Teyma Abengoa c. Provincia de Salta

CSJN, 18/07/02, Teyma Abengoa S.A. c. Provincia de Salta.

Sociedades constituidas en el extranjero (Suiza y España). Participación en sociedad local. Ley de sociedades: 123. Inscripción en la Inspección General de Justicia. Construcción de una central termoeléctrica en Salta. Intimación al pago de impuestos. Protección de inversiones extranjeras. Convenio con la Confederación Suiza para la promoción y protección recíproca de inversiones. Acuerdo con el Reino de España para la promoción y la protección recíproca de inversiones. Periodo de negociaciones amistosas (seis meses). Medida cautelar. Prohibición de innovar (antisuit injunction). Competencia originaria de la Corte Suprema.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 28/11/08, en Fallos 325:1873, en LL 2002-F, 290 y en IMP 2003-A, 547.

Dictamen del Procurador General de la Nación:

I. Teyma Abengoa S.A., con domicilio en la Capital Federal, promueve la presente demanda de inconstitucionalidad contra la Provincia de Salta.

Manifiesta que es una sociedad anónima constituida y que se rige por las leyes de la República Argentina, inscripta en el Registro Público de Comercio el 23 de febrero de 1969 y que en la actualidad su capital accionario está en poder de Asa Investment, sociedad controlante, y Abengoa S.A. La primera es una entidad constituida, que se rige por las leyes de la Confederación Suiza, con domicilio en ese país. Por su parte, Abengoa S.A. es una empresa constituida bajo las leyes del reino de España. Ambas han sido inscriptas en el Registro Público de Comercio, conforme lo establece el art. 123 de la Ley de Sociedades, para los casos de entidades extranjeras que participan en sociedades locales.

Señala que, en 1997, la empresa Termoandes S.A. llamó a licitación pública para el diseño, fabricación, suministro, construcción, montaje y puesta en marcha de una Central Termoeléctrica de ciclo combinado –Central Salta y Subestación Salta- a fin de generar electricidad con destino a los sistemas de distribución de nuestro país y de Chile. Con tal motivo celebró contratos con varias firmas (partes), entre ellas la actora. Tanto las partes, como Termoandes S.A. cumplieron con las obligaciones previstas, produciéndose la entrega de la obra el 27 de marzo de 2000.

Indica que, el 5 de diciembre de 2000, la delegación Buenos Aires de la Dirección de Rentas de la provincia realizó una determinación de oficio intimando a todas las partes a pagar una suma de dinero -$13.820.000- en concepto Impuesto a las Actividades Económicas, por el período 1997 a 2000, arts. 15 y concs. del Código Fiscal de Salta, disponiendo, asimismo, la apertura de un sumario fiscal por la presunta comisión de infracciones previstas en los arts. 38 y 39 de ese Código.

Afirma que, a raíz de haber sido desestimado por el gobierno provincial tanto el descargo que efectuó como los distintos recursos que interpuso, paralelamente al procedimiento administrativo se presentó ante la Procuración del Tesoro de la Nación, el 19 de diciembre de 2001, con el propósito de lograr que se apliquen los tratados internacionales Suizo-Argentino e Hispano-Argentino, ratificados por el Congreso de la Nación mediante las leyes 24.118 y 24.099, que establecen que las controversias que pudieran plantearse entre una parte contratante y un inversor de la otra parte deberán ser solucionadas, en lo posible, en forma amigable, dentro del plazo de seis meses (arts. 9° y 10 de los referidos tratados).

No obstante, sin tener en cuenta las negociaciones iniciadas, el gobernador de la provincia dictó, el 18 de marzo de 2002, el decreto 362, por el cual rechazó el recurso jerárquico interpuesto por Teyma Abengoa S.A. y liquidó la deuda de las partes en $11.156.217,80, al 28 de febrero de 2002 (v. fs.47/48). Es por ello que ha decidido interponer la presente demanda.

II. La pretensión de la actora tiende a obtener: a) Que se ordene a la provincia que se abstenga de reclamarle el pago del Impuesto a las Actividades Económicas, atento a que se encuentra iniciado y vigente el período de amigables negociaciones dispuesto en los tratados "ut supra" señalados; y b) que se declare la inconstitucionalidad del decreto local 362, que le impone la obligación de pagar dicho impuesto, por haber sido dictado sin respetarse el procedimiento de negociaciones establecido en los tratados, en violación, según dice, de los arts. 16, 17, 18, 31, 75 (inc. 22), 121 y 126 de la Constitución Nacional.

Pone de resalto que en la presente demanda no se cuestiona la procedencia del Impuesto a las Actividades Económicas que según el citado decreto debe abonar, sino que únicamente se persigue que la provincia respete y cumpla el procedimiento de amigable negociación dispuesto en los tratados internacionales –que ya ha sido iniciado- y se abstenga de interponer cualquier tipo de acción ejecutiva durante ese plazo.

En ese contexto, V.E. corre vista a este Ministerio Público, por la competencia, a fs.107 vta.

III. A mi modo de ver, la presente demanda corresponde a la competencia originaria de la Corte, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional.

En efecto, uno de los supuestos en que ésta procede, es en las causas en que es parte una provincia y la acción entablada se funda directa y exclusivamente en prescripciones constitucionales de carácter nacional, en leyes del Congreso o en tratados con las naciones extranjeras, de tal suerte que la cuestión federal sea la predominante (Fallos: 115: 167; 122:244; 292:625 y sus citas; 311:1588, 1812 y 2154; 313:98, 548 y 1046; 315:448; entre muchos otros).

Esta es la hipótesis que se presenta en la causa sub examine, toda vez que, de los términos de la demanda –a los que se debe atender de modo principal para determinar la competencia, según el art. 4° del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación- se desprende que las actoras dirigen su demanda contra la Provincia de Salta a fin de obtener la inconstitucionalidad de un decreto local por ser contrario a lo establecido en dos tratados internacionales que cita, por lo que cabe asignar manifiesto contenido federal a la materia del pleito.

Asimismo, es doctrina reiterada del Tribunal que la inconstitucionalidad de las leyes y decretos provinciales constituye una típica cuestión de esa especie (Fallos: 211:1162; 303:1418 y sentencia "in re": "Francisco E. Cugliani c. Provincia de Salta" y "Ramón Andrés Castro c. Provincia de Salta", pronunciamientos del 19 de mayo y 25 de octubre de 1988, publicados en Fallos: 311:810 y 2154).

Por otra parte, es dable señalar que la Corte ha sostenido en varias oportunidades que a ella le corresponde, como órgano supremo de uno de los poderes del gobierno federal, aplicar, en la medida de su jurisdicción, los tratados internacionales a que el país está vinculado, a fin de evitar que la responsabilidad internacional de la república quede comprometida (confr. Fallos: 318:1269 y dictamen de este Ministerio Público "in re": S.392.XXXVI. "Skanska Ab y otra c. Buenos Aires, Provincia de s/acción declarativa", del 17 de mayo de 2000).

En consecuencia, al ser demandada una provincia en una causa federal, cualquiera que sea la vecindad o nacionalidad de las actoras (Fallos: 1:485; 97:177; 115:167; 122:244 y recientemente 310:697; 311:810, 1812, 2104 y 2154; 313:98 y 127; 317:742 y 746; 318:30), opino que el juicio debe tramitar ante los estrados del tribunal en instancia originaria.- Mayo 14 de 2002.- N. E. Becerra.

