Adler, Emilio c. de Ridder Ltda. Luis S.A.

CNCom., sala A, 05/07/68, Adler, Emilio c. de Ridder Ltda. Luis S.A.

Títulos de crédito. Aval. Prescripción. Derecho aplicable. Lugar de otorgamiento: Uruguay. Tratado de Derecho Comercial Terrestre Internacional. Aplicación de derecho extranjero de oficio. Protocolo adicional a los Tratados de Montevideo de 1940.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 31/03/07, en A. Boggiano, Derecho Internacional Privado, 4a. ed., Bs. As., Abeledo-Perrot, 2001, t. II, en ED 24, 494 y en LL 132, 569.

2º instancia.- Buenos Aires, 5 de julio de 1968.-

La aplicación de oficio, al caso de autos, de la ley uruguaya tiene sustento legal en lo que disponen los artículos 13 del Código Civil y 2º del protocolo adicional de los tratados de derecho internacional suscriptos en Montevideo el 10 de marzo de 1940 y ratificados por el decreto-ley 7771/56.

Las circunstancias señaladas privan de toda eficacia a los agravios de la apelante con respecto a las normas puestas en juego por el juez a quo para decidir, en mérito a lo dispuesto por el Código de Comercio de ese país, la prescripción opuesta a foja 20, no obstante no haber sido aquél invocado por el incidentista al contestar el traslado conferido a foja 25 vuelta.

Los documentos que sirven de base a la presente demanda, y cuya autenticidad no ha sido desconocida, fueron extendidos y protestados en Montevideo. Las relaciones jurídicas resultantes de su creación, y las obligaciones contraídas en el caso por el avalista, quedan sujetas a la ley del Estado en que ha sido otorgada dicha garantía, a cuyas normas quedan también sometidos los actos necesarios para el ejercicio o conservación de los derechos emergentes de los precitados documentos, con arreglo a lo establecido por los artículos 23 y 32 del Tratado de Derecho Comercial Terrestre Internacional.

En estas condiciones, correspondía, como lo ha hecho el a quo, desestimar la defensa opuesta, habida cuenta de que a la época en que se promovió la presente demanda (16 de febrero de 1967) la acción no se encontraba prescrita, por no haber trascurrido, desde las fechas en que se llevaron a cabo las respectivas diligencias de protesto, el plazo de cuatro años fijado por el artículo 1019 del Código de Comercio de la República Oriental del Uruguay.

En cuanto a lo establecido en los artículos 40 a 53 del precitado Tratado, su invocación por parte del apelante es totalmente desubicada, toda vez que dichas normas son aplicables a los casos de pluralidad de quiebras o concursos, cuestiones ajenas, por consiguiente, al problema suscitado en el sub lite.

Por todo ello, y sus propios fundamentos concordantes, se confirma la sentencia apelada. Con costas en la alzada.- H. Fernández Marelli. C. C. Malagarriga.

Deutsche Reiseburo, G. M. c. Speter, Armando

CNCom., sala E, 27/02/84, Deutsche Reiseburo, G. M. c. Speter, Armando.

Contrato de alojamiento. Delegación imperfecta acumulativa de deuda. Autonomía de la voluntad. Elección en el proceso del derecho aplicable. Aplicación de oficio del Derecho extranjero.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 31/03/07, en LL 1984-D-563, en A. Boggiano, Derecho Internacional Privado, 4a. ed., Bs. As., Abeledo-Perrot, 2001, t. II y en ED 108, 232.

2º instancia.- Buenos Aires, 27 de febrero de 1984.-

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada de fojas 106/109?

El doctor Boggiano dijo: La sentencia apelada rechazó la demanda por cobro de 59.480 dólares estadounidenses y sus accesorios. Contra este pronunciamiento trae agravios la actora, que no han sido contestados. Si bien el relato de la causa hállase circunstanciado con toda precisión en la sentencia recurrida, a fin de considerar los agravios, resulta menester una breve síntesis de la pretensión y la defensa. Con ocasión del campeonato mundial de fútbol de 1978 la actora contrató con el Alvear Palace Hotel S.A. el alojamiento relativo a cien habitaciones y pagó al hotel 137.000 dólares estadounidenses. Como al arribo de los turistas de la República Federal de Alemania las habitaciones contratadas no se hallaban disponibles, el Alvear Palace Hotel envió a los mismos al hotel Sheraton, asegurando que se haría responsable del alojamiento. El hotel Sheraton, a su vez, exigió el pago contado, y el demandado reconoce que la actora recibió un cheque que él libró contra el banco Otto Scheumann "como parte de pago de la obligación que asumiera el Alvear Palace Hotel, y que, por lo tanto, al haber llegado la actora a un acuerdo con el mencionado hotel, según documento de fecha cierta, y que reviste carácter de instrumento público, me libera de la obligación". El demandado afirmó ser ajeno a la relación entre la actora y el Hotel Alvear Palace y dijo "simplemente pagué por el Alvear Palace Hotel y atento a que éste no me giró el dinero necesario, no aboné el documento…". Afirma la existencia de una gestión de negocios y una transacción -por la verificación del crédito de la actora en el concurso del Alvear Palace Hotel- que lo beneficia. El demandado agrega que "para decirlo en el mismo idioma en que fue contraída la obligación Anweisung ist keine Zahlung -la asignación no es pago-. Adujo además que el documento se hallaba amparado por la ley alemana y sostuvo que la actora no invocó ni probó la ley alemana que rige el cheque, lo que ya no podrá intentar.

Cabe aclarar que en la quiebra del Alvear Palace Hotel, la actora se presentó a verificar la suma de u$s 288.766,37. Por avenimiento la actora percibió por todo concepto la suma de 82.500 dólares estadounidenses. El importe que se reclama resulta de deducir del monto del cheque librado por Speter de u$s 125.000 y sus intereses, la suma percibida en el avenimiento concursal.

La recurrente se agravia porque si bien el magistrado originario calificó el cheque librado por el demandado como orden de pago pura y simple y no interpretó dicha entrega como reconocimiento tácito de la obligación contraída por el Alvear Palace Hotel, la intervención del accionado Speter en la contratación de los alojamientos, su posterior derivación a otro hotel y el pago a cuenta efectuado por sí mediante la entrega del cheque correspondiente al nuevo importe abonado por la actora al hotel Sheraton, resultó una gestión de negocios ajenos.

Sostiene que el accionado asumió incuestionablemente la deuda porque dio el cheque como pago a cuenta habiéndolo librado con posterioridad al reconocimiento de deuda efectuado por el Alvear Palace Hotel. El reconocimiento fue en mayo de 1978, mientras que el cheque es de junio de 1978.

Según el apelante, la obligación nace de una misma causa, cual es el contrato de alojamiento originario con el Alvear Palace Hotel. El posterior libramiento prueba que el demandado actuó como gestor de negocios, solidarizándose con la deuda contraída por el Alvear Palace Hotel con el actor. El avenimiento posterior no produjo la liberación del obligado Speter, solidario del saldo adeudado.

A fin de juzgar estos agravios corresponde determinar ante todo que, pese a lo sostenido por el demandado Speter en su contestación, la investigación y aplicación de oficio del derecho alemán no resultaría vedado al juez argentino si éste hubiese juzgado aplicable ese derecho en virtud de las normas de conflicto del derecho internacional privado. La carga de invocación del derecho extranjero no conduce inexorablemente a impedir que los jueces argentinos apliquen un derecho extranjero cuando las normas de conflicto referidas así lo impongan. De lo contrario, la aplicación de las normas de conflicto inderogables quedarían a merced del arbitrio de las partes, dueñas de invocar o no el derecho extranjero indicado por las normas de conflicto argentinas.

