Exportadora Buenos Aires c. Holiday Inn's Worldwide Inc. 2 instancia

CNCom., sala C, 23/03/99, Exportadora Buenos Aires S. A. c. Holiday Inn's Worldwide Inc.

Jurisdicción internacional. Contratos internacionales. Incumplimiento. Responsabilidad. Juicio iniciado en Argentina. Excepción de incompetencia. Rechazo. Código Civil: 1215, 1216. Domicilio del demandado. Lugar de cumplimiento. Cualquier lugar de cumplimiento en Argentina.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 28/02/07 y en LL 2000-A, 76.

2º instancia.- Buenos Aires, 23 de marzo de 1999.-

Considerando: 1. Vienen estos autos a conocimiento de esta sala a efectos de que se dicte un nuevo pronunciamiento en la causa en virtud de la resolución dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a fs. 1393/6 en mérito a la cual fue dejada sin efecto la decisión pronunciada por la sala B a fs. 1128/35 en cuanto había confirmado la resolución en la anterior instancia admitiendo la excepción de incompetencia opuesta por la demandada.

2. De acuerdo con el criterio sentado en la "litis" por el más Alto Tribunal de la Nación, "en ausencia de solución convencional específica, cualquier lugar de cumplimiento de las obligaciones contractuales en la República justifica la apertura de la jurisdicción internacional de los jueces argentinos (conf. art. 1215, Cód. Civil)", como consecuencia de lo cual y del llamado principio de pluralidad de foros concurrentes, no mediarían óbices para reconocer competencia a la justicia local para entender en el asunto, teniendo en cuenta cual habría sido, a criterio de la Corte, "el lugar debido de cumplimiento de las obligaciones del mandatario" (v. consids. 5º y 6º de fs. 1393 vta./4).

A partir de este criterio sentado por la Corte Suprema no cabe sino concluir en la procedencia del recurso interpuesto por la actora, por lo que debe revocarse la sentencia apelada en cuanto admitió la excepción de incompetencia, la que debe ser rechazada en todas sus partes. En cuanto a las costas, aspecto sobre el que cuadra también decidir en atención al resultado del recurso (art. 279, Cód. Procesal), parece prudente distribuirlas en el orden causado teniendo en cuenta la complejidad del asunto y las dificultades interpretativas subyacentes en la cuestión resuelta (art. 68, Cód. Procesal). Así se decide.

3. Con respecto al planteo introducido en fs. 1469 y sigtes., no corresponde que esta sala se expida sobre el particular en esta instancia del procedimiento no sólo por las limitaciones cognoscitivas propias del juzgamiento de Alzada en el recurso de apelación (arg. art. 277, Cód. Procesal), sino incluso por las inherentes a los contornos de la delegación de competencia efectuada en el caso por la Corte Suprema de Justicia de la Nación de acuerdo con los explícitos términos que fluyen de fs. 1394, párrafo tercero.

Decídese por ello la agregación de la pieza para su oportuna sustanciación y consideración por parte de quien corresponda.

4. Notifíquese a las partes por Ujiería, y devuélvase a la sala B a sus efectos. H. M. Di Tella. B. B. Caviglione Fraga. J. L. Monti.

Holiday Inn’s Inc. c. Exportadora Buenos Aires 2

CSJN, 05/04/05, Holiday Inn’s Inc. c. EBASA Exportadora Buenos Aires S.A.

Reconocimiento de sentencias. Juicio tramitado en EUA en rebeldía. Reconocimiento de la sentencia en Argentina. Juicio sobre el mismo objeto en trámite en Argentina. Sentencia de la CSJN que declara la competencia de los tribunales argentinos. Nulidad del reconocimiento de la sentencia extranjera. Rechazo. Inexistencia de jurisdicción argentina exclusiva.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 27/02/07, en Fallos 328:742, en LL 12/09/05, 6 y en DJ 31/08/05, 1300.

Buenos Aires, 5 de abril de 2005.-

Considerando: 1°) Que la sala B de la Cámara Comercial, al confirmar la sentencia de primera instancia rechazó el planteo de nulidad articulado contra la decisión que había admitido el exequátur de una sentencia extranjera dictada en los Estados Unidos de Norteamérica.

2°) Que para así decir, el a quo juzgó que el planteo de nulidad fue introducido en forma extemporánea a la causa y que tampoco correspondía admitirlo como acción autónoma. Añadió que la posibilidad de impugnar una sentencia con autoridad de cosa juzgada era excepcional y que ello requería la existencia de un vicio, que no fuera formal, sino un defecto de naturaleza sustancial, que no halló configurado. Asimismo estimó inadecuada la vía incidental escogida y destacó que la sentencia de exequátur se hallaba firme y no se encontraba sujeta a condición alguna. Por último, señaló que la sentencia dictada por esta Corte en Fallos: 321:2894 –que admitió la competencia de los jueces argentinos- no provocaba la nulidad de la sentencia de exequatur obtenida en un proceso que no fue cuestionado oportunamente por la recurrente.

3°) Que contra esa decisión Exportadora Buenos Aires S.A. interpuso el recurso extraordinario de fs. 2214/2222, que fue concedido por la cámara en cuanto los agravios concernían al reproche del desconocimiento de pautas establecidas por esta Corte al admitir el recurso que dio lugar al caso de Fallos: 321:2894 y lo denegó en cuanto a la arbitrariedad.

4°) Que la recurrente alega que al admitirse la validez de una sentencia dictada en ajena jurisdicción, el a quo ha desconocido el fallo de este Tribunal que admitió la competencia de los jueces argentinos. Razona que si se pudo dictar el exequátur, fue porque la queja entonces pendiente carecía de efectos suspensivos del trámite del juicio. Pero, admitida dicha queja por este Tribunal, esa admisión aparejó la invalidez de todas las consecuencias del acto revocado, entre las que se encuentra –a su entender- el aludido exequátur. Asimismo, se agravia de la omisión de vista al fiscal para resolver la cuestión planteada, de conformidad con lo dispuesto en el art. 25, incs. b) y j) de la Ley del Ministerio Público.

5°) Que, con arreglo a lo previsto en el art. 14 de la ley 48, siempre que esté en tela de juicio la inteligencia de pronunciamientos del Tribunal en los que el recurrente funde el derecho que estima asistirle, se configura una hipótesis que hace formalmente viable el recurso extraordinario (Fallos: 189:205; 233:32; 245:533; 253:118; 298:584; 310:746; 1129, 1769, 2100, y 2184; 325:3389 entre muchos otros). La procedencia sustancial del recurso en tales supuestos está sujeta a que el fallo impugnado debe consagrar un inequívoco apartamiento de lo dispuesto por el Tribunal en la causa, y desconocer, en lo esencial, aquella decisión (Fallos: 306:1698; 307:483 y 2124; 308:215 y 1104; 310:746; 321:2114 entre muchos otros).

6°) Que para una mayor claridad expositiva cabe aclarar que Exportadora Buenos Aires S.A. promovió demanda contra Holiday Inns por incumplimiento contractual. El juicio tramita ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 11. La demandada opuso excepción de incompetencia de jurisdicción, que fue admitida en ambas instancias. Para ello se sostuvo que aun cuando se invocaba una relación contractual compleja, el incumplimiento en el cual la actora había sustentado su pretensión se vinculaba exclusivamente a obligaciones que debían verificarse en Estados Unidos.

Contra esa decisión la actora interpuso recurso extraordinario. Este Tribunal, con fecha 20 de octubre de 1998, hizo lugar a la queja y dejó sin efecto la sentencia apelada por considerar que los arts. 1215 y 1216 del Código Civil habilitaban la jurisdicción argentina cuando el domicilio o residencia del deudor estuviera aquí situado o el contrato de que se tratara debiera ser cumplido en la República, aclarando expresamente que "… como regla general, cuando se trata de normas de jurisdicción internacional en materia contractual, esa voluntad consiste en dar certeza a una pluralidad de foros concurrentes, a fin de asegurar el derecho de las partes a acceder a la justicia" (Fallos: 321:2894).

7°) Que en el presente recurso se cuestiona la compatibilidad entre ese fallo que confirmó la competencia de los jueces argentinos en aquella causa y lo decidido por el juez de primera instancia en este expediente que admitió el exequátur, decisión que el a quo confirmó.

