Rivadavia c. Probursa s. tercería por Salt Card

CNCom., sala C, 11/08/09, Rivadavia S.A. c. Probursa Soc. de Bolsa S.A. s. ordinario (tercería por Salt Card S.A.).

Sociedad constituida en el extranjero (Islas Vírgenes Británicas). Domicilio social en Uruguay. Poder otorgado en el extranjero (Panamá). Excepción de falta de personería. CIDIP I de poderes. Declaraciones interpretativas de Argentina. Sociedad mandante. Existencia. Representación invocada por el otorgante. Plazo adicional para acompañar documentación. Capacidad del otorgante. Validez intrínseca. Legalización. Convención de La Haya de 1961. Apostille. Mandatario general con facultades de administrar. Ley de Ejercicio de la Procuración ante los Tribunales Nacionales: 1, 15.

Vale aclarar que, contrariamente a lo sostenido en el fallo, la Argentina no ha realizado ninguna reserva a la CIDIP I de Poderes. Si se han realizado, y a eso parece referirse el tribunal, dos declaraciones interpretativas. Esta información, al igual que los países signatarios, puede consultarse en el sitio de la OEA.

La sala C parece haber cambiado su criterio acerca de la interpretación del art. 15 de la ley 10.996. En el caso Dresdner Bank Lateinamerika A.G. c. Monis, Ricardo había dicho: “no puede considerarse que la promoción de una acción judicial configure ninguno de los supuestos de excepción previstos por el art. 15 ley cit. ya que excede el ámbito de la mera administración”.

El fallo ha sido remitido por M. del Campo a quien agradezco la gentileza.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 30/10/09.

2º instancia.- Buenos Aires, 11 de agosto de 2009.-

Y vistos: 1. Vienen estos autos a la Alzada con motivo de la apelación contra la resolución de fs. 213/216 mediante la cual la juez de primera instancia desestimó diversas excepciones que en esta tercería había deducido Salt Card S.A., es decir la parte actora del juicio al que se refiere este expediente.

Las excepciones en cuestión, tal como fueron tratadas por la juez, consistieron en las de falta de personería de quien se presentó en la demanda como apoderado de Rivadavia S.A., arraigo y falta de personería y legitimación para obrar en la actora.

2. Por una razón de orden metodológico y economía procesal, corresponde en primer término examinar la excepción de falta de personería de quien invocó poder de esa sociedad. En su caso, se abordarán las restantes excepciones, toda vez que una lógica en la secuencia procesal exige definir antes que nada si quien se apersonó ante el juzgado de primera instancia revestía la calidad probada de apoderado.

3. Cuando la excepcionante dedujo la defensa en tratamiento, alegó que Gerardo Gerson, quien invocó ser "apoderado de Rivadavia S.A." (v. escrito de inicio, fs. 119), no había especificado su número de documento de identidad ni que fuera abogado o procurador, por lo cual no () podría presentarse en representación de Rivadavia S.A., una persona jurídica extranjera. Alegó también que el nombrado Gerson no ejercía una representación legal, desempeñada en cambio por el director de la sociedad que le había otorgado el poder (Mario A. Díaz). La excepcionante agregó que Gerson habría debido ceder o transferir su poder a un profesional matriculado (v. fs. 170).

4. La juez, con respecto a la personería de Gerardo Gerson, consideró suficiente la documentación adjunta a la demanda para tener por acreditada la capacidad de aquél para representar a Rivadavia S.A. Precisó que la alegación basada en la ausencia de mención del número de documento de identidad no había sido respaldada por prueba en los términos del art. 377, cód. procesal. Por último, observó que Gerson se había presentado con patrocinio letrado.

5. La apelación fue interpuesta por la excepcionante, que sostuvo su recurso mediante el memorial de fs. 227/230, contestado por la tercerista a fs. 236/237.

La recurrente reiteró lo argumentado ante la instancia de grado. Si bien no cuestionó el carácter de apoderado de Gerson, sí controvirtió que pudiera presentarse ante los estrados judiciales de este fuero.

6. Considera la sala que el recurso es admisible con el alcance que más abajo se indicará.

Según dispone el art. 46, cód. proc., "la persona que se presente en juicio por un derecho que no sea propio, aunque le competa ejercerlo en virtud de una representación legal, deberá acompañar con su primer escrito los documentos que acrediten el carácter que inviste", sin perjuicio de que ante la imposibilidad de allegar esa documentación el juez pueda conferir un plazo adicional para llenar ese recaudo (art. cit., segundo párrafo). Además, pueden realizarse actos sin previo conferimiento de representación en casos urgentes y justificados en los términos del art. 48 del citado código.

Ello quiere decir que, en el caso, en que el Sr. Gerardo Gerson, al presentar la demanda diciendo que actuaba como apoderado de Rivadavia S.A., una sociedad domiciliada en Montevideo, República Oriental del Uruguay, no invocó ninguna circunstancia impeditiva de la demostración de su representación con mandato, tuvo la carga de acreditarla con documentos de cuyo contenido y concatenación surgieran sus facultades para demandar ante los tribunales del país. Cabe consignar que Gerson especificó que el domicilio de constitución de la sociedad habría sido otro y tal es lo que surge de la copia de fs. 7, en donde se lee que Rivadavia S.A. quedó constituida en el territorio de las Islas Vírgenes Británicas, según la "ley de compañías comerciales internacionales" nro. 8 de 1984.

A su vez, la excepción de falta de personería en los representantes del demandante es procedente en caso de aducirse falta de "representación suficiente" (conf. art. 347, inc. 2, cód. proc.). Se admite esta excepción dilatoria en el supuesto de que sea defectuoso o insuficiente el mandato invocado por quien pretende representar al actor (v. Palacio, Lino E.: "Manual de derecho procesal civil", Lexis Nexis-Abeledo Perrot, 17ma. edic., Bs. As., 2003, p. 367).

En ese cuadro normativo, cabe coincidir con la juez de primera instancia en cuanto a la falta de respaldo probatorio de lo argüido por la excepcionante en torno del número de documento de identidad de Gerson. Esa orfandad probatoria subsistió en el memorial recursivo y ello conduce a desestimar la observación, porque carece de la entidad de un agravio en debida forma (art. 265, cód. proc.).

Sin embargo, una detenida lectura de los documentos adjuntos a la demanda de esta tercería no permite tener por acreditado que Gerson haya podido presentarse demandando en autos en representación de la tercerista, aun cuando a fs. 1/4 luce agregada la copia de un poder otorgado por Mario A. Díaz al referido Gerson.

El instrumento de poder aludido no exhibe lugar de confección, pero cabe inferir que fue otorgado en la ciudad de Panamá, República de Panamá, ya que al pie de la firma de Mario A. Díaz y de un testigo luce una certificación notarial de esas firmas, expedida por una escribana de esa ciudad el 2.6.1993 (fs. 4). Al dorso de la certificación mencionada se exhibe copia del sello de la "apostille", previsto por la Convención de La Haya de 1961, el cual tuvo por finalidad legalizar la firma de la escribana. Finalmente, la copia de ese instrumento de otorgamiento de poder fue certificada por escribano según foja a él anexa (fs. 5).

Con independencia de lo argumentado por la recurrente, cabe observar que el tenor del instrumento de poder deja una incertidumbre acerca de si Díaz tenía facultades para conferir el mandato a Gerson.

En el respectivo instrumento, se lee que aquél actuó como "único director de Rivadavia S.A.". Pero no hay constancias de que efectivamente Díaz haya sido designado director con capacidad para actuar como "único director" de esa sociedad y en tal carácter conferir un mandato que a primera vista se muestra como un poder general amplio (v. enumeración de facultades a fs. 2/4).

La escribana ante la cual se suscribió el poder no se expidió sobre la capacidad de Díaz para representar a Rivadavia S.A.

Además, si se ingresa en el examen de los estatutos de esa firma, se advierte que su cláusula 88 prevé que si la sociedad tiene únicamente un director éste tendrá plena autorización para representar y actuar en nombre de la compañía en todos los asuntos que la ley 8 de 1984 o el "memorandum de asociación" (que sería el contrato asociativo) o los artículos de constitución (que sería el estatuto) no dispusieran que debieran actuar los miembros de la compañía. Sobre el particular, no surge de la demanda que Díaz haya estado autorizado a otorgar el mandato en los términos de las reglas mencionadas, lo cual abona el estado de incertidumbre sobre el mandato que se dijo conferido a Gerson.

En otros términos, se advierte una defectuosa representación por parte del nombrado Gerson, ya que no surge del instrumento de poder ni de la certificación de firmas expedida en Panamá si Díaz era el único director de Rivadavia S.A a la fecha de instrumentarse el acto.

Esta sala ha tenido oportunidad de pronunciarse en un caso similar exigiendo que la habilitación para otorgar mandato surja de las constancias referidas por el escribano autorizante en los términos del art. 1003, cód. civil (v. resolución del 29.5.07, en "Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. c. Martínez Altube, María del Carmen y otro s/ejecutivo", y jurisprudencia citada allí). La necesidad de examinar los alcances del estatuto para determinar las facultades de los directores ha sido puesta de relieve por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en "Consultora del Sur S.A. y otro c. Instituto Fluvio Portuario Provincial –Puerto Concepción del Uruguay- y otros s/daños y perjuicios" (Fallos: 326:2746).

Lo anterior conduce a exigir del presentante de la demanda de tercería que subsane el indicado defecto de representación en un plazo que el juzgado a quo dispondrá conforme lo establecido por el art. 354, inc. 4, del cód. procesal, y bajo el apercibimiento legal que emana del inc. 5 de ese artículo, es decir tenerlo por desistido del proceso con costas.

Ello no desmerece la posibilidad de reconocer en la República Argentina un poder otorgado en país extranjero, sino exigir la satisfacción de los recaudos formales que el derecho internacional privado procesal prevé para que ese reconocimiento sea válido.

En efecto, la "Convención Interamericana sobre régimen legal de poderes para ser utilizados en el extranjero", suscripta en Panamá el 30.1.1975, aprobada con reservas por nuestro país (ley 22.550), prevé que el funcionario que legaliza el poder debe certificar o dar fe de los extremos mencionados en el art. 6 de ese tratado internacional (en especial, en lo aquí interesa: datos identificatorios del otorgante y "la representación de la persona moral o jurídica, así como el derecho que tuviere el otorgante para conferir el poder"). Según el art. 7, en caso de inexistencia de funcionario autorizado para expedir la certificación referida en el art. 6, se deben cumplir diversos recaudos, supletorios de los exigidos en este último artículo. La reserva ordenada por la ley aprobatoria del tratado, sobre los alcances de qué se entendía por funcionario que debía legalizar el acto, corrobora aquellas apreciaciones.

