GGM SA s. concurso preventivo c. incidente de revisión por Asics America Corporation

CNCom., sala D, 27/08/26, GGM SA s. concurso preventivo c. incidente de revisión por Asics America Corporation y otro

Arraigo. Actor con domicilio en el extranjero (Estados Unidos). Código Civil y Comercial: 2610. Garantía del acceso a la jurisdicción. Igualdad de trato procesal. CPCCN: 348. Derogación. Verificación de crédito. Reconocimiento de laudo extranjero.

Resumen DIPr: La Cámara Comercial confirmó el rechazo de la excepción de arraigo opuesta contra una sociedad extranjera y declaró verificado su crédito originado en un laudo arbitral internacional reconocido por exequátur. El Tribunal sostuvo que el art. 2610 del CCyCN consagra la igualdad de trato procesal y veda exigir cauciones por la condición de foráneo o falta de bienes en el país, derogando implícitamente el arraigo. Asimismo, resolvió que la cosa juzgada del laudo arbitral resulta oponible al concursado que consintió la sede arbitral, impidiéndole reabrir el examen causal del crédito en el proceso concursal.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 02/09/26.

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Curtiembres Fonseca s. concurso preventivo

CNCom., sala A, 16/05/25, Curtiembres Fonseca s. concurso preventivo

Concurso preventivo en Argentina. Acreedor extranjero. Solicitud de pago mediante transferencias a cuentas bancarias abiertas en el extranjero. Rechazo. Acuerdo homologado. Pars conditio creditorum.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 28/07/25.

2ª instancia.- Buenos Aires, 16 de mayo de 2025.-

Y VISTOS:

1.) Apeló Trinus Group Int SA el decreto de fd. 6412 que rechazó el pedido de que, respecto de los acreedores extranjeros, las cuotas concordatarias sean abonadas mediante transferencias a cuentas bancarias abiertas en el extranjero.

El magistrado señaló que en tanto la propuesta homologada estableció que los créditos en moneda extranjera serían abonados en moneda nacional, a la cotización tipo vendedor del Banco de la Nación Argentina del día anterior a la fecha de vencimiento de cada una de las cuotas concordatarias, lo pretendido, no sólo importaría modificar el acuerdo concordatario homologado, sino que también afectaría la pars conditio creditorum de otros acreedores de créditos en moneda extranjera que han percibido sus acreencias conforme esa pauta, amén de que los acreedores extranjeros de esa manera estarían sorteando la diferencia de conversión de la divisa.

Los fundamentos del recurso fueron desarrollados en fd. 6422/6426, siendo respondidos por la concursada en fd. 6439/6440.

2.) La apelante alegó en el memorial que es una sociedad extranjera que no tiene actividad ni cuenta bancaria en el país y, por lo tanto, carece de CUIT o CBU necesarios para cobrar la cuota y que, en definitiva, la propuesta concursal tampoco obliga al acreedor extranjero a tener una cuenta bancaria en el país, pues a todo evento, refiere al pago en el domicilio del deudor, la cual fue votada en conjunto y así por acreedores que no se encontraban en esa situación.

Maringa Maderas SA s. concurso preventivo s. inc. rev. por Latam USD Exim Investment Fund Ltd.

CNCom., sala C, 04/04/24, Maringa Maderas SA s. concurso preventivo s. inc. rev. por Latam USD Exim Investment Fund Ltd.

Concurso preventivo en Argentina. Verificación de créditos. Ley de concursos: 4. Contrato de mutuo. Lugar de pago: Bahamas. Acreedor extranjero. Reciprocidad. Prueba. Affidavit. Sociedad constituida en el extranjero. Falta de inscripción en la IGJ. Capacidad para estar en juicio.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 05/02/25.

2º instancia.- Buenos Aires, 04 de abril de 2024.-

Y VISTOS:

1. Viene apelada por la deudora la resolución de fs. 373, que hizo lugar al recurso de revisión (art. 37 LCQ) deducido por Latam USD Exim Investments Fund Ltd., e incorporó al pasivo concursal la respectiva acreencia que otrora había sido declarada inadmisible en la sentencia pronunciada en los términos del art. 36 LCQ.

2. El memorial de agravios luce agregado a fs. 381/389, y sus respuestas lo hacen a fs. 391/398 y fs. 403/406.

La señora Fiscal General dejó contestada la vista en los términos que surgen de los dictámenes de fs. 411/423 y fs. 490/493.

3. Por lo pronto, la concursada se agravió de la resolución pronunciada por el señor juez a quo, en cuanto tuvo por cumplida con la condición que impone el art. 4 LCQ para habilitar el reconocimiento de un crédito pagadero en el extranjero.

Esto es: la de demostrar que un crédito pagadero en la República Argentina, puede verificar y cobrar en iguales condiciones en un concurso abierto en el país en el cual el crédito que se insinúa es pagadero.

En lo sustancial, la quejosa cuestionó tanto la mecánica utilizada para la producción de esa prueba (que calificó de nula), como así también el resultado obtenido.

Esto último, por cuanto según señaló, la constancia incorporada al expediente no era suficiente para demostrar la “reciprocidad” que era menester exhibir.

a) En cuanto al primero de esos aspectos –nulidad de la prueba-, cabe tener presente que la ratificación del dictamen profesional adjuntado por la insinuante (elaborado por el doctor Adrian M. Hunt –abogado habilitado para ejercer el derecho en Las Bahamas-), no fue obtenida en contravención al régimen estatuido por la ley 23.480 [Convención sobre la Obtención de Pruebas en el Extranjero en Materia Civil o Comercial].

