S., V. c. Q. S., G. R. s. art. 250 C.P.C - incidente familia Nº 3

CNCiv., sala C, 27/06/22, S., V. y otro c. Q. S., G. R. s. art. 250 C.P.C - incidente familia Nº 3

Medidas cautelares. Medidas urgentes de protección. Prohibición de innovar la residencia de la menor. Retención de pasaporte. Restitución internacional de menores. Convención sobre los Derechos del Niño. Protocolo de Actuación para el Funcionamiento de los Convenios de Sustracción Internacional de Niños. Código civil y comercial: 2641, 2642.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 04/07/22.

2º instancia.- Buenos Aires, 27 de junio de 2022.-

VISTOS Y CONSIDERANDO:

I) Llegan estos autos a la Alzada con motivo del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra el decisorio del 10.05.2022 que establece, como medida cautelar, la prohibición de innovar del lugar de residencia de la menor de edad; la entrega inmediata del pasaporte de ésta en la sede del juzgado donde tramitan las actuaciones y la prohibición de emisión de un nuevo pasaporte a favor de aquélla, P. S. I. S., nacida el día 05.06.2020.

El memorial de agravios del 20.05.2022 fue contestado por la actora mediante la presentación del día 30.05.2022.

En fecha 10.06.2022 dictaminó la Señora Defensora de Menores de Cámara.

II. Se agravia la recurrente, sosteniendo que la decisión apelada resulta arbitraria por haberse dictado inaudita parte, vulnerando el interés superior de la niña y violentando su derecho humano a circular libremente, a cambiar de lugar de residencia, a esparcirse, entre otros derechos que le asisten, conforme la Convención Internacional de Derecho de Niñas, Niños y Adolescentes. Alega que la sentenciante de grado ha prejuzgado al suponer la verosimilitud del derecho del accionante. Asevera que su hija nunca tuvo como residencia habitual la indicada en la demanda, pues de la única permanencia de la que se puede hablar es de su alojamiento en refugios para personas violentadas. Indica que los niños poseen una tutela procesal diferenciada, es decir un trato procesal de privilegio. Que por no darse los requisitos básicos para que se mantengan las medidas cautelares en autos (verosimilitud del derecho y peligro en la demora) solicita la revocación de la decisión apelada.

Neumasur c. Longview International

CNCom., sala F, 06/06/22, Neumasur S.A. c. Longview International S.A. y otro s. sumarísimo

Transporte aéreo internacional. Transporte de personas. Argentina – Turquía – Corea – China. Cancelación del pasaje. Pandemia. COVID 19. Incumplimiento contractual. Competencia interna. Tribunales comerciales. Relación de consumo. Convenio de Montreal de 1999.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 30/06/22.

Excma. Cámara:

1. En su resolución de fecha 20/04/2022, la magistrada a cargo del Juzgado Nacional en lo Comercial Nro. 26, de conformidad con lo dictaminado por la Sra. Agente Fiscal interviniente con fecha 19/04/2022, se declaró incompetente para entender en las presentes actuaciones y ordenó su remisión al Fuero Civil y Comercial Federal.

Manifestó el magistrado, que conforme a la exposición de los hechos efectuada por el accionante, con la promoción de esta demanda se requiere el cumplimiento de un contrato de transporte aéreo celebrado, o en su defecto la restitución de lo abonado, observándose con claridad que dicha cuestión cuadra inequívocamente dentro de las reglas del comercio aéreo.

Sostuvo que cuando como en la especie se demanda a una agencia de viajes por la emisión de ciertos pasajes, pero también se reclama a una compañía aérea, cabe entender que tal particular situación cuadra globalmente en el concepto de comercio aéreo expresión a la que debe asignarse la inteligencia de actividades conectadas con la explotación de las aeronaves y reguladas por la legislación aeronáutica, resultando de ello y conforme lo establecido por la específica normativa en la materia que las presentes actuaciones deben tramitar por ante el fuero Civil y Comercial Federal.

