Kosfelder Stormer, Harry s. sucesión

TSNeuquén, 22/06/09, Kosfelder Stormer, Harry s. sucesión.

Sucesiones. Jurisdicción internacional. Último domicilio del causante en Argentina. Bienes inmuebles en Chile. Código Civil: 3283, 3284, 3285, 10, 11. Peligro de denegatoria de justicia. Competencia de los tribunales argentinos.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 31/08/09, en El Dial AA5558 y en ED 23/04/10, con nota de A. M. Soto.

En la ciudad de Neuquén, capital de la provincia del mismo nombre, a los veintidós días de junio de dos mil nueve, se reúne en acuerdo el Tribunal Superior de Justicia con la Presidencia de su titular, doctor Oscar E. Massei, integrado por los señores vocales doctores Ricardo T. Kohon, Eduardo F. Cia, Antonio G. Labate, y Lelia Graciela Martínez de Corvalán, con la intervención de la titular de la Secretaría Civil de Recursos Extraordinarios doctora María T. Giménez de Caillet-Bois, para dictar sentencia en los autos caratulados: "Kosfelder Stormer, Harry s. sucesión" (Expte. N° 88 año 2006) del Registro de la mencionada secretaría.

Antecedentes:

A fs. 290/299 el coheredero R. K. deduce recursos de casación por Inaplicabilidad de Ley y de Nulidad Extraordinario, contra la sentencia de fs. 282/284, dictada por la Cámara de Apelaciones Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la ciudad de Zapala, que confirma su similar de Primera Instancia, en cuanto rechaza el pedido de inscripción de la declaratoria de herederos respecto de un bien inmueble en Chile.

A fs. 303/304, contestan el traslado de ley S. Z. S. y M. A K. y luego, a fs. 314/315 vta., a través de la Resolución Interlocutoria N° 219/07, se declara admisible el recurso de casación por Inaplicabilidad de Ley e inadmisible el de Nulidad Extraordinario.

El Sr. Fiscal ante el Cuerpo contesta la vista a fs. 307 y vta. y propicia el rechazo del recurso casatorio atento a la incompetencia del Juez del sucesorio para entender respecto del bien denunciado a fs. 243.

Firme la providencia de autos, se encuentra la presente causa en estado de dictar sentencia. Por lo que este Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes cuestiones: a) ¿Resulta procedente el recurso de casación por Inaplicabilidad de Ley? b) En caso afirmativo, ¿qué pronunciamiento corresponde dictar? c) Costas.

A las cuestiones planteadas el Dr. Kohon, dijo:

I. Que a los fines de lograr una mejor comprensión de la materia traída a estudio de este cuerpo, realizaré una síntesis de los hechos relevantes para la resolución del recurso.

1. A fs. 8 y vta., mediante apoderado, la Sra. S. R. Z. S. y el Sr. M. A K. inician el juicio sucesorio del Sr. H. K. o H. K. S..

Respecto de la vocación hereditaria manifiestan que el causante se casó en segundas nupcias con la Sra. S. Z., y de ese matrimonio nació M. A. K.. Agregan que, si bien el causante falleció en la localidad de Panquipulli, República de Chile, su domicilio real era en la Vega Maipú de la ciudad de San Martín de los Andes, República Argentina.

Posteriormente, a fs. 18/19, se presenta el Sr. R. K., en carácter de hijo del causante y de la Sra. N. S..

Producida información sumaria respecto del domicilio del causante, a fs. 52 el a quo se declara competente para entender en el sucesorio.

2. A fs. 106 se dicta la declaratoria de herederos, por la cual, a causa del deceso del Sr. H. K. S. se declara que le suceden en carácter de únicos y universales herederos sus hijos: M. A K. - Z. y R. K. y S., sin perjuicio de los derechos de su cónyuge supérstite S. R. Z. S.. Y, a fs. 194, se homologa el acuerdo de partición respecto de los bienes muebles e inmuebles comprendidos en el sucesorio.

3. A fs. 243, el apoderado del Sr. R. K., denuncia un nuevo bien inmueble de propiedad del causante con la Sra. S. R. Z. S. situado en la localidad de Panguipulli, República de Chile. Manifiesta que el título de dicho bien fue inscripto en el Registro de la Propiedad en el año 1983, por lo cual es un bien ganancial y corresponde el 50% de él a los hijos del causante. En consecuencia, solicita se libre exhorto al juez competente a fin de inscribir la declaratoria de herederos en relación con el inmueble denunciado.

La Sra. S. R. Z. S. y su hijo, M. A K., a fs. 246 requieren se rechace el pedido anterior por entender que el inmueble no pertenece al acervo hereditario, en tanto fue adquirido por la esposa del causante en abril de 1979, cuando era soltera, y el hecho de la registración no () implica que el inmueble sea ganancial.

A fs. 248/250, R. K. solicita se rechace la oposición y se ordene la inscripción de la declaratoria, por las razones que expone.

El Sr. Agente Fiscal dictamina a fs. 253 que el a quo es competente para actuar en autos conforme los Arts. 3.283 y 3.284 del Código Civil.

Sin embargo, a fs. 254/255, la Sra. Jueza rechaza el pedido de inscripción respecto del bien denunciado, porque entiende que, para determinar la ganancialidad del bien, y por lo tanto, la inscripción de la declaratoria de herederos, se debe tramitar la correspondiente sucesión en Chile.

Así, la a quo sostiene que el Art. 3283 del Código Civil determina la ley aplicable. Y si bien parece establecer el principio de la unidad de sucesiones, al interpretarlo con los Arts. 10 y 11 del C.C., se acerca más a un sistema mixto, donde los inmuebles son regidos por la ley de su situación. Además –agrega-, el Tratado de Montevideo de 1940 establece el principio del fraccionamiento de las sucesiones, debiendo abrirse en cada estado donde existan bienes, por lo cual, en el caso, se debe iniciar una sucesión en Chile.

4. La Cámara, a fs. 282/284, rechaza la apelación del Sr. R. K. y confirma la resolución recurrida. Para decidir así, considera que los bienes inmuebles siempre deben ser transferidos de conformidad con las leyes del lugar donde se encuentran ubicados (con cita de los Arts. 10 y 3.283 del Código Civil y sus notas), en este caso la República de Chile, y que se trata de jurisdicción concurrente no exclusiva. Agrega, que el presente tema se encuentra contemplado en el Tratado de Montevideo en cuanto establece que la ley del lugar de los bienes hereditarios al tiempo de la muerte del causante rige todo lo relativo a la sucesión legítima.

5. Contra esa decisión el heredero R. K. deduce recursos de casación por Inaplicabilidad de Ley y de Nulidad Extraordinario. Sostiene que la resolución viola y aplica erróneamente la ley y la doctrina legal vigentes.

Además, dice que es arbitraria porque contiene manifiestas contradicciones y deja sin resolver planteos efectuados por su parte. Agrega, que la resolución se funda en un criterio totalmente distinto al establecido por los Arts. 3284, 3470 y cctes. del Código Civil. Por otro lado, para fundar el recurso de Nulidad Extraordinario, sostiene que se afecta el artículo 166 de la Constitución Provincial (actual 238), porque se omite resolver sobre cuestiones esenciales sometidas de modo expreso y oportuno, presenta incongruencia y no posee sustento en las constancias de la causa.

6. Que, como ya se consignó, luego de la contestación de la contraria, a través de la Resolución Interlocutoria N° 219/07, se declaró admisible el recurso de casación por Inaplicabilidad de Ley e inadmisible el de Nulidad Extraordinario.

II. Para la resolución de la primera cuestión planteada, corresponde determinar si el juez del sucesorio abierto en el país es competente para resolver la controversia respecto de si un bien inmueble que se encuentra en la República de Chile integra el haber sucesorio.

1. Que, en primer lugar, es necesario resaltar que la garantía constitucional de la defensa en juicio supone la posibilidad de ocurrir ante algún órgano jurisdiccional en procura de justicia, la que no debe ser frustrada por consideraciones de orden procesal o de hecho (cfr. CSJN, autos "Vlasov", Fallos 246:87).

Que, a partir de ello se ha dicho: "[…] que dichas circunstancias conlleven a analizar (sic) la cuestión con amplitud de criterio, propiciando en su caso, una interpretación que amplíe en la medida de lo posible, la competencia internacional de la justicia argentina para así evitar el indeseable riesgo de una denegación o privación de justicia frente a un eventual conflicto negativo jurisdiccional que pudiera suscitarse […]", CNCiv., sala K, autos "Talevi, Diego s. sucesión", LL 2006-C, 875).

2. En el caso, la cuestión se centra en determinar si el juez argentino tiene jurisdicción internacional para resolver el pedido de fs. 243. Para ello resulta necesario diferenciar los conceptos de ley aplicable y de jurisdicción internacional.

Al respecto, Werner Goldschmidt habla de la confusión entre el problema de la ley aplicable con el del juez competente (Derecho Internacional Privado, pág. 373, 8° Ed., Depalma 1999), pues una cuestión es determinar cuál es el derecho aplicable al caso con elemento extranjero y otra, establecer los tribunales de qué país son competentes para entender en un caso con elemento extranjero.

Que, por lo tanto, una cuestión es la unidad o pluralidad de derecho aplicable en materia sucesoria y otra, la unidad o pluralidad de jurisdicciones sobre la misma materia. Así, puede existir unidad de derecho y pluralidad de competencia, o unidad de jurisdicción y pluralidad de leyes aplicables, o unidad en ambos aspectos, o pluralidad en los dos (ob. cit., pág. 373/4; Berta Kaller de Orchansky, Nuevo Manual de Derecho Internacional Privado, pág. 283, Plus Ultra, Buenos Aires 1991).

