S., V. c. Q. S., G. R. s. restitución internacional de niños

CNCiv., sala C, 12/11/25, S., V. c. Q. S., G. R. s. restitución internacional de niños

Restitución internacional de menores. Residencia habitual del menor en Finlandia. Hechos nuevos. Pedido de suspensión de la ejecución de la sentencia de restitución. Guerra entre Rusia y Ucrania. Ingreso de Finlandia a la OTAN. Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores La Haya 1980. Convención sobre los Derechos del Niño. Interés superior del niño. Protocolo de Actuación para el Funcionamiento de los Convenios de Sustracción Internacional de Niños. Guía de Buenas Prácticas. Rechazo de la suspensión.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 18/11/25.

2ª instancia.- Buenos Aires, 12 de noviembre de 2025.-

VISTOS Y CONSIDERANDO: I. Contra la resolución del 15.10.2025, que desestima in limine la medida de no innovar requerida por la parte demandada en fecha 06.10.2025, interpone la nombrada recurso de apelación que funda con el memorial del 20.10.2025, cuyo traslado contesta la parte actora el día 22.10.2025. La Sra. Defensora de Menores de Cámara dictamina el 30.10.2025.

II. Sostiene la recurrente que la resolución del 15.10.2025 resulta arbitraria, violatoria del debido proceso y del interés superior de la niña, al rechazar in limine el tratamiento sustancial de los hechos nuevos denunciados, vulnerando los arts. 18 CN, 8 CADH y 706 CCyC. Cuestiona la omisión judicial de valorar la situación geopolítica de Finlandia, dado por la guerra de Rusia con la que comparten extensa frontera, el riesgo psicosocial y el derecho al retorno seguro previsto en el art. 13 inc. b del Convenio de La Haya. Reprochan que la jueza priorizó el cumplimiento formal de obligaciones internacionales por encima de los tratados de derechos humanos, desconociendo la jerarquía constitucional de estos (art. 75 inc. 22 CN). Denuncia que el fallo contiene afirmaciones “dogmáticas y prejuiciosas”, como señalar que la madre cambió varias veces de patrocinio, calificándolas de discriminatorias. Argumenta que los derechos humanos no cesan tras la sentencia y deben aplicarse también en la etapa de ejecución, que la madre y la niña son ciudadanas argentinas con protección del Estado nacional, y que no se han garantizado condiciones reales para un retorno seguro. Finalmente, argumenta la ausencia de garantías para un retorno seguro, señalando que tanto la madre como la niña son ciudadanas argentinas con derecho a la protección del Estado nacional, que los derechos humanos no cesan tras dictarse la sentencia sino que deben aplicarse también en la etapa de ejecución, y que no se han acreditado condiciones reales y concretas que garanticen un retorno seguro a Finlandia. En consecuencia, solicita que se revoque el fallo apelado y se suspenda la restitución hasta tanto se acredite fehacientemente la seguridad física y emocional de la niña.

La parte actora, solicita se mantenga la ejecución inmediata de la sentencia, recordando que el proceso lleva más de tres años y medio sin cumplirse, en la que se efectuó la escucha judicial (17.09.2025), se dispuso el regreso seguro con pasajes comprados para el 27.10.2025 y se fijó audiencia en Finlandia para el 29.10.2025 y que la nueva petición es una maniobra obstructiva reiterada, idéntica a planteos anteriores, sin hechos sobrevinientes. Reprocha la invocación de informes médicos de parte sin validez pericial ni sustento científico, la manipulación materna sobre la niña y las demoras contrarias al art. 11 del Convenio de La Haya (plazo de seis semanas). Argumentan que Finlandia ofrece un entorno seguro, que los tratamientos médicos y psicológicos pueden continuar allí y que el conflicto con Rusia es una conjetura ajena al proceso.

La Defensora de Menores ante la Cámara considera que la resolución de primera instancia es ajustada a derecho y debe confirmarse. Señala que la apelación de la progenitora no cumple con el art. 265 CPCCN, al no constituir crítica razonada. Afirma que la sentencia recurrida valoró correctamente los hechos, reiterando que los argumentos de la madre ya fueron analizados y resueltos en etapas previas, y que la ejecución contempla medidas concretas de “retorno seguro” conforme a los estándares internacionales. Expone que se adquirieron los pasajes para el 27.10.2025 y se fijó llegada a Helsinki el 28.10.2025, por lo que el pedido de suspensión carece de sustento. Desestima los agravios relativos al debido proceso, la situación geopolítica y el interés superior, considerando que todos han sido debidamente contemplados y que no se acreditan los nuevos riesgos invocados.

III. Dicho lo anterior, es oportuno recordar que la petición de la demandada respecto de la suspensión de la ejecución de la sentencia de restitución internacional que ordena el retorno de la niña a Finlandia, se funda en la invocación de supuestos hechos nuevos y riesgo para los derechos fundamentales de la menor, alegando el transcurso de más de tres años desde la sentencia; que el traslado afectaría su estabilidad emocional, su centro de vida y su derecho a ser oída conforme los arts. 3 y 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, a la par de destacar la situación geopolítica de Finlandia tras su incorporación a la OTAN (con posibles riesgos por el conflicto con Rusia), y en la multivulnerabilidad de la niña.