Véase que, en rigor, el primer sentenciante admitió mediante resolución de fecha 10/06/21 la posibilidad de que la aludida prueba fuese realizada por un medio alternativo al del exhorto diplomático.

Para así decidir, tuvo especialmente en consideración la situación imperante en ese momento (relativa a las restricciones habidas con motivo de la pandemia de Coronavirus COVID-19), y a que, en lo sustancial, se trataba de un pedido de informes dirigido a una entidad privada y no a una autoridad judicial extranjera.

Esos fundamentos no fueron eficazmente controvertidos por la apelante, quien en esta etapa recursiva se limitó a insistir en la falta de apego al régimen de la ley 23.480, exteriorizando de tal modo una mera disconformidad con la decisión impugnada, sin esgrimir argumentos que permitan vislumbrar error o desacierto en las conclusiones alcanzadas por el primer sentenciante.

En ese contexto, ese aspecto del recurso debe considerarse desierto.

De todos modos, a mayor abundamiento y como recordó el apelado, cabe tener presente que el aporte de prueba informativa en extraña jurisdicción en forma directa, es decir sin el trámite de exhorto diplomático, no contradice de por sí la exigencia del art. 132 del código procesal, en tanto la misma está referida a que tal formalidad debe darse cuando se dirige a autoridades judiciales extranjeras, extremo que no es el de autos, donde el informe se requirió a un particular (del dictamen del Procurador General al que refirió la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación en Fallos 314:1048).

b) Sentado ello, corresponde que el tribunal se expida en punto a si aquel dictamen profesional (debidamente traducido, legalizado y apostillado), resulta idóneo para demostrar el cumplimiento de la “regla de reciprocidad” a la que refiere el art. 4 LCQ.

Sobre el particular y en lo que ahora interesa, la deudora reprochó la omisión de incorporar los textos legales a los que se aludieron en el referido dictamen.

Por lo pronto, la jurisprudencia ha admitido la acreditación de la reciprocidad a través de dictamen de profesionales de derecho debidamente legalizado (CNCom, Sala A, en autos “Cavifre SA s/ quiebra s/ inc. de revisión por Overland Trust”, del 10/09/91; CCRosario 1° Nominación, en autos “Massey Ferguson SA”, del 11/12/87 –citados en “Cuestiones de derecho internacional privado en la ley concursal argentina 24.522”, Rouillón, Anales/ Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, n° 1999 segunda época (37 Ene./Dic.) pág. 3-36-; CNCom Sala E, en autos «Gelabert, Pedro s/ concurso preventivo s/ incidente de revisión -promovido por Crédito Platense SA», del 04/03/08 [publicado en DIPr Argentina el 30/03/09]).

Lo propio señaló la doctrina, esto es, que la acreditación de la reciprocidad puede efectuarse mediante el acompañamiento de los textos legales vigentes en el país de origen, o por dictamen emanado de profesionales de derecho debidamente legalizado (Heredia, “Tratado exegético de derecho concursal”, T. I, pág. 298, edit. Ábaco; en similar sentido, Rivera – Roitman – Vítolo, “Ley de concursos y quiebras”, T. I, pág. 202, edit. Rubinzal – Culzoni).

En ese contexto, aquella omisión que reprocha la apelante se exhibe insustancial, toda vez que el referido dictamen resulta concluyente en punto a que un crédito pagadero en la República Argentina puede ser verificado y cancelado en iguales condiciones que uno local, en el marco de un concurso bahameño.

Más aun, cuando la propia recurrente fue declarada negligente en la producción de la prueba ofrecida por ella, destinada a que se acompañasen copias certificadas de las leyes de Bahamas que rigen la creación, registración y disolución de sociedades de sociedades como la de marras (ver fs. 352 y fs. 359).

4. Por otra parte y aun cuando se admitiera –solo por hipótesis-, que la sociedad externa insinuante realiza actividad habitual en el país sin encontrarse debidamente registrada aquí, de ello no se sigue que carezca de “capacidad legal para obrar” (sic), de modo de obstarle a reclamar judicialmente lo debido.

En el ámbito jurisprudencial, la falta de legitimación así fundada ha sido rechazada (CNCom, Sala C, «Salt Card SA c/ Probursa Sociedad de Bolsa SA», del 24/06/2005 [publicado en DIPr Argentina el 11/09/07], LL 2005-F, 197; íd. Sala C, «Evicar Corporation SA c/ Compañía de Trans de E en Alta Tensión Transener SA s/ejecutivo» del 12/05/06 [publicado en DIPr Argentina el 24/06/24], ED, del 18/10/2006; íd. Sala E, “Casa Bancaria Intercontinental SA c/ Chang, Sheng K” del 11/11 /1988, JA 1989-II-728; íd., Sala F, «Westall Group SA c/ Foods Land SA s/ ejecutivo» del 06/06/2017, [publicado en DIPr Argentina el 27/06/24] LL 2017-D, 79), con alguna excepción que, de todos modos, fue dejada sin efecto por la Corte Suprema (Fallos 327:3032 [«Rolyfar SA c. Confecciones Poza SA» publicado en DIPr Argentina el 16/03/07]).

Se ha ponderado al efecto –y en lo sustancial- la mala fe implícita en una defensa de esa especie, que presupone que, tras haber recibido los fondos prestados sin haberle importado si la sociedad prestamista se hallaba o no bien inscripta, el prestatario pretende no devolverlos invocando ese argumento.

Esto debe entenderse sucedido en el caso, puesto que más allá de las negativas meramente generales en tornos a la existencia de la deuda –cuya eficacia fue correctamente descartada por el señor juez de grado-, los elementos aportados a la causa permiten dar cuenta de lo contrario.

