Tower Records Argentina s. concurso s. incidente por MTS Inc.

Juz. Nac. Com. 26, secretaría 52, 31/05/04, Tower Records Argentina S.A. s. concurso preventivo s. incidente de revisión por MTS Incorporated.

Concurso preventivo en Argentina. Acreedor extranjero. Reciprocidad. Verificación de crédito. Incidente de revisión. Arbitraje en EUA. American Arbitration Association. Fuero de atracción. Improcedencia. Litispendencia. Suspensión del proceso hasta que se dicte el laudo.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 27/02/09.

1º instancia.- Buenos Aires, 31 de mayo de 2004.-

Y vistos: 1. A fs. 307/316 MTS Incorporated inicia el presente incidente de revisión en virtud de la resolución verificatoria dictada en los autos principales que declarara inadmisible una de las acreencias insinuadas.

Así, solicita se declare admisible un crédito a su favor por la suma de U$S 250.000 o lo que en más o en menos resulte del laudo a dictarse en la causa arbitral en trámite ante la Asociación Americana de Arbitraje con carácter quirografario e imponga las costas a la concursada.

Solicita asimismo, en el pto. VIII del escrito inicial, se suspendan las presentes actuaciones hasta tanto exista laudo en el arbitraje ante la AAA, toda vez que dicho laudo constituirá, en su caso, el reconocimiento del crédito en disputa que traerá a efectos de acreditar su condición de acreedor y ejecutar el eventual laudo favorable. Señala también, que la AAA es el único órgano competente para resolver acerca del título del crédito que considera tener a su favor, y refiere a la resolución dictada por este Tribunal en el incidente de continuación de contratos, que rechazara el planteo efectuado por la concursada en cuanto a la suspensión del proceso arbitral y la remisión del expediente a este Juzgado por el fuero de atracción que éste último ejercería respecto del arbitraje.

2. Corridos los pertinentes traslados, la sindicatura se expide a fs. 320 señalando que no tiene nada que objetar a la solicitud efectuada por la incidentista.

Por su parte, la concursada contesta a fs. 323/4, solicitando el rechazo de la solicitud de suspensión de las presentes actuaciones, por los fundamentos que expone a los que me remito.

3. Cabe señalar, en primer lugar, que la cuestión introducida ya mereció opinión fundada del Tribunal a fs. 573/576 de los autos "Tower Records SA s/ conc. prev. s/ inc. de continuación de contratos" (expte. Nº 38585).

Allí, el Tribunal señaló, frente a la pretensión de la deudora de que éste concurso y este Tribunal ejercieran fuero de atracción sobre el proceso arbitral con sede en el extranjero, que pese a la literalidad de lo establecido por el art. 21 L.C., bajo la ley 24.522, esto es, que el fuero de atracción es ejercido por este concurso respecto de todos los juicios de contenido patrimonial contra el concursado, ello no debía ser admitido.

Se recordó que, el texto anterior del mentado art. 21 precisaba que el fuero de atracción se refería a procesos de la misma circunscripción judicial y que esa referencia permitía, de por si, aventar la pretensión de extender extraterritorialmente los efectos del fuero de atracción de los autos principales, sobre un trámite pendiente ante una jurisdicción arbitral con sede en un Estado extranjero.

También se indicó allí, el criterio del Tribunal en el sentido de que, a los fines que nos ocupan, esto es, en cuanto a la posible proyección extraterritorial del fuero de atracción de un concurso local, aún con la actual redacción del art. 21 de la L.C. la situación anterior no ha variado al no haberse modificado ni el texto del art. 4º, ni el art. 2º segundo párrafo inc. 2º de la L.C., pues no ha mutado la inicial vocación territorial que la ley atribuye a nuestros decretos de falencia, que esas normas exhiben. Así, se configura en este caso, una excepción más a los supuestos de excepción a la regla de fuero atractivo, que se agrega a las previstas en el art. 21 inc. 2º de la LC.

He sostenido también que, respecto del eventual conflicto de competencia entre un Tribunal arbitral y un Tribunal judicial en etapa de concurso preventivo, que por hipótesis se plantearía frente al fuero de atracción (al menos, en el derecho interno), este Tribunal participa de la doctrina sustentada por el precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos "La Nación SA y otra c. La Razón Editorial E.F.I.C.y A.S.A." que se lee en Fallos 311:2227. Esto es, que una correcta hermenéutica de la ley concursal, impone su interpretación en armonía con las restantes normas que integran la legislación y los principios que la informan. Así, bajo ciertas condiciones los juicios arbitrales constituyen una excepción al fuero de atracción del concurso.

Por último, se señaló lo dispuesto por el art. 134 de la ley concursal que en su primer párrafo dice que "la declaración de quiebra produce la inaplicabilidad de las cláusulas compromisorias pactadas con el deudor, salvo que antes de dictada la sentencia se hubiere constituido el Tribunal de árbitros o arbitradores". Se advirtió que la constitución de éste último obsta al funcionamiento del fuero de atracción originado en la declaración de quiebra (art. 132 de la citada ley). Ahora bien, reitero que, si esto sucede con el desplazamiento de la competencia legislado para la falencia -en donde media desapoderamiento del deudor- no puede sino suceder lo mismo cuando, se trata de un concurso preventivo en el que el concursado conserva la administración de su patrimonio (véase CSJN "Energomachexport c. Establecimientos Miron SAICIFA", Fallos 319:1287).

4. Sentado ello, se observa que el acreedor, en forma temporánea, inicia la presente revisión y solicita la suspensión de su trámite.

En el sublite, cabe señalar que el incidentista se halla legitimado para ocurrir a verificar su crédito en estos autos con la sola condición de acreditar la reciprocidad en los términos de su acreencia. En este sentido, dispone el art. 4 tercer párrafo de la L.C. que "la verificación del acreedor cuyo crédito es pagadero en el extranjero, y que no pertenezca a un concurso abierto en el exterior, está condicionada a que se demuestre que, recíprocamente, un acreedor cuyo crédito es pagadero en la República Argentina puede verificarse y cobrar -en iguales condiciones- en un concurso abierto en el país en el cual aquel crédito es pagadero".

En consecuencia, estimo perfectamente válido que el acreedor que inició la revisión en tiempo y forma solicite la suspensión del procedimiento a resultas de lo que se resuelva en aquella jurisdicción donde tramita otra causa excluida del fuero de atracción susceptible de sustentar un planteo de litispendencia.

Ello, toda vez que de coexistir el trámite de esta revisión, que es un proceso de conocimiento, cuyo pronunciamiento abordará el fondo del asunto y otro proceso incoado con anterioridad en extraña jurisdicción con el mismo objeto, se daría un supuesto de litispendencia, que debe ser atendido, a fin de impedir, al menos, el escándalo de soluciones contrapuestas, pues no cabe pretender, por esta vía revisiva, enervar los efectos de una eventual sentencia en una sede arbitral ya abierta sin perjuicio del trámite que posteriormente pudiese resultar necesario para acordarle -o no- un eventual reconocimiento. Ello, podría conducir a una indebida utilización del fraccionamiento internacional de jurisdicciones para neutralizar pronunciamientos adversos y atenta contra el principio de cooperación internacional, como contra el más elemental principio que ordena procurar la armonía internacional de las soluciones y se aparta del principio del "mínimo conflicto" (conf. Boggiano, Antonio "Derecho Internacional Privado", T. I. pág. 104 y sgtes. ) mediante prácticas que no cabe a este Tribunal convalidar.

5. Por todo ello, resuelvo: Hacer lugar a lo pretendido por el incidentista y suspender el trámite de las presentes actuaciones hasta tanto recaiga sentencia en el juicio arbitral en trámite entre las mismas partes por ante la Asociación Americana de Arbitraje (AAA), sin perjuicio de la suerte posterior de ese pronunciamiento. Costas en el orden causado atento la naturaleza del planteo introducido. Notifíquese por Secretaría.- M. E. Uzal.

Empress International Ltd. c. Latinka

CSJN, 21/11/02, Empress International Ltd. c. Latinka S.A. y otros.

Sentencia dictada en Nueva York. Proceso de reconocimiento ante la Suprema Corte de Justicia de Uruguay. Exhorto. Competencia interna.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 26/02/09 y en Fallos 323:3881.

