American Express Argentina c. Markowicz

CNCom., sala E, 28/05/99, American Express Argentina S.A. c. Markowicz, Pedro A. y otro.

Prueba documental. Documentos en idioma extranjero. Falta de traducción. Inadmisibilidad. Supleción por el conocimiento del idioma por el juez. Improcedencia.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 27/12/06, en LL 1999-F, 404 y en DJ 2000-1, 662.

2ª Instancia.- Buenos Aires, 28 de mayo de 1999.-

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?

El doctor Ramírez dijo: I. La sentencia dictada a fs. 337/340 vta. -a cuyos resultandos cabe remitirse en orden a la reseña de la cuestión litigiosa- acogió la demanda promovida por American Express Argentina S.A. contra Pedro A. Markowicz a quien condenó a abonar: 1) las sumas resultantes de los resúmenes de cuenta y facsímiles de comprobantes de gastos acompañados a escrito inicial, más intereses a partir de la notificación de la demanda; 2) los importes liquidados en el resumen adjuntado al responde, y accesorias desde su fecha de vencimiento; y 3) las costas del proceso promovido a su respecto. Rechazó, en cambio, la pretensión dirigida contra Ana C. Sánchez de Markowicz; con costas a la actora.

El juez de grado comenzó por advertir que la solicitud de adhesión suscripta por el codemandado no le imponía el deber de concurrir a la sede de la emisora para anoticiarse del estado de sus cuentas, en caso de no recibir la facturación mensual. Y señaló que tal circunstancia impide aplicar en el sub lite el efecto usualmente previsto para el incumplimiento de la mentada carga.

Efectuada dicha precisión, el sentenciante puntualizó que la actora no probó la remisión de las facturaciones correspondientes a las tarjetas "oro" ni la autenticidad de las firmas desconocidas por la contraparte. No obstante lo cual, adelantó que existen elementos probatorios que permiten inferir que el derecho alegado por la emisora quedó demostrado en lo sustancial.

En tal sentido, comenzó por desestimar la defensa esgrimida por el demandado cuando -pese a haber admitido la utilización de la tarjeta "verde"- sostuvo que la adquisición de la tarjeta dorada estaba condicionada a un específico marco convencional. A cuyo fin consideró, con apoyo en cierta prueba informativa, que la solicitud necesaria para obtener una tarjeta de crédito se hace extensiva a las variantes que a su respecto se emitan.

Más adelante tuvo por probado que el codemandado libró cheques rechazados por falta de fondos que -expresó- cabe vincular inexorablemente con la operatoria desconocida en autos, remitiendo al efecto a las constancias de los "cheques" de fs. 3 bis a 8 bis, referidos en los resúmenes de fs. 8 y 31.

En tal contexto, el a quo juzgó que median indicios graves y concordantes que otorgan a la postura de la actora certidumbre respecto del uso de la tarjeta de marras y a la acreencia que se pretende hacer valer.

De seguido entendió que respecto de la deuda invocada por la utilización de la tarjeta "Gold", asume relevancia las registraciones contables arrimadas por la actora, en tanto que -a criterio del juzgador- su valor presuncional se encuentra corroborado fehacientemente con las constancias antes examinadas. Resaltó en ese aspecto el contenido de distintos puntos del dictamen pericial y concluyó que, pese a la impugnación formulada por Markowicz, ha quedado sin sustancia su planteo para excusarse de la obligación de pago que se le imputa.

En orden a la mora, consideró que al no incluirse en las cláusulas del contrato el llamado deber de colaboración y ante la carencia probatoria en torno al envío de resúmenes mensuales, aquélla se produjo con la notificación de la demanda, estableciendo a partir de allí el devengamiento de intereses.

En el último capítulo de la sentencia, el juez trató el reclamo instado por el saldo de la tarjeta "verde", desvinculando de toda responsabilidad a la codemandada Ana C. Sánchez en razón de no haberse acreditado su vinculación contractual con la actora.

Sin perjuicio de lo cual, reputó admisible la pretensión dirigida contra el codemandado, en su carácter de socio básico, por los montos liquidados en el resumen de fs. 145, con más sus intereses a partir de la fecha de vencimiento allí indicada.

De acuerdo con las motivaciones delineadas, el a quo falló la causa en la forma indicada al principio.

II. El pronunciamiento ha sido apelado por el codemandado vencido, manteniendo su recurso mediante el escrito de fs. 352/355, respondido por la actora a fs. 357/364.

Agravia al recurrente que se lo haya juzgado "socio de la tarjeta dorada" y sostiene que, aún en ese supuesto, no se ha probado la realización de los gastos reclamados. Acorde con esa posición, el quejoso critica la valoración de la prueba efectuada por el sentenciante y postula, en definitiva, la revocación del decisorio impugnado.

III. La categórica negativa de los hechos expuestos por la actora, manifestada por Markowicz en oportunidad de contestar la demanda, imponía a aquella parte la carga de acreditar el presupuesto fáctico de la normativa invocada como fundamento de su pretensión (art. 377, Cód. Procesal).

Corresponde entonces dilucidar si las pruebas producidas por la pretensora son suficientes para admitir la demanda en los términos establecidos en el pto. a de la parte dispositiva.

En primer lugar, debo puntualizar que la accionante no ha acompañado la traducción de los documentos en idioma extranjero incorporados bajo las fojas 3 bis a 8 bis, como lo exige el art. 123 del Cód. Procesal, ni ha solicitado al efecto la designación por el tribunal de un traductor público matriculado.

Ante tal circunstancia y dado el carácter imperativo de la norma, me parece indudable que la falta de traducción de los documentos impide la apreciación de su contenido (v. Serantes Peña-Palma, "Código Procesal...", Ed. Depalma, año 1983, comentario al artículo citado, t. I, p. 304). Se trata de un obstáculo de orden legal que no puede ser superado por el personal dominio de la lengua inglesa que -colijo- ha llevado al juez a entender que Markowicz "libró cheques -rechazados por falta de fondos-" (cfr. cons. IV, fs. 338 vta./339).

De otro lado, resalto que la actora ha sido declarada negligente respecto de la prueba pericial caligráfica ofrecida para acreditar la autenticidad de las firmas estampadas en los cupones de gastos cuyos facsímiles acompañó al escrito inicial (fs. 32/88, 175 vta. y 207). A lo que añado que, pese a la reserva manifestada en su momento, no replanteó en esta instancia la producción de dicho medio probatorio.

Ello sentado, la registración de los importes reclamados en los libros de la actora (v. pericia contable, fs. 225/226 y 231) no hace prueba en su favor, ya que, además de no tratarse de un pleito entre comerciantes, los asientos aludidos no se encuentran respaldados por documentación auténtica (art. 43, Cód. de Comercio; v. esta sala, voto del doctor Guerrero "in re": "American Express Argentina S.A. c. Ruggiero, Miguel" del 3/8/96).

A su vez, teniendo en cuenta que la actora ha consentido la decisión recaída en torno a la fecha de mora -cuyos fundamentos he reseñado en el cap. I-, resulta incontrovertido que el codemandado no recibió los resúmenes acompañados al escrito inicial, ni estaba convencionalmente obligado a retirarlos. Como, en cambio, lo prevén otros sistemas de plaza, cuando la liquidación no es recibida en término.

A esta altura del análisis, no me parece menester dilucidar si los términos de la solicitud copiada a fs. 290/vta. autorizaban la emisión de una tarjeta dorada en favor del suscriptor, ni determinar si Markowicz recibió y usó una tarjeta de ese tipo. Ello por cuanto, aun en la hipótesis de haberse configurado esos extremos, los mismos serían, por sí, insuficientes para responsabilizar al codemandado por los cargos cuestionados.