Que, cabe resaltar, la jurisdicción internacional –en rigor, competencia judicial internacional (cfr. Calvo Caravaca – Carrascosa González, Derecho Internacional Privado, Vol. 1, pág. 60/61, Comares, Granada 1999)- trata del poder de las autoridades de un Estado para conocer y decidir un caso iusprivatista con elemento extranjero y, también, al poder de autoridades extranjeras para dictar un pronunciamiento que pueda ser reconocido y ejecutado en otro Estado (cfr. Adriana Dreyzin de Klor – Teresita Saracho Cornet, Trámites judiciales internacionales, pág. 77, Zavalía, Buenos Aires 2005), o bien, como dice Berta Kaller de Orchansky, trata de determinar cuál es el Estado cuyos jueces serán competentes en los casos mixtos (ob. cit. pág. 450).

Esta jurisdicción puede ser directa –la del propio juez para entender- o indirecta –la del juez que requiere una medida de cooperación internacional-. A su vez, la primera puede ser concurrente, única o exclusiva.

3. Que el Código Civil, en sus Arts. 90, inc. 7°, y 3284, determina que la jurisdicción sobre la sucesión corresponde a los jueces del último domicilio del causante (sistema de unidad de jurisdicción). Al respecto dice Goldschmit: "[…] La jurisdicción internacional argentina en materia sucesoria existe, desde luego, si el último domicilio del causante o el domicilio del único heredero que acepte la herencia se encuentra en la República. Estos principios pueden desprenderse de los arts. 90 inc. 7, 3284 y 3285, C.C. […]" (ob. cit., pág. 374 y 381).

Que, por su parte, los Tratados de Montevideo establecen que los juicios sucesorios se seguirán antes los jueces donde se encuentren situados los inmuebles (sistema de pluralidad de jurisdicciones). Pero, debe tenerse en cuenta que Chile no es parte de estos tratados (cfr. Kaller de Orchansky, ob. cit., pág. 30; Dreyzin de Klor – Saracho Cornet, Trámites Judiciales internacionales, pág. 25/26, Zavalia, Buenos Aires 2005), por lo cual se debe aplicar el sistema del Código Civil.

En conclusión, posee jurisdicción internacional –competencia judicial internacional- el juez del domicilio del causante para entender el proceso sucesorio, en el cual se determinan situaciones jurídicas sobre calidad de herederos, composición del patrimonio y partición del acervo (cfr., Adriana N. Abella, "Reflexiones sobre la competencia para dictar medidas de seguridad a pedido de los causahabientes", LL 2006-C, 875).

4. Que, otro tema –distinto al que se resuelve en el presente- es la determinación de la ley aplicable. Así, respecto de la sucesión el Art. 3283 del Código Civil dice que es la ley del domicilio del difunto al momento de su muerte y, en cuanto al régimen patrimonial del matrimonio, el Art. 163 adopta la ley del primer domicilio conyugal como punto de conexión (cfr. Berta Kaller de Orchansky, ob. cit., pág. 245).

5. Que en virtud de las consideraciones vertidas y del criterio formulado, propongo al Acuerdo declarar procedente el recurso de Inaplicabilidad de Ley y casar la sentencia en crisis, por haberse configurado la causal de infracción legal y doctrinal denunciada respecto de la aplicación de los Arts. 3283 y 3284 del Código Civil.

Que, consecuentemente, y a la luz de lo establecido en el Art. 17°, inc. c), de la Ley 1.406, corresponde hacer lugar a la apelación deducida a fs. 262/264 y revocar el rechazo del pedido efectuado a fs. 243, con fundamento en la incompetencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la ciudad de Junín de los Andes, debiendo reenviarse la causa por resultar competente para resolver dicha solicitud.

Que, con relación a las costas de esta instancia, atento el modo en que se resuelve y la excepcionalidad de la temática aquí tratada, estimo que deberán imponerse en el orden causado (Arts. 68, in fine, del C.P.C. y C. y 12° de la Ley 1.406), y diferirse la regulación de los honorarios de los letrados intervinientes al momento procesal oportuno.

Voto por la afirmativa.

El señor vocal Dr. Cia dijo:

Comparto la línea argumental desarrollada por el doctor Ricardo T. Kohon en su bien fundado voto, por lo que expreso el mío en igual sentido.

Voto por la afirmativa.

La señora vocal Dra. Martínez de Corvalán, dijo:

Comparto totalmente el criterio sustentado por el colega que votara en primer término doctor Ricardo T. Kohon, por lo que emito mi voto en idéntico sentido.

Voto por la afirmativa.

El señor vocal Dr. Labate dijo:

Adhiero al voto emitido por el doctor Ricardo T. Kohon, pronunciándome en consecuencia en idéntico sentido.

Voto por la afirmativa.

El señor vocal Dr. Massei dijo:

Coincido con los argumentos expuestos por el doctor Ricardo T. Kohon, como así también con las conclusiones a las que arriba, por lo que voto en el mismo sentido.

Voto por la afirmativa.

De lo que surge del presente Acuerdo, oído el Sr. Fiscal ante el Cuerpo, por unanimidad, se resuelve:

1°) Declarar procedente el recurso de casación por Inaplicabilidad de Ley, interpuesto a fs. 290/299 por el coheredero R. K., y casar, en consecuencia, el decisorio dictado a fs. 282/284, por la Cámara de Apelaciones Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la ciudad de Zapala, por haber mediado las causales previstas en los incs. a) y b), del Art. 15° de la Ley 1.406 respecto de los Arts. 3283 y 3284 del Código Civil.

2°) En virtud de lo dispuesto por el Art. 17°, inc. c), de la Ley ritual, y sobre la base de los fundamentos vertidos en el presente pronunciamiento, recomponer el litigio y revocar el rechazo del pedido efectuado a fs. 243, debiendo reenviarse la causa al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la ciudad de Junín de los Andes por resultar competente para resolver dicha solicitud.

3°) Imponer las costas de esta instancia en el orden causado, atento los motivos expresados en el considerando pertinente y diferir la regulación de los honorarios profesionales para su oportunidad (Arts. 68, 2° párrafo, del C.P.C. y C. y 12° de la Ley Casatoria).

4°) Disponer la devolución del depósito efectuado a fs. 288 y 310 (Art. 11° L.C.).

5°) Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvanse los autos.- O. E. Massei. R. T. Kohon. E. F. Cia. A. G. Labate. L. G. Martínez De Corvalán.

Fallos relacionados

CSJN, 23/12/04, García Badaracco, Susana c. García Badaracco, Ricardo.

Stemphelet, Onildo c. T. A. M. Viajes y Turismos

Cám. 1a. Civ. y Com., Bahía Blanca, sala I, 30/04/81, Stemphelet, Onildo O. c. T. A. M. Viajes y Turismos S.A.

Contrato de viaje. Crucero. Argentina – Paraguay – Brasil. Incumplimiento contractual. Organizadora de viaje. Responsabilidad. Obligaciones propias de organización. Condiciones generales. Exoneración de responsabilidad por incumplimiento de terceros. Intermediaria. Falta de legitimación pasiva.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 28/08/09 y en DJBA 122, 21.

2º instancia.- Bahía Blanca, abril 30 de 1981.-

Cuestiones: 1ª ¿Es justa la sentencia apelada de fs. 163? 2ª ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A la primera cuestión el señor juez doctor Pliner, dijo: I. El doctor Onildo O. Stemphelet demanda a T.A.M. Viajes y Turismo S.A. por el pago de los daños y perjuicios que le ha ocasionado el incumplimiento de las obligaciones que había asumido la demandada en una excursión turística que le vendió para visitar el Paraguay y Cataratas del Iguazú. Reclamó en el escrito introductorio de la acción la suma de $ 40.000 de la moneda al tiempo del contrato, debiendo actualizarse oportunamente en la sentencia. Relata que la demandada publicitó una profusa propaganda ofreciendo a mediados del año 1975 una atractiva excursión que se anunciaba de alta jerarquía, la que incluía un crucero en lujosa y moderna motonave desde el puerto de Buenos Aires hasta Asunción, con escalas en Rosario, Paraná y Corrientes para visitar esas ciudades, fiestas a bordo, sesiones cinematográficas, orquesta, entretenimientos, etc. Luego se visitaría la ciudad de Asunción, para seguir hasta Puerto Stroessner, pasar al Brasil en Foz de Iguazú, recorrido de las cataratas en ambos lados, alojamiento en hoteles de primera categoría, continuación del viaje en ómnibus hasta Posadas con vistas en el curso de ese trayecto a lugares de atracción turística y, finalmente, traslado en avión hasta Buenos Aires. El precio total convenido para el grupo familiar del actor (marido, esposa y tres hijos menores) fue de $ 28.125 que el demandado abonó al contado el 18 de julio, y comprendía todos los transportes, pensión completa a bordo y media pensión en tierra, diversas excursiones y visitas, alojamiento en hoteles "de primera categoría", almuerzos típicos en Paraguay y Brasil, y viaje aéreo desde Posadas a la Capital Federal.

Afirma el actor en su demanda que ha sido defraudado por la accionada porque el ampuloso ofrecimiento público no sólo no se cumplió sino que tuvo que pagar numerosos servicios incluidos en la excursión programada y pagada, porque la organización del viaje se desentendió de sus obligaciones, y los viajeros debieron proveer por sus propios medios a las graves deficiencias que denuncia, tales como la movilidad en la zona de las cataratas que la demandada no proveyó desamparando a los integrantes de la excursión, falta de prestación de las comidas prometidas, de visitas anunciadas en el contrato que no se hicieron, la falta de reservas de pasajes en avión, los que el actor debió gestionar y pagar de su bolsillo, falta de reservas en el hotel de Puerto Iguazú lo que obligó a la familia Stemphelet a pasar una noche compartiendo dos matrimonios una pieza, mientras que los niños de esos dos matrimonios (el del doctor Stemphelet y el del doctor Fortunato, seis en total) debiendo ser distribuidos en habitaciones de algunos amigos que los recibieron para dormir, junto con los hijos de ellos. Capítulo aparte hace de la descripción del barco, llamado de lujo, en que hicieron el crucero a la ciudad de Asunción. Denuncian falta de higiene, falta de comodidades, malas comidas, ausencia total de los juegos, entretenimientos, música, bailes de disfraz, cine, todo lo que convirtió el viaje de placer en una tortura, amén del retraso en la salida, que obligó al Dr. Stemphelet a devolver los pasajes en ómnibus que había tomado en Bahía Blanca para viajar a Buenos Aires con su familia, con la consiguiente pérdida, en razón de que se le comunicó, por la demandada la postergación de tres días de la partida con una antelación de horas, etc.

