13/09/19, Dicky S.A.C.I.F.I.C.A. y otro c. General Electric International Inc. y otros s. ordinario.

Compraventa internacional de mercaderías. Compras a distribuidores de Estados Unidos, España, Austria, Holanda, Italia y Brasil. Reventa. Productos defectuosos. Demanda por daños y perjuicios. Convención sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías Viena 1980. Lugar de cumplimiento. Responsabilidad extracontractual. Rechazo de la demanda. Multa por temeridad y malicia. Producción de prueba en siete países. Dispendio jurisdiccional.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 03/08/20.

En Buenos Aires, a los 13 días del mes de septiembre de dos mil diecinueve reunidos los Señores Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos, fueron traídos para conocer los autos seguidos por: “DICKY S.A.C.I.F.I.C.A. Y OTRO c/ GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL INC. Y OTROS s/ORDINARIO”, en los que según el sorteo practicado votan sucesivamente los jueces Miguel F. Bargalló, Hernán Monclá y Ángel O. Sala.

Estudiados los autos, se plantea la siguiente cuestión a resolver: ¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada de fs. 4193/4220?

El Juez Miguel F. Bargalló dice:

I. La controversia.

A fs. 218/41 se presentaron DICKY S.A.C.I.F.I.C.A. (“Dicky”) y TEXTURGLAS S.A.I.yC. (“Texturglas”) y entablaron demanda por indemnización de daños y perjuicios por la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES NUEVE MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL (USD 9.302.000) contra GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL INC., sus sociedades controladas: GE PLASTICS ARGENTINA S.R.L., GE PLASTICS STRUCTURED PRODUCTS, GENERAL ELECTRIC COMPANY, sus sociedades controladas a nivel mundial: GENERAL ELECTRIC COMPANY-GE PLASTICS, GE PLÁSTICOS SPB LTDA., GE PLASTICS SOUTH AMERICA LTDA., GE PLASTICS AUSTRIA GES. MBH, GE PLASTICS ITALIA SPA, GE PLASTICS IBÉRICA S.A., GENERAL ELECTRIC PLASTICS BV y toda otra persona que –directa o indirectamente- a través de GENERAL ELECTRIC (“General Electric”) o por intermedio de sus distribuidores haya vendido policarbonatos defectuosos.

Los hechos que dieron origen a este pleito fueron descriptos en el escrito inicial. Allí se postuló que “Texturglas” comercializó desde el año 1992 a 1994, y con posterioridad lo hizo “Dicky”, desde 1994 hasta 2000, placas de policarbonato alveolar de marca “Lexan®” y “Thermoclear®” pertenecientes a “General Electric” alcanzando la cantidad 400.000 m² de material adquirido, que luego era revendido a sus clientes. Manifestaron que dicho material encontraba una deficiencia que hacía que con poco tiempo se deterioraban y destrozaban, por lo que –añadieron- ello afectó su imagen comercial y tal fue el desprestigio sufrido que les destruyó el negocio. Indicaron que el plazo de garantía otorgado por el fabricante de las placas de diez años no se condecía con su desgaste, en tanto a los dos o tres años comenzaban a opacarse, amarillearse y al menor granizo se partían. A los fines de acreditar esta circunstancia, las demandantes promovieron un procedimiento de prueba anticipada en donde se efectuó una pericial técnica que determinó que los valores informados por los fabricantes en el manual sobre la resistencia no coincidían con los resultados que arrojaron unas pruebas efectuadas en el INTI. Agregaron que “GP Plastics” reconoció ocho reclamos efectuados, los cuales fueron atendidos por el valor facturado con más una suma adicional que obedecía a los costos de desarme y reposición.

Con motivo de estos antecedentes, demandaron por una indemnización que tarifaron en USD 9.302.000, textualmente, a fin de: “cobrar el costo de reposición total de placas colocadas y/o vendidas por “Dicky” y “Texturglas” en el período citado, más los costos de desinstalación y reinstalación de las mismas, lucro cesante y resarcimiento por la imagen y las ventas perdidas” (escrito inaugural, fs. 227).

Las demandadas, cada una por su parte, resistieron la pretensión indemnizatoria, negaron que las accionantes tengan legitimación para instaurar el reclamo que sólo le competería a los usuarios o consumidores finales y dueños de las placas instaladas en sus construcciones, agregando que para que el daño sea resarcible tiene que ser propio o personal y que las actoras no representan a sus clientes ni son cesionarias de éstos. Además, indicaron que hubo casos en los que se ejecutó la garantía de 10 años habiendo atendido los casos íntegramente. A su vez, plantearon la prescripción de la acción en tanto el plazo para efectuar reclamos se encontraría ampliamente vencido según el CCiv., el CCom. y la Convención de Viena sobre compraventa internacional. Asimismo, tildaron de insólita la suma demandada como resarcimiento y, en tal sentido, acusaron la temeridad y malicia de las coaccionantes en los términos del CPr., 45.

En virtud de lo cual, las discrepancias habidas entre las partes versaron básicamente sobre la legitimación de las actoras para realizar el presente reclamo, la tempestividad de éste, la procedencia del resarcimiento perseguido y –en su caso- la cuantía de la indemnización pretendida.