Resumiendo: a) los documentos en idioma extranjero presentados por la demandante no son admisibles como prueba, por no haber sido traducidos; b) no se ha demostrado la autenticidad de las firmas insertas en los cupones cuyos facsímiles acompañó la actora; c) la pericia contable carece de eficacia para probar la exigibilidad de los cargos reclamados, en razón de que los asientos no se encuentran respaldados por documentación fehaciente; y d) la accionante no ha probado el envío de los resúmenes de cuenta anejados a la demanda, ni que la accionada se encontraba contractualmente obligada a retirarlos.

En congruencia con estas consideraciones aprecio, de conformidad con las reglas de la sana crítica (art. 386, Cód. Procesal) que la actora no ha satisfecho la carga de la prueba que incumbía a su parte (art. 377, antes citado) y que no existen presunciones (art. 163 inc. 5°, Cód. Procesal), que permitan formar convicción en el sentido expresado por el juez de grado.

Por ello, propicio admitir el recurso y revocar la condena impuesta en el ap. a de la parte dispositiva.

IV. Resta señalar que aunque el recurrente ha solicitado la revocación de la sentencia "en todas sus partes" (cap. V, fs. 355 vta.), no corresponde revisar la procedencia de la decisión contenida en el punto b del fallo de primera instancia, en razón de no haber sido impugnado ninguno de los fundamentos que sustentan esa condenación (v. cons. VII, fs. 340).

V. Como corolario de todo lo expuesto, propongo al acuerdo: Revocar la sentencia de primera instancia en cuanto condena a Pedro A. Markowicz a abonar las sumas indicadas en el ap. a de su parte dispositiva; con costas a la actora en ambas instancias (arts. 68, parte 1ª y 279, Cód. Procesal).

El doctor Guerrero dijo: Comparto los fundamentos vertidos por el juez preopinante por lo que adhiero a la solución por él propiciada. Voto, en consecuencia, en igual sentido.

Por análogas razones, el doctor Arecha, adhiere a los votos anteriores.

Por los fundamentos del acuerdo precedente: se revoca la sentencia de primera instancia en cuanto condena a Pedro A. Markowicz a abonar las sumas indicadas en el ap. a de su parte dispositiva; con costas a la actora en ambas instancias.- R. A. Ramírez. H. A. Guerrero. M. Arecha.

S. de M., S. y otro

CNCiv., sala B, 30/04/81, S. de M., S. y otro.

Divorcio decretado en Alemania. Reconocimiento de sentencia. Régimen de bienes en el matrimonio. Pedido de disolución de la sociedad conyugal respecto de inmueble en Argentina. Aplicación de Derecho argentino (art. 6 de la ley 2393 derogada por la ley 23515 de 1987). by JCC y MBNT.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 26/12/06 y en LL 1981-D, 45, con nota de W. Goldschmidt.

2ª instancia.- Buenos Aires, 30 de abril de 1981.-

Considerando: Ante la presentación solicitando se declare disuelta la sociedad conyugal sobre la base de la sentencia de divorcio dictada en Alemania, a lo que prestó su conformidad al Agente Fiscal, proveyó la jueza que se acompañe exhorto del cual surja la disolución de la sociedad conyugal. Providencia contra la cual se interpuso recurso de reposición y apelación en subsidio, lo que motiva la elevación de los autos al desestimarse el primero.

Las procuraciones en escritura pública otorgadas por los interesados de fs. 8/10 y fs. 11/14 son suficientemente explícitas y los respectivos mandatarios en sus petitorios se ajustan al cumplimiento del mandato recibido acudiendo por la vía jurisdiccional en mérito a lo preceptuado en el art. 6 de la ley 2393.

Por resolución de fs. 20 vta., 22 vta. en su punto V se atribuye competencia para el caso al juez de Alemania, lugar del último domicilio conyugal.

El art. 104 de la ley 2393 constituye una regla de derecho internacional que delimita la materia de la jurisdicción en lo atinente a las acciones de divorcio y nulidad de matrimonio. Pero tal disposición no se hace extensiva en lo relativo a los bienes inmuebles que la sociedad conyugal posee en el país como para condicionar la situación de los mismos a lo que aquel magistrado resuelva.

Dentro del régimen matrimonial de bienes en el Derecho Internacional Privado, los inmuebles están sometidos a la "lex situs" (art. 6º, ley de matrimonio) y con ello nos encontramos con el principio del fraccionamiento: hay tantos regímenes de bienes en el matrimonio cuantos países hay en los que existen inmuebles (conf. W. Goldschmidt, "Suma de Derecho Internacional Privado", p. 156, Nº 1/0, 2ª ed.).

Si como lo establece la resolución no existe obstáculo para que se otorgue validez al divorcio decretado en el extranjero por estar reunidos los requisitos procesales del art. 517 del Código Procesal, teniendo por lo tanto fuerza ejecutoria, nada se opone a que se proceda como lo establece el art. 518 del mismo cuerpo legal.

El exequátur es el acto jurisdiccional en virtud del cual se consiente en nombre de la ley argentina la aplicación de una sentencia extranjera en territorio nacional. Recae sobre la propia sentencia y la inviste de los mismos efectos que tienen las sentencias de los jueces nacionales, sin necesidad de entrar en la revisión del juicio (conf. J. J. Llambías, "Código Civil Anotado", t. I, p. 834).

Por otra parte en nuestro sistema jurídico actual, la disolución de la sociedad conyugal no depende ya del pedido de los cónyuges, sean inocentes o culpables; se produce "ipso iure" con la sentencia de divorcio, quedando a salvo los derechos de los terceros de buena fe (conf. Borda, "La Reforma de 1968 al Código Civil", p. 451, apart. 321).

El art. 1306 del Código Civil en su 1er. apart. hace que la separación de bienes sea consecuencia necesaria e ineludible del divorcio (conf. A. C. Belluscio, "Nociones de Derecho de Familia", t. V, p. 94); frente a este principio legal y teniendo en cuenta que la sentencia de divorcio es constitutiva de estado, el hecho de que la sentencia decretada en Alemania que pasó en autoridad de cosa juzgada no contenga pronunciamiento sobre la disolución de la sociedad conyugal en nada incide para que se efectúe la partición de los bienes existentes en la República Argentina, que se rigen por las leyes del país (art. 10, Código Civil).

Finalmente, cabe agregar que no hay disposición de orden público que se oponga por no encontrarse el caso comprendido en ninguna de las situaciones previstas en el art. 14 del Código Civil.

Por ello y oído el Agente Fiscal, se resuelve revocar la providencia de fs. 17. El doctor Vernengo Prack no firma por hallarse en uso de licencia.- J. H. Palmieri. A. Collazo.

Bagarella Gieim, Valentín y otro

CNCiv., sala C, 14/12/82, Bagarella Gieim, Valentín y otro.

Divorcio decretado en el extranjero. Mutuo consentimiento. Orden Público Internacional. Reconocimiento de la sentencia extranjera.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 25/12/06, en LL 1983-C, 122, con nota de W. Goldschmidt y en ED 104, 385.

2ª instancia.- Buenos Aires, 14 de diciembre de 1982.-

Considerando: No existe duda de que la sentencia extranjera que se pretende inscribir cumple con los recaudos formales y procesales del caso, restando sólo determinar si viola o no nuestro orden público (arts. 517, inc. 4º, Cód. Procesal y 14, inc. 2º, Cód. Civil).