Lo argumentado por la excepcionante en cuanto a que Gerson no es abogado o procurador habilitado para actuar en este juicio carece de asidero en virtud de lo dispuesto por el art. 15 de la ley 10.996, según el cual no se exige tal condición a los mandatarios generales con facultad de administrar, respecto de los actos de administración, y cabe considerar abarcados por tal prescripción los actos enumerados en el poder que exhibió Gerson, que incluye una explícita autorización para "demandar". Por ello, la observación al poder por aquél invocado no finca sino en la falta de constatación de que Díaz haya estado facultado para otorgarle el mandato.

En suma, se hará lugar a la excepción, debiendo emplazarse a la actora en los términos precedentemente señalados a fin de que acredite fehacientemente si Mario A. Díaz se hallaba autorizado a la fecha de instrumentación del poder aducido para representar a Rivadavia S.A. y en tal condición apoderar a Gerson.

Oportunamente, en su caso, se tratarán las restantes excepciones.

Debido a la forma como se resuelve, no siendo posible tener ahora una íntegra apreciación de la suerte de las excepciones opuestas, un pronunciamiento sobre las costas derivadas de la excepción de personería se difiere para el momento en que sea posible y oportuno, según las vicisitudes que exhiba el trámite de este proceso.

7. Por ello, se resuelve: admitir el recurso en lo relativo a la excepción de personería y hacer lugar a esta última en la medida que surge de los considerandos precedentes. En consecuencia, la Sra. juez de primera instancia deberá intimar al Sr. Gerardo Gerson a cumplir en un plazo que ella estime razonable con los recaudos justificativos de la personería invocada con arreglo a lo expresado en esta resolución, bajo el apercibimiento de ley (art. 354, in fine, cód. proc.). Se difiere un pronunciamiento sobre las costas de la excepción de personería.

En su caso, se tratarán las restantes excepciones, a cuyo fin el expediente deberá será oportunamente elevado.

Notifíquese por Ujiería y devuélvase a los efectos pertinentes.

El Dr. Juan Manuel Ojea Quintana actúa conforme lo dispuesto en la Resolución N° 542/06 del Consejo de la Magistratura y Acuerdo del 15/11/06 de esta Cámara de Apelaciones.

El Señor Juez de Cámara Bindo B. Caviglione Fraga no interviene en la presente resolución por encontrarse en uso de licencia (art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional).- J. L. Monti. J. M. Ojea Quintana.

Banco Mayo s. liquidación s. incidente por Eui Ho son of Chung Woo Textile Co. Ltd. 1º instancia

Juz. Nac. Com. 5, secretaría 9, 29/11/01, Banco Mayo C.L. s. liquidación judicial s. incidente por Eui Ho son of Chung Woo Textile Co. Ltd.

Crédito documentario. Liquidación del banco emisor. Incumplimiento. Falta de pago al beneficiario. Falta de envío de fondos al banco corresponsal. Débito en la cuenta corriente del ordenante. Exclusión de activos y pasivos. Fideicomiso. Obligación del fiduciario de pagar al beneficiario. Pedido del vendedor se lo autorice a cobrar directamente del comprador. Restitución de las garantías otorgadas por el ordenante.

La sentencia fue confirmada por la Cámara Comercial.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 29/10/09.

1º instancia.- Buenos Aires, 29 de noviembre de 2001.-

1. a) Eui Ho Son of Chung Woo Textile Co. Ltd., solicitó autorización para cobrar directamente de Victor Janin e Hijos S.A. el monto que le adeudaría en virtud de cierta operación de compraventa internacional.

Asimismo, pidió que se dispusiera la devolución de las garantías que Victor Janin e Hijos S.A. habría entregado al Banco Mayo C.L para avalar la operación que se instrumentara en una carta de crédito, como así también cualquier otro instrumento relacionado con tal garantía.

Relató la peticionaria que la carta de crédito había sido abierta por petición de Victor Janin e Hijos S.A., para obtener el financiamiento necesario para la operación de importación allí descripta.

Frente a la suspensión de operaciones del banco hoy quebrado, el pago nunca se efectuó.

b) El Banco Central de la República Argentina señaló que la mentada carta de crédito no había sido afectada por el proceso de exclusión de activos y pasivos que ordenara con relación al patrimonio del Banco Mayo C.L. (fs. 25).

c) De su lado, el Banco Comafi S.A. informó que la CDI había motivado un débito en la cuenta corriente de Victor Janin e Hijos S.A. y un saldo deudor en la misma que fue transferido, como crédito excluido, a Banco Comafi S.A., en su carácter de fiduciario del Fideicomiso Acex.

Agregó que el importador oportunamente canceló esa deuda (fs. 60).

d) Los síndicos por su parte dijeron que de la compulsa de la documentación aportada por el incidentista y la información brindada por Banco Comafi S.A., surge que no existe obligación pendiente de Victor Janin e Hijos S.A. para con el Banco Mayo C.L. derivada de la CDI 6248.

Frente a ello, desaconsejaron las pretensiones del incidentista.

No obstante, sostuvieron que la obligación de Banco Mayo C.L. respecto del pago de la CDI 6248 resulta un pasivo no excluido, de modo que debe ser verificado en este proceso universal un crédito en favor del exportador (fs. 64/5).

e) La incidentista insistió con su pretensión original, en la inteligencia de que el importador habría pagado mal, de modo que no se encontraría liberado frente al vendedor.

Agregó que, el fiduciario percibió y no canceló la deuda a la que debía ser imputado el pago efectuado por el importador. Pidió embargo sobre esos fondos (fs. 67).

2. En la especie se presenta una situación que ha causado serios perjuicios a las partes involucradas en el contrato de compraventa canalizado a partir de la apertura de la CDI 6248/00 y que merece una inmediata subsanación.

La suspensión que el Banco Central de la República Argentina dispusiera oportunamente respecto de las operaciones del banco otorgante del crédito documentario (hoy fallido), provocó que parte de la operatoria comercial no se efectuara.

Así, al vencimiento previsto en la carta de crédito, Banco Mayo C.L. efectuó el débito en la cuenta corriente del importador, mas no liberó esos fondos a favor del banco corresponsal, a fin de que se saldara el precio de la compraventa.

Mediante ese débito generó, por un lado, un activo (saldo deudor en la cuenta corriente) y, por otro, un pasivo (obligación de transferir los fondos al banco extranjero).

Ahora bien, en el desprolijo proceso de exclusión de activos y pasivos del patrimonio del Banco Mayo C.L. que el Banco Central de la República Argentina ordenara mediante Resolución 629/98, sólo se dispuso la transferencia al Fideicomiso Acex del activo. No así, en cambio, respecto del mencionado pasivo, aún cuando se trataba de la misma operación comercial.

Una vez más, resulta reprochable la actividad desarrollada por el BCRA en ese proceso.

El saldo deudor en la cuenta corriente de Victor Janin e Hijos S.A. sólo se justificó en cabeza del fallido, por la asunción de la obligación con el banco corresponsal y, por intermedio del mismo, con el exportador (pasivo).

En definitiva, el dinero que compuso ese activo excluido, no le perteneció nunca al Banco Mayo C.L., sino que éste actuó meramente como intermediario de las partes contratantes.

No escapa al suscripto que bien pudo disponerse que el fiduciario se encargara de la gestión de cobro al importador y pago al exportador.

Pero, en ese caso, debieron ser excluidos tanto el activo como el pasivo respectivo.

De otro modo, se produciría, como en la especie, un enriquecimiento sin causa en favor del Banco Comafi S.A. en su rol de fiduciario del Fideicomiso Acex y una desprotección del verdadero titular del derecho a percibir esos fondos: el exportador.

Así, y aún frente al carácter taxativo del inventario de los bienes fideicomitidos obrante en el Anexo II de la Res. 629/98 BCRA, corresponde a este Juez componer la situación descripta en los párrafos precedentes.

Entonces, se ordenará al Banco Comafi S.A., que abone al incidentista el importe del crédito documentario que percibiera de Victor Janin e Hijos S.A..

Ínterin, se hará lugar a la medida cautelar solicitada por el incidentista.

Una vez acreditado ese pago en autos, se procederá a la devolución de las garantías otorgadas para la apertura de la carta crédito, al otorgante de las mismas, Victor Janin e Hijos S.A..

Ello a fin de evitar que este último se vea compelido a abonar dos veces el importe de la misma obligación, teniendo en cuenta, además, que la quiebra de Banco Mayo C.L. no parece tener ningún derecho creditorio sustancial que ejercer con tales títulos.

3. Por ello, resuelvo: a) Ordenar al Banco Comafi S.A., en su carácter de fiduciario del Fideicomiso Acex, que abone directamente a Eui Ho Son of Chung Woo Textile Co. Ltd., el importe percibido por parte de Victor Janin e Hijos S.A. a fin de cancelar el saldo deudor de su cuenta corriente, en pago de la CDI 6248.

b) A fin de asegurar el cumplimiento de lo dispuesto en sub a), trábese embargo sobre dichas sumas.

c) Disponer que, una vez efectuado el pago ordenado en sub a), se haga inmediata entrega de las garantías acompañadas por el Banco Comafi S.A., al representante legal de Victor Janin e Hijos S.A.

d) Distribuir las costas devengadas en este proceso en el orden causado, en atención (i) a la atipicidad de la cuestión debatida en autos, y (ii) la inexistencia de controversia por tratarse de una cuestión, en lo sustancial, ordenatoria.

e) Notifíquese por secretaría a los síndicos, al incidentista, y al Banco Comafi S.A.-

Banco Mayo s. liquidación s. incidente por Hyosung Corporation

Juz. Nac. Com. 5, secretaría 9, 02/10/01, Banco Mayo C.L. s. liquidación judicial s. incidente por Hyosung Corporation.

Crédito documentario. Banco emisor en liquidación. Incumplimiento. Falta de pago al beneficiario. Pedido del vendedor se lo autorice a cobrar directamente del comprador. Innecesariedad. Restitución de las garantías otorgadas por el ordenante.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 28/10/09.