Sentado ello, es de advertir que en contratos internacionales, las partes, en los límites pertinentes, pueden elegir el derecho aplicable al contrato. En el caso, la actora con sede en Francfort del Meno, República Federal de Alemania, contrató, como agente de turismo, el alojamiento de espectadores alemanes al mundial de fútbol de 1978 de cien habitaciones en el hotel antes referido. La empresa alemana al demandar invocó expresamente la jurisdicción internacional argentina en virtud del domicilio del demandado y del lugar de cumplimiento del contrato con expresa referencia a los artículos 1215 y 1216 del Código Civil argentino. Invocó también jurisprudencia argentina. Es de entender que consideró regido el contrato de alojamiento por el derecho argentino y, de cualquier modo, invocó normas argentinas (art. 207 del Cód. de Comercio), lo cual importó la elección en el proceso del derecho aplicable. Elección en la que coincidió por acuerdo procesal concluyente el demandado, quien no sólo sustentó la defensa en el derecho argentino sino que, además, y erróneamente, sostuvo que no era posible ya la aplicación del derecho extranjero porque no había sido invocado por la actora. En definitiva ambas partes coincidieron en considerar aplicable al caso el derecho argentino. En esta materia contractual internacional es lícito a las partes elegir el derecho aplicable; consiguientemente, aquellas conductas procesales concluyentes adquieren virtualidad para seleccionar el derecho aplicable al negocio (sentencia de esta sala del 20 de octubre de 1981, "Banco de Río Negro y Neuquén c. Trasportes Internacionales Independencia", publicado en ED 97-604, con nota del profesor Manuel E. Malbrán, en ED 98-865, entre otras).

Más aun cuando las partes no hubiesen concordado en la aplicación del derecho argentino al contrato debatido en la causa, el mismo igualmente se regiría por la ley argentina pues el domicilio del deudor de la prestación más característica, cual era la de alojar a los espectadores en las condiciones convenidas, estaba en Buenos Aires. Ello por cierto en la relación entre la empresa actora de Francfort y la empresa hotelera argentina; prueba de ello es que ésta debió obtener alojamiento de los turistas en el hotel Sheraton, por falta de disponibilidad en el Alvear Palace.

Ahora bien, ante las vicisitudes del negocio, Andrés von Wernitz, a la sazón presidente del Alvear Palace Hotel, derivó los turistas enviados por la actora al Sheraton. Pero fue la actora quien en definitiva debió pagar al Sheraton. Speter, al parecer relacionado con von Wernitz, entregó el cheque a la actora porque el hotel Sheraton no lo aceptó. En tales condiciones, propongo calificar jurídicamente los hechos como un contrato de alojamiento entre la actora y el Alvear Palace Hotel. La obligación de este último no fue cumplida directamente. El Alvear Palace, deudor de la actora, delegó en un tercero el pago de los alojamientos en el hotel Sheraton. El tercero Speter como nuevo deudor delegado se obligó hacia la actora, que aceptó tácitamente la delegación imperfecta mediante un desdoblamiento de la obligación. Esta delegación acumulativa dejó intacto el crédito respecto del primitivo deudor. La obligación tiene por la delegación acumulativa otro deudor, sin desvincularse el anterior. Así el acreedor tiene un nuevo crédito contra el delegado o segundo obligado. Habiendo dos deudores concurrentes de la misma prestación, nada obsta a que el acreedor perciba parte de su crédito de un deudor y parte del otro. El pago parcial obrado por el deudor delegante, esto es, el primitivo deudor, que en el caso ocurrió con el avenimiento, no libera al deudor delegado del pago del resto de la obligación por la que también responde. He aquí la función de garantía que ha cumplido en el caso la delegación imperfecta acumulativa de deuda. El deudor dio otro deudor al acreedor y éste lo aceptó tácitamente al recibir el cheque del nuevo deudor Speter. Ello explica que no se haya producido extinción de la deuda respecto del primitivo deudor, el Alvear Palace Hotel.

En virtud de esa función de garantía de la delegación imperfecta, no puede juzgarse indebida la percepción parcializada de la integridad del crédito de ambos deudores, si el primitivo deudor no fue exonerado expresamente (art. 814, Cód. Civ.). Ello así pese a las calificaciones jurídicas distintas que han ensayado las partes en la causa. Cabe precisar al respecto que no es del caso juzgar los efectos jurídicos del cheque librado contra un banco alemán, sino las relaciones obligacionales que constituyeron la trama causal del contrato de alojamiento y de la delegación imperfecta sobrevenida con función de garantía de cobro. Esta función mercantil de garantía en el tráfico se alcanza específicamente por el instrumento jurídico de la delegación imperfecta que produce la acumulación de un nuevo deudor adherente a la obligación del primitivo deudor y asume la deuda frente al acreedor que pasa a enfrentarse con dos deudores, por el total de la deuda o, si se acordare, así sea tácitamente, por una parte de la deuda. De aquí el interés del acreedor en esta delegación imperfecta, pues ésta viene a aumentar la seguridad de cobro de su crédito.

En las circunstancias del caso, el demandado Speter, aun admitiendo como él lo afirma, que entregó el cheque al gerente de la actora en el aeropuerto de Francfort, asumió acumulativamente la deuda del Alvear Palace Hotel, sin liberación de éste, y con indudable aquiescencia de la actora.

La asunción de deuda por el demandado se rige por el derecho argentino tanto si se considera sujeta al derecho que rige la obligación del Alvear Palace Hotel, esto es, el derecho del domicilio del deudor de la prestación de alojamiento, cuanto si se juzga sujeta al derecho del domicilio del deudor que asume la obligación, pues el demandado Speter, se domicilia en Buenos Aires (arts. 1209, 1210, 1212 y 1213, Cód. Civ.). De modo que pese a seguir la afirmación de Speter según la cual entregó el cheque en Alemania Federal, la asunción de deuda por delegación imperfecta se rige por la ley argentina.

Pero diré más, tal delegación acumulativa también se admite en el derecho alemán, precisamente como asunción acumulativa o de refuerzo, adhesión a la deuda o coasunción. En este caso tampoco se produce una asunción liberatoria del primitivo deudor, sino una asunción acumulativa de deuda ("Kumulative Schuldubernahme"; ver Josef Esser, Schuldrecht, I, Allgemeiner Teil, págs. 419 y sigs., 4ª ed., Karlsruhe, 1970).

Destaco que resulta aplicable al caso el derecho argentino por las consideraciones antes expuestas. Pero agrego, a los fines de una comprensión comparativa del problema y a los efectos de confirmar la solución fundada en el derecho nacional, que dicha solución también se alcanzaría, a mi juicio, sobre la base del derecho alemán que, aun cuando no fuera aducido ni probado por las partes, el tribunal puede investigar de oficio, cuando las circunstancias del caso lo impongan, en virtud del artículo 377 del Código Procesal, reformado por la ley 22434.

Confirma también lo expuesto la reciente jurisprudencia española que ha admitido la asunción acumulativa o de refuerzo (véase Revista General de Legislación y Jurisprudencia, diciembre 1972, págs. 780 y sigs., con nota de García Cantero) y la doctrina la distingue nítidamente de la asunción liberatoria (Guillermo García Valdecasas, "La sucesión en las deudas a título singular", en Estudios en honor al profesor Castán Tobeñas, t. II, págs. 207 y sigs., esp. pág. 226).

Es de advertir consiguientemente la función de garantía o refuerzo de la asunción acumulativa, función que en este caso ha de hacerse respetar cabalmente, pues el demandado intervino en el negocio librando una orden de pago que razonablemente ha podido generar la creencia en que el librador asumía la deuda, según el principio de buena fe en el contrato internacional materia de litigio.

Por ello, distinguidos colegas de acuerdo, propongo hacer lugar al recurso interpuesto, revocar la sentencia apelada y condenar al demandado a pagar a la actora la suma de pesos argentinos que resulte de convertir 59.480 dólares estadounidenses a la fecha del pago, según el tipo de cambio entonces en vigor, con más un interés anual a razón del 8% desde el 27 de julio de 1978, fecha de rechazo del cheque hasta la fecha de pago. Costas de ambas instancias al demandado vencido.

El doctor Bengolea dijo: Comparto los fundamentos vertidos por el juez preopinante por lo que me adhiero a la solución por él propiciada. Voto, en consecuencia, en igual sentido.