El pronunciamiento en análisis decretó la separación de cuerpos y de bienes por mutuo consentimiento de los cónyuges. Sin embargo, dicha causal no es de las admitidas por el art. 67 de la ley de matrimonio civil que, en todos sus incisos, se refiere a hechos imputables a alguno de los esposos y la sentencia tampoco fue consecuencia de un trámite igual -aunque sí análogo- al previsto por el art. 67 bis de la ley.

No obstante, debe destacarse que en el caso en estudio no corresponde aplicar el derecho argentino, sino sólo establecer si el derecho extranjero viola nuestro orden público.

El orden público internacional no es un conjunto de disposiciones, sino de principios subyacentes (conf. Goldschmidt, Werner, "Derecho Internacional Privado", núms. 149 y 154) y se manifiesta a través de las normas imperativas, que regulan intereses generales de la comunidad. En consecuencia, no cuadra examinar "si los interesados hubieran logrado en nuestro país igual resolución favorable a su petición", sino si lo solicitado conculca los principios que contienen nuestras disposiciones en materia de familia.

La sala estima que del art. 67 bis se infiere que no es fundamental, para nuestro orden público internacional, que la separación de cuerpos y de bienes sea decretada en virtud de un hecho imputable a alguno de los cónyuges.

Cualquiera fuese el criterio que se adoptase en el orden interno acerca del alcance de la norma citada para tornar procedente el divorcio por esa vía, en cuanto a la exigencia o no de las causales del art. 67 de la misma ley, lo cierto es que no cabe considerar que conculque nuestro orden público internacional la sentencia dictada por juez competente extranjero sobre la base de las leyes del país respectivo que regulan la separación de cuerpos y de bienes por mutuo consentimiento de los Cónyuges, mientras no se aparte de los principios consagrados por los arts. 7º y 64 de la ley de matrimonio civil. De ambos artículos se desprende que hace a nuestro orden público internacional la cuestión relacionada con la disolución del vínculo matrimonial que puede contener una sentencia dictada en el extranjero, pero no la referida a las formalidades o a las causales que la ley extranjera aplicable contempla.

Cabe recordar que en la doctrina del reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras referentes al fin del matrimonio, se enseña que en un país divorcista se admite la conversión de una sentencia extranjera de separación en sentencia de divorcio vincular, así como a la inversa en un país antidivorcista se estila mantener una sentencia extranjera de divorcio vincular como sentencia de separación Werner Goldschmidt, "Jurisdicción internacional en acciones matrimoniales", E. D., t. 42, ps. 685/9, ver fs. 689).

Parece oportuno agregar, por último, que la mentada inscripción no podrá hacerse sino con el alcance previsto por los arts. 7º y 64 de la citada ley 2393, es decir, sin que ello importe la disolución del vínculo matrimonial que fue contraído en la Argentina.

Por lo expuesto y por los fundamentos concordantes del Fiscal de Cámara, se resuelve revocar el pronunciamiento de fs. 28/9. En consecuencia, inscríbase en el Registro Civil la sentencia extranjera cuya copia obra a fs. 9/13, con el alcance previsto por el art. 64 de la ley 2393. A tal fin se librará oficio.- A. Durañona y Vedia. S. Cifuentes. J. H. Alterini.

F. S.

CNCiv., sala E, 10/03/82, F. S.

Matrimonio. Divorcio decretado en México. Causal diferente a la previstas por el art. 67 bis de la ley 2393 argentina, vigente hasta 1987. Trámite distinto al previsto por el derecho argentino. Reconocimiento del divorcio con los efectos de separación personal. No se afecta el orden público internacional argentino. by MBNT.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 23/12/06, en LL 1982-C, 20 y en ED 1999, 459.

2º instancia.- Buenos Aires, 10 de marzo de 1982.-

Considerando: En la especie, no existe duda de que la sentencia de divorcio extranjera que se pretende inscribir cumple con los recaudas formales y procesales. Sólo está en discusión si viola o no nuestro orden público.

En el pronunciamiento en análisis se decretó el divorcio por la circunstancia de que los cónyuges vivieron separados durante un período de un año según acuerdo anterior. Y se pretende inscribir exclusivamente con los efectos previstos por el art. 64 de la ley de matrimonio civil.

Dicha causal no es ninguna de las admitidas por el art. 67 de la ley citada que, en todos los incisos, se refiere a hechos imputables a alguno de los cónyuges. La sentencia tampoco fue dictada en un trámite análogo al previsto por el art. 67 bis de esa ley.

Sin embargo, debe destacarse que en el supuesto a estudio no corresponde aplicar derecho argentino sino sólo establecer si el derecho extranjero viola nuestro orden público. Es decir, si conculca los principios fundamentales que inspiran nuestras disposiciones en materia de familia.

Ahora bien, la sala estima que del art. 67 bis ya señalado se infiere que no es fundamental para nuestro orden público internacional que el divorcio sea decretado en virtud de un hecho imputable a alguno de los esposos. Adviértase que si fuera así no bastaría para lograr la separación con invocar en privado ante el juez que existen causas graves que hacen moralmente imposible la vida en común sin la prueba de los extremos pertinentes (conf. Cichero, "Sentencia de divorcio extranjera, exequatur y orden público", E. D., t. 90, p. 294).

En su mérito y de conformidad con lo dictaminado por el Fiscal de Cámara, se resuelve: revocar el pronunciamiento de fs. 44/5. En consecuencia, inscríbase en el Registro Civil la sentencia extranjera cuya traducción obra a fs. 15/24, con el alcance previsto por el art. 64 de la ley 2393. A tal fin se librará oficio.- M. Padilla. N. L. Lloveras. O. D. Mirás.

Ferreyra de Vadone, Alicia c. Caja de Previsión Social del Colegio de Escribanos de Buenos Aires 1

SCBA, 10/08/84, Ferreyra de Vadone, Alicia R. c. Caja de Previsión Social del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires.

Matrimonio celebrado en Argentina. Divorcio decretado en Méjico. Domicilio conyugal al tiempo del proceso en Argentina. Segundo matrimonio celebrado en Méjico. Pensión solicitada por ambas esposas. Rechazo. Invalidez de la sentencia de divorcio por falta de competencia internacional del juez extranjero.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 22/12/06, en LL 1985-D, 561, en DT 1985-A, 395 y en DJBA 127, 431.

La Plata, 10 de agosto de 1984.-

¿Es fundada la demanda?

El doctor Negri dijo: 1º - 1) R. V. y A. R. F. contrajeron matrimonio en Buenos Aires el 3/7/40.

2) El 10/4/50 fue decretado el divorcio por mutuo consentimiento de ambos cónyuges, por un juez de Yautepec, Morelos, Méjico. Los dos se domiciliaban en la Argentina a la sazón; circunstancia ésta no discutida en el juicio y corroborada por la documentación obrante.

3) El 23/7/52 R. V. contrajo nuevo matrimonio en Tlaquiltemango, Morelos, Méjico en O. I. S, siendo ambos contrayentes vecinos de Buenos Aires.

4) El 13/9/54 un juez argentino condenó a V. a pasar alimentos a A. R. F. de V., con invocación del art. 68 de la ley 2393.

5) El 25/10/80, siendo ya escribano jubilado, murió R. V.

6) Tanto A. R. F. como O. I. S. pidieron la pensión a la Caja de Previsión Social del Colegio de Escribanos.

El Comité Ejecutivo de ésta desestimó ambos pedidos: el de la primera por la causal del art. 52, inc. b) de la ley 6983, y el de la segunda por no investir la calidad de cónyuge para la ley argentina conforme a los arts. 9º, inc. 5º y 89 de la ley 2393.

