CNCiv. y Com. Fed., sala I, 05/08/25, Cambiasso, Lisandro y otros c.
Despegar.com.ar y otro s. daños y perjuicios
Transporte aéreo internacional. Transporte de
personas. Argentina – España. Cancelación del vuelo. Huelga. Fuerza mayor.
Responsabilidad. Daño material. Daño moral. Procedencia. Convenio de Montreal
de 1999. Ley de defensa del consumidor. Aplicación subsidiaria. Daño moral. Daño punitivo. Rechazo. Agencia de viaje.
Intermediaria. Convención internacional sobre contrato de viaje Bruselas 1970.
Falta de legitimación pasiva. Exoneración de responsabilidad por incumplimiento
de terceros.
Resumen DIPr
Argentina: La Cámara confirmó la condena a Aerolíneas Argentinas
por la cancelación de un vuelo a Barcelona a raíz de un paro sorpresivo de
pilotos, al rechazar que el conflicto gremial constituyera fuerza mayor y
considerar que la compañía no acreditó haber adoptado medidas para evitar o
mitigar sus consecuencias. Se mantuvo la indemnización por los gastos de
adquisición de nuevos pasajes, vuelos perdidos y noches de alojamiento, además
del daño moral. También confirmó el rechazo de la demanda contra Despegar y del
daño punitivo, conforme al artículo 29 del Convenio de Montreal de 1999.
Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 06/10/26.
Causa N° 710/2018.
En Buenos Aires, a los 5 días del mes de agosto de
2025, reunidos en Acuerdo los jueces de la Sala I de esta Cámara para
dictar sentencia en los autos mencionados, y de conformidad con el orden del
sorteo efectuado, el juez Fernando A. Uriarte, dijo:
1. En
las presentes actuaciones se presentaron los Sres. Ignacio Felipe Mezzabotta,
Lisandro Cambiasso y Lucas Andrés Traetta y promovieron demanda contra
Despegar.com.ar S.A. (en adelante, “Despegar”) y Aerolíneas Argentinas S.A.
(“Aerolíneas” o “Aerolíneas Argentinas”, en lo sucesivo), por la suma total de
$ 155.514,67 y €438,81 ($95.514,67 y €438,81 por ‘daño material’ y $60.000 por
‘daño moral’ para los 3 coactores por partes iguales, más una multa por ‘daño
punitivo’ cuyo monto dejaron librado al prudente arbitrio del juez), o lo que
en más o en menos surgiera de la prueba a producirse en autos, con más los
intereses correspondientes. Ello, en virtud de los perjuicios que dicen haber
padecido producto de la cancelación del vuelo de ida del tramo de ida de su
viaje de Ezeiza a Barcelona (vuelo AR1160 sin escalas programado con horario de
partida a las 22:55 horas del 15/9/2016) por un paro sorpresivo del personal de
la aerolínea desatado alrededor de las 20 horas del 15/9/2016, y los desacoples
y menoscabos que ello acarreó en el resto del viaje que tenían planificado (ver
fs. 70/77).
A fs. 136/176 se presentó Despegar –mediante
apoderada–, contestó la demanda entablada en su contra, opuso excepción de
prescripción y de falta de legitimación pasiva, planteó la inaplicabilidad de
la Ley de Defensa del Consumidor y, tras proporcionar su versión de los hechos,
solicitó el rechazo de la acción con costas a los coactores. Lo propio hizo
Aerolíneas a fs. 204/213 quien, tras las negativas de rigor, brindó su
perspectiva de los acontecimientos, invocó la inaplicabilidad de la ley 24.240
y pidió que se desestimara la demanda, con costas a la parte actora.
Los restantes hechos y manifestaciones de las partes
fueron objeto de una adecuada y acabada reseña en la sentencia de grado (ver Resultandos),
por lo que remito a su lectura en honor a la brevedad.