1º instancia.- Buenos Aires, 2 de octubre de 2001.-

1. a) Hyosung Corporation solicitó autorización para cobrar directamente de MT Creaciones S.A., Genero S.A., Kimpo S.A. y Playmen S.A. los montos que le adeudarían en virtud de ciertas cartas de crédito.

Por su parte, Jein Trading Co. Ltd. efectuó similar pretensión respecto de Thela S.A..

Asimismo, ambas pidieron que se dispusiera la devolución de las garantías que los ordenantes habrían entregado al Banco Mayo C.L para garantizar las operaciones instrumentadas en aquellas cartas de crédito, como así también cualquier otro instrumento relacionado con tales garantías.

Relataron las peticionarias que las cartas de crédito habían sido abiertas por petición de las importadoras locales, para obtener el financiamiento necesario para las operaciones de importación allí descriptas.

Frente a la suspensión de operaciones del banco hoy quebrado, los pagos nunca se efectuaron.

b) El Banco Central de la República Argentina señaló que no se hallaron inventarios de exclusión respecto de las mentadas cartas de crédito (fs. 113).

c) De su lado, el Banco Comafi SA expuso que "(l)as operaciones de crédito documentario (…) no integran los activos excluidos del patrimonio de Banco Mayo C.L. por resolución 629/98 del B.C.R.A." (fs. 120).

Agregó que en su poder obraban los legajos de las CDI mencionadas, los que fueron acompañados en las actuaciones principales.

d) Los síndicos, por su parte, dijeron que de la compulsa de la documentación aportada por las incidentistas y los legajos de las CDI, surge que el Banco Mayo C.L. no efectuó cobro alguno relacionado con las mismas, por lo que no hubo efectos patrimoniales para la liquidación (fs. 170/6bis).

En base a ello, aconsejaron que "… (r)especto a la solicitud del incidentista que se autorice el cobro directo (…) no existe inconveniente en efectuar dichos cobros sin contar con previa autorización del Tribunal…" .

En cuanto a la devolución de las garantías, sostuvieron que, previamente, las libradoras deberían consentir la medida y los demás bancos intervinientes deberían manifestar su desinterés en las operaciones, a fin de que quede debidamente liberado de toda responsabilidad el Banco Mayo C.L..

Agregaron que, de la compulsa de los legajos acompañados por el Banco Comafi S.A. se desprende que no se acompañaron garantías con respecto a la CDI 6441 ordenada por MT Creaciones S.A.

2. a) En rigor, serían las libradoras de las cartas de crédito quienes deberían haber reclamado la devolución de las garantías mencionadas en el punto anterior.

Pues esas sociedades son las legitimidas para obtener el recupero de tales títulos, para evitar pagar dos veces la misma obligación.

En efecto, Kimpo S.A. y Playmen S.A. han formulado ese reclamo, mediante un incidente que lleva el Nº 45.816, el que, a la fecha se encuentra resuelto.

Por tanto, respecto de las cartas de crédito ordenadas por esas sociedades, estaré a lo que allí se ha dispuesto.

Las demás importadoras no han efectuado ese requerimiento.

Sin embargo, obvias razones de economía y celeridad procesal, teniendo en cuenta la ya dilatada prolongación de estas actuaciones (por causas que pueden apreciarse al examinar el expediente principal), imponen solucionar ahora el asunto.

Es que, en definitiva, las pretensoras se encuentran directamente interesadas en cobrar, sin más trámite, el precio de las mercaderías que ya entregaron.

No es preciso que este juzgado autorice a las peticionarias a cobrar directamente el precio de las compraventas realizadas entre las partes.

Pero, aún cuanto las compradoras no opusieron ningún reparo (ver fs. 202 y 231) debe evitarse que las garantías permanezcan en poder del Banco Mayo C.L. o el Banco Comafi S.A. una vez que el pago directo se efectúe, pues podría ocurrir que se persiga el cobro del mismo precio dos veces.

En consecuencia, no se emitirá pronunciamiento con relación a la autorización para pagar directamente el precio de las compraventas por las cuales se abrieron las cartas de crédito.

Mas sí se ordenará la devolución de las garantías mencionadas, pues ello facilitará la negociación directa, cuando la liquidación del Banco Mayo C.L. no parece tener ningún derecho creditorio sustancial que ejercer con tales títulos.

Es que del relato efectuado en el punto 1 de este decisorio, fluye que se trató de operaciones (i) en las que el Banco Mayo C.L. no concedió ninguna financiación, (ii) por las que no se le adeuda ningún concepto a la entidad, y (iii) por las que no se le podrá reclamar ninguna suma en el futuro a la liquidación.

Entonces, en los hechos, no hay pasivo ni activo de la liquidación.

Sólo hay ciertos títulos que habían sido entregados al banco en garantía del cumplimiento de ciertas operaciones que, en definitiva, no se produjeron; títulos que, ciertamente, no pertenecen al Banco Mayo C.L.

Ergo, procede ordenar sin más trámite la devolución de los documentos.

b) No escapa al juzgado que se han promovido diversas acciones respecto de las cuales podría alegarse que su resultado incidiría en este procedimiento.

Así, por ejemplo, el pedido del Banco Mayo C.L. y de Rubén E. Beraja orientado a que se decrete la nulidad de todo lo actuado respecto de esa entidad, a partir de su misma intervención judicial solicitada por el Banco Central de la República Argentina.

Sin embargo, como se dijo, los documentos cuya devolución se reclama no integran el activo del Banco Mayo C.L.

Tampoco se trata de activos excluidos de su patrimonio por disposición del Banco Central de la República Argentina.

Entonces, no cabe más que disponer el reintegro de los mismos. Pues adoptar la posición contraria, o dilatar más el asunto, conduciría a una virtual afectación del derecho de propiedad de los pretensores; lo cual no debe ser amparado en nuestro derecho, más allá de las acciones judiciales promovidas, o que se pudieran promover, en el contexto de la liquidación del Banco Mayo C.L. (arg. CN 17 y ccdtes.).

3. Por ello, resuelvo: a) Estar a lo resuelto en el incidente Nº 45.816 en relación a lo pretendido por las cartas de crédito ordenadas por Kimpo S.A. y Playmen S.A. en favor de Hyosung Corporation.

a) No emitir pronunciamiento con relación al pedido orientado a que se autorice el cobro directo del precio de las compraventas que dieron lugar a la apertura de las cartas de crédito documentario Nº 6441, 6562 y 6665/00.

b) Disponer la inmediata entrega de las garantías acompañadas por el Banco Comafi S.A., a los representantes legales de MT Creaciones S.A., Genero S.A. y Thela S.A.

c) En forma previa a la entrega de la documentación, deberá acreditarse en autos: (i) el cobro directo por parte de Hyosung Corporation y Jein Trading Co. Ltd..; (ii) la conformidad expresa tanto de las incidentistas como de las importadoras, manifestando que nada tienen que reclamar a Banco Mayo C.L. y/o Banco Mayo C.L. en Liquidación.

d) Distribuir las costas devengadas en este proceso en el orden causado, en atención (i) a la atipicidad de la cuestión debatida en autos, y (ii) la inexistencia de controversia por tratarse de una cuestión, en lo sustancial, ordenatoria.

e) Notifíquese a los liquidadores, a las incidentistas, a las importadoras y al Banco Comafi S.A.-

Banco Mayo s. liquidación s. incidente por Kimpo y Playmen

Juz. Nac. Com. 5, secretaría 9, 16/07/01, Banco Mayo C.L. s. liquidación judicial s. incidente por Kimpo SA y Playmen SA.

Crédito documentario. Banco emisor en liquidación. Incumplimiento. Falta de envío de fondos al banco corresponsal. Restitución de las garantías otorgadas por el ordenante. Carácter accesorio del contrato.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 27/10/09.

1º instancia.- Buenos Aires, 16 de julio de 2001.-

I. 1. Téngase presente, y pasen los autos para resolver sin más.

2. Agréguense los escritos que anteceden, y procédase a su atención conjunta.

II. 1. a) Este incidente fue formado por consecuencia de la presentación deducida en fs. 22/5 por Kimpo S.A. y por Playmen S.A.

Esas sociedades relataron que "… se autorice el pago directo a los beneficiarios de las cartas de crédito que habrán de describirse y que, asimismo, se disponga restituir los pagarés librados por mis representadas al momento de pedir sus aperturas al Banco Mayo C.L. y, en su caso, los pagarés de terceros entregados en garantía…" (sic, 22).

b) El Banco Mayo C.L. no aportó ningún elemento útil para la cuestión; aunque debe recalcarse que no se opuso al planteo de la pretensora (fs. 50).

c) El Banco Central de la República Argentina señaló que las cartas de crédito que dieron lugar a la formación de este incidente no habían sido afectadas por el proceso de exclusión de activos y pasivos dispuesto por esa entidad oportunamente respecto del patrimonio de Banco Mayo C.L. (fs. 41).

d) De su lado, el Banco Comafi SA corroboró esa circunstancia, y agregó que en su poder obraba la documentación de referencia (fs. 52).

Luego, adjuntó esa documental a las actuaciones (fs. 69).

e) Los síndicos consideraron procedente la petición sub examine, con el alcance expuesto en fs. 73/4, fs. 97/8 y en fs. 102.

En ese sentido, los síndicos señalaron:

(i) Que respecto de las CDI 6788 y 6811 "… no existe ningún impedimento para su restitución al incidentista Kimpo S.A." (sic, fs. 102 v.).

(ii) Que en lo relativo a la CDI 6373 "procederá la liberación de garantías en favor de Kimpo S.A. condicionada a que se acredite el pago por parte de la citada a Platex International Co. Ltd." (sic, fs. 102 v.).

(iii) Que en lo que respecta a la CDI 6730 "procederá la liberación de garantías en favor de Kimpo S.A. condicionada a que se acredite el pago por parte de la citada a Corporation Hyosung" (sic, fs. 102 v.).

(iv) Que con relación a la CDI 6473, en forma previa a la devolución de las garantías a favor de Playmen S.A., debería "… acreditarse el pago por parte de la citada a Platex Corporation Hyosung, como asimismo que el Chohung Bank manifieste que no tiene nada más que reclamar respecto de esta operación al Banco Mayo C.L. o al Banco Mayo C.L. s. liquidación judicial" (sic, fs. 102 v.).