7) Ambas señoras recurrieron, siendo desestimados sus recursos por el órgano previsional.

8) En el presente juicio, A. R. F. insiste en su pretensión pensionaria no así O. I. S., que si bien pide el rechazo de la demanda de aquélla, tampoco pretende pensión alguna. Antes bien, pide se carguen las costas de su citación a la Caja demandada, por considerarse ajena al conflicto.

2º - 1) La denegación del beneficio pensionario que pretende la actora se fundó en el art. 52, inc. b) de la ley 6983, que priva de aquel derecho a "el cónyuge del causante si, por su culpa o por la culpa de ambos, hubiere estado divorciado o separado de hecho sin voluntad de unirse a la fecha del deceso".

2) La actora funda su pretensión en: a) Que su consentimiento para el divorcio mejicano habría estado viciado; b) que después de ello se habría producido una reconciliación; y c) que el divorcio por presentación conjunta no perjudica la vocación pensionaria cuando la esposa gozó de alimentos pasados por el marido.

3) Las dos primeras impugnaciones deben desestimarse de plano.

Respecto del vicio en su consentimiento -acto ocurrido hace tan grande cantidad de años como para tornar minúsculo el plazo de prescripción del art. 4030 del Cód. Civil- ninguna prueba ha aportado (arts. 375, C. P. C. y 25, C. C. A).

En cuanto a la aducida reconciliación, son insuficientes para acreditar la las manifestaciones de testigos que sin aportar mayores precisiones afirman que la actora convivió con su marido "alrededor de los años 1970 a 1972, más o menos", o que tal convivencia "se reanuda en el año 1950, hasta el año 1954 y prosigue hasta la fecha del fallecimiento del escribano V. o que "aproximadamente desde el 50 y hasta 1972 estuvieron juntos". Estos dichos no sólo se contradicen entre sí, sino que chocan contra el orden natural de las cosas, habida cuenta que: a) fue precisamente en 1950 cuando se produjo el divorcio mejicano; b) en 1952 el nuevo casamiento; c) en 1953, 1954 y 1955 nacieron los hijos de esta segunda unión; d) y al menos desde 1977 V. tenía denunciado el mismo domicilio donde luego moriría, que era el de la segunda mujer y sus hijos, y no el de la primera.

Elementos de tal modo carentes de fuerza de convicción (arts: 375, 384 y 456, C. P. C. y 25, C. C. A.), son insuficientes para tener por acreditada la reconciliación (doctr. causa B. 47.867, "D. de N.", 7/10/80, DJBA, t. 119, p. 893). Ello sin perjuicio de que la actora pueda pedir ante la Caja demandada la reapertura de procedimiento para producir nuevas pruebas de conformidad a la autorización establecida en tal sentido por el art. 64 del dec.-ley 9650/80, analógicamente aplicable (doctr. causa B 48.728, "S. de S. E.", 4/5/82, DJBA, t. 123, p. 70; B. 48.754, "E", 2/11/82).

4) En cuanto al tercer argumento de la actora, conviene precisar que no se está en rigor, en presencia de un divorcio por presentación conjunta decretado conforme al art. 67 bis de la ley 2393 (reformado por la ley 17.711), donde se haya dejado a salvo el derecho de la esposa a percibir alimentos. En tal caso, el Tribunal ha reconocido el derecho a pensión (causa B. 48.466, "A. de B.", 14/10/82, DJBA, t. 124, p. 45).

En el presente caso, el divorcio, decretado en Méjico respecto de un matrimonio celebrado en la Argentina, teniendo domicilio los cónyuges en el país al tiempo de tramitarse el proceso, careció de validez por falta de competencia internacional del juez extranjero (art. 104, ley 2393; Llambías, "Código Civil anotado", t. I, p. 833; Belluscio, "Código Civil comentado", t. 1, ps. 793/4). Los alimentos, por otra parte, tampoco fueron pactados en el juicio de divorcio, sino que fueron dispuestos cuatro años después por el juez argentino con invocación del art. 68 de la ley 2393, que regula la situación alimentaria antes de la sentencia de divorcio.

El caso, por ende, no encuadraría en el supuesto en que la actora lo coloca.

5) En cambio, es acertada la subsunción jurídica que ha hecho la Caja demandada, que examinó la situación de la actora como si se encontrase en un estado de separación de hecho. Eso es lo ocurrido a la luz de la ley argentina, atento la invalidez del divorcio extranjero.

Ese acierto inicial resulta sin embargo viciado manifiestamente por una errónea aplicación de la ley, al entender el órgano previsional que la actora carecía de derecho a pensión por el solo hecho de hallarse separada del jubilado, sin voluntad de unirse, al tiempo del deceso.

Otra es la doctrina fijada por la Corte sobre ese punto. Siguiendo la opinión de los autores que han estudiado este aspecto del derecho previsional (Bidart Campos, "Estudios de Previsión Social y Derecho Civil", p. 393, y nota en J. A., 1958-V-102; Morello, "Separación de hecho entre cónyuges", Nº 54 y cap. 25; Kemelmajer de Carlucci, "Separación de hecho entre cónyuges", cap. V); el Tribunal ha declarado que para la valoración de la separación de hecho como fenómeno conyugal, debe prevalecer el factor culpa al momento de producirse la desunión, aun prescindiendo de la posterior existencia de voluntad de unirse A y S, 1964-II-932, esp. p. 935, voto del doctor Portas que recibió la adhesión de la mayoría: 1970-II-420, esp. p. 422; causa B. 47.507, "D. S. de M. E.", 6/5/80, DJBA, t. 119, p. 425).

Se tuvo en cuenta la solución emergente del derecho civil, donde la jurisprudencia y la doctrina, consagradas luego por la reforma introducida por la llamada ley 17.711, han coincidido en que la pérdida de los derechos se vincula con la culpabilidad, conservándolos el cónyuge que al momento de la separación fue inocente, aún si después no procuró la reconciliación o se resistió a ella por motivos razonables, cuando la conducta del otro esposo -en el caso, el marido había constituido una familia extramatrimonial que mantuvo hasta su muerte- le haya impedido volver con dignidad al régimen de convivencia (Borda, "Tratado de Sucesiones", 4ª ed., t. II, Nº 966; Poviña, "Sucesión de los cónyuges y parientes colaterales", Nº 186; Kemelmajer de Carlucci, ob. cit., p. 194; Belluscio, "Vocación sucesoria", Nº 18; Méndez Costa, nota en JA, 22-1974, ps. 669 y sigtes.; Mafia, nota en J. A., 1977-IV-500; Llambías, nota en JA doctrina, 1959, p. 144).

En consecuencia, la Caja demandada no debió desestimar la solicitud de pensión sin antes requerir a la peticionaria la presentación de pruebas acerca de los hechos que eran relevantes para decidirla conforme a derecho.

Corresponde, por ende, anular los actos impugnados en cuanto han sido objeto de este juicio, a fin de que las actuaciones vuelvan a la Caja de Previsión Social del Colegio de Escribanos para que, posibilitada la ampliación de la prueba, pueda dictarse nueva resolución (doctr. causas B. 48.032, A., 30/10/79; B. 48.064, B., 23/10/80; B. 48.061, "L. de B.", 7/7/81, DJBA, t. 121, p. 398, entre otras).

3º Por las razones y con el alcance indicado, juzgo que debe resolverse la cuestión afirmativamente; hacer lugar parcialmente a la demanda y anular los actos impugnados. Costas por su orden, por no ser el caso del art. 17 del Código Contencioso Administrativo.

Los doctores Vivanco, Rodríguez Villar, Cavagna Martínez y Ghione, por los fundamentos del doctor Negri, votaron también en el mismo sentido.

