Boliviana de Aviación BOA sociedad extranjera s. solicitud de inhibitoria

CNCiv. y Com. Fed., sala III, 20/11/25, Boliviana de Aviación BOA sociedad extranjera s. solicitud de inhibitoria

Transporte aéreo internacional. Transporte de personas. Paraguay – Estados Unidos. Incumplimiento contractual. Cancelación del pasaje por la agencia de viajes. Convenio de Montreal de 1999. Código Aeronáutico. Ley de defensa del consumidor. Competencia interna. Tribunales federales. Domicilio del actor. Competencia territorial Chaco.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 26/11/25.

Excma. Sala:

1. La firma Boliviana de Aviación – BOA Sociedad Extranjera, interpuso la presente inhibitoria, en los términos del artículo 7º del CPCCN, a fin de que el fuero nacional en lo civil y comercial federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asuma la competencia para conocer en la causa iniciada por Mariano Canteros y María Belén Cuevas (expediente N° 8925/2023), iniciado ante Juzgado en lo Civil y Comercial N° 17 de Resistencia, provincia de Chaco (fs. 28/41, conforme al sistema de consultas web del PJN).

Explicó que en aquel proceso se pretende responsabilizarla por el presunto incumplimiento a un contrato de transporte aéreo celebrado con intermediación de la agencia de viajes Almundo S.R.L.

Sostuvo que las causas regidas por el derecho aeronáutico corresponden a la competencia del fuero civil y comercial federal, en virtud de lo normado por el artículo 42 inc. “b” de la Ley N° 13.998, y el artículo 198 del Código Aeronáutico.

En lo relativo a la competencia territorial, consideró aplicable el artículo 33 inc. 1 del Convenio de Montreal, según el cual “[u]na acción de indemnización de daños deberá iniciarse, a elección del demandante, en el territorio de uno de los Estados Parte, sea ante el tribunal del domicilio del transportista, o de su oficina principal, o del lugar en que tiene una oficina por cuyo conducto se ha celebrado el contrato, sea ante el tribunal del lugar de destino”.

2. El Juzgado Civil y Comercial Federal N° 8 desestimó la inhibitoria planteada (fs. 80).

Para así decidir, entendió aplicable el artículo 36 de la Ley N° 24.240, del cual surge que “el consumidor podrá optar por demandar al proveedor en la jurisdicción que estime conveniente, cuando este es quien inicia la acción”. Y valoró que “los accionantes han decidido, en uso de las facultades otorgadas por la Ley de Defensa del Consumidor, promover su demanda por daños y perjuicios ante la justicia de Resistencia, Chaco - provincia en la que habitan”.

López Sánchez, Carlos Antonio s. exequatur y reconocimiento de sentencia extranjera

CNCiv., sala M, 10/11/25, López Sánchez, Carlos Antonio y otros s. exequatur y reconocimiento de sentencia extranjera

Reconocimiento de sentencias. Declaratoria de herederos dictada Paraguay. Sucesión internacional. Jurisdicción internacional. Último domicilio del causante en el extranjero. Bienes inmuebles en Argentina. Código Civil: 10, 11. Código Civil y Comercial: 2643, 2644. Tratado de Derecho Civil Internacional Montevideo 1889. Tratado de Derecho Civil Internacional Montevideo 1940. Competencia de los tribunales argentinos. Rechazo del reconocimiento.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 25/11/25.

2ª instancia.- Buenos Aires, 10 de noviembre de 2025.-

VISTOS Y CONSIDERANDO:

1°) Los peticionantes apelaron la decisión del 23 de octubre de 2025, que rechazó “in límine” el exequatur promovido.

El memorial fue presentado el 4 de noviembre de 2025 y el Fiscal de Cámara dictaminó el 7 del mismo mes.

2°) Carlos Antonio López Sánchez, Eduardo Francisco Solano López Sánchez, Julio César López Sánchez y Luz María López Sánchez promovieron este proceso con el objetivo de que se reconozca la declaratoria de herederos dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Cuarto Turno de la Capital, Secretaria N° 7, de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a fin de inscribirla en el Registro de la Propiedad Inmueble con respecto al inmueble de la calle Bernardo de Irigoyen 1548/50/56/60/62, piso 3º, unidad nº 35, de CABA, de titularidad de la causante.

3°) El trámite preparatorio para el reconocimiento de una sentencia extranjera puede ser definido como la declaración en cuya virtud se acuerda a aquélla la misma eficacia que revisten las sentencias dictadas por los jueces nacionales. Ese trámite se halla constituido por un breve proceso de conocimiento cuyo objeto no es la relación jurídica sustancial litigiosa sino la sentencia extranjera, a cuyo respecto sólo se trata de comprobar si reúne los requisitos a los que el ordenamiento interno supedita sus efectos ejecutivos[1].