El decisorio apelado rechaza in limine la medida cautelar solicitada por la progenitora, considerando que los “hechos nuevos” invocados —interés superior, centro de vida, idioma, situación geopolítica— no constituyen hechos sobrevinientes, ya tratados en instancias anteriores, calificando el argumento geopolítico de “futurista e incierto” ajeno a la competencia judicial. Reafirma que el proceso se encuentra en etapa de ejecución de una sentencia firme, confirmada por todas las instancias, no configurándose la excepción del art. 13 inc. b del Convenio de La Haya (grave riesgo físico o psíquico), destacando que ya se garantizó la escucha de la niña con intervención interdisciplinaria el 17.09.2025.

En cuanto al marco normativo aplicable al caso, que involucra instrumentos internacionales con distinta jerarquía normativa conforme al sistema constitucional argentino, debe señalarse que ha de ser considerado los instrumentos internacionales con jerarquía constitucional establecidos en el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, entre los que se encuentra la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por Argentina mediante Ley 23.849. Este instrumento establece en su artículo 3 que en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. El artículo 12 de la misma Convención garantiza al niño el derecho a ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que lo afecte, ya sea directamente o por medio de un representante, teniéndose debidamente en cuenta sus opiniones en función de su edad y madurez. Por su parte, el artículo 11 de la Convención sobre los Derechos del Niño dispone expresamente que los Estados Partes adoptarán medidas para luchar contra los traslados ilícitos de niños al extranjero y la retención ilícita de niños en el extranjero.

También con jerarquía constitucional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos consagra en su artículo 8 las garantías judiciales que integran el debido proceso, incluyendo el derecho a ser oído con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, así como el derecho a recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. El artículo 19 de dicho instrumento establece específicamente que todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.

En un nivel de jerarquía supralegal pero infraconstitucional, debe considerarse el Convenio de La Haya de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, aprobado por Argentina mediante Ley 23.857. El artículo 1 de dicho Convenio establece como objeto garantizar la restitución inmediata de los menores trasladados o retenidos de manera ilícita en cualquier Estado contratante, y velar por que los derechos de custodia y de visita vigentes en uno de los Estados contratantes se respeten en los demás Estados contratantes. El artículo 11 dispone que las autoridades judiciales o administrativas de los Estados contratantes deberán proceder con urgencia en las solicitudes de restitución, y si la autoridad competente no ha adoptado una decisión en el plazo de seis semanas, el solicitante o la Autoridad Central del Estado requerido podrán solicitar una declaración sobre las razones de la demora.

El artículo 12 del Convenio establece que cuando un menor haya sido trasladado o retenido ilícitamente y, a la fecha de la iniciación del procedimiento, haya transcurrido un período inferior a un año desde el momento en que se produjo el traslado o retención ilícitos, la autoridad competente ordenará la restitución inmediata del menor. Sin embargo, incluso cuando el procedimiento se haya iniciado después de la expiración del plazo de un año, la autoridad ordenará también la restitución del menor, salvo que quede demostrado que el menor ha quedado integrado en su nuevo medio. El artículo 13 establece las excepciones a la obligación de restitución, disponiendo en su inciso b que la autoridad judicial o administrativa del Estado requerido no está obligada a ordenar la restitución del menor si la persona que se opone a la restitución demuestra que existe un grave riesgo de que la restitución del menor lo exponga a un peligro físico o psíquico, o que de cualquier otra manera ponga al menor en una situación intolerable. Finalmente, el artículo 20 del Convenio dispone que la restitución del menor podrá denegarse cuando no lo permitan los principios fundamentales del Estado requerido en materia de protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.

En el orden interno, la Constitución Nacional garantiza en su artículo 18 el debido proceso, la defensa en juicio y la inviolabilidad del derecho de defensa. El Código Civil y Comercial de la Nación establece en su artículo 706 las modalidades de cumplimiento de las sentencias en materia de familia, disponiendo que las resoluciones judiciales deben ser cumplidas, y en su caso ejecutadas, de modo que se asegure la menor afectación posible a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. El Código Procesal Civil y Comercial de la Nación regula en sus artículos 242, 265 y 266 los requisitos del recurso de apelación, estableciendo la necesidad de fundar el recurso mediante una crítica concreta y razonada de la resolución impugnada.

Reseñado lo anterior, corresponde examinar previamente, si el recurso de apelación impetrado cumple con los requisitos formales establecidos por el ordenamiento procesal, toda vez que de ello depende la habilitación de esta instancia para revisar la decisión cuestionada. Es doctrina reiterada de esta Sala que los fundamentos del recurso de apelación deben ser concretos, precisos y claros, toda vez que dentro del sistema dispositivo que estructura principalmente el procedimiento civil, la expresión de agravios constituye el eje sobre el cual se articula la pretensión de modificar la decisión impugnada.

Es el agraviado quien, a través del contenido y términos de su memorial de agravios, establece los límites de actuación del órgano de alzada, el cual no está facultado para suplir deficiencias argumentativas del recurrente ni para abordar agravios no planteados por las partes.

En el caso bajo examen, si bien la recurrente invoca principios generales del derecho internacional de los derechos humanos y cita normativa aplicable, el memorial adolece de una deficiencia sustancial consistente en que no se hace cargo de los fundamentos centrales que esgrimió la magistrada de primera instancia para rechazar la medida cautelar solicitada.