Por los fundamentos expuestos en el acuerdo que antecede, se anulan los actos impugnados en cuanto han sido objeto de este juicio, a fin de que las actuaciones vuelvan a la Caja de Previsión Social del Colegio de Escribanos para que, posibilitada la ampliación de la prueba, pueda dictarse nueva resolución. Con costas por su orden.- M. A. Cavagna Martínez. E. V. Ghione. H. Negri. E. Rodríguez Villar. A. C. Vivanco.

Ferreyra de Vadone, Alicia c. Caja de Previsión Social del Colegio de Escribanos de Buenos Aires 2

SCBA, 02/06/92, Ferreyra de Vadone, Alicia R. c. Caja de Previsión Social del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires.

Matrimonio celebrado en Argentina. Divorcio decretado en Méjico. Domicilio conyugal al tiempo del proceso en Argentina. Segundo matrimonio celebrado en Méjico. Pensión solicitada por ambas esposas.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 20/12/06.

La Plata, junio 2 de 1992.-

¿Es fundada la demanda?

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pisano dijo: I. 1. R.V. y A.R.F. contrajeron matrimonio en Buenos Aires el 3/7/1940 (fs. 4/5., expte. adm. F-3510/80).

El 10/4/1950 fue decretado el divorcio por mutuo consentimiento de ambos cónyuges, por un Juez de Yautepec, Morelos, Méjico (fs. 18 y 19, expte. adm. cit.). Los dos se domiciliaban en Argentina a la sazón, circunstancia esta no discutida en el juicio y corroborada por la documentación obrante (lib. cívica a fs. 1 y cert. de matrimonio a fs. 4, expte. adm. cit.; copia certificada de acta de matrimonio de fs. 30 de autos).

El 23/8/1952 R.V. contrajo nuevo matrimonio en Tlaquiltenango, Morelos, Méjico, con O.I.S., siendo ambos contrayentes vecinos de Buenos Aires (fs. 15, expte. adm. V-3088 y 29/31 de la causa).

El 13/9/1954 se dicta sentencia por Juez argentino en autos "F. de V., A.R. c/ V.R. s/ Alimentos y litis expensas", condenando al accionado a pasar alimentos y abonar cuota en concepto de litis expensas en los términos del art. 68 de la ley 2393 (fs. 102/103, expte. adm. S-673/81).

El 25/10/1980, estando ya jubilado como escribano muere R.V. (fs. 3, expte. adm. F-3510/80), solicitando tanto A.R.F. como O.I.S., pensión a la Caja de Previsión Social del Colegio de Escribanos.

El Comité Ejecutivo de ésta desestimó ambos pedidos: el de la primera por la causal revista en el art. 52 inc. b de la ley 6983, y el de la segunda por no investir la calidad de cónyuge para la ley argentina conforme los arts. 9 inc. 5 y 89 de la ley 2393 (fs. 13, expte. adm. V-179/80).

Interpuestos los recursos pertinentes, fueron desestimados por el organismo previsional, dando lugar por la primera de las afectadas a la promoción de la acción contencioso administrativa que tramitara bajo el n. B. 48.700.

El 10/8/1984, este Tribunal dicta sentencia anulando los actos impugnados por la señora A.R. F. de V. y dispone remitir las actuaciones administrativas a la Caja de Previsión Social del Colegio de Escribanos para que posibilite la ampliación de la prueba y dicte nueva resolución sobre la pretensión actora.

Radicado el expediente administrativo, la Comisión de Jubilaciones y Pensiones resuelve dar vista a la solicitante a efectos de posibilitar la ampliación de la prueba dentro del plazo establecido en el art. 29 de la ley 6983 (fs. 63, expte.adm. S 673/81), la que fue ofrecida y producida por la peticionante a fs. 67 y 86/87; 88/89; 91/94 y 102/103 del expte. adm. S-673.

En fechas 12/6/1987 y 18/12/1987 se expide el Comité Ejecutivo denegando la nueva presentación de la actora y rechazando el Consejo Directivo, respectivamente, el recurso de revocatoria interpuesto fundándose en lo dictaminado por la Asesoría Previsional a fs. 32/34; 62 y 106/107 de las actuaciones administrativas.

Los actos preparatorios de las resoluciones de la Caja Previsional consideraron que "...en base al reconocimiento de la señora A. R.F. de haber autorizado el pedido de tramitación del divorcio vía Méjico... fue aplicada la causal de exclusión del art. 52 inc. b de la ley de la materia".

Se entendió también, que no debía identificarse la culpa exigida por la ley 6983 a la prevista en la ley 2393, pues se dejaría sin contenido el texto legal, cuando del propio texto final del art. 52 inc. b se excluye del beneficio a quien se encuentra separado de hecho, circunstancia ésta que considera acreditada con el juicio de divorcio y con la posterior unión del señor V. con la señora S.

También se sostuvo que el artículo citado no autoriza a hacer una excepción del cónyuge por el hecho de percibir alimentos, en razón de que la negativa del beneficio estriba en el quebrantamiento del vínculo conyugal (v. dictamen fs. 32/34, expte. adm. F 3510/80).

En el dictamen de fs. 106/107, la Asesoría Previsional entendió que la prueba producida no alteraba el criterio sostenido por la Caja en los actos que dieron lugar a la causa B. 48.700, remitiendo y reiterando los fundamentos desarrollados en el dictamen de fs. 32/34.

En cuanto a la inexistencia de voluntad de unirse impuesta por el art. 52 inc. b de la ley consideró que no se habían agregado elementos que permitieran arribar a una conclusión distinta a la adoptada por el organismo previsional, y que el hecho de haber autorizado el divorcio y el posterior vínculo del causante con la señora de S. son demostrativos de la carencia de voluntad de unirse.

2. Al contestar la demanda, la Caja argumenta similares fundamentos a los expuestos por la dependencia asesora y recalca que no le asiste el beneficio a la peticionante por el estado de separación de hecho, independiente de si ha habido o no culpabilidad, la que entiende que debe ser solamente tenida en cuenta en los casos en que medie divorcio.

Arguye también, que ha quedado probado que no ha existido voluntad de unirse entre los cónyuges, es decir que se ha incumplido esta condición impuesta por la ley en razón de la existencia de un posterior matrimonio del causante, cuya prueba hubo de corresponderle a la actora.

Por último reitera la independencia del derecho alimentario con el beneficio pretendido por la actora, poniendo de resalto las características del sistema previsional nacional y el que en el caso, se encuentra comprometido.

3. Por su parte la actora luego de resaltar los hechos que dieron lugar a la presente demanda, expresa que por decisión judicial su marido fue obligado a proveerle mensualmente de cuota alimentaria, la que cumplió hasta el momento de su fallecimiento. Por lo que entiende que la contingencia que sobrevino con su muerte debe ser legalmente cubierta con el beneficio de pensión previsto en la ley 6983.

Pasa luego a sostener que la falta de culpa que se le exige probar resulta una "prueba diabólica", cuando en materia previsional se debe obrar con amplitud de criterios a los efectos de no sacrificar derechos destinados a amparar riesgos de subsistencia.

Entiende que el beneficio pretendido le debe ser otorgado frente a la prueba del matrimonio, correspondiendo a quien niega tal reconocimiento probar la existencia de hechos impeditivos que le impedirían su acceso.

Afirma que no se ha probado la existencia de culpa, y sí indicios de inocencia que se infieren de la conducta del causante quien contrajo nueva unión matrimonial, hecho éste que manifiesta desconocer hasta la fecha del fallecimiento del causante y que considera avalado por las declaraciones testimoniales y el contrato de locación que se agrega en las actuaciones administrativas como prueba.