Dictamen del Procurador General de la Nación

I.- Se presentó ante el Juzgado Nac. Com. n. 13 de 1ª instancia un exhorto diplomático librado en un juicio de exequátur que tramita ante la Suprema Corte de Justicia de la República Oriental del Uruguay (ver fs. 251), que fue deducido por Empress International Ltd con el fin de ejecutar dos sentencias dictadas por la Suprema Corte del Estado de Nueva York contra Latinka SA., Latar SA. y Vassily Polivany, que condenan al pago de sumas de dinero.

El juez comercial se declaró incompetente, señalando que la intervención de los superiores tribunales de justicia del Uruguay y de Nueva York suscitaban la competencia originaria de V.E. (fs. 153/4). La radicación de los autos fue rechazada a fs. 157, disponiéndose su remisión a un juez civil comercial federal. Este último, resistió también la atribución de la causa con base en que en el ámbito de la Capital Federal no rige el fuero federal en razón de las personas (fs. 160). Devueltos los autos al juez comercial, éste insistió en su criterio original elevando el expediente nuevamente a la Corte.

II - A mi modo de ver, razones de economía procesal autorizan a dejar de lado los reparos en cuanto al modo como se trabó el conflicto, para dirimir la cuestión y evitar mayores demoras (Fallos: 312:1919).

Lo cierto es, que tratándose de una contienda entre sujetos de derecho privado, de materia comercial, la cuestión no constituye una de las mencionadas en los arts. 116 y 117 CN, para generar la actuación de la Corte como tribunal originario.

Por otra parte, en tanto todos los jueces de la Capital Federal revisten el carácter de nacionales, el ciudadano extranjero no se ve privado del fuero federal consagrado por los arts. 100 CN y 2, inc. 2 de la ley 48 (Fallos: 310:1106). Por ello, en el caso, y en orden a la materia sobre la que versa el juicio principal -cobro de pesos- no cabe invocar la jurisdicción de los jueces federales civiles y comerciales.

En consecuencia, opino que las actuaciones deben quedar radicadas ante el Juzgado Nac. Com. n. 13 de 1ª instancia.- Buenos Aires, septiembre 29 de 2000.- N. E. Becerra.

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2000.-

Considerando: Que el Tribunal comparte los argumentos y conclusiones del dictamen del señor Procurador General a los que corresponde remitir a fin de evitar repeticiones innecesarias.

Por ello, se resuelve: Declarar la incompetencia de esta Corte para entender en forma originaria en este juicio y, en consecuencia, enviar estas actuaciones al Juzg. Nac. Com., n. 13, Secretaría N° 26. Notifíquese.- E. Moliné O´Connor. C. S. Fayt. A. C. Belluscio. E. S. Petracchi. A. Boggiano. G. A. Bossert. A. R. Vázquez.

Mark SRL c. BBVA Banco Francés

CFed. Apel., La Plata, sala III, 03/10/02, Mark S.R.L. c. BBVA Banco Francés.

Crédito bancario. Financiación de importaciones. Pesificación. Dec. 410/2002. Excepciones. Medida cautelar.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 25/02/09.

2º instancia.- La Plata, octubre 3 de 2002.-

Considerando: 1.- El representante del BBVA Banco Francés S.A. interpuso recurso de apelación, contra la decisión de fs. 20/21, que ordena a dicha entidad financiera (sucursal La Plata) restituya el importe debitado en la cuenta corriente del actor excluyendo la suma necesaria para cubrir el monto del préstamo solicitado a la paridad de un peso por dólar. Ello previa caución juratoria.

2.- Inicialmente cabe realizar una reseña de las circunstancias fácticas que caracterizan al presente según se infiere del escrito de inicio.

La actora es una "empresa" cuyo objeto es la comercialización e importación de insumos hospitalarios y de medicina en general, proveedora de tales elementos tanto a hospitales públicos o privados como a profesionales de la medicina.

Muchos de los elementos que comercializa son extranjeros siendo usual la compraventa internacional, la importación y la mediación de una entidad financiera local para cerrar la operación de importación realizando el pago de la mercadería, eventualmente, a través de créditos documentarios de importación.

En el caso, Mark adquirió productos de "Nipro Medical Corporation" (18/10/2000) por valor de $21.000 importe que fue incorporado a la cuenta corriente comercial que tienen las dos empresas.

A su vez Mark solicita a la entidad financiera con la que opera (BBVA Francés) transfiera a la cuenta del exportador (Nipro…) en su país de origen la suma de U$S 10.000 para acreditar al pago de aquella mercadería (31/5/2001); para cumplir con ello solicitó al banco local un préstamo a acreditarse en cuenta corriente y pagadero a los 180 días, con vencimiento el 27/11/2001.

Antes del vencimiento del plazo Mark solicitó una prorroga de 90 días para amortizar el crédito otorgado, la cual vencía el 26/2/2002.

La entidad bancaria recién debitó el préstamo en la cuenta corriente del actor el 14/5/2002, al tipo de cambio vigente a dicha época (U$S 1= $ 3,30) con más los intereses, gastos y comisiones correspondientes ($ 35.075,31, en total).

La amparista sostiene que la operación realizada con el banco (crédito a debitarse en cuenta corriente) es una transacción local no alcanzada por las previsiones del art. 4 de la comunicación A 3507 del BCRA (texto según comunicación A 3561). Es decir ya no se trataría de una financiación de importaciones a la que correspondería la cancelación en dólares, sino una simple financiación bancaria la que debería liquidarse con una tasa de cambio de $1= U$S 1. Sobre tal cuestión requiere una declaración de certeza.

Por otra parte plantea la inconstitucionalidad del art. 1 del decreto 410/2002 y art. 4 comunicación A 3561 BCRA.

Finalmente peticiona como medida cautelar se ordene a la entidad demandada vuelva a acreditar en su cuenta corriente la cantidad debitada y que se abstenga de devengar y/o liquidar intereses moratorios o punitorios en la mencionada cuenta o en otras relacionadas con el mutuo.

3.- El recurrente, en el memorial de fs. 36/39, ensaya una serie de consideraciones generales acerca de los perjuicios que le acarrea la normativa relacionada con la pesificación de las deudas en dólares, las que en definitiva atentan contra las condiciones contractuales pactadas por las partes. Ello produce, según refiere, un desequilibrio en la situación económico financiera del banco, incrementado con la proliferación de medidas cautelares como las dictadas por el a quo, lo que genera abuso de derechos e inseguridad jurídica.

Refiere que se ha omitido tratar la norma que puntualmente regula la situación del deudor la cual es, justamente, la que le permite obrar como lo hizo y mantener la situación contractual que se había pactado.

4.- Sentado lo anterior, no cabe duda por ser público y notorio que toda la normativa relacionada a la derogación de la ley de convertibilidad y la consecuente pesificación de obligaciones asumidas en dólares, sean éstas del sector público o privado, han provocado grandes desequilibrios y alteraciones de los términos contractuales. Más tal desfasaje alcanza a la comunidad en general y no solamente a la entidad recurrente. La profusa normativa que se ha dictado a partir de tal hito, sin entrar a examinar su constitucionalidad, tiende supuestamente a equilibrar los intereses en juego.

En tal orden de ideas, se observa que ambas partes aluden al cumplimiento de normas que han tenido el mismo origen y son consecuencia del cuadro descripto con anterioridad, en un caso, el actor se apega al cumplimiento, en lo pertinente, de lo dispuesto por la ley 25561 y el decreto 214/02, por su parte la entidad bancaria se apoya en las previsiones de excepción a la pesificación estatuidas por el decreto 410 art. 1 y disposiciones A 3507 y 3561 del BCRA.

No obstante ello, que deberá meritarse en un marco de conocimiento y debate distinto al de esta etapa procesal, en el caso se discute, inicialmente, si la normativa que la entidad bancaria defiende es aplicable a la situación fáctica que caracteriza al presente y, eventualmente, a declarar su inconstitucionalidad. Ambas cuestiones merecen el tratamiento pormenorizado al que se hizo referencia anteriormente.

En dicho contexto la medida adoptada por el a quo no se evidencia abusiva, contraria a derecho, ni trasluce que aquél hubiera fijado un nuevo precio del dólar o que su decisión constituya un inadmisible avance del poder judicial sobre los derechos de los particulares como sostiene la recurrente.

