Autoservicio Mayorista La Loma

Juz. Nac. Com. 26, secretaría 51, /04/03, Autoservicio Mayorista La Loma S.A. s. quiebra s. incidente de verificación por Cosvega SL.

Compraventa de mercaderías. Concurso en trámite en Argentina. Verificación de crédito. Vendedor con domicilio en España. Autonomía de la voluntad material. Incoterms. Cláusula CFR – Buenos Aires. Convención sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías Viena 1980. Autonomía de la voluntad conflictual (no). Código Civil: 1209, 1210. Lugar de cumplimiento. Puerto de embarque: Valencia. Pesificación. Normas de policía. Excepciones. Dec. 410/02. Ley extranjera aplicable.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 30/06/08.

1º instancia.- Buenos Aires, abril de 2003.-

Y vistos: Promueve el presente incidente Cosvega S.L., solicitando la verificación de un crédito, en la quiebra de Autoservicio Mayorista La Loma S.A., en la suma de U$S 23.025,63, con carácter quirografario (U$S 18.318,85 en concepto de capital y U$S 4.706,78 en concepto de intereses.

Manifiesta que el crédito invocado proviene de la venta de mercadería a la concursada. Acompaña facturas y conocimientos de embarque.

A fs. 16/31, el incidentista acompaña certificado de origen de las mercaderías vendidas, emitido por la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Murcia, España. Asimismo, acompaña copia de certificado de análisis fitosanitario emitido por el Centro Tecnológico Nacional de la Conserva en Molina de Segura. Expresa además que el crédito de marras no se encuentra alcanzado por la pesificación dispuesta por la normativa actualmente vigente.

Corrido el pertinente traslado, la sindicatura lo contesta a fs. 34/5, manifestando que en un anterior incidente de verificación que fue iniciado en la época de concurso preventivo y que fuera rechazado por ser postconcursal el crédito, la concursada se había allanado a la pretensión. Aconseja que se haga lugar al pedido de verificación, expresando que la acreencia se encuentra excluida de la pesificación prevista por las leyes de emergencia y que el crédito debe convertirse a moneda de curso legal al tipo de cambio del mercado libre a la fecha del decreto de quiebra.

Considerando: I. Del análisis de la documentación acompañada por el incidentista surge que se ha allegado factura (condiciones C+F Buenos Aires, Argentina), copia de conocimiento de embarque (puerto de embarque: Valencia, puesto de descarga: Buenos Aires), copia de certificado de control Fitosanitario, copia de certificado de origen de las mercaderías emitido por la Cámara de Comercio, Industria y Navegación y copia de nota de empaque.

Por ello, y teniendo en cuenta el dictamen favorable emitido por la sindicatura concursal, se considera acreditada la existencia y causa de la acreencia invocada, por lo que la insinuación tendrá favorable acogida.

II. En cuanto a la graduación del crédito, en atención a lo normado por el art. 248 de la LC, tendrá carácter quirografario.

III. Con respecto a la moneda en la que se verificará la acreencia, se presentan en autos dos cuestiones diversas en su naturaleza respecto de las cuales no resulta posible asimilación y que es necesario distinguir: por un lado, el crédito insinuado y el derecho aplicable al fondo de tal acreencia conforme a su índole y naturaleza (compraventa mercantil internacional) y por otro, el proceso concursal en sí mismo a cuyas reglas se somete la verificación del crédito, su rango y en cuanto a las reglas del procedimiento de insinuación. Es decir, por un lado se halla la existencia del crédito a verificar en sí mismo y, por otro, como juega ese crédito dentro del régimen del concurso.

Es claro que en el presente proceso se plantea en un concurso preventivo la verificación del crédito de un exportador de España que queda regido conforme al Derecho Internacional Privado Argentino en materia concursal que determina la sujeción del concurso a la lex fori, en tanto ley de domicilio del deudor (art. 3, 4 y cdtes. de la ley 24522) en lo pertinente. Sin embargo esa cuestión es diversa a determinar si en el marco de este proceso concursal, conforme la índole y naturaleza del crédito y al derecho que le resulta aplicable, el acreedor posee una acreencia contra el deudor concursado, efectivamente exigible y el alcance y cuantía de dicha acreencia, en tal supuesto.

En este punto se tocan ambos dictámenes en cuanto exigen idéntica consideración respecto del derecho aplicable al crédito mismo. En efecto, la relación contractual entre las partes, tal como ha sido insinuada con la documentación allegada, no exhibe el expreso ejercicio de autonomía de la voluntad en sentido conflictual. Esto es, que no aparece en la documentación acompañada un pacto expreso de elección del derecho nacional aplicable al contrato. Ello determina, que el contrato se rija por sus propias reglas materiales y que resulten de aplicación las normas de derecho internacional privado subsidiariamente aplicables, en defecto de ejercicio de autonomía de la voluntad en sentido conflictual, para determinar la ley aplicable al contrato en todo aquello que las partes no hubieran previsto expresamente en él (autonomía material).

Según lo expresado en el caso, junto a las previsiones del propio contrato y en defecto pues, de ejercicio de la autonomía en sentido conflictual, en lo que toca al fondo del negocio, devienen de aplicación las normas del derecho internacional privado argentino en materia de contratos internacionales (en el caso, Convención de Viena sobre Compraventa Internacional de Mercaderías, de 1980 vigente con España y arts. 1209 y 1210 C.Civ.).

De la documentación allegada resulta la existencia de un crédito causalmente justificado en cuanto a su existencia y exigibilidad en el que las partes acordaron una compraventa internacional con cláusulas materiales expresamente pactadas donde se convino en someter la operación a la cláusula - C+F - Cost & Freight, utilizando términos de las "Reglas internacionales para la interpretación de los términos comerciales" de la Cámara de Comercio Internacional de París, mediante una incorporación material expresa.

Cabe recordar que dichos "Términos" tienen por objeto facilitar un conjunto de reglas internacionales de carácter facultativo que determinan la interpretación de los principales modalidades usadas en los contratos de compraventa internacional referidos, bien a la entrega de la mercancía, a la transmisión de los riesgos, a la distribución de los gastos, así como a los trámites documentales necesarios para cruzar las fronteras de los distintos países. En la especie, en el pacto de la cláusula mencionada (C+F), la costumbre internacional se decide por la aplicación del derecho del "puerto de embarque de las mercaderías" (place of shipping) generalmente concordante con el domicilio del vendedor (conf. Boggiano A. "Derecho Internacional Privado" tº II, p. 384).

Cabe señalar también, que cuando las partes no se han referido expresamente a estas Reglas con la referencia "Incoterms 2000" como en el caso, pero se pactó una compraventa con una simple referencia a algunos de los términos de las reglas mencionadas, el contenido de lo pactado deviene de aplicación en tanto responda a las reglas y usos que normalmente se utilizan en el tipo de operación de que se trata. Cabe recordar que la Convención de Viena de Compraventa Internacional de Mercaderías aplicable al caso, indica en su art. 9 que las partes quedarán obligadas por cualquier uso que hayan convenido o por cualquier práctica que hayan establecido entre ellas –en el caso, la convención sobre el flete- pero que se considerará que las partes han hecho tácitamente aplicable al contrato, o a su formación, un uso del que tenían o debían haber tenido conocimiento, cuando en el comercio internacional es ampliamente conocido y regularmente observado por las partes en contratos del mismo tipo en el tráfico mercantil del que se trata.

En el caso pues, si bien el lugar de cumplimiento no ha sido explícitamente designado (art. 1212 CCiv.), puede afirmarse, sin duda, que hay una tácita pero inequívoca designación del lugar de cumplimiento cuando domiciliándose la vendedora en España se planteó la entrega de la mercadería con cláucula C+F con embarque en el puerto de Valencia. Es indudable aquí que la ley del lugar de cumplimiento designado fue la española y que por el juego de los artículos 1209 y 1210 del CCiv., la ley del lugar en donde los contratos deben cumplirse rige la existencia, naturaleza, validez, y obligaciones y todo cuando concierne a los contratos, bajo cualquier aspecto que sea, pues dado que en el caso no media elección proveniente de la autonomía conflictual de las partes de un derecho inequívocamente designado y en lo que la cuestión no ha sido prevista por la Convención de Viena, sobre la materia, también aplicable al caso, deben entenderse subsidiariamente aplicables las normas del derecho internacional privado argentino (lex fori).

Tratándose en el caso de un contrato celebrado entre un exportador de España y un importador argentino, el caso queda regido por los arts. 1209 y 1210 del Código Civil que determinan aplicable a la validez, naturaleza y obligaciones del contrato, en todo lo no previsto convencionalmente por la partes o por la Convención de Viena, por la ley del lugar de cumplimiento, en el caso, España.