Finalmente señala que tampoco su cónyuge procuró liberarse de la obligación alimentaria tratando de acreditar la existencia de culpa de parte de la actora en la separación.

II. Al haberse este Tribunal expedido en la causa B. 48.700, "F., A. c. Caja de Prev. Social del Col. de Escribanos de la Prov. de Bs. As. Coady: S., O.I. ", sent. 10/8/1984, sobre el tema traído nuevamente a conocimiento de esta Corte, considero que la cuestión debe ceñirse al punto que motivó la decisión en aquella oportunidad ordenando devolver las actuaciones a sede administrativa para que produzca nuevo acto el organismo previsional en base a la presentación y valoración de las pruebas acerca de los hechos relevantes que permitieran decidir conforme a derecho.

Sostuvo el Tribunal que para la valoración de la separación de hecho como fenómeno conyugal, debe prevalecer el factor culpa al momento de producirse la desunión, aún prescindiendo de la posterior existencia de voluntad de unirse ("Acuerdos y Sentencias", 1964-III-932, esp. p. 935, voto del doctor Portas que recibió la adhesión de la mayoría; 1970-II-420, esp. p. 422; causa B. 47.507, "De la Serna de Maurice Echagüe", 6/5/1980, DJBA, t. 119, p. 425).

Se tuvo en cuenta la solución emergente del derecho civil, donde la jurisprudencia y la doctrina, consagradas luego por la reforma introducida por la llamada ley 17711, han coincidido en que la pérdida de los derechos se vincula con la culpabilidad, conservándolos el cónyuge que al momento de la separación fue inocente, aún si después no procuró la reconciliación o se resistió a ella por motivos razonables, cuando la conducta del otro esposo -en el caso, el marido, había constituido una familia extramatrimonial que mantuvo hasta su muerte- le haya impedido volver con dignidad al régimen de convivencia (Borda, "Tratado de Sucesiones", 4ta. ed., t. II, n. 966; Poviña, "Sucesión de los cónyuges y parientes colaterales", n. 186; Kemelmajer de Carlucci, "Separación de hecho entre cónyuges", p. 194; Belluscio, "Vocación Sucesoria", n. 18; Méndez Costa, nota en JA 22-1974-699 y ss.; Maffía, nota en JA 1977-IV-500; LLambías, nota en JA doct. 1969, p. 144).

III.1. Refiere Zannoni, al tratar el texto del art. 3575 dado por la ley 17711, que en el caso del precepto se sanciona al cónyuge culpable de la separación y lo que ocurre es que si la culpa sólo es atribuible a uno de los cónyuges, el inocente conserva los derechos debiendo alegarse como hecho constitutivo, la culpa, y que tal prueba reside en la circunstancia de no haber provocado la separación, de no serle imputable, y esta inimputabilidad no resulta de mantener la voluntad de unirse sino en haber afrontado culpablemente los deberes conyugales, mediante la ruptura de la cohabitación ("Derecho Civil-Derecho de las Sucesiones", t. II, p. 127, n. 888).

2. La diversa naturaleza y finalidad que puede corresponder para el caso del derecho sucesorio del cónyuge separado de hecho, atiende al carácter alimentario reconocido a los derechos previsionales (causa B. 48.553, "Sarlangue"; B. 48.562, "Lobato de Mulle", sents. del 15/9/1981, siguiendo la doct. fijada por la Corte Suprema in re "Grassi", 7/5/1981; LL 29-VI-81, fallo n. 79.819; "Borrazás ", sent. del 7/7/1981 y causa B. 48.466, cit.; B. "Rouggieri", sent. 2/9/1986) particularmente verificable en las pensiones, instituidas en beneficio de los miembros del grupo familiar económicamente dependientes de un afiliado fallecido, con la finalidad de salvar el desequilibrio que para la economía de éstos derivaría de la extinción de la fuente de ingresos provenientes de aquél (Goñi Moreno, "Derecho de la Previsión Social", t.I, p. 114 y 556/7; Cordini, "Derecho de la Seguridad Social", n. 151 y 153, "c").

Este Tribunal ha señalado, que la aplicación analógica de las soluciones fijadas por la ley civil, son admisibles en materia previsional conforme a las sabias pautas consagradas por los arts. 159 de la Const. prov. y 16 del CCiv. (causa B. 47.507, "De la Serna", sent. del 6/5/1980, DJBA 119-425; B. 48.466, cit. entre otras). Ello conduciría, a asimilar la suerte de la pensión a la de los alimentos, antes que a la vocación sucesoria, institución que guarda con aquélla una afinidad más lejana no excluyente, por poseer la pensión un carácter sustitutivo respecto del deber de pasar alimentos que gravitaban sobre el titular de la jubilación (Díaz de Guijarro, "Tratado de Derecho de Familia", t. I, p. 151). Así lo han reconocidos las leyes previsionales bonaerenses que se ocuparon expresamente de la subsistencia del derecho pensionario del cónyuge separado pero asistido alimentariamente (ley 8270, art. 50 inc. a; ley 9538, art. 47 inc. b; ley 10626, modif. del dec. ley 9650/80, art. 31 inc. 1).

3. También corresponde resaltar que en materia previsional debe extremarse la cautela antes de adoptar interpretaciones restrictivas de las que resulte la denegación de beneficios frente a contingencias sociales que en principio han recibido protección legal (doct. causas B. 47.494", "Chavero", sent. del 21/3/1978, DJBA 114-286; B. 48.009, "Brandi", sent. del 6/11/1979, DJBA 119-12; B. 47.948, "Ratto de Pozzo", sent. del 11/3/1980, DJBA 118-221; B. 47.970, "Defilippi", sent. del 18/3/1980, DJBA 118-259; B. 47.763, "Cipriano", sent. del 24/2/1981, DJBA 120-81; B. 48.351, "Triposcoufis", sent. del 7/4/1981).

La ley reconoce derecho pensionario a la cónyuge del causante divorciada o separada de hecho, en tanto no haya sido declarada culpable del divorcio o de la separación (conforme interpretación que surge sin dificultad de la norma, art. 52 inc. b, ley 6983), más allá de la imposición de la existencia de voluntad de unirse a la fecha del deceso, por las razones y fundamentos apuntados en esta oportunidad y al dictarse sentencia en la causa B. 48.700 (ver considerando de la sent. ap. I pto. 5). Beneficio que, como carácter ínsito en este tipo de derechos, es irrenunciable anticipadamente (art. 872, CCiv.; Goñi Moreno, ob. cit., t. II, p. 491/2 y 558; Cordoni, ob. cit. n. 109 "d" y 151; causa B. 48.466, cit.).

4. Constituye una interpretación restrictiva y rigurosa en demasía la alegada por la demandada al presumir que por el hecho de haber consentido la actora el pedido de divorcio en el extranjero, ya se encontraba comprendida en la causal de exclusión prevista en el art. 52 inc. b de la ley.

La circunstancia de que la actora se hubiera divorciado en Méjico no permite arribar a la conclusión de la existencia de culpabilidad predicada por la norma. Ya se ha expuesto (ver causa B. 48.700, cit.), que en el presente caso, el divorcio decretado en Méjico respecto de un matrimonio celebrado en Argentina, teniendo domicilio los cónyuges en el país al tiempo de tramitarse el proceso, careció de validez por falta de competencia internacional del juez extranjero (art. 161 y 164, CCiv.; Llambías, "Código Civil Anotado", t. I, p. 833; Belluscio, "Código Civil Comentado", t. I, p. 793/4; Boggiano, "Derecho Internacional Privado" y jurisp. citada ed. Depalma, t. I, p. 460 ap. A y B; Corte Suprema in re, "Ema C. Billoch de Espinosa y ot. ", sent. 21/9/1976, consids. 8 y 9).