II. La sentencia.

El pronunciamiento recurrido hizo lugar parcialmente a la demanda y condenó a GENERAL ELECTRIC PLASTICS B.V. (ahora denominada SABIC INNOVATIVE PLASTICS BV), GENERAL ELECTRIC PLASTICS IBÉRICA S.L. (actualmente, SABIC INNOVATIVE PLASTICS IBÉRICA SLU) y SABIC INNOVATIVE PLASTICS GMBH & CO KG por la suma de PESOS DOS MILLONES CUATROCENTOS MIL ($ 2.400.000), más intereses, en concepto de daño a la imagen comercial y desestimó la pretensión contra el resto de las codemandadas.

Para resolver de tal manera, la sentencia consideró, en primer lugar, que la acción no se encontraba prescripta tomando en cuenta el plazo decenal establecido en el cuerpo normativo vigente al momento de los hechos. En efecto, se juzgó aplicable la ley argentina por cuanto las mercaderías habían sido entregadas para ser aquí comercializadas y los presuntos daños también se habrían localizado en el país. Entonces, se calculó que desde el año en que se enderezaron ciertos reclamos (2001 y 2002) y la fecha de promoción del requerimiento de la prueba anticipada (2003) no se había cumplido el referido plazo de prescripción, ni tampoco el de 4 años según lo establecido en la Convención invocada por las codemandadas ni el de 2, correspondiente a la acción de responsabilidad extracontractual, de ser aplicable.

En lo relativo a la pretensión indemnizatoria, el pronunciamiento destacó que las actoras accionaron con base a adquisiciones a “General Electric” y sus sociedades controladas de planchas de policarbonato alveolar marca Lexan y Thermoclear por más de 11 años, compras que habrían significado más de 400.000 m² de dicho material. Sin embargo, resalta, ese número no se condecía con el detalle de compras descripto en el propio escrito inicial. Del mismo modo, se consideró que tampoco se encontraba justificado el significativo monto demandado por carecer de prueba sobre los presuntos trabajos de desmonte y nueva colocación que pide que se le reintegre.

En este sentido, el fallo ponderó que no se evidencia que las accionantes hubieran adquirido el total de las placas que afirmaron ni que los reclamos efectuados por los malos resultados del producto hayan respondido a la totalidad del material adquirido. A su vez, en lo relativo a la prueba anticipada, se indicó que quedó probada la mala calidad del producto pero no que los establecimientos que sufrieron los daños hubieran adquirido las placas de las actoras. Sobre esto último, se juzgó que no quedó evidenciado que las demandantes hayan abonado la mercadería que dicen haber repuesto a sus clientes, ni haber afrontado gastos por la colocación, instalación y desmonte de placas como consecuencia de los desperfectos que habría presentado el material suministrado por “General Electric”.

Sin perjuicio de ello, se valoró que ciertas codemandadas reconocieron haber efectuado pagos en cumplimiento de la garantía y que la circunstancia por la cual se presentaron inconvenientes con el producto comercializado pudo haber repercutido desfavorablemente en la pérdida de clientes y disminución de contrataciones a las actoras; configurándose así un daño a la imagen comercial y buen nombre de aquéllas. En cuanto al importe a indemnizar se utilizó la facultad establecida en el CPr., 165 y se determinó la suma de $ 2.400.000.

Con relación al planteo de temeridad y malicia propiciado por las demandadas, se sostuvo que, si bien el monto del reclamo fue desmesurado, la parte actora pudo creerse con derecho a demandar como lo hizo y se descartó la aplicación de alguna multa en su contra.

Por último, se impusieron las costas en el orden causado como excepción a la regla general del CPr., 68.

III. Los recursos.

Contra dicha resolución apelaron tanto las actoras como las codemandadas.

Las accionantes sostuvieron su recurso con el escrito de fs. 4241/63 que fue replicado por las codemandadas a fs. 4290/4302.

Por su lado, las condenadas en el fallo expresaron sus quejas a fs. 4265/73 y el resto de las codemandadas lo hizo a fs. 4274/7; ambas piezas fueron controvertidas por las demandantes a fs. 4280/5.

IV. Los agravios.

4.1. Tras una descripción exhaustiva de las distintas instancias procesales transitadas y de los medios de prueba concretados, en una reproducción del alegato presentado, las reclamantes expusieron tres agravios a la sentencia, los cuales refieren sucintamente a:

(i) la desestimación de una indemnización en concepto de “compras”, “instalaciones efectuadas”, “costos” y “valores de las obras” en tanto sostienen que el daño se encontraría debidamente acreditado en contrario a lo sostenido en el pronunciamiento apelado y, para el caso que no se concuerde con ello, se solicita la utilización de la facultad conferida al magistrado según el CPr., 165;

(ii) el monto para resarcir el daño a la imagen comercial reconocido en la sentencia recurrida y la ausencia de solidaridad juzgada entre todas las codemandadas aludiendo que se tratarían de un “conjunto económico”; y

(iii) por último, por los emolumentos regulados a favor de los peritos actuantes.

4.2. Respecto de las objeciones de las condenadas en el fallo recurrido, particularmente, se quejan de:

(a) la indemnización reconocida para resarcir el daño a la imagen comercial que califican de arbitraria cuando justamente el decisorio se basa en que los reclamos fueron completamente atendidos y no hay evidencia alguna de afectación al patrimonio de las actoras como lo requiere la aplicación de dicho instituto para que prospere;

(b) relacionado con lo anterior, discuten también el elevado importe fijado como resarcimiento y la cuantificación arbitraria a través de la prerrogativa normada en el CPr., 165;

(d) por último, por el modo en que fueron fijadas las costas del proceso.