Buenos Aires, julio 18 de 2002.-

Considerando: 1. Que Teyma Abengoa S.A. promueve la presente demanda de inconstitucionalidad contra la provincia de Salta. Manifiesta que es una sociedad anónima constituida, que se encuentra inscripta en el Registro Público de Comercio desde el 23 de febrero de 1969, y que se rige por las leyes de la República Argentina. Indica que en la actualidad su capital accionario se encuentra compuesto por acciones que pertenecen a Asa Investment y a Abengoa S.A. Ambas, constituidas en el extranjero –Confederación Suiza y Reino de España respectivamente-, fueron inscriptas en el Registro Público de Comercio de conformidad con la previsión contenida en el art. 123 de la ley de sociedades comerciales, que determina el cumplimiento de dicha exigencia para aquellas sociedades extranjeras que participen en entidades locales.

Señala que en 1997 la empresa Termoandes S.A. llamó a licitación para el diseño, fabricación, suministro, construcción, montaje y puesta en marcha de una central termoeléctrica de ciclo combinado –Central Salta y Subestación Salta- a fin de generar electricidad con destino a los sistemas de distribución de nuestro país y de Chile. Con tal motivo celebró contratos con varias firmas, entre las cuales se encontraba la actora. Agrega que tanto ellas como Termoandes S.A. cumplieron con las obligaciones previstas y entregaron la obra el 27 de marzo de 2000.

Indica que el 5 de diciembre de 2000 la Delegación Buenos Aires de la Dirección de Rentas de la provincia de Salta realizó una determinación de oficio e intimó a todas las partes a pagar la suma de $13.820.700 en concepto de impuesto a las actividades económicas por el período 1997 a 2000, de acuerdo al art. 15 y concordantes del Código Fiscal de Salta.

La actora afirma que el gobierno provincial desestimó todos los recursos que interpuso contra esa decisión, pero que paralelamente el 19 de diciembre de 2001 se presentó ante la Procuración del Tesoro de la Nación a fin de iniciar el período de negociaciones amigables previsto en los tratados internacionales "Suizo-Argentino" e "Hispano-Argentino", que fueron ratificados por el Congreso de la Nación mediante las leyes 24.099 y 24.118. Según sostiene, dichas disposiciones determinan que las diferencias que pudieran plantearse entre una "parte contratante" y un inversor de la otra "parte" deberán ser solucionadas, en lo posible, en forma amigable entre las "partes de la controversia" dentro del plazo de seis meses (arts. 9° y 10 de los tratados referidos).

Dice que no obstante ello, sin tener en cuenta las negociaciones iniciadas y a pesar de haber sido debidamente anoticiado, el gobernador de la provincia dictó el 18 de marzo de 2002 el decreto 362, por medio del cual rechazó el recurso jerárquico interpuesto por Teyma Abengoa S.A. y liquidó la deuda en $11.156.217,80 al 28 de febrero de 2002.

En su mérito inicia esta demanda, no con el propósito de cuestionar la procedencia del impuesto a las actividades económicas, sino con la finalidad de que el Estado provincial respete y cumpla el procedimiento de negociación ya iniciado y dispuesto en los instrumentos internacionales referidos, absteniéndose de iniciar cualquier tipo de acción ejecutiva o de otro tipo durante el plazo previsto para las amigables negociaciones (ver fs.98, punto II).

2. Que de conformidad con lo dictaminado por el procurador general, a cuyos fundamentos y conclusiones corresponde remitirse en razón de brevedad, esta causa corresponde a la competencia originaria de la Corte prevista en el art. 117 de la Constitución Nacional.

3. Que la pretensión de la actora tiende a obtener que se ordene a la provincia que respete y cumpla el procedimiento de negociación ya iniciado y previsto en los tratados internacionales ya mencionados, que fueron ratificados por las leyes 24.099 y 24.118, y que se abstenga de iniciar cualquier tipo de acción durante el plazo allí establecido. Asimismo requiere que se declare la inconstitucionalidad del decreto del Poder Ejecutivo local 362, por haber sido dictado sin atender a dicho procedimiento en violación a los arts. 16, 17, 18, 31, 75, 121 y 126 de la Constitución Nacional.

Por ello solicita que se decrete en forma inmediata una prohibición de innovar a fin de que se ordene a la demandada suspender el trámite de cobro pretendido.

4. Que con relación a la cautelar es preciso recordar que esta Corte Suprema ha establecido que si bien por vía de principio, medidas como la requerida no proceden respecto de actos administrativos o legislativos habida cuenta de la presunción de validez que ostentan, tal doctrina debe ceder cuando se los impugna sobre bases "prima facie" verosímiles (Fallos: 250:154; 251:336; 307:1702 y sus citas; 314:695).

5. Que en el presente caso, de los antecedentes agregados a la causa surgen, a juicio del Tribunal, suficientemente acreditados los requisitos exigidos por los arts. 230 incs. 1° y 2° y 232 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. En efecto, en el "sub lite" se presenta el "fumus boni iuris" –comprobación de apariencia o verosimilitud del derecho invocado por la actora- exigible a una decisión precautoria (Fallos: 314:711).

6. Que lo mismo debe concluirse con relación al peligro en la demora que se considera configurado. El requisito en estudio debe juzgarse de acuerdo con un juicio objetivo, o derivar de hechos que puedan ser apreciados incluso por terceros, extremo que se configura en el caso si se tiene en cuenta que estaría transcurriendo el plazo legal que la actora invoca en fundamento de su pretensión.

Por ello se resuelve: I. Declarar la competencia originaria de la Corte para entender en la presente causa; II. Correr traslado de la demanda, la que tramitará por las normas del proceso sumarísimo, a la provincia de Salta por el plazo de cinco días más ocho que se fijan en razón de la distancia; III. Ordenar la prohibición de innovar pedida; en consecuencia el Estado provincial deberá abstenerse de ejecutar el cobro del impuesto a las actividades económicas en relación al caso resuelto en el decreto 362/02. Notifíquese la medida cautelar por oficio al gobernador; y el traslado de la demanda también por oficio al gobernador y al fiscal de Estado por intermedio del juez federal en turno de la ciudad de Salta.- E. Moliné O'Connor. C. S. Fayt (en disidencia). A. C. Belluscio. E. S. Petracchi. A. Boggiano. G. A. F. López (en disidencia). A. R. Vázquez.

Disidencia de los doctores Fayt y López

Considerando: 1. Que Teyma Abengoa S.A. promueve la presente demanda de inconstitucionalidad contra la provincia de Salta. Manifiesta que es una sociedad anónima constituida, que se encuentra inscripta en el Registro Público de Comercio y que en la actualidad su capital accionario se encuentra compuesto por acciones que pertenecen a Asa Investment y a Abengoa S.A. Ambas, constituidas en el extranjero –Confederación Suiza y Reino de España, respectivamente- fueron también inscriptas en el mencionado registro.

Señala que en el año 1997 la empresa Termoandes S.A. llamó a licitación para el diseño, fabricación, suministro, construcción, montaje y puesta en marcha de una central termoeléctrica de ciclo combinado –Central Salta y Subestación Salta- a fin de generar electricidad con destino a los sistemas de distribución de nuestro país y de Chile. Con tal motivo celebró contratos con varias firmas, entre las cuales se encontraba la actora. Agrega que tanto ellas como Termoandes S.A. cumplieron con las obligaciones previstas y entregaron la obra el 27 de marzo de 2000.

Indica que el 5 de diciembre de 2000 la Delegación Buenos Aires de la Dirección de Rentas de la provincia de Salta realizó una determinación de oficio e intimó a todas las partes a pagar la suma de $13.820.700 en concepto de impuesto a las actividades económicas por el período 1997 a 2000, de acuerdo al art. 15 y concordantes del Código Fiscal de Salta. Interpuesto recurso jerárquico -y en forma paralela, habiendo efectuado ante la Procuración del Tesoro de la Nación las presentaciones necesarias para comenzar el período de negociaciones amigables previstas en los convenios aprobados por las leyes 24.099 y 24.118- el gobernador de la provincia dictó el decreto 362 rechazándolo y liquidó la deuda en $11.156.217,80.