5. Por otra parte, resulta errónea la interpretación que se fundamenta en considerar que el sólo hecho de hallarse los cónyuges separados de hecho, hace ingresar a la peticionante en esta causal, tema este sobre el cual se había expedido este Tribunal y que no obstante insistiera la demandada en esta instancia.

La imputabilidad dispuesta por la norma no resulta de hacer prevalecer la voluntad de unirse de los cónyuges, sino del hecho de que haya faltado culpablemente a los deberes conyugales, mediante la ruptura de la cohabitación, estando a cargo de quien o quienes pretendan excluir al beneficiario del derecho, la prueba de los hechos en que fundan su pretensión.

Ello por cuanto, quien pretende la exclusión debe probar la separación de hecho sin voluntad de unirse (por ejemplo, que fue el sobreviviente quien la llevó a cabo alejándose del hogar conyugal) y que el supérstite es el culpable de la separación. Ello en razón de que el derecho del cónyuge a la pensión constituye la regla, y toda excepción debe interpretarse restrictivamente, correspondiendo a quien intenta su aplicación, también su prueba (conf. en lo pertinente: Méndez Costa, "La exclusión hereditaria conyugal", ed. Rubinzal-Culzoni, 1982, p. 142 y ss.).

En el caso, sobre este aspecto definitorio, la Caja de Previsión Social la descalifica (conf. dictámenes fs. 32/34; 106/107 y escrito de contestación a fs. 88) y por consiguiente omite toda valoración al respecto.

En cambio, ha quedado acreditado la falta de declaración judicial sobre la culpa de la superstite, como que no fue ella la causante del abandono del hogar conyugal (ver contrato de locación a fs. 86/87 y 89 act. adm., declaraciones testimoniales de rs. 91/94 act. adm., en especial a la de fs. 89 en que se exterioriza por el ponente que en el domicilio de la calle S... se hospedaban la esposa, hijo y suegra, y cuya renta era abonada por el causante, fs. 84, 86/87, act. adm.) y principalmente se demostró que existía a favor de la actora una sentencia de alimentos cuyo cumplimiento estaba a cargo del cónyuge difunto y perduró durante toda su vida (p. 4 causa, 102/103, act. adm.). Hecho éste último no controvertido por la Caja y que por ende debe tenerse por acreditado, como el hecho también de que fue el causante, quien contrajo un posterior matrimonio (p. 30 de la causa).

En razón de lo expuesto y a la luz de los principios expuestos precedentemente considero que la inocencia se ha derivado en el caso de la prueba de la conducta del causante (Kamelmajer de Carlucci, "Separación de hecho entre cónyuges" ed. Astrea, Bs. As.,1978, p. 202),juzgando en consecuencia que no puede tenerse por acreditada la culpa exigida por el art.52 inc.b de la ley, y por lo tanto su situación permite encuadrarse dentro de las previsiones de los arts. 26 inc. c, 46 y 48 inc. a de la ley 6983.

IV. Por las razones precedentes, juzgo que corresponde hacer lugar a la demanda, anular las resoluciones de fechas 12/6/1987 y 18/12/1987 del Concejo Directivo del Colegio de Escribanos, y en consecuencia, concederle el beneficio de pensión a la actora -por fallecimiento de cónyuge -desde la muerte del causante, 25/10/1980 conf. certif. de defunción de fs. 3, expte. adm. (arts. 26 inc. c; 46 y 48 inc. a, ley 6983). Los haberes retroactivos se actualizarán por aplicación del índice de precios al consumidor, nivel general, emanados por el INDEC, desde que cada una se devengó y hasta el 31/3/1991 (art. 8, ley 23928), con más un interés por igual período a la tasa del 6% anual. Desde ese momento, los intereses se liquidarán a la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los depósitos a treinta días vigente en los distintos períodos de aplicación hasta el pago efectivo (arts. 8, ley 23928; 622, CCiv.; causas Ac. 43.448, "Cuadern " y Ac. 43.858, "Zgonc ", ambas sent. 21/5/1991).

La suma resultante deberá abonarse dentro de los treinta días de aprobada la liquidación que con tales pautas se practique (art. 163 incs. 6 y 7, CPCC. Bs. As.; 25, CPCA. Bs. As.). Costas por su orden (art. 17, CPCA. Bs. As.).

Voto por la afirmativa.

Los señores jueces doctores Rodríguez Villar, Vivanco, Mercader y Laborde, por los fundamentos del señor Juez doctor Pisano, votaron por la afirmativa.

Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente sentencia: Por los fundamentos expuestos en el acuerdo que antecede, se hace lugar a la demanda interpuesta, anulándose las resoluciones impugnadas y concediéndose el beneficio de pensión a partir del 25/10/1980. Costas por su orden (art. 17, CPCA. Bs. As.). Difiérese la regulación de honorarios hasta la aprobación de la liquidación a practicarse (art. 51, dec. ley 8904). Regístrese y notifíquese.- Pisano. Rodríguez Villar. Vivanco. Mercader. Laborde.

Goijman c. Gomer

CSJN, 11/05/04, Goijman, Mario D. c. Gomer S.A.C.I.

Acuerdo arbitral. Arbitraje CCI con sede en Nueva York. Excepción de incompetencia de los tribunales argentinos. Procedencia. Internacionalidad del arbitraje.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 18/12/06, en Fallos 327:1424, en ED, en DJ 2004-3, 645 y reseñado por M. B. Noodt Taquela, A. V. Villa y J. C. Córdoba en DeCITA 5/6.2006, 478.

Dictamen del Procurador Fiscal de la Corte

I. La sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, rechazó el recurso de apelación interpuesto por el actor contra la sentencia del juez de grado que hizo lugar a la excepción de incompetencia opuesta por la demandada (v. fs. 2071/2072).

Para así decidir, remitió al dictamen del señor Fiscal General cuyos fundamentos dijo compartir.

Manifestó asimismo, en lo aquí interesa, que por tratarse de asuntos de índole exclusivamente patrimonial y de carácter internacional -como resulta del acuerdo en que se basa la acción y de la incorporación de socios extranjeros- la prórroga de jurisdicción pactada satisface las exigencias del art. 1° del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Añadió que el art. 8°, apartados "f." y "h." del convenio (fs. 548/558), no ofrecía dudas sobre la voluntad de las partes de someterse a la ley de Illinois (EE.UU.), y de que cualquier controversia fuera resuelta por medio de arbitraje obligatorio de conformidad con las reglas de la Cámara de Comercio Internacional de la Ciudad de Nueva York.

II. Contra este pronunciamiento el actor interpuso el recurso extraordinario de fs. 2078/2083, cuya denegatoria de fs. 2188 motiva la presente queja.

Impugna a la sentencia por arbitraria, y le reprocha que haya prescindido de considerar que, conforme a doctrina, un asunto es internacional cuando aparece de tal modo conectado a múltiples sistemas jurídicos nacionales que pueda suscitar un conflicto internacional. Afirma que en la especie no se advierte ni la pluralidad de sistemas ni el conflicto de jurisdicción.

Critica, asimismo, que no se haya atendido el argumento de que la parte que opuso la incompetencia se encuentra demandada ante los tribunales de su domicilio, solución que, según el recurrente, contempla la conveniencia de ambas partes dado que nadie puede sentirse agraviado de ser demandado en su domicilio, máxime si no se ha invocado el perjuicio que de ello pueda derivarse.

