Decathlon España S.A. c. Bertone, Luis y otro s. proceso arbitral

CNCom., sala D, 25/10/06, Decathlon España S.A. c. Bertone, Luis y otro s. proceso arbitral.

Compraventa de acciones. Memorando de entendimiento. Cláusula arbitral. Laudo. Recursos. Apelación. Renunciabilidad. Reglamento de Arbitraje del Centro Empresarial de Mediación y Arbitraje. Reglamento de Arbitraje de UNCITRAL. Remisión. Nulidad. Causales. Falta esencial de procedimiento. Revisión del fondo. Improcedencia.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 25/04/07 y en ED 25/04/07.

En Buenos Aires, octubre 25 de 2006, se reúnen los señores jueces de la sala D de la Excelentísima Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, con el autorizante, para dictar sentencia en la causa "Decathlon España S.A. c. Bertone, Luis y otro s/proceso arbitral", registro nº 4537/05, en los cuales como consecuencia del sorteo practicado de acuerdo con lo previsto por el art. 268 del cód. procesal, resultó que debían votar en el siguiente orden, doctores: Heredia, Dieuzeide, Vasallo.

Estudiados los autos la Cámara planeó la siguiente cuestión a resolver: ¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?

A la cuestión propuesta, el doctor Heredia dijo: 1) El 27 de junio de 2002 la firma Decathlon España S.A., por una parte, y los señores Jorge Freidenberger y Luis Bertone, por la otra, suscribieron un memorándum de entendimiento (en adelante, MDE) por el cual la primera postuló su intención de vender y los segundos de comprar la totalidad de las acciones que la citada sociedad española poseía en la sociedad local Padoc S.A., las que, a esa fecha, sumaban el 100% del capital social (fs. 33/34).

En dicho MDE las partes dejaron acordados "… los términos y condiciones sustanciales de la compraventa de acciones referida…" las que, se dijo, tendrían "… fuerza vinculante para ambas…" (punto c, fs. 33). En cuanto aquí interesa, entre tales términos y condiciones se destacaban los siguientes:

a) El contrato definitivo de compraventa se firmaría, a más tardar, el 31/7/02 y, entretanto, las partes negociarían los términos y condiciones definitivas de la operación, en base a las líneas sustanciales contenidas en el MDE (cláusula 1).

b) Los compradores (Freidenberger y Bertone) se comprometían a liberar a Decathlon España S.A. de cierta garantía que esta última había asumido mediante una comfort letter frente a los locadores del inmueble que era sede de Padoc S.A.; tal liberación debía hacerse mediante reemplazo por otras garantías a satisfacción de los locadores, o a través de la contratación de un seguro en una aseguradora francesa de primera línea. Cabe observar que en el MDE las partes describieron a esa condición como "… necesaria para proceder a la firma del contrato de compraventa de acciones…" y la calificaron como "… una obligación esencial…" que, de no obtenerse, haría incurrir a los compradores en incumplimiento en forma automática (cláusula 6ª, párr. 2º).

c) En el momento de la transferencia Padoc S.A. debería tener "… un saldo de IVA técnico y de libre disponibilidad no menor a $ 1.800.000 al 31/8/02…", aclarándose que en caso de que así no ocurriera "… la diferencia que existiera ente $ 1.800.000 y el saldo real, será verificada de mutuo acuerdo por las partes y una vez así determinada, en euros a la tasa de ese día, será dividida por dos y abonada por Decathlon a los compradores por medio de retenciones que los compradores harán de las sumas que deban pagar a Decathlon…" (cláusula 6, párr. 3).

d) Si la compraventa de acciones no se perfeccionaba el día 31/7/02, el MDE quedaba rescindido automáticamente y de pleno derecho, dejándose pactado que si ello fuera atribuible a alguna de las partes, la incumplidora -salvo fuerza mayor- debía abonar a la otra una multa equivalente a seis meses de alquiler del inmueble alquilado por Padoc S.A., sin perjuicio del pago de los daños mayores que se pudieran acreditar (cláusula 4).

e) Cualquier desacuerdo, controversia o conflicto respecto de la interpretación o cumplimiento del MDE se sometería, primero a mediación y, ante su fracaso, a arbitraje según las Reglas de Procedimiento y Código de Ética del Centro de Mediación y Arbitraje (asociación civil), con sede en la ciudad de Buenos Aires. Expresamente se estipuló para el último caso que "… El laudo correspondiente será definitivo e inapelable para las partes…" (cláusula 9).

2) La operación pactada en el MDE, finalmente, no se concretó por incumplimientos que recíprocamente se imputaron las partes (conf. cartas documento de fs. 65, 67, 68, 116 a 121). Frente a ello, se recurrió a una frustrada mediación (fs. 54 y 55) y, más tarde, a la presentación por Decathlon España S.A. de la demanda arbitral de fs. 20/28.

En dicho escrito inicial se sostuvo que los compradores Freidenberger y Bertone no habían obtenido -antes del 31/7/02- la liberación de la garantía dada por la citada sociedad española a favor de los locadores del inmueble ocupado por Padoc S.A. y que, como consecuencia de ello, el MDE debía tenerse por resuelto por haber sido esa una obligación "esencial" del compromiso, correspondiendo a aquéllos el pago de la multa pactada como cláusula penal, que se estimó en $ 264.772,20. Por este último monto, sus intereses desde el 10/8/02 y las costas del juicio, quedó formulado el reclamo de Decathlon España S.A. ante el tribunal arbitral.

3) Los demandados Freidenberger y Bertone resistieron el reclamo argumentando que, según una auditoría del 24/7/02, realizada por la firma "Ernst & Young Córdoba", la empresa Padoc S.A. contaba con un saldo de IVA de $ 787.030, es decir, uno menor al previsto en el MDE, extremo que -afirmaron- implicaba una variación sustancial del objeto de la cosa vendida, desde que la adquisición del 100% del paquete accionario de aquella sociedad local tenía sentido en la medida de la existencia de una libre disponibilidad de tal saldo no menor a los $ 1.800.000, tal como se estableció en el citado memorándum de entendimiento. En ese orden de ideas, sostuvieron que esa diferencia del saldo no podía considerarse como algo irrelevante o accesorio, y que, por el contrario, la presencia de un saldo técnico del IVA de libre disponibilidad no menor a $ 1.800.000 fue una condición esencial de la cosa vendida. De otro lado, argumentaron que la liberación de la garantía prevista por el MDE resultó ser, a la postre, una obligación de cumplimiento imposible para Freidenberger y Bertone, porque los locadores sólo aceptaban la sustitución de la comfort letter a condición de que aquéllos adquirieran previamente la efectiva titularidad de las acciones de Padoc S.A.

Como derivación de lo anterior, los demandados reconvinieron por un importe idéntico al que les reclamó la actora ($ 264.772,20), fundados en el incumplimiento de esta última referente a la existencia a favor de Padoc S.A. de un saldo de IVA de libre disponibilidad por $ 1.800.000 (conf. contestación de demanda y reconvención de fs. 144/153).

A fs. 173/183 la firma Decathlon España S.A. contestó la reconvención.

4) Mediante acta del 4 de febrero de 2004 las partes fijaron las cuestiones a dirimir y sujetas a la decisión del tribunal arbitral. Ellas quedaron definidas del siguiente modo: 1. Determinación de la documentación vigente que rige la relación de las partes. 2. En relación al saldo técnico de IVA: a) determinación acerca de si la existencia de un saldo técnico del Impuesto al Valor Agregado por un monto mínimo en cabeza de Padoc S.A. constituyó o no una condición o elemento esencial para el perfeccionamiento de la operación de compraventa de acciones de Padoc S.A.; b) si las partes habían pactado cuáles serían las consecuencias de la inexistencia del referido monto mínimo del crédito fiscal. 3. En relación con la liberación de la garantía al locador: a) si los demandados asumieron la obligación de liberar a la actora de la garantía otorgada por ésta al locador de un local en que operaba Decathlon S.A. antes de la fecha prevista para la transferencia de las acciones de Padoc S.A., mediante la constitución de una fianza por un tercero a favor de la actora u otro mecanismo, y si los demandados cumplieron con dicha obligación; b) determinación de las consecuencias resultantes de un eventual incumplimiento de los demandados de la obligación de liberar a la actora de la garantía a favor de su locador, incluyendo la eventual rescisión de la relación contractual entre la actora y la demandada; la aplicación de la cláusula penal pactada y otros accesorios (fs. 292/293).

5) El tribunal arbitral designado dictó laudo a fs. 344/363, por unanimidad de sus integrantes.

En cuanto aquí interesa, concluyó lo siguiente:

a) Que la relación entre las partes que había dado origen al arbitraje se regía por el MDE, cuyos términos debían entenderse como preferentes sobre los de cualquier otro documento presentado entre las partes.

b) Que la existencia de un saldo técnico (y de libre disponibilidad) del IVA no menor a $ 1.800.000 no había constituido una condición o elemento esencial para el perfeccionamiento de la operación de compraventa de las acciones de Padoc S.A.

c) Que en el MDE se había pactado expresamente cuáles serían las consecuencias de la inexistencia del monto mínimo del crédito fiscal antes referido, a saber, que la diferencia entre ese monto mínimo y el saldo real sería verificada de mutuo acuerdo por las partes y, una vez determinada en euros a la tasa de cambio de ese día, dividida por dos y abonada por la actora a los demandados por medio de retenciones que estos últimos harían sobe las cesiones del saldo del IVA sobre las exportaciones que Padoc S.A. debía efectuar a favor de quien la actora indicase.

d) Que los demandados no cumplieron con la obligación de sustitución de garantía a la que se comprometieron según el MDE, y que esa obligación de sustitución había sido calificada por las partes como "esencial" y "condición necesaria para la firma del contrato de compraventa".

e) Que como consecuencia del incumplimiento precedentemente referido el MDE había quedado rescindido automáticamente, y los demandados debían en forma solidaria a la actora la multa pactada en la cláusula 4 de dicho documento.