Por los fundamentos del acuerdo precedente, revócase la sentencia de fojas 106/109 recurrida a foja 112 condenándose al demandado a pagar a la actora la suma de pesos argentinos que resulte de convertir 59.480 dólares estadounidenses a la fecha del pago, según el tipo de cambio entonces en vigor, con más un interés anual a razón del 8% desde el 27 de julio de 1978, fecha de rechazo del cheque hasta la fecha de pago. Costas de ambas instancias al demandado vencido. El doctor Guerrero no firma por encontrarse excusado a foja 123.- J. C. Bengolea. A. Boggiano.

Banco de la Nación Argentina c. Tecmes Intrumentos Especiales

CNCiv. y Com. Fed., sala III, 23/08/05, Banco de la Nación Argentina c. Tecmes Intrumentos Especiales S.R.L. y otros s. cobro de suma de dinero.

Contrato de mutuo. Prefinanciación de exportaciones. Pesificación. Improcedencia. Dec. 410/02. Excepciones.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 27/03/07 y en El Dial AA2DA5.

En Buenos Aires, a los 23 días del mes de agosto del año dos mil cinco, hallándose reunidos en acuerdo los Señores Vocales de la Sala III de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, a fin de pronunciarse en los autos “Banco de la Nación Argentina c. Tecmes Intrumentos Especiales S.R.L. y otros s. cobro de suma de dinero”, y de acuerdo al orden de sorteo la Dra. Medina dijo:

I.- Contra la sentencia de primera instancia (fs. 518/519vta.), que hizo lugar a la demanda interpuesta por el Banco de la Nación Argentina, condenando en consecuencia a Tecmes Instrumentos Especiales S.R.L., a E.I.H. Estudio de Ingeniería Hidráulica, a Ricardo Vicente Petroni, a Juan Ernesto Costas, a Remo Cobbe, a Ricardo Nicolás Petroni y a Doris Manuela Masino a abonar a la actora la suma de 60.000 dólares, con más sus intereses y las costas del juicio, la demandada vencida dedujo recurso de apelación a fs. 527, que fue concedido a fs. 527vta., fundado a fs. 534/544 y contestado a fs. 552/557.

Median asimismo recursos de apelación por los honorarios regulados en la instancia de grado (fs. 525 y 526, concedidos a fs. 525vta. y 526vta.), los que serán tratados por la Sala al finalizar el presente Acuerdo.

II.- Según surge de las constancias comprobadas de la causa, está fuera de controversia que con fecha 30 de agosto de 2001, la firma Tecmes Instrumentos Especiales S.R.L. solicitó al Banco de la Nación Argentina un préstamo de 60.000 dólares, para ser utilizados en prefinanciación de exportaciones, en anticipos de hasta el 80% del valor F.O.B. de sus créditos documentarios de exportación o de sus órdenes de compra en firme o contratos de venta en el exterior. El préstamo fue acordado -mediante Resolución del 30 de agosto de 2001- a la firma mencionada mancomunada y solidariamente con E.I.H. Estudio de Ingeniería Hidráulica S.A. Dicha operatoria fue afianzada con la garantía de Ricardo Vicente Petroni, Juan Ernesto Costas, Remo Cobbe, Ricardo Nicolás Petroni y Doris Manuela Masino.

Tampoco se encuentra en tela de juicio que al vencimiento del plazo de 180 días acordado, los demandados no cumplieron con las obligaciones asumidas. En virtud de ello, y después de un intenso intercambio de cartas documento mediante las cuales los demandados se negaron a cancelar el reclamo en dólares estadounidenses, aquéllos ofrecieron la suma de 60.000 pesos. La actora se negó a aceptar esta oferta, sosteniendo que la deuda debía ser abonada en moneda extranjera. En tales condiciones, los demandados se presentaron en la Sucursal Caballito, labrándose el acta respectiva el 29 de mayo de 2002.

Finalmente, consta que con posterioridad a la promoción de la presente demanda, la demandada efectuó un depósito judicial por la suma de $ 90.000, dando en pago la cantidad de $ 77.646,58 correspondiente al capital adeudado, con más el CER, y los intereses liquidados al 8% anual hasta el 29 de mayo de 2002, fecha en que -a juicio de la demandada- el banco incurrió en mora al negarse a cobrar (ver relato de los hechos efectuado por las partes a fs. 81vta./84vta., 118, 475/480vta., 501; ver, asimismo, documentación relativa a la solicitud del crédito obrante a fs.1/8; resolución de solicitud del préstamo de fecha 30/08/01, obrante a fs. 9; recibo de acreditación del préstamo en cuenta corriente Nº 900.018/14, por un importe de $ 59.958, obrante a fs. 10; garantía solidaria puntual de fs. 11, con certificación de firmas obrante a fs. 12; intercambio epistolar entre las partes, que luce a fs. 13/26; acta de constatación de fs. 27/29; depósito judicial y dación en pago de fs. 116/120, documentación que acredita el movimiento de ingresos y egresos correspondientes a la exportación a Itaipú, que motivó el pedido de crédito en cuestión, obrante a fs. 401/473; y oficio librado al Banco Central de la República Argentina de fs. 516).

III.- En tales condiciones, el señor juez de primera instancia hizo lugar a las pretensiones de la actora. Para así decidir, subsumió el caso de autos en la órbita de los arts. 1137 y 1197 del Código Civil, por lo que consideró que los contratantes debían atenerse a lo contratado y cumplirlo. Desde esta perspectiva -continuó-, tratándose de una operación de comercio exterior, “admitir lo contrario… implicaría un enriquecimiento para los demandados y lo que las partes pactaron no () puede ser modificado por ley posterior”. Concluyó así que las demandadas no podían invocar que el banco actor había incurrido en mora al rechazar la pesificación y el pago, “por encontrarse excluidos de la pesificación” y resultar inaplicables la ley 25.561 y el decreto 410/02.

IV.- La recurrente tacha a la sentencia de arbitraria, sosteniendo al respecto que el a quo: a) se pronunció sobre cuestiones no propuestas a su consideración, esto es, la constitucionalidad, validez y vigencia de la ley 25.561 y de los decretos 214/02 y 410/02 -la cual fue consentida por las partes- y la situación de enriquecimiento de su parte -la cual debió haber sido invocada por la actora y surgir de la prueba, lo que no ocurrió-; b) omitió aplicar la ley 25.561, de orden público, aplicando en su lugar el decreto 410/02, norma de menor jerarquía e impotente para derogar la ley; c) privó a su parte de un derecho adquirido y definitivamente incorporado a su patrimonio, violando su derecho de propiedad; d) omitió pronunciarse sobre cuestiones oportunamente planteadas por su parte, esto es, que el decreto 214/02 sólo es de aplicación para los créditos que a la fecha de su sanción no hubieran sido ya pesificados, por lo que no comprende a las obligaciones ya transformadas a pesos por el art. 6 de la ley 25.561; e) partió de una incorrecta presunción, carente de sustento fáctico -considerar que “la pesificación generará un enriquecimiento sin causa de Tecmes”- que lo llevó a una indebida integración e interpretación del derecho aplicable.

Se queja, asimismo, de la aplicación de intereses -los cuales considera usurarios-, de la imposición de costas a su cargo y de los honorarios regulados a los profesionales intervinientes, por considerarlos altos.

V.- Así planteados los agravios, debo en primer término señalar que -a contrario de lo que sostiene la apelante- no medió por parte del a quo declaración alguna de inconstitucionalidad. En efecto, de la mera lectura de los argumentos expuestos en la sentencia apelada, surge que la legislación de emergencia invocada fue simplemente considerada inaplicable al caso de autos -por regir, a juicio del sentenciante, la normativa correspondiente del Código Civil-, lo cual dista en gran medida de concluir que la referida legislación se encuentra en contradicción con preceptos de raigambre constitucional.

Aclarado ello, cabe poner de resalto -teniendo en cuenta el relato de los hechos efectuado en el considerando II- que asiste razón a la recurrente en cuanto sostiene que la única cuestión traída a conocimiento del Tribunal se relaciona con la pesificación del crédito oportunamente acordado por el Banco de la Nación Argentina, sin que se encuentre en debate la normativa aplicable.