2. Contra la mentada resolución, el accionante opuso recurso de apelación.

Editorial Mexicana de Impresos c. Grupo SYG s. exequatur

CNCom., sala B, 22/06/22, Editorial Mexicana de Impresos S.A. c. Grupo SYG S.A. s. exequatur

Reconocimiento de sentencia. Juicio tramitado en México. CPCCN: 517. Tasa de justicia. Determinación. Monto de la sentencia.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 29/06/22.

2º instancia.- Buenos Aires, 22 de junio de 2022.-

Y VISTOS:

1. La actora apeló la resolución de fs. 43 que, compartiendo lo dictaminado por el Sr. Representante del Fisco (DEO 5695848), la intimó a la liquidación y pago de la tasa correspondiente a estas actuaciones. Sus fundamentos obran a fs. 46/47.

2. Se pretende mediante el presente trámite la ejecución de las costas fijadas por un tribunal extranjero mediante el procedimiento del CPr. 517 y ss. Dichas costas se encuentran determinadas en una suma de dinero que constituye la base económica de este juicio y sobre la cual debe tributarse la gabela para acceder a la justicia de conformidad con el art. 1° de la ley 23.898.

No se advierte que el caso encuadre en alguna de las excepciones previstas en la ley, y claramente tampoco en el art. 6 de dicho plexo normativo, pues el presente tiene un claro contenido económico.

3. Por lo demás, se recuerda al apelante que el hecho imponible que origina la obligación de pagar la tasa de justicia es la prestación de un servicio por parte del órgano jurisdiccional respecto de la pretensión deducida y pesa sobre quien inicia las actuaciones la carga de afrontarla (cfr. C.S.J.N., 27-2-1996, in re “Techint Compañía Técnica Internacional c/ Corrientes, Provincia de s/ ejecución”).

Y en tanto no se ha dictado aún sentencia que determine en definitiva el pago de las costas, sobre su parte pesa actualmente el pago del impuesto, calculado conforme se dispuso en la anterior instancia, sobre el capital reclamado más sus intereses.

4. Se desestima la apelación de fs. 44, sin costas por no medar contradictor.

5. Notifíquese por Secretaría del Tribunal, conforme Ac. 31/11 y 38/13 CSJN, y al Sr. Representante del Fisco mediante oficio DEOX.

6. Cúmplase con la publicación a la Dirección de Comunicación Pública de la CSJN, según lo dispuesto en el art. 4 de la Ac. 15/13 CSJN y devuélvase digitalmente el expediente a la anterior instancia dejándose constancia que la presente resolución obra únicamente en soporte digital.

7. Firman las suscriptas por encontrarse vacante la vocalía n° 6 (Conf. Art. 109 RJN).- M. E. Ballerini. M. G. Vásquez.

Scotia Bank Uruguay c. Banco de la Nación Argentina. CSJN

CSJN, 09/09/21, Scotia Bank Uruguay S.A. c. Banco de la Nación Argentina s. incumplimiento de contrato.

Crédito documentario. Carta de crédito stand by. Contrato de mutuo internacional. Fraude. Reglas y Usos Uniformes relativos a los créditos documentados (Brochure 500 Cámara de Comercio Internacional). Tratado de Derecho Civil Internacional Montevideo 1940. Protocolo Adicional a los Tratados de Montevideo de 1940. Pesificación. Procedencia. Dec. 410/02.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 28/06/22 y en Fallos: 344:2430.

Suprema Corte:

I- La Sala 1 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal revocó parcialmente la sentencia de la instancia anterior, y, en consecuencia, condenó al Banco de la Nación Argentina a abonar U$S 484.574,09 –o su equivalente en pesos a la fecha de pago-, que constituye el 50% de lo debido en virtud de la carta de crédito stand by n° 833 emitida a favor de Discount Bank Latin America (los derechos fueron transferidos al Scotia Bank Uruguay S.A., que sustituyó a la parte actora en el proceso, fs. 1302 y 1309) en garantía de un préstamo otorgado por esta última entidad financiera a Endikel S.A. Además, impuso el pago de intereses a una tasa del 4% anual, no capitalizable a partir del 8 de mayo de 2003 (fecha de notificación del traslado de la demanda) hasta el efectivo pago (fs. 1282/1287 y 1350/1356 de los autos principales, a los que me referiré salvo aclaración en contrario).