2. Que de conformidad con lo dictaminado por el procurador general, a cuyos fundamentos y conclusiones corresponde remitirse en razón de brevedad, esta causa corresponde a la competencia originaria de la Corte prevista en el art. 117 de la Constitución Nacional.

3. Que la pretensión de la actora tiende a obtener que se ordene a la provincia que respete y cumpla el procedimiento de negociación ya iniciado y previsto en los tratados internacionales ya mencionados y que se abstenga de iniciar cualquier tipo de acción durante el plazo allí establecido. Asimismo requiere que se declare la inconstitucionalidad del decreto 362 del Poder Ejecutivo local, por haber sido dictado sin atender a dicho procedimiento en violación a los arts. 16, 17, 18, 31, 75, 121 y 126 de la Constitución Nacional. Por ello solicita que se decrete en forma inmediata una prohibición de innovar a fin de que se ordene a la demandada suspender el trámite de cobro pretendido.

4. Que en autos no se encuentra acreditada la verosimilitud del derecho que, para la procedencia de esta clase de medidas, exige el inc. 1°, del art. 230 del Código Procesal Civil y Comercial. En efecto, la lectura de la demanda permite advertir que no se encuentra controvertida la competencia de la provincia demandada para dictar el acto impugnado, ni el hecho imponible ni el monto de la determinación de la deuda o, con palabras de la empresa actora, "no es materia de la presente demanda el cuestionamiento respecto de la procedencia o no del Impuesto a las Actividades Económicas que según el decreto debe abonar".

5. Que los acuerdos suscriptos con la Confederación Suiza y con el Reino de España para la promoción y protección recíproca de inversiones, aprobados por las leyes 24.099 y 24.118, disponen que toda controversia relativa a las inversiones en el sentido del presente convenio que surja entre un inversor de una parte contratante y la otra parte contratante será, en la medida de lo posible, solucionada amistosamente entre las partes o amigablemente dirimidas (arts. 9° y 10 respectivamente).

6. Que a la luz de lo expuesto no puede reputarse que "prima facie" el mero dictado del decreto impugnado –emitido, como se señala en la demanda (fs.102 vta. y 103), con amplia intervención de la parte actora- contraríe los acuerdos internacionales referidos. Es que no alcanza a advertirse, en este estado del proceso, que la provincia haya sido privada por dichos convenios de la competencia para aplicar su Código Fiscal en orden a recaudar los tributos que permitan su normal funcionamiento ni que la determinación y liquidación del impuesto constituyan per se una violación a los compromisos internacionales de la Nación.

Por ello se resuelve: I. Declarar la competencia originaria de la Corte para entender en la presente causa; II. Correr traslado de la demanda, la que tramitará por las normas del proceso sumarísimo, a la provincia de Salta por el plazo de cinco días más ocho que se fijan en razón de la distancia; III. Rechazar la medida cautelar solicitada (art. 230 del Código Procesal Civil y Comercial).- C. S. Fayt. G. A. F. López.

Reinicke Dirk c. Holiday Inn Worlwide. 2º instancia

CNCom., sala B, 10/08/98, Reinicke Dirk c. Holiday Inn Worlwide s. ordinario.

Demanda contra sociedad constituida en el extranjero. Medida previa. Indicación del país de constitución de la sociedad. Desconocimiento. Rechazo de la demanda. Diligencias preliminares.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 27/11/08 y en ED 180, 282.

2º instancia.- Buenos Aires, agosto 10 de 1998.-

Y Vistos: 1. Apeló el accionante la resolución de fs. 36/37, que desestimó la demanda; su memoria corre a fs. 42/44.

2. El a quo requirió precisiones sobre el nombre y domicilio de la accionada a fin de su correcta individualización, por tratarse de una sociedad constituida en el extranjero: a fs. 29 con invocación del art. 118 L.S. y posteriormente con base al CPr. 323.

3. El art. 18 de la L.S., sujeta lo concerniente a la “… existencia y forma…” de la sociedad a la ley del lugar de constitución, y el objeto del juicio no presenta conexión con la constitución y forma de la demandada. Pero la orfandad de información al respecto impide conocer si existe sujeto de derecho, sociedad con o sin personalidad jurídica, o actuación individual o colectiva de personas de existencia visible. Para discernir tales circunstancias inherentes a la legitimación pasiva, es menester conocer el lugar de constitución de la demandada; fue bien decidida la cuestión por el a quo.

4. Se desestima el recurso de apelación de fs. 40 y se confirma lo decidido a fs. 36/37. Sin costas por no mediar contradictor. Devuélvase encomendándole al a quo las notificaciones.- M. L. Gómez Alonso de Díaz Cordero. A. I. Piaggi. E. M. Butty.

Reinicke Dirk c. Holiday Inn Worlwide. 1º instancia

Juz. Nac. Com. 9, 30/12/97, Reinicke Dirk c. Holiday Inn Worlwide s. ordinario.

Demanda contra sociedad constituida en el extranjero. Medida previa. Indicación del país de constitución de la sociedad. Desconocimiento. Rechazo de la demanda. Diligencias preliminares.

La sentencia fue confirmada por la Cámara Comercial.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 26/11/08 y en ED 180, 282.

1º instancia.- Buenos Aires, 30 de diciembre de 1997.-

I. Solicitó la actora se declare rebelde al demandado de conformidad con las constancias de autos (cédula de notificación de fs. 30 vta. notificada al domicilio denunciado a fs. 23).

II. A fs. 29 se ordenó como medida previa al traslado de la demanda que se indicase en el país de constitución de la sociedad demandada.

A fs. 33 la accionante manifestó desconocer dicha circunstancia.

III. Ahora bien, el CPR: 330: inc. 2do. establece entre los requisitos sustanciales de la demanda se indique el nombre y domicilio del demandado, previendo el CPR: 323 la posibilidad de requerir medidas preliminares a los fines de individualizarlos en forma precisa. (Conf. Fenochietto’ Cód. Proc. Civil y Com. comentado, T: II, pág. 174).

Es que dichos requisitos son ineludibles, tanto la correcta individualización del demandado a fin de evitar el dictado de un fallo de ejecución imposible al no ser la persona condenada aquella que realmente deberá padecer los efectos de la condena (confr. CNCom., sala B, “Banco de los Andes S.A: en liq. c. Plásticos Haedo s. ejecutivo”, del 30.07.85), como la indicación del domicilio, necesario a los efectos de fijar la competencia (CPR: 5 inc. 2 a 6 y 8).

IV. Por ello Resuelvo: 1) Rechazar la demanda por ahora sin perjuicio de las medidas preparatorias que el actor considere requerir. 2) Notifíquese.- E. J. Cárdenas.

Abn Amro Bank NV c. Hyundai Motor Argentina. 1º instancia

Juz. Nac. Com. 4, secretaría 8, 27/05/08, Abn Amro Bank NV sucursal argentina (fiduciario) c. Hyundai Motor Argentina SA y otros s. ordinario.

Crédito documentario. Pesificación. Improcedencia. Dec. 410/02. Excepciones. Operación de comercio exterior. Inconstitucionalidad. Rechazo. Compraventa internacional de mercaderías. Vendedor: Corea. Mecánica de la operación. Comerciante profesional. Standard de interpretación. Teoría de los actos propios. Reglas Uniformes relativas a los créditos documentarios.

La sentencia fue confirmada por la Cámara Comercial.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 25/11/08.