4.-1. Resulta necesario recordar que para la procedencia genérica de las medidas precautorias son presupuestos de rigor la verosimilitud de derecho invocado y el peligro de un daño irreparable, ambos previstos en el art. 230 del CPCCN. Estos recaudos están de tal modo relacionados que, a mayor verosimilitud del derecho, cabe no ser tan exigentes en la gravedad e inminencia del daño, y viceversa, cuando existe el riesgo de un daño de extrema gravedad el rigor acerca del se puede atenuar.

2. Si bien el proceso cautelar se satisface con una sumaria –como enseñó Chiovenda- porque es propio de su naturaleza la verosimilitud y no la certeza, no es menos cierto que además de las circunstancias del caso debe mediar una solicitud seria que haga suponer la existencia de un derecho garantizado legalmente y un interés jurídico que justifique el dictado de la medida cautelar de que se trate ().

2.1. Sobre la materia la Corte Suprema ha dicho que "(…) resulta de la naturaleza de las medidas cautelares, que no exigen de los magistrados, el examen de la certeza sobre la existencia del derecho pretendido sino sólo de su verosimilitud. Es más, el juicio de verdad en esta materia, se encuentra en oposición a la finalidad del instituto cautelar, que no es otra que atender a aquellos que no excede del marco de lo hipotético dentro del cual agota su virtualidad" (Fallos: 306:2060).

2.2. También ha señalado que "(…) si bien por vía de principio medidas como las requeridas no proceden respecto de actos administrativos o legislativos habida cuenta de la presunción de validez que ostentan, tal doctrina debe ceder cuando se los impugna sobre base prima facie verosímiles" (Fallos: 250:154; 307:1702; 314:695, entre otros).

2.3. Obviamente, dicha decisión liminar y provisoria con finalidad precautoria se adopta al margen de lo que finalmente se decida en el pronunciamiento de mérito.

3. En función de lo expuesto y en atención a que el centro de la cuestión radica en precisar aspectos fácticos de la negociación entre las partes y la precisa dilucidación de, si la misma, está comprendida o no dentro de las previsiones normativas cuya constitucionalidad, eventualmente, discute el actor, la medida adoptada hasta que ello ocurra resulta acertada, pues lo contrario generaría una gravosa prestación para el actor con verosímil desenlace en perjuicios irreparables.

Por tanto, en merito a las consideraciones vertidas, se resuelve: Confirmar la resolución apelada. Regístrese, notifíquese y devuélvase.- A. Pacilio. S. O. Dugo.

Delta Ala c. BBVA Banco Francés. 2º instancia

CNCom., sala E, 17/03/08, Delta Ala S.A. c. BBVA Banco Francés S.A.

Transferencia internacional. Incumplimiento. Restricciones al envío de fondos al exterior. Responsabilidad.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 24/02/09.

2º instancia.- Buenos Aires, marzo 17 de 2008.-

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada de fs. 281/290?

El Dr. Arecha dijo: I. La sentencia de la 1ª instancia, a cuyos resultandos cabe remitirse en orden a la descripción de los hechos controvertidos, admitió parcialmente la demanda y condenó a BBVA Banco Francés S.A a abonar a la actora la suma de u$s 8816,55 con más un interés del 3% desde el 19/12/2001 y las costas de este juicio.

Luego de considerar que no se encontraba controvertido que la actora había solicitado a la entidad bancaria la transferencia de ciertos fondos al exterior para la cancelación de una factura de importación y que la remesa en cuestión no se había enviado, concluyó que las razones invocadas por la accionada para justificar su omisión no son idóneas para liberarla de responsabilidad.

Ello así, en primer lugar, porque consideró que el banco no podía reputarse tan ajeno a las circunstancias que derivaron en su incumplimiento, dada su mayor responsabilidad institucional en los hechos y su participación en el sistema que se quiso preservar mediante las normas que invocó para no cumplir.

Por otra parte, porque si bien se trata de un sujeto superintendenciado que debe cumplir con las normas dictadas por el Banco Central, estas últimas no se trasladan sin más a los vínculos que traba con cada uno de los terceros con quienes contrata, vínculos que escapan a dicha superintendencia y se rigen sólo por el derecho común.

Ponderó, asimismo, que la transferencia solicitada por la actora no perseguía la "fuga" de ningún capital –que era lo que mediante las disposiciones invocadas se pretendía evitar- sino pagar una deuda que su cliente tenía contraída y cuyo incumplimiento habría de generar perjuicios.

Reputó también que existió falta de diligencia por parte de la entidad bancaria pues la mentada transferencia no estaba prohibida, sino sujeta al cumplimiento de ciertos recaudos exigidos por el BCRA, no obstante lo cual, no había probado el banco haber anoticiado a la actora acerca del contenido de esas normas que la demandante no tenía obligación de conocer porque no revisten la calidad de ley. Agregó que instruido para efectuar la transferencia, el banco también se encontraba obligado a actuar con la diligencia necesaria para superar los inconvenientes que le impidieran cumplir.

Determinada así la existencia de responsabilidad de la demandada, juzgó que debía restituir a la actora la suma de u$s 8816,55 que ésta le entregó con motivo de la operación frustrada, en la misma moneda pues el destino del depósito descarta que haya existido la posibilidad jurídica de proceder a su pesificación.

No obstante, desestimó el reclamo fundado en los supuestos daños y perjuicios pues entendió no probado el nexo de causalidad. Para concluir de tal modo destacó que la alegada imposibilidad de la actora de iniciar su giro comercial como consecuencia de la frustración de la operación de compraventa en cuestión representaba, en todo caso, una consecuencia remota que el banco no podía prever y por la cual, entonces, no debe responder. Añadió a ello que la actora no probó que la vinculación de la actora con su contratante del exterior se hubiera roto a raíz de la frustración de esa importación sin su culpa, lo que tampoco consideró que pudiera presumirse.

II. Contra dicho pronunciamiento apelaron ambas partes.

La actora expresó agravios en la pieza de fs. 305/310, respondidos por la accionada en fs. 327/331.

Por su parte, la entidad bancaria fundó su recurso con el escrito que obra en fs. 315/326, contestado por la demandante en fs. 335/340.

III. Comenzaré por tratar los agravios de la actora, quien pretende que se incluya en la condena la indemnización de la totalidad de daños y perjuicios solicitados en el escrito inicial y rechazados por la jueza de grado.

No advierto –como postula la apelante- que exista falta de congruencia o contradicción en el pronunciamiento apelado.

La a quo consideró que había existido responsabilidad civil contractual culposa de la demandada y la condenó a resarcir parte de los daños alegados: en el caso, la restitución íntegra de las sumas oportunamente depositadas para ser transferidas al exterior en la moneda de origen más los intereses.

Ello no equivale a tratar al banco como si hubiera obrado sin culpa. De otro modo, la jueza habría concluido en que los fondos existentes en la cuenta debían quedar "pesificados" a razón de $ 1,40 por cada dólar como especifican la ley 25561 y los decretos 71/2002 y 214/2002.

En resumen: la circunstancia de que se haya condenado al banco a la devolución del depósito en su moneda de origen con intereses importó, en el caso, la reparación de los daños y perjuicios ocasionados por la falta de transferencia oportuna de esos fondos al exterior.

En cuanto a los rubros desestimados –pérdidas acumuladas por la actora por no haber podido iniciar las actividades comerciales propias de su objeto, y aporte personal de las socias computado en horas de trabajo dedicadas al emprendimiento- juzgo, más allá de que puedan considerarse probados o no esos daños, que se trata –como concluyó la a quo- de consecuencias mediatas o incluso remotas del incumplimiento endilgado a la entidad bancaria en la sentencia.

Cabe recordar que, mediando incumplimiento contractual, la responsable debe soportar los daños y perjuicios que sean consecuencia inmediata y necesaria de ese actuar ilícito (arts. 519 y 520, CCiv.; conf. esta sala, "Derito, Horacio c. Martelletti, Juan s/ordinario", sent. del 8/11/1990).

Sólo en caso de que la inejecución de la obligación fuera maliciosa, la indemnización respectiva podría incluir también las consecuencias mediatas (art. 521, CCiv.). En el caso, la accionante no invocó, ni por ende demostró, que el incumplimiento pudiera imputarse a la entidad bancaria por dolo contractual, de lo que se colige que la eventual condena sólo podría alcanzar la reparación de los daños que son consecuencia necesaria de la conducta reprochada.