2. a) Fluye del relato que antecede que las pretensoras reclaman la devolución de cierta documentación correspondiente a garantías que se constituyeran oportunamente por consecuencia de la apertura de cartas de crédito documentario ante el Banco Mayo C.L.

Se trató de operaciones (i) en las que no se le adeuda ningún concepto a Banco Mayo C.L., y (ii) por las que no se le podrá reclamar ninguna suma en el futuro a la quiebra.

Nótese que la pretensión sub examine fue deducida por los importadores, pero contó con las conformidades de los exportadores. Y que los "bancos nominados" como negociadores afirmaron –al igual que los exportadores- no haber abonado suma alguna a éstos, no haber percibido ninguna suma del Banco Mayo C.L., y no tener nada que reclamar a esta entidad por la operatoria de referencia; lo cual despeja toda duda acerca de una eventual duplicidad en el pago (ver copias de fs. 104/112).

Entonces, en los hechos, no hay pasivo ni activo de la quiebra.

Sólo hay ciertos valores que habían sido entregados al banco en garantía del cumplimiento de unas operaciones que, en definitiva, no se produjeron; valores que, ciertamente, no pertenecen al Banco Mayo C.L.

Ergo, procede ordenar sin más trámite la devolución de los mismos.

b) Véase a ese respecto, que los recaudos previos exigidos por los síndicos en fs. 102, y por los decretos de fs. 84/5, fs. 91 y fs. 96, aparecen satisfechos.

c) No escapa al juzgado que se han promovido diversas acciones respecto de las cuales podría alegarse que su resultado incidiría en este procedimiento.

Así, por ejemplo, el pedido del Banco Mayo C.L. y de Rubén E. Beraja orientado a que se decrete la nulidad de todo lo actuado respecto de esa entidad, a partir de su intervención judicial, solicitada por el Banco Central de la República Argentina.

Sin embargo, como se dijo, los valores cuya devolución se reclama no integran el activo del Banco Mayo C.L.

Tampoco se trata de un activo excluido de su patrimonio por disposición del Banco Central de la República Argentina.

Entonces, no cabe más que disponer el reintegro de los mismos. Pues adoptar la posición contraria, o dilatar más el asunto, conduciría a una virtual afectación del derecho de propiedad de los pretensores; lo cual no debe ser amparado en nuestro derecho, más allá de las acciones judiciales promovidas o que se pudieran promover en el contexto de la liquidación del Banco Mayo C.L. (arg. CN 17 y ccdtes.).

d) Por último, no se advierte que fuera necesaria una autorización judicial para que los "importadores" realicen "pagos directos" a los exportadores de las mercaderías por cuya venta se solicitara la apertura de las cartas de crédito documentario.

Es que aquéllos aparecerían ajenos a esta liquidación judicial; por lo que podrían satisfacer las deudas a las que se encuentren obligados sin que sea menester un pronunciamiento de este tribunal en el marco de este proceso.

Es que si los importadores se avienen a efectuar el pago de lo adeudado a los exportadores en forma directa, el objeto de las cartas de crédito abiertas para tal fin, se extingue.

Pues en nuestro ordenamiento legal, si se extingue la obligación principal, la accesoria seguirá el mismo curso (CCiv 525).

Así, sería ocioso que el juzgado se pronunciara sobre la materia.

Nada impide que los importadores abonen directamente a los exportadores. Se trata, en definitiva, de materia patrimonial disponible para las partes.

3. Por ello, resuelvo: a.1) No ha lugar a pronunciamiento con relación a la autorización de pago directo a los exportadores.

a.2) Disponer la inmediata devolución de la documentación identificada en la presentación inicial a las incidentistas, con la salvedad expuesta sub 2. b), dejándose debida constancia en autos.

b) Distribuir las costas devengadas en este proceso en el orden causado, en atención (i) a la atipicidad de la cuestión debatida en autos, y (ii) la inexistencia de controversia por tratarse de una cuestión, en lo sustancial, ordenatoria.

c) A sus efectos, expídase copia certificada de este pronunciamiento para ser entregada a las incidentistas.

d) Previo a todo, notifíquese por secretaría a los síndicos, a la incidentista, y al Banco Comafi S.A., con habilitación de días y horas inhábiles y en el día.

Además, en forma previa a la entrega de la documentación, los síndicos deberán enumerar con precisión la documentación que corresponde devolver. Ello para un mejor orden de las actuaciones.-

Banco Mayo s. liquidación s. incidente por Crochet

Juz. Nac. Com. 5, secretaría 9, 28/12/00, Banco Mayo C.L. s. liquidación judicial s. incidente por Crochet S.A.

Crédito documentario. Banco emisor en liquidación. Incumplimiento. Falta de envío de fondos al banco corresponsal. Restitución de las garantías otorgadas por el ordenante.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 26/10/09.

1º instancia.- Buenos Aires, 28 de diciembre de 2000.-

1. a) Este incidente fue formado por consecuencia de la presentación deducida en fs. 26/34 por Crochet S.A.

Esa sociedad relató que "… solicitó oportunamente al Banco Mayo Coop. Ltdo. la apertura de sendas cartas de crédito para importar mercaderías de exportadores radicados en el exterior…" (sic, 4).

La pretensora puntualizó que "… de acuerdo a los requisitos impuestos por el Banco Mayo para la apertura de dichas cartas de crédito, Crochet S.A. entregó: a) pagaré a la vista librado por Crochet S.A. por u$s 113.435, b) trust receipt con fecha 16/7/1998, c) nota aclaratoria igual a la adjunta" (sic, fs. 4).

Dijo que "a raíz de la intervención y posterior liquidación del Banco Mayo, las cartas de crédito nunca fueron abonadas por el Banco y no lo serán en el futuro por lo que debe considerárselas sin valor alguno" (sic, fs. 4).

b) El Banco Mayo C.L. no aportó ningún elemento útil para la cuestión; aunque debe recalcarse que no se opuso al planteo de la pretensora (fs. 22/3).

c) El Banco Central de la República Argentina señaló que la mentada carta de crédito no había sido afectada por el proceso de exclusión de activos y pasivos que ordenara con relación al patrimonio del Banco Mayo C.L. (fs. 19).

d) De su lado, el Banco Comafi S.A. corroboró esa circunstancia, y agregó que en su poder obraba la documentación de referencia (fs. 27).

Luego, adjuntó esa documental a las actuaciones (fs. 127).

e) El beneficiario de las cartas de crédito mencionadas (Fabric Minstar Co. Ltd.) afirmó que no recibió "… pago alguno del Banco Mayo ni del Banco nominado corresponsal (Taiwan Business Bank) como así también que no tiene reclamo alguno que formular al Banco Mayo, renunciando formalmente a cualquier reclamo que pudiera asistirle" (fs. 144/5).

A su vez, señaló que de "la declaración adjunta del banco nominado corresponsal (fluye)… que no ha percibido suma alguna del Banco Mayo con relación a la operatoria…".

Así, prestó conformidad con la devolución de la documentación a la incidentista.

f) Posteriormente, la peticionaria adjuntó certificación bancaria de Taiwan Business Bank, en la que esta entidad afirma que no pagó suma alguna al exportador, que no percibió ninguna suma del Banco Mayo C.L. y que "… nada tiene que reclamar al mismo por la indicada operatoria".

g) Los liquidadores, luego de su presentación de fs. 131/2, dijeron que "… no tienen observaciones que formular a las pretensiones del incidentista" (fs. 156).

2. a) Fluye del relato que precede que la pretensora reclama la devolución de cierta documentación correspondiente a garantías que se constituyeran oportunamente por consecuencia de la apertura de cartas de crédito documentario ante el Banco Mayo C.L.

Se trató de una operación (i) en la que el Banco Mayo C.L. no concedió en definitiva ninguna financiación, (ii) por la que no se le adeuda ningún concepto a la entidad, y (iii) por la que no se le podrá reclamar ninguna suma en el futuro a la liquidación.

Nótese que la pretensión sub examine fue deducida por el importador, pero contó con la conformidad del exportador. Y que el "banco nominado" como negociador afirmó no haber abonado suma alguna al exportador, no haber percibido ninguna suma del Banco Mayo C.L., y no tener nada que reclamar a esta entidad por la operatoria de referencia; lo cual despeja toda duda acerca de una eventual duplicidad en el pago.

Entonces, en los hechos, no hay pasivo ni activo de la liquidación.

Sólo hay ciertos valores que habían sido entregados al banco en garantía del cumplimiento de una operación que, en definitiva, no se produjo; valores que, ciertamente, no pertenecen al Banco Mayo C.L.

Ergo, procede ordenar sin más trámite la devolución de los mismos.

b) No escapa al Juzgado que se han promovido diversas acciones respecto de las cuales podría alegarse que su resultado incidiría en este procedimiento.

Así, por ejemplo, el pedido del Banco Mayo C.L. y de Rubén E. Beraja orientado a que se decrete la nulidad de todo lo actuado respecto de esa entidad, a partir de su intervención judicial, solicitada por el Banco Central de la República Argentina.

Sin embargo, como se dijo, los valores cuya devolución se reclama no integran el activo del Banco Mayo C.L.

Tampoco se trata de un activo excluido de su patrimonio por disposición del Banco Central de la República Argentina.

Entonces, no cabe más que disponer el reintegro de los mismos. Pues adoptar la posición contraria, o dilatar más el asunto, conduciría a una virtual afectación del derecho de propiedad de los pretensores; lo cual no debe ser amparado en nuestro derecho, más allá de las acciones judiciales promovidas o que se pudieran promover en el contexto de la liquidación del Banco Mayo C.L. (arg. CN 17 y ccdtes.).

3. Por ello, resuelvo: a) Disponer la inmediata devolución de la documentación identificada en la presentación inicial a la incidentista, dejándose debida constancia en autos.

b) Distribuir las costas devengadas en este proceso en el orden causado, en atención (i) a la atipicidad de la cuestión debatida en autos, y (ii) la inexistencia de controversia por tratarse de una cuestión, en lo sustancial, ordenatoria.

c) A sus efectos, expídase copia certificada de este pronunciamiento para ser entregada a la incidentista.

d) Previo a todo, notifíquese por secretaría a los liquidadores, a la incidentista, y al Banco Comafi S.A.-

La Ibero Platense Cía. de seguros c. Aerolíneas Argentinas y Udenio, Eduardo y Cía. c. Aerolíneas Argentinas

CNCiv. y Com. Fed., sala II, 31/08/92, La Ibero Platense Cía. de seguros c. Aerolíneas Argentinas y otro y Udenio, Eduardo y Cía. c. Aerolíneas Argentinas.