1º instancia.- Buenos Aires, 27 de mayo de 2008.-

I. ABN Amro Bank N.V. Sucursal Argentina promovió este pleito contra Hyundai Motor Argentina S.A., Guillermo Luis Artagaveytia y Norberto E. Cavicchioli, éstos últimos en su carácter de fiadores de las obligaciones asumidas por la mencionada en primer término, para cobrar la suma de dólares estadounidenses cuatrocientos cincuenta y siete mil setecientos setenta y dos con setenta centavos (u$s 457.772,70), con más intereses compensatorios y punitorios y costas.

Indicó la accionante que la suma reclamada provenía de un crédito documentario de importación identificado con el N° 10042019 que Scotiabank Quilmes S.A. otorgara a la encartada en el mes de junio de 2001.

A los fines de acreditar la titularidad de la acreencia aquí reclamada en cabeza del pretensor, éste hizo referencia a la documentación arrimada con el libelo inaugural en cuya virtud se cumple con el mencionado extremo; esto es: la transferencia del Scotiabank Quilmes en favor del Abn Amro, como fiduciario del Fideicomiso “La Verc”.

Relató que el 5 de junio de 2001 la demandada solicitó al Scotiabank Quilmes la apertura de un "Crédito Documentario Irrevocable" por u$s 715.890 (dólares estadounidenses setecientos quince mil ochocientos noventa).

Que el beneficiario de ésta carta de crédito fue la firma "Hyundai Motor Company" con domicilio en 231 Yanjae -Dong, Seocho- Cu, Seoul, Korea, y amparó la compra de 110 unidades marca Hyundai, de distintos modelos, previéndose autorización de embarques parciales.

Dentro de las condiciones de la Carta de Crédito, se estableció que el Scotiabank financiaría a la solicitante por un plazo de 180 días de la fecha de pago al Beneficiario del Exterior, esto es: que el Banco se hacía cargo de abonar las facturas de la mercadería importada al proveedor del exterior y financiaba ese pago a Hyundai Motor Argentina por 180 días.

En tanto que las restantes condiciones de ese crédito se encuentran exteriorizadas en la "Solicitud de Apertura de Crédito Documentario Irrevocable" que lleva el N° 42019 (anejado como Anexo IV).

Que el 26 de junio de 2001 (ver Anexo IV) la encartada amplió dicho crédito por u$s 3.200.

Expresó que el corresponsal en Corea fue el Bank of Nova Scotia, de Seul. Se adjuntó como anexo V la "Orden de Emisión de Mensaje" (Swift) del 14 de junio de 2001, para comunicar la apertura de este Crédito Documentario al Bank of Nova Scotia y fijando las condiciones. Posteriormente, mediante comunicación o Swift del 29 de junio de 2001, fue ampliado el importe en u$s 3.200 (anexo V).

Luego explicó que, en uso de las previsiones contractuales, la ahora encartada realizó varias importaciones de automóviles provenientes de Seul (Corea), utilizando en tramos o de modo escalonado el crédito documentario abierto a su nombre en el ex-Scotia Bank Quilmes S.A.

Relató que la operatoria se desarrollaba en los siguientes términos: (i) El beneficiario en Corea, Hyundai Motor Company, remitía los vehículos por barco a la Argentina y presentaba los documentos pertinentes de cada embarque ante el Banco corresponsal, es decir ante el Bank of Nova Scotia, de Corea, quién los remitía a su vez al Scotiabank Quilmes en Argentina.

(ii) Que una vez aprobada la operación, el corresponsal realizaba el pago de la factura al proveedor e informaba del hecho al SBQ quien, a su vez, informaba al comprador –la hoy accionada- haber recibido la documentación de embarque y haber sido abonada la factura al vendedor.

(iii) SBQ informaba luego la fecha de vencimiento de la financiación (180 días) y la tasa de interés. Vencidos los 180 días de cada tramo o embarque financiado, Hyundai Motors Argentina debía abonar al SBQ el importe financiado.

(iv) Para ello, la tomadora del crédito entregaba a SBQ cheques para cubrir la devolución de los montos adelantados y por un monto total de la carta de crédito.

Que de tal forma varias cancelaciones parciales se efectuaron mediante la imputación de los fondos provenientes del cobro de estos cheques al pago parcial o total de ciertos tramos, lo que explica en el detalle individual de cada uno de los tramos. Estos cheques con los que se efectuaron cancelaciones parciales se depositaban en una cuenta de garantías del banco.

Como anexo VI el pretensor adjuntó un extracto de la cuenta corriente dónde se identifican las acreditaciones de los cheques dados por la demandada en garantía de la operación.

Agregó que la accionada utilizó la totalidad del crédito documentario otorgado, aunque dicha utilización se efectuó, como se dijo antes, en diferentes tramos parciales, cada uno de los cuales correspondía a una remesa y una facturación.

Luego de efectuar una explicación y detalle de cada uno de los tramos de las operaciones de importación sostuvo que en el caso no resultaba aplicable la normativa de pesificación como pretendía la encartada por encontrarse encuadrada la cuestión, a su juicio, en las excepciones previstas por el dec. 410/2002 y normas complementarias.

Sostuvo haber agotado la vía extrajudicial de cobro.

Ofreció pruebas y se fundó en derecho.

II. Hyundai Motor Argentina S.A. se presentó en fs. 861/883 y respondió la acción solicitando su rechazo, con costas.

Negó los extremos basales del pleito y para el hipotético caso en que sea receptada la demanda incoada recabó que lo sea en pesos toda vez que, a su juicio, la deuda se halla pesificada. En especial sostuvo que la excepción establecida en el Dec. 410/02 no se aplica a supuestos como el de autos, en los cuales la obligación de pago al sujeto del exterior venció y se hizo efectiva durante la vigencia del régimen de convertibilidad.

En forma subsidiaria recabó de inconstitucionalidad de la normativa de emergencia impetrara la actora.

Ofreció pruebas y se fundó en derecho.

III. En fs. 931 la causa se recibió a prueba, la que se produjo en los términos del certificado actuarial de fs. 1541/155. Vencido el plazo para alegar ambas partes hicieron uso de tal facultad (ver fs. 1570 y fs. 1574/1582), cabe ahora dictar sentencia.

IV. A. La actora adujo haber otorgado a la demandada una carta de crédito documentario a los fines de lograr que ésta última efectúe una serie de operaciones de importación de automotores procedentes de Corea persiguiendo en autos el cobro del importe de dólares estadounidenses cuatrocientos cincuenta y siete mil setecientos setenta y dos con setenta centavos (u$s 457.772,70) provenientes de un saldo impago del mentado crédito.

La accionada reconoció tanto la cesión fiduciaria del crédito, así como la existencia de la operación de crédito documentario; no obstante, adujo que los pagos efectuados por ella fueron mal imputados por el pretensor y que la deuda debió ser cancelada al tipo de cambio $ 1= U$S 1.

Sostuvo que, en todo caso, la deuda debía ser oblada en pesos y no en la moneda estadounidense reclamada por aplicación de la doctrina de los actos propios y por la normativa de emergencia.

Es que, a su juicio, tanto la solicitud como las fechas en las cuales la financiación fue utilizada, se realizaron durante la vigencia del régimen de convertibilidad.

B. Liminarmente corresponde poner de resalto que los jueces no están obligados a seguir y decidir, paso a paso, todas las alegaciones de las partes (Cfr., entre otros, CSJN, 30-4-74, LL 155-750, n. 385), como tampoco a ponderar una por una, todas las pruebas agregadas al expediente, sino tan sólo los capítulos, cuestiones y probanzas pertinentes para la correcta solución del litigio (doctrina art. 386, párr. segundo; CSJN, 27-2-65, Fallos, 263-549; L, íd. 26-8-66, Fallos 265:252; etc.).