De manera previa, considero conveniente recordar que el decreto 214/02 dispuso a partir de la fecha de su sanción la transformación a pesos de “todas las obligaciones de dar sumas de dinero, de cualquier causa u origen -judiciales o extrajudiciales- expresadas en dólares estadounidenses, u otras monedas extranjeras, existentes a la sanción de la Ley Nº 25.561 y que no se encontrasen ya convertidas a pesos” (art. 1º). A su vez, el decreto 410/02 excluyó expresamente de la conversión a pesos establecida por el art. 1º del decreto 214/02, a “las financiaciones vinculadas al comercio exterior otorgadas por las entidades financieras, en los casos, con las condiciones y los requisitos que el Banco Central de la República Argentina determine” (art. 1º, inc. a).

En el mismo orden de ideas, debo señalar que la cuestión que nos ocupa se halla regulada específicamente por diversas comunicaciones del Banco Central de la República Argentina. En efecto, el alcance de la ley 25.561 y de los decretos 214/02 y 410/02 en relación a las operaciones activas y préstamos interfinancieros fue reglamentado por las Comunicaciones “A” 3507, “A” 3561 y “A” 3806, a través de las cuales la mencionada entidad, en concordancia con lo normado por el art. 1º, inc. a, del decreto 410/02, dispuso -en lo que aquí interesa- excluir de la conversión a pesos a las “financiaciones, incluidas las responsabilidades eventuales, vinculadas al comercio exterior, en los casos previstos en los puntos 3. y 4. de la presente resolución”. Resulta aquí de particular relevancia el punto 3 citado, el cual estableció que los saldos al 3/02/02 de las financiaciones en moneda extranjera vigentes al 5/01/02 por obligaciones originadas en la prefinanciación y financiación de exportaciones, incluidas las derivadas de la ejecución de responsabilidades eventuales, deberán ser cancelados en moneda extranjera o en pesos según el tipo de cambio del mercado por el que corresponda liquidar el cobro de las exportaciones, siempre que se hayan verificado las siguientes condiciones: 3.1. Prefinanciación de exportaciones (…)”.

Desde la perspectiva expuesta, no puede pasarse por alto que según surge de la Resolución de fecha 30/08/01 que luce a fs. 9, a través de la cual el Banco de la Nación Argentina acordó el préstamo de U$S 60.000 solicitado por la firma Tecmes Instrumentos Especiales S.R.L., el crédito fue acordado para ser utilizado “en Prefinanciación de Exportaciones, en anticipos de hasta el 80% del valor F.O.B. de sus créditos documentarios de exportación o de sus órdenes de compra en firme o contratos de venta en el exterior, con ajuste a lo normado en la circular 10.715 y disposiciones vigentes” (el resaltado pertenece al original). Por otra parte, la propia empresa demandada, en su nota de fecha 19/02/02, a través de la cual manifestó la pesificación de su crédito, adjuntó fotocopia de los extractos bancarios correspondientes al ingreso de las divisas de la exportación a Itaipú (fs. 13/20). En este mismo orden de ideas, en su escrito de fs. 118/120, Tecmes Instrumentos Especiales S.R.L., al relatar los antecedentes del caso, reconoció que el crédito en cuestión había sido solicitado “para financiación de una exportación al Ente Binacional Itaipú”.

En estas condiciones, puede razonablemente concluirse que el caso que nos ocupa debe ser incluido dentro de la excepción prevista en el art. 1º, inc. a, del decreto 410/02, por tratarse de una operación típica de comercio exterior. Así lo considero, toda vez que el crédito solicitado por la firma demandada lo fue para atender a operaciones en el mercado internacional, lo cual surge con meridiana claridad de la documentación aportada por la empresa demandada a fs. 401/473.

A esta conclusión no resulta óbice la diferencia de rango normativo invocada por la recurrente entre la ley 25.561 y los decretos 214/02 y 410/02, toda vez que no se trata de normas contrapuestas o que regulen materias distintas, sino -antes bien- que éstos son consecuencia de aquélla, dictados en virtud de las facultades conferidas por el art. 99, inc. 3º, de la Constitución Nacional. A este propósito, debe tenerse en cuenta -entre otras disposiciones, el art. 2º de la ley 25.561, que facultó al Poder Ejecutivo Nacional a establecer el sistema que determinaría la relación de cambio entre el peso y las divisas extranjeras y dictar regulaciones cambiarias (art. 2º). Asimismo, mediante el art. 6º, se lo autorizó a disponer medidas tendientes a disminuir el impacto producido por la modificación de la relación de cambio dispuesta en la ley, en las personas de existencia visible o ideal que mantuviesen con el sistema financiero deudas nominadas en dólares estadounidenses u otras divisas extranjeras, dictando -a este efecto- las normas necesarias para su adecuación (art. 6º). Por ello, mal puede concluirse que la ley 25.561 debe ser aplicada con total independencia de los decretos anteriormente mencionados. Así lo considero, a poco que se repare en todos ellos constituyen una unidad normativa que regula un conjunto heterogéneo de relaciones jurídicas y económicas que se desarrollan en nuestra sociedad.

VI.- Distinta suerte debe correr el agravio de la demandada relativa a la tasa de interés aplicable. En este punto, debo previamente recordar que -por regla general- cuando en un negocio jurídico existen estipulaciones sobre intereses determinadas de antemano -como ocurren en el sub lite-, corresponde respetar lo pactado por las partes; asimismo, las facultades morigeradoras de los tribunales deben ser ejercidas con prudencia, interviniendo sólo cuando -en virtud de un exceso- se traspasa las fronteras de la moral y el orden público (conf. Sala II, causa Nº 6044//97, del 7/05/02, y sus citas).

Y este último supuesto es el que precisamente acontece en autos, a poco que se repare en que la tasa de interés pactada por las partes fue la más alta vigente para operaciones en cartera activa, con sus oscilaciones a través del tiempo, y los intereses punitorios convenidos -consistentes en el 50% de los compensatorios vigentes-, vigente al momento de la formalización de la operación, esto es, el 30/08/01. También se estableció que los intereses se aplicarían “en caso de mora y a partir de la misma”, la cual “se producirá de pleno derecho por el mero vencimiento del plazo para el pago, sin interpelación previa judicial o extrajudicial”. En este orden de ideas, debo recordar que el préstamo fue otorgado por un plazo de 180 días, siendo su vencimiento el 27 de febrero de 2002 (ver fs. 1vta., cláusula 19; fs. 5, cláusula 25º, párrafos segundo y tercero; fs. 9; fs. 82, segundo párrafo).

Ahora bien, al momento de formalización de la operación, la tasa activa que percibía el Banco de la Nación Argentina para operaciones comerciales en dólares -vigente desde el 30/07/01 hasta la pesificación- fue del 16,50% anual. Si a dicho porcentaje se le suma lo convenido en concepto de intereses punitorios, se obtiene un total superior al 24% anual.

Una tasa superior al 24% anual resulta excesiva, por lo que corresponde su prudente morigeración conforme a la doctrina emergente del artículo 953 del Código Civil ya que no puede admitirse que la tasa de intereses sea la vigente al momento en que se formalizó la operación, cuando esta como ya lo dije era del 16,50% anual, cuando en este momento los intereses de plaza para este tipo de operación se calculan en dos o tres puntos sobre la tasa Libor.

En tal sentido considero que se deben computar sólo los intereses desde la fecha en la que se produjo la mora del deudor según la tasa que aplica el Banco de la Nación Argentina para operaciones de comercio exterior a 180 días aplicable a los distintos períodos de la mora, de acuerdo a la información que se recabe durante la ejecución de la sentencia.

VII.- Lo dicho en los considerandos precedentes autoriza a concluir que, por aplicación de la legislación de emergencia anteriormente citada -en especial el art. 1º, inc. a, del decreto 410/02- y de las pertinentes comunicaciones del Banco Central de la República Argentina, la deuda reclamada debe ser abonada en la moneda originalmente pactada, esto es, en dólares estadounidenses, con más los intereses fijados en el considerando anterior.