Transporte aéreo internacional. Transporte de mercaderías. Japón – Argentina. Convención de Varsovia de 1929. Protocolo de La Haya de 1955. Limitación de responsabilidad. Pérdida. Falta de invocación al contestar la demanda. Transportista contractual y transportista de hecho. Responsabilidad solidaria.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 23/10/09, en LL 1993-A, 153 y en DJ 1993-2, 425.

2º instancia.- Buenos Aires, agosto 31 de 1992.-

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

La doctora Mariani de Vidal dijo: I. A raíz de los faltantes constatados en una partida de cámaras fotográficas, cuyo transporte desde Tokyo (Japón) fue encomendado a "Nippon Express Co. Ltd." y que arribó al aeropuerto de Ezeiza –el 27/7/87- en un avión de Aerolíneas Argentinas, amparado por la guía aérea N° 044-2734 2232 (madre) y 821980 (hija), la consignataria de la carga "Eduardo Udenio y Cía. S.A." –parcialmente indemnizada por su aseguradora- demandó a Aerolíneas Argentinas el resarcimiento de los daños no cubiertos por el seguro (causa "Eduardo Udenio y Cía. SACIFI c. Aerolíneas Argentinas s. cobro AA 18.908" - Expte. N° 1072). Por su parte, "La Ibero Platense Cía. de Seguros S.A." –aseguradora de la carga- promovió juicio contra "Nippon Express Co. Ltd." y contra Aerolíneas Argentinas y/o contra quien resultare responsable de la pérdida de la mercadería, a fin de recuperar las sumas abonadas a su asegurada (causa "La Ibero Platense Cía. Segs. c. Aerolíneas Argentinas y otro s. cobro- Expte. 6421).

Mediante resoluciones que obran a fs. 24/25 del expte. 1072 y fs. 91 del 642, el primero fue acumulado al último. Ambas causas fueron decididas en la sentencia única que luce a fs. 277/283 del expte. 642, que hizo lugar a las acciones deducidas y condenó a las demandadas a pagarles a las actoras las sumas resultantes de las pautas que se sienta en el consid. IV, con intereses del 6 % anual desde el día siguiente al de la notificación de la demanda y hasta el 31/3/91 y en adelante y hasta el efectivo pago a la tasa que utiliza el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones comunes de descuento a 30 días. Las costas de los juicios fueron impuestas a las demandadas vencidas en los pleitos.

Apelaron todas las partes, con excepción de La Ibero Platense Cía. de Seguros S.A. Los agravios de "Antonio María Delfino SAN y C" obran a fs. 304/305 vta. del expte. 642 no fueron contestados; los de Aerolíneas Argentinas, a fs. 306/308 de la misma causa y tampoco fueron contestados. A fs. 149 y vta. del expte. 1072 lucen las quejas de "Eduardo Udenio y Cía. S.A." y a fs. 150/151 los de Aerolíneas Argentinas; ninguna de las dos piezas mereció réplica.

II. "Eduardo Udenio y Cía. S.A." impugna la sentencia de primera instancia en cuanto fijó como hito inicial de curso de los intereses, respecto de su crédito, el día siguiente al de la notificación de la demanda.

Le asiste razón, porque la consignataria constituyó en mora a Aerolíneas Argentinas con el requerimiento obrante en el sobre de documentos reservados, dotado de suficiente aptitud interpelatoria y que ostenta sello de recepción de fecha 22/12/87 –al que corresponde tener por auténtico ante el silencio que guardara la demandada (arg. art. 356, inc. 1°, Cód. Procesal)-.

Consecuentemente, corresponde modificar la sentencia apelada disponiendo que los intereses del crédito de "Eduardo Udenio y Cía. S.A." sean calculados desde el 23/12/87 inclusive en adelante.

III. Aerolíneas Argentinas pretende se modifique la tasa de interés escogida por el a quo para el cálculo de los créditos posteriores al 31/3/91 solicitando se haga jugar el dec. 941/91.

También tiene razón.

En efecto, la sala ha hecho reiterada aplicación de lo dispuesto en el art. 8°, párr. 2° (agregado por el art. 10, dec. 941/91), dec. 529/91, señalando que el interés que corresponde computar a partir de la fecha límite del reajuste (31/3/91) es la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina (arg. art. 8°, párr. 2°, parte 2ª, dec. 529/91 –texto según dec. 941/91-; conf. causas 8073 del 30/8/91; 8666 del 29/10/91; 8361 del 19/11/91; 9110 del 16/6/92 y sus citas y otras). Es también la solución aceptada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causa "YPF c. Provincia de Corrientes y Banco de Corrientes" del 3/3/92).

Consecuentemente, en ese sentido corresponde modificar el pronunciamiento apelado.

IV. Antes de considerar los agravios que vierte "Antonio María Delfino SAN y C", a fs. 304/305 vta. del expte. 642, me parece conveniente formular las siguientes precisiones: a) con arreglo a los considerandos de la sentencia de primera instancia –en función de los cuales débese interpretar su parte dispositiva (conf. esta sala, causas 5867 del 4/10/77; 7473 del 13/10/78; 2291 del 25/10/83; 5868 del 23/3/88 y sus citas y otras; sala I, causa 4661 del 10/8/76; también, Corte Suprema de Justicia de la Nación, 22/9/77, ED, 74-626)-, a "Antonio María Delfino SAN y C" se le atribuyó la calidad de representante activa y pasiva, judicial y extrajudicial, de la empresa expedidora de las guías ("Nippon Express Co. Ltd."), por analogía con lo dispuesto en el art. 193, ley 20.094 (conf. consid. III, fs. 281 y vta.). Ponderando, además, que "La Ibero Platense Cía. de Seguros S.A." no la demandó personalmente, sino que sólo pidió que le fuera notificada la demanda que dirigiera contra "Nippon Express Co. Ltd.", por ser "su representante local", me parece claro que es en ese sentido que corresponde entender la condena pronunciada contra "Antonio María Delfino SAN y C" que por tanto, no la afecta personalmente (arg. art. 199, ley 20.094); no habiéndose siquiera invocado la concurrencia de alguna de las causales a las que se refiere la norma citada en último término (conf. esta sala, causas 7982 del 26/6/79; 1220 del 6/8/82; 5036 del 21/4/87; sala I, causa 8504 del 30/4/79; y otras); y b) que la condena fue dictada en forma solidaria contra ambas codemandadas "toda vez que responden solidariamente tanto el transportista contratado (en la hipótesis, 'Nippon Express Co. Ltd.') como el de hecho (aquí Aerolíneas Argentinas) y su responsabilidad emerge de lo dispuesto en el art. 153 del Cód. Aeronáutico" (conf. consid. III, fs. 281 vta./282).

Yendo ahora concretamente a los agravios que se trae en la pieza de fs. 304/305 vta., me ocuparé en primer término del vinculado con el límite de la responsabilidad.

El a quo estimó que el límite de responsabilidad previsto en el art. 22 de la Convención de Varsovia de 1929 (texto según Protocolo de La Haya de 1955) sólo podía jugar respecto de Aerolíneas Argentinas, porque fue la única que lo opuso. La apelante sostiene que el beneficio se le debe extender en mérito a las prescripciones de dicho ordenamiento internacional, a las cláusulas contractuales y teniendo presente que las demandadas han sido condenadas solidariamente.

La circunstancia de que la limitación aparezca contemplada en el art. 22 de la Convención citada y en el contrato que vinculó a las partes (conf. reverso del ejemplar de la guía aérea que corre a fs. 203, cláusulas 3 y 23), no autoriza a que, a falta de oportuna invocación del beneficiario, ella pueda ser aplicada por el juzgador.

Ello así porque su juego depende del cumplimiento de ciertos supuestos de hecho: que no se pruebe que el daño es el resultado de una acción u omisión del transportador en los términos del art. 25 de aquella Convención, o bien que no se haya efectuado una declaración especial de valor (art. 25, apart. a) del mismo ordenamiento; guía de fs. 203 y vta., cláusula 23). De manera que, si el transportador no se ampara específicamente en la limitación de su responsabilidad, el consignatario de la mercadería se halla privado de oponer las defensas que pudieran ser conducentes para excluirla, apareciendo entonces comprometido su derecho de defensa (conf. esta sala, causa 4673 del 30/9/86; 7894 del 14/12/90; sala I, 23/2/79, JA, f. 28.776 o La Ley, 1979-C, 191 y otras).

No obstante en la especie, como la condena fue pronunciada solidariamente contra ambas codemandadas y una de ellas se acogió a la limitación de responsabilidad –en actitud que no provocó reparo alguno de la actora-, resulta de aplicación lo dispuesto en el art. 715 del Cód. Civil, por tratarse aquélla de una defensa personal que, en definitiva y a los efectos prácticos, viene a provocar una situación semejante a la disminución del objeto debido, de modo que aprovecha al otro codeudor solidario (conf. Llambías, J. J., "Código Civil Anotado, t. II-A, ps. 543/545, ed. 1979; Belluscio, A. Zannoni, E., "Código Civil Comentado, Anotado y Concordado", t. 3, ps. 358/359, ed. 1981.

Por consiguiente, cabe acoger el agravio que al respecto se formula en la pieza de fs. 304/305 vuelta.

V. Distinta suerte ha de correr en cambio el que, en el mismo escrito, se refiere a la condena en costas de las codemandadas en la causa 642.

En efecto, configurándose en la hipótesis una obligación solidaria –así lo decidió el juez con criterio que no fue objeto de impugnaciones-, la condena en costas también ha de ser solidaria (art. 75, párr. 1°, Cód. Procesal).

VI. Por todo lo cual, propongo modificar la sentencia apelada, en el sentido que surge de los considerandos precedentes. Costas de alzada: a) en el recurso de "Eduardo Udenio y Cía. S.A.": a la demandada (art. 68, Cód. Procesal); b) en el recurso de "Antonio María Delfino S.A.": por su orden (art. 71, Cód. Procesal); c) en el recurso de Aerolíneas Argentinas: por su orden, ponderando la naturaleza de la cuestión de que se trata (art. 68, parte 2ª, Cód. Procesal). Es mi voto.

Los doctores Vocos Conesa y Quintana Terán, por razones análogas a las aducidas por la doctora Mariani de Vidal, votaron en el mismo sentido.