Las restantes sociedades demandadas, absueltas en la sentencia, impugnan el decisorio apelado por haber dispuesto las costas por su orden cuando fueron vencedoras en el pleito y, como segunda cuestión, por la desestimación de la multa por temeridad y malicia.

V. Con la finalidad de dar una mayor claridad expositiva, habida cuenta de la existencia de agravios antagónicos y distintas pretensiones recursivas planteadas, se analizarán las quejas de ambas partes recurrentes en conjunto y sin seguir el orden en que fueron presentadas en sus respectivas piezas.

5.1. La pretendida indemnización por la mala calidad y prestación del producto adquirido que derivó en gastos y costos de reemplazo frente a sus clientes.

A modo de introducción para el tratamiento del primer agravio de las actoras, se impone marcar ciertas cuestiones que resultan relevantes para desenmarañar la controversia de este longevo litigio.

Se encuentra incontrovertida la relación mercantil que “Texturglas”, los primeros años, y luego de 1994 “Dicky” mantuvieron con distintas subsidiarias de “General Electric” por la cual adquirieron cantidades importantes de placas alveolares que producía la división de plásticos de dicha empresa. El canal de comercialización se efectuaba a través de ciertas distribuidoras del propio grupo multinacional ubicadas en Estados Unidos de América, España, Austria, Holanda, Italia y Brasil.

El decisorio remarcó que las demandantes no lograron acreditar de manera eficaz ni el perjuicio económico invocado ni la cantidad de material adquirido en los años que mantuvieron el intercambio mercantil con el grupo accionado que sustentaría el alto importe pretendido.

A los fines de discurrir los motivos de tal impactante monto demandado, resulta revelador citar textualmente la manera en que las accionantes encarrilaron su reclamo: “La presente acción persigue la total reparación y la indemnización de mis representadas por parte del conjunto económico liderado por General Electric Corporation aquí demandado, por la suma total de U$D 9.302.000 y/o una suma dineraria tal que cubra el costo de reposición total de placas colocadas y/o vendidas por “Dicky” y “Texturglas” en el período citado, con más los costos de desinstalación e instalación de las mismas; con más lucro cesante, daño emergente y resarcimiento debido por la confianza perdida de nuestros clientes…” (escrito de demanda, fs. 229). Para llegar a tal cifra se mencionaron diferentes conceptos: (a) por materiales a emplear le correspondería un reintegro de USD 3.042.000; (b) por desmonte y nueva instalación, la suma de USD 4.739.000 y (c) por pérdidas relacionadas con la afectación a su buen nombre practica una liquidación que ascendía a USD 1.521.000; cabiendo desde ya advertir la falta de explicaciones y detalle sobre cómo se componen los distintos rubros indemnizatorios.

Frente a tal desconcertante planteo en tanto se pretendía –sin más- un reintegro del total de lo comercializado durante una larga relación mercantil, como si el 100% de los productos adquiridos hubiesen sido defectuosos y por ellos haya recibido reclamos de todos sus clientes, el objeto de la demanda fue aclarado (y acotado) al momento de alegar. Allí se precisó que se procuraba únicamente el resarcimiento de los daños directos por la responsabilidad contractual y no la ejecución de la garantía otorgada a los consumidores finales (alegato, fs. 4187); aunque no se modificó en nada las sumas reclamadas. Motivo por el cual, queda completamente descartado cualquier análisis que pudiera hacerse sobre la invocada defensa de la falta de titularidad de las actoras en la relación jurídica y la garantía sobre las placas que fueron transferidas a diversos clientes de las actoras en tanto –ahora- no forman parte de lo peticionado.

En su expresión de agravios las accionantes controvirtieron el fallo al manifestar que los perjuicios fueron acreditados mediante una nota emitida por un comprador que confirmaría la cancelación de un reclamo por su parte, obrante a fs. 553/4, y por medio de las declaraciones testimoniales de R. E. Miller (fs. 3405), D. Reverter (fs. 3407), A. A. Dupuy (fs. 3433), R. Comba (fs. 3585) y A. M. Sulam (fs. 3658). Asimismo, con independencia de lo cuantificado al accionar, las recurrentes agregaron que de estimarse excesivo el monto reclamado se aplique la facultad de evaluar el daño de conformidad con lo establecido en el CPr., 165.

En pocas palabras, el thema decidendum quedó circunscripto al reintegro de gastos y costos asociados a ciertas quejas que las demandantes recibieron de sus clientes y que debieron salir a cubrir por los desperfectos de los materiales que les vendieron, cuando el grupo de sociedades demandadas sería la culpable.

Más allá de las manifestaciones de los justiciables, en el proceso civil la verdad únicamente puede estar sujeta a lo que pudo ser evidenciado y sometido a la regulación probatoria conducente para dar convicción al magistrado en la solución que propone frente a un conflicto sometido a su jurisdicción.

Para que prospere un planteo de esta naturaleza no se requeriría más que se comprobase que la venta a los clientes consistieron en productos fabricados por “General Electric”, que dichas placas sufrieron roturas o envejecimiento prematuro por vicios “de fábrica”, que las vendedoras fueron intimadas por los adquirentes a su sustitución y, finalmente, que lo concretaron, con la suficiente rendición de todos los gastos irrogados a tal efecto.

Ello exigía como prius de operatividad del resarcimiento la adecuada invocación de las circunstancias relevantes y el desarrollo fáctico del camino transitado para indemnizar a las supuestas víctimas afectadas, pero nada de esto surge del escrito inicial. Nada de esto tampoco fue mínimamente acreditado.