Por los fundamentos expuestos, considero que debe revocarse parcialmente la sentencia apelada, con los alcances que surgen del considerando VI de la presente. En virtud de la forma en que ha sido resuelta la cuestión, las costas de ambas instancias deben imponerse en un 70% a cargo de la demandada vencida, y el 30% restante, a cargo de la actora. Así voto.

Los Dres. Recondo y Antelo, por análogos fundamentos adhieren al voto precedente. Con lo que terminó el acto firmando los Señores Vocales por ante mí que doy fe.

Buenos Aires, 23 de agosto de 2005.-

Y visto: Lo deliberado y las conclusiones a las que se arriba en el Acuerdo precedente, el Tribunal resuelve: revocar parcialmente la sentencia apelada, con los alcances que surgen del considerando VI de la presente.

Las costas de ambas instancias se imponen en un 70% a cargo de la demandada, y el 30% restante, a cargo de la actora (arts. 279 y 71 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Difiérese la regulación de honorarios hasta tanto se determine la tasa de interés aplicable. Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.- G. Medina. R. G. Recondo. G. A. Antelo.

Nicolás Constantinidis S.A. s. concurso preventivo

CNCom., sala D, 01/09/05, Nicolás Constantinidis S.A. s. concurso preventivo s. incidente de revisión por Banco de la Pcia. de Buenos Aires.

Créditos para prefinanciación de exportaciones. Pesificación. Improcedencia. Dec. 410/02. Excepciones. Operaciones de comercio exterior.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 27/03/07 y en El Dial AA2F64.

2º instancia.- Buenos Aires, 1 de septiembre de 2005.-

1. El incidentista apeló contra el decisorio de fs. 271/274 en cuanto rechazó la revisión al crédito intentada e impuso las costas a su cargo (fs. 275, memorial en fs. 280/282 contestado por la concursada en fs. 285/6 y por la sindicatura en fs. 295.

2. Sostiene el recurrente que tratándose el crédito pretendido de un préstamo otorgado a la concursada para la prefinanciación de exportaciones, no corresponde su pesificación de acuerdo a lo previsto por el decreto 410/02.

El magistrado a quo sostuvo en la decisión impugnada que (i) no () se habrían cumplido los requisitos establecidos en la comunicación A 3507 BCRA; (ii) no resulta posible determinar que los fondos comprendidos en el préstamo otorgado a la concursada hayan sido aplicados directamente para la exportación de productos agrícolas.

3. a) Fluye de los antecedentes de autos que las partes acordaron expresamente el 18.10.00 un préstamo destinado a la prefinanciación de exportaciones por un monto de U$S 150.000 (fs. 107).

Por derivación de lo prescripto por el decreto 410/02, cuadra determinar si esta operación se encuentra o no excluida de la denominada pesificación.

Recuérdase que esa norma legal prevé que "… no se encuentran incluidas en la conversión a pesos establecida por el artículo 1° del decreto N° 214/02: a) las financiaciones vinculadas al comercio exterior otorgadas por las entidades financieras, en los casos, con las condiciones y los requisitos que el Banco Central de la República Argentina determine…".

b) Del informe pericial contable obrante en fs. 168/9 y explicaciones de fs. 246/7 se desprende que: (i) la empresa Nicolás Constantinidis SA a la fecha de otorgamiento del préstamo en cuestión, se hallaba inscripta en el registro de exportadores; (ii) se presentó un anexo de producción estimada para temporada 2000/1, así como también un flujo de fondos proyectado con totales anuales para el 2000 y 2001, firmados por el apoderado de Nicolás Constantinidis SA; (iii) existió un contrato que marcó la conexión para exportar con Bermida SA, que colocaba luego de brindar el apoyo financiero a Nicolás Constantinidis SA producción en el exterior o en su caso en el mercado interno de todo tipo de fruta. Bermida SA era el nexo entre Nicolás Constantinidis SA y el importador. De acuerdo a la cláusula primera Nicolás Constantinidis SA decide vender toda la producción a Bermida SA, mientras Bermida SA, le aportaría capital de trabajo a la primera en sucesivas entregas estipuladas de acuerdo al anexo I que se adjunta del contrato de integración comercial fechado el 5.10.00; (iv) a través de la comunicación interna de fecha 19.10.00, nota de referencia 9566, se han girado de la sucursal Grand Cayman para la prefinanciación de exportaciones el importe de U$S 150.000 con un vencimiento del crédito del 17.4.01 cuyo destinatario era Nicolás Constantinidis SA; (v) la acreditación de la suma dada en préstamo en la cta. corriente 46828/0, obedecía a un pedido de fondos a ser aplicados para prefinanciar una exportación de productos agrícolas según el Anexo A, el monto solicitado era de U$S 150.000, que sería acreditado en pesos al cambio correspondiente a la fecha de ingreso de la divisa, dicho anexo está firmado por Héctor Constantinidis en su carácter de presidente de la firma.

c) De acuerdo a lo expuesto en el apartado anterior el crédito pretendido por la incidentista, frente a la relación jurídica mantenida con la concursada se halla subsumida en la previsión contenida por el decreto 410/02 y comunicación A 3507 del BCRA.

Es que contrariamente a lo sostenido por la concursada, sin perjuicio del informe pericial obrante en fs. 168 (pto.1) el profesional interviniente brindó aclaraciones (fs. 246.1) de las cuales puede concluirse que a la fecha del otorgamiento del préstamo objeto de autos, la concursada se hallaba inscripta en el registro de exportadores.

Consecuentemente la circunstancia de no haberse demostrado en autos que efectivamente el monto comprendido en el préstamo otorgado a la concursada haya sido aplicado directamente para la exportación de productos agrícolas, habida cuenta que durante la vigencia de la línea de crédito no se habrían realizado operaciones de exportación, no obsta per se la inaplicabilidad del decreto 410/02, puesto que ha sido acreditado el cumplimiento de las previsiones contenidas en la comunicación A 3507, 3561 del BCRA (3.1.1, 3.1.2d).

Es decir, no puede beneficiarse el acreedor por el hecho de no haber destinado los fondos al fin para el que los había requerido.

4. En lo que respecta a las costas procede distribuir las mismas en el orden causado.

Es que la materia objeto de debate entre las partes, concerniente a la eventual pesificación del crédito objeto de verificación, ha dado lugar a pronunciamientos judiciales con diversas soluciones, que pudieron hacer creer razonablemente a dichas partes que tenían derecho a peticionar como lo hicieron en autos.

5. Por ello, se revoca el decisorio apelado y se reconoce en favor de la incidentista un crédito por el monto de U$S 189.056,17.

Las costas de alzada también se distribuyen en el orden causado, dada la índole de la materia objeto de este decisorio.

Devuélvase sin más trámite, confiándose al magistrado de primera instancia proveer las diligencias ulteriores (CPr 36:1°) y las notificaciones pertinentes.

Actúan los suscriptos de conformidad con lo dispuesto por las Resoluciones 177/04, 251/04, 472/04 y 238/05 del Consejo de la Magistratura y Acuerdos del 30.6.04, 15.12.04 y 29.6.05 de esta Cámara.- F. M. Cuartero. M. L. Gómez Alonso de Díaz Cordero.

P, M. R. c. R., J. J.

CNCiv., sala K, 23/09/99, P., M. R. c. R., J. J.

Nulidad de matrimonio. Bigamia. Cónyuge de buena fe.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 27/03/07, en LL 2000-C, 445, en DJ 2000-2, 679 y en ED 186, 415.

2º instancia.- Ciudad Autónoma de Buenos Aires, setiembre 23 de 1999.-

El doctor Estévez Brasa dijo: La a quo hace lugar a la nulidad de matrimonio que interpusiera M. R. P contra J. J. R. pidiendo se declare la nulidad absoluta de ese matrimonio, atribuyéndole al demandado la calificación de cónyuge de mala fe por cuanto, según relata, contrajeron matrimonio hallándose subsistente el vínculo de una unión anterior de R. con M. M. R.