Por lo que resulta del acuerdo precedente, modifícase la sentencia apelada en el sentido que surge de los considerandos del voto. Impónese las costas de alzada: a) en el recurso de "Eduardo Udenio y Cía. S.A.": a la demandada; b) en el recurso de "Antonio María Delfino S.A.": por su orden; c) en el recurso de Aerolíneas Argentinas: por su orden.- M. Mariani de Vidal. E. Vocos Conesa. G. R. Quintana Terán.

Jorcop SA c. Sanes SA. SCMza 2

SCMendoza, sala I, 09/06/09, Jorcop S.A. c. Sanes S.A.

Letras de cambio en moneda extranjera. Letras libradas en Ecuador y pagaderas en Argentina. Ley aplicable. CIDIP I sobre Letras de Cambio, Pagarés y Facturas. Lugar en el que se contrajo la obligación cambiaria. Tasa de interés. Naturaleza sustancial. Accesoriedad. Prueba. Informe del Banco Central de Ecuador. Costumbre de aplicar tasa LIBO. Rechazo.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 22/10/09 y en LLGran Cuyo 2009 (octubre), 853.

Mendoza, junio 9 de 2009.-

1ª ¿Es procedente el recurso interpuesto? 2ª En su caso, ¿qué solución corresponde? 3ª Costas.

1ª cuestión.- La doctora Aída Kemelmajer de Carlucci dijo:

I. Plataforma fáctica.

Los hechos relevantes para la resolución de este recurso son, sintéticamente, los siguientes:

1. El 26/11/2003, en autos n° 80.702 originarios del Séptimo Juzgado en lo Civil, Jorcop SA inició ejecución cambiaria contra Sanes SA por la suma de 96.628 dólares estadounidenses, obligación instrumentada en ocho letras de cambio con vencimiento a los 45 días contados desde el 13/12/2001. La sentencia de esta Sala del 23/5/2005 confirmó la decisión de los jueces de grado que entendieron que la deuda no debía ser pesificada por ser de aplicación la ley del lugar de emisión de las letras, o sea, Ecuador. A su vez, el 15/3/2007 la Corte Suprema de la Nación rechazó el recurso extraordinario federal en contra de la sentencia de la Corte provincial. En definitiva, después de sucesivos recursos, ha quedado firme la sentencia que condenó a la demandada a pagar la suma de 96.628 dólares con más sus correspondientes intereses desde la fecha de vencimiento hasta el efectivo pago.

2. En el trámite de ejecución de sentencia el acreedor trabó embargo sobre fondos depositados en cuentas corrientes bancarias y sobre otros bienes muebles. Después de diversas incidencias procesales, el 1/2/2007, fijada fecha para subasta, el demandado se presentó, depositó la suma de 70.000 dólares, y solicitó se practicara liquidación y se suspendiera el remate. El tribunal tuvo presente el depósito y ordenó al interesado practicar liquidación.

3. El demandado no presentó liquidación. A fs. 890 el acreedor lo hizo; aclaró que a tales fines tuvo en cuenta la tasa de interés informada por el Banco Central del Ecuador a través de documental debidamente legalizada que acompañó; aclaró que esa tasa resultaba inferior a la que manda aplicar el art. 44 del Decreto Ley 6559 (que autoriza la tasa activa al momento del pago) y que era de estricta justicia, conforme las normas de derecho internacional privado, se aplicara la tasa vigente en el lugar del domicilio del acreedor, que da cuenta del daño efectivamente sufrido. La demandada impugnó la liquidación, especialmente el rubro intereses, y reclamó la aplicación de la tasa Libor.

4. A fs. 931 y vta. el juez de primera instancia hizo lugar parcialmente a las observaciones de la demandada y ordenó practicar una nueva liquidación; no obstante, respecto de la tasa aplicable, coincidió con la actora que debía aplicarse la tasa vigente en Ecuador, oportuna y correctamente informada por el Banco Central de ese país. Fundó su decisión en los siguientes argumentos: (a) La sentencia firme ha dejado sentado el principio de que esta obligación se rige por la ley vigente en el lugar en el que las letras fueron emitidas, en el caso, Ecuador; (b) Los intereses son un accesorio del capital y, consecuentemente, siguen la regla del principal y, por ello, también se rigen por la ley vigente en Ecuador; (c) Esa tasa ha sido suficientemente acreditada en el expediente con la documentación acompañada, debidamente apostillada según la Convención de La Haya de 1961.

5. Apeló la demandada. La Cámara confirmó la decisión con estos argumentos: (a) Como señala el juez de primera instancia, la sentencia firme recaída en autos indica que es de aplicación la ley ecuatoriana; (b) Con esta premisa, no hay duda alguna que los intereses, siendo un accesorio del capital, también se rigen por la ley de aquel país; (c) Las críticas del apelante son insuficientes; por un lado, no se advierte deficiencia ni imprecisión en el mencionado informe, ni el recurrente (a cuyo cargo estaba la tarea de demostrar las supuestas falencias que acusa) aporte pautas concretas que puedan indicar que se está frente a un error que lleve a la inaplicabilidad, en el caso, del promedio resultante de la tasa legal que informa el Banco de Ecuador; por el otro, no acerca elementos que ilustren en qué medida la tasa informada por el Banco de Ecuador vulnera los principios de la moral y las buenas costumbres ni demuestra que la tasa informada sea irrazonable en relación a la operación y objeto de la prestación principal; (d) Por lo demás, la comparación con el promedio que resultaría de aplicar al caso la tasa legal del Banco de Ecuador o la tasa activa local, por el mismo período en que se computa, arroja que la segunda alcanza al 18.50% anual, inferior al 10.95% anual que surge del promedio de la primera según el informe de fs. 883/887. No surge, entonces, que se esté ante la aplicación de un interés usuario o exorbitante que faculte a aplicar la reducción que solicita el demandado; (e) Tampoco resulta procedente la solicitud de aplicar la tasa Libor; como se dijo, es la legislación ecuatoriana la que cabe aplicar desde que, por ser la que corresponde al capital, también lo es a los intereses, que son su accesorio.

II. Los motivos del recurso de inconstitucionalidad deducido.

La recurrente sostiene que la sentencia es arbitraria. Argumenta del siguiente modo:

1. El tribunal de grado interpreta las constancias de autos de modo insuficiente, erróneo y arbitrario cuando afirma que corresponde aplicar la tasa de interés informada por el Banco Central de Ecuador; esa entidad carece de capacidad jurisdiccional para establecer cuál es la tasa de interés moratorio aplicable. En el caso, no había tasa pactada; en consecuencia, conforme lo resuelto en la sentencia, los únicos intereses que cabe pagar son los legales, que deben ser determinados por el juez que interviene en la causa sobre la base de la normativa aplicable y conforme las circunstancias del caso concreto en tanto no existe una norma de derecho internacional privado para la solución del conflicto y la determinación de la tasa de interés es una cuestión procesal (art. 257 del CPC) que reconoce una sola norma indirecta sobre el punto. Conforme el tratado de Montevideo de 1940 los juicios y sus incidentes, cualquiera sea su naturaleza, se tramitan con arreglo a la ley de procedimiento del estado en donde se promuevan. Por otro lado, el art. 622 del CC determina que si no hay intereses convenidos se deben los intereses legales que las leyes especiales hubiesen determinado y si no hubiese fijado interés legal, los jueces determinarán el interés que se debe abonar. Está claro, pues, que debe aplicarse la tasa que fije el juez del lugar donde se llevó adelante el procedimiento, es decir, la ley de la provincia de Mendoza y no la ley ecuatoriana.

2. La sentencia recurrida afirma que no se advierte deficiencia ni imprecisión en el informe proporcionado por el Banco Central de Ecuador. Sin embargo, ese informe (fs. 883/886) es deficiente e impreciso; por un lado, no explicita cuál es la fuente legal tomada en cuenta por ese organismo para fijar la tasa de interés (ley, decreto, etc.). Tampoco explicita si esa tasa de interés es aplicable a las obligaciones instrumentadas en títulos circulatorios (caso de autos) o si se trata de una tasa aplicable a otro tipo de relaciones (mutuos hipotecarios, cuestiones de familia, indemnización de daños, etc.).

3. La decisión que se recurre también es arbitraria en cuanto niega que esa tasa afecte la moral y las buenas costumbres. En el caso, la acreedora no ha tenido ningún perjuicio referido al poder adquisitivo de la moneda, toda vez que la obligación se ha reconocido a valores estables; en consecuencia, la única tasa que cabe considerar es la que compensa la privación del capital. El tribunal se desentiende de la necesaria armonía que debe existir entre economía y derecho. En estos autos los tribunales en lugar de atender al orden público interno dieron prioridad al orden público internacional y dispusieron no pesificar la obligación; en tal situación, aplicar una tasa como la informada por el Banco Central de Ecuador implica castigar al deudor una vez más con una tasa que no responde ni siquiera a la realidad financiera mundial por aplicación de una tasa desmesurada en función de la recesión mundial. Como es de público y notorio esa tasa internacional está por debajo del 2% anual. La procedencia, sin mayor análisis, de tasas confiscatorias en los juicios ejecutivos implica un quebranto para el demandado por simple aplicación de criterios formalistas.

4. Lo planteado no es una mera cuestión civil o comercial sino de rango constitucional en tanto afecta el derecho de propiedad y el de trabajar.

5. Para las obligaciones pactadas en moneda extranjera es costumbre aplicar la tasa Libor; conforme informes obtenidos de Internet, esa tasa, para el período comprendido entre el 28/1/2002 y 18/4/2007 fluctuó entre el 4.80 y el 5.48 % anual, por lo que la tasa informada por el Banco Central de Ecuador que la sentencia manda aplicar resulta excesiva (es el doble) e importa un enriquecimiento injustificado.

6. El argumento del tribunal de que la tasa informada es inferior a la tasa activa local es incorrecta pues la referencia al 18.50% anual contempla obligaciones en moneda nacional; en cambio, para las obligaciones en dólares (que es el caso de autos, en tanto se dispuso no pesificar) no alcanzaba el 4% anual; a lo expuesto se agrega que, como se ha dicho, en los EEUU no supera el 2.5 % anual.

La justicia no puede renunciar al criterio de verdad y de equidad.