2. La
sentencia del 11/3/2024 hizo lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva
opuesta por Despegar.com.ar y rechazó –en consecuencia– la demanda entablada en
su contra, con costas en el orden causado y, con respecto a los actores, impuso
las costas con los alcances establecidos en el artículo 53 de la ley 24.240
(punto 1) de la parte dispositiva). Por otra parte, el fallo admitió
parcialmente la acción iniciada por los Sres. Lisandro Cambiasso, Ignacio
Felipe Mezzabotta y Lucas Andrés Traetta contra Aerolíneas Argentinas S.A., con
costas a la codemandada vencida, condenando a la aerolínea a abonarle a los
actores las sumas de $ 155.504,67 y € 438,81, con más los intereses indicados
en el considerando VIII del fallo (punto 2) de la parte dispositiva).
Para así decidir, el magistrado tuvo por admitido –en
primer lugar– que los Sres. Cambiasso, Mezzabotta y Traetta adquirieron por intermedio
de la agencia de viajes Despegar.com.ar S.A. los tickets aéreos de Aerolíneas
Argentinas S.A. N° 424219501, 424008601 y 426456401 pertenecientes a los vuelos
AR1160 y AR1161, con fecha de salida el 15/9/2016, a las 22:55 horas, de Ezeiza
a Barcelona, y con fecha de regreso el 13/10/2016 de Barcelona a Ezeiza, tal
como fuera reconocido por ambas coaccionadas. Además, consideró acreditado que
el 15/9/2016 tuvo lugar un conflicto gremial llevado a cabo por la Asociación
de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y la Unión de Aviadores de Líneas Aéreas
(UALA), que se extendió hasta el día siguiente, en razón del cual la demandada
resolvió cancelar el vuelo AR1160, lo que también fuera reconocido por la
aerolínea (ver Considerando I).
Luego de destacar que el vínculo existente entre las
partes quedaba comprendido en los alcances de la ley 24.240 (ver Considerando
III), el a quo se abocó al tratamiento de la defensa de falta de
legitimación pasiva impetrada por la codemandada Despegar. Tras enunciar el
marco jurídico aplicable al caso, tuvo por demostrado que los actores
adquirieron los pasajes de autos a través de la página web de “despegar.com.ar”
en su rol de intermediaria como agente de viajes, y ponderó que Aerolíneas
Argentinas informó la cancelación del vuelo en el momento en el que los actores
se presentaron para embarcar, el mismo 15/9/2016. Además, meritó que del informe
pericial contable surgía que en los libros de Despegar se registraron reintegros
en concepto de “devoluciones de compra” de los tickets aéreos electrónicos N°
424219501, 424008601 y 426456401 por la suma de $16.233, efectuados el
25/5/2017. Así las cosas, juzgó que en el sub lite no se configuraban
los presupuestos para atribuir responsabilidad a Despegar, “puesto que no
asumió el transporte aéreo como prestación propia sino que actuó como una mera
intermediaria entre Sres. Lisandro Cambiasso, Ignacio Felipe Mezzabotta y Lucas
Andrés Traetta y la aerolínea en la venta de los pasajes aéreos y, además, fue
la aerolínea quien informó el mismo día del embarque la cancelación del vuelo,
circunstancia que provocó la frustración del viaje”. Por consiguiente,
admitió el planteo de falta de legitimación pasiva articulado por la agencia de
viajes y rechazó la demanda entablada en su contra, distribuyendo las costas
por su orden en su relación procesal (ver Considerando IV).
Acto seguido, el magistrado procedió a abordar la
responsabilidad de la codemandada Aerolíneas Argentinas. Descartó, en primer
lugar, el eximente de responsabilidad invocado por esta coaccionada, quien
alegó que la medida de fuerza gremial llevada a cabo por las agrupaciones
sindicales constituía un caso fortuito, pues consideró que “el conflicto
gremial y la huelga convocada invocados por la demandada, no bastan para
excluir su responsabilidad ya que los problemas de esta naturaleza solo son
imputables a la compañía aérea y, para quedar eximida frente a los pasajeros,
debió acreditar que las decisiones adoptadas fueron todo lo necesario, que no
pudo prever o bien que no pudo tomar antes las medidas conducentes” (ver Considerando
V).