Coincido, entonces, con lo juzgado en la instancia de grado sobre la completa ausencia de evidencia que respalde la pretensión indemnizatoria por los gastos y costos que hubo de sufragar la parte actora al atender reclamos de sus clientes por la mala calidad del producto adquirido a sus proveedoras demandadas.

Conforme al modo en que fue planteado el sub-lite, concibo -sin lugar a dudas- que la prueba estelar resulta ser la pericial contable; sin embargo, las actoras desaprovecharon la posibilidad de utilizar este medio idóneo para dar luz sobre el particular. Como observación inicial, el hecho de no haber dispuesto el examen sobre los libros de las demandadas en el extranjero por su propia impericia (resolución de fs. 3065) frustró las posibilidades de persuadir sobre la legitimidad de su derecho. En efecto, el informe contable se basó sólo sobre los libros de las accionantes. A su vez, no dio cuentas de los costos y valores de las obras, replanteos y peritajes, accesorios, transportes y embalajes y montajes e instalaciones; todos éstos, rubros e ítems que conformaron su solicitud indemnizatoria.

Al respecto cabe subrayar que las declaraciones testimoniales apuntadas en el memorial refirieron a ciertos reclamos que corresponden a clientes que invocaron daños que justamente fueron subsanados por las codemandadas, cuestión reconocida por las actoras en su escrito inicial, tales como R. E. Miller de Miller Varco Pruden S.A., R. Comba por Iveco y Cía. Arg. de Floricultores y A. M. Sulam por Cinter S.R.L.

Pero con independencia de ello, las declaraciones invocadas por la recurrente resultan además insuficientes a los fines perseguidos habida cuenta la imprecisión de los deponentes que no especificaron a través de qué medio se habrían concretado las restituciones y respuestas a los respectivos reclamos recibidos. A su vez, el hecho que sus dichos no se encuentren sustentados por ningún otro medio probatorio las convierte en ineficaces (por ejemplo, respuesta de Iveco, fs. 3460).

En tal sentido, R. D. Petrelli contestó “no sé el resultado específico del reclamo” (pregunta 26, fs. 3533), R. Comba manifestó desconocer quién pagó el cambio de productos (pregunta 21, fs. 3585), D. Reverter sostuvo que 50 empresas clamaron por imperfectos de las planchas pero no da ninguna precisión al respecto (fs. 3407) y R. E. Miller declaró que le constaba que se pagaron los arreglos por comentarios de terceros (segunda repregunta, fs. 3405).

Como consecuencia de ello, el contenido de dichas declaraciones resulta estéril a los efectos perseguidos (CPr., 386), fundamentalmente si se tiene en consideración que la prueba idónea para determinar tales circunstancias era la pericial contable, cuyo cumplimiento solo parcial no permite considerarla transcendental en este caso. Así, pues, la prueba testimonial no solo debe ser apreciada con rigorismo, sino que deviene insuficiente cuando, tal como aquí ocurre, no se produjo el medio más apto al efecto (CNCom., esta Sala, “Hormenn S.A. C/ Magic Photo S.A.”, del 10-12-13).

Repárese que robustece lo señalado, la completa ausencia de invocación de requerimientos, notificaciones o intimaciones de clientes una vez iniciado este proceso o aun de reclamos judiciales por terceros compradores de las planchas alveolares a las accionantes por sus defectos. Se presenta, pues, indubitable que aquellos no existieron y echa en tierra el ligero andamiaje argumental de las actoras.

En contrario, quedaron efectivamente probadas las respuestas favorables que tuvieron los varios reclamos que las demandadas recibieron por problemas ocasionados con las planchas vendidas. Así pues, las codemandadas GE Plastics BV y GE Plastics Ibérica S.A. reconocieron pagos a la actora por inconvenientes en las obras de CMP S.A. denominada “Invertrust”. Justamente, el reporte de esta empresa a fs. 553/4 es el utilizado por las actoras en su escrito de agravios para acreditar la satisfacción a las pretensiones de sus clientes por el material defectuoso. Allí se declara que fueron resarcidos por la suma de $ 37.011 (IVA incluido) y que liberaban a las actoras de cualquier responsabilidad. Empero quedó acreditado que por tal reclamo “Texturglas”, por su lado, recibió un total asaz superior de € 31.288 (comprobantes a fs. 518/29 y pericial contable, punto 4, fs. 3919).

De la misma manera, las gestiones de sustitución de las planchas por las obras de Miller Varco Pruden S.A. en Iveco, Cía. Argentina de Floricultores y de Cinter SRL fueron también atendidos por Glassmetal 2000 S.A., GE Plastic Ibérica y GE Plastics Europe (fs. 530/52).

En virtud de lo cual, se dará respuesta negativa al primer agravio del recurso de las actoras.

5.2. Daño a la imagen comercial.

El próximo asunto a tratar consiste en el cuestionamiento, en común, por la indemnización admitida en virtud de un presunto daño a la imagen comercial de “Texturglas” y “Dicky” derivado de la defectuosa calidad de los materiales que comercializaba de marca Lexan y Thermoclear de propiedad de “General Electric”; el cual fue cuantificado en la sentencia por la suma de $ 2.400.000.