Dice que recién tuvo conocimiento de la subsistencia de esa unión en momentos en que iba a nacer el único hijo de la unión que tuvo con R. situación que le provocó una crisis en su salud que la mantuvo internada, luego de lo cual no volvieron a convivir.

Al contestar la demanda la defensora oficial, manifiesta que existen contradicciones en los dichos de la actora por cuanto en algunos momentos ha dicho que el demandado le hizo revelaciones acerca de su estado civil, que configuraba el impedimento de ligamen consiguiente; en cambio, al iniciar la demanda, manifiesta que la versión la tuvo en el momento del nacimiento de su único hijo.

Pide entonces que, si no se prueba la veracidad de los dichos se rechace la demanda y además que se verifique cabalmente si la postura de la actora corresponde a la de cónyuge de buena fe, esto es, ignorante de esa unión anterior de aquél con quien contrajera matrimonio.

La a quo hace lugar a la demanda, declara de nulidad absoluta el matrimonio celebrado entre M. R. P y J. J. R. por impedimento de ligamen, habiendo calificado como cónyuge de mala fe al demandado, en tanto, entiende que la actora debe ser considerada como cónyuge de buena fe. Impone las costas pertinentes.

La defensora oficial vierte sus agravios manifestando que hay contradicciones en las manifestaciones de la actora por cuanto ha expresado en algunas oportunidades que estando el accionado en estado de ebriedad le dijera mantenía un matrimonio anterior. Pero ella no habría prestado atención pensando, que tales manifestaciones eran propias de su estado de ebriedad. Lo aceptó con fehaciencia cuando al nacer el único hijo que hubo de esa unión, R. le manifestó que se hallaba unido en matrimonio con anterioridad.

También la quejosa entiende que, la promoción de la acción penal por matrimonio ilegal calificado, le fue en el año 1967, en tanto, la demanda civil fue interpuesta en el año 1992.

Dice que siendo inocente la actora no puede interpretarse tal demora en promover la acción de nulidad.

En realidad hay dos aspectos en este punto, el primero que la denuncia penal, fue realizada por el propio demandado, quien se presentó según surge del acta obrante a fs. 2 ante la seccional correspondiente de la policía federal manifestando su matrimonio anterior con M. M. R., exhibiendo la libreta pertinente donde consta tal unión, así como también que de esa unión hubo en el año 1954 el nacimiento de un hijo. Luego dice que como se separaron no hizo ningún trámite judicial y que más adelante contrajo matrimonio con M. R. P. Se trataba de una menor de 20 años, y como los padres no le permitían mantener un noviazgo con él porque sabían que era de estado civil casado, decidieron casarse, asumiendo ella tal condición.

Las manifestaciones de la actora en este proceso penal no se contradicen, ella aclara el tema de las manifestaciones en estado de ebriedad, como también surge del expediente de la causa penal, que hubo procesos anteriores, al accionado y también a la actora por lesiones, y finalmente reitera que tuvo conocimiento cabal de los hechos, luego del nacimiento de su hijo porque al tener esas referencias, la madre de ella inició una serie de averiguaciones que la llevaron hasta la entrevista con R., que era la cónyuge primera y quien relata en su declaración de fs. 4 esta visita que le hiciera la madre de la actora.

En realidad, no se observan contradicciones por cuanto la actora manifiesta en todo momento su desconocimiento de la situación, interpretando que los dichos fueron en estado de ebriedad, así como también hay procesos contra el demandado y contra ambos por lesiones y ante la confesión del demandado la madre, entrevista a R. que es la cónyuge de R.

Es decir que el agravio vertido no aparece probado fehacientemente del expediente y por otra parte, la pregunta que formula la defensora oficial en cuanto que por qué esperó tanto tiempo para promover la demanda civil es la misma actora la que manifiesta que no inició antes una acción por respeto a su hijo.

Esto parece coherente y, muy fundadamente la anterior sentenciante dice que: "el principio mundial receptado por todas las legislaciones que contemplan sólo el matrimonio monogámico es que una persona casada está impedida de volver a celebrar matrimonio en tanto un ligamen anterior subsista, es así que, la falta o defecto de uno o de los presupuestos que la ley exige para que el acto matrimonial produzca en plenitud sus efectos propios, tiene como consecuencia la nulidad matrimonial".

Si bien el verdadero fundamento en el que se asienta la conflictiva figura conocida como bigamia "es el ataque a los derechos de la familia, ya que el bien jurídico protegido es el orden familiar".

En un acertado dictamen obrante a fs. 111/12 de autos, el Fiscal de Cámara no advierte asimismo contradicciones en la conducta de la actora, ya que no surge ello de la declaración que brinda en autos el marido de la hermana de la actora, que manifiesta que, si ésta hubiera sabido algo de un matrimonio se lo hubiera dicho, cosa que no hizo y lo mismo sucede en la causa penal, donde no hay ninguna contradicción evidente que puede hacer suponer la mala fe de la esposa, ya que lo único que podría contradecirlas son las expresiones que vierte el demandado en la causa penal tanto cuando se presenta al formular la denuncia, como cuando brinda declaración indagatoria, y en el careo realizado con la actora, que obra a fs. 34 vta. de la causa penal, de donde no surge que puedan existir serias contradicciones en los dichos de la accionante.

Por otra parte, y si bien lo señala el fiscal, lo único que se probaría con fehaciencia es, por los propios dichos también de la actora, que tuvo conocimiento del matrimonio de su cónyuge, de la subsistencia del vínculo matrimonial anterior, pero tal conocimiento lo tuvo no en el momento de contraer matrimonio, sino con posterioridad a haberse contraído el matrimonio, lo cual no permite calificarla como cónyuge de mala fe, por cuanto lo que la ley exige es el conocimiento que antecede a la unión matrimonial.

A ello debe también agregarse como señala bien la a quo su condición de menor de edad al momento de contraer matrimonio según surge de la partida obrante a fs. 1 de autos.

Por todo lo hasta aquí dicho, y considerando además la importancia de la unión matrimonial que es el sustento de la familia y atendiendo a las conductas de ambos cónyuges a través del desarrollo de los autos de nulidad matrimonial, así como también de las constancias de la causa penal que se tienen a la vista, surge la propuesta confirmatoria de la sentencia recurrida. Las costas de alzada corresponden a la accionada perdidosa, si bien en este caso no se hacen efectivas por tratarse de la actuación de la Defensoría Oficial.

El doctor Degiorgis se adhiere al voto que antecede por razones análogas.

Por lo deliberado y conclusiones establecidas en el acuerdo transcripto precedentemente por mayoría de votos, el tribunal decide: Confirmar la sentencia recurrida. Las costas de alzada corresponden a la accionada perdidosa, si bien en este caso no se hacen efectivas por tratarse de la actuación de la Defensoría Oficial.

Se deja constancia que no firma la presente el doctor Moreno Hueyo por hallarse en uso de licencia (art. 109 RJN).- T. M. Estévez. C. R. Degiorgis.

P., D., s. sucesión

CNCiv., sala K, 15/12/95, P., D., s. sucesión.

Matrimonio celebrado en Argentina. Divorcio no vincular. Segundo matrimonio en México. Conversión del divorcio en vincular. Impedimento de ligamen. Nulidad. Privación de efectos extraterritoriales. Carencia de legitimación sucesoria.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 26/03/07, en LL 1996-B, 173, con nota de J. A. Mazzinghi y en DJ 1996-1, 1009.

Dictamen del Fiscal de Cámara.

Vienen estos autos a conocimiento de V.E. con motivo del recurso de apelación interpuesto por la recurrente, contra la resolución del a quo por la que declaró que aquélla carecía de vocación sucesoria con relación al causante.

La interesada promovió el juicio sucesorio ab intestato de D. P. Acompañó para acreditar el vínculo un acta de matrimonio de la provincia de Santa Fe en la cual se asentó, el 14/3/62, el matrimonio celebrado el 23/2/62 en la República de México del "de cujus", de estado civil divorciado y E. L. S., soltera.