A posteriori, el juez de grado –aplicando analógicamente las normas
referidas a la responsabilidad de la aerolínea por las demoras en los vuelos para
el caso de la cancelación– ponderó que la demandada no produjo prueba alguna
tendiente a acreditar que adoptó todas las medidas que eran razonablemente
necesarias para evitar la cancelación del vuelo AR1160 de los actores o, una
vez acaecido ello, minimizar los daños derivados de ello. Juzgó que “la
demandada tuvo pleno conocimiento del conflicto laboral fundado en las
“paritarias” que ponía en riesgo el cumplimiento de la prestación a su cargo”
y, sin embargo, “no tomo ningún curso de acción tendiente a evitar los perjuicios
que, por la previsible medida, les ocasionaría a los pasajeros ni demostró que
previno a sus usuarios de la situación conflictiva que la involucraba con el
personal y tornaba aleatorio el cumplimiento de la prestación debida”. Por
ende, concluyó que la demandada no acreditó la existencia de eximente alguno
que justificase la cancelación del vuelo AR1133, por lo que determinó que el
reclamo resultaba procedente (ver Considerando VI).
Así las cosas, previo a ingresar en el tratamiento de
los rubros indemnizatorios reclamados, el juez de primera instancia anticipó
que sólo se reconocerían los daños que se correspondieran con las consecuencias
razonables inmediatas y mediatas del accionar de la aerolínea, fundando su postura
en la normativa y doctrina allí citada (ver Considerando VII). Luego, abordó
rubro por rubro el reclamo patrimonial incoado. Así, admitió el ‘daño material’
demandado por el costo generado por la cancelación del vuelo AR1160 (acápite
A.1), comprensivo de los $30.891,29 abonados por cada actor por los tickets
adquiridos a “Turkish Airlines” en reemplazo de los originales que fueran
cancelados, más el costo del vuelo por el tramo perdido de Barcelona a Roma a
través de la compañía “Ryanair” por € 146,27 para cada uno, el cual admitió en
su totalidad. Por otro lado, hizo lugar al reintegro de los gastos de reserva
del hostel “The Yellow” reclamados por las dos noches abonadas y
perdidas producto de la cancelación del vuelo, por un total de $2.680,8
(acápite A.2). En cuanto al pago de los gastos de traslado al aeropuerto
(acápite A.3), el juez a quo ponderó que “como no se ha producido prueba
alguna sobre el particular y teniendo en consideración lo solicitado por los
actores y la documental acompañada en el escrito de inicio”, lo admitió
por $150. En lo atinente al ‘daño moral’, tras considerar que “la cancelación
del vuelo de los accionantes y las consecuentes gestiones a los fines de llevar
a cabo su viaje, tuvieron aptitud para provocar una situación de desasosiego,
como así también una pérdida de libertad y de tiempo, generando la
imposibilidad de disponer de su vida en la forma en que lo tenían proyectado,
todo lo cual configura un daño moral resarcible” y que “las molestias y
angustias sufridas por los accionantes superaron la simple incomodidad y deben
ser indemnizadas”, acogió este capítulo indemnizatorio por el monto total
de $ 60.000, a razón de $ 20.000 por cada actor –según la cuantificación por
ellos realizada–. Por último, en lo que concierne al ‘daño punitivo’, el
magistrado evaluó que “en el supuesto bajo análisis existen previsiones
específicas que rigen la cuestión, restringiéndose expresamente la posibilidad
de imponer indemnizaciones de carácter punitivo, [por lo que] no cabe
prescindir de la autonomía del derecho aeronáutico ni de las normas materiales
de derecho internacional que lo rigen”, por lo que, fundado en el artículo
29 del Convenio de Montreal de 1999 que excluye las indemnizaciones punitivas, ejemplares
o de cualquier naturaleza que no sean compensatorias, rechazó el reclamo
incoado en este aspecto.