Lógicamente, las accionantes lo hacen por hallar insuficiente tal resarcimiento en comparación con el alegado perjuicio ocasionado y, por el contrario, las codemandadas refieren a que no se encuentra acreditado tal daño y, naturalmente, peticionan por el completo rechazo de este rubro indemnizatorio.

Con relación a los desperfectos y deterioros de las placas comercializadas voy a tener en cuenta la prueba efectuada en el INTI (fs. 3196/3203) que arrojó unos resultados desfavorables sobre la capacidad de recepción de impacto de granizo sobre el producto de “General Electric”.

Sin embargo, respecto a la materia en discusión, este tribunal ha resuelto que el daño a la imagen corporativa no se asimila al daño moral que pueden sufrir las personas físicas, pues, como ha sostenido el máximo tribunal, su capacidad jurídica está limitada por el principio de especialidad (CCiv., 35 -vigente al momento de los hechos- y el art. 2 de la ley 19.550) que establece que su finalidad propia es la obtención de ganancias (art. 1 de la ley citada).

Basado en aquellas nociones, todo aquello que pueda afectar su prestigio o su buen nombre comercial para que sea resarcible debe redundar en una disminución de sus beneficios. De lo contrario, carece de trascendencia a los fines indemnizatorios dado que se trata de entes que no son susceptibles de sufrir padecimientos espirituales (CSJN, "Kasdorf S.A. c/ Provincia de Jujuy y otro", del 22-03-90).

En otras palabras, las personas jurídicas pueden ser sujetos pasivos de perjuicios extrapatrimoniales si son vulnerados sus derechos como el buen nombre, la probidad comercial y su buena reputación pero -única y exclusivamente- en la medida que ello repercuta desfavorablemente en su patrimonio (Bustamante Alsina, Jorge, "Las personas jurídicas no son sujetos de daño moral", ED del 12-07-90; CNCom., esta Sala, “IPH S.A. c/ Bank Boston N.A.”, del 29-09-05 y “Honfi Juan Victor c/ Multicanal S.A., del 21-05-12; entre otros).

Así, pues, se impone analizar si con las deficiencias que presentaban los productos comercializados, fabricados y distribuidos por las entidades demandadas, se provocó una disminución en las ventas y, en su caso, su probable origen para luego cuantificarlo a los efectos de tomarlo como pauta útil para establecer el quantum del resarcimiento.

Los reclamos referidos en el punto anterior son prueba de que solo algunos materiales objeto de las distintas operaciones que se detallaron en la pericial contable (listado de facturación, fs. 3917/8) presentaron inconvenientes. Pero para dar curso a lo aquí pretendido se debe demostrar que con la comercialización de aquellos productos la parte actora sufrió una disminución en el volumen de ventas o pérdidas de clientes que pueda ser atribuido a las demandadas.

La pericial contable detalla las pérdidas sufridas por “Dicky” y “Texturglas” en los años 2001 y 2002 pero nada permite despegar esta circunstancia de la crisis coyuntural que padeció nuestro país en aquella época. Así lo determina el detalle de la memoria del balance patrimonial que liga exclusivamente los malos resultados del ejercicio a la coyuntura económica sin hacer referencia a lo imputado aquí a las demandadas (fs. 3923). Así también los indicadores anuales informados por la Cámara Argentina de la Construcción dan cuenta que la contracción fue general en toda la industria y perduró hasta el 2003 (contestación de oficio, fs. 3115/6).

Por lo tanto, considero que no hay elementos que vinculen dicha mengua en los resultados económicos de los ejercicios en cuestión con la mercadería que adolecía de vicios que fuera comercializada por las actoras ni que tales pérdidas hayan derivado por la desatención de las demandadas a la calidad de sus productos contratados cuando éstas atendieron los reclamos que los clientes de las actoras le propiciaron y las declaraciones testimoniales resultan insuficientes para ello, tal como se analizó en el punto anterior. Mucho menos comprobable es que la culminación de la actividad comercial de “Texturglas” haya obedecido a la calidad de los productos ofrecidos por “General Electric”.

En efecto, el daño a la imagen comercial se compone de afectaciones al prestigio y buen nombre mercantil que para determinarlo se debe traducir, como se indicó precedentemente, en daños materiales como ser una merma de ingresos y, complementariamente, como pérdida de clientela, reducción de crédito, entre otras cuestiones.

En virtud de lo referido sobre la evidencia concretada, considero que el resarcimiento reconocido en la sentencia a la actora por este rubro, que ascendió a la suma de $ 2.400.000, resulta completamente injustificado. Ello así, porque –además- la utilización de la facultad para cuantificar el daño, prevista en el CPr., 165, no puede basarse sobre presunciones y sospechas sin elementos objetivos que determinen certeramente sobre el acaecimiento del perjuicio y la atribución a los proveedores.

Conforme a ello, considero que la indemnización por daño a la imagen comercial a favor de la actora que se estableciera en primera instancia debe revocarse.

VI. Temeridad y malicia.

La apelación de las codemandadas absueltas, y similar requerimiento fue introducido por quienes fueron condenadas en primera instancia, refiere al rechazo de la imposición de una multa a las accionantes por temeridad y malicia.

Las recurrentes señalan que la parte actora inició un reclamo multimillonario en dólares basándose en falsedades, afirmando maliciosamente haber sufragado gastos y haberse hecho cargo del reemplazo de materiales que no hizo; en pocas palabras, haber padecido daños que no sufrió.