Alega, por otra parte, que se ha soslayado la cuestión de que los sujetos de la relación sustancial objeto del proceso son personas jurídicas argentinas y domiciliadas en la República Argentina, remarcando que no tienen domicilio en el exterior, ni se encuentran relacionados a varios sistemas jurídicos.

Manifiesta que no se ha considerado que la convalidación de la nulidad de la resolución de fojas 1553, en cuanto resolvió previamente la excepción de defecto legal en violación de lo que establece el artículo 353 del Código Procesal -inferida del hecho de no haber deducido recurso contra la misma-, importó una nueva prórroga de la jurisdicción a favor del tribunal de origen, pues el defecto atribuido para admitir la excepción de defecto legal no era obstáculo para conocer los términos de la prórroga supuestamente establecida a favor de jueces o árbitros extranjeros.

Respondiendo a uno de los argumentos del dictamen fiscal, expresa, que no se alcanza a advertir porqué su parte debió solicitar la nulidad de la cláusula de prórroga en la oportunidad que contempla el art. 177 del Código Procesal, cuando ésta se refiere a nulidades procesales, noción en la que no se encuentra aprehendida la señalada por su parte.

Finalmente, aduce que tampoco se ha considerado que, aún de admitirse la validez de la prórroga en cuestión, el art. 8, apartado letra f) del acuerdo, autoriza la promoción de cualquier acción legal ante los Tribunales Comerciales Ordinarios de la ciudad de Buenos Aires, y que la mención "de conformidad con la Convención de Nueva York" que la antecede, significa que la demanda podrá deducirse antes estos tribunales y eventualmente ejecutarse con sujeción a los términos de la mentada Convención si ese fuera el caso.

III. Cabe señalar, en primer término, que V.E. tiene dicho que si bien, como regla, los pronunciamientos que resuelven cuestiones de competencia no constituyen sentencia definitiva a los fines del artículo 14 de la ley 48, cabe hacer excepción a dicho principio cuando la decisión impugnada importa - como en el caso - privar al apelante de la jurisdicción de los tribunales argentinos para hacer valer sus derechos y, por consiguiente, de obtener el eventual acceso a la instancia federal por agravios de naturaleza constitucional (v. doctrina de Fallos: 310:1861; 322:1754).

Ahora bien, respecto a la invocada arbitrariedad de la decisión, estimo que las conclusiones del a quo -conforme lo desarrollaré a continuación-, no son refutadas mediante argumentos conducentes, toda vez que se advierte que las críticas del quejoso, además de reiterar asertos ya vertidos en instancias anteriores, sólo trasuntan una opinión diversa a la sostenida por el juzgador, insuficiente, por ende, para demostrar que ésta adolezca de una decisiva carencia de fundamentación (v. doctrina de Fallos: 302:1491).

Así, los agravios relativos a que no se trataría de un asunto internacional, a que las partes son argentinas y se domicilian en este país, y a la conveniencia de ser demandado ante los tribunales del propio domicilio, encuentran suficiente respuesta en las consideraciones del dictamen fiscal a las que remitió la sentencia. En efecto, luego de referirse a los términos de la prórroga de jurisdicción convenida en la cláusula N° 8 del acuerdo, el fiscal general señaló que la amplitud de lo libremente estipulado y la incorporación, en virtud de la capitalización de la sociedad demandada, de socios financieros internacionales (sociedades extranjeras domiciliadas en los Estados Unidos de Norteamérica), lo llevaban a juzgar procedente la prórroga de jurisdicción pactada. Destacó al respecto, la vinculación acordada entre el contrato de empleo del actor, con la serie de pactos referidos a la suscripción, oferta y venta de acciones, fusión con terceras empresas, y forma de recupero de la inversión, entre otros, circunstancia -dijo- que pone de relieve la existencia de un negocio de inversión internacional que excede de una mera relación social interna en la que se ha cuestionado la rescisión del vínculo laboral entre actor e inversores, independientemente de la ubicación del domicilio social de la accionada, dado especialmente el sometimiento a arbitraje obligatorio y que fueron fijados a los efectos respectivos, domicilios especiales en los Estados Unidos (v. fs. 2069 vta./2070). Estos argumentos, reitero, no fueron debidamente rebatidos por el recurrente, más allá de las diferencias con el criterio del juzgador antes apuntadas.

Otro tanto cabe decir acerca de la crítica referida al tratamiento de la excepción de defecto legal, pues, como se manifestó en el dictamen que nutre al decisorio cuestionado, la incompetencia planteada en forma conjunta y simultánea en el mismo escrito, enerva los argumentos sobre un supuesto consentimiento de la jurisdicción nacional por parte de la accionada (v. fs. 2070, último párrafo), a lo que no resulta ocioso agregar, que el defecto legal fue invocado en relación con la traducción de los contratos en los que se sustentó la demanda, de modo que no parece irrazonable que se lo haya tratado con anterioridad a juzgar la validez de la cláusula que establece la prórroga de jurisdicción.

En cuanto a la objeción del argumento concerniente a la extemporaneidad del planteo de nulidad de la cláusula de prórroga, entiendo el dictamen del señor Fiscal alude a que dicha nulidad debió promoverse oportunamente por la vía incidental que contempla el art. 177 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Por otra parte, cabe señalar que esta observación sobre la oportunidad del planteo no fue decisiva para arribar a la solución que propició el a quo, toda vez que tal requerimiento de nulidad se basó en la aseveración de que el asunto sometido a juicio no era internacional sino puramente interno, argumento que, como se ha visto precedentemente, mereció adecuada réplica en la sentencia sobre la base de fundamentos que el apelante no logra rebatir.

Por último, en cuanto al reproche relativo a la omisión de considerar que el art. 8, apart. "f" del acuerdo, autorizaría la promoción de cualquier acción legal ante los Tribunales Comerciales Ordinarios de la ciudad de Buenos Aires de conformidad con la Convención de Nueva York para Reconocimiento y Ejecución de Laudos de Arbitraje Extranjeros, vale recordar que, conforme a abundante jurisprudencia de V.E., el juez no está obligado a expedirse sobre todos los argumentos expuestos por las partes sino sólo respecto de aquellos que fueren conducentes para fundar sus conclusiones y resultaren decisivos para la solución de la controversia (v. doctrina de Fallos: 307:2216; 320: 2278; 322:270, entre otros).

A todo evento, se advierte que este argumento resulta impropio para variar el resultado del conflicto, toda vez que según el mentado art. 8°, apart. "f", la intervención de los tribunales comerciales locales se encuentra circunscrita -como se ha visto- a los términos de la Convención de Nueva York sobre el Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras (v. fs. 555 y 1527/1529), y no se advierte en la especie la existencia de sentencia o laudo arbitral alguno que pretenda ser reconocido o ejecutado ante los tribunales argentinos.

Por todo lo expuesto, estimo que debe rechazarse la presente queja.- Noviembre 18 de 2003.- N. E. Becerra.

Buenos Aires, mayo 11 de 2004.-

Considerando: Que aun cuando los agravios del recurrente se refieren a una materia federal, como lo es la concerniente a la interpretación y aplicación de normas contractuales de jurisdicción internacional (Fallos: 293:455; 321:48, 2894), corresponde desestimar la presentación directa por las razones expuestas en el dictamen del señor Procurador Fiscal que esta Corte comparte, cuyos términos se dan por reproducidos en razón de brevedad.

Por ello, de conformidad con el dictamen que antecede se desestima la queja.- E. S. Petracchi. C. S. Fayt. A. Boggiano. A. R. Vázquez. J. C. Maqueda.