… Omissis …

La demandada contesta la acción planteando como primera cuestión, que T.A.M. Viajes y Turismo S.A. no ha sido la organizadora del crucero vendido al actor. Sostiene que su intervención en el negocio ha sido la de un simple intermediario, en su calidad de agencia de viajes, que como otras agencias de esta ciudad, vendían el crucero de referencia, por cuenta de la entidad turística llamada "Veamérica Mayorista", con domicilio en la Capital Federal, la que era la empresa organizadora de la excursión. Por lo tanto, declina toda responsabilidad por los motivos que enuncia la demanda. Eventualmente niega todos los hechos afirmados por el actor y ofrece pruebas. Pide la citación al juicio de la expresada "Veamérica Mayorista" Agencia de Viajes y Turismo S.A.

Esta última se presenta en el proceso. Luego de una detallada lista de negaciones, reconoce que el viaje fue organizado por Veamérica, y sostiene: a) Que de acuerdo con el contrato la citada no contrae responsabilidad "si por razones de fuerza mayor la empresa tuviera que suspender la continuación de servicios ya iniciados" salvo el reembolso de las sumas pagadas "previa deducción de los servicios utilizados"; b) Que el organizador se reservó el derecho de alterar y/o modificar el itinerario programado; c) Que el organizador "no es responsable por daños o accidentes personales"; que declaró explícitamente "que obra y actúa como intermediaria entre el pasajero y las entidades, empresas de transporte, hoteles y/o personas llamadas a prestar los servicios, siendo su responsabilidad cubierta por las instituciones mencionadas; d) Que el actor conocía estas condiciones generales que excluyen la responsabilidad "por accidentes, daños, enfermedad, pérdida de equipaje, retrasos y otros inconvenientes no previstos…" y que "toda estada suplementaria originada por anticipación de la llegada, así como por el retraso o cancelación de la salida del barco, avión u otro medio de transporte para el regreso o por otras causas, será por cuenta de los señores pasajeros..."; e) Que, en el mejor de los casos, el actor "tendría que haber solicitado –lo que no hizo- el reembolso total de lo abonado previa deducción de los servicios utilizados"; f) Que el actor esperó tres años "para, luego de haber viajado y conocido, iniciar esta acción por $ 40.000 actualizados desde la fecha del viaje, cuando pagó por el total de los servicios $ 28.125, conducta que no sólo importa una demasía, sino el ejercicio abusivo de sus derechos; g) Finalmente arguye que justamente al tiempo del viaje se produjo el fenómeno económico conocido por el "Rodrigazo", esto es "un acontecimiento imprevisible que modificó bruscamente la economía nacional, y por ende, el equilibrio de las prestaciones recíprocas... de manera que deviene valiosa en la especie la teoría que, haciendo pie en la imprevisibilidad, da lugar al reajuste de prestaciones que las circunstancias tornaron groseramente distintas de las queridas", para concluir: "Si ello es así, y sin admitir el incumplimiento que la actora afirma, resulta procedente pensar que aquellas alteraciones que denuncia... no vinieron más que a restablecer el equilibrio que debe reinar en la órbita contractual". Ofrece prueba y pide el rechazo de la demanda.

… Omissis …

Apelan el actor y ambos condenados.

… Omissis …

IV. Trataré en primer lugar los agravios de T. A. M. Agencia de Viajes S.A. que importan considerar una defensa de falta de legitimación pasiva, lo que significa una defensa excluyente.

En mi opinión el quejoso tiene razón.

El propio actor acompañó a su demanda los prospectos de fs. 6 y 7, de los cuales resulta que Veamérica Mayorista S.A. es la organizadora del "tour". El volante de fs. 6 que describo y contiene las cotizaciones de las comodidades del buque "Presidente Alfredo Stroessner" en que hizo el crucero el doctor S., lleva en letras notables impresas el nombre de Veamérica Mayorista, y en el pliego de condiciones generales de fs. 7 vta. se lee: ..."Alteraciones. El organizador Veamérica Mayorista se reserva el derecho de alterar y/o modificar..." y más adelante "Responsabilidad. El organizador Veamérica Mayorista Empresa de Viajes y Turismo...no se responsabiliza por daños...". Igualmente el "voucher" (cupón de servicio) "que acredita al doctor Stemphelet y familia como participantes en el viaje, ha sido expedido por Veamérica, lo mismo que la "chequera de viajes" agregada a continuación del documento anterior. No ha podido pues llamarse a engaño el actor sobre cual era la empresa organizadora del "tour", y que la agencia de viajes y turismo que es T. A. M. era simple intermediadora, o agente de colocación directamente al público de las plazas en la excursión montada y organizada por Veamérica que es la que propone las condiciones generales del viaje, cuya aceptación por el interesado está probada "al efectuar la compra e inscribirse en el presente tour", como se expresa en la cláusula final (fs. 7 vta.). El doctor Stemphelet ha suministrado espontáneamente la prueba de su conocimiento del papel que juega en el caso Veamérica, ya que compró el viaje en aquellas condiciones que da por conocidas; y si los papeles carecen de firma, la presentación voluntaria que hace de ellos el actor obvia la falta, puesto que importa una admisión de los hechos y circunstancias de la contratación, ya que esos papeles son parte del fundamento negocial de la demanda.

No puede ser óbice para esta conclusión la violación del art. 8 de la ley 18.829 –mencionada por la sentenciante- ya que si bien el anuncio periodístico de fs. 144 publicado en el diario "La Nueva Provincia", no tiene otra indicación sobre la organización del viaje que el anuncio de T. A. M. que podría ser tachado de inducir a error, lo cierto es que el actor no ha alegado la confusión o el engaño, y a poco de entrar en negociaciones con esta agencia, los papeles que recibió eran suficientes para aclarar la situación de T. A. M. e ilustrarlo sobre cuál era la empresa organizadora.

Llegado a este punto, considero innecesario –salvo opinión contraria de mis colegas de Sala- tratar los demás agravios de este apelante. Deberá, por tanto, declararse que T. A. M. carece de legitimación pasiva en este juicio, y la demanda contra ella deberá desestimarse.

V. La primera impugnación al fallo que hace Veamérica es que la señora jueza no consideró la prueba aportada por el propio actor, de la que resultaría que esa empresa no era más que una mera intermediaria entre el viajero y los prestadores de los diferentes servicios que integraban el tour, y que no advirtió las causales de eximición de responsabilidad previstas en las condiciones generales del prospecto del viaje.

La queja es infundada.

La documentación que invoca el apelante, de la que ya me ocupé en el punto anterior, precisa claramente que Veamérica es la agencia organizadora del tour y las "condiciones generales" de fs. 7 vta. que precisan los casos en que esa organización quedará excusada de responsabilidad. Son ellos amén de daños o accidentes personales que pudieran sufrir los pasajeros, como también pérdida o robo de equipajes, se pone el acento en que "el organizador declara explícitamente que obra y actúa como intermediario entre el pasajero y las entidades, empresas de transporte, hoteles y/o personas llamadas a prestar los servicios, siendo su responsabilidad cubierta por las instituciones mencionadas...". Esta cláusula no significa otra cosa que el organizador del viaje no responde por los incumplimientos específicos de sus obligaciones en que incurren los prestadores directos de los servicios que a su vez deben controlar, pero no libera de su responsabilidad propia a la agencia organizadora del viaje, en cuanto a las obligaciones específicas de la función que es precisamente la de "organizar" la sincronización de los diversos servicios de modo que el viajero sea conducido a lo largo del itinerario convenido y se encuentre en cada etapa con la ordenada asistencia de los agentes de la empresa organizadora, los alojamientos reservados, los medios de transporte contratados y los pasajes listos para ser entregados al turista, las excursiones comprometidas de modo que el viajero sea buscado por la empresa que se hizo cargo del paseo y no que debe vagar desorientado en busca de quien lo va a servir, etc. Si la empresa organizadora no tiene un agente suyo en cada destino para apoyar y auxiliar al turista que ha comprado un viaje y no una serie discontinua de servicios sin coordinación, incumple sus funciones de "organización" que es lo único que ofrece. Un tour colectivo requiere un guía que resuelva los problemas que se presentan en el curso de la excursión, que mantenga la unidad del viaje en todas sus secuencias, que cada uno de los turistas se sienta –repito- conducido y asistido por el organizador, que es la prestación fundamental a que éste se obliga. No es excusable que los servicios prometidos queden sin ser prestados por la simple razón de que no aparezca quien deba hacerlo; que en el hotel a que va dirigido –o sea el designado en su voucher- no tiene habitaciones reservadas para el turista supuestamente esperado; que el ómnibus en que debía hacer un paseo no se presente a buscar al viajero, que las pomposas comidas típicas no se realicen porque nadie se acordó de conducir a los interesados al restorán, no individualizado donde deba servirse, y en qué se supone que el servicio se pagó con el dinero del turista; que el viajero llegue a una ciudad donde se previó un paseo de visita, y no haya quien lo reciba ni lo transporte; que acuda al aeropuerto donde debe tomar un avión para regresar al punto de partida y no encuentre quien lo atienda en representación del "organizador" y no entregue los pasajes del supuestamente reservado vuelo. Todo esto y más, muestra cuál es la función de la empresa organizadora, y las fallas que anoto así, en términos generales, que se han dado en el viaje de autos (lo que se halla probado con los testimonios de Néstor Osvaldo Rossi –f. 98-, Esteban Enrique Ojeda –f. 99-, Salomón Fortunato, -f. 103-, e Hilda Selva Vázquez –f. 109 vta.-) pone en relieve que la agencia Veamérica, abandonó a sus turistas en su accidentado viaje, sin que ninguna explicación de la organización se haya ensayado para justificar por qué los servicios prometidos no se prestaron, por qué los vehículos que debían conducir al contingente a las cataratas no se presentaron, por qué el grupo no recibió asistencia para reingresar al territorio patrio, por qué el Hotel de Iguazú no tenía habitaciones reservadas para el actor y su familia, por qué no había persona alguna en Posadas para entregarles los pasajes en avión para Buenos Aires, al doctor Stemphelet, ni había reservas de plazas en el vuelo previsto. Todas estas "faltas", que son faltas de la organización y no de los presuntos prestadores de los servicios, pues no alegó Veamérica que esos servicios estaban contratados, que las reservas estaban hechas, que los pasajes estaban pagados, etc., y que el incumplimiento era debido a la culpa de los respectivos prestadores contratados. La única excusa intentada –y ya veremos su suerte- es la imputación vaga de esas falencias "al shock económico conocido como 'el Rodrigazo' que alteró visiblemente el equilibrio contractual". No alegado ni probado caso de fuerza mayor, como dice el apelante, ni afirmado que los servicios prometidos y no satisfechos estaban contratados y pagados por la agencia, Veamérica aparece claramente responsable del incumplimiento contractual sucedido por su culpa, y debe indemnizar al actor por los daños que ha sufrido en la medida que fueran imputables a ese incumplimiento de la empresa organizadora, excluidos solamente aquellos comprendidos en la reserva expresada en las "condiciones generales", es decir los que resulten consecuencia de la inejecución de las obligaciones de las personas o empresas prestadoras directas de los servicios y que hubieren sido contratados previamente por Veamérica (arts. 519 a 522 del Cód. Civil).