En suma, el tribunal arbitral hizo lugar a la demanda interpuesta por Decathlon España S.A. contra los demandados, condenándolos al pago de $ 264.772,20 con más intereses moratorios calculados a la tasa que cobra el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones ordinarias de descuento a treinta días, sin capitalizar. Concordemente, rechazó la reconvención articulada por Freidenberger y Bertone a quienes, además, le impuso las costas del arbitraje.

6) Contra el reseñado laudo los demandados interpusieron el recurso de nulidad que obra a fs. 483/493. Dicho recurso se funda, sintéticamente, en lo siguiente: a) hubo error de cálculo cuando el tribunal arbitral sostuvo que la alteración relevante del activo derivada de la diferencia del saldo mínimo del IVA previsto en el MDE había trepado al 28,14% y que, en esa proporción, a su juicio, no había tenido entidad suficiente para alterar las bases del negocio; ello es así, porque según los cálculos de los recurrentes dicha alteración fue, en realidad, del 61,77% y, en esa medida, sí alteró en forma sustancial las bases del negocio; b) el laudo prescindió de prueba dirimente -llegando, por ello, a conclusiones carentes de razón suficiente o motivación lógica- de cuya ponderación resulta, según sostienen, que lo atinente a la cuantía del saldo disponible del IVA constituía una condición necesaria del negocio o aspecto prioritario para los compradores, que hacía a la "calidad misma de la cosa tenida en cuenta para fijar el precio de compra; en este sentido, se reprocha que el laudo se hubiera referido a lo que surgía del MDE, ignorando el resto de la documental agregada a la causa; c) el laudo violó el principio de congruencia; d) también quebrantó las formas y solemnidades que le eran exigibles.

El recurso de nulidad fue declarado inadmisible por el tribunal arbitral mediante la resolución de fs. 577/583. Frente a la apuntada denegación, los demandados articularon la queja de fs. 755/769, que fue formalmente admitida por esta sala a fs. 773/774, oportunidad en la cual también fue ordenada la sustanciación del recurso de nulidad con la contraria, en defecto de lo previsto por el art. 760 in fine del cód. procesal.

Cumplida dicha sustanciación (fs. 789/796), los autos quedaron en condiciones de ser examinados por esta alzada (fs. 797 y 802).

7) La administración privada de justicia que implica el arbitraje no es ajena a cierto control judicial, el cual no es susceptible de ser suprimido totalmente, en razón de una exigencia que surge de objetivos constitucionalmente asumidos como el de "promover la justicia" y también de las garantías de la defensa en juicio y de la propiedad y de la ejecutoriedad equivalente a la de una sentencia judicial que el Estado dispensa -cumplidos ciertos recaudos- a los laudos arbitrales. A todo evento, la mayor o menor amplitud del control judicial depende de la misma voluntad que dio origen al arbitraje: de máxima extensión, si las partes cuentan con el recurso de apelación por no haber renunciado a él o limitado a ciertos ámbitos eminentemente formales en el supuesto de que los contratantes hayan renunciado a aquella apelación y sólo dispongan del recurso de nulidad del laudo arbitral (CS, 17/11/94, C.950.XXIV. "Color S.A. c. Max Factor Sucursal Argentina s/laudo arbitral s/pedido de nulidad del laudo", Fallos, 317:1527, voto del juez Boggiano).

En el sub lite se presenta la última de las hipótesis precedentemente señaladas pues en la cláusula 9 del MDE expresamente se pactó que el laudo arbitral sería "… inapelable para las partes…" (fs. 35 vta.), lo que equivale decir que ambas renunciaron, voluntaria y libremente, al recurso de apelación como posible vía de impugnación. Independientemente de ello, es de notar que la inapelabilidad del laudo dictado en autos también deriva de lo dispuesto por el art. 32, inc. 2, del reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI o UNCITRAL), aplicable en la especie por remisión del art. 1º del Reglamento de Arbitraje del Centro Empresarial de Mediación y Arbitraje al cual se sometieron las partes.

8) En previsión de situaciones como la de autos, el art. 760 del cód. procesal prescribe que "… la renuncia de los recursos no obstará, sin embargo, a la admisibilidad del de… nulidad fundado en falta esencial del procedimiento, en haber fallado los árbitros fuera del plazo, o sobre puntos no comprometidos…".

A tenor de los agravios planteados en el recurso de nulidad de fs. 483/493, no se trata el presente de un caso que enmarque en la segunda causal citada.

En cuanto a la nulidad fundada en una "falta esencial de procedimiento", cabe recordar que esta sala -en anterior integración- ha señalado que dicha causal se refiere a la invalidación de un laudo arbitral fundada en la existencia de vicios de orden formal que pudiesen haber afectado las garantías de regularidad del contradictorio, y que su admisibilidad se halla subordinada a la presencia de los requisitos procesales necesarios para impetrar una nulidad, a saber, existencia de defecto formal o ineficacia del acto -que en el caso debe ser esencial, con afectación de la defensa en juicio-, el interés jurídico en la declaración y actuación no convalidada (conf. CNCom., sala D, 12/7/02, "Total Austral S.A. c. Saiz, Francisco Santiago s/recurso de nulidad", JA 2003-II-79, con nota de Bianchi, R., "La nulidad del laudo arbitral por falta esencial del procedimiento").

Por su lado, la causal de nulidad referente a haber incursionado el laudo en puntos no comprometidos, se refiere a un pronunciamiento extra petita, para cuya calificación como tal se requiere una indagación acerca de la correspondencia entre los puntos comprometidos expresamente (o aun tácitamente, si pueden implicarse de los sometidos expresamente) y la decisión final del arbitraje (Fenochietto, C. y Arazi, R., "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado y concordado", Buenos Aires, 1987, t. 3, pág. 546).

Aclarado lo anterior, cabe adelantar que ninguno de los agravios planteados por los recurrentes son demostrativos de que el laudo dictado en autos sea susceptible de invalidación bajo alguna de las dos causales precedentemente indicadas.

9) En tal sentido, y comenzando con el agravio identificado en el consid. 6 con letra "a", corresponde advertir, ante todo, que bajo el ropaje de un supuesto error de cálculo incurrido por el laudo, lo que pretenden los recurrentes es, en realidad, variar el presupuesto de hecho tenido en cuenta por los árbitros para llegar a la conclusión de derecho que expusieron en el punto 2.3. del laudo, en el sentido de que la diferencia de saldo disponible del IVA finalmente obtenida no tuvo entidad suficiente para alterar las bases del negocio.

Claramente, tal pretendida variación es inadmisible porque de la lectura del MDE ("… cuyos términos priman sobre los de cualquier otro documento presentado por las partes…", según la conclusión del laudo de fs. 361) surge con claridad que la única diferencia que negocialmente fue ponderada por las partes -y sobre cuyas consecuencias jurídicas debieron expedirse los árbitros de conformidad con el acta de fs. 292/293- fue la que resultaba del saldo real frente a la suma de $ 1.800.000 (fs. 35), y no la que habida entre dicho saldo real y el precio de venta de las acciones como ahora lo postulan Freidenberger y Bertone.

El tribunal arbitral, pues, no se apartó de lo expresamente pactado por las partes, particularmente en la cláusula 6, párr. 3º, del MDE, para el supuesto de que el saldo fiscal fuese menor al contractualmente previsto, que es lo que finalmente ocurrió en los hechos. Por el contrario, el laudo derivó sus conclusiones expresamente de la aplicación de dicha cláusula, concluyendo que el mecanismo indicado en la segunda mitad de ella para compensar el menor saldo de IVA es la prueba evidente de que las partes no entendieron que un crédito fiscal menor a $ 1.800.000 fuera obstáculo para llevar adelante la operación, razón por la cual, en definitiva, tampoco podía considerarse al tema de la cuantía de la diferencia del salto técnico como un elemento o condición esencial del negocio así calificado según la voluntad de la partes (fs. 356/357, cap. 2.3).

En su caso, y tal como lo señaló el tribunal arbitral a fs. 581, la comparación de la alegada variación del crédito fiscal con el precio acordado de las acciones no fue planteada durante el proceso, y, a contrario de lo sostenido por los recurrentes a fs. 487 vta., la existencia de otros activos y prestaciones involucradas en la operación no fueron ajenas a la consideración de los árbitros en el aspecto que aquí interesa, tal como resulta de la lectura de fs. 357.

Con los alcances descriptos, bien se aprecia que, en rigor, el agravio de que se trata lejos está de probar una afectación a la regularidad del contradictorio o, como dice el art. 760 de la ley ritual, una falta esencial del procedimiento.

Antes bien, las críticas de los recurrentes lo que han pretendido infructuosamente demostrar es, en definitiva, un error in iudicando cuya revisión, por vía de principio, está vedada al conocimiento de esta alzada.