Es que la Sra. Jueza de grado fundamentó su decisión en que las cuestiones invocadas por la demandada, tales como el interés superior de la niña, su centro de vida en Argentina, el idioma y la situación geopolítica de Finlandia, no constituyen hechos sobrevinientes nuevos, toda vez que ya fueron tratadas y decididas en instancias anteriores del proceso. Asimismo, calificó el argumento geopolítico como "futurista e incierto", señalando que resulta ajeno a la competencia judicial en esta etapa de ejecución de sentencia firme. La magistrada reafirmó que el proceso se encuentra en fase de cumplimiento de una sentencia firme que ha sido confirmada por todas las instancias, y que no se configura la excepción establecida en el artículo 13 inciso b del Convenio de La Haya relativa al grave riesgo físico o psíquico para la menor. Destacó que ya se garantizó el derecho de la niña a ser oída mediante la celebración de una audiencia con intervención interdisciplinaria el 17 de septiembre de 2025.

No obstante, la recurrente no rebate adecuadamente estos fundamentos específicos del decisorio cuestionado, limitándose a reiterar argumentos generales sin demostrar concretamente por qué serían erróneos los motivos particulares que llevaron al rechazo de su petición. No señala qué aspecto concreto de la valoración judicial sería equivocado, tampoco propone una interpretación alternativa razonada de las constancias probatorias del expediente. Esta deficiencia argumentativa, bajo un análisis estrictamente formal, permitiría declarar desierto el recurso conforme lo solicitado por la Sra. Defensora de Menores de Cámara en su dictamen referenciado supra.

Se recuerda que se exige del apelante un esfuerzo argumental que exponga los errores de la resolución impugnada, ya que si dicho ataque no se lleva a cabo de manera adecuada, el fallo quedará firme debido a la deserción del recurso de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 265 y 266 del Código Procesal.

Desde esta perspectiva, hay que tener en cuenta que la Sra. Jueza de primera instancia consideró que no se hallaban dadas las circunstancias propias para dictar la medida cautelar que se pretendía, sin embargo, la apelante omite rebatir en debida forma los motivos centrales expuestos por la magistrada, para desestimar la cautelar y suspensión de la ejecución de la sentencia pretendida, tal como se estableció en el decisorio del 15.10.2025, plataforma que es suficiente para declarar desierto el recurso en cuestión.

IV. Sin embargo, tratándose de un caso que involucra los derechos fundamentales de una niña, y en aplicación del principio de tutela judicial efectiva consagrado constitucionalmente así como del interés superior del niño establecido en el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, este Tribunal considera pertinente realizar un análisis de fondo de las cuestiones planteadas.

Es que la decisión tiene por objeto verificar si el pronunciamiento recurrido ha vulnerado o no derechos fundamentales con jerarquía constitucional, y que se funda en el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que exige que en todas las medidas concernientes a los niños el interés superior sea una consideración primordial, junto a la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre acceso a la justicia en casos que involucran niños, desarrollada particularmente en la Opinión Consultiva OC-17/2002, como en el principio pro actione que rige en materia de derechos humanos y que exige interpretar los requisitos procesales de manera favorable al acceso a la justicia.

Por tanto, sin perjuicio de las deficiencias formales señaladas precedentemente, se abordará el análisis sustancial de los agravios planteados.

Constituye un requisito esencial de admisibilidad del recurso de apelación que la resolución impugnada cause al recurrente un gravamen o perjuicio cierto y concreto, pues este recaudo reconoce su fundamento en el principio general según el cual sin interés no hay acción, conforme ha establecido reiteradamente la doctrina de esta Cámara en numerosos precedentes.

Deben invocarse daños concretos que se deriven directamente de la resolución impugnada, siendo insuficientes los agravios meramente hipotéticos o conjeturales, conforme lo ha establecido la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Fallos 300:1282.

La apelante invoca como "hecho nuevo" la situación geopolítica de Finlandia, particularmente su incorporación a la Organización del Tratado del Atlántico Norte efectivizada el 4 de abril de 2023, la guerra entre la Federación Rusa y Ucrania iniciada el 24 de febrero de 2022, y la extensa frontera que Finlandia comparte con Rusia.

Este Tribunal reconoce que los hechos mencionados son objetivos y verificables mediante fuentes públicas y documentación oficial internacional. Finlandia se incorporó efectivamente a la OTAN en abril de 2023, abandonando décadas de política de neutralidad militar que había caracterizado su posición en política exterior desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Existe un conflicto armado activo entre Rusia y Ucrania desde febrero de 2022 que continúa al día de la fecha. También que Finlandia comparte efectivamente la frontera más extensa de la Unión Europea con la Federación Rusa. Asimismo, se han registrado tensiones específicas en la frontera entre Finlandia y Rusia, incluyendo el cierre de pasos fronterizos por parte de las autoridades finlandesas ante lo que consideraron una instrumentalización de flujos migratorios por parte de Rusia en noviembre de 2023.

Por tanto, es dable reconocer que estos hechos no son conjeturales ni hipotéticos en cuanto a su existencia objetiva, como acertadamente señala la recurrente. Sin embargo, debe evaluarse si constituyen un riesgo grave, concreto e inminente para la niña en los términos del artículo 13 inciso b del Convenio de La Haya, que exige la demostración de un grave riesgo de que la restitución del menor lo exponga a un peligro físico o psíquico. Para determinar si existe dicho "grave riesgo" conforme al Convenio de La Haya, es necesario realizar un análisis particularizado del caso concreto que pondere diversos elementos.

