Voest Alpine Intertrading c. Cargem

CNCom., sala E, 11/10/88, Voest Alpine Intertrading c. Cargem S.A. s. exequatur.

Laudo dictado en Londres. Reconocimiento en Argentina. Recaudos formales. Traducción realizada en Inglaterra. Ineficacia. Legalización. Convención de La Haya de 1961. Plazo para subsanar defectos.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 16/03/07, en ED 138, 717, en M. B. Noodt Taquela, Derecho Internacional Privado. Libro de casos, Bs. As., La Ley, 2 ed., 2006, pp. 119-120 y en A. Boggiano, Derecho Internacional Privado, t. II, Abeledo-Perrot, 4 ed., 2001.

2º instancia.- Buenos Aires, octubre 11 de 1988.-

Y vistos: Se agravia la actora contra la decisión del juez de grado que desestimó liminarmente su pretensión de obtener el exequatur en favor de un laudo arbitral dictado en la ciudad de Londres, Inglaterra.

1.- Cabe analizar, en primer término, si la exigencia determinada por el a quo en los términos del artículo 123 y artículo 6 de la ley 20305 del Código Procesal, es aplicable al sub lite.

Según se advierte del examen de la documentación original, el laudo fue dictado en idioma inglés, y luego traducido al castellano en el mismo país en que se emitió. No se trata, por ende, de un documento expedido originalmente en dos idiomas, sino de un documento expresado en idioma extranjero, y luego traducido.

Lo expuesto se corrobora a través de la simple lectura de la certificación expedida por el notario extranjero, quien expresa que "los documentos adjuntos en idioma español son `traducciones fieles´ y exactas de los documentos en idioma inglés que también se adjuntan" (fs. 35; el subrayado no consta en el original).

Por consiguiente, resultan de aplicación al caso las disposiciones contenidas en el artículo 123 del Código Procesal y en el artículo 6 de la ley 20305, cuyos recaudos, por hallarse incumplidos, han de ser satisfechos en forma previa a dar curso a la pretensión de ejecución.

Cabe puntualizar que la carencia señalada no autoriza a desestimar in limine la acción intentada, como lo realizara el juez de grado, pues se trata de un recaudo formal, susceptible de cumplimiento ulterior a la presentación en juicio de la documentación, y que no afecta su validez intrínseca.

2.- En orden a las conclusiones vertidas precedentemente, corresponde que este Tribunal se expida acerca de los restantes cuestionamientos formulados por la demandada, respecto de otras deficiencias formales que presentarían los documentos base de la acción.

La documentación referida no satisface los requisitos exigidos por el artículo 519 bis, en cuanto remite a la aplicación del artículo 517 del Código Procesal, que en su inciso 3, exige la acreditación de su autenticidad.

En efecto: en la fecha en que fue expedido el laudo, se hallaba vigente en nuestro país el sistema de legalizaciones a través de las autoridades diplomáticas o consulares (instrumentado por el decreto de julio 24 de 1918, y art. 225 Reglamento Consular Decreto-Ley 8714/63, BO del 24-XII-1963; Falcón, Cód. Proc. Com., Tomo III, nº 518.5). Conforme a tales normas, correspondía la intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores del país al que pertenecen -o su equivalente- a fin de acreditar la autenticidad de origen de las piezas que se pretendieran utilizar.

En el caso, tal recaudo se encuentra incumplido, pues los documentos carecen de la intervención del funcionario de Gran Bretaña que certifique la referida autenticidad de origen, autorización que debe constar antes de la expedida por el encargado de asuntos argentinos de la Embajada de la República Federativa de Brasil en Londres.

Desde que tal situación ha de ser regularizada a los efectos de obtener el pretendido exequatur, debe puntualizarse que actualmente, el régimen aludido ha sido reemplazado por un sistema de mayor simplicidad, al que deberá ajustarse tal regularización.

La República Argentina ha adherido a la Convención de la Haya del 5-X-1961, relativa a la supresión de la exigencia de la legalización de actos públicos extranjeros (Ley 23458, en vigencia a partir del 18-II-1988; v. nota "La Legalización de Documentos Públicos Extranjeros. Su Supresión por la Convención de la Haya del 5 de octubre de 1961", por María Elsa Uzal, pub. en E.D. del 26-VIII-88).

Sus normas resultan aplicables a todo documento público que haya sido extendido en el territorio de un estado contratante y que deba producir afectos en el territorio de todo estado contratante; debiendo agregarse que también el Reino Unido de Gran Bretaña ha ratificado a la Convención, por lo que esas normas poseen plena vigencia en el caso de autos.

Más allá de la naturaleza del laudo arbitral en el país de su expedición, lo cierto es que el mismo ha adquirido carácter público por la intervención del notario inglés. Aclárase que la Convención considera documento público a las actas notariales, lo que determina que la documentación cuya ejecución se intenta, se encuentra garantizada por dicha normativa.

Para certificar la firma, el carácter con que ha efectuado el signatario del documento y -de corresponder- la autenticidad del sello o timbre, la Convención exige como mera formalidad, la inserción de un certificado denominado "apostilla", que deberá ser expedido por la autoridad competente del Estado en que se originó el documento.

Deberá, por consiguiente, la actora, cumplimentar los recaudos señalados, en forma previa a cumplir el despacho pretendido.

3.- En mérito a las consideraciones precedentes, se resuelve: revocar el decisorio apelado en cuanto desestima liminarmente la ejecución, y disponer el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 20305 y de la Convención de La Haya de 1961 (Ley 23458) en forma previa al despacho de la ejecución pretendida. Las costas se imponen a la actora, que resulta sustancialmente vencida.

Devuélvase sin más trámite, encomendándose al magistrado de la primera instancia proveer las diligencias ulteriores (CPCCN 36: 1), y las notificaciones pertinentes.

El doctor Guerrero no interviene por hallarse en uso de licencia (art. 109 del RJN).- R. A. Ramírez. J. M. Garzón Vieyra.