Sin embargo esta norma de conflicto puede resultar desplazada, en nuestro país y en nuestro caso, por el juego de las normas de policía emanadas de las llamadas leyes de emergencia económica (ley 25561, Decreto 214/02 y cdtes.) que disponen, entre particulares en principio, la pesificación de aquellas relaciones nacidas bajo el marco de la ley de convertibilidad (ley 23928), en tanto se trata de normas imperativas de la lex fori, no disponibles, que se imponen por sobre la voluntad de las partes. No obstante, en el caso se configura precisamente, un supuesto de excepción previsto en esas normas de policía contenidas en el Decreto 410/02.

En efecto, el crédito que nos ocupa no se encuentra incluido en la conversión a pesos establecida en el art. 1º del Decreto nº 214/02 en tanto se trata de una operación del sector privado de dar sumas de dinero en moneda extranjera para cuyo cumplimiento resultaría subsidiariamente aplicable la ley extranjera, supuesto expresamente contemplado en el Decreto 410/02, art. 1º inc. e) y Comunicación A 3507, 3561, 3567 BCRA, que excluye, precisamente, la conversión a pesos de las obligaciones del sector público o privado de dar sumas de dinero en moneda extranjera para cuyo cumplimiento resulte aplicable la ley extranjera. Siendo que en el caso de autos resultaría aplicable, en todo caso, el derecho español, corresponde mantener la verificación en moneda extranjera.

IV. Con respecto a las costas, serán impuestas en el orden causado, en atención a lo normado por el art. 202 LC.

Por ello, resuelvo: 1. Declarar verificado un crédito, en la quiebra de Autoservicio Mayorista La Loma SA, en la suma de U$S 23.025,63 con carácter quirografario (art. 248 LC), suma ésta que se convertirá a pesos al cambio de mercado a la fecha de decreto de quiebra, conforme los considerandos precedentes y lo previsto por el art. 127 de la LC. 2. Imponer las costas en el orden causado. 3. Notifíquese por Secretaría. 4. Firme, póngase nota en los autos principales.- M. E. Uzal.

Águila Refractarios S.A. s. concurso preventivo

Juz. Nac. Com. 10, secretaría 19, 23/10/91, Águila Refractarios S.A. s. concurso preventivo.

Compraventa de mercaderías. Concurso en trámite en Argentina. Verificación de crédito. Vendedores con domicilio en EUA y Brasil. Convención sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías Viena 1980. Usos del comercio internacional. Primacía. Intereses. Tasa internacionalmente reconocida.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 27/06/08.

1º instancia.- Buenos Aires, 23 de octubre de 1991.-

Y vistos: Atento a lo dispuesto por la norma contenida en el art. 37 de la LC, corresponde proceder a verificar los créditos que fueran insinuados en término oportuno: …

4) Los créditos N° 4 (fs. 1156), N° 51 (fs. 1265), y N° 53 (fs. 1269), solicitan la verificación de intereses devengados desde el vencimiento de las facturas y la presentación en concurso, los que no han sido expresamente pactados por las partes. Se trata en todos los supuestos de mercaderías adquiridas por la concursada en las que rigen los usos del comercio internacional aún por encima de las normas materiales de la Convención de Viena del 11.4.80, sobre los 'Contratos de compraventa internacional de mercadería' que fuera aprobada por la Argentina mediante ley 22.765 y encontrándose vigente con Estados Unidos de Norte América desde el 1.1.88. Lo expuesto surge del art. 9 II párrafo de la Convención citada sin perjuicio que la jurisprudencia del fuero ha receptado desde antiguo los usos y costumbres del comercio internacional por lo que debe seguirse al mismo criterio respecto de los créditos N° 51 y 53, que corresponden a acreedores domiciliados en Brasil, país que no es parte en la Convención. El pago de intereses de acuerdo a una tasa internacionalmente conocida y utilizada como es la Prime rate, por mora de una obligación en dólares, constituye un uso aceptado en el comercio internacional, aunque no se encuentre expresamente pactado por las partes. Por eso, la reducción que efectúa el Síndico, reliquidando los intereses al 6 % anual no parece razonable. En consecuencia acepto los intereses a la tasa solicitada por los acreedores. El crédito N° 4, es por la suma de U$S 532 en concepto de intereses, pero admitir la de U$S 523 por los 192 días a la tasa del 10 % anual es lo que corresponde. Por ello el crédito se declara admisible por un total de U$S 10.459. El crédito N° 51, se declara admisible por la suma de U$S 26.360,69 por las razones expuestas ya que los intereses han sido correctamente liquidados a la tasa del 10 % anual. El crédito N° 53 se declara admisible por la suma de U$S 26.129,47 aconsejada por el Síndico en su informe obrante a fs. 1265 a pesar de los andamentos expuestos ya que no puede tomarse en consideración los montos insinuados por el acreedor por haber sido calculado hasta una fecha posterior a la presentación en concurso.

5) Por las razones expuestas en el apartado 4) el crédito N° 60 (fs. 1283) que corresponde a una compraventa internacional de un acreedor con establecimiento en los Estados Unidos de América al que al Síndico aconsejó verificar los intereses a la tasa prime mas dos puntos –por encontrarse la misma pactada-, se declara admisible por la suma de U$S 187,95. Ello en tanto que los intereses insinuados por un monto de U$S 4.719,60 deben ser reducidos a U$S 4.654,95 por existir errores de calculo.- M. J. Tamburrino Segui.

Wacker-Polymer Systems GmbH & Co. KG c. Glube SA

Juz. Nac. Com. 26, secretaría 52, 17/03/03, Wacker-Polymer Systems GmbH & Co. KG c. Glube S.A. y otro s. ejecutivo.

Juicio ejecutivo. Reconocimiento de deuda. Novación ¿Por qué no? Compraventa de mercaderías. Autonomía de la voluntad. Elección en el proceso del derecho aplicable. Vendedor con domicilio en Alemania. Derecho aplicable. Convención de Naciones Unidas sobre Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías Viena 1980. Incoterms. Cláusula CFR - WRS Burghausen. Código Civil: 1209, 1210. Lugar de cumplimiento. Prestación más característica. Alemania. Transferencia bancaria. Lugar de pago: Alemania. Pesificación. Excepciones. Dec. 410/02.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 26/06/08.

1º instancia.- Buenos Aires, 17 de marzo de 2003.-

Y vistos: Los demandados en autos no han opuesto excepciones en este juicio ejecutivo por lo que es deber del Tribunal dictar la resolución contemplada en el art. 551 del Cód. Procesal (misma regla art. 542 in fine).

1. En la especie, mientras la parte actora solicita se dicte sentencia de trance y remate en la moneda de origen (dólares estadounidenses), los demandados han reconocido la deuda, solicitando se disponga la pesificación de la misma (fs. 93 y 126).

Asimismo, la actora ha planteado en forma subsidiaria la inconstitucionalidad del art. 1 del Dec. 214/02 y art. 16 ley 25563 (fs. 133/34), cuyo traslado fuera contestado por el co-demandado Elio Pons a fs. 182, por la co-demandada Glaube S.A. a fs. 196/7, habiendo emitido dictamen la Sra. Agente Fiscal a fs. 190.

2. Inicialmente se impone recordar que en autos se pretende la ejecución de un reconocimiento de deuda, en virtud del cual la firma Glaube S.A. reconoce adeudar al acreedor el importe de U$S 58.900, correspondiente al saldo de las facturas impagas detalladas en la cláusula primera (3 facturas), comprometiéndose a abonar aquel importe en cuatro (4) cuotas, con vencimiento el 31.5.01, 15.6.01, 16.7.01 y 15.8.01, por la suma de U$S 14.800 la primera y U$S 14.770 las tres restantes.

Si bien es cierto que la entidad actora ha optado por el trámite del juicio ejecutivo, se advierte que una indudable remisión a la causa del reconocimiento de deuda, consistente en la venta de mercadería efectuada en favor de la deudora e instrumentada en las facturas detalladas en la cláusula primera, emana del propio instrumento a ejecutar, lo que habilita su consideración a los fines de resolver la cuestión materia de este proceso.

3. Ello sentado la relación contractual original entre las partes, tal como ha sido insinuada con la documentación allegada, no exhibe el expreso ejercicio de autonomía de la voluntad en sentido conflictual. Esto es, que no aparece en la documentación acompañada –ni en el reconocimiento de deuda ni en las facturas adjuntadas- un pacto expreso de elección del derecho nacional aplicable al contrato. Ello determina, que el contrato se rija por sus propias reglas materiales y que resulten de aplicación las normas de derecho internacional privado subsidiariamente aplicables en defecto de ejercicio de autonomía de la voluntad en sentido conflictual para determinar la ley aplicable al contrato en todo aquello que las partes no hubieran previsto expresamente en él (autonomía material). En el caso, la relación contractual se integra con las facturas antecedentes y el reconocimiento de deuda consecuente al que no cabe atribuir efectos novatorios sino que es un paso en el iter de la relación negocial entre las partes.

Según lo expresado en el caso, junto a las previsiones de la propia relación contractual y en defecto pues, de ejercicio de la autonomía de voluntad en sentido conflictual, en lo que toca al fondo del negocio, devienen de aplicación las normas del derecho internacional privado argentino en materia de contratos internacionales (en el caso, Convención de Viena sobre Compraventa Internacional de Mercaderías, de 1980 y arts. 1209 y 1210 C.Civ., D.I. Privado argentino de fuente convencional).