Sentado ello, señálase que es dable definir al contrato que uniera a las partes –contrato de crédito documentado- como aquél convenio en cuya virtud un banco emisor (en el caso: el pretensor), obrando por solicitud y de conformidad con las instrucciones de un cliente (en la especie: la encartada), debe hacer un pago a un tercero (en el caso: la exportadora o vendedora de los automotores importados por la encartada) o a su orden, o pagar o aceptar letras de cambio giradas o autorizar a otro banco para que efectúe el pago o para que pague, acepte o negocie dichas letras contra la entrega de la documentación exigida y el cumplimiento de las condiciones del crédito (Cfr., Marzorati, Osvaldo J., "Derecho de los negocios internacionales", 2da. edición, Ed. Astrea, Bs. As., 1993, pág. 299; Llerena, Enrique, "El Crédito documentado y la aplicación de las reglas y usos uniformes", LL 1986-B-698).

También se ha dicho, a la hora de definir el instituto en análisis, que es el instrumento mediante el cual el emisor (generalmente un banco), actuando por cuenta y orden de un cliente (el importador), se compromete a pagar o hacer pagar por un tercero, por lo general por intermedio de otro banco, a un beneficiario (el exportador), con sujeción a las condiciones y términos que éste indique, una determinada suma de dinero, o a aceptar o negociar letras de cambio, contra la entrega de documentos exigidos en las condiciones y términos (íd., Marzorati, op. cit.).

Tocante a la operatoria del instituto en análisis se compone de una serie de contratos con pluralidad de partes relacionadas entre sí para el cumplimiento de una misma finalidad económica (Cfr., Bonfanti, Mario Alberto, Contratos bancarios", Bs. As. Abeledo-Perrot, 1997, pág. 675; Villegas, "Comercio exterior y crédito documentario", Astrea, 1993, pág. 313). En tanto que el negocio base es generalmente una compraventa internacional, participando en la operatoria por los menos tres partes: el comprador, el vendedor y el banco, siendo este último ajeno a la compraventa en sí. Es decir: el crédito documentado constituye un contrato independiente del que le ha dado origen, pues la intervención de una entidad bancaria se limita a garantizar al exportador la satisfacción de su crédito y financiar la operación (Cfr., CNCom., Sala A, 28 de junio de 1996, "Santander, Noemí J. c. Banco de la Provincia de Buenos Aires", LL 1997-E-1016).

Bajo tales premisas analizaré la cuestión sometida a análisis.

Se encuentra reconocido en autos que la ahora encartada contrajo una obligación en dólares estadounidenses, que el banco actor abonó al vendedor de los vehículos importados de Corea en esa moneda, en tanto que se obligó la defendida a devolverle a la entidad financiera esa misma especie por aplicación de las reglas básicas que rigen la disciplina contractual (Cód. Civil: art. 1137).

En consecuencia, el planteo de la deudora en el sentido de que las normas tachadas de inconstitucionales (dec. 410/02 y normas complementarias) lesionan su derecho de propiedad es inaudible, desde que corresponde mandar a cumplir aquello a lo que se obligó oportunamente.

Nótese que decidir lo contrario implicaría vulnerar lisa y llanamente el derecho del acreedor de percibir lo que se le debe y a disponer de sus bienes propios, extremo que tiene raigambre constitucional (arts. 14 y 17 CN).

Tocante a la alegada inconstitucionalidad resulta oportuno recordar que tal declaración comporta un acto de suma gravedad institucional que debe ser considerado como última ratio del orden jurídico; pues para que proceda dicha declaración resulta necesario que en un "caso o controversia" determinado, se hubiese producido una violación o agravio a una norma constitucional, exigiéndose además la comprobación de dicho agravio a una norma constitucional o el perjuicio sufrido a raíz de ello (Cfr., entre otros, CSJN, Fallos 242:353; 156:319, entre otros).

Añádese a ello que el examen de constitucionalidad de las normas referidas requiere una tarea jurisdiccional delicada, que puede ser encarada a través de distintas pautas o criterios. El método más frecuentemente utilizado por el juzgador es el de la razonabilidad, que admite a su vez distintos criterios de análisis, tales como el de ponderación o el de selección. Empero ello, no implica soslayar las formas de evaluar la validez constitucional de las normas, entre las que cabe destacar el análisis de la finalidad de la norma, el de su eficacia, de intensidad, o bien el de la igualdad previsto por el art. 16 CN.

Ello sentado y en cuanto concierne a las facultades delegadas al Poder Ejecutivo por el art. 1 de la ley 25.561, es de advertir que el dec. 410/02 no parece conculcar principios constitucionales.

Súmese a ello que desde el análisis del principio de igualdad tampoco puede concluirse que el decreto en cuestión vulnere dicha pauta.

Tal garantía de igualdad significa "la misma ley para todos". Ello entendido no como una igualdad de hecho sino de derecho que sitúa a todos los habitantes en el mismo plano legal (Cfr. Bielsa, Rafael, "Derecho Constitucional", Ed. Depalma, 1954, pág. 192/3). Mas tal garantía no obsta a que el legislador contemple en forma distinta situaciones que considera diferentes, con tal que la discriminación no sea arbitraria ni importe ilegítima persecución o indebido privilegio de personas o de grupos de personas (Cfr. Ekmekdjian, Miguel Ángel, "Tratado de derecho constitucional", Ed. Depalma, 1994, t. II, pág. 139 y ss.).

Si bien no está controvertido en autos el negocio que vinculara a las partes; sí lo está que la obligación concertada se encuentre alcanzada por el dec. 410/02, en tanto la financiación otorgada a la encartada por el banco actor se encontró vinculada a una operación de comercio exterior (art. 1 "b"), la demandada sostuvo que se encuentra comprendida en tal supuesto, toda vez que, a su juicio, tanto la solicitud como las fechas en las cuales la financiación fue utilizada, se realizaron bajo la vigencia del régimen de convertibilidad, con el objeto de poder instrumentar el pago y la posterior financiación local de los vehículos.

Ahora bien, bajo las premisas antes enunciadas advierte este tribunal que el dec. 410/02 no importa una discriminación irrazonable, pues si bien dispone distintas excepciones al régimen de conversión de la moneda instaurado por la ley 25.561 y el dec. 214/02.

En el caso de autos, las partes se vincularon mediante la apertura de un crédito documentario que instrumentó la compraventa internacional anudada por la accionada con la fabricante de automotores de Corea (ver fs. 66/71).

Tal instituto, como se dijo antes, típico del comercio internacional, regido por las reglas uniformes provistas por la Cámara de Comercio Internacional (RRUU 500-revisión 1993), supone una operatoria compleja que involucra –al menos- a dos sujetos ubicados en distintas plazas, junto a entidades bancarias que gestionan el pago y –según la modalidad- otras condiciones de la operación.

En la especie, la compradora domiciliada en territorio nacional se vinculó con el vendedor establecido en Corea; en tanto que la figura en análisis se completa con la intervención de sendas entidades bancarias entre las que se cumplió el pago del precio convenido en la compraventa: el banco local –aquí actor- actuando por cuenta y orden del importador (la aquí encartada) canceló por intermedio de otro banco el precio de la operación en la moneda pactada, esto es: dólares estadounidenses.

Erígese de ello que la actuación del banco accionante obedeció al negocio concertado, y éste actuó en el marco en el cual fue reglado el cumplimiento de la prestación; por donde no parece entonces razonable trasladar el riesgo propio que asumió el comprador a la entidad que intermedió en el pago de la obligación. Máxime que a la entrada en vigencia de la legislación de emergencia existía un saldo deudor a favor del pretensor (ver pto. e) del informe pericial contable de fs. 1323).