Así resulta no solo del contrato de mutuo que cuenta con certificación de la rúbrica del representante de la concursada, sino además del propio reconocimiento de deuda que, también con certificación notarial de firma, fue extendido por la recurrente.

5. De otro lado, la concursada sostuvo que no se había acreditado el lugar donde debía pagarse el crédito que aquí fue insinuado, y que la conclusión a la que arribó el magistrado de grado con sustento en el peritaje informático presentado en el expediente no era correcta.

A juicio de la Sala, esa queja se presenta inocua a los fines de modificar la solución adoptada en la sentencia impugnada.

Nos explicamos: si se siguiese la tesis de la recurrente, resultaría que no habría en el caso un lugar determinado para el cumplimiento de la obligación de que se trata.

Esa omisión, debería ser resulta entonces en aplicación de la directiva contenida en el art. 874 del código civil y comercial, a resulta de la cual, el lugar de pago es el del domicilio del deudor.

En ese escenario, se trataría de un crédito pagadero en la República Argentina, tornando entonces inconducentes todas aquellas disquisiciones vinculadas con la regla de reciprocidad a la que alude el ya mencionado art. 4 LCQ.

6. Finalmente, la concursada se agravió con relación a las costas, pretendiendo que sea su contendiente y no su parte quien se haga cargo de las generadas por su asistencia letrada.

Ahora bien, con prescindencia de toda otra consideración, lo cierto es que la apelante resultó perdidosa en sus ensayos defensivos, de modo que la pretensión de que sea su contendiente -a la postre vencedor-, quien asuma la satisfacción de aquellos gastos, es temperamento refractario del principio general que, en esta materia, establece el art. 68 del código procesal.

De tal modo, ese aspecto de la decisión también será confirmado.

7. Por ello se RESUELVE: a) rechazar el recurso de apelación interpuesto y confirmar la resolución impugnada; b) con costas de Alzada a la vencida (art. 68 código procesal).

Notifíquese por secretaría a las partes, a la sindicatura y a la señora Fiscal General.

Cúmplase con la comunicación ordenada por el art. 4° de la Acordada de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación 15/13, del 21.5.2013.

Oportunamente, devuélvase al Juzgado de primera instancia.

Las Dras. Matilde Ballerini y Alejandra N. Tevez suscriben la presente en razón de lo dispuesto por esta Cámara en el Acuerdo del 20.12.23 y por haber sido desinsaculadas mediante sorteo realizado el día 26.12.23 para subrogar las Vocalías 8 y 9, respectivamente.- E. R. Machín. M. E. Ballerini. A. N. Tevez.

Steelrose Capital BV le pide la quiebra Cholakian, Mariano Daniel

CNCom., sala F, 22/10/24, Steelrose Capital BV le pide la quiebra Cholakian, Mariano Daniel

Sociedad constituida en el extranjero (Curazao). Traslado de demanda. Pedido de quiebra. Sociedad no inscripta en Argentina. Convención de La Haya de 1965 sobre Notificación de Actos Judiciales en el Extranjero. Ley de sociedades: 122. Notificación al representante en Argentina.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 27/11/24.

Excma. Cámara:

1. Con fecha 13/04/24, la jueza de grado desestimó el planteo del peticionante de la quiebra, tendiente a que se notificara -bajo su responsabilidad- a Steelrose Capital BV en el domicilio sito en la calle Quintana 512, piso 7° de esta ciudad.

Para así resolver, consideró que resultaba “…improcedente, en este estado, la notificación a la presunta deudora mediante cédula “bajo responsabilidad de la parte actora” sin mayores condicionamientos que la mera petición. Ello, desde que en la declaración de falencia se encuentra comprometido el orden público, aparece necesario la adopción de las medidas tendientes a la efectiva notificación del emplazado”.

En consecuencia, y dado que la peticionante procura la declaración de quiebra de una sociedad con domicilio en el extranjero, la magistrada sostuvo que -de conformidad con el art. 2 inc. 2° y el art. 3 inc. 5° de la ley 24522- debía emplazarse a la presunta deudora al domicilio en la calle Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 5, Curacao, que fuera denunciado por el peticionante de la quiebra.

2. Tal decisión fue recurrida por Mariano Daniel Cholakian, quien expresó agravios a fs. 134/7.

El peticionante de la quiebra sostuvo que Steelrose Capital BV es una “…sociedad constituida en el extranjero con actividad permanente en nuestro país, conf. arts. 118, 124 y cctes. de la Ley de Sociedades Comerciales N° 19.550 (LSC)…”, lo que surgía “…de las propias manifestaciones de la presunta fallida en sede judicial, en tanto indicare que existía una actividad permanente, habitual y continuada en Argentina desde al menos 2006 hasta por lo menos hasta 2021”.

Agregó que el único domicilio que él conocía “…de la presunta fallida en el país es el de Quintana 512 Piso 7° de la Capital Federal. Dicho domicilio, es el que su representante legal Héctor Arcuri constituyó en el incidente de revisión que dio origen al crédito que se reclama”.

Petroex Uruguay SA le pide la quiebra Banco General de Negocios SA

CNCom., sala E, 25/10/16, Petroex Uruguay SA le pide la quiebra Banco General de Negocios SA

Pedido de quiebra. Sociedad constituida en el extranjero (Uruguay). Sociedad off shore (SAFI). Jurisdicción internacional. Domicilio comercial. Calificaciones. Asiento principal de los negocios. Tratado de Derecho Comercial Internacional Montevideo 1889. Tratado de Derecho Comercial Terrestre Internacional Montevideo 1940. Ley de concursos: 2.2, 4. Ley de sociedades: 118, 124.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 26/06/24.