De la documentación allegada resulta la existencia de un crédito causalmente justificado en cuanto a su existencia y exigibilidad en el que las partes acordaron una compraventa internacional con cláusulas materiales expresamente pactadas, donde se convino en someter la operación a la cláusula –CFR - Coste y Flete-, utilizando términos de las "Reglas internacionales para la interpretación de los términos comerciales" de la Cámara de Comercio Internacional de París, mediante una incorporación material expresa –véanse facturas de fs. 113/123 donde luce tal cláusula-.

Cabe recordar que dichos "Términos" tienen por objeto facilitar un conjunto de reglas internacionales de carácter facultativo que determinan la interpretación de los principales modalidades usadas en los contratos de compraventa internacional referidos, bien a la entrega de la mercancía, a la transmisión de los riesgos, a la distribución de los gastos, así como a los trámites documentales necesarios para cruzar las fronteras de los distintos países. En la especie, en el pacto de la cláusula mencionada (CFR) como en las cláusulas FOB – CIF – CF, la costumbre internacional se decide por la aplicación del derecho del "puerto de embarque de las mercaderías" (place of shipping) generalmente concordante con el domicilio del vendedor (conf. Boggiano A. "Derecho Internacional Privado" tº II, p. 384).

Cabe señalar que el contenido de lo pactado deviene de aplicación en tanto responda a las reglas y usos que normalmente se utilizan en el tipo de operación de que se trata. Cabe recordar que la Convención de Viena de Compraventa Internacional de Mercaderías aplicable al caso, indica en su art. 9 que las partes quedarán obligadas por cualquier uso que hayan convenido o por cualquier práctica que hayan establecido entre ellas –en el caso, la convención sobre el flete- pero que se considerará que las partes han hecho tácitamente aplicable al contrato, o a su formación, un uso del que tenían o debían haber tenido conocimiento, cuando en el comercio internacional es ampliamente conocido y regularmente observado por las partes en contratos del mismo tipo en el tráfico mercantil del que se trata. En el caso, la cláusula empleada CFR integra los llamados Términos "C", que exigen que el vendedor contrate el transporte en las condiciones acostumbradas y a sus expensas. Los términos "C" son de la misma naturaleza que los términos "F", por cuanto el vendedor cumple el contrato en el país de embarque o despacho, entrando en la categoría de contratos concluidos con embarque (conf. "Revista de Estudios Marítimos", "Los Incoterms 2000", nº 52, junio 2001, p. 77) los que requieren que el vendedor entregue la mercadería para el transporte de acuerdo con las instrucciones del comprador, despachada para la exportación.

4. En el caso pues, si bien el lugar de cumplimiento no ha sido explícitamente designado (art. 1212 CCiv.), puede afirmarse, sin duda, que hay una tácita pero inequívoca designación del lugar de cumplimiento cuando domiciliándose la vendedora en la República de Alemania se planteó la entrega de la mercadería con cláusula CFR - franco en WRS Burghausen. Es indudable aquí que la ley del lugar de cumplimiento designado fue Alemania –allí debía cumplirse la prestación característica ya que se entregaron las mercaderías y también allí se hallaba el domicilio del acreedor de la prestación (véase Boggiano A., "Derecho Internacional Privado", t° II, p. 253/292). Así las cosas, por el juego de los artículos 1209 y 1210 del CCiv., la ley del lugar en donde los contratos deben cumplirse rige la existencia, naturaleza, validez, y obligaciones y todo cuando concierne a los contratos, bajo cualquier aspecto que sea, pues dado que en el caso no media elección proveniente de la autonomía conflictual de las partes de un derecho inequívocamente designado y en lo que la cuestión no ha sido prevista por la Convención de Viena, sobre la materia, también aplicable al caso, deben entenderse subsidiariamente aplicables las normas del derecho internacional privado argentino (lex fori).

Tratándose en el caso de un contrato celebrado entre un exportador de Alemania y un importador argentino, el caso queda regido por los arts. 1209 y 1210 del Código Civil que determinan aplicable a la validez, naturaleza y obligaciones del contrato, en todo lo no previsto convencionalmente por la partes o por la Convención de Viena, por la ley del lugar de cumplimiento, en el caso, Alemania.

Si se pretendiese otorgar autonomía al reconocimiento de deuda dirigido al cumplimiento de la prestación dineraria –prestación no característica del contrato- en tanto objeto de esta litis y se quisiera extraer el derecho aplicable de las obligaciones en él asumidas –compromiso de pago- la solución, igualmente, nos conduciría a la aplicación del derecho extranjero en tanto el cumplimiento derivado de ese convenio en todo caso, se convino en la cláusula cuarta –véase fs. 9/15- donde se expone que debía producirse el pago mediante la transferencia bancaria de los importes de las cuotas pactadas a la cuenta del acreedor en Alemania. De ahí resulta que se cumple el pago con la acreditación de fondos en aquella plaza en la forma convenida. Deviene de ello pues también el derecho alemán como ley del país del lugar de cumplimiento (arts. 1209 y 1212 CCiv.).

5. Sin embargo estas normas de conflicto pueden resultar desplazadas, en nuestro país y en nuestro caso, por el juego de las normas de policía de nuestro derecho (lex fori) emanada de las llamadas leyes de emergencia económica (ley 25561, Decreto 214/02 y cdtes.) que disponen, entre particulares en principio, la pesificación de aquellas relaciones nacidas bajo el marco de la ley de convertibilidad (ley 23928), en tanto se trata de normas imperativas de la lex fori, no disponibles, que se imponen por sobre la voluntad de las partes. No obstante, en el caso se configura precisamente, un supuesto de excepción previsto en esas normas de policía contenidas en el Decreto 410/02.

En este marco sin embargo, el crédito que nos ocupa no se encuentra incluido en la conversión a pesos establecida en el art. 1º del Decreto nº 214/02 en tanto se trata de una operación del sector privado, que involucra la obligación de dar sumas de dinero en moneda extranjera, para cuyo cumplimiento resultaría subsidiariamente aplicable la ley extranjera, supuesto expresamente contemplado en el Decreto 410/02 y art. 1º inc. e), Comunicación A 3507, 3561, 3567 BCRA y cctes., que excluyen, precisamente, la conversión a pesos de las obligaciones del sector público o privado de dar sumas de dinero en moneda extranjera para cuyo cumplimiento resulte aplicable la ley extranjera. Siendo que en el caso de autos resultaría aplicable, en todo caso, el derecho alemán, corresponde mantener la moneda pactada.

6. En consecuencia, visto el tenor de la documentación aportada en el escrito de inicio mando llevar adelante la ejecución contra Glaube SA y Elio Pons, hasta hacerse al acreedor Wacker-Polymer Systems GmbH & CO. KG, íntegro pago del capital reclamado de U$S 51.500, con más los intereses pactados al 18% anual a calcular desde la mora, 4.6.01 según denuncia de fs. 28 hasta el efectivo pago de la deuda, no capitalizable mensualmente por tratarse de tasa de interés de largo plazo y no configurarse en el caso, atento lo precedentemente dispuesto el supuesto captado en el plenario del Fuero in re "Uzal S.A. c. Moreno, Enrique" (conf. art. 623 Cód. Civil y 565 Cód. Com.). Con costas a los demandados. Notifíquese.- M. E. Uzal.

Squibb S.A.

CNCom., sala D, 11/10/78, Squibb S.A.

Sociedad constituida en el extranjero. Participación en sociedad local. Ley de sociedades: 123. Inscripción en la Inspección General de Justicia.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 25/06/08, en LL 1979-C, 552, con nota de F. Migliardi, en DJ 1979-13, 24 y en JA 1979-III, 400.

Opinión del Fiscal de Cámara

La cuestión sometida a consideración de esta fiscalía ya ha sido objeto de dictamen en otras oportunidades, como ser autos “Parker Hannifin Argentina S.A.” y “A.G. Mc. Kee Argentina S.A.”, en los que se opinó por la confirmatoria de la resolución de 1º instancia y así fue resuelto por V.E. por la sala B, 2/6/77, en el primer caso (LL 1977-C, 594) y sala C, 21/3/78, en el segundo (LL 1978-B, 343, fallo nº 75.760). Como aquellos dictámenes fueron suscriptos por el anterior titular de este Ministerio, el suscripto ha analizado la cuestión a los efectos de determinar la conveniencia de mantener o no el criterio indicado, llegando a la conclusión de que debe ser mantenido.

Se trata del problema suscitado por la interpretación del art. 123 ley 19.550 en los casos de adquisición de acciones de una sociedad nacional por parte de una sociedad extranjera. Según una interpretación literal del indicado artículo que es la sustentada por el recurrente, los requisitos allí indicados sólo deben cumplirse cuando se trata de la constitución originaria de la sociedad y por lo tanto no comprende al supuesto en que la sociedad extranjera pretenda “participar” con posterioridad en una sociedad ya constituida mediante la adquisición o suscripción de acciones, por resultar este último un caso no contemplado por la ley.