Atinente al riesgo que entraña la variación del tipo de cambio de la moneda de la obligación, es de señalar que la naturaleza internacional de la operación implicó necesariamente que las partes intervinientes asumieran el riesgo propio de esta clase de operaciones; puesto que en ellas lo usual es que el precio se convenga en la moneda norteamericana (Cfr., entre otros, CNCom., Sala B, 30-9-2004, "Rodados Mountain Byke S.A. c. Banco de Galicia y Buenos Aires", etc.).

En tal orden de ideas debe arribarse a la conclusión que la denominada excepción a la pesificación recepcionada por el dec. 410/2002 no se aprecia que conculque principio constitucional alguno.

Añádese a ello que la encartada es comerciante profesional que reconoció haber operado habitualmente en el comercio internacional; de modo pues que ello la responsabiliza de manera especial exigiéndole una diligencia y organización acorde con su objeto haciendal (CNCom., Sala B, 5-10-99, "Minniti, Osar Vicente c. Thriocar SA y otro"; íd., 20-9-99, "Banesto Banco Shaw c. Dominutti, Cristina).

C. Respecto al monto del reclamo señálase que, conforme las probanzas arrimadas a la causa, el mismo será admitido en dólares estadounidenses; tal la pretensión de la accionante.

Es que de las pruebas producidas en el proceso surge –en especial de la pericia contable de fs. 1317/1329- que la reclamante asentó las sumas adeudadas en dólares estadounidenses.

Si bien el informe pericial fue motivo de la observación de la que da cuenta la pieza de fs. 1359/1363, la misma no conmueve los argumentos que dan base a la presente solución, y fue resistida por experto (fs. 1444/1449).

Ello porque, si bien la opinión del experto no vincula al juzgador, la sana crítica aconseja la aprobación cuando, como sucede en el caso, el dictámen aparece sólido y suficientemente fundado y no pueden oponérsele argumentos serios para contradecirlo (CPr. 477; C. Fed. La Plata, Sala I, 31-7-84, ED 110:280; íd., 3-7-84, ED 110:200, etc.).

Y la observación efectuada por la accionante, no resulta lo suficientemente fundada a tal fin.

Entonces, cabe estar a lo que surge de los libros de la accionante y de la propia demandada y de la documentación acompañada por aquélla; esto es, que la deuda reclamada no había sido convertida a pesos; y si lo fue, no fue efectuada a la paridad u$s 1= $ 1.

Véase que la experta contable informó que en el Libro de Inventarios y Balances N° 2, Hyundai registra una deuda original con Scotiabank Quilmes de $ 2.258.630,65, y que luego de descontar los fondos provenientes de los cheques que habían sido entregados en garantía de $ 715.961, registra una deuda de $ 1.506.931,09 (fs. 1317/1329, punto de pericia e, solicitado por la actora respecto de los libros de Hyundai).

En tal sentido cabe precisar, que la doctrina de los actos propios, que halla sustento en un principio fundamental del sistema legal argentino, cual es el de la buena fe (arg. CCiv 1198), impide que alguien pueda volver contra sus propios actos y pretender desconocer su propio obrar (entre otros, CNCom A, 20.2.80, "Bellone"; CNCom B, 9.9.92, "Saint Honore S.A."; CNCom D; 5.9.03 "Fernández").

Agrégase en ese sentido que la realidad es que, guardando correlato con la buena fe y su postulado en cuanto al ordenamiento jurídico impone el deber de proceder, tanto en el desenvolvimiento de las relaciones jurídicas, como en la celebración y ejecución de los negocios jurídicos, se considera inadmisible que un litigante pretenda fundamentar su accionar, aportando hechos y razones de derecho que contravengan sus propios actos asumiendo una actitud que lo coloque en contradicción con su anterior conducta, siendo obligación de los jueces controlar que ello no ocurra (CNCiv F; 4.9.85 "Callisto"; LL 1986-A, pág 224).

Conforme lo expuesto, se hará lugar la demanda por u$s 457.772,70. Por ende los accionados pagarán a la accionante el monto referido con más los intereses pactados en las respectivas solicitudes de apertura de crédito documentario.

Las costas se imponen a los accionados vencidos en virtud del principio objetivo de la derrota (CPr 68).

V. Por todo lo cual, fallo: a) Hácese lugar a la pretensión material instaurada por ABN Amro Bank N.V. Sucursal Argentina contra Hyundai Motor Argentina S.A., Guillermo Luis Artagaveytia y Norberto E. Cavicchioli, a quienes condeno a pagar a la primera –dentro de los diez días posteriores a la fecha en la que quede firme esta sentencia- la suma de dólares estadounidenses cuatrocientos cincuenta y siete mil setecientos setenta y dos con setenta centavos (u$s 457.772,70), con más los intereses fijados. b) Desestimar el planteo de inconstitucionalidad de la legislación de emergencia económica introducido por la accionada en punto al dec. 410/02 y normativa complementaria. c) Impónense las costas a la parte demandada. d) Diferir la fijación de los estipendios de los profesionales intervinientes para el momento en que se encuentren agotadas las dos etapas del proceso ordinario y sea procedente la misma (ley 21.839, modificada por la ley 24.432: art. 38). e) Notifíquese por Secretaría con copia de la presente. f) Regístrese y oportunamente archívese.- H. H. Vitale.

Messera, Fernando c. Lloyd Aéreo Boliviano

CNCiv. y Com. Fed., sala II, 15/04/08, Messera, Fernando c. Lloyd Aéreo Boliviano S.A. s. daños y perjuicios.

Transporte aéreo internacional. Transporte de personas y de animales. Argentina – México – Argentina. Muerte del animal. Faltante en equipaje despachado. Convención de Varsovia de 1929. Protocolo de La Haya de 1955. Tope de responsabilidad. Daño moral. Procedencia.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 24/11/08.

En Buenos Aires, a los 15 días del mes de abril de dos mil ocho reunidos en acuerdo los señores Jueces de la sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, para conocer en recursos interpuestos en autos: “Messera, Fernando c. Lloyd Aéreo Boliviano S.A. s. daños y perjuicios”, respecto de la sentencia de fs. 502/503 vta., el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver: ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía ser efectuada en el siguiente orden: señores Jueces de Cámara doctores Hernán Marcó, Eduardo Vocos Conesa y Santiago Bernardo Kiernan.

A la cuestión planteada, el señor Juez de Cámara doctor Hernán Marcó dijo:

I.- El señor Fernando Messera celebró con Lloyd Aéreo Boliviano S.A. un contrato de transporte aéreo por el cual ésta se obligó a trasladarlo por vía aérea, junto con su perro y el resto del equipaje, en el vuelo nº LB 934/19 del 19-4-96 desde Ezeiza, hacia la ciudad de México (D.F. México). Al llegar al aeropuerto de destino se encontró con la sorpresa de que el mencionado animal, por razones que se desconocen, se encontraba sin vida; además, contrató con dicha empresa el viaje de regreso en el vuelo LB 911/19, constatando al arribar que su equipaje había sufrido una merma de 9 kgs. en su peso total, sin conseguir, pese a las gestiones efectuadas ante la compañía aérea demandada, respuesta favorable alguna para obtener la reparación de esos perjuicios.

Como el deceso del animal y la merma en el peso de su equipaje le habrían significado diversos daños, el actor promovió contra Lloyd Aéreo Boliviano S.A. la demanda de autos a fin de ser resarcido por los perjuicios siguientes: A) daño material, causado por la muerte del perro (U$S 9.272,68) y merma en el peso total del equipaje (U$S 1.669,08); y B) daño moral originado también en la pérdida del animal, rubro que fue estimado en la cantidad de U$S 21.570, montos que fijó aplicando el límite de responsabilidad previsto por la Convención de Varsovia – La Haya 1955.