… Omissis …

IX. La pretensión del apelante de que, en todo caso, lo que correspondería al actor como único derecho sería que se le devolviera la suma pagada con deducción correspondiente "a los servicios utilizados", es una fórmula de solución que no se adecua a las circunstancias del caso. No se trata aquí del supuesto previsto en las "condiciones generales" del contrato de un reclamo por algún servicio que "por motivos de fuerza mayor la empresa tuviera que suspender la continuación de servicios ya iniciados", porque para ello debería reunirse dos condiciones: a) Que la agencia hubiese "suspendido" la continuación de servicios ya iniciados, lo que no ha sucedido, ya que en la especie no hubo otra cosa que un abandono de sus obligaciones por el agente organizador, despreocupándose de la suerte de sus clientes en medio del viaje; b) Que la "suspensión" de proseguir la prestación de servicios ya iniciados solo era legítima si se fundaba en motivos de fuerza mayor, cosa que no se ha demostrado en autos, como ya lo señalé.

X. La queja sobre la falta de tratamiento en la sentencia de la "demasía de la demanda" –concretamente: pluspetición- carece de trascendencia por cuanto la reclamación, aun en el supuesto de ser de alguna manera excesiva (lo que no ocurre en el caso) debería serlo de manera desmedida y torpe, y tal juicio no cabe cuando se trata de capítulo indemnizatorio sujetos a prueba y de la valoración del juez; y que la demasía fuera inexcusable. Y nunca cabe la única sanción prevista por la ley –carga de las costas- si el demandado no ha admitido el monto que luego se establece en la sentencia (art. 72, Cód. Procesal).

XI. La señora jueza acoge la petición de resarcimiento del daño moral y lo fija en la suma de pesos 15.000.000 de la moneda actual. El apelante la juzga "a todas luces excesiva teniendo en cuenta que dicha suma supera la dada al momento de la celebración del contrato si esta última fuera actualizada".

Dijo la señora jueza a quo al fundar su decisión sobre este punto que la reclamación del actor es procedente "toda vez que resulta obvio que si una persona decide realizar un viaje de placer junto a su grupo familiar y para ello elige una excursión publicitada en los periódicos que le ofrece la posibilidad de gozar un número de días determinado, de placeres, diversiones, esparcimiento, entretenimientos, de solazarse cultural y espiritualmente, y que a medida que avanza en su desarrollo resulta todo lo contrario, esto se convierte en un devenir angustioso, plagado de sinsabores, penurias e incertidumbre llega a sentirse íntimamente afectada y sufre sin duda alguna los efectos de ese dolor moral". Esta conclusión no ha sido atacada por el apelante y debe reputarse firme (arts. 259 y 261 Cód. Proced. Pero el cuadro que pinta la sentencia es todavía pálido reflejo del proceso angustiante que han debido soportar el actor y su familia en este viaje en el que las sucesivas frustraciones soportadas por los viajeros han debido desmoralizarlos, no sólo por las perspectivas de visitar lugares prometidos que no les fueron servidos, de hacer excursiones que se suprimieron sin aviso ni explicaciones, de ser llevados a almorzar a restorantes típicos que no vieron porque nadie se acordó de ellos, de encontrarse sin pasajes ni reservas para tomar el avión de regreso, etc., sino por el lastimoso engaño de que fueron víctimas con el fastuoso anuncio de hacer un crucero fluvial de varios días a bordo de un barco de lujo, de la "mayor categoría", con aire acondicionado, menús de primera calidad, con orquesta y bailes todas las noches, festival de disfraces, etc. y haberse encontrado con que todo eso era mentira: ni bailes, ni música, ni aire acondicionado, con mala comida, ni escalas prometidas para conocer ciudades ribereñas y el túnel subfluvial y, para colmo, ratas a bordo (ver declaraciones de otros cuatro viajeros de la misma excursión de fs. 93, 99, 108 y 109 vta.). Ya no se trata de algún incumplimiento de una "empresa transportadora" del que no responde la empresa organizadora, sino de anuncios mendaces para atraer incautos, de publicidad dolosa, por lo que sí responde la agencia de viajes que programó y organizó el tour (art. 14 del decreto reglamentario de la ley 18.829, del 19 de abril de 1972 N° 2182). Toda esta sucesión de sinsabores, de angustias de abandono, era suficiente para quebrar la moral y la entereza del viajero, sobre todo si lleva consigo a su esposa e hijos y espera regalarles con espectáculos naturales y culturales desconocidos, concluir hasta amargar la contemplación de las soberbias cataratas del Iguazú. El viaje, que se anunció como una sucesión de maravillas, se convirtió en una sucesión de desilusiones, en sensaciones de abandono, de penurias por falta de alojamiento, y concluyó en el fracaso de una excursión de lujo que prometía solaz, descanso, descubrimiento para el espíritu y hasta placeres de la buena mesa.

Pienso sin embargo que la suma establecida por la señora jueza a quo para indemnizar el agravio moral sufrido por el actor y su familia es un tanto excesiva. La valoración de este capítulo indemnizatorio es fundamentalmente subjetiva y la breve duración del viaje debe computarse también para limitar el monto fijado, así como las proyecciones de la injuria moral en el tiempo. Propongo a reducir a diez millones de pesos la indemnización examinada.

… Omissis …

XIII. Veamos los agravios del actor. Los gastos que tuvo que afrontar como consecuencia de la demora de la partida del barco, cancelando los pasajes en ómnibus que tenía tomados para viajar a Buenos Aires, están excluidos de la responsabilidad de la agencia de viajes, según resulta de la cláusula expresa de fs. 7 vta. (rubro "responsabilidad") y punto primero de "Condiciones generales - Responsabilidades" de la chequera de viajes de fs. 17, tácitamente aceptadas por el viajero. Por lo tanto su rechazo en la sentencia como daño reparable por Veamérica ha sido correcto.

Los documentos de fs. 9 y 18 no constituyen prueba valorable por falta de firma el uno, y falta de autenticación el otro. Pienso, en cambio, que está demostrado con las declaraciones testimoniales ya citadas que el actor ha debido afrontar el pago de comidas programadas que no les fueron servidas, y realizar por propia cuenta de los viajeros diversas excursiones y visitas que estaban en el itinerario del tour, así como comidas comprendidas en la excursión, que no fueron atendidas por persona alguna en representación de los organizadores del viaje (Rossi, fs. 98 vta. pret. 7º; Ojeda, fs. 99, misma pret. y 12º pret.; Fortunato, pret. 8º y 12; Hilda Vázquez, relato contestando la pregunta séptima). Como se trata de erogaciones indudablemente soportadas por los integrantes del tour, "abandonados" por los organizadores, como repiten los testigos, estimo que debe reconocerse razonablemente esta capítulo de daños y fijar su monto con arreglo al art. 165 "in fine" del Cód. Procesal. Propongo a este efecto la suma de tres millones de pesos en la moneda de hoy.

Por todo lo expuesto, resumo mi opinión final en el sentido de que no es justa la sentencia en cuanto hace lugar a la demanda contra T.A.M. Viajes y Turismo S.A.; que lo es en cuanto admite la viabilidad de la acción contra Veamérica, Mayorista S.A. en toda la extensión de la condena, a la que deberá agregarse el capítulo por $ 3.000.000 a que me referí más arriba, y reducirse el daño moral a la suma de $ 10.000.000 al acoger parcialmente los agravios del actor.

Así lo voto.

Los señores jueces doctores Cervial y Lombardi, por los mismos fundamentos, votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión el señor Juez doctor Pliner, dijo: Conforme el acuerdo arribado al votarse la primera cuestión, corresponde: 1. Revocar la sentencia apelada en punto a la admisión de la acción contra T.A.M. Viajes y Turismo S.A. absolviendo a ésta, con costas al actor (art. 68, Cód. Procesal); 2. Modificar el fallo apelado fijando el monto de la condena a Veamérica, Mayorista, Viajes y Turismo S.A., a catorce millones cien mil pesos, de la moneda actual, con sus intereses en la forma prevista en la sentencia en recurso. En cuanto a las costas de la alzada propongo, dada la forma en que prosperan las pretensiones, que Veamérica S.A. pague las suyas y el cincuenta por ciento de las del actor (art. 68, inc. 2° Cód. Procesal). Las de primera instancia deberán confirmarse (art. 68 citado).