En primer lugar, debe considerarse la naturaleza del riesgo alegado, que en este caso consiste en un riesgo derivado de un potencial conflicto armado futuro que eventualmente podría involucrar a Finlandia. En segundo término, debe evaluarse el grado de probabilidad de que ese riesgo se materialice, esto es, la probabilidad real e inminente de que Finlandia sea escenario de un conflicto bélico directo. Finalmente, habrá de analizarse cómo ese contexto afectaría específicamente a la niña cuya restitución se ordenó en autos.

Ha de señalarse que Finlandia es un Estado miembro de la Unión Europea con instituciones democráticas sólidas y consolidadas, con un alto nivel de desarrollo humano que lo ubica en destacados puestos del ranking mundial según el Informe sobre Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo correspondiente al año 2023, contando con los mejores sistemas educativos del mundo, reconocido internacionalmente por sus resultados en las evaluaciones PISA, y su sistema de salud es de acceso universal y de alta calidad. Actualmente no se encuentra en conflicto armado ni existe situación bélica alguna en su territorio; ni existen alertas de viaje ni recomendaciones de evacuación emitidas por organismos internacionales competentes ni por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina respecto de Finlandia. La situación de seguridad en Helsinki, que es el lugar de residencia previsto para la niña, es considerada estable por todos los indicadores internacionales de seguridad ciudadana.

Ha sido reconocido como configurativo de "grave riesgo" en los términos del artículo 13 inciso b, situaciones tales como zonas en conflicto armado activo, países con ausencia de garantías legales e institucionales para la protección efectiva del niño. Sin embargo, la mera posibilidad de un conflicto futuro, sin elementos concretos que indiquen su inminencia y probabilidad cierta, no ha sido considerada suficiente por la jurisprudencia internacional -sobre aplicación del Convenio de la Haya- para configurar la excepción a la obligación de restitución.

En el caso, no se han aportado elementos probatorios que permitan considerar que existe un riesgo concreto e inminente, pues no se acompañaron informes de organismos internacionales especializados en seguridad que recomienden no viajar a Finlandia o que califiquen la situación de ese país como de riesgo para la población civil. No se ha agregado documentación del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina que contenga alertas de seguridad respecto de viajes a Finlandia. Tampoco se produjeron dictámenes técnicos elaborados por especialistas en relaciones internacionales o estudios estratégicos sobre la probabilidad concreta de una escalada bélica que involucre territorio finlandés.

Como se viene señalando, si bien la situación geopolítica invocada no es conjetural en cuanto a su existencia objetiva como hecho del mundo, en cambio sí lo es en cuanto a su materialización como riesgo grave, concreto e inminente para la niña en particular, en los términos exigidos por el artículo 13 inciso b del Convenio de La Haya.

La recurrente no ha logrado demostrar mediante prueba suficiente que exista una probabilidad razonable y actual de que la menor vaya a verse expuesta a un peligro físico o psíquico grave por el solo hecho de residir en Finlandia. No obstante ello, este Tribunal considera que, dado el carácter esencialmente dinámico de las situaciones geopolíticas internacionales y la posibilidad de que las circunstancias varíen en el futuro, las autoridades argentinas competentes, particularmente la Autoridad Central designada conforme al Convenio de La Haya que es el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, deben mantenerse adecuadamente informadas sobre la evolución de la situación en Finlandia y en la región.

Asimismo, deberá coordinarse con las autoridades finlandesas competentes un protocolo de protección que contemple mecanismos de actuación ante eventuales cambios de circunstancias, y garantizarse que, ante un cambio sustancial y significativo de la situación de seguridad, existan mecanismos ágiles y efectivos de protección de los derechos de la niña, incluyendo la posibilidad de contacto con las autoridades consulares argentinas.

De lo antes expuesto y conforme la prueba producida en autos, se tiene que el agravio relativo a la situación geopolítica no resulta suficiente para justificar la suspensión de la restitución ordenada por sentencia firme.

Es que los hechos nuevos que justificarían la suspensión de la ejecución, como lo alega la apelante, en primer también lleva a señalar que el interés superior de la niña y la consolidación de su centro de vida en Argentina, como lo sostiene en el memorial, no constituye un hecho nuevo en el sentido técnico-jurídico del término, por las siguientes razones.

El interés superior de la niña fue considerado y ponderado exhaustivamente tanto en la sentencia de primera instancia que ordenó la restitución como en las sucesivas instancias de apelación que confirmaron dicha decisión, obedeciendo el hecho de que la niña haya permanecido en Argentina durante más de tres años, precisamente, a la demora generada por la propia conducta de la demandada al no cumplir voluntariamente con la sentencia firme y plantear sucesivos recursos dilatorios que constan documentados en el expediente. Es principio rector del Derecho Internacional Privado de Familia, establecido por la jurisprudencia de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado y reconocido por la doctrina especializada, que nadie puede beneficiarse del tiempo transcurrido como consecuencia de su propia conducta ilícita.

Es que permitir que el transcurso del tiempo, provocado precisamente por quien sustrajo ilícitamente al niño y luego obstaculizó sistemáticamente el cumplimiento de las resoluciones judiciales, consolide un "nuevo centro de vida" que impida la restitución, equivaldría a vaciar completamente de contenido el Convenio de La Haya y sus objetivos fundamentales, y a premiar la conducta contraria a derecho.