El art. 901, CCiv. define a las consecuencias inmediatas como aquellas que acostumbran a suceder según el curso natural y ordinario de las cosas.

La causalidad –como elemento imprescindible para hacer nacer la responsabilidad por un acto o hecho ilícito- se construye, en nuestro Código Civil, a partir de la previsibilidad en abstracto; o sea, a lo que es previsible para un hombre medio dotado de una inteligencia normal, lo que, en el caso de ciertos sujetos que ejercen una actividad profesional –como los bancos- debe juzgarse con mayor rigor (art. 902, CCiv.).

Esa previsibilidad, en el caso, de las consecuencias inmediatas se encuentra implícita en la definición que brinda el art. 901, CCiv., pues, en definitiva, se trata del acaecer habitual, natural, ordinario y constante que deriva de un hecho en forma directa y sin conexión con otro hecho (ver Bustamante Alsina, "Teoría general de la responsabilidad civil", Ed. Abeledo-Perrot, 2004, p. 272).

En el caso, el incumplimiento contractual –omisión de transferir las sumas de dinero al vendedor en el exterior- pudo generar, como consecuencia necesaria, la frustración de la operación de compraventa, individualmente considerada y, en todo caso, la pérdida de las ganancias que podrían haberse obtenido por la comercialización de esa mercadería. Pero el hecho de que supuestamente esa frustración –que ya es la consecuencia inmediata- hubiera impedido todo el desarrollo del negocio que estaba por iniciar la actora no se vincula de manera directa con la inejecución, sino con otras circunstancias ajenas; por ejemplo, la falta de posibilidades financieras de la empresa para costear la compra por otro medio o para continuar la relación contractual con la fabricante extranjera mediante adquisiciones posteriores.

La relación causal es entonces indirecta, pues la eventual conexión del incumplimiento contractual con el alegado daño final sólo surge a raíz de la interferencia de un hecho distinto que puede tener injerencia o no en el resultado final. Siendo ello así, se trata indudablemente de una consecuencia mediata, causal o remota –según el grado de previsibilidad para el autor del daño-, pero nunca necesaria.

Carece, entonces, de relevancia en este caso, la disposición del art. 902, CCiv. en que la actora hace reposar sus quejas. La profesionalidad de la entidad bancaria y sus deberes de previsión más agravados sólo pueden juzgarse en relación con las consecuencias inmediatas de la conducta que se juzgó dañosa (art. 520, CCiv.) y no con otro tipo de resultados indirectos.

Lo expuesto resulta suficiente para desestimar la pretensión recursiva de la actora y confirmar la sentencia de grado en cuanto ha sido materia de agravios por esta parte.

IV. Cabe ahora analizar el recurso interpuesto por la demandada.

Insiste la entidad bancaria en que no ha incurrido en incumplimiento contractual pues la transferencia de remesas no pudo llevarse a cabo en tanto era necesario que la actora cumpliera con ciertos recaudos informativos que omitió.

De la lectura de la contestación de demanda –única pieza en la que se hace una referencia concreta sobre el asunto- surge que la actora habría omitido la acreditación del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y previsionales y que no habría informado su clave de identificación fiscal.

Respecto de este último elemento, lo expuesto por la entidad bancaria aparece desmentido por la declaración jurada que obra copiada en fs. 82 con sello y firma de recepción (ver pto. 1.1).

En cuanto al cumplimiento de las obligaciones tributarias y previsionales, no se ha invocado ni acreditado que la entidad bancaria efectuara el requerimiento respectivo a la actora. De hecho, tampoco se aprecia demostrado que hubiera mediado rechazo de la solicitud la transferencia de fondos al exterior por haberse incurrido en tal omisión.

Al margen del alcance general que puedan tener las comunicaciones del Banco Central, y aun en la hipótesis de que se admita que regulan directamente la vinculación contractual entre el banco y sus clientes, lo cierto es que no puede pasarse por alto la cuantiosa –y a veces confusa- actividad legisferante que se desarrolló en nuestro país en la época de los hechos analizados.

La específica regulación relativa al envío de divisas al extranjero no comportó una excepción en ese cuadro de situación, según se desprende del informe del Banco Central de la República Argentina que obra en fs. 244/256 y que da cuenta de la cantidad de directivas emanadas de esa autoridad de control sobre el tópico (cuatro comunicaciones "A" y una Comunicación "C" publicadas en el Boletín Oficial sólo entre los días 14/12/2001 y 19/12/2001 y otras muchas a partir del 23/1/2002).

De hecho la comunicación A-3382 en que la demandada fundó el incumplimiento de la actora fue publicada el día 18/12/2001, es decir, cuando la actora ya había cumplido varios de los recaudos que la entidad bancaria venía requiriendo (ver fs. 74/80).

Es en tal situación, que la entidad bancaria debió demostrar aquí –para liberarse de responsabilidad- haber anoticiado al cliente respecto de la existencia de ese recaudo específico pendiente de cumplimiento, no sólo en razón de las obligaciones que como mandatario había asumido (art. 245, CCom.), sino también porque era quien estaba en mejores condiciones para conocer la legislación que día a día se iba modificando y actualizando.

Consecuentemente, es responsable de la circunstancia de que esa transferencia de divisas no se hubiera podido llevar a cabo antes de que, a raíz del dictado de los decretos 71/2002 y 214/2002, se transformaran a pesos a una relación de $ 1,40 por cada dólar las sumas depositadas por la actora para cancelar la operación de importación aludida. Y ese es el daño que en el caso se ha producido a la actora y que, por ende, debe ser resarcido.

A partir de las consideraciones precedentes, y las vertidas en ocasión de expedirme sobre los agravios de la actora, aparecen inatendibles las quejas de la entidad bancaria vinculadas con la supuesta creación pretoriana de un régimen de excepción a la normativa de emergencia.

Pues, el monto por el que ha resultado condenada la demandada, es la cuantificación de los daños y perjuicios ocasionados y no el mero cumplimiento de las obligaciones asumidas en su vinculación con la cuentacorrentista.

En definitiva, propondré al acuerdo confirmar la sentencia de grado también en el aspecto sustancial cuestionado por la demandada.

V. Resta únicamente tratar los agravios de la accionada respecto de la imposición de costas decidida por la a quo.

Si bien numéricamente la pretensión de la actora que se rechaza es harto superior a la admitida, ello sólo se relaciona con la índole y cuantificación de los daños invocados.

Pero la accionante ha resultado vencedora sustancial en la contienda pues ha demostrado la existencia de un incumplimiento contractual imputable a la entidad bancaria, generadora de responsabilidad civil.

Consecuentemente, estimo que cabe confirmar el pronunciamiento en crisis también en cuanto impuso las costas a la demandada (art. 68, CPCCN).

VI. En virtud de lo expuesto hasta aquí, propongo al acuerdo: desestimar las pretensiones recursivas y confirmar la sentencia apelada en todas sus partes. Las costas de alzada se imponen a los apelantes respectivamente vencidos en sus recursos (art. 68, CPCCN).

El Dr. Sala dijo: Comparto los fundamentos vertidos por el juez preopinante por lo que adhiero a la solución por el propiciada, en consecuencia, voto en igual sentido.

El Dr. Ramírez adhiere a los votos anteriores.

Por los fundamentos del acuerdo precedente, se resuelve: Rechazar los recursos interpuestos y confirmar la sentencia apelada en todas sus partes. Costas de alzada a los apelantes respectivamente vencidos en sus recursos (art. 68, CPCCN).- M. Arecha. A. O. Sala. R. A. Ramírez.

Delta Ala c. BBVA Banco Francés. 1º instancia

Juz. Nac. Com. 23, secretaría 46, 05/06/06, Delta Ala S.A. c. BBVA Banco Francés S.A.

Transferencia internacional. Incumplimiento. Restricciones al envío de fondos al exterior. Responsabilidad.

La sentencia fue confirmada por la Cámara Comercial.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 23/02/09.

1º instancia.- Buenos Aires, 5 de junio de 2006.-

Vistos: Los autos caratulados “Delta Ala S.A. c. BBVA Banco Francés S.A. s. ordinario”, de trámite en la Secretaría N° 46 de este Juzgado de los cuales resulta:

Delta Ala S.A. promovió demanda contra el Banco Francés S.A. a fin de obtener el cobro de la suma de $185.215,72 más la suma de u$s 8.816,55 con intereses y gastos.