El objetivo del exequatur es examinar el pronunciamiento extranjero, revisado solo a fin de verificar su idoneidad para producir sus efectos ejecutorios o de reconocimiento. La declaración judicial en materia de exequatur versará básicamente sobre tres puntos: autenticidad, legalidad y orden público internacional. El primero se inferirá desde que el documento debe hallarse debidamente legalizado (y, en su caso, traducido), con intervención del agente consular o diplomático respectivo; el segundo requiere la intervención de un órgano jurisdiccional y el tercer aspecto versa sobre la comprobación de que la sentencia extranjera no afecta normas de orden público internacional del país[2]. Por ello, como principio, el examen de compatibilidad propio del exequatur no puede llegar al extremo de reeditar todas las cuestiones que ya fueron sometidas a decisión judicial foránea, como tampoco a equiparar aquel control con el propio de una revisión judicial ordinaria[3].

L., L. G. c. V., N. s. divorcio

CNCiv., sala I, 13/11/25, L., L. G. c. V., N. s. divorcio

Matrimonio celebrado en España. Divorcio decretado en Argentina. Inscripción en Argentina. Previa inscripción en el registro original. Ley 26.413: 75, 78.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 20/11/25.

2ª instancia.- Buenos Aires, 13 de noviembre de 2025.-

VISTOS Y CONSIDERANDO:

I. La señora L. G. L. interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución del 3 de septiembre de 2025 por la que la jueza de primera instancia ordenó -en lo que al recurso importa- la inscripción de la sentencia de divorcio allí dictada en el Registro de Estado Civil de Barcelona, España, mediante exhorto diplomático y oficio al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto; y una vez cumplido ello, inscribir en el Registro del Estado Civil y de Capacidad de las Personas de esta Ciudad el matrimonio y la sentencia de divorcio, a cuyo fin dispuso que se expida oficio.

El 17 de octubre de 2025 se desestimó el primero de los remedios y se concedió el segundo, teniéndolo por fundado en el escrito en que se dedujo y ordenando la elevación de las actuaciones sin sustanciación.

La cuestión se integra con el dictamen del Fiscal General del 5 de este mes y año, que propicia la desestimación de la inconstitucionalidad planteada respe[c]to de la ley 26.413 y el rechazo del recurso de apelación.

II. Cuestiona la recurrente que se haya subordinado la inscripción del matrimonio y consecuente divorcio en el registro de esta ciudad a la previa inscripción en el registro del país donde se celebró el matrimonio.

Postula que ello es ajeno a todo orden legal y por demás dilatorio, toda vez que se estaría supeditando a un juez español o a un jefe de registro civil de España, la validez de la sentencia de divorcio decretada en este expediente.

Explica que el artículo 75 de la ley 26.413 se refiere a inscripciones en el ámbito nacional, no así a inscripciones asentadas en otros países, es decir en libros y registros de extraña jurisdicción, que se encuentran sujetas al derecho positivo de cada país soberano o al derecho internacional privado.

P., M. J. c. T., T. y otro s. incidente civil

CNCiv., sala H, 17/11/25, P., M. J. c. T., T. y otro s. incidente civil

Sucesiones internacionales. Último domicilio del causante en Argentina. Inmueble en EUA. Carácter ganancial. Calificaciones. Fondos depositados en banco de EUA. Acciones de sociedad constituida en EUA. Régimen patrimonial del matrimonio. Jurisdicción internacional. Código Civil: 10, 11, 3283, 3284.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 19/11/25.

En Buenos Aires, a 17 días del mes de noviembre del año 2025, hallándose reunidos los señores Jueces integrantes de la Sala “H” de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, a los efectos de dictar sentencia en los autos: “P., M. J. c/ T., T. y otro s/ Incidente Civil”, y habiendo acordado seguir en la deliberación y voto el orden de sorteo de estudio, la Dra. Abreut de Begher dijo:

I.- Vienen los autos a esta Alzada con motivo del recurso de los recursos de apelación interpuestos por la actora el 3/9/2025 y por la codemandada T. el 25/8/2025, los que fueron respondidos respectivamente el 15/9/2025 y el 22/9/2025, contra la sentencia de grado que hizo lugar parcialmente la demanda y declaró que el bien inmueble ubicado en Miami, USA, era de carácter ganancial, al igual que las cuentas bancarias y la participación en la sociedad ART T LLC; y asimismo, condenó a la accionada T. a devolver la suma de U$S 78.249,53, y rendir cuenta de los estados contables de la empresa dentro del plazo de 60 días; e impuso las costas a la actora por el rechazo de la demanda contra el codemandado E. S. P. F., y a la demandada T. por las generadas por la admisión de la demanda.