8°) Que en cuanto a la procedencia formal del recurso, la posible contradicción entre ese fallo de la Corte y lo decidido por el a quo en este expediente en modo alguno suscita una cuestión federal que permita la apertura del recurso extraordinario. Ello es así pues el fallo de esta Corte no fue dictado en la misma causa sino en otro expediente, que si bien conexo, no es la misma causa como exige la jurisprudencia del Tribunal (Fallos: 189:205; 244:258; 253:118; 297: 149; 298:584; 306:1452; 307:1745 y 2124; 308:1575 y 2561; 311:1333; 316:35, 180 y 2525; 317:95, 142 y 1038; 318:1865; 319:1651; 320:425 y 650; 321:1638, 2114 y 2823; 323:3068; 324:3322 y 3411 y 325:3389).

9°) Que lo expuesto alcanzaría para rechazar los recursos interpuestos. Pero a ello cabe agregar algunas consideraciones más. La demanda de exequátur fue debidamente notificada a la recurrente en su domicilio social inscripto (fs. 2014 y 2047), el que tiene la eficacia que le asigna el art. 11 inc. 2 de la ley 19.550 (arg. Fallos: 323:3905 y 326: 304). Este aspecto fue así decidido y ha quedado firme pues la recurrente no mantuvo el cuestionamiento contra la decisión de fs. 2078 (ver planteo inicial a fs. 2050 y el recurso de fs. 2214/2223). La concesión del exequátur se notificó a EBASA en marzo del 1998 (fs. 2018), y la nulidad en cuestión fue planteada más de un año después, en mayo del año siguiente (ver cargo a fs. 2057 vta.). En ese marco, la nulidad articulada resulta claramente extemporánea.

10) Que no obsta a esta conclusión la circunstancia –como señala el dictamen del Procurador General de la Nación- que "en el caso no se ha impugnado la validez del trámite procesal cumplido, sino con base en argumentos de fondo", pues tal temperamento no puede servir de vía para retrotraer el juicio a etapas en las que la nulidicente pudo participar.

11) Que, por otra parte, el fallo impugnado no consagra un inequívoco apartamiento de lo dispuesto por este Tribunal en su fallo anterior, ni se desconoce, en lo esencial, aquella decisión.

En dicho precedente, este Tribunal estableció que, a falta de convención, pueden existir foros concurrentes, entre los que, en el caso, se encontraba el de los jueces argentinos. Pero ello no importó –sino todo lo contrario- exclusión de otros. En efecto, al expedirse en esa oportunidad el Tribunal señaló que la cuestión debía dirimirse sobre la base de normas de jurisdicción internacional en materia contractual de fuente interna, a saber, los arts. 1215 y 1216 del Código Civil, que abren la jurisdicción de los jueces argentinos cuando el domicilio o residencia del deudor estuviere en la República Argentina, o, concurrentemente, cuando el contrato de que se trate deba tener su cumplimiento en ella. Agregó la Corte en ese pronunciamiento que se justificaba en el caso la apertura de la jurisdicción internacional de los jueces argentinos a fin de dar certeza a una pluralidad de foros concurrentes y asegurar, de ese modo, el derecho de las partes a acceder a la justicia en ausencia de una solución convencional específica. La solución se fundó en el art. 1215 del Código Civil habida cuenta del lugar debido de cumplimiento de obligaciones del mandatario (Fallos: 321: 2894, considerando 4°).

12) Que es entonces diáfano que esta Corte no declaró la jurisdicción exclusiva de los jueces argentinos. En tales condiciones, ese pronunciamiento no obsta a la ejecutoriedad de la sentencia extranjera, máxime cuando no se alega ni se prueba la violación de las reglas contenidas en los arts. 517 y 518 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Ello es así, por cuanto los agravios enderezados a sustentar la procedencia de la pretensión de nulidad de la sentencia que hizo lugar al exequátur se apoyan, exclusivamente, en los efectos del equívoco alcance que la apelante atribuye al anterior pronunciamiento de este Tribunal (Fallos: 325:840, disidencia del juez Antonio Boggiano).

13) Que por otra parte, la recurrente no justifica que la omisión de vista al fiscal haya producido un menoscabo a su derecho de defensa. Sobre el particular, cabe poner de relieve que uno de los principios sustanciales en la materia sub examine es el de transcendencia, que se concreta en la antiquísima regla "pas de nullité sans grief", consagrado por el art. 172 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (Fallos: 310:1880; 312:2217; 318:1798; 323:3319 y 325:840, disidencia del juez Antonio Boggiano).

Por ello, habiendo dictaminado el Procurador General, se declaran inadmisibles el recurso extraordinario y la queja, con costas (art. 68, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).- E. S. Petracchi (en disidencia). A. C. Belluscio (en disidencia). C. S. Fayt (según su voto). J. C. Maqueda (en disidencia). E. R. Zaffaroni. E. I. Highton de Nolasco. R. L. Lorenzetti. C. M. Argibay (según su voto).

Voto del Dr. Fayt

Considerando: 1°) Que contra la sentencia de la sala B de la Cámara Comercial que al confirmar la sentencia de primera instancia, rechazó el planteo de nulidad articulado contra la decisión que había admitido el exequátur de la sentencia dictada en los Estados Unidos de Norteamérica, Exportadora Buenos Aires S.A. interpuso el recurso extraordinario de fs. 2214/2222, que fue concedido por la Cámara en cuanto los agravios concernían al reproche del desconocimiento de pautas establecidas por esta Corte al admitir el recurso que dio lugar al caso de Fallos: 321:2894 y denegado en cuanto a la arbitrariedad, lo que dio lugar a la interposición de la queja H.94.XXXVI agregada por cuerda.

2°) Que para así decir, el a quo juzgó que el planteo de nulidad fue introducido en la causa extemporáneamente sin que, por otra parte, correspondiera admitirlo como acción autónoma. Añadió que la posibilidad de impugnar una sentencia con autoridad de cosa juzgada era excepcional y que ello requería la existencia de un vicio no meramente formal, sino un defecto de naturaleza sustancial, que no halló configurado. Asimismo estimó inadecuada la vía incidental escogida y destacó que la sentencia de exequátur se hallaba firme y no se encontraba sujeta a condición alguna. Por último, señaló que la sentencia dictada por esta Corte en Fallos: 321:2894 -que admitió la competencia de los jueces argentinos- no provocaba la nulidad de la sentencia de exequátur obtenida en un proceso que no fue cuestionado oportunamente por la recurrente.

3°) Que, con arreglo a lo previsto en el art. 14 de la ley 48, siempre que esté en tela de juicio la inteligencia de pronunciamientos del Tribunal en los que el recurrente funde el derecho que estima asistirle, se configura una hipótesis que hace formalmente viable el recurso extraordinario (Fallos: 189:205; 233:32; 245:533; 253:118; 298:584; 310:746, 1129, 1769, 2100 y 2184; 325:3389, entre muchos otros). La procedencia sustancial del recurso en tales supuestos está sujeta a que el fallo impugnado debe consagrar un inequívoco apartamiento de lo dispuesto por el Tribunal en la causa y desconocer, en lo esencial, aquella decisión (Fallos: 306:1698; 307:483, y 2124; 308:215 y 1104; 310:746; 321:2114, entre muchos otros).

4°) Que la posible contradicción entre el fallo de la Corte y el recurrido por vía del recurso extraordinario requiere, no obstante, que en ambos hayan sido dictados en la misma causa (Fallos: 189:205; 244:258; 253:118; 297:149; 298: 584; 306:1452; 307:1745 y 2124; 308:1575 y 2561; 311:1333; 316:35, 180 y 2525; 317:95, 142 y 1038; 318:1865; 319:1651; 320:425 y 650; 321:1638, 2114 y 2823; 323:3068; 324:3322 y 3411 y 325:3389), circunstancia que en la especie no se configura.

5°) Que, en efecto, Exportadora Buenos Aires S.A. promovió -por ante la justicia nacional en lo comercial- demanda contra Holiday Inns Inc. por incumplimiento contractual. La demandada opuso excepción de incompetencia de jurisdicción, que fue admitida en ambas instancias.