Finalmente, estableció que las sumas reconocidas en
concepto de “daño material” “devengarán intereses desde la fecha de cada
erogación, es decir A1. $ 92.673.87 (…), desde el 16/09/2016; A.2. $
2.680,80, desde el 18/09/2016 (…); A.3 $160, desde el 15 /09/2016 (…)”,
y que los accesorios del ‘daño moral’ deberían ser calculados desde la fecha en
que se produjo el incumplimiento contractual –esto es, desde el 15/9/2016–. En
ambos casos, fijó el hito final del cómputo en el día del efectivo pago de la
condena, a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina. En cuanto al monto
reconocido en euros, estipuló “intereses del 4% anual no capitalizable desde
el 01/10/2016, o la cantidad de pesos en moneda nacional que sea necesaria para
adquirir dicho monto, según la cotización de la referida divisa en el mercado
libre de cambios el día de su efectivo pago” (ver Considerando VIII).
3. La
sentencia fue apelada únicamente por la parte actora el 12/3/2024 (recurso
concedido el 17/4/2024). Su memorial del 25/2/2025 fue replicado por la
codemandada Despegar el 4/4/2025.
También existen recursos contra la regulación de honorarios
practicada en la anterior instancia del 12/3/2024 (perito licenciado en sistemas,
por bajos los propios), 12/3/2024 (letrado de la parte actora, por exiguos) y
13/3/2024 (perito contador, por bajos), que serán tratados –de corresponder– a
la finalización del presente Acuerdo.
Por último, el 14/4/2025 el Tribunal corrió vista al
Fiscal General ante esta Cámara, quien dictaminó –en suma– que no corresponde
la aplicación del ‘daño punitivo’ respecto de la aerolínea codemandada, en
virtud de lo expresamente normado por la Convención de Montreal de 1999 sobre el punto, mas, en el caso de la coaccionada
Despegar “la posibilidad de fijar una suma en concepto de daño punitivo
—para el caso de que se consideraran reunidos los especiales presupuestos
fácticos que justifican la procedencia de ese instituto— encuentra sustento en
lo previsto en el artículo 52” de la ley 24.240.
4. Los
coactores plantearon –en síntesis–los siguientes agravios:
a) la excepción de falta de legitimación pasiva incoada por Despegar fue
erróneamente acogida, soslayando el a quo la responsabilidad objetiva y
solidaria de los proveedores como Despegar en una relación de consumo –que el
propio juez reconoció como configurada en el caso–, en virtud de lo estipulado
en el artículo 40 de la ley 24.240, máxime considerando la negligencia que
exhibió su accionar en el caso de marras;
b) debe admitirse el ‘daño punitivo’ reclamado respecto de ambas codemandadas,
a lo que agrega que en relación con la agencia de viajes no resulta aplicable
el fundamento empleado por el juez de grado para el rechazo –que, en todo caso,
le cabría únicamente a la aerolínea–; y
c) la tasa de interés fijada en el fallo apelado resulta insuficiente y torna
insignificante el crédito reconocido en la condena, dado que la inflación acumulada
desde el día de los hechos es 18 veces mayor a la tasa activa estipulada, por
lo que solicitan que se emplee el índice del IPC u otro que se estime
conveniente para actualizar el monto de la condena sin mellar su valor, y que
se incorpore un resarcimiento económico a favor de los actores de un 8% fijo
anual del capital por la imposibilidad de disponer del dinero durante los 9 años
que duró la tramitación del presente litigio.
5. En
primer lugar, destaco que –ante la falta de apelación de las coaccionadas y la
ausencia de reproches de los coactores al respecto–, la sentencia ha quedado
firme y consentida tanto:
i) en lo atinente a los hechos que tuvo por
demostrados (esto es, que los Sres. Cambiasso, Mezzabotta y Traetta adquirieron
por intermedio de la agencia de viajes Despegar.com.ar S.A. los tickets aéreos
de Aerolíneas Argentinas S.A. N° 424219501, 424008601 y 426456401 pertenecientes
a los vuelos AR1160 y AR1161, con fecha de salida el 15/9/2016, a las 22:55
horas, de Ezeiza a Barcelona, y con fecha de regreso el 13/10/2016 de Barcelona
a Ezeiza, y que el 15/9/2016 tuvo lugar un conflicto gremial llevado a cabo por
la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y la Unión de Aviadores de
Líneas Aéreas (UALA), que se extendió hasta el día siguiente, en razón del cual
la demandada resolvió cancelar el vuelo AR1160); como
ii) en lo que respecta a los rubros indemnizatorios
reconocidos y sus respectivas cuantificaciones; y
iii) en lo tocante a la responsabilidad de Aerolíneas
Argentinas.