2ª instancia.- Buenos Aires, 25 de octubre de 2016.-

Y VISTOS:

1. Viene apelado por ambas partes y el Ministerio Público Fiscal el pronunciamiento dictado a fs. 457/458.

La promotora de estas actuaciones se agravió de la admisión del planteo de incompetencia y la parte demandada de la decisión sobre costas.

Los recursos obran fundados a fs. 463/465, 476/477 y 492/498; respondidos a fs. 472/474, 479/480, 501/502 y 507/510.

A fs. 492/498 dictaminó la Fiscal General, quien propició la admisión del recurso planteado por la quiebra de Banco General de Negocios S.A.

2. Los fundamentos expuestos por la señora Representante del Ministerio Público ante esta Cámara en su dictamen de fs. 492/498, que esta Sala comparte y a los que se remite por razones de brevedad, son suficientes para admitir los recursos planteados por la promotora de estas actuaciones y la Fiscal de primera instancia.

No obstante ello, cabe efectuar las siguientes precisiones.

Según se desprende de la documentación aportada por la Inspección General de Justicia a fs. 96/156, la sociedad demandada ha sido constituida en la República Oriental del Uruguay bajo el régimen establecido por la ley 11.073 de dicho país; es decir que es una de las sociedades denominadas SAFI.

Esto significa que la emplazada en los términos del art. 84 de la LCQ es una sociedad anónima cuya actividad principal debe consistir en realizar, directa o indirectamente, por cuenta propia o de terceros, o para terceros, inversiones fuera del territorio de la República Oriental del Uruguay (conf. art. 1 de la ley 11.073 de dicho país).

Surge además que esta sociedad ha constituido una sucursal en nuestro país en los términos previstos por el art. 118 de la LSC, comprometiéndose a no realizar ningún tipo de actividad financiera ni de seguros ni de reaseguros en la República Argentina –v. fs. 135 y 289- Y no se desprende de la documentación remitida por la Inspección General de Justicia a fs. 92/156 que hubiese cumplido con la adecuación voluntaria prevista por el art. 243 de la RG de la IGJ N° 7/05 (hoy art. 272 de la RG IGJ 7/15).

Por otro lado, la demandada no acreditó haber ejercido actividad comercial en un país distinto a la Argentina, y sí se desprende de estas actuaciones que realizó actividad en el país, pues conforme surge del escrito de inicio, tuvo abierta una cuenta bancaria cuyo saldo deudor determinó el inicio de los autos “Banco General de Negocios S.A. s/ quiebra c/ Petroex Uruguay DS.A. s/ ejecutivo”. En esas actuaciones se dictó sentencia en su contra y su falta de pago habilitó la promoción de este pedido de quiebra –v. fs. 10/12-.

3. El art. 124 de la L.S. establece que “la sociedad constituida en el extranjero que tenga su sede en la República o su principal objeto esté destinado a cumplirse en la misma, será considerada como sociedad local a los efectos del cumplimiento de las formalidades de constitución o de su reforma y contralor de funcionamiento”.

La doctrina entiende que cuando la norma citada se refiere al “principal objeto”, está aludiendo a la actividad concreta y primordial que realiza la sociedad. Por ello, se sostiene que la lectura que debe hacerse del art. 124 de la LCQ es la siguiente: la actividad es la manera a través de la cual la sociedad cumple con su objeto social; y el principal objeto de una sociedad comercial se cumple en la República cuando la mayor parte de su actividad se desarrolla y cumple efectivamente en ella. (Vitolo Daniel, Sociedades Constituidas en el Extranjero con sede o principal objeto en la República”, pág. 51, El Derecho, 2005).

En ese contexto juzga la Sala que la sociedad demandada de quiebra, atendiendo a sus características –principalmente que no puede realizar actividad en su país de constitución y que no demostró haberla realizado en otro país distinto a la Argentina-, debe ser considerada como una sociedad local por aplicación del art. 124 de la LS (conf. CNCom, Sala A, «Boskoop S.A. s/ quiebra s/ incidente de apelación» del 18/04/06 [publicado en DIPr Argentina el 16/03/07]), sometida, en consecuencia, al contralor de los jueces de esta jurisdicción.

Ello, no obstante la forma en que fue inscripta en nuestro país (118 L.S), pues si bien no adaptó su inscripción a las normas de la IGJ, claramente se trata de una persona jurídica que no tiene los rasgos propios que se le asignan a la figura de sucursal.

En efecto, se ha dicho sobre el particular que una sucursal se caracteriza, entre otras cosas, por ser una “mera descentralización administrativa de la matriz” (Roitman Horacio, “Ley de Sociedades Comerciales” tomo II, pág. 792, La Ley y jurisprudencia allí citada) y en el caso no existe una casa matriz o central de la cual dependa la sociedad inscripta en nuestro país.

En vista a lo señalado precedentemente, el supuesto en análisis difiere del juzgado por esta Cámara Comercial, Sala B, en los autos «Pluna Líneas Aéreas Uruguayas S.A. (sucursal Argentina) s/ su propia quiebra» [publicado en DIPr Argentina el 25/06/24], con fecha 21/08/13.

Sobre la base de todo lo expuesto, resulta acertado entonces lo dicho por la Fiscal General en cuanto a que para dirimir la cuestión planteada corresponde remitirse a la interpretación que ha hecho la Corte Suprema de Justicia en el precedente «Compañía General de Negocios SAIFE s/ pedido de quiebra por Mihanovich, Ricardo L.» del 24/02/09 [publicado en DIPr Argentina el 16/03/09], respecto del alcance que cabe asignar al art. 40 del Tratado de Derecho Comercial de Montevideo de 1940.