Tocante a lo sostenido por la recurrente en cuanto a que no se ha garantizado efectivamente el derecho de la niña a ser escuchada conforme al artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, importa un agravio carece de sustento fáctico suficiente, ya que como surge de las actuaciones, en fecha 17.09.2025 se celebró la audiencia con la niña, conforme surge del acta labrada en dicha oportunidad, que contó con intervención de equipo interdisciplinario especializado en niñez y adolescencia, garantizando la escucha conforme a estándares profesionales adecuados, acto que no ha sido impugnado en cuanto a su validez formal o sustancial, limitándose la demandada a efectuar en torno a ello afirmaciones meramente genéricas.

Así, el derecho del niño o niña a ser oída, consagrado en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, no implica que la opinión expresada por el niño sea vinculante ni determinante de la decisión judicial, sino que sus puntos de vista deben ser tenidos debidamente en cuenta en función de su edad y madurez, conforme expresamente lo establece el apartado 1 de dicho artículo, debiendo el juez ponderar su opinión conjuntamente con todos los demás elementos relevantes del caso, incluyendo el contexto en que dicha opinión se forma y la eventual influencia de los progenitores en conflicto y en el caso concreto de autos, ello se ha cumplido acabadamente -conf. art. 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño-.

Respecto de la invocada existencia de informes médicos y psicológicos que darían cuenta del impacto negativo que tendría la restitución en la salud emocional de la niña, cabe señalar que de la documentación agregada al respecto, surge que se trata de informes emitidos por profesionales tratantes designados directamente por la propia madre de la niña, y no de pericias judiciales imparciales ordenadas por el tribunal con las garantías procesales correspondientes. Tales informes no han sido sometidos a adecuado control de la parte contraria mediante mecanismos procesales pertinentes, pese a los cuestionamientos de la contraparte, que adujo la falta de objetividad e imparcialidad de informes, que respondían al interés de quien los acompañó y que no reunían los requisitos de una prueba pericial científica.

Debe ser recordado que en los procesos de restitución internacional de menores, resulta frecuente que los niños manifiesten resistencia o ansiedad ante la perspectiva del retorno, lo cual puede estar influenciado significativamente por la posición y conducta del progenitor sustractor, fenómeno que ha sido reconocido en la literatura especializada en psicología forense internacional, aunque debe aplicarse con extrema cautela para no desconocer opiniones genuinas de los niños. La existencia de un tratamiento psicológico en curso en Argentina no constituye un impedimento legal para la restitución, sino que determina la necesidad de coordinación adecuada entre profesionales de ambos países para garantizar la continuidad del tratamiento en Finlandia. Sin perjuicio de lo expuesto, este Tribunal valora que Finlandia cuenta con un sistema de salud mental de alta calidad y accesibilidad universal, reconocido internacionalmente, que puede garantizar la continuidad de cualquier tratamiento que la niña requiera -extremo que se ya se encuentra considerado a lo largo de estas actuaciones-, y que debe ser debida y efectivamente coordinado para la continuidad del tratamiento psicológico de la niña con profesionales en Finlandia, mediante el intercambio de información clínica relevante con el debido resguardo de la confidencialidad, habiendo así de ser garantizado específicamente un período de transición con apoyo terapéutico especializado que facilite la adaptación de la niña a su retorno.

De lo expuesto -como se adelantó supra- las invocaciones de la recurrente no configuran hechos nuevos sobrevinientes en el sentido técnico-jurídico que justifiquen la revisión de una sentencia firme en etapa de ejecución. Ello, lógicamente con el resguardo suficiente de que restitución se ejecute mediante un protocolo de retorno seguro que atienda específicamente las necesidades particulares de esta niña, considerando su edad, su historia personal, el tiempo transcurrido y sus circunstancias específicas.

Es que, en el caso bajo examen convergen normas internacionales de derechos humanos con igual jerarquía constitucional conforme al artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, específicamente la Convención sobre los Derechos del Niño en sus artículos 3 y 12, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos en sus artículos 8 y 19, conjuntamente con normas que tienen jerarquía supralegal pero infraconstitucional, particularmente el Convenio de La Haya de 1980, que impone, frente a aparentes tensiones entre estos instrumentos internacionales, la aplicación de los siguientes principios hermenéuticos establecidos por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se mencionan a continuación.

En primer lugar, el principio de armonización, conforme al cual los tratados internacionales deben interpretarse de manera compatible y complementaria, no excluyente entre sí, buscando la coherencia del sistema jurídico en su conjunto. En segundo término, el principio según el cual en caso de pro personae, duda debe estarse a la interpretación más favorable a la persona humana, que en este caso es la niña cuya restitución se ordena. Finalmente, el control de convencionalidad, que exige que las normas y decisiones internas sean compatibles con la totalidad del corpus iuris interamericano de protección de los derechos humanos.

Así, es necesario aclarar que no existe contradicción sustancial entre el Convenio de La Haya y la Convención sobre los Derechos del Niño, sino que ambos instrumentos se complementan y refuerzan mutuamente. El Convenio de La Haya protege precisamente el interés superior del niño mediante diversos mecanismos. En primer término, al restablecer el statu quo que fue alterado ilícitamente por una sustracción internacional, evitando que el progenitor sustractor pueda beneficiarse de su propia conducta ilícita. En segundo lugar, al garantizar que las cuestiones de fondo sobre custodia y cuidado personal se resuelvan en el país de residencia habitual del niño, donde existen mejores elementos de prueba, mayor proximidad con los hechos, y donde ambos progenitores tienen oportunidad real de litigar en igualdad de condiciones. Asimismo, al desalentar las sustracciones internacionales de menores, que someten a los niños a situaciones traumáticas, los alejan abruptamente de su entorno familiar y social, y los convierten en instrumentos de los conflictos entre adultos. Finalmente, al promover la cooperación internacional efectiva para la protección de la infancia, estableciendo mecanismos de comunicación entre autoridades y sistemas de garantías.

La Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 11, expresamente ordena a los Estados Partes adoptar medidas para luchar contra los traslados ilícitos de niños al extranjero y la retención ilícita de niños en el extranjero, lo que demuestra la compatibilidad entre ambos instrumentos. El concepto de "interés superior del niño" establecido en el artículo 3 de la Convención no se identifica automáticamente con la voluntad expresada por el niño en un momento determinado, ni tampoco con su situación fáctica actual generada por una sustracción ilícita, sino que constituye una valoración integral y compleja que incluye múltiples dimensiones. Entre estas, se encuentra el respeto al orden jurídico y a la legalidad, el respeto a los derechos de ambos progenitores a mantener relaciones personales con sus hijos, la consideración de los efectos a largo plazo de las decisiones judiciales, y la protección frente a la manipulación o instrumentalización por parte de los adultos en conflicto.

El propio Convenio de La Haya contiene salvaguardas específicas en sus artículos 13 y 20 que permiten denegar la restitución cuando exista grave riesgo físico o psíquico para el menor, o cuando la restitución vulnere principios fundamentales en materia de protección de derechos humanos y libertades fundamentales. Estas salvaguardas garantizan que el sistema de restitución no opere de manera automática o mecánica, sino que permita la evaluación judicial de circunstancias excepcionales que puedan justificar la no restitución.

En este caso particular, se verifican las siguientes circunstancias que resultan relevantes para la decisión. Se ha producido una sustracción internacional ilícita en los términos del Convenio de La Haya, toda vez que la niña residía habitualmente en Finlandia con ambos progenitores, fue trasladada a Argentina sin el consentimiento del padre, y dicho traslado vulneró los derechos de custodia que el padre ejercía conforme a la legislación finlandesa aplicable. La restitución fue ordenada tras un proceso judicial que cumplió con todas las garantías del debido proceso, habiéndose tramitado en primera instancia con plena audiencia de ambas partes, siendo apelada ante esta Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil con el correspondiente control de legalidad y habiéndose ejercido el derecho a interponer el recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, máximo tribunal de la república que ha tomado conocimiento directo en el caso, es decir, se contó con todas las instancias con la intervención preceptiva del Ministerio Público Pupilar en representación de los derechos de la niña.

Habiéndose evaluado las excepciones establecidas en el Convenio de La Haya, se concluyó fundadamente que no se configura la excepción de "grave riesgo" establecida en el artículo 13 inciso b del Convenio, pues no se acreditó la situación de peligro concreto e inminente para la integridad física o psíquica de la niña, y que el artículo 20 del Convenio relativo a la protección de derechos humanos fundamentales no resulta aplicable al caso concreto. El interés superior de esta niña en particular, correctamente interpretado y aplicado conforme a los estándares internacionales, exige en primer lugar el respeto al orden jurídico internacional, permitiendo que las cuestiones sustanciales de custodia y cuidado personal se resuelvan en Finlandia donde existen elementos probatorios, testigos presenciales de la situación familiar, y donde ambos progenitores tienen oportunidad real y efectiva de litigar en igualdad de condiciones sin que ninguno tenga ventajas derivadas de hechos ilícitos. En segundo término, exige la garantía del derecho de la niña a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos progenitores conforme al artículo 9.3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, derecho que se encuentra actualmente vulnerado por la permanencia indefinida e ilegal en Argentina sin acuerdo del padre. Asimismo, requiere seguridad jurídica para la niña, quien tiene derecho a que se respeten las decisiones jurisdiccionales firmes y a no quedar sujeta indefinidamente a una litigiosidad que se perpetúa artificialmente mediante planteos sucesivos carentes de sustento. Finalmente, exige considerar el mensaje disuasorio que las decisiones judiciales propician, toda vez que admitir que el transcurso del tiempo generado por el propio incumplimiento puede consolidar situaciones de sustracción internacional importaría un concepto por demás erróneo que estimularía este tipo de conductas ilícitas en perjuicio de los niños.

Como se adelantó, el transcurso de más de tres años desde la sentencia, si bien constituye un plazo objetivamente prolongado en la vida de una niña, este lapso temporal se debe a recursos sucesivos interpuestos por la demandada que fueron resueltos en todas las instancias jurisdiccionales, al incumplimiento sistemático y deliberado de la sentencia firme que ordenó la restitución, y a maniobras dilatorias sucesivas que se encuentran expresamente reconocidas y documentadas en las distintas resoluciones que obran en el expediente. El Convenio de La Haya, en su artículo 12, contempla expresamente que incluso cuando ha transcurrido más de un año desde la sustracción, debe ordenarse igualmente la restitución del menor salvo que se demuestre acabadamente que el niño ha quedado integrado en su nuevo ambiente. La integración debe ser evaluada desde una perspectiva objetiva y no meramente subjetiva, considerando que en este caso la niña mantiene su nacionalidad argentina que ya tenía al momento de la sustracción, no ha renunciado a su nacionalidad finlandesa ni ha perdido vínculos jurídicos con ese país, el padre ha mantenido contacto en la medida de lo posible y no ha abandonado en ningún momento sus derechos parentales, y la denominada integración se produjo en un contexto de ilicitud que no puede ser consolidado jurídicamente.