Contra esa decisión la allí actora interpuso recurso extraordinario. Este Tribunal, con fecha 20 de octubre de 1998, hizo lugar a la queja y dejó sin efecto la sentencia apelada por considerar que los arts. 1215 y 1216 del Código Civil habilitaban la jurisdicción argentina cuando el domicilio o residencia del deudor estuviera aquí situado o el contrato de que se tratara debiera ser cumplido en la República, aclarando expresamente que "… como regla general, cuando se trata de normas de jurisdicción internacional en materia contractual, esa voluntad consiste en dar certeza a una pluralidad de foros concurrentes, a fin de asegurar el derecho de las partes a acceder a la justicia" (Fallos: 321:2894).

6°) Que en el presente recurso se cuestiona la compatibilidad entre ese fallo que confirmó la competencia de los jueces argentinos en aquella causa y la decisión que al rechazar la nulidad de la sentencia que admitió el exequátur, referido en el consid.o 2° de la presente. Por tanto, no se cumple el requisito aludido en el considerando cuarto de la presente.

7°) Que, por otra parte, el fallo impugnado no consagra un inequívoco apartamiento de lo dispuesto por este Tribunal en su fallo anterior, ni se desconoce, en lo esencial, aquella decisión.

La decisión anterior de esta Corte estableció que, a falta de convención, pueden existir foros concurrentes, entre los que en el caso, se encontraba el de los jueces argentinos. Pero ello no importó -sino todo lo contrario- exclusión de otros. En efecto, al expedirse en esa oportunidad el Tribunal señaló que la cuestión debía dirimirse sobre la base de normas de jurisdicción internacional en materia contractual de fuente interna, a saber, los arts. 1215 y 1216 del Código Civil, que abren la jurisdicción de los jueces argentinos cuando el domicilio o residencia del deudor estuviere en la República Argentina, o, concurrentemente, cuando el contrato de que se trate deba tener su cumplimiento en ella. Agregó la Corte en ese pronunciamiento que se justificaba en el caso de la apertura de la jurisdicción internacional de los jueces argentinos a fin de dar certeza a una pluralidad de foros concurrentes y asegurar, de ese modo, el derecho de las partes a acceder a la justicia en ausencia de una solución convencional específica. La solución se fundó en el art. 1215 del Código Civil habida cuenta del lugar debido de cumplimiento de obligaciones del mandatorio (Fallos: 321: 2894, consid. 4°).

8°) Que en tales condiciones, no existe inequívoco apartamiento en la decisión en esta Corte en la medida en que ese pronunciamiento -que no declaró la jurisdicción exclusiva de los jueces argentinos- no obsta a la ejecutoriedad de la sentencia extranjera.

Por ello, habiendo dictaminado el Procurador General, se declara inadmisible el recurso extraordinario con costas (art. 68, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) y se desestima la queja.- C. S. Fayt.

Voto de la Dra. Argibay

1°) Exportadora Buenos Aires S.A. promovió -ante la justicia nacional en lo comercial- demanda contra Holiday Inns Inc. por incumplimiento contractual. La demandada opuso la excepción de incompetencia de jurisdicción, que fue admitida en ambas instancias.

Contra esa decisión, la allí actora interpuso recurso extraordinario. Este Tribunal, con fecha 20 de octubre de 1998, hizo lugar a la queja y dejó sin efecto la sentencia apelada. Consideró que los artículos 1215 y 1216 del Código Civil habilitaban la jurisdicción argentina cuando el domicilio o residencia del deudor estuviera aquí situado o el contrato de que se tratara debiera ser cumplido en la República, aclaró expresamente que "… como regla general, cuando se trata de normas de jurisdicción internacional en materia contractual, esa voluntad consiste en dar certeza a una pluralidad de foros concurrentes, a fin de asegurar el derecho de las partes a acceder a la justicia" (Fallos: 321:2894).

2°) Mientras se encontraba a resolución la queja que dio lugar a la decisión reseñada en el considerando anterior, Holiday Inns promovió en diciembre de 1996 ante el Jugado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial n° 3 la ejecución de una sentencia dictada por un tribunal de los Estados Unidos que había condenado a Exportadora Buenos Aires S.A. Inicialmente, el juez de primera instancia suspendió el trámite del proceso (fs. 1969/1971) mientras estuviera pendiente la queja promovida ante esta Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Cámara Comercial revocó esa decisión (fs. 1999). Por remisión a los fundamentos del fiscal, entendió que "la pendencia de la queja no obsta al conocimiento de la admisibilidad del exequátur, porque dicho recurso carece de efectos suspensivos", y que "mientras el Supremo Tribunal no haga lugar a la queja no se suspende el procedimiento (art. 285, C. Proc)". El juez de primera instancia dictó sentencia e hizo lugar al exequátur (fs. 2010/2013). Tras obtener el aludido exequátur, Holiday Inns lo invocó en sustento de la excepción de cosa juzgada que opuso en el juicio que le había iniciado Exportadora Buenos Aires S.A. ante la justicia comercial argentina.

3°) Llegados a este punto, EBASA S.A. promovió una acción autónoma de nulidad contra la sentencia que había hecho lugar al exequátur (fs. 2050/7). Sostuvo que la decisión de Fallos: 321:2894 dejaba sin sustento la decisión judicial que había admitido el exequatur.

La sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, al confirmar la decisión de primera instancia, rechazó el planteo de nulidad. Sustancialmente señaló que el pronunciamiento dictado por esta Corte en Fallos: 321:2894 -que admitió la competencia de los jueces argentinos- no provocaba la nulidad del exequátur obtenido en un proceso que no fue cuestionado oportunamente por la recurrente.

4°) Contra esta decisión, Exportadora Buenos Aires S.A. interpuso el recurso extraordinario de fs. 2214/2222 que fue concedido en cuanto los agravios concernían al desconocimiento de las pautas establecidas por esta Corte en Fallos: 321:2894 y denegado en cuanto a la arbitrariedad. Ello dio lugar a la interposición de la queja H.94.XXXVI, que corre agregada por cuerda.

5°) En el remedio federal la recurrente sostiene que el tribunal de alzada ha desconocido el fallo de esta Corte que admitiera la competencia de los jueces argentinos al declarar la validez de una sentencia dictada en ajena jurisdicción. Considera que el exequátur se pudo dictar porque la queja, entonces pendiente, carecía de efectos suspensivos. Pero sostiene que la admisión posterior de la queja trajo aparejada la invalidez de todos los actos dictados en consecuencia, entre los que se encuentra, a su juicio, el aludido exequatur.

6°) La procedencia sustancial de este recurso, en tanto se alega desconocimiento de lo decidido por este Tribunal en un anterior pronunciamiento, está sujeta a que el fallo que se impugna consagre un inequívoco apartamiento de lo dispuesto en ese fallo y que, en lo esencial, desconozca aquella decisión (Fallos: 306:1698; 307:483 y 2121; 308:215 y 1104: 310:746; 321:2114, entre muchos otros). Además se exige que ambos fallos hayan sido dictados en la misma causa (Fallos: 189:205; 244:258; 253:118; 297:149; 298:584; 306:1452; 307:1745 y 2124; 308:1575 y 2561; 311:1333; 316:35, 180 y 2525; 317:95, 142 y 1038; 318:1865; 319:1651; 320:425 y 650; 321:1638, 2114 y 2823; 323:1068; 324:3322 y 3411 y 325: 3389). Ninguna de estas circunstancias se configuran en este caso.

7°) Como se observa, la única cuestión federal traída a conocimiento de este Tribunal es la compatibilidad entre la decisión de Fallos: 321:2894 que confirmó la competencia de los jueces argentinos en la demanda entablada por Ebasa S.A. contra Holiday Inns Inc. por incumplimiento contractual y, la decisión del tribunal de alzada que, en otro proceso, rechazó la nulidad de la sentencia que admitió el exequátur descrito en el considerando 3°. Es decir, no se cumple con el requisito señalado de que las dos decisiones tienen que haber sido dictadas en la misma causa.