A fin de fundar su pretensión, alegó que su parte tenía derecho a que el demandado le indemnizara los daños que había sufrido como consecuencia de haberse frustrado la operación de importación que refirió, frustración que se había producido en razón de que el banco no había transferido las divisas necesarias al fabricante extranjero.

Adujo, además, que el banco había pretendido indebidamente “pesificar” los fondos que habían sido depositados para ser girados.

Relató cuáles habían sido sus antecedentes, poniendo de resalto que su parte había sido designada representante y distribuidora mayoritaria exclusiva en la República Argentina de World Diagnostics Inc. de los Estados Unidos, refiriendo las obligaciones que había asumido en virtud de la contratación.

Afirmó que en noviembre de 2001 su parte había efectuado el primer pedido de productos a la firma representada requiriendo al demandado que procediese al giro de los fondos correspondientes a la factura respectiva a favor del proveedor.

A estos efectos afirmó haber transferido el día 11 de diciembre de ese año la suma de u$s 8.816,55 y depositado –el 19 de del mismo año- el importe de u$s 100 para gastos de envío.

El banco, según adujo, no efectuó la transferencia en razón de que, tras convertir dichos fondos a pesos al cambio $1,40 por cada dólar, afirmó que el importe depositado no era suficiente.

Sostuvo la actora, asimismo, que como consecuencia de tal frustración su contrato con World Diagnostics había quedado sin efecto.

Afirmó que, al tiempo en que habían sido depositados los fondos, no existía norma alguna que impidiera su giro para el pago de la aludida importación.

Citó el decreto n° 1570/01, haciendo referencia a que el mismo prohibía las transferencias al exterior con excepción –entre otras- de las correspondientes a operaciones de comercio exterior.

También refirió otras disposiciones que, en el mismo sentido, ratificaban que no existía inconveniente alguno para que el demandado diese curso al aludido giro.

Sostuvo que los fondos habían sido indebidamente convertidos a pesos toda vez que al 19 de diciembre de 2001 su parte ya había dado cumplimiento a todos los recaudos exigidos por el banco para efectuar la transferencia.

Detalló los rubros que integraban la demanda.

En tal sentido, expresó que desde su constitución como sociedad hasta el día 31-7-02 su parte registraba una pérdida acumulada de $61.415 por no haber podido iniciar las actividades comerciales propias de su objeto en razón de las circunstancias relatadas.

Asimismo adujo que la presidente y contadora de la compañía habían realizado una intensa actividad profesional destinada a iniciar la gestión que por culpa del demandado se había frustrado.

Destacó que el aporte personal no dinerario de esas socias había consistido en 1.238 horas de trabajo, por lo que, a un valor de $100 cada hora, esos aportes representaban la suma de $123.800.

Reclamó asimismo que el demandado fuera condenado a devolver a su parte la suma de u$s 8.816,55, entregada con motivo de la operación frustrada.

Ofreció prueba.

II. A fs. 189 se imprimió a las actuaciones el trámite del juicio ordinario y, conferido el traslado de la demanda a fs. 209/216 se presentó el demandado solicitando su rechazo.

Tras negar los hechos invocados por la actora adujo que, a los efectos de juzgar el conflicto debatido en autos, debían tenerse presente las circunstancias y sucesos extraordinarios vividos en la República a fines de 2001, los que habían motivado, además de feriados bancarios, prohibiciones y restricciones a la transferencia de sumas de dinero al exterior.

Esto último, según adujo, era lo que había sucedido en el caso de autos.

Citó la normativa del Banco Central de la que se desprendía lo dicho.

Afirmó que, si bien las operaciones de comercio exterior hacían excepción a lo dicho, ello era así siempre y cuando hubieran contado con la intervención directa de una entidad financiera, lo que no había ocurrido en el caso de autos.

Derivó de ello que, a los efectos pretendidos por la actora, ella debía cumplir con los requisitos informativos de la Comunicación A 3382 del 7-12-2001, a saber: a) acreditar el cumplimiento de obligaciones tributarias y previsionales; b) identificación personal del solicitante y su clave de identificación fiscal; c) importe, moneda, fecha de liquidación y concepto según el nomenclador que correspondiera a la luz del anexo a dicha comunicación; d) declaración jurada sobre los puntos que citó.

Afirmó que la actora no había acreditado en su momento el cumplimiento de tales requisitos, ni lo había hecho al demandar.

De ello derivó que se había encontrado imposibilitada de transferir dinero al exterior sin la autorización del Banco Central.

Negó, en consecuencia, que correspondiera endilgar a su parte responsabilidad por el asunto, como así también los perjuicios que la demandante había reclamado en estos autos.

Ofreció prueba.

Abierta la causa a prueba, se produjo la oportunamente ofrecida y se llamaron los autos para dictar sentencia.

Y considerando: Como surge de la reseña que antecede, no es hecho controvertido que la actora dio al banco demandado las instrucciones necesarias para realizar la transferencia que refirió en la demanda.

Tampoco lo es que tales transferencias tenían por finalidad cancelar la factura de importación que fue indicada por la demandante.

Finalmente, también fuera de cuestión se encuentra que el banco no cumplió con dicha transferencia.

La cuestión litigiosa, en cambio, transita por dilucidar si las razones invocadas por la entidad para justificar su omisión son idóneas para liberarla de responsabilidad.

Antes de abordar la cuestión de fondo, no puedo sino destacar el matiz profundamente enojoso que presenta la cuestión.

Y ello pues, en rigor, las circunstancias fácticas que tuvieron lugar en la época en que sucedieron los hechos ponen de relieve un obrar del Estado que, aunque lícito, generó daños.

No obstante, no me parece que –en el caso- el banco pueda considerarse, como ha pretendido, tan ajeno a las circunstancias que derivaron en su incumplimiento, dada su mayor responsabilidad institucional en los hechos que me ocupan.

Y ello pues, confrontada la posición de la actora con la del demandado, es claro que la de éste resulta más comprometida, en tanto él es parte del sistema que se quiso preservar mediante las normas que su parte invocó para no cumplir.

Por otro lado, y si bien es verdad que, en su carácter de sujeto superintendenciado, el nombrado debe cumplir las disposiciones que dicta el Banco Central, la defensa no puede finalizar con tal alegación.

Y ello, porque esas normas no se trasladan sin más a los vínculos que traba aquél con cada uno de los terceros con quienes contrata, vínculos que escapan a dicha superintendencia y se rigen sólo por el derecho común.

En tal marco, es bien dudoso que asista al demandado derecho a respaldarse en esas normas superintendenciales para relevarse de la responsabilidad de no haber cumplido con una transferencia que, como la que me ocupa, no perseguía la “fuga” de ningún capital –que era lo que mediante dichas normas se perseguía evitar-, sino pagar una deuda que su cliente tenía contraída y cuyo incumplimiento habría, como es normal, de generar el perjuicio que hoy no se aviene a reparar.

Agrégase a lo expuesto que, contrariamente a lo que el banco pretendió, su obrar exhibe, además, falta de diligencia.

En efecto: contrariamente a lo que su parte afirmó, la transferencia pretendida por la actora al exterior no se hallaba prohibida, sino sujeta al cumplimiento de los recaudos previstos en la Circular del Banco Central que aquél citó.

La pretensión del banco de que la actora no había podido efectuar esa transferencia por no haber cumplido con esos requisitos es inconducente a los efectos que él pretende.

Y ello pues, instruido como se hallaba en el sentido de que era su deber practicar tal transferencia, forzoso es concluir que dentro de tal deber también se encontraba el de actuar con la diligencia necesaria para superar los inconvenientes que le impidieran cumplir.

En el caso, debió –como mínimo- anoticiar a la actora acerca del contenido de las normas del B.C.R.A. cuyo incumplimiento hoy le reprocha, dado que la demandante no tenía obligación de conocer esas normas, desde que ellas no revisten la calidad de ley.

No hay constancia en el expediente que acredite que el demandado haya cumplido con tal deber, omisión que vuelve improcedente su defensa en tanto la misma conlleva alegación de propia torpeza.

Tales argumentos son suficientes, a mi juicio, para tener por configurado en autos el hecho ilícito que al banco se ha imputado.

Corresponde, por ende, evaluar los daños.

En primer término es claro que el demandado debe devolver a la actora la suma de u$s 8.816,55 que ésta le entregó con motivo de la operación frustrada.