Adviértase en tal sentido que con el agravio de que se trata lo que persigue no es sino que esta sala descalifique las conclusiones de derecho del tribunal arbitral, aceptando que la variación del saldo final disponible del IVA importó la desaparición de la base del negocio subjetiva, la perturbación de la relación de equivalencia o la frustración de la finalidad (sobre estos conceptos y sus consecuencias jurídicas, véase: Karl Larentez, "Base del negocio jurídico y cumplimiento de los contratos", Madrid, 1956, pág. 183 y sigs.). Mas una descalificación de esa naturaleza, no sería propia del marco cognoscitivo del recurso de nulidad, sino del recurso de apelación al que se ha renunciado. En tal sentido, cabe recordar que el recurso de nulidad contra el laudo no está previsto para atacar presuntos errores in iudicando, los que sólo pueden ser reparados por la vía de la apelación (CNCom., sala C, 21/12/01, "Cortesfilms Argentina S.A. c. Seb Argentina S.A. s/queja" [ED, 196-620]), sin que tampoco pueda pretenderse elípticamente una revisión judicial de un laudo adverso mediante un recurso de nulidad -que limita al juez a resolver acerca de la existencia de las causales taxativamente establecidas susceptibles de afectar la validez de aquél- pues, en ese caso, quedaría desnaturalizado el instituto del arbitraje privándolo de uno de sus más preciosos beneficios (conf. CS, 17/11/94, C.950.XXIV, "Color S.A. c. Max Factor Sucursal Argentina s/laudo arbitral s/pedido de nulidad del laudo", fallos 317:1527; CNCom. sala C, 3/6/03, "Calles, Ricardo y otros c. General Motors Corporation s/queja" [ED, 203-491]).

10) El agravio identificado en el consid. 6º con la letra "b", tiene íntima vinculación con el anterior, y debe correr la misma suerte.

Los recurrentes afirman que el laudo se basa en la interpretación gramatical del MDE, dejando de lado las demás constancias agregadas al expediente de las que resulta cómo era la contratación perseguida por las partes, sus condiciones, finalidad, objeto, importancia del saldo del IVA y expresamente el monto que debía tener este rubro (fs. 488 vta.).

Como se aprecia, el agravio no se vincula estrictamente al caso de deficiencias probatorias que afectan la estructura de la causa a punto tal de evidenciar una verdadera inexistencia del debido proceso, supuesto en el cual la nulidad del laudo sería procedente (CNCom., sala B, 10/4/72, LL, 152-506), sino a una alegada prescindencia de pruebas que se estiman conducentes para la correcta composición del litigio en correlación con una supuestamente exagerada importancia asignada al MDE para resolver el caso.

Así entendida, la crítica de los recurrentes no sirve para fundar la nulidad pretendida toda vez que, lejos de acreditar una "falta esencial de procedimiento", lo único que postula es la personal discrepancia de aquéllos con la apreciación y selección de la prueba efectuada por el tribunal arbitral, la cual ni siquiera podría calificarse de arbitraria.

Esto último es así, en efecto, porque ninguna necesaria arbitrariedad -en términos de ausencia de "razón suficiente" o "motivación lógica", según las expresiones utilizadas por los recurrentes- se desprende del hecho de que el laudo haya dado preferencia a determinado elemento probatorio, como lo es el MDE, en desmedro de otros (CS, doctrina de Fallos, 248:68; 251:17; 253:496; etc.); ni ninguna arbitrariedad se desprendería del hecho de que los árbitros no hubieran ponderado una por una todas las pruebas agregadas a la causa, pues no estaban obligados a ello, sino sólo a examinar los elementos de juicio que estimaban suficientes para la solución del asunto (CS, doctrina de Fallos, 251:244, entre muchos otros).

En realidad, el tribunal arbitral valoró con suficiencia y amplitud todo el marco probatorio, incluyendo la correspondencia a la que hacen referencia los recurrentes en fs. 487 vta./488 (fs. 355), y concluyó que la relación entre la demandante y los recurrentes se regía principalmente por el MDE, y que el resto de los documentos y correspondencia presentados por la partes sólo servían para interpretar el MDE en caso de oscuridad o insuficiencia de su texto (fs. 355 vta.). Este modo de apreciar el plexo probatorio (que es, en última instancia, lo cuestionado por los recurrentes) no da cuenta de ninguna causal de invalidación del laudo, siendo evidente que el agravio de que se trata no expresa otra cosa que no sea el disenso de los nulidicentes respecto de la evaluación probatoria practicada en la órbita del arbitraje -con la consiguiente conclusión de que el mismo vendría a carecer de razonabilidad- lo cual no se corresponde en el plano conceptual con la causal de nulidad de que se trata. De admitirse lo contrario, toda hipotética atribución de defecto de fundamentación en el laudo arbitral con base en la expresión de disenso sobre la evaluación probatoria practicada, bastaría para hacer intrínsecamente objetable todo laudo bajo la especie del recurso de nulidad por "falta esencial del procedimiento", lo que es manifiestamente inadmisible (conf. CNCom., sala D, 12/7/02, "Total Austral S.A. c. Saiz, Francisco Santiago s/recurso de nulidad"; íd. sala E, 7/11/03, "PMA S.A. c. Ciffoni, Ricardo; Donati, Silvia y Dupre, Graciana").

11) Afirman los recurrentes que el laudo violó el principio de congruencia, por haber decidido sobre cuestiones no introducidas oportunamente por las partes para la resolución de la causa (fs. 490/491).

Si bien el vicio de incongruencia constituye una de las causales admitidas para una eventual invalidación bajo causal de haberse fallado el laudo "sobre puntos no comprometidos" -art. 760, cód. procesal-, en el sub lite los recurrentes no han explicado siquiera mínimamente cómo ese vicio afecta el pronunciamiento de fs. 344/363, limitándose a transcribir citas de doctrina sobre el punto sin establecer la vinculación de ellas con el caso.

Ciertamente, la demostración de la causal hubiera requerido, cuanto menos, el examen comparativo de los puntos de debate fiados en el acta de fs. 292/293 con los resueltos en el laudo recurrido. Empero, nada de ello postula el escrito recursivo de fs. 483/493, por lo que la alegada violación al principio de congruencia no es más que una afirmación puramente declamatoria de los señores Freidenberger y Bertone.

12) Por último, plantean los recurrentes la nulidad del laudo por la causal de quebrantamiento de las formas y solemnidades (491 vta/493).

Nuevamente incurren los señores Freidenberger y Bertone en manifestaciones de pura declamación, en la que entremezclan citas de fallos y autores vinculadas a la garantía del debido proceso, aduciéndose una errónea aplicación de los textos legales a la situación de hecho e igualmente existencia de arbitrariedad en lo decidido, pero sin explicar de qué modo el laudo afectó aquella garantía constitucional, ni indicar cuál es el texto legal indebidamente aplicado o en qué consistió la arbitrariedad denunciada.

De ninguna manera tales manifestaciones, de extrema latitud, pueden tenerse como demostrativas de una afectación a la regularidad del contradictorio que justifiquen la nulidad del laudo.

En este punto, y para dar una acabada respuesta a los recurrentes, cabe insistir en cuanto a que si bien la ley prevé la impugnación del laudo por vía del recurso de nulidad, este no habilita a las partes a solicitar una revisión de aquél en cuanto al fondo de lo decidido sino que el juez debe limitarse a resolver acerca de la existencia de las causales taxativamente establecidas susceptibles de afectar la validez del laudo, es decir, controlar el efectivo cumplimiento de los recaudos que la legislación ha considerado indispensables para una buena administración de justicia (conf. CNCom., sala C, 3/6/03, "Calles, Ricardo y otros c. General Motors Corporation s/queja", íd. sala A, 5/8/04, "KCK Tissue S.A. c. Citibank NA s/queja"). Para resolver la nulidad de un laudo, carecen de eficacia los argumentos enderezados a demostrar su injusticia, por cuanto el objeto procesal de la jurisdicción judicial es completamente diferente del que acarrea la apelación. Los jueces ordinarios sólo tienen la facultad de revisar la decisión arbitral en cuanto a su justicia, cuando se recurre de ella mediante el recurso de apelación, que abre la instancia judicial con amplitud precisamente para ello, Pero cuando se lo somete exclusivamente la cuestión relativa a la validez, no puede entrar a considerar el modo en que las controversias han sido resueltas. Pretender, a través del recurso o acción de nulidad, la revisión del fondo del asunto resuelto por los árbitros, significaría abrir una instancia de alzada no prevista, para obtener un pronunciamiento contrario a los principios que rigen la materia, poniendo en cabeza de los jueces una facultad jurisdiccional de la que carecen (Caivano, R., "Arbitraje", Buenos Aires, 1993, págs. 260/262 y jurisprudencia allí referida).

13) Por las razones expuestas, si mi voto es compartido, deberá rechazarse el recurso de nulidad de fs. 483/493, con costas a los vencidos (art. 68, cód. procesal).

Los señores jueces de Cámara, doctores Vasallo y Dieuzeide adhieren al voto que antecede.

Concluida la deliberación los señores jueces de Cámara acuerdan: a) Rechazar el recurso de nulidad de fs. 483/493. b) Imponer las costas a los vencidos (art. 68, cód. procesal).- P. D. Heredia. J. J. Dieuzeide. G. G. Vasallo.

Artline S. A. c. Basman

CNCom., sala D, 08/05/86, Artline, S. A. c. Basman, Lidia E.