En tal sentido, procuran la sanción prevista en el CPr., 45 en razón que las demandantes actuaron de manera maliciosa o temeraria al promover una acción indemnizatoria por más de nueve millones de dólares, más intereses, sin ningún fundamento y al solo “efecto de enriquecerse ilegítimamente”, basándose en argumentos falsos e inventando perjuicios irreales.

Adelanto que el recurso va a admitirse y paso a explicar por qué.

El CPr., 45 establece que: “Cuando se declarase maliciosa o temeraria la conducta asumida en el pleito por alguna de las partes, el juez le impondrá a ella o a su letrado o a ambos conjuntamente, una multa valuada entre el diez y el cincuenta por ciento del monto del objeto de la sentencia…”.

Se trata de un delicado instrumento que trasciende el mero interés individual de quien ha triunfado en el pleito y que apunta a la mejor administración de justicia, por lo que exige un uso cauto y prudente.

Es necesario para su configuración, el empleo desviado y antifuncional del proceso, el planteo de reclamos sin fundamento ni pruebas (CSJN, Fallos: 22:440); no bastando la articulación de pretensiones que no son acogidas o de recursos que se desestiman (CNCom., esta Sala, “Costantino, Carlos c/ Ferrari, Carlos Isidoro”, del 21-12-11; ídem. Sala C, “Mon, Margarita c/ Banco HSBC Bank Argentina”, del 21-09-07 y jurisprudencia allí citada).

Sentado ello, considero que la actitud de la parte accionante es acreedora de tan grave sanción ya que se advierte en su actuación la conducta temeraria que exige la norma.

En el caso se advierte concurrir circunstancias que exorbitan un legítimo y mínimamente razonable derecho a demandar.

Según las actoras las operaciones comerciales habidas con las sociedades demandadas durante todo el período que las vinculó –transcurrido entre los años 1994 al 2000 respecto “Texturglas” y entre 2000 al 2004 en relación con “Dicky”- comprendió negocios por USD 3.042.000 (demanda, fs. 227 vta.); aunque la prueba cumplida reveló que el total facturado por “Texturglas” fue de USD 1.528.426,17 y Pesetas 116.220,85 y “Dicky” realizó operaciones por USD 51.901,42 (pericial contable, fs. 3916/23); o sea, mucho menor al denunciado.

A su vez, manifestaron las accionantes haber existido de parte de las diversas sociedades demandadas ocho reclamos por incumplimientos durante los años 2001/2002 habiendo admitido que todos esos reclamos fueron reconocidos y atendidos (demanda, fs. 224 vta./225 vta.) y que involucraron operaciones por $ 146.766,72 (facturas 8832, 8587, 463175, 27.652, 461.805; informe pericial contable, fs. 3919/20).

En esa situación, no obstante la escasa entidad de los denunciados incumplimientos frente al total negociado, decidieron reclamar la suma de USD 9.302.000 más intereses (que a hoy prácticamente conduciría a duplicar ese valor).

Sin perjuicio de haber el suscripto fundado precedentemente el absoluto rechazo de la pretensión de las accionantes, no se puede dejar de advertir, a los efectos aquí considerados: i) que lo demandado comprendió el importe total de las operaciones denunciadas –solo parcialmente probadas- como si se tratara del reintegro íntegro del precio como efecto de una inexistente resolución contractual; ii) como bien se destacara en el fallo recurrido, ni siquiera ofrecieron las actoras prueba idónea para justificar los trabajos, servicios y accesorios a los cuales se atribuyó el costo de USD 4.739.000; iii) asignar al daño por “deterioro y reputación” la suma de USD 1.521.000 mediante la aplicación de un simple cálculo proporcional carente de otro sustento y cuando sus estados contables que precedieron a los hechos no arrojaban resultados significativos (pericial contable, fs. 3922); iv) que se efectuó un reclamo en moneda extranjera de conceptos como “servicios” y “daño a la imagen” de modo inexplicado.

A ello se aúna haber accionado contra diez sociedades, casi todas “extranjeras”, de modo promiscuo, sin distinguir la responsabilidad eventual de cada una de ellas.

Ello así, es clara la falta de congruencia entre las sumas reclamadas por los daños y perjuicios que se dijeron padecidos y el valor de las indemnizaciones perseguidas.

El rechazo total de la demanda que he propuesto a mis distinguidos colegas es justamente consecuencia de tales defectos y de la inexistencia de prueba que haya podido justificar tan peculiar reclamo indemnizatorio.

Todo esto impone una severa conclusión: la situación exhibe en lo objetivo una articulación muy deficiente de la demanda y, en lo subjetivo, y no desvinculado de lo anterior, una clara intencionalidad de ilegítimo enriquecimiento por parte de personas jurídicas que explotaban empresas de escasa envergadura y previsiblemente afectados por los perniciosos efectos de los vaivenes económicos emergentes de la conocida crisis de los años 2001/2002.

Se observan otras circunstancias que corroboran subsumir la conducta de los demandantes en el supuesto de temeridad que contempla el citado artículo 45 y e impone a reprenderlas en su consecuencia.

Del sistema informático surge que las actoras fueron relevadas del pago de la tasa de justicia, pero que habían pretendido eximirse también del pago de las demás costas lo cual fue denegado (incidente de beneficio de litigar sin gastos, resolución del 27-12-17), circunstancia que me lleva a conceptuar que se han amparado en aquel instituto para promover una acción por un monto que se presenta, como dije, desmesurado y completamente improcedente.