Así lo voto.

Los señores jueces doctores Cervini y Lombardi, por los mismos motivos, votaron en igual sentido.- A. Pliner. F. J. Cervini. C. A. Lombardi.

Belum SA le pide la quiebra Tecnocom San Luis

CNCom., sala A, 11/12/98, Belum S.A. le pide la quiebra Tecnocom San Luis S.A.

Jurisdicción internacional. Concurso preventivo en Argentina. Sociedad constituida en Uruguay. Sucursal en Argentina. Tratado de Derecho Comercial Montevideo 1940: arts. 40 y 41. Independencia económica. Inexistencia. Incompetencia de los tribunales argentinos.

El texto del fallo ha sido remitido por la Profesora M. B. Noodt Taquela a quien agradezco la gentileza.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 27/08/09.

Dictamen del Fiscal de Cámara

1º La juez de primera instancia se declaró incompetente para entender en este pedido de quiebra porque la presunta insolvente es sucursal de una sociedad constituida en la República Oriental del Uruguay. Expresó la juez que debe acudirse a lo dispuesto en el Tratado de Montevideo de 1940, pues esa es la fuente de derecho internacional privado aplicable en caso como el de autos, en el que se suscita un conflicto consistente en un pedido de quiebra de sujeto vinculado fácticamente con países signatarios de ese tratado. Y señaló que el art. 40 de ese texto establece que son jueces competentes para declarar la quiebra los del domicilio del comerciante o de la sociedad mercantil, aun cuando practiquen accidentalmente actos de comercio en otros u otros estados, o tengan en alguno de ellos agencias o sucursales que obren por cuenta y responsabilidad del establecimiento principal.

2º Apeló la acreedora peticionaria, quien fundó su recurso en fs. 553/54. Sostuvo que debe revocarse la decisión de la juez a quo porque la sucursal tiene independencia económica respecto de la matriz. Cita la regla del art. 41 del tratado aludido.

3º Considero que debe confirmarse lo resuelto, toda vez que la alegada independencia económica de la sucursal argentina no resulta de estos autos. En efecto, como bien lo puso de relieve la fiscal de primera instancia en su dictamen de fs. 48, del texto de las actas de directorio de la sociedad uruguaya, protocolizadas para su inscripción en la Inspección General de Justicia, a fin de establecer la sucursal, surge que se otorgó poder general amplio de administración y se designó representante legal a la misma persona que ejercía el cargo de presidente del directorio. Esta circunstancia convierte en sumamente dudosa la tesis de la apelante, en el sentido de que la sucursal argentina tenía independencia económica respecto de la sociedad constituida en Uruguay y a ello debe agregarse que la suma destinada al capital con que se dotó a la sucursal –veinte mil dólares estadounidenses- carece de entidad suficiente para dar sustento a la alegada independencia. En cuanto a las circunstancias que invoca la recurrente y que surgirían del frustrado concurso preventivo de Belum S.A., no los considero relevantes al efecto pretendido: la reinversión de utilidades no constituye necesariamente un signo de independencia: en algún caso podría revelarla, pero también podría obedecer a una decisión de estrategia empresaria adoptada por la casa matriz. Por último, el incremento del patrimonio –tanto del activo como del pasivo- no es evidencia suficiente para tener por demostrada la tesis de la peticionaria de la quiebra. Concluyo, pues, que el caso de autos no está comprendido en la hipótesis del art. 41 del Tratado, sino en la del art. 40.

Por las razones expuestas, postulo que se confirme la resolución de fs. 49/50.

Dejo así contestada la vista conferida por V.E. en fs. 57.- Noviembre 25 de 1998.- R. A. Calle Guevara.

2º instancia.- Buenos Aires, diciembre 11 de 1998.-

Y Vistos: Comparte esta sala los fundamentos del dictamen del Sr. Fiscal de Cámara, a los cuales se remite brevitatis causae. Por ello, se confirma lo decidido. Devuélvase a primera instancia, encomendándose al Sr. juez a quo disponga la notificación de la presente resolución.- J. J. Peirano. I. Míguez de Cantore. M. Jarazo Veiras.

Artes Gráficas Buschi s. concurso s. incidente de revisión al crédito de Stora Enso Kabel GMB & Co. 2 instancia

CNCom., sala D, 19/12/07, Artes Gráficas Buschi S.A. s. concurso preventivo s. incidente de revisión por la concursada al crédito de Stora Enso Kabel GMB & Co. KG.

Compraventa de mercaderías. Concurso en trámite en Argentina. Verificación de crédito. Vendedor con domicilio en Alemania. Pesificación. Excepciones. Dec. 410/02. Ley extranjera aplicable. Incoterms. Cláusula CFR. Lugar de cumplimiento. Puerto de embarque. Convención sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías Viena 1980. Normas de fuente interna. Código Civil: 1209, 1210. Normas de policía.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 26/08/09.

2º instancia.- Buenos Aires, diciembre 19 de 2007.-

1°) La concursada apeló contra la resolución de fs. 86, en cuanto rechazó la revisión intentada, denegando así su planteo tendiente a lograr la "pesificación" del crédito de Stora Enso Kabel GMB & Co. KG, con una relación equivalente a $ 1 = U$S 1 (fs. 88).

2°) El decreto 410/2002 estableció diversas excepciones al régimen general de "pesificación" aprobado por la ley 25.561, el decreto 214/02 y normas concordantes. Entre tales excepciones, se encuentra la prevista por el artículo 1°, inciso "e", referente a "… Las obligaciones del sector público y privado de dar sumas de dinero en moneda extranjera para cuyo cumplimiento resulte aplicable la ley extranjera…".

Por ello, a los efectos de decidir la controversia de autos, corresponde establecer el derecho aplicable a la relación jurídica generadora del crédito.

3°) La incidentista solicitó la verificación de un crédito correspondiente al precio de tres compraventas internacionales, documentadas en tres facturas emitidas por ella en Alemania (fs. 23/25), correspondiente a mercaderías que fueron embarcadas en el puerto de Zeebrugge de ese país (fs. 26).

Las tres operaciones se instrumentaron, como surge de las facturas, bajo condición CFR ("Cost and Freight").

Tal condición CFR es, de acuerdo a los Incoterms aprobados en el año 2000 por la Cámara de Comercio Internacional, uno de los denominados términos "C" que, además, comprende a las condiciones CIF, CPT y CIP, conforme con todos los cuales el vendedor cumple el contrato en el país de embarque o despacho que, a su vez, determina el lugar de cumplimiento del contrato.

En particular, la condición CFR significa que el vendedor realiza la entrega cuando la mercancía sobrepasa la borda del buque en el puerto de embarque, y que debe pagar los costos y el flete necesarios para llevar la mercancía al puerto de destino convenido. Desde esa perspectiva, para el vendedor los alcances son los mismos que la condición FOB con la única diferencia de que la vendedora debe encargarse de contratar la bodega del barco y pagar el flete hasta destino.

Al ser esto último así, y del mismo modo que ocurre con la venta FOB, cabe afirmar que las de autos fueron compraventas en firme, puras y simples, cuyos efectos inmediatos se produjeron en el puerto de embarque. Particularmente, cabe entender que la entrega "jurídica" de las mercaderías (no la "material"), resultó satisfecha al ser colocada a bordo del transporte en el lugar de carga convenido, con lo que la ley del lugar de cumplimiento resultó ser, entonces, la del país donde se produjo tal embarque (o sea, la ley alemana); ley extranjera esta última que, además, por el juego de los arts. 1209 y 1210 del Código Civil, es la que igualmente rige la existencia, naturaleza, validez y obligaciones de las partes, y todo cuanto concierne al contrato, bajo cualquier aspecto que sea, incluyendo la moneda de pago (conf. CNCom. Sala A, 31/5/07, "Bravo Barros, Carlos c. Martínez Gares, Salvador s. ordinario").

Y si bien, como es sabido, las normas de derecho extranjero pueden ser desplazadas en nuestro país por el juego de las normas de policía emanadas de leyes de emergencia económica (arg. art. 14, inc. 1, del Código Civil), corresponde hacer excepción a ello pues tratándose específicamente de una operación del sector privado de dar sumas de dinero en moneda extranjera para cuyo cumplimiento resulta aplicable, como se dijo, la legislación extranjera, la conversión a pesos establecida por la ley 25.561 o el decreto 214/02 se encuentra expresamente erradicada en función de la excepción contemplada por el art. 1, inc. "e" del decreto 410/02, y comunicaciones "A" 3507, 3561, 3567 del Banco Central de la República Argentina, por lo que corresponde ordenar el pago en la divisa foránea pactada (conf. Sonoda, J., Los efectos de la pesificación sobre los contratos internacionales, RDPC, t. 2002-1 (emergencia y pesificación), p. 461, espec. p. 475/476).

Es de notar, que así lo ha resuelto reiteradamente esta Cámara de Apelaciones en casos sustancialmente análogos de compraventas internacionales bajo condición FOB (conf. CNCom. Sala A, 31/5/07, "Bravo Barros, Carlos c. Martínez Gares, Salvador s. ordinario"; íd. Sala B, 30/9/04, "Rodados Mountain Byke SA c. Banco de Galicia y Bs. As.", LL 2005-A, 697; íd. Sala C, 7/2/06, "Selu-Len SA c. Banco Sudameris Argentina SA s. ordinario"; íd. Sala E, 21/9/04, "Fábrica Argentina de Conductores Bimetálicos s. conc. prev. s. inc. de revisión por Maxxweld Industria e Comercio de Materiais Eléctricos Ltda.", JA 2005-I, p. 67; íd. Sala E, 3/11/05, “Penguin Books Ltd. c. Librería Rodríguez SA s. ordinario", LL 2006-C, 449, con nota de Menicocci, A., Compraventa internacional de mercaderías y derecho aplicable al pago del precio; íd. Sala D, 25/4/2004, "Lee Asociated s. inc. de rev. en: Editorial Perfil s. concurso preventivo", LL 2004-D, 223).