Reconocimiento de sentencia extranjera. Improcedencia. Tratado de Derecho Procesal Internacional Montevideo 1940. Tratado de Derecho Comercial terrestre internacional Montevideo 1940. Jurisdicción indirecta.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 24/04/07, en LL 1986-D, 73 y en JA 1987-I, 452.

2ª instancia.- Buenos Aires, 8 de mayo de 1986.-

Considerando: 1. Apeló la parte actora en fs. 71 contra la decisión de fs. 67 en cuanto ésta rechazó la ejecución de sentencia extranjera. Asimismo apeló de los honorarios regulados por considerarlos altos, en tanto que el letrado de la accionada los apeló, en fs. 68, por bajos.

2. Recurso contra el rechazo del "exequatur": Este tribunal comparte el dictamen del fiscal de Cámara de fs. 81, lo que lleva "per se" a la desestimación de la queja.

Cabría agregar lo siguiente: Corresponde aplicar en la especie los Tratados de Montevideo de 1940 -art. 517, Cód. Procesal-. Conforme al de Derecho Procesal Internacional (art. 5º, inc. 'a'), para que una sentencia comercial extranjera tenga en nuestro territorio la misma fuerza que en el país en que fue dictada requiere que esos actos "hayan sido dictados por tribunal competente en la esfera internacional". La competencia, a su vez, respecto de un proceso en donde se debatieron cuestiones atinentes a "la negociación de una letra de cambio, un cheque u otro papel a la orden o al portador" corresponde a "los jueces del domicilio de los demandados en las fechas en que se obligaron, o de aquel que tengan en el momento de la demanda" ("Tratado de derecho comercial terrestre internacional": 35).

Ahora bien: el domicilio de la demandada lo era en nuestra república. Adviértase que no solamente la ejecutante omitió acompañar los documentos que acreditarían la constitución del domicilio convencional, como bien afirma el fiscal de Cámara, y esto es decisivo de suyo, sino que cuando intentó ejecutar el fallo extranjero denunció como domicilio real uno en esta ciudad. De todo lo cual se sigue que no se ha satisfecho el recaudo del art. 5º, inc. a) mencionado.

A más de ello, al hallarse ubicado el domicilio real de la ejecutada en nuestro territorio -y no habiéndose probado el domicilio convencional- no ha sido bien citada a juicio en el supuesto domicilio extranjero. Ello refuerza la siguiente conclusión: no cumplidos los recaudos exigidos por la norma de aplicación se debe rechazar el "exequátur".

3. Recurso respecto de los honorarios: Los honorarios por regular en un proceso como el de la especie son los correspondientes a los incidentes, siendo que es éste el trámite aplicable al "exequatur" (art. 518, Cód. Procesal). De aplicarse el criterio sustentado por el letrado de la demandada, los letrados percibirían dos veces el honorario correspondiente a la ejecución de sentencia extranjera. En primer lugar por el procedimiento del "exequatur" -que resulta previo y es de carácter incidental- y luego -si resulta exitoso aquel trámite- por los trabajos de la ejecución.

4. Por lo expuesto, y de conformidad con lo dictaminado por el fiscal de Cámara, confírmase la resolución de fs. 67, con costas a la actora por resultar vencida (art. 69, Cód. Procesal).- E. M. Alberti. F. M. Cuartero. M. Arecha.

American Resource Corporation Inc. s. beneficio

CNCiv. y Com. Fed., sala II, 03/10/02, American Resource Corporation Inc. c. Radeair S.A. y otro.

Sociedad constituida en el extranjero. Beneficio de litigar sin gastos. Prueba documental. Declaración jurada del administrador judicial. Improcedencia. Prueba testimonial. Exhorto. Derecho de defensa de la contraria.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 23/04/07, en LL 2003-B, 993 y en DJ 2003-1, 938, con nota de A. M. Condolí.

2º instancia.- Buenos Aires, 3 de octubre de 2002.-

Considerando: 1. Que el juez denegó el beneficio de litigar sin gastos solicitado, con costas (conf. resolución de fs. 361).

Se queja la actora requiriendo la nulidad de la sentencia recurrida, en tanto "el Inferior no hizo referencia alguna a los motivos por los cuales estimó que la prueba acompañada resultaba insuficiente; tampoco hace análisis alguno -ni siquiera someramente- respecto a las pruebas producidas" (punto II, cuarto párrafo, del memorial). Afirma que "tal vacío coloca a mi parte ante una concreta dificultad, cuando no una imposibilidad, para ejercer su derecho de defensa y crítica al pronunciamiento en crisis" (punto II, sexto párrafo).

En subsidio, funda la apelación expresando los agravios que la decisión le provoca (conf. punto III).

La demandada y su aseguradora resisten la postura asumida por la accionante (conf. contestaciones de fs. 381/382 vta. y fs. 374/379 vta. -respectivamente-).

2. Que, planteado el tema de este modo, cabe recordar que en el art. 34 del Cód. Procesal se impone al juez el deber de "fundar toda sentencia definitiva o interlocutoria, bajo pena de nulidad …" (inc. 4°).

Al respecto, débese indicar en primer término que la motivación de los fallos judiciales es una consecuencia lógica del derecho a ser juzgado por un tribunal competente -conf. arts. 10, Declaración Universal de los Derechos Humanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ambos con jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22, Constitución Nacional)-. Por ello, el juez debe fundar sus sentencias, ante todo, para permitir el control de la actividad jurisdiccional, pues la falta de motivación priva a la parte afectada del ejercicio efectivo de los recursos disponibles y al tribunal ad quem de controlar la aplicación del Derecho realizada por el a quo (conf. Lorca Navarrete, Antonio M., "La necesaria motivación de las resoluciones judiciales", ED, 128-786). En algunas provincias, atendiendo a esta característica, se dio nivel constitucional al deber de fundar las sentencias (conf. Fenochietto-Arazi, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado y concordado", t. 1, ps. 135/136).

En el mismo sentido, autorizada doctrina ha sostenido que la sentencia no sólo debe resolver el tema sometido a decisión del juez sino que también debe llevar al ánimo de los litigantes la convicción de que han sido ponderados todos los aspectos de la cuestión debatida y tomadas en cuenta sus respectivas alegaciones; esto es así ya que la motivación de los fallos judiciales hace a la esencia de un régimen republicano, en el que el juez ejerce la jurisdicción por delegación de la soberanía que reside originariamente en el pueblo, que tiene derecho a controlar sus actos (conf. Alsina, Hugo, "Tratado teórico práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial", t. II, cap. X-31, ap. "a", p. 255).

3. Que, sentado lo anterior, es pertinente señalar que la fundamentación de la sentencia supone un razonamiento lógico que permita arribar con naturalidad a la decisión final, es decir que el juez debe consignar cómo llegó a la conclusión que deriva en su fallo; esta exigencia comprende tanto el estudio de las normas jurídicas como el de los hechos (Fenochietto-Arazi, ob. cit., t. 1, p. 134), pues la decisión judicial debe mostrar el esfuerzo del tribunal por lograr una aplicación del Derecho libre de toda arbitrariedad (conf. Lorca Navarrete, Antonio M., artículo citado).

4. Que, en el caso, el magistrado de la anterior instancia afirmó que "la prueba acompañada por la actora resulta insuficiente, tanto para acreditar la real carencia económica de la sociedad actora como su situación económico-financiera actual, como asimismo la imposibilidad para obtener recursos para afrontar los gastos derivados del proceso iniciado, resultando insusceptible de fundar la convicción judicial" (tercer párrafo de la resolución de fs. 361). A esto agregó que "además, se trata de prueba que debió producirse mediante exhorto -arts. 132, 369, 370 y concs. del Cód. Proc.-" (cuarto párrafo). Con esta base, denegó el beneficio de litigar sin gastos pedido por la actora.

De la transcripción precedente surge, sin duda, que asiste razón a la quejosa en su crítica.

En efecto, es claro que lo expresado por el a quo no alcanza la entidad suficiente, de conformidad con el criterio aquí abrazado, como para tener por cumplida la obligación establecida en el art. 34 inc. 4°, del ordenamiento adjetivo. Ello, desde que "el fundamento debe ser específico, es decir, referirse concretamente a un hecho y a una disposición de derecho; y se reputa insuficiente, vale decir, no motivada, cuando se hacen consideraciones generales" (Alsina, Hugo, ob. cit., cap. X-31, ap. "e", p. 257).

Y esto último es lo que ocurre en la especie, ponderando esencialmente que en la sentencia en cuestión no se brinda razón alguna que explique porqué la prueba producida por la actora "resulta insuficiente" o porqué es "insusceptible de fundar la convicción judicial". A lo que es dable añadir que tampoco se hace referencia específica a los distintos elementos probatorios adjuntados a la causa. En otras palabras, el decisorio judicial no contiene un desarrollo que permita conocer cuál fue el razonamiento lógico que llevó al sentenciante a decidir en la forma en que lo hizo. De este modo se dejó a la quejosa sin la posibilidad de efectuar una "crítica concreta y razonada de las partes del fallo que… considere equivocadas" (art. 265, Cód. Procesal).

Cierto es que la concisión de una sentencia no implica su falta de motivación, pues son cosas bien distintas; más es claro que, según se advierte de la lectura del fallo recurrido, no nos encontramos en autos frente un supuesto de esta naturaleza.

En tales condiciones, corresponde admitir el expreso planteo formulado (conf. punto II, último párrafo, del memorial) y, por consiguiente, hacer lugar al recurso en este aspecto. Declárase, pues, la nulidad de la resolución atacada (art. 34 inc. 4°, Cód. Procesal).