No se pueden desconocer los efectos perniciosos que puede producir un reclamo judicial de tal entidad, aun en empresas multinacionales como es el caso.

Indubitablemente, una pretensión por más de nueve millones de dólares estadounidenses, más intereses, debió llevar a las diez codemandadas de distintos países a gastos extraordinarios en su defensa y previsiones contables por posibilidad de condena; y consiguientemente a un perjuicio real.

En razón de lo expuesto, corresponde imponer a los individuos el deber de sufrir las consecuencias de la utilización irresponsable y temeraria del servicio jurisdiccional cuando se sobrepasa con creces, en este caso, el límite de la razonabilidad.

Esto, además, conlleva la función de amparar la paz social, ejercer toda industria lícita y promover inversiones (CN, 14) porque el inocente no está obligado a soportar los perjuicios a los que se le ha sometido.

En concreto, la temeridad denota la conducta de quien deduce pretensiones o defensas cuya falta de fundamento no puede ignorar de acuerdo con pautas mínimas de razonabilidad (CNCom., Sala D, “Budani Carlos Maria c/ BMW de Argentina S.A. y otros”, del 10-02-14). A tal efecto, no puede pasar inadvertido además que las actoras han utilizado con desmesura los mecanismos del Estado Nacional para notificar la demanda -a toda luces ilegítima- y realizar los medios probatorios propuestos en diversas jurisdicciones internacionales a través de sus representaciones diplomáticas (como ser la ubicada en Austria, Reino de España, Brasil, Estados Unidos, Italia, Holanda e Israel) con todos los gastos y costos asociados que eso conlleva.

Esto, a la vez, se profundiza con el despropósito que significó la ocupación de recursos materiales públicos (basta para ello repasar los 20 cuerpos de este proceso y otros tantos del incidente de prueba anticipada), el dispendio exagerado de un sinfín de pedidos de informes a entidades oficiales (ONU, BCRA, DGA/AFIP, INTI, BORA, INDEC, Ministerio de RREE, etc.) por un expediente cuyo trámite demoró más de 15 años, sin que se pueda atribuir esta dilación a las oficinas jurisdiccionales.

Todo ello lleva a la convicción suficiente para imponer la multa pretendida. De modo, pues, que si mi criterio es compartido por mis apreciados colegas el agravio de las recurrentes deberá prosperar, con el efecto de aplicar la sanción disciplinaria a las actoras, no extensiva a sus letrados.

En cuanto a su cuantificación, tendré en cuenta que la base de la multa resulta del monto objeto del juicio, al tener la demanda un valor determinado. Sin perjuicio de ello, aun de valerse del mínimo dispuesto en la norma del código ritual puede derivar, en el caso particular, en que la aplicación de este instituto se torne en una afectación a unos derechos de raigambre constitucional de las accionantes; cuestión no deseable y que debe evitarse.

Tal circunstancia me lleva a considerar que debe morigerarse el porcentual fijado en la normativa procesal y establecer una sanción que al par de traducir un temperamento disciplinario, correctivo y punitivo, no se convierta en un directo desmedro de la situación patrimonial de dos empresas que según exhiben los resultados más actuales de sus balances no superarían la condición de pequeñas o medianas empresas, cuya preservación en el mercado es de interés general (arg. CCom, 565; CCiv, 622 y CCCN, 771 y 1742).

Conforme a ello y acorde a lo decidido por otros tribunales (CSPBA, “Dossena, Irma Esther y otro c/ Segret, Susana Edith”, del 22-05-13, que morigeró la sanción al equivalente del 2,5% del monto a liquidar y CNCom, Sala D, “Reiznik, Giselle Ariana c/ Kuropatwa, Jorge Daniel”, del 21-06-16, que redujo la multa al 5% del quantum de la pretensión inicial) propicio que la sanción ascienda al 1% del monto total reclamado por capital más intereses que -a este efecto- deberá calcularse con la tasa del 6% anual desde la fecha de inicio de la demanda: 14-07-04.

VII. Costas.

En cuanto a las costas del proceso, las codemandadas en sus respectivos memoriales -como último punto- se agravian de que se haya exonerado a las actoras de la condena en costas pese a que la pretensión principal fue desestimada.

Como el CPr., 279 dispone la readecuación de las costas en caso que la sentencia fuera modificatoria de la de primera instancia, tal como aquí se propicia, por lo que deviene innecesario el tratamiento de dicho planteo.

A los efectos de establecer las accesorias del presente litigio, conceptúo que no se vislumbran argumentos que justifiquen apartarse del principio general. En efecto, no se configuró una materia que haya podido despertar controversias, distintas interpretaciones o de una actuación de las codemandadas que haya generado una razonable expectativa a las accionantes del derecho que invocaron para demandar.

En virtud de lo cual, corresponderá a las actoras vencidas hacer frente a las costas de la instancia de grado y mismo temperamento se adoptará para la solución que se propone en esta alzada, por ambos recursos (CPr., 68:1° párr.).