Tampoco el fallo impugnado consagra un inequívoco apartamiento de lo dispuesto por este Tribunal en su fallo anterior, ni desconoce, en lo esencial, aquella decisión. En efecto, allí la Corte otorgó jurisdicción a los jueces argentinos sobre la base de la existencia, a falta de una convención específica, de foros concurrentes. Ello no importó la exclusión de otros. Señaló que la cuestión debía dirimirse sobre la base de normas de jurisdicción internacional en materia contractual de fuente interna, a saber, los artículos 1215 y 1216 del Código Civil, que abren la jurisdicción de los jueces argentinos cuando el domicilio o residencia del deudor estuviere en la República Argentina, o, concurrentemente, cuando el contrato de que se trate deba tener su cumplimiento en ella. Sostuvo que se justificaba en el caso la apertura de la jurisdicción internacional de los jueces argentinos a fin de dar certeza a una pluralidad de foros concurrentes y asegurar, de ese modo, el derecho de las partes a acceder a la justicia en ausencia de una solución convencional específica. La solución se fundó en el art. 1215 del Código Civil en función del lugar debido de cumplimiento de las obligaciones del mandatario (Fallos: 321:2894, considerando 4°).

No existe, entonces, un inequívoco apartamiento de la decisión adoptada por esta Corte en la medida en que ese pronunciamiento, al no declarar la jurisdicción exclusiva de los jueces argentinos, no obsta a la ejecutoriedad de la sentencia extranjera.

Por ello, habiendo dictaminado el Procurador General, voto por declarar inadmisible el recurso extraordinario con costas (art. 68, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) y desestimar la queja.- C. M. Argibay.

Disidencia de los doctores Petracchi, Belluscio y Maqueda

Considerando: Que esta Corte comparte y hace suyos los fundamentos expuestos por el Procurador General de la Nación en el dictamen que antecede, a cuyas consideraciones corresponde remitir en razón de brevedad.

Por ello, se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada. Con costas (art. 68, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).- E. S. Petracchi. A. C. Belluscio. J. C. Maqueda.

Holiday Inns Inc. c. Exportadora Buenos Aires 1

CSJN, 30/04/02, Holiday Inns Inc. c. Exportadora Buenos Aires S.A. (EBASA) s. ejecutivo.

Reconocimiento de sentencias. Juicio tramitado en EUA en rebeldía. Reconocimiento de la sentencia en Argentina. Juicio sobre el mismo objeto en trámite en Argentina. Sentencia de la CSJN que declara la competencia de los tribunales argentinos. Nulidad del reconocimiento de la sentencia extranjera. Diferimiento de la solución. Disidencia: inexistencia de jurisdicción exclusiva.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 26/02/07 y en Fallos 325:840.

Dictamen del Procurador General de la Nación

I- Exportadora Buenos Aires S.A. (EBASA) entabló un juicio ordinario ante los tribunales argentinos reclamando a Holliday Inns Inc. el resarcimiento de los daños y perjuicios causados por la ruptura de tratativas contractuales, que se encuentra en trámite ante el Juzgado Comercial nº 11 de esta Ciudad. El 8 de septiembre de 1995 el juez de primera instancia se declaró incompetente y dicho pronunciamiento fue confirmado por la Cámara. EBASA dedujo un recurso de queja por denegación del extraordinario, para que la Corte revise ese pronunciamiento.

Encontrándose pendiente la queja, el 27 de diciembre de 1996, Holliday Inns inc. promovió este juicio de exequátur a fin de obtener la ejecutoriedad de una sentencia dictada en el Estado de California, Estados Unidos, en la cual se resolvió que EBASA no tiene derecho a percibir ningún resarcimiento de la actora con relación al mismo negocio que es objeto del mencionado juicio ordinario y que debe abstenerse de invocar la calidad de agente o representante de Holiday Inns Inc. Esa causa tramitó en rebeldía, aunque EBASA había sido notificada por exhorto diplomático en su domicilio social inscripto, donde no se halló un representante. La interesada planteó la nulidad de esa notificación, la cual fue desestimada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial que juzgó válida la diligencia. Finalmente, se dictó sentencia haciendo lugar al exequátur el 4 de marzo de 1998.

El 20 de octubre de 1998 la Corte hizo lugar a la queja interpuesta por EBASA y revocó el fallo apelado. Juzgó entonces, que ante la ausencia de un tratado específico entre los respectivos Estados resultaban aplicables las normas de jurisdicción internacional en materia contractual de fuente interna –los arts. 1215 y 1216 del Código Civil- que habilitan la jurisdicción de los jueces argentinos cuando el domicilio o residencia del deudor estuviere en la República Argentina o, concurrentemente, cuando el contrato de que se trate deba tener su cumplimiento en ella. Dijo V.E. que “Como regla general, cuando se trata de normas de jurisdicción internacional en materia contractual, esa voluntad consiste en dar certeza a una pluralidad de foros concurrentes, a fin de asegurar el derecho de las partes a acceder a la justicia. Por ello, en ausencia de solución convencional específica, cualquier lugar de cumplimiento de las obligaciones contractuales en la República justifica la apertura de jurisdicción internacional de los jueces argentinos (conf. art. 1215 del Código Civil)”. Concluyó que esa interpretación guardaba relación directa con el caso, por cuanto el lugar de cumplimiento de las obligaciones del mandatario se hallaba en este país.

II- Devuelto el expediente a primera instancia se corrió traslado de la demanda ordinaria y Holiday Inns Inc. opuso excepción de cosa juzgada invocando la sentencia extranjera reconocida en este exequátur, que había declarado que EBASA no tenía derecho a percibir suma alguna. Este planteo se encuentra pendiente de resolución.

Ante esa situación procesal, EBASA promovió en estos autos una acción autónoma de nulidad contra la sentencia que hizo lugar al exequátur (fs. 2050/7). Dijo que mientras tramitaba el mencionado recurso de queja ante la Corte –por la declaración de incompetencia del juez argentino dictada tres años atrás- Hollyday Inns Inc. promovió este juicio y obtuvo el reconocimiento del fallo recaído en el extranjero. EBASA sostuvo que la decisión dictada por V.E. en el mencionado recurso desvirtuó la condición sobre cuya base se había hecho lugar al exequátur, ya que el juez había considerado que no podía haber jurisdicciones concurrentes.

El magistrado rechazó el planteo de nulidad por extemporáneo (fs. 2078/79) y luego aclaró que su sentencia no estaba sujeta a condición (fs. 2084/85). EBASA apeló el fallo y así arribamos a la decisión de la Cámara Comercial que viene recurrida en autos (fs. 2203/05).

La Sala mantuvo el criterio de que la nulidad fue tardía, desde una perspectiva procesal, y juzgó que tampoco procedía admitirla como acción autónoma. Dijo que la posibilidad de impugnar una sentencia con autoridad de cosa juzgada era excepcional y que ello requería la existencia de un vicio, que no fuera formal, sino un defecto de naturaleza sustancial, que no halló configurado. Estimó inadecuada la vía incidental escogida y destacó que –de todos modos- la sentencia de exequátur se hallaba firme y no se encontraba sujeta a condición alguna. Por último, señaló que la sentencia de la Corte que admitió la competencia nacional, no provocaba la nulidad de la sentencia de exequátur obtenida en un proceso que no fue cuestionado oportunamente por la recurrente.

Contra esa decisión EBASA interpuso recurso extraordinario (fs. 2214/2222), que fue concedido por la Cámara en cuanto los agravios concernían al reproche de desconocimiento de las pautas establecidas por la Corte al admitir el recurso de queja en el juicio ordinario. En cambio, rechazó el planteo de arbitrariedad de la sentencia (fs. 2268).

III- A mi modo de ver, nos hallamos ante una sentencia que tiene carácter definitivo, porque la decisión que rechaza la acción de nulidad autónoma del exequátur le impide al interesado objetar la ejecutoriedad del fallo con posterioridad.

Además, el recurso es admisible porque se encuentra en tela de juicio la inteligencia de un pronunciamiento de la Corte dictado con relación a la situación jurídica ventilada en esta causa, en cuyo mérito el recurrente funda el derecho que estima asistirle (Fallos 253:118; 298:548; 317:201). La admisibilidad sustancial de dicho recurso está condicionada, como también se ha puntualizado, a que la resolución que se impugna consagre un inequívoco apartamiento de lo dispuesto por la Corte (Fallos 311:1334).

En primer lugar, señalo que los reparos de los jueces sobre la extemporaneidad del planteo de nulidad deben descartarse, por cuanto en el caso no se ha impugnado la validez del trámite procesal cumplido, sino con base en argumentos de fondo.