II.- La parte actora se agravia por el rechazo del reclamo a una compensación económica por el uso exclusivo del inmueble sito en USA, desde el fallecimiento del causante el 2/8/2008 hasta la venta del bien el 20/5/2010.

Postula que no encuadra el caso dentro de la normativa protectoria del art. 3573bis CC, al sostener que el bien no era sede del hogar conyugal, por cuanto vivían en Argentina al tiempo del deceso del causante y el último domicilio conyugal fue en Buenos Aires. De ese modo indica que no puede acogerse favorablemente la petición de reconocimiento del derecho real de habitación legal que le correspondería al cónyuge supérstite por no cumplirse los requisitos dispuestos por la ley, más aún cuando la codemandada tenía otro inmueble en la calle Sucre…, CABA, adquirido en el año 2000 (fs. 95/7 informe de dominio del bien obrante en el expte. 41.359/2011 in re “P. c/ T. s/medidas precautorias”) que fue el último domicilio conyugal. Con sustento en esos argumentos peticiona que se le reconozca el derecho al cobro de un canon locativo proporcional a su parte en la herencia.

Se agravia por la imposición de costas a su cargo por el rechazo de la demanda contra el codemandado P. F. (hermano de la actora), al razonar que frente al pedido en el sucesorio de inclusión de bienes en la herencia el juez le ordenó correr traslado de esa petición al codemandado, de lo que deduce que la litis en este juicio debía ser integrada también con esa parte en su calidad de heredero forzoso.

S., V. c. Q. S., G. R. s. restitución internacional de niños

CNCiv., sala C, 12/11/25, S., V. c. Q. S., G. R. s. restitución internacional de niños

Restitución internacional de menores. Residencia habitual del menor en Finlandia. Hechos nuevos. Pedido de suspensión de la ejecución de la sentencia de restitución. Guerra entre Rusia y Ucrania. Ingreso de Finlandia a la OTAN. Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores La Haya 1980. Convención sobre los Derechos del Niño. Interés superior del niño. Protocolo de Actuación para el Funcionamiento de los Convenios de Sustracción Internacional de Niños. Guía de Buenas Prácticas. Rechazo de la suspensión.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 18/11/25.

2ª instancia.- Buenos Aires, 12 de noviembre de 2025.-

VISTOS Y CONSIDERANDO: I. Contra la resolución del 15.10.2025, que desestima in limine la medida de no innovar requerida por la parte demandada en fecha 06.10.2025, interpone la nombrada recurso de apelación que funda con el memorial del 20.10.2025, cuyo traslado contesta la parte actora el día 22.10.2025. La Sra. Defensora de Menores de Cámara dictamina el 30.10.2025.

II. Sostiene la recurrente que la resolución del 15.10.2025 resulta arbitraria, violatoria del debido proceso y del interés superior de la niña, al rechazar in limine el tratamiento sustancial de los hechos nuevos denunciados, vulnerando los arts. 18 CN, 8 CADH y 706 CCyC. Cuestiona la omisión judicial de valorar la situación geopolítica de Finlandia, dado por la guerra de Rusia con la que comparten extensa frontera, el riesgo psicosocial y el derecho al retorno seguro previsto en el art. 13 inc. b del Convenio de La Haya. Reprochan que la jueza priorizó el cumplimiento formal de obligaciones internacionales por encima de los tratados de derechos humanos, desconociendo la jerarquía constitucional de estos (art. 75 inc. 22 CN). Denuncia que el fallo contiene afirmaciones “dogmáticas y prejuiciosas”, como señalar que la madre cambió varias veces de patrocinio, calificándolas de discriminatorias. Argumenta que los derechos humanos no cesan tras la sentencia y deben aplicarse también en la etapa de ejecución, que la madre y la niña son ciudadanas argentinas con protección del Estado nacional, y que no se han garantizado condiciones reales para un retorno seguro. Finalmente, argumenta la ausencia de garantías para un retorno seguro, señalando que tanto la madre como la niña son ciudadanas argentinas con derecho a la protección del Estado nacional, que los derechos humanos no cesan tras dictarse la sentencia sino que deben aplicarse también en la etapa de ejecución, y que no se han acreditado condiciones reales y concretas que garanticen un retorno seguro a Finlandia. En consecuencia, solicita que se revoque el fallo apelado y se suspenda la restitución hasta tanto se acredite fehacientemente la seguridad física y emocional de la niña.