En sentido contrario se ha puesto de resalto reiteradamente que la interpretación extensiva es la que se adecua a los antecedentes jurisprudenciales y doctrinarios, partiendo del antecedente constituido por lo resuelto por V.E. sala A, en el caso tantas veces citado de “Roure Dupont Argentina S.R.L.” (LL 96-690) mantenido a pesar de lo dispuesto en sentido contrario por la Corte Suprema en “Corporación El Hatillo” (LL 111-666). Es importante poner de resalto esta circunstancia dado el valor que se le acuerda a la jurisprudencia del Alto Tribunal, por lo que el hecho de que no haya sido seguida demuestra la firmeza con que se sostenía la interpretación contraria (conf. Halperín, I., “Curso de Derecho Comercial”, ed. 1967, t. 1, p. 269; Zaldívar, Enrique, “Régimen de las empresas extranjeras en la República Argentina”, ed. 1972, p. 96). Por lo tanto se dice, no puede sostenerse que se trata de una interpretación sin asentamiento en nuestra realidad jurídica pues enraíza en lo que puede calificarse como la tradición jurídica argentina en orden a la actuación extraterritorial de las sociedades (Fargosi, Horacio, “Notas sobre los alcances e interpretación del art. 123 de la ley 19.550”, (LL 1977-C, 596). La extensión de tales principios y por ende del art. 123 a los casos de participación en sociedades ya constituidas se efectúan mediante los criterios de interpretación claramente expuestos por V.E., sala C, en el caso “A.G. Mc. Kee Argentina S.A.”, por los cuales se concluye que de no admitirse la aplicación de dicha disposición a estos supuestos resultaría muy fácil burlar los objetivos del legislador mediante el simple expediente de adquirir las acciones de una sociedad ya constituida; o como dice gráficamente el fallo citado “la compra de sociedades anónimas constituidas con el sólo propósito de ser puestas “en venta”, según se expresa en la terminología vulgar con que se describe este negocio, conforme a una práctica que todavía tiene vigencia en nuestro medio”. Tal interpretación ya había sido sostenida por Halperín, I., “Curso de Derecho Comercial”, ed. 1972, p. 300; Rovira, Alfredo L., “Reflexiones acerca del régimen de las sociedades extranjeras que actúan en la República”, LL 155-989, y luego por Fargosi. ob. cit.; Roimiser, Mónica G. C. de, “El caso Parker Hannifin Argentina S.A.: algunas consideraciones acerca del art. 123 de la ley de sociedades y de su relación con los arts. 31, 32, 33”, Revista de Derecho Comercial, 1977, p. 723; Boggiano, Antonio, “El Derecho Internacional Privado de las sociedades comerciales”, ED 74-743 entre otros.

Es cierto que, como apunta Boggiano, el asunto no resulta aún del todo claro, lo cual se demuestra por los diferentes fundamentos expuestos por los autores citados que no resultan totalmente coincidentes en algunos aspectos, especialmente en las consecuencias de la falta de inscripción del contrato social de la sociedad que toma o adquiere participación en una sociedad en la República.

Si bien en principio no aparece justificada la imposición de tales requisitos por la simple compra de acciones (Roimiser, ob. cit., p. 730), a juicio de este Ministerio resulta clara la aplicación de los antecedentes antes reseñados en los casos como en el de autos en el cual la “participación” se traduce en la intervención del accionista extranjero en un acto asambleario en el cual se resuelve la reforma de estatutos, en la medida que se trata de la participación en la concreción de la voluntad social. Y ello por cuanto se trata de un acto por el cual pueden soslayarse los fines perseguidos por el legislador como se apuntó precedentemente. La equiparación al concepto de “constitución de sociedad anónima” del art. 123 se manifiesta cuando la sociedad constituida en el extranjero adquiere las acciones de una sociedad local para participar efectivamente en las actividades de esa sociedad y con mayor razón todavía cuando, como ocurre en el caso, la participación accionaria otorga a la sociedad constituida en el extranjero una posición de control de derecho (sala C, “A.G. Mc. Kee Argentina S.A.”).

Todo ello con prescindencia de si el control que se logra con tal inscripción es efectivo o poco efectivo de hecho, pues se trata de una cuestión no sometida a la decisión de los jueces que no pueden juzgar sobre el mérito de las leyes sino sólo de su recta aplicación.

En cuanto a la posibilidad señalada por el recurrente de que en el caso la sociedad extranjera poseedora del 99,99% del capital omita el cumplimiento de la inscripción y con ello pueda perjudicar a la sociedad y por ende a los otros accionistas poseedores del 0,01 del capital, se trata de una situación conjetural que no puede ser objeto de decisión en esta oportunidad, debiéndose destacar únicamente que en ese supuesto deberá recurrirse a las soluciones societarias previstas por la ley y que resultan ajenas al tratamiento de la cuestión que aquí se debate.

Por ello este Ministerio estima que debe confirmarse la resolución de fs. 30/30 vuelta.- A. J. Di Iorio.

2º instancia.- Buenos Aires, octubre 11 de 1978.-

Se agravia “Squibb S.A. Ind. y Com.” de la sentencia de f. 30, que denegó la inscripción del instrumento de fs. 1/23, relativo a la reforma de su acto constitutivo, hasta tanto la sociedad extranjera “E. R. Squibb & Sons Inc.”, que participa en la administración y gobierno de la quejosa, acredite su inscripción registral.

Tiene dicho el tribunal que los principios de soberanía y contralor de entidades mercantiles que, constituidas con arreglo a las leyes de sus respectivos países; pretenden incorporarse a la vida económica de la Nación, que llevaron a idéntica solución jurisprudencial para el régimen anterior a la vigente ley 19.550 (v. gr., sala A, 9/11/59, "Roure Dupont Argentina"), fuerzan interpretar al art. 123 de dicho cuerpo legal como inclusivo de la hipótesis de participación en sociedad existente en la república (esta sala, 20/7/78, "Saab Scania Argentina S.A.").

Ello no importe un frío apego a la letra abstracta de la ley: el régimen de publicidad ínsito en la registración mercantil, permitirá a los nacionales contratantes con el ente así participado, conocer la seriedad de la identidad del partícipe extranjero, elemento de importancia para juzgar la eventual responsabilidad por el pasivo social (v. gr., en el caso, art. 163, ley citada).

Por ello, lo concordantemente dictaminado por el fiscal y fundamentos del precedente indicado, a los cuales el tribunal se remite, se confirma la sentencia apelada de fs. 30.- E. M. Alberti (en disidencia). J. A. Quinterno. F. M. Bosch.

Disidencia del Dr. Alberti

I- Mi opinión sobre el tema ha sido vertida en el voto pronunciado el 20/7/78 "in re": "Saab Scania, S. A.". Considero dispendioso reproducir lo allí dicho, pues su difusión lo hace fácilmente accesible (v. ED del 14/9/78 -LL 1978-C, 523-).

II- Me confirma en la conclusión a que llegué entonces el no encontrar desvirtuados los pensamientos que me llevaron a ella.

En particular no advierto como el caso de "Roure Dupont Argentina, S.R.L." (LL t. 96, p. 690) incide en la cuestión, por dos motivos: Uno, que tratóse allí sobre la formación de sociedad y no de la tenencia de acciones en sociedad preexistente; supuesto aquel que no ofrecería controversia porque lo prevé el actual art. 123 de la ley 19.550. Y el otro, que la sociedad por constituir en el precedente que mencionan el Fiscal y mis distinguidos colegas y que dejo citado arriba era una de responsabilidad limitada, donde el elemento personal incide en cierta medida, mientras que en el sub lite la afectada es una sociedad anónima.

III- Tampoco veo necesario incorporar a los archivos del registro mercantil los estatutos originales de una sociedad anónima extranjera, para que los habitantes de nuestro país se cercioren de la seriedad de la identidad de aquella sociedad en cuanto accionista de otra sociedad anónima constituida en esta República. Es dudoso que a los particulares les interese conocer la identidad de los accionistas de la sociedad local con la cual negocian; y que aunque así fuera es cuestionable que ello autorice para crear pretorianamente un requisito registral no emergente de ley expresa. Es igualmente opinable que la identidad de los accionistas sea un dato necesario para exigir las responsabilidades que a estos alcanzaren, pues justamente por ser accionistas y conforme con el citado art. 163 de la ley de sociedades no parecen asumir más responsabilidad que la de dar su aporte, que en el caso ha debido darse al ser constituida la sociedad local con mucha anterioridad a la reforma de estatutos motivo de la apertura de este expediente.

Es cierto, más allá de los argumentos examinados, que puede existir un interés de la comunidad económica toda por conocer quién sea el virtual conductor de una determinada empresa. Pero justamente, esta noción es de estricta realidad, y para indagar al respecto son más útiles el examen del nombre societario, la lectura de sus balances y la averiguación sobre cuales son sus productos y quienes le han otorgado las licencias para producirlos, que no la ritual lectura de los estatutos constitutivos de las personas jurídicas accionistas.