El rechazo de esa impugnación con la extensión dispuesta en el fallo apelado suscita, en mi parecer, la contradicción invocada con relación a lo decidido por la Corte en el mencionado recurso de queja en el cual se pronunció a favor de la competencia concurrente de los jueces argentinos para conocer en la controversia de las partes sobre el mismo objeto de este proceso. Toda vez que entonces dijo que correspondía dar certeza a una pluralidad de foros concurrentes, entiendo que una interpretación razonada del fallo permite concluir que la sentencia de exequátur no obsta a la tramitación del juicio ordinario hasta la sentencia y que recién en esa oportunidad habrá de examinarse la validez o la prevalencia de los respectivos pronunciamientos, si fueran discordantes.

Por ende, considero que ha sido prematuro en este estado de las actuaciones resolver sobre la nulidad del exequátur que se ha planteado en este incidente. Consecuentemente, opino que V.E. debe hacer lugar al recurso extraordinario y revocar la sentencia apelada con los alcances expuestos.

IV- Con respecto al recurso de queja que ha sido remitido juntamente con estas actuaciones, cabe señalar que asiste razón a la recurrente cuando manifiesta que al interponer el recurso extraordinario no invocó la doctrina de la Corte sobre sentencias arbitrarias, en razón de que sus objeciones al razonamiento seguido por los jueces de la causa eran inescindibles de la cuestión federal planteada sobre el desconocimiento de un fallo anterior de la Corte, que habilitó esta instancia.

En esas condiciones y toda vez que la totalidad de sus agravios fueron examinados en oportunidad de tratar el recurso concedido en el expediente principal, considero que pronunciarse en la queja es insustancial.- Buenos Aires, 15 de mayo de 2001.- N. E. Becerra.

Buenos Aires, 30 de abril de 2002.

Autos y Vistos; Considerando: 1) Que a fs. 2287/2288 se presentó Bass Hotels & Resorts Inc. a fin de obtener, en su calidad de cesionaria de todos los derechos y obligaciones de la actora en este juicio, la sustitución procesal que allí pidió en los términos del art. 44 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

2) Que sustanciada la petición, la demandada planteó la nulidad de lo actuado por los letrados de Holiday Inns Inc. a partir del 27 de abril de 1997.

3) Que, en tales condiciones, la situación es similar a la planteada en Fallos: 313:1035, por lo que corresponde ordenar la remisión del expediente para que el planteo sea resuelto por los tribunales de la causa, toda vez que, aun cuando fue deducido en esta instancia, involucra lo actuado en las etapas anteriores.

Por ello, y sin abrir juicio sobre la admisibilidad del recurso, corresponde devolver el expediente principal al tribunal de origen a fin de que, por medio de quien corresponda, se pronuncie sobre la nulidad deducida a fs. 2396/2400. Resérvese la queja en Mesa de Entradas. Notifíquese.- J. S. Nazareno. E. Moliné O'Connor. C. S. Fayt (en disidencia). A. C. Belluscio. A. Boggiano (en disidencia). G. A. F. López. G. A. Bossert.

Disidencia del Dr. Fayt

Considerando: Que el infrascripto coincide con los considerandos 1 y 2 del voto de la mayoría.

3) Que dicho planteo –que data del 11 de junio de 2001- es manifiestamente extemporáneo, pues fue articulado fuera del plazo previsto por el art. 170 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

4) Que ello es así, habida cuenta de que de las constancias de la causa surge que la nulidicente tomó conocimiento del vicio el 16 de agosto de 2000, cuando planteó un incidente con idénticos fundamentos que fue objeto de rechazo en las instancias ordinarias (fs. 2523/2529, 2568/2569).

Por ello, se rechaza in limine el pedido de nulidad (art. 173 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Sigan los autos según su estado. Notifíquese.- C. S. Fayt.

Disidencia del Dr. Boggiano

Considerando: 1) Que los antecedentes de la causa, los fundamentos de la sentencia apelada, los planteos de las partes y lo atinente a la admisibilidad formal y sustancial del recurso extraordinario han sido objeto de adecuada reseña en el dictamen del señor Procurador General a cuyos términos cabe remitir en razón de brevedad.

2) Que a fs. 2287/2288 se presentó Bass Hotels & Resorts Inc. a fin de obtener, en su calidad de cesionaria de todos los derechos y obligaciones de la actora en este juicio, la sustitución procesal que allí pidió en los términos del art. 44 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

3) Que sustanciada la petición, la demandada planteó la nulidad de lo actuado por los letrados de Holiday Inns Inc. a partir del 27 de abril de 1997.

4) Que el cumplimiento de un adecuado servicio de justicia impone a esta Corte atender razones de economía procesal para evitar el dispendio jurisdiccional que importaría remitir la causa para que el planteo –que data del 11 de junio de 2001- sea resuelto por los jueces de la causa, habida cuenta de su manifiesta extemporaneidad (art. 170 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Ello es así, toda vez que de las constancias de autos surge que la nulidicente tomó conocimiento del vicio el 16 de agosto de 2000, cuando promovió un incidente con idénticos fundamentos que fue objeto de rechazo en las instancias ordinarias (fs. 2523/2529, 2568/2569). Por ello, cabe rechazar in limine el pedido de nulidad (art. 173 del código citado).

5) Que, atento a que en la presentación directa la recurrente efectúa expresa remisión a los agravios contenidos en el recurso extraordinario resulta apropiado que el Tribunal, en este pronunciamiento, trate conjuntamente ambos recursos (Fallos: 315:449).

6) Que no se advierte que la sentencia apelada consagre un inequívoco apartamiento de lo dispuesto por la Corte en su anterior decisión.

En efecto, al expedirse en esa oportunidad el Tribunal señaló que la cuestión debía dirimirse sobre la base de normas de jurisdicción internacional en materia contractual de fuente interna, a saber, los arts. 1215 y 1216 del Código Civil, que abren la jurisdicción de los jueces argentinos cuando el domicilio o residencia del deudor estuviere en la República Argentina, o, concurrentemente, cuando el contrato de que se trate deba tener su cumplimiento en ella.

7) Que, además, agregó esta Corte que se justificaba en el caso la apertura de la jurisdicción internacional de los jueces argentinos a fin de dar certeza a una pluralidad de foros concurrentes y asegurar, de ese modo, el derecho de las partes a acceder a la justicia en ausencia de una solución convencional específica. La solución se fundó en el art. 1215 del Código Civil habida cuenta del lugar debido de cumplimiento de las obligaciones del mandatario.

8) Que es entonces diáfano que la Corte no declaró la jurisdicción exclusiva de los jueces argentinos. En tales condiciones, ese pronunciamiento no obsta a la ejecutoriedad de la sentencia extranjera, máxime cuando no se alega ni prueba la violación de las reglas contenidas en los arts. 517 y 518 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Ello es así, por cuanto los agravios enderezados a sustentar la procedencia de la pretensión de nulidad de la sentencia que hizo lugar al exequatur se apoyan, exclusivamente, en los efectos del equívoco alcance que la apelante atribuye al anterior pronunciamiento de este Tribunal.

9) Que la recurrente no justifica que la omisión de vista al fiscal haya producido un menoscabo a su derecho de defensa. Sobre el particular, cabe poner de relieve que uno de los principios sustanciales en la materia sub examine es el de trascendencia, que se concreta en la antiquísima regla pas de nullité sans grief, consagrado por el art. 172 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Por ello, habiendo dictaminado el señor Procurador General, se hace lugar a la queja, se declara formalmente procedente el recurso extraordinario y se confirma la sentencia apelada. Con costas. Agréguese la queja al principal y reintégrese el depósito. Notifíquese y remítase.- A. Boggiano.

Exportadora Buenos Aires c. Holiday Inn's. CSJN

CSJN, 20/10/98, Exportadora Buenos Aires S. A. c. Holiday Inn's Worldwide Inc.

Jurisdicción internacional. Contratos internacionales. Incumplimiento. Responsabilidad. Juicio iniciado en Argentina. Excepción de incompetencia. Rechazo. Código Civil: 1215, 1216. Domicilio del demandado. Lugar de cumplimiento. Cualquier lugar de cumplimiento en Argentina.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 25/02/07, en Fallos 321:2894, en LL 2000-A, 404, con nota de C. D. Iud, en DJ 2000-1, 849 y en ED 186, 290.