A fs. 25/28 se presentaron M. H. P. y R. A. P. en su carácter de primas hermanas del causante. Solicitaron se excluyera a la recurrente por considerar que no existía matrimonio entre ella y su primo hermano, ya que el enlace contraído en el extranjero lo fue en fraude a la ley argentina, accediendo el magistrado, de conformidad con lo dictaminado por el agente fiscal a fs. 83.

II. Según la partida de matrimonio obrante a fs. 34/35, D. P. se encontraba casado en primeras nupcias con E. J. C., y separado legalmente de la misma, e incluso divorciado vincularmente de conformidad con la ley 23.515 en el año 1992.

Ahora bien, la recurrente alega que este no es el proceso para tratar la nulidad del matrimonio y que las primas hermanas no se encuentran legitimadas para presentarse en autos.

No nos encontramos frente a una cuestión que deba dirimirse por la nulidad de matrimonio, sino por la eficacia o ineficacia de dicho acto en la República Argentina, es decir si debemos aplicar o no la ley argentina. También, en este caso, no corresponde aplicar el art. 219 del Cód. Civil en cuanto a la legitimación a los efectos del planteo de nulidad (CNCiv. "G", "Sola, Jorge Vicente s. suc.", R 151.133, 5/8/94, con cita de Belluscio).

Pues bien, considero que es de aplicación en la especie la doctrina del fallo plenario de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, de fecha 8/11/73 en los autos "Martín González de Zanotti M. s. sucesión", oportunidad en la que se dejó establecido "que no es necesario para privar de eficacia a la partida de matrimonio extranjero contraído con impedimento de ligamen en fraude de la ley, la promoción de la acción de nulidad prevista en la ley 2393", remitiéndonos a los fundamentos emitidos en tal ocasión por los doctores Villar y Padilla, para apreciar que los argumentos vertidos por la quejosa no lograran desvirtuar lo resuelto por el a quo.

Es necesario dejar sentado, que el citado fallo no ha perdido vigencia aun cuando fuere anterior a la ley 23.515 que admitió el divorcio vincular.

En efecto, en primer lugar no puede desconocerse que se trata de un plenario, en virtud de lo cual el mismo mantiene vigencia hasta tanto no haya sido modificado por medio de una nueva sentencia plenaria (art. 303, Cód. Procesal).

A su vez, tampoco modifica lo allí expuesto que la reforma introducida por la citada ley haya introducido en nuestro régimen legal el divorcio vincular, porque el impedimento previsto por el art. 166, inc. 6°, del Cód. Civil, rige con prescindencia de la indisolubilidad o disolubilidad del vínculo matrimonial. Por lo demás el nuevo texto del art. 160 del Cód. Civil impide cualquier tipo de sanación "in radice" del vínculo afectado de nulidad absoluta.

Por otra parte, resulta contrario a derecho considerar que el impedimento que afectaba al matrimonio celebrado en la República de Méjico quedaba saneado por el divorcio vincular que con posterioridad se obtuviera del primero, porque no puede sostenerse que aquél sea susceptible de ser convalidado ya que no es posible confirmar un acto viciado de nulidad absoluta.

Tal como se expresara en el fallo aludido de la sala "G" del tribunal, "lo que el impedimento de ligamen protege no es la indisolubilidad sino el matrimonio monogámico al impedir que se contraiga uno nuevo sin disolver previamente el anterior que pudieran tener uno o ambos contrayentes", y es en este sentido que el causante no tenía aptitud nupcial al momento de contraer matrimonio en el extranjero, toda vez que se encontraba subsistente el vínculo resultante de otro anterior contraído en nuestro país.

En consecuencia, por las precedentes consideraciones, soy de opinión que V.E. debe confirmar la resolución de fs. 115/116. Octubre 31 de 1995.- C. R. Sanz.

2º instancia.- Buenos Aires, diciembre 15 de 1995.-

Considerando: I. Que la resolución de fs. 115/116, que declaró que E. L. S. carece de vocación hereditaria en este sucesorio, fue apelada por ésta, presentando su memorial a fs. 121/124, cuyo traslado fuera contestado a fs. 126/128, obrando dictamen del Fiscal de Cámara a fs. 136/137 vta.

II. Que al respecto se puede adelantar opinión en el sentido de que las referidas quejas no habrán en el caso de recibir acogida.

En efecto, debe en principio señalarse conforme jurisprudencia, que la expresión de agravios a fin de poder cumplir con su finalidad específica debe constituir una exposición que contenga un análisis serio, concreto y pormenorizado de la sentencia apelada y la demostración de que la decisión del primer juzgador o las argumentaciones que lo llevaron a esa conclusión son erróneas o contrarias a derecho (conf. exptes. 72.470 y 72.756 de esta sala entre otros y otras).

Ello significa que las quejas deben alcanzar un mínimo de suficiencia técnica, la que se halla íntimamente ligada con la necesidad de articulaciones razonadas, fundadas y objetivas respecto de los errores del fallo, no pudiéndose considerar a aquéllas como tales, en los términos del art. 265 del Cód. Procesal, al mero desacuerdo con lo resuelto y a las simples consideraciones subjetivas. Es que la "expresión de agravios" no es una simple fórmula o conjunto de manifestaciones sino una verdadera exposición crítico-jurídica que permita demostrar la ilegalidad o injusticia del fallo apelado.

El escrito en examen no reúne los requisitos indispensables a que se hicieran referencia para mantener el recurso deducido.

Sin perjuicio de ello y atendiendo a la grave sanción que importa la deserción del recurso (arg. art. 266, Cód. Procesal), consideramos prudente acceder igualmente al análisis de la crítica del recurrente, ya que como ha sostenido esta sala -entre otras- si el quejoso individualiza, aun en mínima medida, los motivos de su disconformidad debe evitarse aquella declaración por cuanto la gravedad de los efectos con que la ley sanciona la insuficiencia de la expresión de agravios, hace aconsejable aplicarla con criterio amplio, es decir favorable al recurrente (conf. expte. 73.314 entre otros).

En función de ello se debe en principio señalar que en autos se presentó E. L. S. con el fin de abrir el presente sucesorio invocando su carácter de cónyuge supérstite de D. P., a cuyo efecto acredita el vínculo alegado a través del acta de matrimonio inscripta el 14 de marzo de 1962 en el Registro Civil de Funes, departamento de Rosario, provincia de Santa Fe, en la que se "transcribió" una partida de matrimonio celebrado en el estado de Tlaxcala México.

El matrimonio de referencia fue celebrado el 23 de febrero de 1962, debiéndose destacar que el causante era de estado civil divorciado. Este había contraído matrimonio con E. C. el 14/12/50. En este documento obran dos anotaciones marginales, dando cuenta la primera de la sentencia de divorcio y la segunda del divorcio vincular (conf. ley 23.515).

Ahora bien, alega la recurrente que el a quo no ha considerado la oposición a que se debatiera en autos la validez del matrimonio.

Al respecto, cabe advertir que es sabido que para promover un juicio sucesorio, deberá demostrarse la legitimación, estando ésta en principio en cabeza de los miembros de la familia llamados por la ley a recibir la herencia. La prueba del emplazamiento en un estado de familia determinado, que confiere la vocación sucesoria a una herencia se hará acompañando la partida que constituye el título acreditante de la situación invocada.

También puede señalarse que para que la vocación sucesoria pueda ser eficaz, es decir que permita recibir la herencia por parte del sucesible, es imprescindible que la misma no se encuentre contrariada, pudiendo esto ocurrir por voluntad del sucesor, por sentencia judicial o por disposición legal (conf. "Manual de Derecho Sucesorio", por Jorge O. Azpiri, pág. 78/78 vta.).

Siendo ello así, el juez se encuentra obligado a examinar la idoneidad del acto cuyos efectos, como en el presente caso, se pretenden hacer valer en su jurisdicción, ello como consecuencia del elemental deber que le incumbe de impedir que el orden jurídico interno pueda resultar alterado por actos emanados, como en el caso, de una autoridad extranjera.

Correctamente manifiesta el Fiscal de Cámara que "No nos encontramos frente a una cuestión que deba dirimirse por la nulidad del matrimonio sino por la eficacia o ineficacia de dicho acto en la República Argentina".