IV- Por ello, y ante la exigencia tan discutible –como lo revela su reciente establecimiento con invocación de una ley vigente hace más de un lustro- creo pertinente la revocatoria. Esta evita imponer al extranjero accionista de una sociedad local una carga no emergente de ley expresa, lo que de ser hecho contradeciría tanto el art. 17 de la Constitución Nacional cuanto al art. 20 del mismo cuerpo. Porque si lo requerido a la accionista extranjera persiguiere facilitar la información de los comerciantes de esta plaza, debiera ser establecido idéntico requisito para las sociedades establecidas en Jujuy o en Santa Cruz que fueren accionistas de una sociedad constituida en Buenos Aires.

Y en definitiva, la solución que postulo evita el imponer un trámite cuya utilidad –fuere jurídica, política o económica- no encuentro demostrada: A la postre, las únicas garantías concretas de que dispondrá la comunidad económica argentina con relación a las responsabilidades que cupieren, tanto a la sociedad local cuanto a su accionista extranjera, resultarán de la existencia de un patrimonio susceptible de ejecución forzada y situado dentro del territorio sometido a soberanía argentina y de la seriedad y valor cívico con que los jueces de esta Nación ejerzamos nuestro magisterio.

V- Por ello, revócase la providencia apelada de fs. 30.- E. M. Alberti.

A., H. M. c. I., M. M. y otros

CCiv. y Com., Junín, 06/05/82, A., H. M. c. I., M. M. y otros.

Primer matrimonio celebrado en Siria. Segundo matrimonio celebrado en Argentina. Nulidad. Prueba del primer matrimonio. Falta de prueba del derecho extranjero. Consecuencias.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 24/06/08 y en JA 1983-II, 117, con nota crítica de W. Goldschmidt.

2º instancia.- Junín, 6 de mayo de 1982.-

1º ¿Es justa la sentencia apelada? 2º ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

1º cuestión.- El Dr. Amado dijo: El juez de 1º instancia dictó sentencia a fs. 220/221 haciendo lugar a la pretensión deducida por H. M. A. contra M. M. I., y consecuentemente declaró la nulidad del segundo matrimonio que celebrara en Buenos Aires, el 12/4/76, con M. A. S. o M. B., ello por la subsistencia del matrimonio anterior contraído por el accionado con la actora en el año 1923, con costas. Apeló el vencido y expuso sus quejas a fs. 230/234.

Comienza recordando que en materia de prueba de la existencia del matrimonio celebrado en el extranjero, rige la ley del lugar de celebración por así disponerlo el art. 2 ley 2393. Y el art. 13 CC dispone que para la aplicación de las leyes extranjeras, en los supuestos que el Código autoriza, ello sólo será posible a solicitud de parte, quien corre con la carga de la prueba de su existencia. Siendo ello así –continúa diciendo-, la actora tenía a su cargo la prueba de la celebración del matrimonio, como asimismo, la prueba del derecho existente en el lugar de celebración.

Analiza los documentos de fs. 213/214, y afirma que sólo se trata de una mera declaración testimonial legalizada, pero nada más. Si se hubiere aportado la prueba del derecho vigente en el lugar de celebración del hipotético matrimonio, se hubiera visto que existen formalidades, actas, funcionarios públicos y requisitos que están ausentes en los documentos cuestionados. Reitera que cuando contestó la demanda hizo especial referencia a la negativa del matrimonio pretendiendo afirmar que el mismo nunca jamás fue llevado a cabo, y mucho menos en el año 1923 pues cuando ingresa al país en el año 1928 aún era de estado soltero.

También advierte que las actas de estado civil y reconocimiento de hijos que dan cuenta los documentos de fs. 155/157 adolecen de serios vicios que las invalidan, pues según ellas el matrimonio se habría celebrado en dos fechas distintas (año 1925 y año 1933). Tampoco puede admitirse que el accionado esté reconociendo hijos en el año 1932 y año 1934 pues está probado que ingresó a nuestro país en el año 1928. Y con respecto a los testigos que han depuesto a fs. 130/131, advierte que se trata de personas que todo lo que afirman es en base a referencias, pues ninguno de ellos ha estado en Siria, ni conoce la vida del demandado en aquel país. No habiéndose acreditado la prueba del matrimonio invocado, la sentencia en recurso se debe revocar, rechazando la demanda con costas, cosa que así solicita.

1º Antes de entrar al estudio de los hechos que dan lugar a la presente causa, estimo conveniente refrescar conceptos doctrinarios que rigen esta materia.

El Dr. Cichero tiene un magnífico trabajo titulado “Prueba del matrimonio celebrado en el extranjero”, que fuera publicado en ED 60-497/508. En una parte de su obra dice el autor que: “El art. 13 CC sienta el principio de que la aplicación de las leyes extranjeras, en los casos que el mismo Código lo autoriza, sólo se hará a solicitud de parte interesada, quien tiene a su cargo la prueba de su existencia. Cualquiera sea el sentido doctrinario de esta regla –continúa diciendo el Dr. Cichero-, no es congruente con el sistema de derecho internacional privado que el Código organizara, pero lo cierto es que su formulación es clara y, en general, ha sido seguida por la jurisprudencia”. A continuación el Dr. Cichero manifiesta: “Que el precepto nada dice acerca de la situación del juez que, sin poder excusar su obligación de juzgar (art. 15 CC), no tiene a su alcance la ley que rige la relación jurídica que se trata y cuya aplicación corresponde en el caso”.

Tomando al pie de la letra la nota del art. 13, donde Vélez expresa, siguiendo a Story a través de Freitas que la ley extranjera es un hecho que debe probarse, se ha pretendido por una doctrina minoritaria que lo apropiado en esos casos es el rechazo de la acción o de la defensa regida por la ley extranjera, por aplicación de las reglas procesales relativas a la carga de la alegación y prueba de los hechos. Pero esa tesis no ha hecho camino, lo que es comprensible pues importando tal solución una denegación de justicia, se halla en pugna con los principios que inspiran al CC arts. 15 y 16.

Dentro de la limitación que significa para el juez la presencia del art. 13, en cuanto equipara la ley extranjera a un hecho, es opinión generalizada que ante la falta de prueba de aquélla debe aplicarse la “lex fori”. A esta altura el Dr. Cichero trae la opinión corroborante de varios tratadistas (GF 37-183; JA 13-330; LL 84-494; 117-203; Busso, Eduardo, “Código Civil anotado”, t. 1, p. 122, nº 50; Lazcano, “Régimen internacional de la prueba supletoria del matrimonio”, en LL 84-497; etc.).

También el Dr. Lazcano se formula la misma pregunta que el Dr. Cichero, ¿qué hace el juez frente a la ley extranjera invocada por la parte, pero no probada?, analiza los arts. 13 y 14 CC, y llega a la misma conclusión que el Dr. Cichero, en los siguientes términos: De ahí que lo más frecuente tanto en nuestros tribunales como en los de otros países donde ocurre lo mismo es que los jueces, acostumbrados a manejarse con el derecho nacional, acudan a él para dictar sentencia y reemplacen con sus disposiciones las del que ha sido desalojado (“Régimen internacional de la prueba supletoria del matrimonio”, en LL 84-493 y ss.).

2º Estudiemos ahora la presente causa.

Se trata de una demanda de nulidad de matrimonio interpuesta por H. M. A., invocando su condición de esposa del demandado, título que emana de los documentos de fs. 213/214 y 155/158, pretende la nulidad del segundo matrimonio de éste celebrado en Buenos Aires, con M. A. S. el 12/4/76.

Comenzaré admitiendo como verdad que el documento de fs. 213/214 se trata de una declaración certificada y legalizada realizada por el Imán Camel Mahmud Issa, jefe religioso de la aldea de Mastabe, región Dreikich, provincia de Tartus, quien asegura que el demandado ha contraído matrimonio con la actora en el año 1923 “inscripto en el Registro Civil, con domicilio nº 1”. El mencionado documento también trae las condiciones personales de los contrayentes. Estos jefes religiosos eran quienes realizaban los casamientos, pues los contrayentes temían realizar el matrimonio en los registros civiles para evitar que a los hijos se los lleven a la guerra. Luego, cuando vinieron los franceses, aproximadamente en el año 1925, “la gente comenzó a inscribirse en los registros”.

Es sabido –por ser hecho histórico notorio- que Siria estuvo bajo la dominación de los turcos otomanos desde principios del siglo XVI, hasta la terminación de la 1º guerra mundial de 1918, en que la Sociedad de las Naciones la puso bajo el mandato de Francia, convirtiéndose en estado autónomo en 1920 (ver Diccionario universal Sopena, Voz: Siria t. 8, p. 8066). Fue precisamente a partir de entonces que se organizan los registros civiles, a cuyo efecto la gente se inscribía, para lo cual los Imanes suministraban los datos y enviaban a los interesados a inscribirse.