Aplicando un test de proporcionalidad estricto conforme a la metodología desarrollada por la jurisprudencia constitucional e internacional, debe analizarse en primer lugar si existe un fin legítimo, que en este caso consiste en restablecer el orden jurídico internacional alterado por la sustracción ilícita y permitir que el juez natural, esto es el juez del lugar de residencia habitual, resuelva sobre las cuestiones de custodia y cuidado personal. En segundo término, debe evaluarse la idoneidad, concluyéndose que la restitución de la niña a Finlandia es el medio idóneo para lograr dicho fin legítimo. En tercer lugar, corresponde analizar la necesidad, verificándose que no existe una medida menos lesiva que permita alcanzar el mismo objetivo de manera igualmente efectiva. Finalmente, debe realizarse la ponderación de proporcionalidad en sentido estricto, sopesando los beneficios de la restitución, entre los que se cuentan el respeto al orden jurídico internacional, la protección efectiva del derecho del padre a mantener relaciones con su hija, el mensaje disuasorio que desalienta futuras sustracciones internacionales de menores, y el respeto a la cosa juzgada y a la seguridad jurídica, frente a los costos de la restitución, consistentes principalmente en el impacto emocional que puede generar en la niña el cambio de país de residencia. El balance de esta ponderación indica claramente que los beneficios de la restitución superan ampliamente los costos, máxime cuando el impacto emocional puede y debe ser sustancialmente mitigado mediante la implementación de un protocolo adecuado de retorno seguro con todas las garantías necesarias.

Por todo lo expuesto, el interés superior de esta niña, debidamente interpretado y aplicado conforme a los estándares internacionales de derechos humanos, no se opone a su restitución a Finlandia, sino que positivamente la exige, siempre que se realice con las garantías adecuadas que se detallarán en la parte dispositiva de esta resolución.

La recurrente también alega la violación del debido proceso consagrado en el artículo 18 de la Constitución Nacional y en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, fundando este agravio en el rechazo in limine de su pedido de medida cautelar sin sustanciación previa. El debido proceso, como garantía constitucional y convencional, comprende diversos componentes esenciales, entre ellos el derecho a ser oído antes de que se adopte una decisión que afecte derechos, el derecho a ofrecer y producir prueba pertinente para sustentar las pretensiones, el derecho a obtener una decisión fundada en derecho que responda a los planteos efectuados, y el derecho a recurrir las decisiones adversas ante un órgano jurisdiccional superior. Sin embargo, estos derechos no son absolutos ni ilimitados, sino que deben compatibilizarse con otros principios también relevantes en el ordenamiento jurídico, tales como el principio de preclusión procesal que impide reabrir etapas concluidas, la cosa juzgada que otorga definitividad a las decisiones judiciales firmes, la seguridad jurídica que garantiza estabilidad en las relaciones sociales, y el derecho de la contraparte a la ejecución efectiva y oportuna de las sentencias que le son favorables.

La Sra. Jueza de primera instancia rechazó in limine la medida cautelar solicitada, considerando que no se invocaban hechos nuevos genuinos sino que se reiteraban planteos ya efectuados y resueltos en instancias anteriores, que las cuestiones planteadas ya habían sido tratadas exhaustivamente y decididas mediante sentencia firme confirmada por todas las instancias, que se trataba de planteos obstructivos reiterados destinados a dilatar indefinidamente el cumplimiento de la sentencia, y que no se acreditaba verosimilitud del derecho invocado que justificara la adopción de la medida cautelar solicitada.

Esta decisión fue debidamente decidida conforme al ordenamiento procesal aplicable, toda vez que el rechazo in limine está expresamente contemplado en el sistema procesal cuando la pretensión resulta manifiestamente improcedente a la luz de las constancias objetivas de la causa. La demandada tuvo amplia oportunidad de fundar adecuadamente su pedido cautelar, exponiendo todos los argumentos que consideró relevantes, y la magistrada lo analizó detalladamente y los rechazó mediante una resolución debidamente motivada en la que expuso las razones jurídicas de la decisión, garantizándose plenamente el derecho a recurrir la decisión, que se efectivizó la recurrente dando lugar al presente recurso de apelación.

Tampoco deviene atendible el cuestionamiento de que no se haya dado traslado de la medida cautelar peticionada a la contraparte antes de rechazarla, a lo que deviene oportuno señalar que las medidas cautelares pueden ser resueltas inaudita parte, esto es sin audiencia de la contraria, cuando la urgencia de la situación así lo justifica o cuando el pedido es manifiestamente improcedente.

La magistrada de grado entendió razonablemente que el pedido era manifiestamente improcedente a la luz de los antecedentes del expediente, lo que justificaba el rechazo liminar sin sustanciación previa, no obstante cabe adicionar que ello no configura una violación sustancial del debido proceso que invalide la decisión adoptada, sobre todo cuando el traslado fue efectivamente corrido en segunda instancia, cuando el actor contestó fundadamente el recurso de apelación, de lo que se tiene que la demandada ha podido ejercer con plenitud su posición en esta instancia de apelación mediante el memorial de agravios, lo dictaminado por el Ministerio Público y por esta Cámara, realizando un análisis pormenorizado de las cuestiones planteadas, garantizando así plenamente el derecho de defensa y el debido proceso.