En esa oportunidad, el Supremo Tribunal explicó que esa normativa, al igual que el art. 35 del tratado de Derecho Comercial Internacional de Montevideo de 1889 –de similares términos-, hay que conjugarla con el art. 3 del Tratado de Montevideo de Derecho Comercial y Terrestre de 1940 que define el concepto de “domicilio comercial” utilizado en aquéllas diciendo que “…domicilio comercial es el lugar en donde el comerciante o la sociedad comercial tiene el asiento principal de sus negocios” y además que “si constituyen, sin embargo, en otro u otros Estados, establecimientos, sucursales o agencias, se consideran domiciliados en el lugar donde funcionan, y sujetos a la jurisdicción de las autoridades locales, en lo concerniente a las operaciones que allí se practiquen…” (v. considerando 7).

Además de ello, la Corte analizó la aplicación de las normas de la ley 19.550.

En efecto, en el considerando 12 de ese mismo pronunciamiento, explicó que: a) el art. 118 de la ley 19.550 regula el reconocimiento de la sociedad extranjera, en tanto esta se ajuste a las leyes del lugar de su constitución, y el art. 124 del mismo ordenamiento individualiza el supuesto en el cual la sociedad constituida en el extranjero no es reconocida como tal, sino como sociedad local; b) el supuesto del art. 124 se configura cuando la sede o el principal objeto social se ubican en territorio nacional, hipótesis que impone la aplicación del ordenamiento legal nacional con el alcance establecido en la propia norma.

Así el Supremo Tribunal concluyó que la decisión acerca del tratamiento legal que, en el derecho interno, corresponde a la sociedad cuya quiebra se peticiona, se encuentra inescindiblemente unida a la conclusión que se arribe acerca del lugar en que ésta desarrolló su actividad principal.

Esta doctrina de la Corte se debe aplicar en el sub lite ya que, como se ha dicho, únicamente se ha comprobado que la sociedad realizó actividad en nuestro territorio.

Por esa razón, la Sala concluye que es esta Justicia Nacional en lo Comercial la competente para entender en este pedido de quiebra, independientemente de si la emplazada tiene –o no- bienes en el país (CNCom, Sala E, “Inversora Guaymallén S.A. le pide la quiebra Outeiral Luis Eduardo”, del 30/09/15).

Consecuentemente, se admiten los recursos planteados por la promotora de estas actuaciones y el Ministerio Público Fiscal.

Las costas generadas tanto en primera instancia como en la Alzada serán impuestas a la demandada, que resultó vencida en la incidencia (CProc: art. 69 y 279).

Ello, conduce a rechazar el recurso de la demandada, vinculado a las costas, así como el pedido de sanciones impetrado en la contestación del memorial.

4. Por lo expuesto, se resuelve: admitir los recursos de la actora y el Ministerio Fiscal y, en consecuencia, revocar el pronunciamiento apelado. Imponer las costas de ambas instancias a la demandada, vencida.

Notifíquese a la Fiscal General en su despacho, comuníquese (cfr. Acordada C.S.J.N. N° 15/13) y devuélvase sin más trámite, encomendándose al juez de la primera instancia las diligencias ulteriores y las notificaciones pertinentes (CPr. 36:1).- Á. O. Sala. A. A. Kölliker Frers (por sus fundamentos). M. E. Ballerini.

Por sus fundamentos

Adhiero a la solución propiciada por mis distinguidos colegas. Sólo me permito añadir a las ya muy atinadas consideraciones desarrolladas a lo largo de este pronunciamiento, que dicha solución, además de ser congruente con el criterio adoptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Compañía General de Negocios SAIFE s. Pedido de Quiebra por Mihanovich” del 24.2.09, coincide también con el seguido por la Sala “A” –que integro- en situaciones análogas- en las que también se debatía la competencia de los tribunales argentinos para tramitar acciones dirigidas contra sociedades extranjeras encuadrables en el art.124 LSC- en sendos precedentes del 18.4.06 y del 27.11.09 (“Boskoop S.A. s/Quiebra s. Incidente de Apelación” y “Multicanal S.A. c. Grupo Uno S.A. y otros s. Medida Precautoria”, respectivamente), como –asimismo- con el sustentado por el suscripto como juez de primera instancia en el caso “Great Brands s. Concurso Preventivo”, donde mediante pronunciamiento del 03.10.02, le fue denegada la vía del concursamiento al ente societario aspirante a convocatario en razón de tratarse de una sociedad extranjera ”off shore” que, por estar constituida en fraude a la ley argentina, le resultaban aplicables las disposiciones del art. 124 LSC, a la luz de las cuales, por tratarse de una sociedad unipersonal, no podía ser considerada un sujeto concursable en los términos de la LCQ: 2.- A. A. Kölliker Frers.

Pluna Líneas Aéreas Uruguayas (sucursal argentina) s. su propia quiebra

CNCom., sala B, 21/08/13, Pluna Líneas Aéreas Uruguayas S.A. (sucursal argentina) s. su propia quiebra

Sociedad constituida en el extranjero (Uruguay). Sucursal en Argentina. Capital propio. Presentación en concurso en Argentina. Jurisdicción internacional. Tratado de Derecho Comercial Terrestre Internacional Montevideo 1940: 40, 41. Casa comercial dependiente. Incompetencia de los tribunales argentinos. Sucursal. Filial. Distinción.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 25/06/24.