III. Algunas reglas liminares que dominan el recurso extraordinario de inconstitucionalidad.

Esta sala tiene dicho que la arbitrariedad fáctica es canalizable a través del recurso de inconstitucionalidad, pero en función de la excepcionalidad del remedio extraordinario y lo dispuesto por el art. 145 del CPC de la Provincia, interpreta restrictivamente las causales. Lo contrario significaría, como tiene dicho la Corte Federal desde antiguo (2/12/1909, "Rey Celestino c. Rocha"), que esta sala se encuentre en la necesidad de rever los fallos de todos los tribunales, en toda clase de juicios, asumiendo una jurisdicción más amplia que la conferida por la Constitución. Por eso, el rechazo del recurso por este tribunal no significa necesariamente que comparta la solución del fallo, sino tan solo que está impedido de conocerlo, por resultar irrevisable si no se acredita el vicio de manifiesta arbitrariedad (LS 319-092).

En esta línea de pensamiento, ha dicho que, a diferencia de lo que ocurre con el recurso de apelación ordinario, cuando se denuncia arbitrariedad a través del recurso extraordinario, se requiere se invoque y demuestre la existencia de vicios graves en el pronunciamiento judicial consistentes en razonamientos groseramente ilógicos o contradictorios, apartamiento palmario de las circunstancias del proceso, omisión de considerar hechos y pruebas decisivas o carencia absoluta de fundamentación" y que "la presencia de cierta ambigüedad en la exposición de las conclusiones o fallas técnicas en la redacción de la sentencia, no configura en principio falencias de entidad tal que impliquen invalidar o descalificar el fallo como acto jurisdiccional".

Por estas reglas básicas, el recurso extraordinario de inconstitucionalidad por arbitrariedad no puede prosperar si la sentencia, no obstante algún argumento erróneo, se sostiene en otros razonables que no han sido suficientemente impugnados por el recurrente. En otros términos, la procedencia formal del recurso extraordinario de inconstitucionalidad exige atacar todos y cada uno de los argumentos decisivos en los que se funda la sentencia recurrida, pues el hecho de que exista algún razonamiento jurídicamente equivocado no lleva inexorablemente a que la sentencia deba ser anulada, si ésta se funda en otros razonables que se mantienen en pie por no existir agravios o queja contra ellos (Ver LA 90-472; LA 120-363; LS 240-215; LS 276-86; LS 276-96; LS 271-239; LS 270-277).

En este mismo sentido, la Corte Federal declara inadmisible el recurso extraordinario que no refuta todos y cada uno de los fundamentos de la sentencia recurrida (Ver, entre otros, 9/3/2004, JA 2004-II-797; 29/9/2005, LL 2006-A, 394, etc.).

IV. La aplicación de las reglas referidas al caso a resolver.

Coincido con el Sr. Procurador General en el rechazo del recurso extraordinario referido.

1. Un argumento decisivo no atacado de modo suficiente.

El recurrente no ataca el argumento central de la sentencia, cual es que los intereses son un accesorio del capital y, en consecuencia, se rigen por la misma ley.

Sin dar respuesta a esta argumentación, se limita a afirmar que se trata de una cuestión procesal y, consecuentemente, regida por la ley del foro, o sea, en el caso, la ley argentina.

La cuestión de la naturaleza jurídica (procesal o sustancial) de la tasa de interés de los créditos reclamados judicialmente puede ser una cuestión discutible, pero en todo caso, está claro que, en el mejor de los casos para el recurrente, la ley local de naturaleza procesal no rige si existe una disposición sustancial nacida de la convención, la ley nacional, o una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada que dispone en otro sentido (Ver sentencia plenaria de esta Corte del 12/9/2005, LS 356-50, La Ley Gran Cuyo, 2005-912; F.C. 67-71, J.M. 69-153 y A.J.M. 2005-1491).

Tengo claro, pues, que como regla, la cuestión relativa a la tasa de interés es de naturaleza sustancial, como el capital al que accede, y sólo por vía excepcional y subsidiaria podría ser calificada de cuestión procesal.

Por lo tanto, independientemente de que, como lo señala el Sr. Procurador, se trata de una cuestión normativa, canalizable por la vía casatoria, remedio que el recurrente no ha intentado, no resulta aplicable la normativa de derecho internacional privado citada por el recurrente, que hace referencia a "juicios y sus incidentes", sino la regla fijada por los jueces de grado, fundada en la accesoriedad del crédito por intereses respecto del capital, que el quejoso no ataca.

2. Este punto de partida.

Este punto de partida deja sin base al resto de los agravios, tal como se señala en los siguientes puntos.

3. Suficiencia del informe.

El argumento relativo a que el informe proporcionado por el Banco Central de Ecuador es deficiente e impreciso porque no explicita cuál es la fuente legal tomada en cuenta por ese organismo para fijar la tasa de interés (ley, decreto, etc.) ni el tipo de obligaciones al que se le aplica, no alcanza para declarar arbitraria una sentencia con los alcances antes referido. Se trata de argumentaciones ritualistas, en tanto (a) No existen razones para que el tribunal argentino sospeche de una información provista por el Banco Central de una república latino americana con la que mantiene relaciones internacionales; (b) Si el banco no ha distinguido entre distintas tipos de obligaciones, no es arbitraria la sentencia que entiende que se trata de una tasa aplicable a todo tipo de obligaciones en moneda extranjera.

4. La sentencia de grado no cierra los ojos a la moral y a las buenas costumbres; se limita a aplicar una tasa que, conforme se le informa desde el lugar de origen, es la aceptada por un organismo oficial y que, se presume, responde a la economía de ese país, donde reside el acreedor a quien debe compensársele los daños derivados de la mora en la que incurrió el deudor argentino. Por las mismas razones (delimitación del daño moratorio del acreedor extranjero), cae el argumento relativo a que el tribunal comparó tasas para obligaciones en moneda nacional siendo que en el caso la obligación no se pesificó.

5. Igual destino cabe para el agravio relativo a que la costumbre local es aplicar la tasa Libor, no sólo porque no hay ninguna evidencia de esa costumbre sino porque, como se ha dicho desde el inicio, la regla no impone aplicar la normativa local (legal o consuetudinaria) sino la del país de origen.

V. Conclusiones.

Por todo lo expuesto, y si mi voto es compartido por mis colegas de sala, corresponde el rechazo del recurso deducido.

Así voto.

El doctor Romano, adhiere al voto que antecede.

2ª cuestión.- La doctora Aída Kemelmajer de Carlucci dijo:

Corresponde omitir pronunciamiento sobre este punto, puesto que ha sido planteado para el eventual caso de resolverse afirmativamente la cuestión anterior.

Así voto.

El doctor Romano, adhiere al voto que antecede.

3ª cuestión.- La doctora Aída Kemelmajer de Carlucci dijo:

Atento el resultado al que se arriba en el tratamiento de las cuestiones anteriores, corresponde imponer las costas a la parte recurrente que resulta vencida (arts. 35 y 36 del C.P.C.).

Así voto.

El doctor Romano, adhiere al voto que antecede.

Y Vistos: Por el mérito que resulta del acuerdo precedente, la Sala Primera de la Excma. Suprema Corte de Justicia, fallando en definitiva, resuelve: I. Rechazar el recurso extraordinario de Inconstitucionalidad interpuesto a fs. 9/19 de autos. II. Imponer las costas a la parte recurrente vencida. III. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad. IV. Dar a la suma de pesos doscientos sesenta y siete ($ 267), de la que dan cuenta las boletas de depósito obrantes a fs. 22 y 23, el destino previsto por el artículo 47 inc. IV del C.P.C.

La presente resolución no es suscripta por el Dr. Alejandro Pérez Hualde, por encontrarse en uso de licencia (art. 88 ap. III del C.P.C.).- F. Romano. A. Kemelmajer de Carlucci. A. Pérez Hualde.

Fallos relacionados

CCiv., Com., de Minas, Paz y Trib., Mendoza, 4ª, 25/10/04, Jorcop S.A. c. Sanes S.A.

SCMendoza, sala I, 23/05/05, Jorcop S.A. c. Sanes S.A.

CSJN, 15/05/07, Jorcop S.A. c. Sanes S.A.

Galinger, Carlos Alberto c. Estado Nacional

CSJN, 15/07/03, Galinger, Carlos Alberto y otro c. Estado Nacional y otro.

Comisión Técnica Mixta Salto Grande. Tribunal Arbitral. Organizaciones intergubernamentales. Inmunidad de jurisdicción. Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Primacía de los tratados.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 21/10/09 y en Fallos 326:2418.

Dictamen del Procurador General de la Nación

Suprema Corte:

I- La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (Sala VIII), denegó el recurso extraordinario de la parte actora con fundamento en la índole no federal de las objeciones, las que, aseveró, remiten al estudio de aspectos de hecho y derecho común y procesal; sin que obste a lo expuesto, la alegación de arbitrariedad de la peticionante (fs. 169).

Contra dicho fallo, se alzan en queja los peticionantes por razones que, en suma, reproducen las del principal. Acusan la falta de sustento de la denegatoria (fs. 54/60 del cuaderno respectivo).

II- La a quo dejó sin efecto la decisión del inferior (fs. 111/112) e hizo lugar a la defensa de inmunidad de jurisdicción opuesta por la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, con base en que: a) atenerse a la regla del artículo 110 de la ley nº 18.345 conduciría a un dispendio injustificable de actividad jurisdiccional, en el caso de acogerse una defensa como la deducida; b) constituido el Tribunal Arbitral de Salto Grande, no es sostenible la tacha de inconstitucionalidad de los artículos 3 y 4 del Acuerdo de Sede; c) en vista de la inapelabilidad prevista en el artículo 5 del Estatuto del Tribunal Arbitral, no existe una jurisdicción nacional investida de la potestad de revisar las decisiones de aquél (arts. 27, Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y 75, inciso 22, C.N.); y, d) los pretensores se sometieron voluntariamente a la jurisdicción del Tribunal Arbitral sin acreditar el haber formulado reserva a la competencia o inapelabilidad de sus decisiones, extremo que obsta a la procedencia de las objeciones relativas a la inmunidad (v. fs. 145/147).

Contra dicho pronunciamiento, la actora interpuso apelación federal (fs. 151/155), que fue contestada (v. fs. 159/164 y 166/167) y denegada, reitero, a fs. 169, dando origen a esta queja.