En el caso de autos, el Imán Camel Mahmud Issa da fe y certifica la existencia del matrimonio invocado por la actora con el demandado, indicando todas las condiciones personales de los contrayentes, como asimismo año de celebración, lugar, inscripción en el Registro Civil. El mencionado documento se encuentra legalizado cumplimentando los requisitos del decreto del 24/7/18, cosa que es admitida expresamente por el apelante, quien advierte que cuestiona el contenido y no las formas instrumentales de certificación y legalización. Es verdad que el mencionado documento no afirma que es copia fiel del original, pero sin duda que para extraer tal cúmulo de datos resulta evidente que el Imán Issa lo ha extraído del Registro Civil, pues de lo contrario no se explica como afirma que el mismo está inscrito en el Registro Civil, domicilio nº 1.

Por otra parte, la documental de fs. 155/156 traducida a f. 157, nos da cuenta de la inscripción en el Registro Civil, por parte del demandado, realizada el 29/8/25, siendo de estado civil casado. Como asimismo también la inscripción de su esposa realizada el 7/12/33, siendo de estado civil casada. Este documento está emanado por la República Árabe de Siria, Dirección General de Estado Civil, dependiente del Ministerio del Interior, y es copia fiel de esa inscripción. En el mismo también figuran hijos de ese matrimonio.

Existen también otros elementos corroborantes del matrimonio. Así, por ejemplo, tenemos los testimonios de escritura nº 113, donde el actor adquiere un bien inmueble el 24/5/61, y dice ser de estado civil casado con la actora, cosa que posteriormente rectifica en el año 1976 por escritura nº 315. El certificado de nacionalidad, expedido por la República Árabe de Siria el 30/10/58, donde consta el estado civil casado del accionado, este documento se extiende conforme sus manifestaciones. El jefe del Registro de las Personas de Rojas, Provincia de Buenos Aires, nos informa a f. 127 que en el año 1966, cuando el accionado renovó la cédula de identidad, figuró en ella como de estado civil casado con la actora. Los testigos de fs. 130/130 vta., afirman que el accionado siempre dijo ser de estado civil casado; se trata de personas que conocen desde hace muchos años a M. M. A., que han depuesto en presencia de éste, quien nada cuestionó.

El cúmulo probatorio que llevo analizando es corroborante del matrimonio que da cuenta el documento de fs. 213/214 y de la inscripción de estado civil de fs. 155/156, traducida a f. 157. Afirma el apelante que este documento pretende adjudicar dos fechas distintas al supuesto matrimonio de la actora con el demandado. Pero no es así. Ya dije que se trata de la fecha de inscripción en los Registros Civiles, cosa que el pueblo sirio comenzó a realizar después de la dominación de los turcos otomanos, cuando Siria fue colocada bajo mandato de Francia, y por supuesto, después de su fundación como Estado autónomo, que fue en el año 1920 (hecho notorio este último, que no requiere prueba).

El hecho de que el accionado haya ingresado al país en el año 1928, y que con posterioridad a esa fecha aparezcan hijos inscriptos en los Registros Civiles de Siria es fácilmente explicable (aunque no cuestión litigiosa en esta causa). Bien podría ser la propia madre quien haya realizado esa inscripción, pero insisto, ello no es cuestión litigiosa en esta causa. Y el hecho de que el actor se haya proclamado soltero al ingresar al país, no lo veo decisivo, pues ya hemos visto cuantas veces más se confesó casado.

La prueba analizada me lleva a la conclusión de que el accionado ha estado casado con la actora cuando contrajo el segundo matrimonio, y en consecuencia, conforme lo disponen los arts. 9 inc. 5 y 84 ley 2393, corresponde confirmar la sentencia apelada que declara nulo el segundo matrimonio; con costas.

El Dr. Venini dijo: como el actor ha invocado la existencia de un matrimonio anterior concretado en Siria, obrando en la causa documentación que emana de dicho país, fundamentalmente un certificado de matrimonio del jefe religioso de la aldea de Mastabe, región Dreikich, provincia de Tartus, República Árabe Siria, dejando constancia que se ha contraído matrimonio en el año 1923.

Esta documentación y las demás que menciona el juez preopinante no son suficientes para demostrar la validez del matrimonio que se invoca, esto es la inscripción en el Registro Civil del certificado de matrimonio ya aludido, testimonio de escritura de f. 34, certificado de nacionalidad de f. 153, no suplen un recaudo esencial cual es insisto, que normas jurídicas dan validez al presunto matrimonio. Y así el certificado del Imán ya aludido no es prueba de por sí del matrimonio ya que no sabe qué efectos tiene en Siria, un certificado de un jefe religioso, hasta qué punto éste da fe de lo que afirma.

Además la inscripción en el Registro Civil sólo refiere al estado que le ha sido referido al inscrito, mas se desconoce si la persona a cargo del Registro Civil estaba facultado para requerir la prueba del matrimonio, todo ello fácilmente pudo acreditarlo el actor trayendo a juicio mediante informes de la respectiva embajada o de abogados especializados, la prueba del régimen jurídico del país donde se habría contraído la presunta unión matrimonial.

Señala Llambías: “en cuanto a la prueba de dicha ley incumbe a quien la invoca. Pero a diferencia del extremo anterior la prueba puede ser suplida por el conocimiento que de la ley extranjera tenga el interesado”. (Llambías, “Tratado de derecho civil. Parte general”, t. 1, p. 130).

La Cámara Civil y Comercial de La Plata ha tenido ocasión de expresar: “Los extranjeros deben acreditar su nacimiento mediante instrumentos hechos en el lugar, según las respectivas leyes. Por eso dado la regla “Locus Regit Actum”, que rige en nuestro derecho, incumbe a quien pretende hacer valer un instrumento extranjero demostrar que son conformes a la ley de la Nación que los expidió, lo que importa acreditar el texto de ésta, para permitir al juez conocer si estaba o no cumplido tal recaudo”. (C. Civ. La Plata, JA 1977-IV-455 y ss.; CNCiv, sala E, ED 90-225; Lucas Sosa, LL 132, 1222, “La prueba de las normas jurídicas y la reforma procesal”; Gattari, “La ley extranjera como hecho notorio”, ED 36-913 y ss.).

El autor citado en último término parte de la base de que la consideración de la ley extranjera como hecho notorio es una solución práctica y vital, como toda situación fáctica dice se encuentra relativizada por las circunstancias.

Partiendo de esta concepción no es posible tener como hecho notorio el derecho sirio por la total falta de afinidad con nuestra formación cultural, no es lo mismo el conocimiento de la ley brasileña o francesa que normalmente conforma el acervo científico de nuestros estudiosos del derecho, que las normas que aquí merecen aplicación y cuya prueba no se ha traído.

Ello no puede sustituirse, insisto, por el hecho de dar por acreditado que se contrajo matrimonio si no se sabe de qué forma ello ocurrió y en todo caso cuál es su validez de acuerdo al derecho extranjero que no se probó, no es tampoco el caso de echar mano a nuestro derecho cuando la actora contó con medios para acreditar el derecho extranjero.

Por ello debe revocarse el fallo de 1º instancia desestimándose la demanda por falta de prueba de los extremos que hacían a la conformación fáctica y jurídica de la pretensión actora.

Voto por la negativa.

El Dr. Lucero dijo: que se adhiere y hace suyos en todos los conceptos doctrinarios y legales dados por el Dr. Venini, votando en su consecuencia en el mismo sentido.

Así lo voto.

2º cuestión.- El Dr. Amado dijo: Atento al resultado arribado al tratar la cuestión anterior, preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso, art. 156 Constitución provincial, por mayoría, estimo que: 1) Corresponde revocar el fallo apelado, y en su consecuencia desestimar la demanda deducida por M. H. A. contra M. I. y o M. M. y otra, por falta de prueba de los extremos que hacían a la conformación fáctica y jurídica de la pretensión actora. Con costas en ambas instancias a la parte actora (art. 68 CPr.). Así lo voto.

Los Dres. Venini y Lucero, aduciendo análogas razones, dieron sus votos por el mismo sentido.

Por los fundamentos consignados en el acuerdo que antecede se resuelve revocar el fallo apelado y en su consecuencia desestimar la demanda deducida por M. H. A. contra M. I. y/o M. M. y otra, por falta de prueba de los extremos que hacían a la conformación fáctica y jurídica de la pretensión actora. Con costas en ambas instancias a la parte actora.- O. J. Amado. J. C. Venini. E. Lucero.

Dolancor S.A. s. concurso preventivo. 2º instancia

CNCom., sala A, 08/02/07, Dolancor S.A. s. concurso preventivo.

Sociedad constituida en el extranjero (Uruguay). Sucursal inscripta en Argentina. Capital propio. Presentación en concurso en Argentina. Jurisdicción internacional. Tratado de Derecho Comercial Terrestre Internacional Montevideo 1940: 41. Explotación independiente. Competencia de los tribunales argentinos. Resoluciones IGJ 7/03, 2/05 y 3/05. Incumplimiento. Efectos.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 23/06/08.