Por ende, estas cuestiones resultan ajenas a la
jurisdicción conferida a esta Alzada por el Código Procesal, y no serán objeto
de debate en esta instancia por no haber sido materia de agravios (conf.
artículo 271 del CPCCN).
6. Pasaré
a continuación a tratar el reproche señalado como a) de los
coactores, en lo que respecta a la responsabilidad que consideran que cabe atribuirle
a la coaccionada Despegar.
A los fines de resolver el punto en disputa, cabe
citar en primer término el Convenio Internacional sobre Contratos de Viaje concluido en Bruselas el 23 de abril de 1970 y al
cual adhirió nuestro país mediante el artículo 1° de la ley 19.918. La citada
Convención distingue entre el contrato de organización de viaje y el de
intermediación de viaje.
El primero –el de organización de viaje– es cualquier
contrato por el cual una persona se compromete en su nombre a procurar a otra,
mediante un precio global, un conjunto de prestaciones combinadas de
transporte, de estadía distintas del transporte o de otros servicios que se
relacionan con él, siendo el organizador de viajes toda persona que
habitualmente asume el compromiso antedicho, sea a título principal o
accesorio, sea o no de manera profesional. El segundo –el de intermediación– es
cualquier contrato por el cual una persona se compromete a procurar a otra,
mediante un precio, o bien un contrato de organización de viajes, o una de las
prestaciones aisladas que permitan realizar un viaje o una estadía cualquiera,
siendo el intermediario de viaje toda persona que habitualmente asume el
compromiso antedicho, sea a título principal o accesorio, profesional o no
(artículo 1°).
En cuanto a las obligaciones de ambos contratos, se
estipula que en su ejecución aquéllos deben garantizar los derechos e intereses
del viajero según los principios generales del derecho y las buenas costumbres
en este dominio (artículo 3°). A su turno, el artículo 14 del decreto 2182/73
exime a las agencias de toda responsabilidad frente al usuario no mediando
culpa, dolo o negligencia de su parte, cuando sean intermediarias entre las
empresas de servicio y los mencionados usuarios. Por otra parte, la ley 18.829
de agentes de viaje –actualizada en lo que aquí interesa por el artículo 1° de
la ley 22.545– dispone que las personas enumeradas en el artículo 1° están
obligadas a “ser veraces en la propaganda, que realicen a fin de promover
sus actividades, debiendo el material de dicha propaganda reflejar exactamente sin
dar lugar a confusión, el tipo de servicio ofrecido” (artículo 8°).
Todo ello resulta concordante con lo dispuesto en la
ley 24.240 de defensa del consumidor (aplicable a la relación entre el pasajero
y la agencia de viajes), cuyo artículo 8 bis establece que los
proveedores deberán garantizar condiciones de atención y trato digno y
equitativo a los consumidores y usuarios y abstenerse de desplegar conductas
que los coloquen en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias.
Es en ese contexto normativo en el que debo analizar
la conducta desplegada por Despegar.
Pues bien, de los hechos probados en la causa surge
con meridiana claridad que los acontecimientos que dieron origen a las
presentes actuaciones no tuvieron como causa un obrar negligente de Despegar,
sino el paro intempestivo del personal de la aerolínea demandada. En efecto,
tal como lo consideró el a quo, está probado que ante la cancelación del
vuelo de la actora la agencia gestionó diligentemente sus reclamos por los
vuelos cancelados (ver peritaje contable del 13/7/2021 y 15/12/2021), habiendo cumplido
así con sus obligaciones como intermediaria sin que pueda imputársele –por
tanto– responsabilidad alguna en el caso. Y nada de lo argumentado en la
expresión de agravios de la actora permite inferir que Despegar, en su rol de
intermediaria, hubiese tenido injerencia alguna en la cancelación de su vuelo.