La demanda de fs. 46/52 fue resistida por la transportista aérea antes mencionada, con base en una cerrada negativa de todos y cada uno de los hechos expuestos en el escrito de inicio, señalando que la Convención aludida no consagra una indemnización “forfataria” por lo que es necesario acreditar la magnitud del perjuicio invocado.

II.- El señor juez, en el fallo de fs.502/503 vta., tuvo por acreditada la responsabilidad de la compañía de aviación y fijó los montos de los daños resarcibles en las sumas de $ 250, derivado de la muerte del perro, y $ 250 por los 9 kgs. faltantes en el equipaje, ambos importes con más sus intereses a partir del día en que fue notificada la demanda y a la tasa activa vencida que en descuentos a treinta días aplica el Banco de la Nación Argentina; asimismo, desestimó el resarcimiento por daño moral que, en función del incumplimiento contractual, había peticionado el actor. Para así decidir, sostuvo que el demandante no había probado los extremos de hecho fundantes que hacen a su procedencia y viabilidad. Las costas fueron impuestas en un 65 % a cargo de la demandada y el 35 % restante a cargo del actor.

III. Ese pronunciamiento motivó la apelación articulada por la parte actora en fs. 507, recurso fundado en fs. 525/528, que mereció la réplica de fs. 530/531 vta. Median, además, recursos relacionados con honorarios regulados en la instancia de grado (v. fs. 513 y 516), los que serán objeto de estudio por la Sala en conjunto al término del presente acuerdo.

IV. Tres son los agravios que propone el demandante: 1º) procedencia de la indemnización del daño moral por incumplimiento contractual; 2º) insuficiencia manifiesta de la indemnización otorgada como consecuencia del fallecimiento del animal ($ 250); y 3º) exigüidad del monto otorgado en concepto de faltante de equipaje ($ 250).

V. Que atendiendo a los términos en que ha quedado planteada la cuestión traída a conocimiento de la alzada, comenzaré por recordar que, relativamente al rubro “daño moral”, la ausencia de malicia en el incumplimiento contractual no constituye óbice para la procedencia de este tipo de indemnización (conf. esta Sala, causa nº 12.379/02 del 13.12.07).

Asimismo, debe tenerse en cuenta que habiéndose sujetado esta acción al límite de responsabilidad fijado por la Convención de Varsovia – La Haya (ver fs. 49), el monto que resulte de aplicar sus normas no constituye una indemnización tasada por ley, siendo claro que el damnificado debe probar la extensión del daño invocado por el cual responderá el transportista siempre que no supere ese límite (conf. esta Sala, causa nº 1956/01 del 25.6.04 y sus citas; Sala III, causa nº 13.632/02 del 1.3.05; entre otras) en cuya determinación, según doctrina de la Corte Suprema de Justicia a la que cabe atenerse (Fallos: 307:1096; 312:2007), corresponde computar tanto el daño material como el daño moral (Fallos: 325:2567).

Sentado lo que antecede, destaco que en materia de incumplimiento contractual culposo la obligación de indemnizar alcanza a aquellos daños que sean consecuencia inmediata y necesaria de aquél, entendiendo por tales las que acostumbran a suceder según el curso natural y ordinario de las cosas y que no dependen de la presencia de un factor eventual (arts. 520 y 901 del Código Civil; ver esta Sala, causa nº 5667/93 del 10.4.97), siendo claro que las circunstancias especiales configuradas en el caso sub examine poseen entidad suficiente para admitir la procedencia del rubro cuestionado en esta instancia por el apelante.

VI. Sobre el particular, es preciso señalar que esta Sala tiene dicho que por daño moral debe entenderse la lesión a todos aquellos bienes que, no obstante carecer de contenido patrimonial, son fundamentales para todo ser humano, como ser la paz, la tranquilidad, la intimidad, el honor, la integridad corporal, la salud psíquica, la chance de disfrutar la vida en libertad, etc. (conf. causa nº 16.096/96 del 19.9.00).

En función de lo expuesto, no es dudoso sostener que los infortunios derivados de la falta de cumplimiento del deber de guarda –por parte de la compañía aérea- experimentados por el actor en la ocasión antes descripta, esto es el día 20 de abril de 1996, cuando al arribar al aeropuerto de la ciudad de México se encontró con que su perro, que de acuerdo con la documentación obrante en autos gozaba de óptimas condiciones de sanidad (ver informe expedido por el SENASA obrante a fs. 270/273), había fallecido durante la travesía aérea (ver P.I.R. en fs. 39), tuvieron, de por sí, aptitud para provocar en él una situación de desasosiego.

Esa pérdida de la tranquilidad espiritual, reemplazada por un profundo estado de angustia y ansiedad (ver testimonios de D.G. Mignin, D.P. Cámpora y L. Florio, obrantes a fs. 219/220 y fs. 223/224), comporta claramente un daño moral resarcible (art. 522 del Código Civil), y pone en evidencia que el menoscabo espiritual alegado como fundamento del rubro peticionado, no requiere la producción de otra prueba específica (conf. esta Sala, causa nº 839 del 15.8.95, entre otras), por lo cual juzgo que corresponde hacer lugar al agravio vinculado a la procedencia del rubro “daño moral” debatido en esta litis.

VII. En cuanto a la extensión de la indemnización requerida, debe tenerse presente que a partir de la causa 4412 del 1º de abril de 1977, cuya doctrina ha sido reiterada infinidad de veces, esta Sala asigna a la indemnización del rubro carácter principalmente resarcitorio; extremo que implica centrar la atención fundamentalmente en la situación de la víctima sin prescindir, bueno es aclararlo, de la mayor o menor gravedad de la conducta obrada por el responsable.

Por otro lado, es jurisprudencia uniforme del Tribunal que no hay razón lógica ni jurídica que aconseje proporcionar la indemnización del daño extra-patrimonial a la medida de los perjuicios económicos, desde que se trata de rubros autónomos (conf. esta Sala, causa 6028/93 del 30.9.96 y sus citas), siendo concebibles numerosos supuestos donde procede el resarcimiento del daño moral aun cuando no concurra un perjuicio económico.

En consecuencia, teniendo presente las circunstancias en que acontecieron los hechos debatidos en esta litis, estimo que la pérdida de un animal doméstico como el que la accionada entregó sin vida en destino, habida cuenta de los vínculos afectivos que según el curso ordinario de las cosas se entablan entre esos animales y sus dueños (ver declaraciones de fs. 219/220 y 223/224, antes mencionadas), ninguna duda genera en cuanto a que comportó para el propietario del can fallecido, algo más que una lesión de carácter meramente económico.

En efecto, no se trata aquí de las consecuencias emergentes de un contrato en el cual están comprometidas sólo cuestiones meramente pecuniarias; por el contrario, estamos en presencia de un transporte de características especiales pues tenía por objeto nada menos que el traslado de un ser vivo, respecto del cual la transportista estaba obligada a observar estrictas precauciones para mantenerlo con vida hasta su entrega en destino en las mismas condiciones en que lo recibió.

Debe computarse entonces la mortificación y pérdida de tranquilidad y de paz espiritual que normalmente debe soportar todo ser humano que debe afrontar una situación como la descripta en el tercer párrafo de este considerando, agravada por haber acontecido en un país extranjero lejano del lugar de residencia habitual del damnificado, sumado al cúmulo de circunstancias negativas que debió vivir aquél (ver fs. 219/220), extremos todos que han debido generar zozobras gravemente perturbadoras que justifican afinar el criterio para definir la cuantía de este rubro.