5. Que, consecuentemente, débese efectuar el examen acerca de la procedencia del beneficio de litigar sin gastos (conf. art. 253, segundo párrafo, Cód. Procesal).

6. Que, ante todo, es pertinente recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que los magistrados no están obligados a seguir a las partes en todas sus alegaciones, sino sólo a tomar en cuenta las que resultan conducentes para esclarecer los hechos y resolver adecuadamente el diferendo (Fallos: 310:1835 y 319:119 -y sus citas-, entre otros).

7. Que, ello sentado, cabe señalar inicialmente que en nuestro ordenamiento adjetivo se dispone -en lo que aquí interesa- que "la prueba deberá producirse por los medios previstos expresamente por la ley…" (art. 378, Cód. Procesal).

En este sentido, se ha afirmado que "el principio general está enunciado en el art. 397 del Cód. Procesal, que establece que los medios probatorios no son admisibles si 'manifiestamente' tienden a sustituir o ampliar otro medio de prueba que específicamente corresponda por ley o por la naturaleza de los hechos controvertidos" (Fenochietto-Arazi, ob. cit., t. 2, p. 322).

En el caso; la peticionaria del beneficio acompaña prueba documental a fin de acreditar la "carencia de los recursos necesarios para hacer frente a los gastos que origine la actividad jurisdiccional" (punto V bis del escrito de inicio).

El núcleo de dicha prueba documental está constituido por una declaración jurada de Robert Rusko, oficial a cargo de la administración judicial de los bienes del grupo económico al que pertenecía la actora (conf punto IV, quinto párrafo). En ella se explica -según alega la interesada- la "crítica situación financiera de American Resource Corporation y la falta de bienes suficientes para hacer frente a la tasa de justicia como al eventual arraigo que se pudiera solicitar y fijar en estas actuaciones -las principales- (punto IV, sexto párrafo).

Sin embargo, la declaración del funcionario aludido debió ser producida en la causa a través del mecanismo específicamente regulado en la ley de forma. En efecto, si quería valerse de esta prueba, la actora tenía que acompañar el interrogatorio e indicar los nombres de las personas autorizadas para el trámite del exhorto (conf. arts. 453 y 132, Cód. Procesal); mas ella entendió que cumplir con la previsión normativa implicaría "un gran costo que desvirtuaría esta solicitud", una "enorme pérdida de tiempo" y "sería sobreabundante" (punto V, último párrafo, del escrito de inicio).

Sobre esta base, ponderando que la actora soslayó expresas disposiciones legales (arts. 453 y 132, Cód. Procesal) y, por consiguiente, privó a sus contrarias de ejercer con plenitud su derecho de defensa en juicio (conf. arts. 454 y 456, Cód. Procesal), conclúyese en que la prueba aportada en autos resulta inadmisible, y por ello insusceptible de examen por parte del Tribunal, para acreditar los presupuestos de hecho contemplados en los arts. 78 y 79 del ordenamiento adjetivo (arg. art. 397, Cód. Procesal).

Corresponde, pues, rechazar el beneficio de litigar sin gastos solicitado. Así se resuelve.- E. Vocos Conesa. M. Mariani de Vidal. R. G. Recondo.

International Trade And Investments c. Novasystem. 2 instancia

CNCom., sala A, 08/07/05, International Trade And Investments S.A. c. Novasystem S.A.

Compraventa internacional de mercaderías. Máquinas expendedoras de boletos. Vendedor El Salvador. Incoterms. Cláusula FOB – El Salvador. Falta de legitimación activa.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 22/04/07 y en LL 2006-A, 475.

2º instancia.- Buenos Aires, 8 de julio de 2005.-

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?

La doctora Míguez dijo: I. La sentencia de fs. 614/631: a) desestimó la excepción de falta de legitimación activa opuesta por la demandada. b) Hizo lugar a la demanda y condenó a Novasystem S.A. a pagar a International Trade And Investments Sociedad Anónima de Capital Variable la suma de pesos que resulte de la liquidación a practicarse teniendo en cuenta que la cantidad de U$S 600.394,33 será convertida a pesos conforme lo expuesto en el considerando 4°, -que expresa que la deuda a pagar será el equivalente a la cantidad de pesos necesarios para adquirir a la cotización en el mercado libre la suma en dólares estadounidenses expresadas en las facturas al momento del efectivo pago, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 1 inc. "e" del decreto 410/2002-. Todo ello con más los intereses que se liquidarán desde la mora a la tasa del 6% anual, con imposición de las costas del juicio a cargo del demandado vencido (art. 68 del Cód. Procesal).

1°.- El juez a quo desestimó la defensa de falta de legitimación activa con base en que del documento, cuya copia obra a fs. 369 certificada notarialmente, surge que se efectuó una transferencia bancaria recibida a favor de ITISA emitida por el Banco Uno S.A. de El Salvador, por orden de Novasystem y no de Ticket Center Fahrkarten Automaten GmbH, lo que acredita que existió un vínculo entre ambas. Amén de ello, señaló que también en el telegrama adjuntado por la accionada se menciona el nombre de la actora (copia de fs. 194, renglón 11), el que asimismo se encuentra expresado en la carta que envió Ticket Center a la demandada, en la que se indica que al no haber cumplido el pago de sus obligaciones con la compañía I.T.I.S.A. de C.V. -entre otras consideraciones- le informa que ha decidido no prolongar el contrato (documental agregada por la accionada, cuya copia luce a fs. 198).

2°.- Que respecto de la admisibilidad de la pretensión deducida, analizó la prueba producida en conjunto y tuvo por acreditada la relación comercial habida entre las partes; las ventas de las mercaderías indicadas en las facturas que seguidamente se detallan, las que fueron retiradas a nombre de la demandada por su despachante de aduana. Puntualizó además, que de la declaración testimonial de Alfredo García Samartino (fs. 506/508) surge que como despachante de aduana trabajó para la demandada, y reconoció las copias de la documentación emitida por Edcadassa S.A. y los formularios de despacho y de salida de bultos, emitidos por la Administración Nacional de Aduanas y la A.F.I.P. y que por orden de la accionada retiró la mercadería individualizadas en la preg. 3°. Por todo ello concluyó que el importe de las facturas reclamadas se encuentra impago.

Precisó además, que los datos indicados en los documentos obrantes a fs. 377/381, reconocidos por el despachante Samartino concuerdan con las referencias indicadas en los documentos que en copia obran a fs. 18/22 -factura 11/98 - que fueron desconocidos por la accionada-. Y así sucesivamente señala que todos los datos indicados en los documentos que se individualizan fueron sistemáticamente reconocidos por el mencionado despachante de aduana, los que concuerdan con los consignados en otros documentos que identifica como correspondientes a las facturas 13/98; 15/98; 17/99; 18/99; 20/99, 21 /99; 22/99; 22/99; 24/99; 30/99 que se detallan puntualmente a fs. 626/628 del decisorio apelado. En lo que concierne a las facturas 10/98; 16/98 y 33/99 concluyó que la accionada no aportó ningún elemento de juicio que permitiera formar convicción en el sentido de sustentar su posición, contraviniendo con ello la carga probatoria que sobre dicha parte recaía. Es decir que no desvirtuó por ningún medio que dichas facturas no se correspondían con la relación comercial que ha quedado comprobada, conforme los argumentos precedentemente vertidos. Por último destacó, que del informe pericial contable surge que la parte demandada no ha podido desvirtuar, por ningún medio probatorio para exonerarse de responsabilidad, que las mercaderías retiradas a su nombre por el nombrado Samartino tenían su correlato con la relación comercial que mantuvo con Ticket Center.

II. Que contra dicho pronunciamiento se alzó Novasystem S.A., quien sustentó el recurso interpuesto con la expresión de agravios vertida a fs. 641/643 que fue contestada a fs. 648/650.

III. Recurso deducido por la parte demandada.

1° Se agravia en primer término de que se rechace la excepción de falta de legitimación activa e insiste en que sólo mantuvo relación contractual con Ticket Center para la distribución de las máquinas expendedoras de boletos que ésta fabricaba. Sostiene que los fundamentos que sustentan este aspecto del decisorio no se apoyan en hechos reveladores de la existencia de un vínculo comercial fluido entre comprador y vendedor, y, menos aun, surge de la prueba aportada al proceso que la actora proveyó equipos a su parte ni es acreedora de Novasystem.

La queja así ensayada no constituye la crítica concreta y fundada que exige el art. 265 del Código ritual, toda vez que se limita a expresar una mera discrepancia subjetiva con el decisorio apelado, sin que se advierta la existencia de un discurso sistemático -porque no transita desde una premisa hasta la conclusión- que demuestre el error de la consideración conclusiva vertida por el juzgador en los términos de la norma citada. A mayor abundamiento, señalo que no se encuentran debida y seriamente refutadas las conclusiones del juez a quo de que la mercadería enviada desde El Salvador no es idéntica a la que comercializó la empresa alemana Ticket Center Fahrkarten Automaten Gmbh. Tampoco refuta eficazmente la autenticidad de la prueba documental aduanera emitida por Edcadassa S.A. ni ninguno de los otros argumentos esgrimidos por el juez, vertidos en I-1°; tampoco acreditó haber diligenciado los exhortos a fin de acreditar que la mercadería objeto del presente juicio fue vendida por la empresa alemana Ticket Center Fahrkarten Automaten GmbH y no por la actora, por lo que se la declaró negligente en la producción de dichos medios de prueba. Por todo lo expuesto corresponde declarar desierto este aspecto del recurso (art. 265/266 del cód. procesal).