Sólo a mayor abundamiento señálase que la solución no resulta contraria a lo establecido por la Convención de Viena sobre Compraventa Internacional de Mercaderías de 1980, aprobada por nuestro país (ley 22.765) y por Alemania quien la aprobó el 21 diciembre de 1989, con entrada en vigencia en ese país a partir del 1° de enero de 1991. Ello es así, toda vez que la Convención de Viena sobre Compraventa Internacional de Mercaderías guarda silencio sobre el tipo de cambio de la unidad monetaria con la que se debe realizar el pago, lo cual –a falta de previsión expresa del contrato- remite a las normas del derecho internacional privado argentino (conf. Garro, A.M., La Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías: su incorporación al orden jurídico argentino, LL 1985-D, 943), esto es, en lo que aquí interesa, a la ley del lugar de cumplimiento (arts. 1209 y 1210 del Código Civil), que como ya se dijo es la ley extranjera.

Por ello, resultando aplicable al caso el derecho alemán, conforme con lo resuelto por el magistrado de la anterior instancia, corresponde verificar el crédito insinuado en la moneda extranjera pactada (dólares estadounidenses), de conformidad con lo dispuesto por el art. 1, inciso "e", del decreto 410/02.

4°) Por lo expuesto, se resuelve: (a) Confirmar la resolución de primera instancia –dictada a fs. 86-. (b) Imponer las costas de alzada a la concursada en su condición de vencida (art. 68 del Código Procesal). Devuélvase sin más trámite, confiándose al magistrado de primera instancia proveer las diligencias ulteriores (CPr 36: 1°) y las notificaciones pertinentes. Es copia fiel de sus originales obrantes a fs. 142/145.- G. G. Vassallo. J. J. Dieuzeide. P. D. Heredia.

Artes Gráficas Buschi s. concurso s. incidente de revisión al crédito de Stora Enso Kabel GMBH. 1 instancia

Juz. Nac. Com. 12, secretaría 23, 03/11/04, Artes Gráficas Buschi S.A. s. concurso preventivo s. incidente de revisión por la concursada al crédito de Stora Enso Kabel GMBH.

Compraventa de mercaderías. Concurso en trámite en Argentina. Verificación de crédito. Vendedor con domicilio en Alemania. Pesificación. Excepciones. Dec. 410/02.

La sentencia fue confirmada por la Cámara Comercial.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 25/08/09.

1º instancia.- Buenos Aires, 3 de noviembre de 2004.-

Y vistos: 1.1. Estos autos en condiciones de ser resuelta la revisión articulada.

1.2. Solicitó la concursada que se revea la decisión recaída en la resolución prevista por el art. 36 de la LCQ, en cuanto declaró verificado un crédito a favor de Stora, Enso Kabel GMB & Co. KG en la moneda en que había sido insinuado y no en "pesos".

Sostuvo, también, que las normas de pesificación resultan ser aplicables en la especie.

1.3. Corrido el traslado de ley, la sindicatura lo contestó en fs. 67/69 manteniendo la postura adoptada en oportunidad de emitir opinión en el informe previsto por el art. 35 de la LCQ.

La acreedora se expidió en fs. 57/60, solicitando el rechazo del presente incidente de revisión.

1.4. En los términos en que se encuentra planteada la cuestión que se debate en autos corresponde declarar la misma como de puro derecho. Y considerando:

2.1. Solicitó la insinuante la verificación de un crédito con origen en provisión de insumos, quien en la etapa procesal oportuna acompañó como documentación base de su acreencia poder general judicial, conocimiento de embarques y letra de cambio.

2.2. La concursada cuestionó la insinuación en moneda extranjera la cual fue desestimada por la sindicatura y por el Tribunal por entender que dicha operatoria se encuentra amparada por lo dispuesto por el art. 1 inc. e) del decreto 410/02.

2.3. En la especie, ningún nuevo elemento aporta la concursada para torcer los argumentos del decisorio cuya revisión se persigue.

Mediante su presentación inicial, reedita los planteos ya formulados y analizados, sin demostrar que la normativa aplicada por el suscripto como solución del conflicto se encuentra errada.

3.1. Desde tal perspectiva y en atención a la orfandad de elementos nuevos que permitan un reexamen de la cuestión, resuelvo: a- rechazar el presente incidente de revisión interpuesto. b- imponer las costas por su orden. c- notifíquese.- J. M. Ojea Quintana.

Unilever c INPI. 2º instancia

CNCiv. y Com. Fed., sala III, 24/03/98, Unilever NV c. Instituto Nacional de la Propiedad Industrial.

Patentes de reválida. Derecho aplicable. Presentación de la solicitud. Convenio ADPIC. Conflicto transitorio de Derecho Internacional Privado.

La sentencia fue revocada por la Corte Suprema.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 24/08/09, en LL 1998-C, 718 y en DJ 1998-3, 100.

2º instancia.- Buenos Aires, marzo 24 de 1998.-

El doctor Amadeo dijo: I. En su sentencia de fs. 501/2, el juez federal de 1ª instancia, luego de resolver a pedido de las partes que sus planteos constituían una cuestión de puro derecho, hizo lugar a la demanda promovida por Unilever N.V., con domicilio en Al Rotterdam, Holanda, contra el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial con el objeto de que se dejasen sin efecto las resoluciones dictadas el 21 de marzo de 1997 –en las que el segundo denegó las solicitudes de patentes de reválida presentadas el 13/6/95 (acta Nº 332.387, correspondiente a la patente de los EE.UU. de América Nº 5.246.694, del 21/9/93, que cubre una "Composición de champú") y el 27/7/95 (acto Nº 332.958, correspondiente a la patente de Australia Nº 647.681, del 20/11/92, que ampara "Composiciones detergentes")- y se ordenara la continuación de los trámites correspondientes e impuso las costas al demandado vencido. Para alcanzar esta decisión el magistrado consideró, con respaldo en jurisprudencia previsional de la Cámara Nacional en lo Contenciosoadministrativo Federal, que cita, que la actora adquirió el derecho a ser regida por la ley vigente a la fecha de las solicitudes, por lo que el análisis de las condiciones formales y sustanciales para el otorgamiento de las patentes debía efectuarse al amparo de la ley 111 y sus normas reglamentarias y no de acuerdo con las disposiciones de la nueva ley de la materia 24.481, ya que ésta entró en vigencia el 28 de septiembre de 1995 conforme resulta del art. 2º del Cód. Civil y del dec. 548/95.

Esta decisión fue apelada por el Instituto, el que expresó agravios a fs. 513/22, respondidos por la accionante a fs. 524/31.

II. El recurrente clasifica sus quejas en una principal y las restantes subsidiarias.

La primera consiste en que el juez no podía ignorar que la ley vigente al momento de la presentación de la solicitud era, además de la 24.481, la 24.425 publicada el 5/1/95, mediante la cual se aprobaron los resultados de la Ronda Uruguay del Gatt, entre ellos el denominado Acuerdo Trip-s Gatt. Este último no prevé las patentes de reválida y a partir de la reforma de la Constitución Nacional de 1994, posee jerarquía superior a la ley nacional. Por lo tanto, sostiene que la institución cuestionada fue suprimida de nuestra legislación.

Los agravios subsidiarios consisten en: a) la solicitud no confiere a su titular derecho adquirido alguno, sino que la mera presentación no tiene otras consecuencias que indicar el orden de estudio del expediente y para el caso de que cumpla con los requisitos mínimos que la ley prescribe da derecho a obtener "fecha de prioridad" a los efectos de la existencia o inexistencia de "anterioridades", todo lo cual indica que constituye una simple expectativa; b) es inaplicable en el sub examen la teoría de los derechos adquiridos, pues, conforme jurisprudencia de la Corte Suprema que cita, nadie tiene en principio un derecho adquirido al mantenimiento de las leyes o reglamentos, ni a la inalterabilidad de los mismos; c) es errónea la analogía pretendida por el juzgador entre las jubilaciones y las solicitudes de patentes de reválida, pues se trata de una extrapolación de principios fuera de contexto y extraños a la materia de patentes; en el caso de las jubilaciones, éstas se adquieren como derecho cuando se ha alcanzado la edad requerida y se han realizado los aportes correspondientes a la Caja; se trata entonces de un reconocimiento formal de una obligación sujeta a condición (edad, aportes y cese de actividad) que el obligado al pago del beneficio asume; reitera lo dicho en el responde acerca de que la patente nace como derecho exclusivo en cabeza de su titular a partir del momento en que la autoridad de aplicación lo concede, o sea que nace con el registro; d) en la época en que sancionó la ley 111 la patente de reválida era un instituto necesario por el tipo de comunicaciones existentes entre los países y la índole de la documentación requerida para su otorgamiento, pero a partir del Convenio de París, se comenzó a usar la prioridad internacional, que permite a los solicitantes de patentes presentar dentro del lapso de un año del primer depósito, otra solicitud relativa al mismo invento en alguno de los países que adhieren al tratado, para lo que se debía acompañar la documentación de la primera presentación y la fecha de ésta era la que la oficina correspondiente tenía en cuenta a los efectos de la búsqueda de anterioridades; el sistema de la prioridad es actualmente un instituto plenamente vigente, mucho más a partir de que el Acuerdo Trip-s Gatt lo receptó y complementó; y e) es evidente que a las patentes de reválida se les exige un tipo de novedad distinta que la requerida a las patentes independientes (novedad exclusivamente local), por lo que hacer pervivir este instituto –que hoy no sólo ha desaparecido de la ley argentina sino que también está en desuso en el derecho comparado- importa contradecir el Acuerdo Trip-s Gatt y el tipo de novedad que éste exige a los fines del patentamiento, que es la novedad universal o absoluta (art. 27). Por último, se agravia el Instituto porque el a quo le impuso las costas del juicio, sin expresar los fundamentos por los que se ha apartado de la jurisprudencia constante de esta cámara que ha establecido como regla general que aquéllas, en esta clase de juicios, se distribuyen en el orden causado, en virtud del papel que desempeña la autoridad de aplicación.