Y debe hacerlo respetando la moneda extranjera de que se trata desde que el destino –girar los dólares al exterior- del depósito que la nombrada efectuó descarta que haya asistido a la entidad la posibilidad jurídica de proceder a su pesificación.

En cambio, no son a mi juicio procedentes los rubros indemnizatorios vinculados con la imposibilidad que la actora alegó de iniciar las actividades propias de su giro.

Según ésta adujo, ello había sucedido a causa de la frustración de la aludida operación.

Con prescindencia de si ello se probó o no, es mi convicción que tal vicisitud no guarda con el incumplimiento imputado al banco ninguna relación causal jurídicamente relevante.

Baste a estos efectos con destacar que el autor de un hecho sólo responde por las consecuencias inmediatas de tal hecho y por las mediatas cuando ha podido preverlas (arts. 903 y 904 del Código Civil), y no por las consecuencias puramente casuales o remotas (arts. 905 y 906 del mismo código).

Suponer que la actora desaparecería del mercado por la frustración de la aludida operación se presenta, en la especie, como una hipótesis que el banco no podía prever.

Y ello pues, por lo general, un importador no desaparece del mercado por no haber podido realizar una aislada operación de importación, sin que en el caso se hayan aportado datos que puedan hacerme presumir que el banco sí sabía que en la especie habría de suceder algo que no acostumbra a suceder.

A este primer argumento, agrego otro de no menor entidad.

Él viene dado por la circunstancia de que, aun cuando la actora ha acreditado la puesta en marcha del emprendimiento que invocó, no ha acreditado que su relación con su contratante del exterior se haya roto a raíz de la frustración de esa importación.

No acreditado ese extremo, tampoco puedo presumirlo, pues no me resulta verosímil que un contrato de distribución como el invocado sea rescindido con el único sustento de que el distribuidor no pudo, sin su culpa, practicar una de las continuas importaciones que el convenio llevaba implícitas.

Distinto hubiera sido si la actora hubiera reclamado el lucro frustrado a causa de la imposibilidad en la que se encontró de comercializar la mercadería comprendida dentro de la aludida importación.

Pero reclamó otra cosa, sin siquiera proporcionar elementos idóneos que permitirme estimar cuál pudo haber sido ese lucro perdido.

En tal marco, la pretensión de que la demandada debe cargar con las pérdidas acumuladas por la actora a partir de su constitución –estimadas por ella en la suma de $61.415- más el aporte personal de las socias –que habría consistido en 1.238 horas de trabajo a un valor de $100 cada hora- no puede prosperar por carecer de adecuada relación causal con el incumplimiento imputado al banco.

Por lo expuesto fallo: hacer lugar parcialmente a la demanda promovida por Delta Ala S.A. contra el Banco Francés S.A. y, en consecuencia, condenar a éste a pagar a la primera la suma de u$s 8.816,55 –con más un interés del 3% anual que se computará a partir del 19.12.01- dentro de los diez días, rechazando lo demás solicitado. Costas al demandado en razón de que, aun cuando la demanda prospera sólo en forma parcial, fue éste quien con su conducta obligó al inicio de esta acción. Difiérese la regulación de honorarios hasta tanto exista base patrimonial firme sobre la cual calcular los coeficientes arancelarios. Notifíquese por Secretaría.- J. Villanueva.

Sermaco SRL s. concurso s. incidente por Banco Patagonia Sudameris. 2º instancia

CNCom., sala A, 04/09/07, Sermaco SRL s. concurso preventivo s. incidente de revisión promovido por Banco Patagonia Sudameris S.A. s. incidente de revisión.

Concurso preventivo en Argentina. Verificación de crédito. Crédito documentario. Dec. 410/02. Pesificación. Excepciones. Operación de comercio exterior.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 20/02/09.

2º instancia.- Buenos Aires, 4 de septiembre de 2007.-

Y vistos: 1.) Apeló la sindicatura la resolución dictada en fs. 427/429 en cuanto declaró aplicable a la especie las previsiones del Decreto 410/02 y sus normas complementarias y, por ende, declaró verificada la obligación insinuada por el acreedor en la moneda originariamente pactada (dólares estadounidenses), por residir la causa de aquélla en una apertura de crédito documentario para instrumentar una operación de compraventa internacional.

Los fundamentos fueron expuestos en fs. 432/433 y respondidos en fs. 435/439.-

2.) La recurrente se quejó de la decisión adoptada en la anterior instancia con sustento en que las disposiciones del Decreto 410/02, en cuanto disponen que no se encuentran incluidas en la pesificación las financiaciones vinculadas al comercio exterior otorgadas por las entidades financieras, con las condiciones y requisitos que el Banco Central determine, entran en conflicto con la previsión que deben "pesificarse" las obligaciones pagaderas en la República Argentina.

3.) El planteo de la apelante impone realizar una distinción entre el negocio base y las diversas operaciones que concurren en la formalización de la compraventa internacional de mercaderías, cuyas prefinanciaciones precisamente constituyen el objeto de este proceso (v. fs. 91/127), ya que el agravio del síndico encuentra fundamento en que estas últimas resultan pagaderas en la República Argentina. Sin embargo, no () debe perderse de vista que al diverso haz de relaciones que una operatoria internacional de importación presupone, debe sumársele el haz de relaciones jurídicas derivado del pago de una operación de comercio exterior y los vínculos resultantes del crédito documentario concertado a efectos de la instrumentación de aquélla.

En este sentido, debe puntualizarse que la normativa de emergencia previó que, cuando para un caso iusprivatista internacional de compraventa, por el juego de normas de derecho internacional privado resulta aplicable el derecho argentino, le son aplicables también las disposiciones sobre la conversión de la moneda propias de la legislación de emergencia del derecho local, ello, a contrario sensu, importa respetar la solución de un derecho extranjero cuando éste resulte aplicable al fondo de la relación de que se trate.

Sin embargo, en punto a las financiaciones de importaciones y exportaciones vinculadas a operaciones propias de comercio exterior, el Decreto 410/02 dispuso que aquéllas, en ningún caso, se encuentran comprendidas en la conversión a pesos establecida por el art. 1 ° del Decreto 214/02 y que se debe respetar la moneda de origen, solución que fue adoptada por el a quo en el fallo apelado.

Pues bien, es claro que la sola circunstancia de que la obligación encuentre su causa en operaciones internacionales no implica per se, excluirla de la conversión a pesos establecida por el art. 1° del Decreto 214/02, salvo que se confirmen las excepciones legalmente previstas. Así las cosas, en el caso el recurrente no invocó ni probó, ante lo decidido por el Señor Juez de Grado, que las acreencias resultantes de la operación base de las presentes actuaciones escapasen a las excepciones que para la "pesificación" prevén el Decreto 410/02 y la Comunicación A 3507 BCRA y sus modificatorias. En suma, nada se ha aportado que logre desvirtuar las conclusiones del a quo; el apelante se limitó a señalar dos hipótesis jurídicamente diferentes, sin extraer de su mera enunciación conclusión alguna aplicable al sub lite.

Así las cosas, es de remarcar que este tribunal se ha guiado siempre con un criterio de amplia tolerancia para ponderar la suficiencia de la técnica recursiva exigida por el art. 265 de la ley adjetiva, por entender que tal directiva es la que más adecuadamente armoniza el cumplimiento de los requisitos legales impuestos por la antes citada norma, con la garantía de defensa enjuicio de raigambre constitucional. De allí entonces que el criterio de apreciación al respecto debe ser amplio, atendiendo a que, por lo demás, los agravios no requieren formulaciones sacramentales, alcanzando así la suficiencia requerida por la ley procesal cuando contienen en alguna medida, aunque sea precaria, una crítica concreta, objetiva y razonada a través de la cual se ponga de manifiesto el error en que se ha incurrido o que se atribuye a la sentencia y se refuten las consideraciones o fundamentos en que se sustenta para, de esta manera, descalificarla por la injusticia de lo resuelto.

Pero también se ha dicho, en forma reiterada, que no obstante tal amplitud en la apreciación de la técnica recursiva, existe un mínimo por debajo del cual las consideraciones o quejas traídas carecen de entidad jurídica como agravios en el sentido que exige la ley de forma, tal como ocurre en el sub lite en donde el apelante no plantea otra cosa que una disconformidad con lo decidido en la anterior instancia. Y es que no resulta legalmente viable discutir el criterio judicial sin apoyar la oposición en basamento idóneo o sin dar razones jurídicas a un distinto punto de vista (conf. esta sala in re "Superintendencia de Riesgos de Trabajo c. Omega ART SA", 27-8-99, entre muchos otros).