2° Se agravia del acogimiento de la pretensión deducida. En primer término corresponde destacar que no incurre el sentenciante en la contradicción que le endilga la apelante a fs. 642, toda vez que ésta se limita a acumular sólo opiniones subjetivas carentes de todo sustento probatorio y jurídico. Incluso, la pieza en análisis exhibe una llamativa falta de seriedad argumental. Baste a título de ejemplo señalar el inconsistente reproche que formula respecto de la apreciación de los dichos de Samartino, que el juez a quo juzgó dirimente entre otras pruebas para resolver esta controversia, ya que con motivo de su actuación como despachante de aduana estaba habilitado para reconocer la documentación referenciada a fs. 626/628, consistente en las facturas emitidas por Edcadassa S.A. y los formularios de despacho y salida de bultos emitidos por la Administración Nacional de Aduanas y la A.F.I.P. obrantes en autos, todos ellos coincidentes con los datos consignados en 10 de las facturas glosadas en autos. A mayor abundamiento, adviértase que sorprende la omisión de la accionada de ejercer el derecho de repreguntar al testigo si consideraba que su declaración resultaba insuficiente, no impugnó su testimonio por falaz ni cuestionó la idoneidad del declarante, todo lo cual permite asignarle a sus dichos la fuerza probatoria apreciada según las reglas de la sana crítica en los términos del art. 458 del Cód. Procesal. Asimismo se aprecian carentes de técnica recursiva las genéricas, imprecisas e insustanciales manifestaciones vertidas a fs. 642 vta. del memorial, referidas al informe producido por el perito contador, toda vez que la demandada soslaya haber "extraviado" la totalidad de sus libros contables y de comercio, según surge de la denuncia efectuada ante la Comisaría 43, el 29.1.93 (fs. 528/529), en fecha concomitante con la de elaboración del informe pericial, el que está acotado a dar cuenta de cierto soporte contable referido a algunas operaciones comerciales y determinados estados contables, que se sintetizan a fs. 624.

Recapitulando, ha quedado acreditado con la prueba aportada al proceso, que los certificados emitidos por Edcadassa demuestran que la actora y demandada actuaron como partes vendedora y compradora respectivamente; que las mercaderías, cuyo precio se reclama, fueron retiradas por el Despachante de Aduana Alfredo García Samartino por cuenta y orden de Novasystem S.A. (fs. 506/8), y que ésta adeuda el precio que se le reclama. Por otra parte, tratándose de una compraventa bajo la cláusula FOB, la actora cumplió íntegramente su obligación enviando las máquinas desde El Salvador por vía aérea, haciendo entrega de éstas una vez que se depositaban en el avión, es decir, que la transferencia de la propiedad y los riesgos se operó con el simple embarque de las mercaderías y la entrega de la documentación pertinente. Una vez arribadas al país, la demandada se encargaba del despacho de los productos importados, como surge de la documentación de exportación anexada al escrito de inicio. Dichos extremos no fueron desacreditados por la accionada, que, reitero, se limitó, a fin de sustentar su posición, a argumentar sobre el vínculo habido con otra sociedad (Ticket Center Fahrkarten Automaten Gmbh) que podría tratarse de una "controlante" de la aquí actora. Empero, ninguna probanza realizó a fin de abonar sus dichos, circunscribiéndose a invocar tal eventual circunstancia, incumpliendo el principio general en relación a la carga de acreditar los hechos en que sustentó su defensa (art. 377 del Código Procesal y su doctrina).

A mayor abundamiento, adviértase que el hecho de que reconociera su vinculación con esta otra sociedad, en nada obstaría a que también hubiera tenido relación comercial con la actora, tal como ésta afirmó y acreditó mediante diversos elementos probatorios debidamente puntualizados y analizados por el juez a quo en el pronunciamiento apelado (vgr. transferencias de fondos efectuadas directamente por la demandada a la actora en fs. 368 y notas acompañadas por la accionada en fs. 193 y 198, documentación acompañada y conclusiones del informe pericial contable etc.) En consecuencia, coincido con el sentenciante de que está demostrado que la actora vendió y entregó a la demandada los equipos cuyo precio le reclama, circunstancias fácticas y jurídicas, que como se ha dicho Novasystem S.A. no logró desvirtuar.

De allí entonces que las argumentaciones que trae la recurrente ceden ante las consideraciones antes expuestas y carecen de idoneidad para revertir el sentido de la decisión que se controvierte. Mal puede entonces pretender suplir con endebles razonamientos meramente conjeturales la orfandad probatoria en que incurrió.

Por todo lo expuesto, propicio al acuerdo rechazar íntegramente el recurso deducido por Novasystem S.A. y confirmar la sentencia apelada en cuanto acoge la demanda incoada por International Trade And Investments S.A.C.V. en los términos en que ha sido materia de agravios. Las costas de la alzada se imponen a la demandada en su condición de parte vencida (art. 68 del Cód. Procesal). Así expido mi voto.

Por análogas razones, la doctora Piaggi adhiere al voto precedente.

Por los fundamentos del Acuerdo precedente, se resuelve rechazar íntegramente el recurso deducido por Novasystem S.A. y confirmar la sentencia apelada en cuanto acoge la demanda incoada por International Trade And Investments S.A.C.V. en los términos en que ha sido materia de agravios. Las costas de la alzada se imponen a la demandada en su condición de parte vencida (art. 68 del Cód. Procesal).

Intervienen únicamente las suscriptas por encontrarse vacante el restante cargo de juez de esta Sala (art. 109 RJN).- A. I. Piaggi. I. Miguez.

Gráfica Editora Primor c. Gibelli

CNCom., sala B, 26/10/88, Gráfica Editora Primor c. Gibelli, N. y otro.

Contrato de impresión y edición. Compraventa internacional de mercaderías. Incoterms. Cláusula FOB – Rio de Janeiro. Letra de cambio. Lugar de pago EUA. Falta de pago del precio.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 21/04/07 y en LL 1989-B, 245.

2º instancia.- Buenos Aires, octubre 1988.-

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?

La doctora Piaggi dijo: 1º Gráfica Editora Primor SA promueve, por sí, juicio ordinario por cobro de la suma de 28.330,44 dólares estadounidenses, contra Nicolás J. Gibelli y/o quien resulte "propietario" de Interworld Publishing and Marketing Services Inc. y Encyclopaedia Britannica de Argentina SA. Explica que el 29/5/80, celebró con Interworld Publishing and Marketing Services Inc., un contrato de venta de servicios gráficos de impresión y edición, para la producción de 17.500 ejemplares de un diccionario.

Está probado que el referido convenio fue firmado por Nicolás J. Gibelli, en su carácter de presidente de lnterworld Publishing and Marketing Services Inc. El precio total de la operación se fijó en U$S 165.085,90 (cláusula 5ª del contrato anexo a fs. 7/8 y fs. 13 vta./14). La actora arguyó que: Interworld Publishing and Marketing Services Inc. es un nombre de fantasía no correspondiente a persona jurídica alguna: entiende que el único "propietario" conocido es Nicolás J. Gibelli, que firmó el contrato y contra quién demanda.

2º Los antecedentes de la causa se encuentran debidamente expuestos en la sentencia recurrida; por lo que, sin perjuicio de remitirme a ellos, bastará señalar a sólo efecto ilustrativo, que se demanda por incumplimiento del pago comprometido, reclamándose la ejecución de la garantía oportunamente otorgada por Encyclopaedia Britannica de Argentina SA.

Está discutido, si el télex -reconocido por Encyclopaedia Britannica de Argentina SA enviado por ella a la actora y anejo a fs. 20, integró el convenio celebrado entre Gráfica Primor S. A. e Interworld Publishing and Marketing Services Inc., tal como se expresara en la cláusula 3ª del contrato…. "Por la presente venimos a informarles que en función de nuestros contratos con Interworld Publishing and Marketing Services Inc. de la ciudad de Panamá con oficinas en Madison 260 de la ciudad de Nueva York, les autorizamos irrevocablemente a enviarnos 3.500 ejemplares de la obra diccionario poligloto Barsa, en dos volúmenes a ser impresos por Interworld, pagaderas con una letra por el valor de U$S 66.034,36 FOB - Río de Janeiro, Brasil c. vencimiento a 180 días fecha de embarque aceptada por nosotros a favor de Uds. contra documentos de embarque. El embarque deberá sernos efectuado antes del 30 de setiembre próximo… Javier Patin, Presidente de Encyclopaedia Britannica Argentina SA".

De las 3.500 colecciones referidas supra, sólo se demandó en el "sub lite" el pago de 3.000.

3º La sentencia de grado, acogió la defensa de falta de acción interpuesta por Gibelli; y parcialmente la demanda incoada contra Encyclopaedia Britannica Argentina SA, condenándola a pagar a la actora U$S 18.866,96, en su equivalente en moneda argentina al día del efectivo pago: con más el interés puro devengado a la tasa anual del 8 desde la fecha del mora 2/11/82, tiempo de notificación de la demanda.