III. Me haré cargo en primer término de lo que el apelante califica como su agravio principal. Este, como dije antes, consiste en que el juez no tomó en cuenta al momento de decidir, que a la fecha en que se presentaron las solicitudes de reválida ya estaba vigente la ley 24.425 que incorporó a nuestro derecho, con jerarquía superior a la de la ley nacional (art. 75, incs. 22 y 24, Constitución Nacional), el "Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedades Intelectual relacionados con el Comercio" (conocido en nuestra lengua en forma abreviada como A.D.P.I.C. y en idioma inglés como Trip-s -"Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights") y que este tratado había suprimido las patentes de reválida.

En primer lugar, opino que el anterior sentenciante no podía traer al debate un argumento que el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial no había esgrimido ni al fundar su acto denegatorio ni al contestar la demanda, (art. 277, Cód. Procesal), más aún cuando se controvierte en doctrina si el A.D.P.I.C. es o no "autoejecutorio" y, si lo es, cuáles de sus disposiciones revisten ese carácter. Una decisión así hubiera importado afectar el derecho de defensa de la actora, toda vez que ésta –para dar un ejemplo-, en otra circunstancia, habría podido ofrecer pruebas tendientes a demostrar que el trámite de reválida de patentes no era rechazado de plano por la autoridad de aplicación con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley 24.425.

A lo que cabe agregar, como bien señala la actora al contestar agravios, que el A.D.P.I.C. consagra niveles mínimos de protección, lo que significa que los miembros pueden establecer en su legislación una protección más amplia que la exigida por el Acuerdo (Parte I, art. 1.1.). Por lo tanto, no puede interpretarse que al omitir este último toda mención acerca de las patentes de importación o de reválida, quedaron implícitamente derogadas las normas correspondientes de la ley 111, ya que dichas patentes no implican otra cosa que una mayor garantía para quien patentó su invención por primera vez en otro país.

En cuanto al Convenio de París de 1883, que fue aprobado por la República Argentina con sus revisiones de Bruselas, Washington, La Haya, Londres y Lisboa, mediante la ley 17.011, y que el recurrente también invoca, no me parece que haya suprimido implícitamente el instituto de la reválida. El hecho de que según el art. 2.1 de dicho tratado, los dependientes de cada uno de los países de la Unión gozarán en los demás países de ésta, en lo que concierne a la protección de la propiedad industrial, de las ventajas que las leyes respectivas acuerden a los nacionales, sólo puede entenderse como que en un país de la Unión sus nacionales no podrán tener un trato más favorable. En este sentido el plazo de doce meses que otorga el Convenio de París (art. 4. C) para el ejercicio del derecho de prioridad, puede ser bastante más extenso para la obtención de una patente de reválida, según el art. 2 de la ley 111 (10 años o hasta la fecha en que venza el plazo de la patente originaria). Pero esto no constituye un perjuicio para el inventor que haya solicitado la primera patente en un país de la Unión y que luego se dispone a patentar la misma invención en otros países suscriptores del Convenio.

Por otra parte, la explotación en el país por un tercero del invento ya patentado por primera vez en otro país constituye un impedimento para el titular de dicho patentamiento de que se le conceda en la Argentina la patente de reválida (art. 46, última parte, ley 111).

Finalmente, es interesante añadir que en el precedente dictado por la sala II de esta cámara el 29/9/70 in re: "G.P.C. S.R.L. c. Borges, Alberto", los jueces que fundaron la sentencia, doctores Felipe Ehrlich Prat y Miguel F. Echegaray, pese a que la ley 17.011 había sido sancionada en el año 1966, en ninguna parte de sus votos consideraron la posibilidad de que el citado Convenio hubiese derogado o modificado el instituto de las patentes de reválida previsto en la ley 111.

IV. Paso a tratar a continuación los restantes agravios del apelante.

Corresponde entonces, atendiendo a esas críticas, determinar si la nueva legislación (ley 24.481, con las reformas de la ley 24.572) alcanza a las solicitudes de patentes de reválida depositadas por la actora, constituyendo simplemente la aplicación de la ley nueva a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, como está contemplado en la primera parte del párr. 1º del art. 3º del Cód. Civil; o si, en cambio, esa aplicación que defiende el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual significa avanzar sobre derechos incorporados definitivamente al patrimonio de la actora solicitante.

Es indispensable establecer, primero, para ello en qué fecha quedó derogada la antigua ley de patentes 111. Si bien no es ésta una cuestión sencilla, por la cantidad de decretos y leyes dictados sobre la materia en el corto período de un año (siguiendo el orden de su publicación en el Boletín Oficial: decs. 548/95, 621/95, ley 24.481, ley 24.572 y dec. 590/95, ley 24.603 y dec. 3/96, dec. 260/96), considero que aquélla concluyó su vigencia transcurridos los 8 días siguientes al de la publicación oficial de la ley Nº 24.481, o sea el 7/10/95. Me baso para decir esto, por un lado, en que el Congreso Nacional aceptó el veto formulado por el Poder Ejecutivo al art. 102 del proyecto de ley que llevaba el Nº 24.481, en cuanto establecía la aplicación retroactiva al 1º de enero de 1995 (dec. 548/95 y nota del Presidente de la H. Cámara de Diputados de la Nación, del 23 de mayo de 1995 –publicada en el B. O. del 28/9/95-, mediante la que comunica al Presidente de la Nación que el mencionado proyecto ha quedado definitivamente sancionado), y no sustituyó aquella norma por otra que se refiriese a la fecha en que entraría a regir el nuevo régimen, por lo que corresponde aplicar la regla general del art. 2º del Cód. Civil. Por otro lado, el art. 1º de la ley 24.603, en cuanto dispone: "La ley 24.481, modificada por la 24.572, sustituyó y derogó a la ley 111", contribuye a convalidar esa interpretación.

Dicho esto, es importante destacar que las solicitudes de patentes de reválida que dan origen al presente juicio fueron depositadas en la oficina correspondiente cuando la primitiva ley de la materia conservaba su vigencia. Por lo tanto, careciendo la nueva legislación de una norma que expresamente determine su aplicación retroactiva, ella se aplicará desde el 7/10/95, como señalé más arriba. En consecuencia, desde este primer enfoque, opino que la ley 24.481 y su reforma no han tenido en mira alterar la situación de las solicitudes de reválida en trámite.

Mas el demandado sostiene que debía aplicar a las presentaciones la ley vigente al momento de dictar resolución y que frente a esto, aunque se lo estimase una aplicación retroactiva de la ley, la actora no era titular de un derecho adquirido amparado por el art. 17 de la Constitución Nacional, sino de una mera expectativa a que se le reconociese el derecho de inventor.

Se plantea así el problema de si con el depósito de sus solicitudes de reválida durante la vigencia de la ley 111, Unilever N.V. había ya adquirido un derecho que se incorporó a su patrimonio.

Aunque admito que no es un caso sencillo, me inclino por la respuesta afirmativa.

V. El derecho de propiedad del inventor sobre su descubrimiento nace con éste (art. 17, Constitución Nacional; ver Breuer Moreno, Pedro C.: "Tratado de patentes de invención", vol. I, ps. 186/7, Nº 132, Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1957), lo que no impide que la ley reglamente razonablemente las condiciones que deben darse para determinar que se está frente a una auténtica invención y que respete valoraciones de orden público local, para que así se permita expedir al descubridor el título que ampare la exclusividad de su explotación. Aquella preexistencia se comprueba, por ejemplo, al surgir implícitamente de la ley 111 que el inventor puede ceder su derecho con anterioridad a presentar la solicitud de patentamiento o que la divulgación de su descubrimiento antes de dicha solicitud implica el abandono de su derecho (CS, Fallos: 238:271). Ha dicho la antigua Cámara Federal de esta Capital: "… si el derecho encuentra su causa en el descubrimiento, sólo halla su efectividad en la patente" (causa "Ashworth c. Obras Sanitarias de la Nación", del 23/2/39, JA, 68-655).

Por respeto al derecho del inventor, la ley 111 permitió la revalidación en el país de las patentes otorgadas en el extranjero. Dice al respecto Breuer Moreno (ob. cit., vol. II, p. 382, Nº 307): "La ley de patentes 111, dictada en 1864, en lo que puede llamarse los albores del derecho de patentes, fue, en muchos sentidos, una precursora en materia de protección de inventos extranjeros. Sancionada en un momento en que la condición de reciprocidad estaba en auge para el reconocimiento del derecho de los extranjeros, la suprimió por completo; y, adelantándose a lo que más tarde hizo la Unión Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial, abolió los efectos de la publicidad destructora de novedad en los casos de patentes de revalidación.

VI. En atención a lo antes expuesto, cuál es entonces la función que, en casos como el presente, desempeña la solicitud. ¿Constituye para el presentante un mero derecho en expectativa y como tal expuesto a los cambios de la legislación? ¿O bien se trata de un derecho adquirido, es decir incorporado a su patrimonio, y que, por lo tanto, no puede ser alcanzado por el nuevo régimen legal?

Pienso que para la ley 111 la patente extranjera crea la presunción de que existe una invención real realizada por su titular. Y es por ello que hace una excepción al requisito de la novedad absoluta que adopta con relación a las solicitudes de las denominadas patentes comunes o independientes. De los arts. 2º y 46 de la mencionada ley se desprende que toda publicación del invento a partir de la requerida para obtener su patentamiento en el país extranjero de que se trate, hasta la fecha de presentación de la solicitud de la patente de reválida en la República Argentina, no constituye impedimento para que ésta sea otorgada al titular de la primera o bien a sus sucesores legítimos. A su vez, en el art. 5º se contempla que la revalidación se limitará a 10 años, pero en ningún caso excederá el término concedido a la patente primitiva, con la cual caducará.