Dictamen del Procurador General de la Nación

1. E.B.A.S.A. –Exportadora Buenos Aires, Sociedad Anónima Comercial, Financiera, Industrial y Agropecuaria- interpuso demanda por daños contra Holiday Inn"s Worldwide reclamando el cobro de perjuicios y gastos devengados a raíz del incumplimiento contractual de la demandada. Fundó su reclamo en su carácter de ex-representante de la cadena de Hoteles Holiday Inn empresa interesada en "sponsorizar" a la selección de fútbol de Argentina en el Mundial celebrada en EE. UU. en el año 1994. Indicó que, a dichos fines, se iniciaron una serie de tratativas entre el director de "Holiday Inn Convention Center La California" y representante de dicha cadena hotelera y la empresa actora, de resultas de las cuales la demandante obtuvo la "carta de representación" que invoca.

Destacó haber sido elegida por sus contactos con importantes directivos de la Asociación del Fútbol Argentino, circunstancia que tornaría viable la contratación del técnico del seleccionado argentino señor Alfio Basile a fin de que usara indumentaria con el logo de la citada cadena hotelera.

Afirmó que, dado su carácter, se le cedieron 220 habitaciones en hoteles de la demandada, mientras durara el mencionado torneo mundial. E.B.A.S.A., como contraprestación, debía designar al Holiday Inn Los Angeles Convention Center como hotel anfitrión en todo lo relacionado con los medios de comunicación y de prensa. También habría de comercializar –según indicó- en exclusividad los paquetes de excursión y de alojamiento para la Copa del Mundial 1994.

Sostuvo que quedó concluido entre las partes un contrato de representación con principio de cumplimiento, pues EBASA designó al hotel Los Angeles Convention Center como anfitrión, "sponsorizó" al técnico Alfio Basile y trabajó para la venta de los paquetes turísticos con el objeto de enviar pasajeros a los hoteles de la cadena demandada.

Puso de resalto que, en tal situación y sorpresivamente, se le comunicó el rechazo de beneficios anteriormente reconocidos. Sin embargo a esa altura de la relación jurídica, ya se había efectivizado la actuación de Basile en beneficio de la demandada con el consiguiente "boom" publicitario. Holiday Inn Inc. se enriqueció con dicha publicidad sin invertir ninguna suma de dinero ni cumplir con los compromisos que oportunamente asumieran, alegando insuficiencia del poder conferido al intermediario que contrató en EBASA para obligarla.

Expresó que el incumplimiento de los compromisos adquiridos le provocó serios perjuicios económicos, toda vez que en su función se comprometió con terceros e invirtió fuertes sumas de dinero en promociones para la venta de paquetes turísticos.

Reclamó por daños emergentes ocasionados a raíz de los gastos en que incurrió la actora con motivo de la relación jurídica celebrada con la demandada, lucro cesante por las ganancias. que se vio privada de percibir, y pérdida de la "chance".

II. El magistrado de primera instancia y la sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial sostuvieron la incompetencia de los tribunales nacionales para entender en el proceso (conf. fs. 1070/1084 y 1128/1136 de los autos principales).

Contra la decisión del mencionado tribunal de alzada la parte actora interpuso el recurso extraordinario de fojas 1140/1155, cuya denegatoria de fojas 1245/1247 dio lugar a la presente queja.

Estima que la sentencia de la anterior instancia ha incurrido en autocontradicción, dogmatismo y parcialidad, por lo que corresponde tacharla de arbitraria. Destaca que el a quo omitió considerar el tipo de contrato que efectivamente celebraron las partes, calificación que considera indispensable para definir el lugar de cumplimiento de la relación jurídica que las vinculó. Asimismo, interpreta que quedó concluido entre los litigantes un contrato de representación, por lo que el lugar de su cumplimiento no es otro que donde se ejerció, es decir la República Argentina. Además –agrega- si bien primero el a quo resalta que a los fines de dirimir la controversia ha de estarse a los hechos invocados en la demanda luego en sus considerandos se aparta de ellos.

Añade, en el mismo orden de ideas, que en la medida en que la incompetencia se fundó en el domicilio de la demandada, era exigible que existieran en el juicio pruebas inequívocas de los hechos alegados, lo que no ocurre en el caso.

Indica que la cuestión adquirió gravedad institucional pues lo que está en tela de juicio es la jurisdicción del Estado argentino. El art. 18 de la Carta Magna –dice- reconoce a todos los habitantes la garantía del juez natural y sustraerlos de él es materia federal.

Finalmente atribuye arbitrariedad al pronunciamiento en la materia relativa al pago de la tasa de justicia, en cuanto no se basa en norma legal alguna y se traduce en una negación de justicia.

III. A mi modo de ver, los fundamentos recursivos de la apelante no resultan suficientes para habilitar la instancia extraordinaria. Ello es así por cuanto aquélla no trajo desde su origen, agravios constitucionales vinculados a las potestades de jurisdicción de los tribunales argentinos frente a los extranjeros, sino que se limitó a vertir, exclusivamente, planteos de índole procesal en el marco del art. 5° inc. 3° del Cód. Procesal Civil y Comercial de la Nación, relativos a la determinación, por razón del lugar, de los jueces que habrían de entender en la controversia (v. sobre el punto Jorge M. Gondra, "Jurisdicción Federal", Buenos Aires, 1944, ps. 17119 y doctrina de Fallos: 310:1861 y 315:1779 –aplicación contraria-).

En efecto, en ningún momento se introdujo en el proceso cuestión alguna desde la perspectiva de encontrarse en tela de juicio normas de jurisdicción internacional que revistieran naturaleza federal, aspecto que, a mi juicio, resultaba indispensable a fin de que este remedio excepcional deviniera admisible.

En ese ámbito conceptual, considero de aplicación al sub lite la reiterada jurisprudencia de V.E. que ha establecido que las cuestiones de competencia no constituyen prima facie sentencia definitiva del pleito en los términos del art. 14 de la ley 48. Esta jurisprudencia reconoce excepción sólo en aquellos casos en que los temas debatidos remitan a la consideración de puntos regidos por disposiciones constitucionales o al alcance asignado a cláusulas de un tratado internacional (v. doctrina de Fallos 310:1866, 311:455).

Ello no ocurre en el sub lite, pues la apelante se limitó, centralmente, a discutir y disentir con los argumentos del a quo relativos a la naturaleza jurídica del contrato que según interpretó, celebraron las partes lugar del cumplimiento de dicha relación jurídica y domicilio de la demandada, cuestiones todas ellas de derecho común, procesal y fáctico ajenas a esta vía de excepción.

Cabe señalar que el tribunal tiene reiteradamente dicho que la doctrina que asimila las resoluciones sobre competencia a sentencias definitivas, sólo se refiere a los casos en que la jurisdicción nacional surge de la naturaleza de las normas que rigen la causa o de las personas (art. 116, Constitución Nacional).

Sin embargo, tal regla no es aplicable cuando, como ocurre en el sub judice el debate se ciñe a un problema de orden territorial (sin especificaciones de ningún tipo desde la perspectiva de lo expuesto en este punto III, segundo párrafo); desde que sólo en el primer grupo de casos la resolución impugnada afectaría de modo no susceptible de reparación ulterior un privilegio federal (v. doctrina de Fallos: 303:235).

En tales condiciones, soy de parecer que no cabe atribuir a la decisión atacada alcance definitivo a los fines del art. 14 de la ley 48, toda vez que si bien ella importa privar a la apelante de la jurisdicción de los tribunales argentinos para hacer valer sus derechos, no se advierte que esté de por medio el eventual acceso a la instancia federal por razón de la materia o de las personas ni que medie un problema que afecte directa e inmediatamente a la soberanía nacional o agravios de naturaleza constitucional (v. doctrina de Fallos: 310:1861 y precedentes allí citados).

Creo propicio puntualizar, a este respecto, que tampoco se aportaron elementos de juicio que permitan determinar acabadamente si la situación encuadra en el supuesto contemplado por el art. 116 última parte de la Constitución Nacional, desde que ni siquiera se ha rozado la problemática que estudia el Derecho de extranjería, relativa a los diferentes criterios de atribución de nacionalidad a las personas jurídicas (v. sobre el particular, Goldschmidt, "Derecho Internacional Privado", t. II, segunda edición ps. 52 y siguientes).