2º instancia.- Buenos Aires, agosto 21 de 2013.-

Y vistos:

1. Apeló Pluna Líneas Aéreas Uruguayas S.A. -Sucursal Argentina- la resolución de fs. 636/9 que rechazó su propio pedido de declaración de quiebra. Sostuvo el recurso con la memoria de fs. 647/655. La Fiscalía de Cámara remitió a fs. 660 a su anterior dictamen -como fiscal de primera instancia- de fs. 604/5.

2. El juez a quo rechazó la pretensión de propia quiebra con fundamento en la supuesta ausencia de independencia de Pluna –sucursal argentina- respecto de Pluna Líneas Aéreas Uruguayas S.A. Dicha circunstancia la excluiría, según el Magistrado de la instancia anterior, de las disposiciones contenidas en el artículo 41 del Tratado de Derecho Comercial Terrestre Internacional de Montevideo de 1940 y, por lo tanto, de la competencia de los tribunales de la República Argentina.

3. La recurrente refirió que la resolución impugnada partió de un equivocado concepto de "sucursal", y que a partir del mismo concluyó, equivocadamente, la ausencia de independencia respecto de su casa matriz. Agregó que al momento de solicitar su propia quiebra contaba con aproximadamente 90 empleados, en sus últimos Estados Contables cerrados el 30.6.11 reflejaba activos por $ 10.590.709,21 y contaba con capital y clientela propios. En virtud de ello manifestó que no existe razón objetiva para sostener que no se trata de una casa de comercio independiente de su matriz.

4. Los Tratados de Derecho Comercial Terrestre Internacional de Montevideo de 1889 y de 1940 adoptan un sistema mixto, que consiste en establecer el principio de la unidad preceptiva de la quiebra en caso de casas de comercio dependientes, y el sistema de pluralidad facultativa de la quiebra, en el supuesto de casas de comercio independientes.

El artículo 40 del Tratado de 1940 establece: "Son jueces competentes para declarar la quiebra, los del domicilio del comerciante o de la sociedad mercantil, aun cuando practiquen accidentalmente actos de comercio en otro u otros Estados, o tengan en alguno o algunos de ellos, agencias o sucursales que obren por cuenta y responsabilidad del establecimiento principal". A su vez, el artículo 41 del Tratado de 1940 expresa: "Si el fallido tiene dos o más casas comerciales independientes en distintos territorios, serán competentes para conocer del juicio de quiebra de cada una de ellas, los jueces o tribunales de sus respectivos domicilios".

Así nos encontramos ante un juicio de quiebra único o ante juicios de quiebra plurales y simultáneos.

5. En el sub lite, se encuentra fuera de controversia que Pluna Líneas Aéreas Uruguayas S.A., ha abierto en nuestro país una "sucursal", y que esta última es la que ha solicitado su propio decreto de falencia ante la declaración de quiebra de la casa matriz.

Sobre el punto debe recordarse que toda sucursal es una dependencia separada de la casa central, sin que aquella resulte independiente de esa matriz; y, si bien goza de una relativa autonomía para realizar negocios y puede individualizársele asignación de capital, ello no quita que su patrimonio pertenezca a la matriz y que ésta responda por las obligaciones de la sucursal en forma directa (Dictamen de Fiscalía de Cámara, in re «Pacesseter System Inc. s. pedido de quiebra por Pacesseter SA», del 14.8.92; CNCom., Sala B, in re «Ridiwel SA s. concurso preventivo» [publicado en DIPr Argentina el 08/06/07], del 22.6.00 -haciendo suyos los argumentos vertidos por la Fiscalía de Cámara-).

En base a lo dicho, y teniendo en consideración la solución específica proporcionada por el artículo 40 del Tratado de Montevideo, no cabe más que desestimar los agravios y confirmar la decisión recaída en la instancia anterior. No empece lo expuesto ni la cantidad de empleados en relación de dependencia existentes a la fecha de petición de quiebra, ni el activo informado.

Ello así pues este Tribunal considera que la expresión "casa comercial independiente" contenida en el Tratado Internacional citado corresponde a la figura de "filial" (GERBAUDO Germán E., "Insolvencia Transfronteriza", pág. 33, Ed. Astrea, 2011); la cual en la especie no se encuentra configurada.

Al respecto la "filial" se diferencia de la figura de "sucursal", en virtud de resultar una organización jurídica distinta, con distinta personalidad, medios propios y conducción diferenciada (ETCHEVERRY, "Derecho Comercial y Económico", Parte General, p. 526), circunstancia esta última que en el caso no se verifica.

A ello mismo pareció referirse la recurrente cuando expresó que la tarea por ella desarrollada lo es "…de acuerdo a las condiciones y según las frecuencias de vuelos establecidos por la Casa Matriz…" (ver fs. 92 vta, segundo párrafo).

Sobre el particular se ha dicho que la sucursal es una dependencia separada de la casa central, mas no independiente, si bien goza de una relativa autonomía para realizar negocios y puede individualizársele una asignación de capital, ello no quita que su patrimonio pertenezca a la matriz y que ésta deba responder por las obligaciones de la sucursal en forma directa (ZALDÍVAR, Enrique y otros, "Cuadernos de Derecho Societario", Tomo I, pág. 317).

Por lo demás, resulta acertado el criterio expuesto por el anterior sentenciante en punto a la ausencia en los balances acompañados del rubro "Estado de Resultados"; y lo expresado en la nota a los estados contables sobre el particular: "No se expone el estado de resultados al 30/06/2011, en razón de cancelar las cuentas del mismo contra Casa Matriz de Pluna Líneas Aéreas Uruguayas S.A.", y que los resultados globales de la empresa pueden ser determinados en la contabilidad de la casa matriz (ver fs. 453).