Refuerza lo dicho la previsión contenida en el
artículo 40 de la ley 24.240, en tanto permite romper la solidaridad propia de
la materia y –en consecuencia– liberar total o parcialmente de responsabilidad
al proveedor de servicios que demuestre que la causa del daño le ha sido ajena.
Este último extremo es el que –por lo dicho en los párrafos anteriores– se
verifica en el supuesto de autos, a poco que se repare en que la cancelación
del vuelo originalmente contratado por los accionantes y la ulterior ausencia
de una respuesta idónea y satisfactoria según las previsiones legales
aplicables al caso es atribuible exclusivamente a Aerolíneas Argentinas.
Por ende, voto por rechazar el agravio en examen y
confirmar la sentencia de grado en este punto.
7. Abordaré
ahora la queja de la parte actora individualizada como b) que
critica el rechazo del ‘daño punitivo’ reclamado. Antes que nada, destaco que
la confirmación del rechazo de la demanda en relación con la agencia de viajes
me exime de ahondar en este punto a su respecto. Por lo tanto, en lo sucesivo
me referiré exclusivamente a lo concerniente a la aerolínea codemandada.
Pues bien, a los fines de dar una respuesta cabal a
esta cuestión, es menester comenzar por aclarar que el artículo 63 de la ley
24.240 dispone que al contrato de transporte aéreo se le aplicarán las normas
del Código Aeronáutico, los tratados internacionales y, supletoriamente, la ley
de Defensa del Consumidor. La importancia de esta aclaración no es menor, dado
que el ámbito de la defensa del consumidor es el único en el cual la
legislación positiva –hasta el momento– prevé [l]a aplicación de la multa
civil. Cabe puntualizar que si bien el artículo 63 citado fue derogado por el
artículo 32 de la ley 26.361, este último fue –a su vez– observado por el decreto
565/08 (conf. esta Sala, causa 10976/21 del 16-5-23 [«Storchi,
Valeria Paola c. Iberia Líneas Aéreas de España»
publicado en DIPr Argentina el 14/06/23]).
Ahora bien, las presentes actuaciones giran en torno a
una demanda fundada en un hecho originado en la actividad aeronáutica, extremo que
determina la aplicación de la ley específica de la materia –es decir, el Código
Aeronáutico y los correspondientes tratados internacionales–. Ocurre que cuando
el supuesto sometido a decisión encuadra en las previsiones específicas de la
ley especial, no existen razones valederas que, como principio, autoricen a
descartarlas y apartarse de ellas por aplicación del principio de especialidad
(conf. esta Cámara, Sala 3, causa 7210/11 del 28-6-13 [«Marcori, Victoria Elsa c. Aerolíneas Argentinas» ES UN
CASO DE TRANSPORTE INTERNO, DE CABOJATE, por lo que resulta sorprendente que
sea reiteradamente citado como leading case en esta cuestión]).
Lo expuesto no implica negar la relación de consumo,
sino –antes bien– rechazar el desplazamiento de las normas de la ley
aeronáutica que específicamente regula la cuestión. Dicho en otros términos, el
transporte aéreo no está completamente excluido de las previsiones contenidas
en la Ley de Defensa del Consumidor, sino que la aplicación de esta última es
supletoria y está limitada a aquellos supuestos no contemplados en el Código Aeronáutico
ni en los tratados internacionales.
Ello sentado, destaco que el Convenio de Montreal de 1999 sobre Unificación de
Ciertas Reglas para el Transporte Aéreo Internacional establece –en lo que aquí interesa– que en la acción
de indemnización de daños en el transporte de pasajeros fundada en dicho
Convenio, en un contrato o en un acto ilícito, no se otorgarán indemnizaciones
punitivas, ejemplares o de cualquier naturaleza que no sean compensatorias
(artículo 29).
En definitiva, toda vez que en el supuesto bajo
análisis existen previsiones específicas que rigen la cuestión, restringiéndose
expresamente la posibilidad de imponer indemnizaciones de carácter punitivo (conf.
esta Sala, causa 7999/10 del 3-10-17 [«Córdoba,
Hilda Marina Raquel c. Iberia Líneas Aéreas de España»
publicado en DIPr Argentina el 12/06/23]), no cabe
prescindir de la autonomía del derecho aeronáutico ni de las normas materiales
de derecho internacional que lo rigen y que obligan a morigerar las soluciones
de neto corte localista.