4º Desde que no cabe introducirse en el contenido obligacional del acuerdo, sin la previa determinación de los supuestos de hecho que provocaron el nacimiento de la relación jurídica, consideró conveniente comenzar por el análisis de la documentación traída por las partes, en razón de que el estudio secuencial de la misma arroja luz sobre la conducta de aquéllos; erigiéndose en el elemento principal a los efectos de posibilitar el arribo a una decisión justa que ponga fin al pleito.

A fs. 21 corre el telex que con fecha 24/2/81 la actora envió a Gibelli, comunicándole las nuevas fechas de los futuros embarques de las mercaderías. A fs. 22, consta que por telex del 3/4/81 Encyclopaedia Britannica de Argentina SA, reclamó a la accionada la documentación original de los diccionarios vendidos –endosada a su favor-, para su nacionalización en frontera.

En el contrato supra referido (cláusula 5, pto. C), se convino que el total de las colecciones vendidas (17.500 ejemplares), se entregarían de la siguiente forma: 7.000 a Encyclopaedia Britannica de México, 7.000 a Encyclopaedia Britannica de Venezuela y 3.500 a Encyclopaedia Britannica de Argentina. Explicó la actora que el contrato fue cumplido por ambas partes, respecto a las 7.000 colecciones que correspondían a México y 7.000 proporcionadas a Venezuela; en cambio no se pagaron los remitidos a Argentina que fueron 3.000 y no 35.000 como originalmente se convino.

Adujo la accionante que coetáneamente a la recepción de la mercadería, giró dos letras de cambio por U$S 9.433,48 y U$S 18.866,96, con vencimientos el 13/08/81 y 07/09/81 respectivamente: a la orden del Banco de Brasil contra Encyclopaedia Britannica de Argentina SA, las que fueron presentadas al cobro por la sucursal del Swiss Bank en Nueva York. Las letras no fueron aceptadas, tampoco pagadas; por lo que se procedió a su protesto, importe de las letras correspondía al valor de las 1.000 y 2.000 colecciones, respectivamente.

En el télex enviado a la actora corriente a fs. 92, Gibelli invocó que su codemandada era ajena al problema que suscitó la litis, en tanto y en cuanto había cancelado la deuda con Interworld Publishing and Marketing Services Inc. También argumentó una doble facturación que cubriría idéntica mercadería en Buenos Aires y en Nueva York: extremos no probados. Lo expresado originó la respuesta aneja a fs. 88/90.

Las facturas núm. 013/80-A y 013/80-13, sobre mercaderías remitidas a Venezuela y Argentina, se confeccionaron a nombre de Interworld Publishing and Marketing Services Inc.; conforme lo estipulado por el convenio de fs. 8, p.c., III.

5º A fs. 198 se presentó Nicolás Gibelli, oponiendo excepción por falta de legitimación pasiva. Adujo que suscribió el contrato en su calidad de representante legal de Interworld Publishing and Marketing Services Inc., sociedad inscripta en Panamá, extremos todos acreditados en autos.

A fs. 204, la actora insistió en que "… Interworld… no existe como persona jurídica y no es más que un nombre de fantasía… aunque se demostrara que existe una sociedad anónima constituida en Panamá, mediante escritura… y debidamente inscripta… ello no modificaría la situación, ya que se trataría de una simple coincidencia de nombres, pero no significaría que fuese esa la sociedad que contrató con la actora.

A fs. 208/11 Encyclopaedia Britannica de Argentina SA, opuso la excepción de falta de legitimación; en base a no haber sido parte en el contrato, ni encontrarse obligada a pago alguno. Rechazada y firme la defensa de falta de acción, corresponde analizar las causales exonerantes de responsabilidad, aducidas por esta codemandada; que se recuerdan en la expresión de agravios.

A fs. 256 al contestar demanda, Gibelli reconoció el contrato del 29/05/80 entre el actor y la sociedad panameña; representada en la oportunidad por el mismo codemandado. A fs. 256 éste aceptó la autenticidad de la carta de fecha 30/10/80, suscripta por su mandante; prorrogando el embarque de las mercaderías hasta el 30/11/80; idénticamente los télex del 16/10/81 y 19/10/81. Niega la restante documentación y la percepción de U$S 18.866,66.

A fs. 267/279 la codemandada Encyclopaedia Britannica de Argentina SA, rechaza que la cláusula 5ª del contrato, o el télex remitido a Primor SA, importe obligación alguna a su cargo, ratificación de contrato o garantía de cumplimiento. Refuta que el télex de fecha 03/04/81 por el que solicitó a la accionante la remisión de la documentación de embarque, resulte causa eficiente para establecer relaciones obligacionales con ésta. Arguye también que la comunicación dirigida a la accionante tuvo origen en la relación con su coaccionada, aduciendo que "autorizó" irrevocablemente a Primor SA a enviarle las mercaderías en cuestión, pero nada garantizó.

Argumenta esta parte, que se "obligó" (sic) a aceptar la letra de cambio por U$S 66.034,66, contra recepción de documentos de embarque pero el embarque no se realizó en el plazo fijado y la letra no le fue presentada. Afirma que al no aludir su telex al convenio, sólo se obligó bajo ciertas condiciones que nunca se cumplieron y su obligación "caducó". A mi criterio, esta parte se apoya en razones subjetivas que llevan ínsito un claro voluntarismo; conducente a afirmaciones dogmáticas contradichas por las constancias de autos.

Baste esta escueta relación de la causa, a los fines ilustrativos precedentemente mencionados. Seguidamente he de pasar revista a las quejas invocadas por las partes.

6º A fs. 477/480 corren los agravios de la actora, respondidos por la contraparte Encyclopaedia Britannica de Argentina SA, a fs. 487 y sgtes. y por la defensora oficial a fs. 489/90. Primor SA funda su queja en las argumentaciones que sintéticamente expongo y serán materia de posterior análisis: a) cuestiona el acogimiento de la excepción interpuesta por el codemandado Gibelli, y la imposición de las consecuencias costas a su parte, b) impugna la condena parcial contra Encyclopaedia Britannica de Argentina SA (por U$S 18.866,96 en tanto el reclamo fue por U$S 28.330,44).

En la primera de las impugnaciones el esquema argumentas de la quejosa no parece atendible. Repárese que demandó a Nicolás J. Gibelli "… y/o quien resulte "propietario" de Interworld Publishing and Marketing Services Inc." y Encyclopaedia Britannica de Argentina SA.

Reconocida la contratación con la sociedad panameña, cabe suponer que el recurrente sabía con quien contrataba; pero resulta innecesario detenerse en ello ahora, por cuanto a fs. 190 determinó como sujeto procesal a Nicolás J. GibeIli, no a la sociedad. De ello se infiere, que al no estar el ente demandado, y habiendo acreditado Gibelli su existencia; no contamos con el sujeto pasivo de la relación sustancial controvertida.

El supuesto del art. 1933 del Cód. Civil invocado por la actora –aún en la hipótesis más favorable a esta parte-, pudo darse en el origen del convenio pero deja de tener aplicación en el caso; por cuanto a fs. 354 corre el poder general otorgado a Gibelli. El invocado art. 1936 del Cód. Civil, tampoco resulta de aplicación, puesto que no siendo la persona jurídica la demandada, ¿qué sentido tiene para ella ratificar o negar actos que no se le imputan?

La actora insiste y reitera que "… el demandado nunca indica cuál es la sociedad, dónde está inscripta o exhibe los poderes o documentación inherente; invoca a una sociedad que no tiene actuación alguna en ninguno de los lugares donde el contrato se celebró…". Finalmente invoca la violación del art. 1198 del Cód. Civil pero cabe interrogarse en base a la misma norma, si la agraviada obró "con cuidado y previsión" al momento de producirse la contratación; si tomó el indispensable recaudo de saber con quién contrataba y a quién dirigir su reclamo. A mayor abundamiento, a fs. 343/359, se acreditó la existencia de la persona jurídica que la quejosa insiste en desconocer.

7º La recurrente de fs. 477 y sigtes. argumenta que detentando Gibelli la documentación de fs. 343/359, sin agregarla a autos al contestar demanda ni al oponer excepciones, produjo un dispendio jurisdiccional no atribuible a su parte; por lo que impetra la modificación de las costas ordenada por el a quo.

Las constancias de la causa, demuestran indubitablemente que la recurrente no podía ignorar quién era el importador de las mercaderías; sin embargo dirigió su acción contra quien demostró oportunamente la injusticia de su pretensión.

8º El marco procesal vigente mantiene el fundamento de la condena en costas, como una consecuencia procesal del hecho objetivo de la derrota ("victus victori"); que orientado en el clásico principio acuñado por Chiovenda, permite alcanzar soluciones justas y equitativas. La medida del éxito o del fracaso de cada litigante, resulta la pauta aplicable para la imposición; pues ésta es una institución claramente determinada en interés de que el derecho desconocido resulte incólume de la discusión judicial. Procesalmente resulta vencido, aquél contra quien se declara el derecho, y la resistencia que presupone el hecho del pleito, ha de entenderse en el sentido que la actividad judicial resulte necesaria por culpa del vencido. La actuación de la ley no debe representar una disminución patrimonial para la parte en cuyo favor tiene lugar (ver Chiovenda José, "Instituciones…" p. 322/335). La queja es insostenible y propongo su desestimación.

9º El decisorio impugnado condenó a Encyclopaedia Britannica de Argentina SA, a pagar a la accionante 18.866,96 dólares estadounidenses, del total reclamado de U$S 28.300,44. Por el télex del 4/6/80, la accionada alude a 3.500 ejemplares, pero se anticipó) sólo está debatido el pago de 3.000 ejemplares de los cuales la demandada habría recibido sólo 2.000 (ver posiciones 2" y 10" de fs. 335/336).