Dicha circunstancia permite evidenciar claramente la falta de independencia de la sucursal, lo cual torna improcedente la apertura de su procedimiento falencial ante los tribunales de la República Argentina.

Y en relación a la aplicación de las prescripciones contenidas en la LCQ 2:2, señálese que resultan acertadas las conclusiones a las que arribó el juez a quo en punto a su alcance, y a la necesaria aplicación en el caso de los artículos 40 y 41 del Tratado de Montevideo oportunamente suscripto por nuestro país.

Por lo demás señálese que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 del Tratado comentado, los acreedores locales podrán, dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la última publicación a que se refiere el artículo 44, promover en el respectivo Estado un nuevo juicio de quiebra contra el fallido o concursado (UZAL, María Elsa, "Proceso de Insolvencia en el Derecho Internacional Privado", Ed. La Ley, pág. 452).

6. Se desestima el recurso de apelación interpuesto y se confirma la decisión apelada. Sin costas atento la ausencia de contradictorio.

La Sra. Juez de Cámara Dra. Ana I. Piaggi no interviene por hallarse excusada (art. 109 del R.J.N.).

7. Comuníquese oportunamente a la Dirección de Comunicación Pública de la CSJN, conforme lo dispuesto en el art. 4 de la Acordada 15/13.

Notifíquese a la fiscalía de Cámara. Cumplido, devuélvase encomendándose al Sr. Juez a quo las notificaciones pertinentes.- M. L. Gómez Alonso de Díaz Cordero (en disidencia). M. E. Ballerini. A. O. Sala.

Disidencia de la Dra. María L. Gómez Alonso de Díaz Cordero

Los fundamentos de la Sra. Fiscal ante esta Cámara –con remisión al dictamen de fs. 604/5-, que esta Sala hace suyos por razones de economía y celeridad procesal, resultan suficientes para admitir el recurso y revocar la decisión apelada.

A partir de la específica situación fáctica que reviste la sucursal radicada en nuestro país de Pluna Líneas Aéreas Uruguayas S.A. (capital propio, cantidad de empleados, activos, clientela y volumen de negocios) resultó procedente que la Justicia Comercial de la República Argentina asuma competencia para resolver el pedido de propia quiebra incoado.

He concluido.- M. L. Gómez Alonso de Díaz Cordero.

SERV Swiss Export Risk Insurance s. inc. de revisión de crédito

Juz. Nac. Com. 4, secretaría 7, 12/08/21, SERV Swiss Export Risk Insurance s. inc. de revisión de crédito

Concurso preventivo en Argentina. Verificación de créditos. Ley de concursos: 4. Reciprocidad. Acreedor extranjero. Carga de la prueba. Affidavit.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 13/06/24.

1ª instancia.- Buenos Aires, 12 de agosto de 2021.-

1. SERV Swiss Export Risk Insurance –por apoderado- inició el presente incidente de revisión con el objeto de que se declare verificado el crédito correspondiente a los contratos de compraventa N° 1409782 y N° 1449246.

Aclaró que la deuda radica en dos contratos de compraventa asegurados por su mandante en su carácter de empresa de seguro de créditos a la exportación, para lo cual detalló la operatoria habida.

Ante la falta de pago por la concursada, SERV Swiss Export Risk Insurance en cumplimiento de lo pactado, abonó al beneficiario del contrato de seguro de ambos contratos, la suma asegurada, equivalente al 95% de lo adeudado por la concursada en concepto de capital e intereses, por lo que la aseguradora se subrogó el 10 de enero de 2020 en los derechos del asegurado (UBS Switzerland AG) contra la concursada.

En consecuencia, solicitó la verificación de los siguientes montos: (i) respecto del contrato de compraventa N° 1409782 reclamó la suma de € 416.926,95.- (capital: € 399.140,80.-; intereses € 16.996,19.-; intereses moratorios € 789,96). Acompañó el contrato celebrado el 21 de septiembre de 2016 y su enmienda del 20 de diciembre de 2018; (ii) respecto del contrato de compraventa N° 1449246 reclamó la suma de € 1.323.706.37.- (capital € 1.247.056,34.-; intereses € 75.570,85.-; Intereses moratorios € 1.079,18.-). Acompañó contrato celebrado el 12 de julio de 2016, enmienda del 20 de diciembre de 2018 y nota de aceleración de plazos de fecha 30/11/2019.

En torno a la reciprocidad contemplada en la LCQ: 4, acompañó dictamen del estudio Klein Attorneys at Law Ltd., y firmado por los reconocidos abogados Gianni Rizzello y Martin Boric, se desprende que el Art 232, párrafo 2, inciso 2 de la Legge Federale Sulla Esecuzione e Sul Fallimento (LEDQ), expresó: “la oficina de quiebras anuncia públicamente la apertura de la quiebra tan pronto como se determine si se llevarán a cabo procedimientos ordinarios o sumarios. El anuncio incluye, entre otras cosas, la convocatoria a acreedores del deudor para presentar sus créditos, junto con los comprobantes, ante la oficina de quiebras dentro del mes de efectuado el anuncio”.

Basándose en ello y en doctrina que citó, solicitó se tenga por acreditada la reciprocidad respecto del crédito reclamado.

2. Corrido el traslado, fue contestado de la siguiente forma:

a) La concursada mediante la presentación del 8/6/2021 y dijo:

(i) Contrato nro. 1409782: Solicitó el rechazo parcial de la pretensión revisionista respecto de intereses acumulados, pues solo se adeudan intereses moratorios desde la fecha de mora que denuncia acaecida el 15 de enero de 2019 y hasta la presentación en concurso preventivo (21 de octubre de 2019).