VIII. A la luz de todo lo expuesto, propongo al Acuerdo: (a) desestimar el recurso de DICKY S.A.C.I.F.I.C.A. y TEXTURGLAS S.A.I. y C.; (b) hacer lugar a la apelación de SABIC INNOVATIVE PLASTICS BV, SABIC INNOVATIVE PLASTICS IBERICA SLV y SABIC INNOVATIVE PLASTIC GMBH & CO KG con el efecto de revocar la condena en su contra dispuesta en la sentencia por daño a la imagen comercial, quienes quedan absueltas; (c) considerar también la apelación de estas últimas, juntamente con la presentada por SABIC INNOVATIVE PLASTICS ITALY S.R., SABIC INNOVATIVE PLASTICS SOUTH AMÉRICA INDUSTRIA Y COMERCIO DE PLASTICOS LTDO., SABIC INNOVATIVE PLASTIC ARGENTINA S.R.L., GE FANUC DO BRASIL S.A., GENERAL ELECTRIC COMPANY y GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL INC., a los efectos de imponer una multa -en los términos del CPr., 45- a las codemandantes, no extensiva a sus letrados, a favor de las codemandadas en conjunto, valuada en el 1% de la suma total reclamada más intereses a calcularse según las pautas indicadas en el capítulo VI que precede; y (d) fijar las costas de ambas instancias a las actoras vencidas.

Así voto.

El Señor Juez de Cámara Hernán Monclá dice: Comparto los fundamentos vertidos por el Señor Juez preopinante por lo que adhiero a la solución por él propiciada. Voto, en consecuencia, en igual sentido.

Por análogas razones, el Señor Juez de Cámara Ángel O. Sala adhiere a los votos que anteceden.

Buenos Aires, 13 de septiembre de 2019.-

Y VISTOS:

Por los fundamentos del acuerdo precedente, se resuelve: (a) desestimar el recurso de DICKY S.A.C.I.F.I.C.A. y TEXTURGLAS S.A.I. y C.; (b) hacer lugar a la apelación de SABIC INNOVATIVE PLASTICS BV, SABIC INNOVATIVE PLASTICS IBERICA SLV y SABIC INNOVATIVE PLASTIC GMBH & CO KG con el efecto de revocar la condena en su contra dispuesta en la sentencia por daño a la imagen comercial, quienes quedan absueltas; (c) considerar también la apelación de estas últimas, juntamente con la presentada por SABIC INNOVATIVE PLASTICS ITALY S.R., SABIC INNOVATIVE PLASTICS SOUTH AMÉRICA INDUSTRIA Y COMERCIO DE PLASTICOS LTDO., SABIC INNOVATIVE PLASTIC ARGENTINA S.R.L., GE FANUC DO BRASIL S.A., GENERAL ELECTRIC COMPANY y GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL INC., a los efectos de imponer una multa -en los términos del CPr., 45- a las codemandantes, no extensiva a sus letrados, a favor de las codemandadas en conjunto, valuada en el 1% de la suma total reclamada más intereses a calcularse según las pautas indicadas en el capítulo VI que precede; y (d) fijar las costas de ambas instancias a las actoras vencidas.

Con relación a las apelaciones por las regulaciones de honorarios, el CPr., 279 prevé su readecuación para el caso en que la decisión de Alzada sea revocatoria o modificatoria de la primera instancia.

Sentado ello, merece destacarse que en supuestos de demandas desestimadas, tal como ocurre en el presente caso, este tribunal toma como base regulatoria el monto por el que se demandó con más los intereses aplicables a la fecha del pronunciamiento (cfr. CSJN., Fallos 293:656, 308:2123).

Sin embargo, el sub lite exhibe una significación patrimonial genuinamente de excepción, lo que amerita una solución particular ajustada a las circunstancias del caso concreto.

En efecto, cabe ponderar que el monto reclamado resultó exorbitante, lo cual su adopción como base regulatoria resultaría disvaliosa e inequitativa. Por lo que este tribunal pretende llegar a una solución justa y equilibrada que evite una carga a las condenadas en costas con emolumentos a su cargo desmesurados por el resultado del juicio promovido.

En tal sentido, por un lado, se contemplará el impacto patrimonial que traería aparejado una exorbitante condena en costas y, por otro, la necesidad de impartir una adecuada retribución de los servicios prestados por los profesionales intervinientes.

Ello no importa soslayar el carácter alimentario que revisten los honorarios, pero el derecho de los profesionales no puede ser invocado para legitimar una solución que configure un lucro abusivo (CCiv. 1071, actual CCCN. 10), desnaturalizando el principio rector sentado por la Constitución Nacional para la tutela de las garantías reconocidas.

La solución que a tales fines se propicia encuentra sustento legal en el art. 13 de la ley 24.432 y hoy en el CCCN., 1255, normativa que introduce la posibilidad de que el magistrado corrija aquellas distorsiones que puedan producirse por la aplicación irrestricta de pautas que han sido previstas para casos generales y que, como tales, resultan ineficaces antes supuestos especiales que pueden conducir a resultados injustos.

Por tal motivo, es necesario apartarse de la base regulatoria del monto reclamado en el escrito de inicio debiendo ponderarse a tal fin la importancia patrimonial de la causa, los intereses defendidos y el resultado que la actuación de los profesionales produjo en el patrimonio de ambas partes. Ello, claro está, sin dejar de considerar la naturaleza y complejidad del asunto, mérito, calidad, eficacia y extensión del trabajo pero sin desentender el impacto económico de sus actos jurisdiccionales, ni soslayar la trascendencia que tiene el asunto para las partes. …

Notifíquese a las partes al domicilio electrónico o, en su caso, en los términos del CPr. 133 y la Acordada C.S.J.N. 3/2015, pto. 10. Comuníquese (cfr. Acordada C.S.J.N. N° 15/13).- H. Monclá. Á. O. Sala. M. F. Bargalló.