Y bien, considero que con la presentación de sus pedidos de patentes de reválida al Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual en fecha anterior a la de la derogación de la ley 111, Unilever N.V. ejerció una opción y cumplió con el presupuesto de hecho a su cargo que la ley prevé para acceder al régimen especial que establece en materia de novedad para esa clase de patentes. Por otra parte, el propio demandado admite a fs. 518 y vta. que la ley derogada aplicaba a las patentes de importación el criterio de la "novedad relativa o local" y que las nuevas normas no hacen excepción al sistema de la "novedad universal o absoluta". Asimismo, de considerarse que es la ley nueva la aplicable a las solicitudes depositadas por la actora, se habría cercenado a ésta la facultad que le confería la ley anterior de presentar la solicitud de reválida en cualquier momento posterior al de la concesión de la patente extranjera (obsérvese que en el caso las presentaciones se hicieron 2 y 3 años después de esta última fecha), pues el derecho o plazo de prioridad que otorga el nuevo régimen legal es sólo de 1 año. Estas modificaciones son tan significativas que su aplicación a las solicitudes de reválida presentadas durante la vigencia de la ley 111 importaría conferir a las leyes 24.481 y 24.572 efectos retroactivos, importando ello la afectación de derechos incorporados al patrimonio de la actora desde que depositó sus solicitudes y, como tales amparados por el art. 17 de la Constitución Nacional.

Juzgo, por lo tanto, aplicable al sub examen la siguiente doctrina que consagran diversos precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: "Si bajo la vigencia de una ley el particular ha cumplido todos los actos y condiciones sustanciales y los requisitos formales previstos en esa ley para ser titular de un determinado derecho, debe considerarse que hay derecho adquirido aunque falte la declaración formal de una sentencia o de un acto administrativo, pues éstos sólo agregan el reconocimiento de ese derecho o el apoyo de la fuerza coactiva necesaria para que se haga efectivo. De no ser así, resultaría la inadmisible consecuencia de que la titularidad de un derecho individual vendría a depender de la voluntad discrecional del obligado renuente en satisfacer ese derecho" (Fallos: 296:723; 298:472; 314:486). "La actividad razonablemente exigible a efectos de obtener la regulación de los honorarios había sido agotada por los profesionales intervinientes, pues todo trámite posterior resultaba ajeno a ellos (Fallos: 305-1:899; 314:486). Cuando una ley ha optado por omitir toda referencia a su aplicación al juzgamiento de los hechos ocurridos bajo la vigencia de la ley anterior, aquéllos deben quedar sometidos a los preceptos legales imperantes en el momento en que se produjeron, ya que en esas condiciones, el nuevo ordenamiento no tiene efecto retroactivo, ni altera el alcance jurídico de las consecuencias de los hechos y actos realizados en su momento bajo un determinado dispositivo legal, pues de lo contrario puede afectar derechos adquiridos bajo el régimen anterior (Fallos: 299:132; 314:486).

Los fundamentos desarrollados hasta aquí me llevan a propiciar la confirmación de lo decidido por la sentencia apelada en cuanto al fondo del asunto.

VII. En cuanto a la queja del Instituto por la circunstancia de que el juez le impuso las costas del proceso en su calidad del vencido, soy de opinión que debe modificarse esta decisión.

En efecto, en este pleito se trató una cuestión no sencilla y el organismo estatal, como se ha declarado en diversos precedentes de esta cámara y de la Corte Suprema, interviene en estos juicios en defensa de la ley y, por ende, en favor del interés y el bienestar general (CS, Fallos: 322:732). Este tribunal ha expresado que sólo cabe hacer excepción a la regla general de que en tales casos las costas deben aplicarse por su orden, cuando el acto denegatorio sea manifiestamente arbitrario, carezca de fundamentos serios o resulte de un accionar que exceda notoriamente los límites legales, pues de lo contrario el ente oficial podría sentirse inhibido para desarrollar eficazmente su función de contralor (sala III, causa Nº 2755/93, sentenciada el 6/3/97).

VIII. Por lo expuesto, voto porque se confirme lo resuelto por el juez en la sentencia de fs. 501/3, distribuyéndose las costas de ambas instancias en el orden causado.

El doctor de las Carreras dijo: 1. Adhiero en su totalidad al muy meditado y fundado voto del doctor Amadeo, aun en cuanto a las costas, tal como es doctrina de la sala I en la que he intervenido.

En particular, también coincido con la extemporaneidad de los planteos relativos a la vigencia del denominado "Acuerdo Trip'-s-Gatt" y a las distintas formas de computar la "novedad" en las solicitudes (art. 277, Cód. Procesal).

Comparto también las razones que lo llevan a sostener que el A.D.P.I.C. recepta pautas mínimas de protección factibles de ser ampliadas por el derecho interno de los países miembros, y las que me convencen que el Convenio de París (ley 17.011) no ha suprimido la revalidación de patentes, las cuales se encontraban admitidas en la ley 111.

Por último, encuentro irrefutable la argumentación para fundar que la fecha de conclusión de vigencia de la ley 111 es posterior a la presentación de las solicitudes de autos, y la consiguiente temporalidad de la ley 24.481.

2. Sin perjuicio de ello, me interesa abundar –con el riesgo de ser reiterativo del voto anterior- respecto de la incidencia en el caso de distinguir entre el derecho subjetivo al reconocimiento de una patente y el derecho a la aplicación de un determinado régimen jurídico para tal fin.

El primero es reconocido por un acto administrativo concreto –previa sustanciación de un procedimiento-, y es un derecho que hasta ese momento sólo constituía una "mera expectativa". A ello hace referencia el principio establecido por la Corte Suprema al indicar que "… el depósito en el Registro Nacional de la Propiedad Intelectual no crea derecho definitivo a favor del beneficiario, pues ese derecho puede discutirse en juicio…" (Fallos: 271:368).

En segundo término, el derecho a la aplicación de un determinado régimen jurídico resulta la controversia medular de este pleito (cfr. fundamento de las denegatorias), en tanto la accionada sostiene que en tanto las leyes 24.481 y 24.245 resultan aplicables al sub judice, no corresponde admitir los registros solicitados por cuanto no prevén las patentes de reválida.

3. En mi parecer –en lo que también coincido con mi colega preopinante- las presentaciones realizadas por la actora importaron fijar para los depósitos involucrados la ley aplicable al derecho –en expectativa- de exclusividad que reclama, es decir, inmovilizaron a la ley 111 como el régimen legal que debe regir la cuestión, y toda vez que admite la revalidación de patentes en sus arts. 2º y 46, los registros deben admitirse a la luz de la cual debe merituarse la procedencia de los registros solicitados.

Ello así lo pienso, por cuanto: 3.a) Quedó demostrado en el voto del doctor Amadeo que durante la vigencia de la ley 111 la parte actora ejerció su derecho manifestando la voluntad de obtener las reválidas mediante los depósitos de marras.

Esta circunstancia es un presupuesto fáctico de innegable transcendencia jurídica, por cuanto importa que el actor se colocó en una situación jurídica particular y concreta (opción voluntaria de acogerse a un determinado régimen) que tiene la virtualidad de fijar inalterablemente la ley que regula los actos y condiciones sustanciales y los requisitos formales para ser beneficiario de cuando allí establece (Fallos: 296: 723); máxime cuando, por lo demás, el incumplimiento de sus prescripciones no ha sido denunciado ni probado tanto en sede administrativa como en este pleito.

Por tal motivo, tampoco es admisible el argumento de exigir el requisito del dictado de un acto administrativo expreso, anterior a la nueva normativa, que tuviera por objeto reconocer el derecho de fondo peticionado (cfr. punto 3º, párr. 1º del dictamen del refrendante legal a fs. 337/340 y 480/483).

En tales condiciones, si la parte actora peticionó el beneficio de las patentes de reválida que reconocía la ley 111 durante su vigencia, su privación afectaría el derecho adquirido a su amparo, y como tal ya incorporado a su patrimonio, lo cual menoscaba la garantía que consagra el art. 17 de la Constitución Nacional (Fallos: 163:155; 178:431 y 238:496).

A mayor abundamiento, si la accionada pretende fundarse en la aplicación del art. 3º del Cód. Civil se impone recordar que si bien el principio de la irretroactividad de las leyes "… carece de jerarquía constitucional, ello reconoce excepción en los supuestos en que medie vulneración de derechos adquiridos, es decir, definitivamente incorporados al patrimonio de la persona a la cual se pretende aplicar la nueva ley…" (Fallos: 137:47, 178:431, 251:78, 284:218, 226 y 229).

3.b) En segundo lugar, y por igual razón, no cabe aplicar el principio general que "… nadie tiene derecho al mantenimiento de las leyes y reglamentos, ni a la inalterabilidad de los mismos…" (Fallos: 306:721 y 305:2205).

En efecto, aun cuando se hubiera modificado el régimen legal para la materia, en tanto las solicitudes de reválidas fueron presentadas en junio y julio de 1995, es decir, con anterioridad a la vigencia de la ley 24.481 (consid. IV del voto del doctor Amadeo), deben ser analizadas y discernidas dentro de las prescripciones de la ley 111, y este derecho no puede ser desconocido por encontrarse consolidado en el patrimonio del actor.

Por lo expuesto, y los demás fundamentos del voto del doctor Amadeo, adhiero a la solución que propicia.

Por lo deliberado y conclusiones establecidas en el acuerdo precedentemente transcripto, el tribunal resuelve: confirmar la sentencia apelada; costas de ambas instancias en el orden causado. En doctor Bulygin no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109, reglamento para la justicia nacional).- O. D. Amadeo. F. de las Carreras.