Respecto a la consideración discriminatorio y ofensivo que señala la apelante, en tanto alega que la jueza de grado ha mencionado en su resolución que la madre cambió varias veces de representación legal a lo largo del proceso, considera este Tribunal que ello no puede ser considerado más como una mención meramente descriptiva de un hecho objetivo que consta en las actuaciones, sin contenido valorativo alguno.

Resulta relevante para contextualizar adecuadamente las dilaciones procesales que se han producido, toda vez que los cambios de representación legal suelen implicar plazos para notificaciones y toma de conocimiento del expediente. No configura discriminación alguna en los términos del derecho antidiscriminatorio, ni constituye un agravio a la dignidad de la recurrente. El derecho constitucional a elegir libremente el abogado defensor y a cambiar de representación legal cuando se considere conveniente es inobjetable y no se encuentra en discusión, pero el ejercicio reiterado de ese derecho puede ser considerado legítimamente como un elemento fáctico relevante al evaluar las demoras del proceso.

Acerca de lo alegado sobre la jerarquía constitucional de los tratados de derechos humanos, priorizando indebidamente el Convenio de La Haya por sobre la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, corresponde señalar que resulta un argumento jurídicamente incorrecto por las razones ya expuestas extensamente en los considerandos precedentes, resultando conveniente agregar que el Convenio de La Haya no contradice en absoluto los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional, sino que los complementa y desarrolla en el ámbito específico de la sustracción internacional de menores. La Convención sobre los Derechos del Niño expresamente ordena en su artículo 11 combatir los traslados ilícitos de niños, lo que evidencia la compatibilidad entre ambos instrumentos. La Convención Americana sobre Derechos Humanos protege el derecho a la familia tanto de ambos progenitores como del niño, derecho que se vulnera precisamente mediante sustracciones internacionales. La restitución ordenada en este caso es precisamente una aplicación correcta del interés superior del niño conforme a los estándares internacionales, no una violación del mismo. No existe, por tanto, jerarquización indebida de normas ni desconocimiento de la supremacía constitucional de los tratados de derechos humanos.

Por otra parte, la recurrente invoca el derecho a la protección del Estado argentino que correspondería a la madre y la niña en su carácter de ciudadanas argentinas. Al respecto, debe señalarse que la nacionalidad argentina no impide ni obsta jurídicamente a la restitución conforme a un tratado internacional válidamente ratificado por la República Argentina mediante ley del Congreso Nacional. La protección que el Estado argentino debe brindar a sus nacionales se ejerce precisamente mediante la cooperación internacional efectiva en el marco de los tratados vigentes y el respeto estricto a los compromisos internacionales asumidos por la Nación. El Estado argentino protege adecuadamente a sus nacionales asegurando que sus derechos sean respetados cuando se encuentran en el extranjero, no mediante la retención de personas que han sido sustraídas ilícitamente en violación de tratados internacionales. La nacionalidad no otorga un derecho a permanecer indefinidamente en el país en violación de una sentencia firme de restitución internacional, ni puede ser invocada como excusa para incumplir obligaciones internacionales. El Estado argentino cumple con su deber de protección garantizando que la restitución se efectúe con todas las garantías necesarias, que la niña no sea expuesta a riesgos graves, y que las autoridades argentinas mantengan un seguimiento apropiado de la situación, todo lo cual se garantiza mediante la presente resolución.

De este modo, el Tribunal confirma la procedencia de la restitución de la niña a Finlandia conforme a la sentencia firme, considera absolutamente imprescindible garantizar las condiciones claras y específicas para que tal restitución se efectúe mediante un protocolo de retorno seguro conforme a los estándares internacionales desarrollados por la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, particularmente la Guía de Buenas Prácticas sobre Restitución de Niños publicada en el año 2020, con la coordinación efectiva entre la Autoridad Central Argentina, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina, y la Autoridad Central Finlandesa, que es el Ministerio de Justicia de Finlandia, a fin de asegurar diversos aspectos esenciales; asegurar que en el período de transición inmediatamente posterior a la llegada a Finlandia, la niña deberá contar con apoyo psicológico profesional brindado por especialistas en niñez y adolescencia del sistema de salud finlandés; seguimiento periódico por parte de las autoridades competentes finlandesas; mantener un canal de comunicación permanentemente abierto entre las autoridades judiciales y administrativas argentinas y finlandesas para atender cualquier eventualidad que pudiera surgir, realizándose la revisión periódica de la situación de la niña, con especial atención a su adaptación emocional, su rendimiento escolar, su integración social y su bienestar general.

Por todo lo expuesto hasta aquí, y en concordancia con lo dictaminado por la Sra. Defensora de Menores de Cámara en su presentación del 30.10.2025, aunque con las precisiones efectuados en los considerandos precedentes de esta resolución, este Tribunal Desestimar el recurso de apelación RESUELVE: interpuesto por la parte demandada, confirmándose la resolución recurrida del 15.10.2025 que rechazó la medida de no innovar solicitada por la nombrada, sin perjuicio de las garantías en toda su extensión, que deben cumplirse en el retorno seguro de la niña, a fin de asegurar que la restitución se efectúe con pleno respeto de sus derechos fundamentales y conforme a los más altos estándares internacionales en la materia. Con costas a la apelante vencida (arts. 68 y 69 del CPCC).

Regístrese, notifíquese por Secretaría a las partes y a la Sra. Defensora de Menores de Cámara. Publíquese y, oportunamente, devuélvase.- P. Trípoli. J. M. Converset. O. L. Díaz Solimine.