2º instancia.- Buenos Aires, 8 de febrero de 2007.-

Y vistos: 1. Apeló la peticionante de concurso la decisión de fs. 146/153 que rechazó liminarmente su pretensión de apertura de la convocatoria. Expresó agravios en fs. 158/167.

2. Se queja la recurrente porque: a) el a quo consideró poco serio el pedido de concursamiento, cuando no se ha cumplido con los requisitos exigidos legalmente, b) se tuvieron por incumplidos los presupuestos establecidos por el art. 11 LCQ, sin darle previamente un plazo para completar aquellos que fueron objetados por el Tribunal, c) se consideró obligatoria la aplicación de las resoluciones de la Inspección General de Justicia, cuando su cumplimiento solo configura una carga para la sociedad, y no es óbice para la procedencia del concurso, d) el juez de grado estimó que la falta de cumplimiento con la resolución N° 7/03 de la IGJ es sustancial y no le permite tener un exhaustivo conocimiento de la persona que se concursa, cuando en el caso se trata de una sucursal de una sociedad extranjera que tiene capital propio e) en el escrito de inicio se indicó concretamente la causa del estado de cesación de pagos y la fecha de ésta, f) se acompañó un estado del activo y pasivo realizado conforme normas contables, g) al cerrar el ejercicio contable dos meses después de la presentación en concurso (diciembre de 2004) correspondía acompañar los balances correspondientes a los años 2001, 2002 y 2003 y no del 2004 como pretendió el a quo, pues éste no estaba confeccionado ni aprobado a esa fecha, h) se indicaron claramente los acreedores, el monto de las acreencias, y naturaleza de éstas, acompañando los legajos, cuya omisión reprocha el juez de grado, señalando que si éstos faltan es porque se extraviaron, i) los juicios que existen contra el concursado fueron denunciados en el escrito de inicio. En cuanto a la inhibición del art. 59 LCQ, cuya omisión se le adjudica, señala el apelante que no era obligación denunciar el anterior concurso, pues éste fue desistido, requiriendo la norma la denuncia de la existencia de otro concurso en trámite o en período de inhibición. Solicitó por último la reasignación del expediente al juez que le sigue en orden de turno.

3. Al promoverse el presente concurso preventivo, el juez de grado se declaró incompetente (v. fs. 7/11), resolución que fue revocada por esta Sala a fs. 93, por entender que existía explotación independiente de la sociedad presentante respecto de la principal de origen extranjero, aplicando el Art. 41 del Tratado de Derecho Comercial Terrestre Internacional de Montevideo 1940.

Ahora, la juez de grado en la resolución apelada denegó la apertura del concurso preventivo. Los fundamentos para ello radican:

En primer lugar, no encontrarse cumplido el requisito impuesto a las personas de existencia ideal regularmente constituidas en el art. 11, inc. 1° de ley 24.522, pues la exigencia de acreditar la inscripción del instrumento constitutivo y sus modificaciones debe integrarse con la pertinente normativa societaria y administrativa vigente.

Entendió la a quo en este sentido que las resoluciones dictadas por la IGJ respecto de este tipo de sociedades eran de aplicación obligatoria, y que ese organismo denunció que Dolancor SA era una sucursal de sociedad extranjera inscripta en la República Oriental del Uruguay, regida por el Art. 7 de la ley 11073 de ese país, que no registraba movimiento desde el 13.8.97, oportunidad en que fue registrada en el país, no había presentado estados contables y que se encontraba intimada a cumplir con los requisitos establecidos en el Art. 3 de la Resolución IGJ N° 7/03. Indicó asimismo que no se había acreditado el cumplimiento de las Resoluciones IGJ N° 2 y 3/05 aplicables a sociedades off shore.

Indicó que no podía obviarse la finalidad tenida en cuenta por la IGJ al dictar la Resolución N° 7/03, cual es garantizar la eficacia territorial del derecho argentino, no sólo como imperativo de la soberanía sino como moralización de la vida empresaria y del tráfico, orientada a que las sociedades se ajusten a las finalidades que la ley reconoce lícitas.

La a quo estimó que estas omisiones impedían conocer debidamente la situación de la sociedad, entendiendo que los elementos exigidos en los artículos 1 y 3 de la resolución referida eran relevantes a los fines de establecer eventualmente la aplicación al caso de lo previsto en el art. 124 LS con las consecuencias que ello trae aparejado, pudiéndose llegar a entender que se estaría ante una sociedad irregular, lo que obligaría a readecuar la petición.

Sostuvo además, que faltaría precisión en cuanto a la época y hechos que llevaron a la cesación de pagos, pues no se hacía un desarrollo completo y circunstanciado de las causas que condujeron a la situación de insolvencia.

Señaló el incumplimiento en la presentación de un estado detallado del activo y del pasivo, pues sólo se había efectuado una somera descripción, sin indicar los bienes gravados ni acreditar su titularidad ni valor de mercado, además de no individualizarse los bienes de uso, ni los contratos e ingresos provenientes de alquileres.

Expresó también que no se había acompañado el balance correspondiente al año 2004, como tampoco la nómina de acreedores, ni se había explicado la causa de las deudas denunciadas, ni la fecha del crédito y su vencimiento, como tampoco indicado el respaldo documental de cada una. Puntualizó que también se había omitido acompañar el legajo por cada acreedor exigido por la ley de la materia, así como incluir los acreedores hipotecarios. Destacó también que los listados serían incompletos.

Indicó que existiría contradicción de la presentante cuando declaró la inexistencia concurso anterior y luego terminó denunciando una presentación anterior, en donde recayó resolución de incompetencia que se encuentra firme.

Desestimó finalmente la posibilidad de otorgar plazo de gracia por existir deficiencias sustanciales.

4. Pues bien, conforme art. 5 de la ley 24.522, son presupuestos sustanciales de la presentación en concurso que el peticionante sea un sujeto comprendido en el art. 2 de dicho dispositivo y la configuración del estado de cesación de pagos.

4.1. De las constancias adjuntadas por la concursada (v. fs. 17/30) se advierte que la sociedad Dolancor SA es una sociedad constituida en la República Oriental de Uruguay con sucursal en este país, inscripta esta última en la Inspección General de Justicia (fs. 29). Surge asimismo de la causa que aquella no habría cumplido con las exigencias registrales de las recientes resoluciones dictadas por el organismo de contralor respecto de las sociedades extranjeras.

Corresponde precisar liminarmente que tratándose de sociedad constituida en Uruguay se encuentra alcanzada por el Tratado de Derecho Comercial Terrestre Internacional de Montevideo de 1940, Sección Sociedades, (artículos 6 a 11) de ese cuerpo normativo.

Ello trae aparejado que no sean de aplicación en el sub lite los arts. 118 y 124 LS, pues dichas normas de derecho internacional privado de fuente interna se encuentran desplazadas por las disposiciones del mencionado Tratado que, en tanto tratado internacional, reviste jerarquía superior al derecho interno, conforme lo dispone el art. 31 de la Constitución Nacional y rige entre los países que son parte del dicho instrumento internacional.

Cabe destacar que autorizada doctrina y jurisprudencia mayoritaria ha entendido comprometidos principios de soberanía y control, al imponer a las sociedades extranjeras que pretenden incorporarse a la vida económica de la Nación su inscripción en el Registro Público de Comercio en los términos de los artículos 118, tercer párrafo y 123 de la ley 19.550 (Halperín, Isaac "Curso de Derecho Comercial", Volumen I, Ed. Depalma, tercera edición, BS.As 1982, pago 301; esta Sala 9/11/59 "Roure Dupont Argentina"; ídem, 20/7/78, "Saab Scania Argentina SA"; Sala D, 11/10/78, "Squibb SA"; Resolución IGJ N° 7/03).

En el ámbito convencional de que se trata, el Art. 8 del Tratado de Derecho Comercial Terrestre Internacional de Montevideo 1940 ya citado expresamente dispone que las sociedades mercantiles con domicilio comercial en uno de los estados contratantes “serán reconocidas de pleno derecho en los otros Estados contratantes y se reputarán hábiles para ejercer actos de comercio y comparecer en juicio”. Sigue dicha norma disponiendo sin embargo, que para el ejercicio habitual de los actos comprendidos en el objeto social “esas sociedades deberán sujetarse a las prescripciones establecidas por las leyes del Estado en el cual intentan realizarlos”. Dicha disposición se encuentra reafirmada en el artículo noveno del mismo ordenamiento.