En la especie la queja traída no reúne la exigencia adjetiva mencionada por la norma citada precedentemente, puesto que en dicho escrito el recurrente no se hace cargo del fundamento tenido en cuenta por el magistrado de grado para adoptar la solución apelada, como es que resulta aplicable al sub examine la excepción que a la "pesificación" previo el Decreto 410/02.

Ha quedado desatendida entonces, la regla impuesta por el CPCC: 265.

4.) Por todo ello, esta sala resuelve: rechazar el recurso incoado en fs. 430 y, por ende, confirmar el decreto dictado en fs. 427/429 en lo que ha sido materia de agravio. Imponer las costas a la fallida, dada su condición de vencida en esta instancia. Devuélvase a primera instancia encomendándose al Sr. Juez a quo disponer las notificaciones pertinentes.- A. A. Kölliker Frers. I. Míguez. M. E. Uzal.

Sermaco SRL s. concurso s. incidente por Banco Patagonia Sudameris. 1º instancia

Juz. Nac. Com. 8, secretaría 16, /06/06, Sermaco S.R.L. s. concurso preventivo s. incidente de revisión por Banco Patagonia Sudameris S.A.

Concurso preventivo en Argentina. Verificación de crédito. Crédito documentario. Dec. 410/02. Pesificación. Inconstitucionalidad. Rechazo. Excepciones. Falta de análisis. Fundamentación dogmática y voluntarista.

La sentencia fue confirmada por la Cámara Comercial.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 19/02/09.

1º instancia.- Buenos Aires, de junio de 2006.-

Y vistos: 1. La incidentista a fs. 261/265 promueve el presente incidente de revisión en los términos de la LC:37, contra lo decidido por el tribunal en la oportunidad de emitir opinión respecto de los créditos insinuados en autos principales, tal como lo prescribe el art. 36 de ese cuerpo legal.

El planteo efectuado tiene por finalidad el reconocimiento del crédito pero en la moneda en que originariamente fue concebido.

Los incidentistas efectúan un extenso desarrollo en miras de poner en conocimiento del juzgado el origen de la obligación, su monto y privilegio.

2. Conferido el pertinente traslado, el mismo es contestado por la concursada a fs. 275/78 planteando la excepción de defecto legal y la inconstitucionalidad del dec. 410/02, lo cual es contestado a su vez por el incidentista a fs. 413/416.

Por su parte la sindicatura a fs. 281/83 y fs. 423 procede a evacuar el pertinente traslado.

3.i. Sostiene la concursada, como fundamento de la excepción interpuesta, que la documentación en idioma extranjero no contiene la correspondiente traducción que prescribe la normativa respectiva, y que por ello se ve impedida de ejercer su derecho de defensa en juicio.

Ante ello, la incidentista manifiesta que esa misma documentación que la concursada dice hoy desconocer es la misma que se acompañara al momento de efectuarse la verificación tempestiva, no siendo entonces observada por la deudora. Que, ante la mención de efectuarse diversas operaciones de igual índole, ello es fácilmente comprobable con la indicación del número de facturación.

La situación descripta no coloca a la concursada en un estado de indefensión, ni en serias dificultades como para realizar una debida refutación, por cuanto juzga el suscripto que en virtud de su actividad empresarial y que diera cuenta en la presentación concursal, no puede inferirse ahora la imposibilidad de ejercer una adecuada defensa de su derecho.

Por consiguiente el planteo efectuado será rechazado.

ii. Por otro lado, la deudora ha planteado la inconstitucionalidad del dec. 410/02, de la cual se derivan las excepciones a la regla de pesificación contempladas por las normas dictadas por nuestra legislación nacional en virtud de la crisis económica-financiera que atravesara el país a fines del año 2001.

Para ello, es dable mencionar la causa del crédito cuyo reconocimiento se pretende verificar.

Se trata de operaciones financieras internacionales instrumentadas a través de la documentación que en copia obra glosada a fs. 91/126. Esas obligaciones comerciales fueron contraídas con el banco revisor como agente de operación financiera. (v. fs. 193/196).

Aclarado ello, el Sr. Agente Fiscal emitió dictamen, conforme constancias que anteceden; consecuentemente corresponde expedirse en torno a la impugnación constitucional aludida.

iii. Los argumentos vertidos por el Sr. Agente Fiscal, que este Tribunal comparte y por evidente razones de celeridad y economía procesal hace suyos aquí, son suficientes para confirmar la aplicación del dec. 410/02 y sus decretos complementarios y en consecuencia, declarar la verificación del crédito pretendido por el incidentista en su moneda de origen.

Nótese que por derivación de esa conclusión, el crédito objeto de autos aparece subsumido en las disposiciones del decreto nacional 410/02:1 y ss. De modo que no se trata de un crédito incluido en la conversión a pesos establecida por el art. 1 del decreto nacional 214/02. Ergo, no afecta los principios constitucionales de igualdad que ampara nuestra carta magna en su art. 16.

Ese principio constitucional consagra el derecho a que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de los que se concede a otros iguales circunstancias (conf. arg. CSJN, 1.11.99, D. de O.V.A. c/ O.C.H. s/ impug. de pater. Tº 322).

El decreto nacional 410/02 estableció reglas similares para las obligaciones enumeradas en el artículo 1º de ese cuerpo legal, de modo que refuerza el concepto de que no afecta en el caso dicho principio.

Consecuentemente, corresponde acoger favorablemente lo solicitado por el acreedor revisionante.

Las costas se imponen en el orden causado, en atención a la naturaleza de la materia en decisión.

4. Por ello, resuelvo: a) Rechazar la excepción de defecto legal y la inconstitucionalidad interpuestas por la concursada. b) Hacer lugar al incidente de revisión impetrado por el Banco Patagonia Sudameris SA, declarándose verificada las suma de Dólares Estadounidenses doscientos cuarenta y siete mil doscientos cincuenta y siete con treinta y tres centavos (U$S 247.257,33) como quirografario. c) Costas por su orden.

5. Notifíquese.-

Paloschi de Pis Diez, Ethel c. Marsans Internacional

CNCiv., sala J, 02/03/00, Paloschi de Pis Diez, Ethel S. y otros c. Marsans Internacional.

Cooperación judicial internacional. Notificación. Tercero citado con domicilio en Francia. Exhorto. Regularidad. Presunción. Suspensión de la ejecución de la sentencia. Rechazo.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 18/02/09, en LL 2000-F, 111 y en DJ 2000-2, 1254.

2º instancia.- Buenos Aires, 2 de marzo de 2000.-

Considerando: A fs. 1121, el magistrado de grado resuelve no hacer lugar al pedido de la demandada de suspensión del presente trámite y remite nuevamente los autos al Superior para que entienda en las apelaciones oportunamente deducidas.

Sabido es que "los supuestos de intervención obligada, llamada también coactiva, provocada o forzosa son: 1°) La citación del sujeto pasivo de una eventual pretensión regresiva o del colegitimado, que comprende los casos comunes de pretensiones regresivas y la citación por evicción o saneamiento; 2°) la citación del legitimado para intervenir -"nominato auctoris"- y 3°) la citación del tercero (CNCiv., sala C, 28/11/75, ED; 66-131). Estas diversas situaciones pueden ser susceptibles de englobarse bajo la denominación genérica de la denuncia de litis -"litis denuntiatio"-, que tiene lugar cuando alguna de las partes tenga interés en que sea citado al proceso un tercero que podría haber asumido, junto con ella la posición inicial de litisconsorte, en razón de revestir el carácter de cotitular del derecho en que se sustenta la controversia (CNCiv, sala C, 10/11/75; LL 1976-A, 194). La finalidad del instituto es lograr que la sentencia a pronunciarse produzca contra el tercero efecto de cosa juzgada en un eventual proceso posterior (CNCiv., sala A, 6/5/80, JA 1981-I-610), al haber sido debidamente resguardada la garantía de la defensa en juicio (art. 18, Constitución Nacional) y; de tal modo; se evitara el dispendio jurisdiccional y la reiteración de pleitos, en orden a una mayor economía procesal (Ex. CNEsp. Civ. y Com., sala III, 30/11/79; JA 1980-II-570). También a través de esta institución se impide que la sentencia pueda resultar de cumplimiento imposible, por la inaudiencia del tercero (CNCiv., sala F, 1/3/77, LL 1978-B, 661)".