Es por estos fundamentos que, de conformidad con lo dictaminado
por el Sr. Fiscal General, propongo al Acuerdo confirmar la sentencia apelada,
en cuanto rechazó la aplicación al caso de la multa civil prevista en el
artículo 52 bis de la ley 24.240 (conf. esta Sala, causa
10976/21 del 9-5-23 [«Storchi, Valeria Paola c. Iberia Líneas Aéreas de
España» publicado en DIPr
Argentina el 14/06/23];
esta Cámara, Sala 2, causa 4310/18 del 20-9-21 [«Sequeira
Wolf, Germán Ariel c. United Airlines Inc.» publicado en DIPr Argentina el 23/02/24] y Sala 3, causa 5545/22 del 25-4-24 [«Leyes,
Lázaro Miguel c. Aerolíneas Argentinas»
publicado en DIPr Argentina el 16/08/24]).
8. Ello
sentado, resta considerar lo planteado en el agravio indicado como c) de
la parte actora.
Vale recordar aquí, ante todo, lo dicho en el
Considerando 5 del presente voto, en cuanto a que ni las codemandadas ni
la propia actora han criticado la admisión de los rubros por los que prosperó
la demanda ni su cuantificación, por lo que tales cuestiones exceden la
jurisdicción conferida a esta Alzada por el ordenamiento procesal y se
encuentran –por consiguiente– fuera de controversia. Máxime cuando todos ellos
(a excepción del ‘daño punitivo’, al que me refería en el Considerando
precedente) fueron acogidos en la totalidad de la extensión reclamada en la
demanda.
Se quejan –pues– los coactores de la insuficiencia de
la tasa de interés fijada en el fallo de grado, proponiendo una serie de
alternativas para engrosar su crédito final (como la aplicación del índice del
IPC u otro que se estime conveniente para actualizar el monto de la condena sin
mellar su valor, y/o la adición de un resarcimiento económico a favor de los
actores de un 8% fijo anual del capital por la imposibilidad de disponer del
dinero durante los 9 años que duró la tramitación del presente litigio). Estas
variantes, vale aclararlo, no fueron solicitadas en el escrito de demanda, por
lo que su planteo en esta instancia resulta una reflexión tardía y, por tanto, prima
facie inadmisible, de conformidad con lo normado por el artículo 271 del
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Aun prescindiendo de lo anterior, debo destacar que no
sólo tal pretensión resulta infundada y carente de respaldo legal, sino que
contradice el criterio aplicado por el Tribunal en casos análogos (v.gr. esta
Sala, causas 10976/21 del 9-5-23, 2981/21 del 25-6-24 [«Casas,
Carlos Alberto c. Aerovías de México» publicado en DIPr
Argentina el 01/11/24] y 2534/21 del 12-11-24).
En consecuencia, corresponde confirmar la sentencia de
grado también en este aspecto, lo que así voto.
En suma, voto por rechazar el recurso de la parte
actora y confirmar la sentencia apelada en todo cuanto dispone. Con costas de
Alzada a la recurrente vencida en su relación procesal con Despegar, en
atención al resultado del recurso y a la falta de contestación de los agravios
por parte de la aerolínea codemandada (artículo 68 del Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación).
El Dr. Juan Perozziello Vizier adhiere al voto
que antecede.
En mérito a lo deliberado y a las conclusiones del
Acuerdo, el Tribunal RESUELVE: rechazar el recurso de la parte actora y
confirmar la sentencia apelada en todo cuanto dispone. Con costas de Alzada a
la recurrente vencida en su relación procesal con Despegar.com.ar SA. …
La Dra. Florencia Nallar no suscribe la
presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 R.J.N.).
Regístrese, notifíquese –al Sr. Fiscal
electrónicamente– y devuélvanse.- F. A.
Uriarte. J. Perozziello Vizier.