Ya en el acta de sesión del 1/2/89 del Congreso de 1889, donde se debatían similares normas, contenidas en el Tratado de Derecho Comercial Internacional de Montevideo 1889 (ver arts. 5 y 6), la Comisión de Derecho Comercial consignó que el contrato de sociedad se rige tanto en su forma como con respecto a las relaciones jurídicas entre socios y entre la sociedad y los terceros por la ley del país en que la sociedad tiene su domicilio. Si esas sociedades se constituyen en asociaciones con carácter de persona jurídica, se rigen igualmente por las leyes del país de su domicilio comercial, pero no pueden practicar en otros Estados actos comprendidos en el objeto de su institución, sin hacerse reconocer previamente como tales personas jurídicas, llenando los requisitos establecidos por las leyes de los mismos. De igual modo las sucursales o agencias constituidas en un país por una sociedad radicada en otro, se considerarán domiciliadas en el lugar en que residen y sujetas a la jurisdicción de las autoridades locales, en lo concerniente a las operaciones que practiquen. Con esos antecedentes la Comisión no vaciló en solucionar los conflictos que pueden originarse de la diversidad de las leyes internas en la materia.

La Inspección General de Justicia tiene, pues, atribución para verificar los extremos conducentes a su determinación, tanto en el momento en el que dichas sociedades exteriorizan su propósito de incorporarse a la vida económica del país como posteriormente durante su funcionamiento. Dicha atribución resulta inherente al ejercicio, en alcance razonable, del control de legalidad confiado a ese organismo y de su poder de policía orientado a velar por los principios de soberanía y control anteriormente referidos, que se concretan en la fijación del correcto encuadramiento de las sociedades constituidas en el extranjero dentro de las disposiciones de la ley 19.550 relativas a su actuación extraterritorial.

Así las cosas, si bien es claro que la Inspección General de Justicia tiene facultades para exigir a las sociedades off shore el cumplimiento de requisitos formales, tales disposiciones funcionan como ejercicio del poder de policía del Estado para regular el funcionamiento de las sociedades extranjeras a cuyo reconocimiento nuestro país se ha obligado en el ámbito de acción reconocido en el Tratado Internacional de aplicación.

Señálase, finalmente, que la eficacia territorial del derecho argentino es imperativo de la soberanía que los órganos estatales deben hacer respetar, amén de otras finalidades moralizadoras.

4.2. En este marco, es clara la necesaria sujeción de la sucursal de una sociedad uruguaya, bajo el ámbito del Tratado, a las disposiciones que las reglamentaciones locales consideran necesario establecer como adecuado estatuto de adaptación para la debida calificación legal que debe atribuirse al ente y a las sanciones que para el caso de incumplimiento de esa regularización legal se prevea en esas mismas disposiciones locales.

Ello requiere de una adecuación de esas reglamentaciones de la IGJ al texto de la ley, con la fijación de un plazo legal para regularizar la situación del ente adaptándolo a las exigencias locales, debiendo remarcarse que no se trata en este caso de considerar a la sociedad como irregular, pues el incumplimiento de los requisitos exigidos por la IGJ no importará sin más su irregularidad, ni la presunción de fraude a la ley (véanse Resolución IGJ N° 7/03 (arts. 5 y 6), y ccdtes).

Debe recordase, además, que no procede requerirle a la sociedad extranjera mayores requisitos que los exigidos a las locales a los fines de su concursamiento, pero sí el cumplimiento de los que le son exigibles en su condición de tal en el marco legal supra descripto.

Es así que, frente a las objeciones vertidas por la juez de grado, y no siendo presumible en este caso, un supuesto de fraude a la ley, no cupo denegarle a la sucursal local de la sociedad extranjera con explotación independiente en el país (art. 41 Tratado de Derecho Comercial Terrestre Internacional de Montevideo 1940) el derecho a concursarse, conforme a la ley local, sin darle primeramente la oportunidad de subsanar las deficiencias apuntadas por la a qua en la resolución apelada, otorgándole para ello un plazo perentorio (conf. art. 11 LCQ).

5. Por lo expuesto, y en relación a los restantes agravios vertidos por la recurrente, referido al incumplimiento señalado por la juez de grado de los recaudos exigidos por el art. 11 LCQ (ver considerando 3) ptos ii a v de esta resolución, se estima procedente otorgarle un plazo a la recurrente en los términos de dicha norma, para que aquella cumpla con las objeciones indicadas en la resolución apelada.

5.1. Ello así, pues del escrito de inicio no se advierte indicada en forma precisa y concreta la actividad que realiza la concursada, los hechos que llevaron a la misma al estado de cesación de pagos y la fecha en que ésta se produjo.

Recuérdase que doctrinariamente, se admite que la cesación de pagos es la situación en que se encuentra un patrimonio que se revela impotente para hacer frente, por medios normales, a las obligaciones que lo gravan (Fernández R., "Fundamentos de la quiebra", N° 2119 y sigs.; Yadarola M., "El concepto Técnico Jurídico de la cesación de pagos", JA. 68-81, sec. Doc.; Navarrini, "Tratado de Dcho. Comercial", T. VI, N° 2139; Williams R., 'El concurso preventivo", pág. 14). En ese punto de vista, que se enrola en la teoría amplia sobre la cesación de pagos, encaja nuestra ley positiva al establecer que la impotencia puede revelarse por circunstancias exteriores cuya enumeración taxativa es imposible.

La dificultad temporal para cumplir regularmente las obligaciones y la cesación de pagos representan, por lo general, dos diversos grados de un mismo fenómeno patológico cuyo contenido radica en la imposibilidad de cumplir en que se encuentra la cesante, precisamente, por carecer de los necesarios medios financieros.

Cabe recordar que "la demostración de la cesación de pagos no es un hecho (incumplimiento) sino un estado del patrimonio y que puede existir sin negativas de pago o no existir aunque medien una o varias" (Fernández R.: "Fundamentos de la quiebra" n° 477). La cesación de pagos alude pues, "a una manifestación durable y definitiva del estado patrimonial de quien tiene agotados sus medios de recursos" (confr. Fernández: ob. cit. pág. 315 a 321 –en especial n° 42).

En este marco, no resulta lógico que la fecha de cesación de pagos se configure en el día de presentación en concurso preventivo, pues ello incita a pensar que hasta ese día la concursada tenía recursos para hacer frente a su pasivo, obstando ello al requisito objetivo necesario para presentarse en concurso preventivo (art. 1 LCQ).

5.2. De otra lado, la indicación del estado detallado del activo y pasivo requerido no puede entenderse satisfecha con la sola presentación de los balances, pues lo que la ley exige es una enumeración de los bienes, créditos y deudas que tiene el concursado, con el mayor detalle, indicando lugar de ubicación de los bienes, inventario en caso de ser necesario, estado de dichos bienes, si se encuentran gravados, en este caso por qué razón, además de la indicación del método utilizado para valuarlos. Igual detalle se requiere de los créditos que tuviera, y de las deudas contraídas. Tales recaudos no se advierten cabalmente cumplidos en la especie.

5.3. En cuanto a la exigencia de la presentación del balance correspondiente al ejercicio del año 2004, si bien, en la oportunidad de presentarse en concurso preventivo no cupo requerirlo, pues el ejercicio aún no había cerrado, habida cuenta el tiempo transcurrido desde dicha presentación, y debiendo ponderarse al presente los extremos de menester, deberá cumplimentarse allegando los balances de los ejercicios cerrados y aprobados (2004 y 2005, cuanto menos).

5.4. En relación al legajo de los acreedores, de las constancias obrantes en autos no surge que se hayan acompañado, ni éstos lucen reservados. Así las cosas, deberá el recurrente cumplir con ese requisito, o en su caso, efectuar las peticiones que correspondieren, además de efectuar un mayor detalle respecto de los deudores, incluidos quiénes sean los deudores hipotecarios, indicando el monto adeudado, y si en los juicios denunciados se ha dictado sentencia.

6. En relación a la contradicción señalada por la juez de grado respecto a la denuncia de haberse presentado anteriormente en concurso preventivo, conforme lo dispone el art. 59 LCQ, toda vez que aquel fue rechazado por considerar la juez que era incompetente para entender en dichas actuaciones, resolución que se encuentra firme, no se advierte que la recurrente se encuentre incursa en el estado de inhibición previsto por la norma referida, pues no se trataría de un concurso en trámite, ni de uno concluido y, de todas formas, la transparencia del proceso hubiese tornado conveniente su denuncia.

Sin embargo, la presentación en concurso preventivo rechazada in límine por incompetencia no resulta óbice para presentarse nuevamente.

7. Finalmente, en cuanto al pedido de cambio de Tribunal, esto es, que se ordene la radicación de esta causa en otro juzgado, toda vez que ello no se encuentra previsto por norma legal alguna, y que no ha existido recusación contra la juez sorteada, se rechaza tal planteo por improcedente.

8. Por los argumentos expuestos, esta Sala resuelve: estimar parcialmente el recurso interpuesto por la accionante, y en consecuencia, revocar la resolución obrante a fs. 146/53 con los alcances expuestos en los considerandos, debiendo la Sra. Juez a quo proveer en consecuencia. Devuélvase a primera instancia encomendándose a dicha Magistrada disponga la notificación de la presente resolución. La Dra. Isabel Miguez no interviene en la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 RJN).- A. Arturo Kolliker Frers. M. E. Uzal.