IV. No dejo de tener en cuenta que en oportunidad de interponer el recurso extraordinario en estudio la recurrente invocó el principio del juez natural y la afectación del derecho de defensa en juicio consagrado por el art. 18 de la Constitución Nacional.

Sin perjuicio de la extemporaneidad de dicha argumentación puesto que, en su caso, debió ser invocada y sostenida en todas las instancias judiciales –lo que no ocurrió- (v. sobre el particular doctrina de Fallos: 267:194, 278:35, 276:314; 279:14, 307:563, 630, 770, 311:2247), es menester poner de resalto que ella no resulta atendible atento a que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido reiteradamente que la garantía del juez natural consiste en la voluntad de asegurar a los habitantes de la Nación una justicia imparcial, cuyas decisiones no pudieran presumirse teñidas de partidismo para el justiciable, completando el pensamiento de implantar una justicia igual para todos, que informa la abolición de los fueros personales.

Es más, a partir de dicho principio, lo que persigue la Constitución es repudiar el intento de privar a un juez de su jurisdicción en un caso concreto y determinado, para conferírsela a otro que no la tiene, en forma tal que, por este camino indirecto, se llegue a constituir una verdadera comisión especial disimulada bajo la calidad de tribunal permanente de que se pretende investir a un magistrado de ocasión (v. Fallos: 310:804, 2884 y precedentes allí citados). Estas situaciones –cuya configuración ni se ha intentado demostrar en la especie-, aparecen alejadas de toda presunción del intérprete, desde que la anterior instancia ha atribuido competencia a tribunales de EE.UU., que ya están interviniendo en otra controversia entre los litigantes. Esa circunstancia, por ende, aleja todo peligro en orden a la posibilidad de una hipotética denegación internacional de justicia.

Al ser ello así, procede enfatizar que cuestiones como la aquí considerada, relativas a la distribución de causas por razón del territorio, es extraña a la garantía de los jueces naturales y ajena, por tanto, al recurso extraordinario (v. doctrina de Fallos: 311:455 y precedentes citados).

V. Finalmente y en cuanto se refiere a los agravios relativos al punto de partida de los efectos que provoca la iniciación de un reclamo de litigar sin gastos, cabe indicar que el criterio sostenido por V.E. que dicha cuestión resulta irrevisable por la vía excepcional del recurso extraordinario (v al respecto doctrina de la sentencia del 26 de noviembre de 1996, in re: M.1603.XXXI recurso de hecho "Marono, Héctor c. Allois, Verónica D." (40.683-S).

Por todo lo expuesto, soy de opinión que los agravios del apelante resultan insuficientes para habilitar el recurso extraordinario, motivo por el cual corresponde desestimar la presente queja.- Octubre 28 de 1997.- N. E. Becerra.

Buenos Aires, octubre 20 de 1998.

Considerando: 1. Que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, por su sala B, confirmó la decisión de la instancia anterior en cuanto a la admisión de la excepción de incompetencia de los jueces argentinos opuesta por la demandada, con costas por su orden. Contra ese pronunciamiento, la parte actora interpuso el recurso extraordinario federal que, denegado, dio origen a la presente queja.

2. Que el tribunal a quo, en lo que interesa en este recurso, tras afirmar que la excepción de incompetencia debía dirimirse según la naturaleza de las pretensiones deducidas en el escrito inicial de demanda, concluyó que, en autos, aun cuando se invocaba una relación contractual compleja, el incumplimiento en el cual la actora había sustentado su pretensión se vinculaba exclusivamente a obligaciones que debían verificarse en los Estados Unidos de Norteamérica. Por ello, admitió la excepción opuesta y negó la jurisdicción directa de los tribunales argentinos.

3. Que uno de los agravios que presenta la parte recurrente suscita cuestión federal suficiente, pues comporta la interpretación y aplicación de normas de jurisdicción internacional –que revisten naturaleza federal aun cuando estén insertas en un cuerpo normativo de derecho común-, y la decisión ha sido contraria a la pretensión que el apelante fundó en ellas (doctrina de Fallos: 293:455; causa M. 1109.XXIX. "Maruba S.C.A. Empresa de Navegación Marítima c. Itaipú s. daños y perjuicios", fallada el 5 de febrero de 1998.

4. Que en ausencia de tratado, la cuestión debe dirimirse sobre la base de las normas de jurisdicción internacional en materia contractual de fuente interna, a saber, los arts. 1215 y 1216 del Cód. Civil que, en lo que interesa en esta causa, abren la jurisdicción de los jueces argentinos cuando el domicilio o residencia del deudor estuviere en la República Argentina, o, concurrentemente, cuando el contrato de que se trate deba tener su cumplimiento en ella.

5. Que cuando la letra de la ley no exige un esfuerzo de interpretación, la norma debe ser aplicada con prescindencia de consideraciones que limiten los supuestos comprendidos en ella y procurando dar pleno efecto a la voluntad del legislador (Fallos: 200:165; 302:973; 306:940 y muchos otros). Como regla general, cuando se trata de normas de jurisdicción internacional en materia contractual, esa voluntad consiste en dar certeza a una pluralidad de foros concurrentes, a fin de asegurar el derecho de las partes a acceder a la justicia. Por ello, en ausencia de solución convencional específica, cualquier lugar de cumplimiento de las obligaciones contractuales en la República justifica la apertura de la jurisdicción internacional de los jueces argentinos (conf. art. 1215, Cód. Civil).

6. Que en autos, esta interpretación guarda relación directa e inmediata con la controversia, habida cuenta del lugar debido de cumplimiento de las obligaciones del mandatario.

7. Que, en cambio, el agravio vinculado con el pago de la tasa de justicia, no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal (art. 14, ley 48), por lo que se desestima el recurso en cuanto tiende a controvertir lo decidido al respecto.

Por ello, oído el procurador general, se hace lugar a la queja, se declara procedente la apelación federal con el alcance del consid. 3° y se deja sin efecto la sentencia apelada en cuanto fue materia del recurso. Costas por su orden en atención a la complejidad jurídica del asunto. Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que, por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento. Devuélvase el depósito de fs. 1. Agréguese la queja al principal.- J. S. Nazareno. E. Moliné O’Connor. A. C. Belluscio. A. Boggiano. G. A. F. López. G. A. Bossert. A. R. Vásquez (en disidencia parcial).

Disidencia parcial del Dr. Vázquez

Considerando: Que el suscripto coincide con los consids. 1° y 2° del voto de la mayoría.

3. Que, en primer lugar, el agravio que presenta la parte recurrente referido a la cuestión de competencia suscita cuestión federal suficiente, pues comporta la interpretación y aplicación de normas de jurisdicción internacional -que revisten naturaleza federal aun cuando estén insertas en un cuerpo normativo de derecho común-, y la decisión ha sido contraria a la pretensión que el apelante fundó en ellas (doctrina de Fallos: 293:455; causa M.1109.XXIX. "Maruba S.C.A. Empresa de Navegación Marítima c. Itaipú s. daños y perjuicios", fallada el 5 de febrero de 1998).

4. Que en ausencia de tratado, la cuestión debe dirimirse sobre la base de las normas de jurisdicción internacional en materia contractual de fuente interna, a saber, los arts. 1215 y 1216 del Cód. Civil que, en lo que interesa en esta causa, abren la jurisdicción de los jueces argentinos cuando el domicilio o residencia del deudor estuviere en la República Argentina, o, concurrentemente, cuando el contrato de que se trate deba tener su cumplimiento en ella.

5. Que cuando la letra de la ley no exige un esfuerzo de interpretación, la norma debe ser aplicada con prescindencia de consideraciones que limiten lo supuestos comprendidos en ella y procurando da pleno, efecto a la voluntad del legislador (Fallos 200:165; 302:973; 306:940 y muchos otros). Como regla general, cuando se trate de normas de jurisdicción internacional en materia contractual, esa voluntad consiste en dar certeza a una pluralidad de foros concurrentes, a fin de asegurar el derecho de las partes a acceder a la justicia. Por ello, en ausencia de solución convencional específica, cualquier lugar de cumplimiento de las obligaciones contractuales en la República justifica la apertura de la jurisdicción internacional de los jueces argentinos (conf. art. 1215, Cód. Civil).

6. Que en autos, esta interpretación guarda relación directa e inmediata con la controversia, habida cuenta del lugar debido de cumplimiento de las obligaciones del mandatario.