"Cuadra reiterar aquí la intervención obligada de terceros es una medida excepcional, debiendo la misma interpretarse con criterio restrictivo (CNCiv., sala A, 23/12/74, ED, 61-624), en especial cuando es pedida por el demandado ya que conduce a que el actor tenga que litigar contra quien no ha elegido como contrario (CNCiv., sala D, 7/8/78, LL 1978-B, 370)".

"En un mismo orden de ideas se ha expuesto que cuando el tercero es citado a iniciativa de la demandada, sólo se trata de poner en su conocimiento el pedido de intervención, a fin de que, si así lo desea, haga saber –y no, estrictamente, valer- los derechos que estime corresponder (CNCiv., sala A, 30/10/81, LL 1982-A, 297). Esta citación de tercero dispuesta a pedido de la demandada no importa - en principio y salvo supuestos especiales, como la citación de legitimado para intervenir- conferir a aquél la posición de demandado frente al actor (CNCiv., sala A, 30/10/81, LL 1982-A, 297). Y si bien su incorporación al proceso importa asumir la calidad de colegitimado, no puede ser considerado "estricto sensu" como demandado, porque la actora no le dirigió reclamo alguno, no modificando tal situación la circunstancia de que esta última prestara expresa conformidad a la citación en oportunidad de responder al traslado conferido a fin de resguardar el principio de contradicción, si se limitó a expedirse solamente sobre la solicitud (CNFed. Civil y Com., sala II, 22/12/81, ED 98-312). No se introduce así un nuevo protagonista principal a la contienda; ya que el tercero citado no es un nuevo demandado, sino que el fundamento de la intervención coactiva de una eventual pretensión regresiva, como viene siendo expuesto, reside en la conveniencia de evitar que, en el futuro proceso, pueda oponérsele la excepción de negligente defensa (CNCiv., sala C, 5/11/75; LL 1976-A, 430)".

"Simplemente esta intervención del tercero da lugar a la denominada adhesiva, adherente, accesoria o coadyuvante de la parte demandada de lo cual se deriva como ha sido señalado precedentemente, que el eventual sujeto pasivo de una acción regresiva en caso de que prospere la pretensión deducida por la actora, puede intervenir –si así lo desea- apoyando a que triunfen las razones de la parte demandada (CNCiv., sala F, 30/5/80, ED 90-498)".

"Consecuentemente, no puede hablarse de legitimación sustancial o procesal del tercero citado por el demandado a los efectos del artículo 94 del ordenamiento procesal, si ninguna relación con éste se ha puesto en tela de juicio (CNCiv., sala D, 30/4/81, LL 1982-A, 226)".

"Como correlato de ello, su incomparecencia no justifica que se lo declare rebelde (CSN, 12/7/77, Fallos, 298:341) y la medida de la intervención que se le reconoce no lo autoriza a invocar defensas que le son personales, porque él no ha sido parte demandada en la controversia de que se trata (CNCiv., sala B, 13/10/83, LL 1983-A, 447)".

Ahora bien, en atención al carácter que reviste Compagnie Générale D'Entreprise Automobile como tercero citado por el aquí demandado, como así también, que la misma fue debidamente citada al proceso y no compareció, dándosele por decaído el derecho (ver fs. 162/163 y fs. 340 vta. y 334/335), y, que ante la notificación de la sentencia dictada en autos, el responsable de dicha compañía, (quien fuera regularmente convocado), no se presentó a las diversas citaciones efectuadas por la policía, resulta más que evidente su desinterés en apoyar las razones de la parte demandada (única posibilidad de intervención en el presente juicio).

No puede dejar de ponderarse tampoco que no resulta factible dictar condena contra el tercero obligado citado al proceso a propuesta del demandado y que constituye con éste un litisconsorcio pasivo facultativo, (conf. CNCivil, en pleno, marzo 4-992, "in re": "Balebona, Manuel c. Storzi, Daniel", LL 1992-B, 264, id: ED 146/47), resultando claro del dispositivo II del fallo que la condena alcanza a Viajes Marsans S.A.C.F y M., exclusivamente, en orden a todo lo cual el argumento de la supuesta facultad de recurrir el decisorio se torna totalmente inerme.

Amén de ello, debe destacarse que el propio apelante consintió "ab initio" los modos en que habrían de efectivizarse las notificaciones al tercero, citado por el mismo, no pudiendo entonces en este estadio válidamente en virtud de lo que se asevera en el memorial en estudio acerca que se vulnerarían hipotéticamente derechos de la citada; dilatarse por mas tiempo el trámite del presente, pudiéndose llegar a colegirse, por el contrario, que se podría arribar a una suerte de desbaratamiento de derechos de la otra parte litigante.

El tercero tomó conocimiento del juicio y nunca se presentó en autos, brindándosele una leal oportunidad de defenderse y/o de estar a derecho, llegando a deponer a través de la vía elegida, no cuestionándose jamás, como se anticipara, los modos utilizados, siendo de destacar la desidia demostrada por la quejosa en practicar lo que ahora advierte como necesario a los efectos que no le pudiera ser opuesta, en el terreno conjetural, la excepción de negligente defensa, naturalmente si ella misma, de confirmarse la condena, decidiera iniciar una acción de regreso.

El acto de gestión del estado extranjero convocado a prestar este auxilio judicial internacional, cabe presumir que ha sido realizado conforme a derecho y de acuerdo a la normativa vigente en su territorio al ejercer su jurisdicción.

Nada hace pensar que el cumplimiento del exhorto en el país galo no hubiera sido efectuado por el funcionario delegado con arreglo a las leyes e instrucciones vigentes en el mismo, debiendo destacarse que se halla devuelto debidamente cumplimentado y autenticado, y la alusión que se refiere a que la citada no se dignó comparecer pese a las reiteradas notificaciones que se le hicieran, por ante la policía judiciaria en orden a retirar el acta que le estaba destinada, implica necesariamente que tomó noticia de ello, toda vez que ningún indicio se advierte de la diligencia acerca de que no hubiera sido encontrada en el domicilio o que el consignado no fuera el que le correspondiere, cuestión por lo demás, ampliamente consentida por la interesada en la notificación a ultranza.

Se hace evidente por lo demás que el funcionario que ha intervenido en el cumplimiento de la comisión rotatoria ha sido el adecuado para este tipo de trámites, no pudiendo válidamente exigirse a aquel una intervención mas allá de las que conforman sus obligaciones legales, dado que entraríamos en el control de la validez legal de actos cumplidos por la justicia exhortada, que conforme a antigua y reiterada doctrina y jurisprudencia, corresponde tener por válidos y adecuados, dado que los exhortos y cartas rogatorias siempre se diligencian con arreglo a las leyes en donde se demanda su ejecución.

Por otra parte no debe soslayarse que el tiempo oportuno para oponerse a la actividad judicial extranjera llega si se pide reconocimiento y ejecución de la sentencia foránea, que en el caso de autos, como se advierte, resulta imposible derechamente, por lo que no procede desestimar una rogatoria cumplida, aun cuando adoleciera de deficiencias –lo que no ha sido ni alegado ni probado-, cuando el objeto era un anoticiamiento que no causa instancia, cuyo modo de cumplimiento hace presumir la legalidad del acto y el cumplimiento de la normativa vigente en el Estado exhortando. No correspondiendo extender las facultades procesales del tercero citado, mas allá de los límites a que dio lugar su intervención.

Los temores que manifiesta la quejosa unidos al interés legítimo que esgrime para intentar la revocatoria, pueden hallar una vía de canalización muy sencilla a través del efectivo cumplimiento del compromiso que asume de notificar por su cuenta y cargo los pronunciamientos que desee a la tercera citada, ver fs. 1185, y que el magistrado de grado ponderara en su decisorio de fs. 1121.

En consecuencia no cabe mas que confirmar lo resuelto por el a quo, por encontrarse el decisorio ajustado a derecho y a las constancias de autos.

Es por todo ello que el tribunal resuelve: Confirmar la resolución apelada, con costas en esta instancia a la apelante perdidosa (art. 68, Cód. Procesal).- A. M. Brilla de Serrat. Z. Wilde. B. E. F. Zaccheo.