A fs. 186, la actora aseveró que: "… respecto a las colecciones que correspondían a Argentina por un acuerdo con los demandados, se enviaron 1.000 a Venezuela y 2.000 a Argentina, todos ellos recibido de conformidad…". Tal convenio no fue probado, pero la recurrente agrega: "… siendo evidente que la demandada se hizo responsable tanto de la mercadería que debía entregarse en Buenos Aires, como de la que se entregaba en Venezuela. La prueba de tales acuerdos y evidencias se encontraba a su cargo, (art. 377 Cód. Procesal) y no fueron satisfechos.

Por todo lo expuesto, propongo desestimar la queja y, si mi voto es compartido, la sentencia recurrida debe confirmarse en los aspectos impugnados por la actora.

10º Contra el decisorio corriente a fs. 443/51, se alza Encyclopaedia Britannica de Argentina SA a fs. 473/475; su memoria determinó las contestaciones de fs. 482/3 y 489/90.

La impugnante se disconforma de los términos del considerando 8vo. de la sentencia, donde el a quo, fundamenta la responsabilidad en el télex del 4/6/80: toma a éste como "la simple previsión de una contraprestación; el envío de las mercaderías a cargo de la actora".

A mi criterio, es efectivamente el referido télex el que crea el nexo entre actora y codemandada; sólo a partir de él, se podrán apreciar las consecuencias jurídicas que origina; conforme los hechos y su probatoria. Lo que la quejosa considera error del juzgador, es lo que a mi parecer, no ha sido desvirtuado en ninguna etapa del proceso.

Dadas las características de los hechos, Encyclopaedia Britannica de Argentina SA debió suponer que el télex constituía un acto con el cual se vinculaba con la actora en forma irrevocable, conforme los términos del mismo. A todo evento y aun tomado como manifestación unilateral de voluntad, obliga a su autor como promesa irrevocable con valor vinculante.

No existe ningún impedimento legal para la admisión de la voluntad unilateral como fuente autónoma de obligaciones en nuestro derecho positivo. Es más, el art. 944 del Cód. Civil implica la consagración plena de la autonomía de la voluntad unilateral, como concepto de acto jurídico productor de obligaciones. Ello sí, la promesa vinculante como emanación del principio de autonomía consagrado por el código de fondo permite a las partes reglar sus intereses dentro del marco de la ley. (En tal sentido v. Brebbia, Roberto II. "Responsabilidad precontractual", ps. 135 y 55, Ed. La Rocca, Buenos Aires, 1987).

11 - El elemento tiempo ha sido invocado por Encyelopaedia Britannica de Argentina SA, como condicionante directo del acto solutorio de la obligación.

El problema del tiempo en la entrega, en compraventas internacionales, tiene una importancia considerable. Interesa por tanto determinar, si el tiempo acordado fue o no esencial, en punto a la existencia o eficacia de la relación obligatoria y su influencia sobre el acto de cumplimiento del vendedor.

Ello así, en la primera hipótesis, la falta de entrega en al fecha determinada por el contrato, constituye una contravención esencial, equiparable a la inejecución total. Pero si éste fuera el caso de autos, Encyclopaedia Britannica de Argentina SA, hubiera exigido la ejecución en tiempo o rechazado la entrega extemporánea. Por el contrario; recibió las mercaderías (ver 2ª y 10ª pos.) no las devolvió, ni formuló reclamo alguno: lo que implica excluir el supuesto de plazo esencial.

No escapa a la preopinante, que el acto de "recepción" de la mercadería no puede ser confundido con el de "aceptación"; pero la aceptación de la cosa cuya posesión se ha adquirido por la recepción, consiste en el reconocimiento expreso o tácito del comprador, con la conformidad del objeto entregado.

La entrega de la cosa, es el primer acto de ejecución del contrato, colutorio de la obligación del vendedor y justificante del nacimiento de la obligación correlativa de pagar el precio (sinalagma genético).

A todo evento, el acuerdo de prórroga remitido a la actora por Interworld Publishing and Marketing Services Inc.; la cláusula tercera del contrato que motiva la "litis"… "son partes integrantes de este contrato, las cartas irrevocables firmadas por… y Encyclopaedia Britannica de Argentina SA… anticipados por télex directamente a Primor, que figuran como anexos II y III del presente contrato…"; la autorización irrevocable de Encyclopaedia Britannica Argentina SA a fs. 20; los telex dirigidos a Primor por la codemandada el 3/4/81 y 7/5/81, y demás constancias de autos, aventan toda duda sobre la conducta de las partes, la finalidad perseguida en el contrato y las circunstancias que lo acompañaron (véase Garrigues, Joaquín, "Estudios sobre el contrato de compraventa mercantil", p. 7, en Rev. del Derecho Mercantil, Madrid, 1961.

La conducta seguida tanto por la actora, como por la propia codemandada Encyclopaedia Britannica de Argentina SA, demuestran la sinrazón de la argumentación ensayada en la queja obrante a fs. 473 y sigtes.

Como expresara Segovia "… ya que la intención se demuestra a veces mejor en los hechos que con las palabras, es natural que los actos… (de los intervinientes)… constituyen su explicación auténtica, una interpretación viva y animada y a la manera de un confesión… de ellos" ("Código Civil comentado de la República Argentina", t. I, p. 218, nota 800).

La jurisprudencia ha decidido también que los hechos de las partes, anteriores y subsiguientes a la celebración del negocio jurídico, que tienen relación con lo que se discute, constituyen una interpretación auténtica del contrato (LL t. 111, p. 535; t. 112, p. 540; JA 1963-II, p. 252; entre otros).

Con el referido télex y comunicaciones subsiguientes, Encyclopaedia Britannica de Argentina SA contrajo una obligación autónoma frente al vendedor; adicionó su responsabilidad mediante actos expresos de confirmación, la finalidad económica perseguida, fue asegurar al exportador el cobro del precio de venta, un negocio causal que vincula al comprador y vendedor, a cuyo cumplimiento tiende la garantía. Se trata de un problema de interpretación objetiva, y lo hasta aquí expuesto, conduce a sustentar la condena propiciada en la primera instancia.

12 - El letrado apoderado del codemandado Gibelli se queja a fs. 452, porque los intereses fijados, no son incluidos en el cómputo de sus honorarios profesionales. Alega que al tomarse cómo fundamento el monto total demandada U$S 28.300,44, se omite la inclusión de los intereses admitidos en la condena; lo que estima improcedente.

13 - Esta sala tiene dicho –con anterioridad a mi incorporación-, que en la actividad profesional que persigue el reconocimiento o declaración de un derecho, va también implícito el despliegue de la misma en sus accesorios. Ha entendido que la circunstancia del acrecentamiento de los intereses por el solo transcurso del tiempo durante la escuela del juicio, no es argumento suficiente, para desconocerlos como integrantes de la cuantía de la sentencia; criterio que comparto.

Consecuentemente con lo expuesto, este tribunal ha admitido y admite, el monto de los intereses a los efectos de la fijación del estipendio; aunque la jurisprudencia no es ni uniforme ni pacífica, como erróneamente afirma el apelante (ver en contra, CSJN, LL t. 78, ps. 710, 4439-S; JA 15-1972, p. 279, ED t. 54, p. 409; CNCiv., sala E, ED t. 55, p. 473, sala F, ED t. 55, p. 487, CNCom., sala A, LL t. 1412, ps. 657, 25, 392, etc.). Sin embargo, la pretensión del quejoso no puede recibir acogida. Ello, porque reclama el porcentual fijado por el a quo (14 %), sobre el monto total demandado de U$S 28.300,44, con más el interés fijado en el fallo recurrido 8 % anual, computado desde la fecha de mora, tal reclamo carece de todo andamiento.

14 - Deberán regularse honorarios al agraviado por el monto que prospera la acción U$S… en su equivalente en moneda argentina; con más los intereses a la tasa del 8 % anual fijada en el decisorio en el porcentaje acogido por el a quo (14%). Por los restantes U$S…; monto por el que la demanda es rechazada, deberá fijarse igual proporción (14%), sin adicionar interés alguno, pues ningún accesorio ha devengado.

15 - Por las reflexiones precedentes, propongo al acuerdo se confirme la sentencia de grado, modificándose los honorarios profesionales regulados al letrado R. R. P., en la forma referida supra. Las costas de alzada se imponen en el 60% a Encyclopaedia Britannica de Argentina SA, 35% a Primor SA y el 5% al recurrente de fs. 452/453 (art. 71, Cód. Procesal).

16 - Oportunamente los autos pasarán al Representante del Fisco en lo que se relaciona con el impuesto de justicia.

Por análogas razones el doctor Morandi adhirió al voto anterior.

Por los fundamentos del acuerdo que precede, se resuelve: confirmar, en lo principal, la sentencia de fs. 443/451.

Las costas de alzada se imponen en 60% a Encyclopaedia Britannica de Argentina SA, 35% a Primor SA y 5%, al recurrente de fs. 452/453 (art. 71, Cód. Procesal).

Oportunamente, pasen tos autos al Representante del Fisco en lo que se relaciona con el impuesto de justicia. Solo intervienen los suscriptos por estar vacante el restante cargo de juez de esta sala (art. 109 RJN).- A. I. Piaggi. J. C. F. Morandi.