En lo que aquí interesa, la cámara tuvo por acreditado que el 17 de agosto de 2000, el Banco de la Nación Argentina emitió la carta de crédito mencionada, que denominó aval n° 833, para responder por las obligaciones asumidas en el marco de un préstamo celebrado por Discount Bank Latin America, como prestamista, y Endikel S.A., como tomador, por hasta un monto total de U$S 970.000, con validez hasta el día 12 de agosto de 2001. Precisó que, ante el incumplimiento del tomador, el prestamista efectuó un requerimiento de pago notarial y, el 16 de agosto de 2002, promovió el presente proceso ordinario por cobro de pesos contra el banco emisor de la garantía.

Scotia Bank Uruguay c. Banco de la Nación Argentina

CNCiv. y Com. Fed., sala I, 16/04/18, Scotia Bank Uruguay S.A. c. Banco de la Nación Argentina s. incumplimiento de contrato.

Crédito documentario. Carta de crédito stand by. Irrevocabilidad. Contrato de mutuo internacional. Fraude. Reglas y Usos Uniformes relativos a los créditos documentados (Brochure 500 Cámara de Comercio Internacional). Prácticas internacionales sobre cartas stand by (Brochure 590 Cámara de Comercio Internacional). Tratado de Derecho Civil Internacional Montevideo 1940. Protocolo Adicional a los Tratados de Montevideo de 1940. Autonomía de la voluntad material. Usos y costumbres. Derecho aplicable. Domicilio del banco emisor. Pesificación. Procedencia. Dec. 410/02. Excepciones. Operación de comercio exterior.

La sentencia fue revocada parcialmente por la Corte Suprema.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 27/06/22.

En Buenos Aires, a los 16 días del mes de abril del año 2018, reunidos en Acuerdo los señores Jueces de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal para dictar sentencia en los autos enunciados en el epígrafe y, de conformidad con el orden de sorteo efectuado, la doctora María Susana Najurieta dijo:

1. La sentencia de fs. 1282/1287 hizo lugar a la demanda de cobro de pesos promovida por Discount Bank Latin America y condenó al Banco de la Nación Argentina a abonar a la actora la suma reclamada, que ascendió a dólares estadounidenses ochocientos noventa mil (U$S 969.148,19), con intereses desde el 1 de agosto de 2001 y hasta el efectivo pago. Para así resolver, ponderó que el demandado había otorgado una garantía “stand by” a favor de la empresa Endikel S.A., tomador de un préstamo en el Discount Bank Latin América, que no había sido honrado a su vencimiento, lo cual habilitaba al cobro de la deuda del banco emisor del aval n° 833, de naturaleza irrevocable y abstracta. Por tratarse de una deuda en dólares estadounidenses, cuya mora se verificó con anterioridad al dictado de la ley 25.561, decreto 214/02 y ley 25.820, el señor juez a-quo dispuso la conversión a moneda nacional del capital en dólares al 6 de enero de 2002, y la aplicación del considerando 31 de la causa fallada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y publicada en Fallos 330:5345 (“Longobardi”), utilizando el coeficiente de estabilización CER, si fuese procedente, en la medida en que arroje un resultado superior. Ordenó, asimismo, la liquidación de intereses al 6% anual no capitalizable desde la fecha de la mora y hasta enero de 2002, y al 7,5% anual desde esta última fecha y hasta el efectivo pago (considerando 3, primer párrafo de fs. 1286vta.). En cuanto a las costas, fueron impuestas íntegramente a la parte demandada vencida.