III- La recurrente, en síntesis, asevera que la sentencia es arbitraria por cuanto: a) se aparta de lo previsto por el artículo 2º, inciso d), de la ley nº 24.448; b) viola el principio de congruencia, al detenerse en lo relativo a la cosa juzgada e irrecurribilidad de las decisiones del Tribunal Arbitral, no sometidas a revisión por la apelante; c) soslaya que, aun en ausencia de una previsión expresa, corresponde por imperio constitucional el examen de todo reclamo indemnizatorio, so consecuencia de incurrir en denegación de justicia o en prejuzgamiento; d) desconoce los preceptos de los artículos 14, 14 bis, 16, 17, 18, 19, 31, 33, 75, inciso 22, y 116 de la Constitución Nacional y 10 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y, e) malinterpreta la inmunidad establecida en la ley n º 21.756 (fs. 151/155).

IV- Los actores, ex empleados de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, reclamaron ante el Tribunal Arbitral del Ente el pago de diferencias salariales. El Tribunal rechazó las pretensiones, dando origen a una acción de revisión de la sentencia arbitral, dirigida conjuntamente contra la Comisión Técnica Mixta y el Estado Nacional, en la que se postuló la inconstitucionalidad de la regla que confiere inmunidad de jurisdicción al Organismo y la arbitrariedad de lo resuelto (fs. 7/13). En el caso del Estado Nacional se invocó, primordialmente, por analogía, la solidaridad de los artículos 30 y 31 de la Ley de Contrato de Trabajo (fs. 23/26).

A su turno, ambas accionadas esgrimieron excepciones por las que objetaron la competencia del tribunal y, en el caso de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, la jurisdicción, incluso, del mismo (fs. 49/51, 75/76 80/81 y 89/97); las que fueron desestimadas (fs. 111/112 y 114); siendo, empero, concedida la apelación intentada por el Ente Internacional, con efecto inmediato, pese a la oposición de la contraria (v. fs. 123, 126/128, 129 y 139).

Arribada, finalmente, la causa a la alzada, ésta pronunció el fallo en crisis (fs. 145/147).

V- En mi criterio, la apelación federal resulta admisible, por cuanto los agravios de los recurrentes remiten a la interpretación de normas de carácter federal y la decisión es adversa al derecho fundado en ellas. Por otra parte, cabe atribuir carácter definitivo al resolutorio por causar un agravio de insusceptible reparación ulterior, ya que lo debatido, finalmente, es la propia aptitud jurisdiccional del órgano judicial interviniente y lo resuelto sella la cuestión relativa a la inmunidad (v. Fallos: 324:2184 y sus citas, entre otros). Lo anterior es así, aun cuando los agravios hayan sido expuestos, mayormente, so tacha de arbitrariedad.

VI- Sabido es que V.E., en el precedente de Fallos: 305:2150, declaró la invalidez constitucional del artículo 4 º de la ley nº 21.756 por entender que vulneraba el derecho a la jurisdicción amparado por nuestra Constitución Nacional en razón de que, al momento de los hechos, el ente internacional no contaba con procedimientos apropiados para dirimir los conflictos.

No obstante, más tarde, en Fallos: 316:1669, V.E. estimó que dicha exigencia encontraba una adecuada satisfacción en el Tribunal Arbitral creado para tales fines; no pudiendo, en consecuencia, alegarse válidamente privación de justicia toda vez que existía una jurisdicción internacional aceptada por nuestro país, a la que las partes se sometieron de manera voluntaria (En Fallos: 320:435 puntualizó, inclusive, que la índole definitiva e inapelable de las decisiones del mencionado Tribunal Arbitral –prevista en el artículo 5º del estatuto- resulta consecuente con la inmunidad consagrada por el Acuerdo Sede).

Por su contenido similar, si bien a propósito de otra organización internacional, cabe traer a colación el precedente de Fallos: 322:1905, ocasión en la que V.E. hizo hincapié, además, en que no procede extender a estos organismos la solución contemplada en la ley nº 24.448 para los estados extranjeros –punto que, vale decirlo, es motivo de agravio- atendiendo a los distintos fundamentos que sustentan el otorgamiento de la excepción y a las distintas vías de protección de los derechos del justiciable en uno y otro caso. Estos últimos conceptos fueron reproducidos sustancialmente en Fallos: 323: 2418.

En la causa, despejado que existe el mecanismo alternativo para la solución de controversias al que se ha condicionado, con arreglo a la doctrina de Fallos: 305:2150, el reconocimiento de la inmunidad jurisdiccional inherente a las organizaciones internacionales, los actores persiguen –según se reseñó- previo cuestionar la prerrogativa reconocida a la co-demandada Comisión Técnica Mixta de Salto Grande por el artículo 4º del Acuerdo Sede, que se revise, precisamente, el laudo obtenido como consecuencia del funcionamiento de aquél.

Advierto, no obstante, a la luz de la jurisprudencia enunciada –a la que se añade, en concreto, aquí, la de Fallos: 303:533; 304:121; 305:419; 307:354; 308:76, etc. –que conspira contra el citado cuestionamiento constitucional, amén de lo antes expuesto y de la “grave insuficiencia” de su formulación (fs. 146), que los actores –como bien lo puntualiza la Sentenciadora- se sometieron voluntariamente a la jurisdicción del órgano arbitral (cfse. fs. 65/74). En otros términos, se sujetaron sin reserva expresa a un régimen y a una jurisdicción que implica el reconocimiento de la inmunidad; extremo que comporta un acatamiento inequívoco que obsta a su impugnación ulterior con basamento constitucional.

A ello se añade que, si bien califican al laudo de errado y confuso –finalmente. de arbitrario (cfse. fs. 9vta.)- lo cierto es que, en rigor, tampoco cuestionan, en sí, al Órgano Arbitral, al que –vuelvo a decirlo- oportunamente acudieron a presentar sus reclamos.

A este respecto, según lo ha destacado V.E., es válido advertir que tratándose el Acuerdo Sede de un “tratado” en los términos del artículo 2º, inciso 1º, ap. a), de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, no es admisible que se invoquen normas del derecho interno para justificar su incumplimiento, en circunstancias en que no median reparos constitucionales atendibles a su tenor o al de los instrumentos constitutivos del ente (Fallos: 316:1669).

En base a consideraciones tales, fue que, finalmente, V.E. desechó revisar lo decidido por el Órgano Arbitral, pues ello entra en contradicción con el espíritu de la norma internacional acordada por ambas partes, desde que el tratamiento de las objeciones dirigidas a cuestionar la no aplicación de un determinado régimen normativo, presuponen la existencia de una jurisdicción nacional (v. Fallos: 316:1669, 320:435, entre otros).

En consecuencia, entiendo que la crítica a la decisión de la Cámara del Trabajo que acogió la inmunidad de jurisdicción, con este sentido y alcance, no puede prosperar.

VII- Finalmente, en lo que concierne al agravio por el que la recurrente reprocha falta de congruencia en el pronunciamiento (v. ítem b de la reseña del acápite III del dictamen), procede decir que, si bien, en efecto, la alzada avanza hasta dejar sentado que no compete a la justicia nacional revisar lo resuelto en el laudo, lo cierto es que –más allá de la opinión que ello pueda suscitar- no extiende tal consideración a su fallo, ocasión en la que se limita a hacer lugar a la defensa de inmunidad de jurisdicción interpuesta, sin pronunciarse sobre la procedencia de la acción (fs. 147). Entiendo, por ello, que tampoco este agravio puede prosperar.

VIII- En razón de lo expuesto, considero que corresponde, en definitiva, desestimar la presentación.- Buenos Aires, 2 de octubre de 2002.- F. D. Obarrio.

Buenos Aires, 15 de julio de 2003.

Vistos los autos: "Recurso de queja deducido por la actora en la causa Galinger, Carlos Alberto y otro c. Estado Nacional y otro", para decidir sobre su procedencia.

Considerando: 1º) Que los antecedentes de la causa, los fundamentos de la sentencia apelada, los planteos de las partes y lo atinente a la admisibilidad formal del recurso extraordinario han sido objeto de adecuada reseña en el dictamen del señor Procurador Fiscal, cuyos términos se dan por reproducidos en razón de brevedad.

2º) Que el agravio deducido con sustento en el art. 2 inc. d de la ley 24.488 no puede prosperar en virtud de lo resuelto en Fallos: 322:1905; 323:2418, a cuyos fundamentos y conclusiones, en lo pertinente, corresponde remitir en razón de brevedad.

3º) Que los recurrentes no aportan nuevos argumentos que justifiquen revisar los criterios adoptados en Fallos: 316:1668 y 320:425, cuya doctrina resulta aplicable en la especie.

4º) Que aun cuando se considere que los apelantes han mantenido debidamente la tacha de inconstitucionalidad articulada, cabe desestimarla. Ello es así porque el planteo, en rigor, se reduce a una escueta y genérica impugnación que no resulta apta para justificar una declaración de semejante gravedad institucional (Fallos: 301:904, 962; 312:72; 321:542, entre muchos otros). En efecto, la preservación de la justiciabilidad de las controversias de derecho privado, consagrado por el art. 18 de la Constitución Nacional y una norma imperativa de derecho internacional general (ius cogens), constituye el núcleo de la litis (Fallos: 305:2150; 321:48 y precedentes citados en los considerandos 2 º y 3º). Los actores no han demostrado que el sistema alternativo con que cuenta la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande sea ineficaz para satisfacer aquel principio, pues se limitaron a sostener que no es legítimo que el Estado pueda formar una entidad internacional sin conceder a sus ciudadanos la posibilidad de acudir a su propia jurisdicción para obtener reparación en el derecho interno.

Por lo demás, los apelantes se sometieron sin reservas al órgano arbitral, lo cual obsta a la ulterior objeción del procedimiento que consideran lesivo de sus derechos (Fallos: 275:235, 459; 294:220; 300:480; 307:1602; 321:3150, entre muchos otros).

5º) Que en lo atinente a la alegada incongruencia del fallo, esta Corte comparte los fundamentos y conclusiones del dictamen del señor Procurador Fiscal (capítulo VII), al que cabe remitir a fin de evitar repeticiones innecesarias.

Por ello, y lo concordemente dictaminado por el señor Procurador Fiscal, se declara procedente la queja y el recurso extraordinario y se confirma la sentencia apelada. Con costas. Agréguese la queja al principal. Notifíquese y remítase.- A. C. Belluscio. E. Moline O'Connor. A. Boggiano. G. A. F. López. A. R. Vázquez. J. C. Maqueda.