Sobre tales bases, reiterando que el daño analizado no requiere prueba directa, pues surge del hecho mismo origen de este litigio y de las circunstancias fácticas que rodean el incumplimiento contractual en que incurrió Lloyd Aéreo Boliviano S.A., atendiendo a la naturaleza resarcitoria de dicha indemnización, a que corresponde atender más bien a la persona del damnificado antes que a la conducta del sujeto activo del daño, a que ninguna relación forzosa existe entre el daño material sufrido y el perjuicio moral experimentado, y a las características y circunstancias del evento dañoso acaecido, estimo equitativo establecer el presente rubro en la suma actual de $ 6.000.

VIII. Establecida la naturaleza de la obligación y generada la responsabilidad de la compañía aérea, atento la escasa prueba colectada al efecto, el señor juez de la anterior instancia fijó –prudencialmente- en concepto de daño material por la muerte del animal, la cantidad de $ 250. Tal circunstancia constituye el segundo de los agravios traídos a consideración del Tribunal.

Aceptada la existencia del perjuicio, más no probada su entidad pecuniaria, corresponde hacer uso de la facultad que a los jueces reconoce el art. 165, último párrafo del Código Procesal. En tales condiciones, ponderando los reducidos elementos probatorios obrantes en autos -recuérdase que, respecto de las condiciones propias del animal, sólo se sabe que era un “simple perro mestizo” (ver expresión formulada por el actor en su alegato en fs. 496), de cinco años de edad (ver fs. 271)-, ignorándose cualquier otra aptitud o cualidad que lo pudiera tornar en un ejemplar de mayor valor económico, dado que para alcanzar tales extremos no es una condición sine qua non que deba poseer pedigree o pertenecer a Federación alguna (vgr.: un animal con entrenamiento especial para ciertas disciplinas, como ser la localización de víctimas en circunstancias extremas, atentados o sismos, para apoyo de personas no videntes, para cacería, seguridad o guardia, etc.), teniendo presente que la escasez de la prueba o su orfandad no pueden volverse a favor del demandante, aparece como prudente y ajustada a derecho la estimación efectuada por el a quo, de modo que no cabe otra cosa que el rechazo del agravio en cuestión.

IX. La tercera y última queja del recurrente tiene que ver con el monto establecido como compensación por los 9 kgs. de equipaje faltante constatado el 21-10-96 al arribo del vuelo de regreso detallado en el considerando I de este voto (ver P.I.R. en fs. 38).

Recordemos que el señor Messera regresó a Ezeiza en el viaje aludido y se encontró con que el bolso que componía uno de los equipajes registrados había sufrido una merma de 9 kgs. en lo que hacía a su peso total (59 kgs.).

Con referencia al contenido del bulto, es preciso destacar que el damnificado tiene a su cargo la prueba de qué elementos se perdieron y su valor (conf. art. 377 del Código Procesal; esta Sala, causa 20.478/96 del 4.5.99 y sus citas; entre otras).

Que en esta materia son evidentes las dificultades que existen para acreditar en forma precisa la naturaleza de los efectos acondicionados en una valija, pues lo habitual en la preparación del equipaje es proceder en la esfera de intimidad propia de cada individuo. Es por ello que corresponde aquí observar un criterio realista estableciendo con prudencia la respectiva indemnización, partiendo de la base de que la existencia del daño es la consecuencia natural del incumplimiento atribuible al transportista, de acuerdo a lo que acontece según el curso ordinario y natural de las cosas, ejerciendo la facultad-deber estipulada por el art. 165, última parte, del Código Procesal (conf. esta Sala, causa nº 7034/91 del 25.11.94 y sus citas; nº 8479/92 del 24.2.95; entre otras).

Que en estos supuestos corresponde ponderar un conjunto de elementos indiciarios útiles, como ser la clase de valija extraviada o siniestrada y su tamaño, peso del equipaje, viaje de que se trata, época de realización, tiempo en el exterior, finalidad turística o esencialmente laboral del traslado, nivel socio-económico del pasajero, valoración experiencial de lo que comúnmente constituyen los efectos que son empleados en viajes de cabotaje o internacionales, etc. (conf. causa nº 7034/91, citada; 4268/97 del 16.5.00; Sala III nº 5784/01 del 14.2.01; entre otras).

X. Observando los principios que anteceden, es clara la insuficiencia de prueba fehaciente rendida en esta causa, ceñida sólo al peso faltante de la valija que aparece especificado en el P.I.R. de fs. 38; sin embargo, en la nota que el accionante remitió a su contraria el 31.10.96 detalló como elementos faltantes: 65 CD, un agenda para CD y dos pares de zapatillas sin uso (ver fs. 36/37); la recepción de esa misiva expuesta en el escrito de inicio (ver fs. 47 vta., párr.3ro.) y el conjunto de efectos mencionados en ella, no fue objeto de una negativa expresa y categórica por parte de la accionada en su responde fs. 66/67 vta., de manera que conforme con lo dispuesto por el art. 356, inc. 1º, del CPCC, y ante la inexistencia de prueba en contrario, es posible admitir la realidad del daño alegado, el cual aparece corroborado por el plexo probatorio indiciario que surge de los dichos de quienes prestaron declaración en fs. 219/220 y fs. 223/224, los que dan cuenta de que en la especie sub examen se trató de un viaje mezcla de trabajo y vacaciones (el actor tenía como destino final la playa de Puerto Escondido, México, lugar al que se dirigía para hacer tatuajes en esa playa), que se prolongó durante seis meses, efectuado por un joven de alrededor de 25 años según es razonable inferir del número de su DNI obrante en autos.

En tales condiciones, impresiona como excesivamente discreta la suma de $ 250 fijada por el a quo, de manera que estimo adecuado elevarla a $ 1.300, ponderando la parquedad a la que debe ajustarse el juez cuando no existe prueba concreta de los valores comprometidos (conf. art. 165 del CPCC).

XI. Propicio, pues, que se confirme la sentencia apelada en cuanto fijó el monto indemnizatorio por el rubro “daño material” derivado de la muerte del perro transportado y se la modifique acogiendo los planteos de la parte actora respecto a la procedencia de la indemnización del “daño moral” como consecuencia del incumplimiento contractual, fijándosela en la suma de $ 6.000, y de la relativa al “daño material” originado en la pérdida de efectos personales, elevándola a la suma de $ 1.300.

Costas de alzada en un 85% a cargo de la demandada y en el 15% restante a cargo del actor, porque aquélla no resulta totalmente vencida (art. 71, Código Procesal).

Los señores Jueces de Cámara doctor Eduardo Vocos Conesa y Santiago Bernardo Kiernan, por razones análogas a las aducidas por el señor Juez de Cámara doctor Hernán Marcó, adhieren a las conclusiones de su voto. Con lo que terminó el acto.

Y vistos: por lo que resulta del acuerdo que antecede, se confirma la sentencia de fs. 502/503 vta. en cuanto fijó el monto indemnizatorio por el rubro “daño material” derivado de la muerte del perro transportado, y se la modifica, respecto a la procedencia de la indemnización del “daño moral” como consecuencia del incumplimiento contractual, fijándosela en la suma de $ 6.000, y de la relativa al “daño material” originado en la pérdida de efectos personales, elevándola a la suma de $ 1.300.

Las costas de alzada se imponen en un 85% a la demandada y en el 15% restante a cargo del actor (conf. art. 71 del CPCC). Regístrese, notifíquese y devuélvase.- H. Marcó. E. Vocos Conesa. S. B. Kiernan.