7. Que, en segundo lugar, si bien es cierto que las controversias que giran en torno de la aplicación de la ley de tasas judiciales en procesos sustanciados ante los tribunales ordinarios de la Capital Federal son ajenas, en principio, al ámbito propio del recurso extraordinario (confr. Fallos: 303:1898; 306:726; entre otros) en el caso cabe hacer excepción puesto que el pronunciamiento apelado, no establece la solución adecuada a las particularidades del caso, arribando a un resultado manifiestamente injusto y violatorio del derecho constitucional de propiedad (confr. doctrina de Fallos 318:558).

8. Que en este orden de ideas se ha sostenido (v.gr M.1603.XXXI "Marono, Héctor c. Allois, Verónica D." sentencia del 26 de noviembre de 1996; M.847.XXIX "Martinelli, Antonio Carlos c Cavallino, Alfredo Guido s. sumario" sentencia del 7 de agosto de 1997, entre otros, votos del juez Vázquez) que la tasa de justicia no debe ser exigido en ningún caso como un condicionante previo de acceso a la jurisdicción sino que, para evitar todo cercenamiento de la garantía constitucional, corresponde que el pago se realice al finalizar el pleito y por parte de quien sea el perdidoso.

En función de ello se advierte que, dejando de lado por irrelevante a estos fines la suerte corrida por el beneficio de litigar sin gastos, resulta improcedente por el momento y hasta tanto concluya el proceso, intimar a la actora para que abone la tasa de justicia.

Por ello, oído el procurador general, se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada en cuanto fue materia del recurso. Costas por su orden en atención a la complejidad jurídica del asunto. Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que, por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento. Devuélvase el depósito de fs. 1. Agréguese la queja al principal.- A. R. Vázquez.

Sánchez c. Banco de Galicia Uruguay

CNCom., sala D, 05/08/04, Sánchez, Andrés Juan y otros c. Banco de Galicia Uruguay S.A. y otro s. medida precautoria.

Jurisdicción internacional. Demanda contra banco en quiebra en Uruguay con representación en Argentina. Depósito bancario. Restitución. Tratado de Derecho Civil internacional de Montevideo de 1940: art. 56. Teoría del paralelismo. Derecho argentino aplicable. Medida cautelar. by MBNT.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 24/02/07, en El Dial 12/11/04 y comentado por M. Rabino en DeCITA 5/6.2006, 442-452.

Dictamen de la Fiscal General Subrogante de Cámara

Excma. Cámara:

1. En la resolución de fs. 56, el juez de primera instancia se declaró incompetente para conocer en este proceso, con base en los argumentos que suministró el Ministerio Público ante la anterior instancia en su dictamen de fs. 54/55.

En la referida pieza, la Agente Fiscal explicó que la obligación de restituir el depósito de dinero, originada en el contrato que vincula a las partes, pesa sobre el codemandado Banco de Galicia Uruguay S.A. Citó jurisprudencia de la Corte Suprema y de V.E. y puso de relieve las disposiciones contenidas en el artículo 37 del Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1940. Con base en estas premisas, el Ministerio Público ante la primera instancia concluyó en que el juez a quo carece de competencia.

Y en relación al Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., que es el otro demandado, la Fiscalía opinó que en virtud de lo establecido en los artículos 1º y 6º de la ley 25.587, debe intervenir en estos autos la Justicia Nacional en lo Civil y Comercial Federal.

2. La parte actora dedujo recurso de reposición con apelación en subsidio y fundó su recurso en fs. 57/58.

3. El juez desestimó la reposición y concedió el recurso de apelación (fs. 59).

4. A mi criterio, el recurso en examen debe prosperar.

En efecto, dado que se trata de un caso con elementos multinacionales debe acudirse en primer término a los tratados, en el supuesto de que existan.

En el sub lite se demanda a una sociedad extranjera, constituida en la República Oriental del Uruguay, que tiene una representación en el país y en esta ciudad.

De lo expuesto se desprende que puede acudirse a las normas del Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo, celebrado en 1940. Ello es así porque el tratado respectivo de Derecho Comercial Terrestre Internacional (decreto 7771/56), carece de normas relativas a jurisdicción, salvo en lo concerniente a procesos concursales (arts. 40, 41, 45). Ahora bien, en el caso de autos, la causa de la relación jurídica que origina el conflicto es un contrato de depósito dinerario a plazo fijo o en cuentas corrientes, según surge de la documentación acompañada (fs. 7/24, en copia) y de las explicaciones de los actores en el escrito de inicio.

Considero que debe aplicarse la regla del artículo 56 del Tratado de Derecho Civil, que remite a lo establecido en el artículo 37. El primero de estos preceptos dispone que "las acciones personales deben entablarse ante los jueces del lugar en cuya ley está sujeto el acto jurídico materia del juicio". Y el artículo 37 determina que "la ley del lugar en donde los contratos deben cumplirse rige: a) su existencia b) su naturaleza c) su validez d) sus efectos e) sus consecuencias f) su ejecución g) en suma, todo cuanto concierne a los contratos, bajo cualquier aspecto que sea".

A mi criterio, en el sub lite nuestro país ha sido el lugar de celebración del contrato y también, prima facie, es el lugar del cumplimiento de la obligación del depositario. De todos modos, si se considera que no es posible determinar cuál sea el lugar de cumplimiento del contrato, rige lo establecido en el artículo 40, norma de carácter supletorio que remite al lugar de la celebración.

Por tales razones, considero que el juez a quo es competente para conocer en esta causa, sin perjuicio de lo que ulteriormente pudiera disponerse en orden a lo establecido en el artículo 48 del Tratado de Derecho Comercial Terrestre Internacional.

5. Y en lo relativo a la competencia del juez para entender en la demanda contra el restante accionado -Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.- considero que también debe revocarse lo resuelto.

En efecto, el desplazamiento de los asuntos mencionados en el artículo 6 de la ley 25.587 al fuero federal responde a una situación excepcional y, por ende, de interpretación restrictiva, vinculada a la aplicación de la legislación de emergencia económica instituida por la ley 25.561 con los alcances que surgen del articulo 1º de la ley 25.587, por lo que no () puede ser extendida a otras situaciones jurídicas como la que se ventila en autos.

En el caso, los actores fundan la responsabilidad que atribuyen al co-demandado en la circunstancia de que éste integraría un mismo grupo económico y sería controlante del banco constituido en la República oriental del Uruguay (fs. 26, in fine). En este marco, pienso que la materia remite a cuestiones netamente comerciales (Art. 8, inciso 6º del Código de Comercio y ley 19.550), cuya dilucidación corresponde a los jueces de este fuero.

Cabe destacar, además, que el fuero federal es de excepción, de competencia restrictiva y que no resulta inexcusable cuando se trata del ámbito de la Capital Federal, en la que los jueces federales y los nacionales revisten el mismo carácter federal y tienen el mismo origen constitucional.

Por las razones expuestas, opino que debe revocarse lo resuelto.

En los términos que anteceden dejo contestada la vista conferida por V.E. en fs. 66 vta.- Buenos Aires, 24 de junio de 2004.- A. Gils Carbo.

2º instancia.- Buenos Aires, 5 de Agosto de 2004.-

1. Los peticionarios de la medida cautelar apelaron en subsidio contra la resolución de fs. 56 -mantenida en fs. 59-, en cuanto dispuso la incompetencia del a quo en las presentes actuaciones (fs. 57/58).

2. Los fundamentos vertidos en el dictamen de la señora Fiscal de Cámara que precede a este decreto, que esta Sala comparte y que por evidentes razones de economía y celeridad hace suyos aquí, son suficientes para disponer que estas actuaciones deben continuar su trámite en el Juzgado del Fuero nº 1.

3. Por ello, y de conformidad con lo propiciado por la señora Fiscal de Cámara, revocase la resolución apelada y dispónese que este juicio continuará su tramite en el Juzgado Comercial nº 1, Secretaría nº 1.

Devuélvase sin más trámite, confiándose al magistrado de primera instancia proveer las diligencias ulteriores (CPr 36:1º) y las notificaciones pertinentes.

Actúan los suscriptos de conformidad con lo dispuesto por la Resolución 177/04 del Consejo de la Magistratura y Acuerdo del 30.6.04 de esta Cámara.-