El matrimonio celebrado entre E. L. S. y D. P., lo fue en fraude a la ley Argentina, careciendo por lo tanto de efectos jurídicos en nuestro país, por lo que corresponde técnicamente desconocerle validez, sin necesidad de entrar al terreno de la nulidad.

Aquí podemos dejar aclarado que la doctrina civilista y la jurisprudencia emplean la expresión "matrimonio celebrado en fraude a la ley argentina" en referencia al celebrado en el extranjero por personas domiciliadas en la República Argentina, cuando subsistía, por lo menos para uno de los contrayentes, un matrimonio anterior no disuelto, es decir cuando existe el impedimento de ligamen.

Se puede afirmar que la doctrina difiere acerca del tratamiento que debe darse en el país a tales matrimonios, y que ninguna puede proclamar victoria absoluta respecto de las demás. Así, lo afirma el doctor Belluscio, en su Manual de Derecho de Familia (t. I, p. 476), agregando que su elevado número hace de estos supuestos un grave problema jurídico y social.

En esta oportunidad no corresponde analizar los fundamentos de las distintas teorías, pudiéndose sin embargo recordar que para el doctor Jorge J. Llambías "el matrimonio celebrado en el extranjero en fraude a la ley argentina es inexistente, porque falta el consentimiento matrimonial. En un extenso voto donde se refiere a la teoría del acto inexistente, sostiene que quienes celebran un matrimonio en el extranjero, subsistiendo impedimento de ligamen, saben que concurren a realizar un acto ineficaz, que no se confieren recíprocamente la calidad de esposos, que no adquieren recíprocamente vocación hereditaria, que no tienen derecho alimentario, y que los hijos que engendren serán extramatrimoniales. En suma, el consentimiento intercambiado por los contrayentes en tales condiciones en nada se diferencia del que se han conferido los concubinos que viven maritalmente (LL 140-1116, CNCiv., sala A, nov. 29, 1960).

También se puede mencionar que la tesis que sostiene que estos matrimonios carecen de eficacia extraterritorial o de validez internacional con relación a nuestro país, donde debe negársele la producción de efectos, fue aceptada en varios fallos de la sala B de la Cámara Nacional en lo Civil, y luego por la sala I de la Cámara Civil y Comercial de Rosario. Al juzgar en materia previsional, y revocando una decisión de la Cámara del Trabajo, también la admitió la Corte Suprema de Justicia en el caso "Rosas de Egea", fallado el 12 de mayo de 1969 ("Fallos", 273-363; LL 135-624; JA, 3-1969-495 y ED, 27-428) y en otros posteriores. Dijo el Alto Tribunal que, planteada la validez en nuestro país de un matrimonio celebrado en el extranjero, a pesar de mantenerse el vínculo resultante de otro anterior celebrado en la República, las autoridades nacionales tienen facultad para desconocerle valor dentro del territorio del país sin necesidad de obtener su nulidad. Consideró que si bien el acto puede ser válido según las leyes del país en que se celebró, al cual no puede serle impuesto el régimen jurídico argentino, nuestro país no debe aceptar su extraterritorialidad si se opone a sustanciales principios de orden público interno e internacional de nuestro derecho positivo. Indicó también la diferencia entre tal situación y la nulidad, e hizo constar que a igual solución se llegaría por aplicación de los Tratados de Derecho Civil Internacional de Montevideo (art. 11 del de 1889 y art. 13 del de 1940), que permiten a un país negarse a reconocer el matrimonio celebrado en el extranjero cuando hubo uno anterior en ese país, pese al principio general de que la existencia y validez del matrimonio se rigen por la ley del lugar de celebración. Aunque la doctrina de la Corte no es de aplicación obligatoria para las cámaras de apelaciones, se plegaron luego a su criterio otras salas de la Cámara Nacional en lo Civil, hasta que finalmente ésta lo aceptó en su fallo plenario del 8 de noviembre de 1973 (LL 154-208; JA, 22-1974-289, y ED, 54-136), que consideramos de aplicación al caso, en el cual se resolvió que "no es necesario para privar de eficacia a la partida de matrimonio extranjero contraído con impedimento de ligamen en fraude de la ley, la promoción de la acción de nulidad prevista en la ley 2392".

Con relación a que el sentenciante no ha hecho mérito alguno de la partida de matrimonio con la cual se ha acreditado el estado civil, debe decirse que contrariamente a lo señalado, surge claramente de su decisorio que para arribar al mismo ha analizado la documentación acompañada, debiendo destacarse que el art. 197 del Cód. Civil al que hace referencia, justamente determina que "el matrimonio se prueba con el acta de su celebración, su testimonio, copia o certificado, o con la libreta de familia expedidos por el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas…" lo que evidentemente no se cumple en los presentes obrados, por lo cual tampoco procede la aplicación de la última parte del mismo, cuando se refiere a que la inobservancia de las formalidades prescriptas no podía ser alegada contra su existencia.

Asimismo, la quejosa considera que existió entre ambos una verdadera posesión de estado, que el a quo no consideró al resolver. Si bien, se puede decir que la posesión de estado constituye un hecho que la ley toma en cuenta para atribuir determinadas consecuencias jurídicas y en el caso no está cuestionado que el causante y la recurrente se comportaron públicamente como marido y mujer, no es menos cierto que a los efectos de resolver concretamente si la peticionante en el presente tiene vocación hereditaria, es requisito indispensable como ya se adelantara el título que así lo acredite y no presunciones que permitan inferir que en "los hechos" se han conducido públicamente como si estuviesen emplazados en estado de familia.

Por último la quejosa expresa que la sentencia se sostiene exclusivamente en los arts. 160 y 166 del Cód. Civil y en la ley 23.515. Es evidente que la queja debe desestimarse sin más, ya que el primer sentenciante ha hecho correcta aplicación de las normas aplicables al caso.

Así, claramente surge del art. 160 del Cód. Civil que "no se reconocerá ningún matrimonio celebrado en un país extranjero si mediaren algunos de los impedimentos de los incs. 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 7° del art. 166" estableciendo este último, que son impedimentos para contraer matrimonio…". El matrimonio anterior mientras subsista, debiendo destacarse que si bien la ley ha introducido en nuestro régimen legal el divorcio vincular, el impedimento previsto en el inc. 6° del art. 166 del Cód. Civil, rige con prescindencia de la indisolubilidad o disolubilidad del vínculo matrimonial, no pudiendo sostenerse que el impedimento que afectaba el matrimonio celebrado en México haya quedado saneado por el divorcio vincular que se obtuviera, toda vez que el mismo no puede ser convalidado por los fundamentos expuestos precedentemente.

También la recurrente funda sus agravios en la falta de adecuación de la resolución a las proyecciones de los cambios legales y jurisprudenciales. Al respecto, se puede destacar con relación al fallo de la sala B de la Cámara Nacional Civil que cita, donde se sostuvo que "En materia matrimonial el orden público ha sufrido una gran variación desde que el principio fundamental de la indisolubilidad del vínculo ha pasado a ser ahora el de la disolubilidad" que el caso que se resolvió en aquella oportunidad no puede ser aplicado al presente, toda vez que allí se trata de una sentencia de divorcio extranjera, disponiéndose que la inscripción tendrá efectos vinculares de conformidad con las leyes norteamericanas.

Por último y con relación a lo resuelto en autos "Sejean c. Zaks de Sejean s. inconstitucionalidad" el mismo en nada modifica las consideraciones que se exponen en el presente.

IV. En relación a las costas, el primer sentenciante las ha impuesto en el orden causado considerando que la apelante pudo creerse con derecho a peticionar. Teniendo en cuenta que sólo se agravió la recurrente, no causándole gravamen alguno la forma en que las mismas fueron impuestas, ya que resultó perdidosa en su pretensión, lo resuelto al respecto por el a quo debe ser confirmado.

Por lo antedicho, el tribunal resuelve: Confirmar la resolución apelada con costas en la alzada a la quejosa (art. 69, Código Procesal).- C. R. Degiorgis. J. R. Moreno Hueyo. T. M. Estévez Brasa.