(ii) Contrato nro. 1449246: Solicitó el rechazo parcial de la pretensión revisionista respecto de intereses acumulados, pues solo se adeudan intereses moratorios desde la fecha de mora que denuncia acaecida el 15 de enero de 2019 y hasta la presentación en concurso preventivo (21 de octubre de 2019).

Para ambos contratos, solicitó la morigeración de intereses.

b) La sindicatura hizo lo propio mediante el escrito del 4/6/2021.

Respecto del cumplimiento de la reciprocidad contemplada en la LCQ: 4 y con fundamento en el dictamen acompañado, refirió que el mismo deberá ponderado por el Tribunal.

En lo atinente al crédito cuya verificación se pretende, refirió que se acompañaron las dos cesiones del crédito de fecha 10 de enero del 2020, por el cual se prueba la subrogación por parte de SERV en los derechos de UBS Switzerland AG por el 95% del crédito.

Consideró en consecuencia, debidamente probado y fundado el reclamo de autos.

En lo relativo a la tasa de interés pactada (4.124 % anual), señaló que la misma resulta ser inferior a la aceptada por el Tribunal, no obstante recalculó los mismos, en virtud de encontrarse liquidados a una fecha posterior a la presentación concursal.

3. Sentados los hechos en que se funda el incidente revisionista y los contestes formulados en torno a esas pretensiones, el Tribunal dirá:

a) Con el dictamen del estudio Klein Attorneys at Law Ltd., y la falta de oposición de la concursada, el Tribunal entiende que se acreditó el requisito de la reciprocidad oportunamente cuestionado y que requiere el art. 4 LCQ;

b) Con la documental acompañada se advierte cumplimentada en esta etapa de revisión, la carga impuesta por nuestra normativa procesal en su artículo 37.

c) Los contratos de cesión no se encuentran controvertidos y se advierte que el crédito por la venta de maquinarias, resulta ser una contraprestación contraída genuinamente en Euros, por lo que corresponderá su reconocimiento en esa moneda.

Para decidir de esta forma, el Tribunal reenvía a los fundamentos expuesto en este sentido en la sentencia verificatoria de los autos principales.

d) Se receptarán favorablemente las observaciones formuladas respectos de los intereses pretendidos con posterioridad a la presentación concursal, en virtud de que así lo dispone nuestro ordenamiento en su artículo 19.

Por otro lado, el crédito en análisis no se encuentra dentro de los excepcionados.

Por lo demás, se estiman correctas las cuentas practicadas por el órgano sindical, en cuanto a lugar y por derecho correspondan.

e) Se desestimará la impugnación formulada por la concursada en torno al acaecimiento de la mora al contrato No. 1449246, y se seguirá el consejo brindado por el órgano sindical que tomó como base para el cálculo de intereses la fecha en la cual comenzó a aplicarse la nueva tasa suscripta por las partes y no como pretende la concursada, la fecha en la cual se le informaba el monto debido por intereses.

f) Consecuentemente con ello, encontrándose acreditada la existencia y legitimidad de su acreencia, procederá su reconocimiento parcial.

g) Las costas de la incidencia las soportará su promotora, ponderando que su omisión de acompañar los instrumentos justificativos de su crédito en la oportunidad de la LCQ: 32 motivó la tramitación del presente.

Téngase en cuenta para así decidirse, que su proceder dio lugar al dispendio jurisdiccional que bien pudo ser evitado (Com. B, Petracca e Hijos SA, 06/10/82; íd. íd., Puerto La Unión SA s/quiebra s/ inc. de revisión por Dirección Nacional de Recaudación Previsional, 25/10/89).

4. Por ello, Resuelvo:

(i) Con fundamento en lo expuesto en los considerandos, se admitirá parcialmente la revisión en análisis.

(ii) Declaro verificado en favor de SERV Swiss Export Risk Insurance la suma total de Euros 1.740.543,28.- con carácter quirografario (€ 1.646.197,29.- a capital; € 94.345,99.- a intereses).

Asimismo, lo rechazo por la suma de Euros 90,04.-. Con costas.

(iii) Notifíquese, regístrese y ejecutoriada la presente, póngase nota en los autos principales a pedido del interesado.

Así se decide.- H. H. Vitale.

Pino Camby SA s. quiebra c. Gresham Trust Registrated. 2° instancia

CNCom., sala E, 21/04/21, Pino Camby S.A. s. quiebra c. Gresham Trust Registrated s. ordinario

Quiebra en Argentina. Transferencia de cuotas parte de una sociedad constituida en Brasil. Compradora del Principado de Liechtenstein. Acción de ineficacia concursal. Jurisdicción internacional. Ley de concursos: 4, 119. Competencia del juez de la quiebra. Excepción de incompetencia. Rechazo.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 14/03/23.

Excma. Cámara:

1. Debe señalarse en forma preliminar que, conforme prevé el art. 135 C.P.C.C.N., las notificaciones dirigidas a esta Fiscal deben cursarse personalmente en su despacho, atento a la relevancia de su función de resguardo del interés general (conf. art. 120 CN).

Ahora bien, en el mes de marzo pasado libré oficio al Presidente ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial a fin de solicitarle que, atento a la situación de público conocimiento respecto de la pandemia del Covid 19 y a la Resolución PGN 20/20, cualquier intervención o vista que se cursare a la Fiscalía General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial se comunicara al domicilio electrónico de la dependencia, hasta tanto durara la inhabilitación de los términos dispuesta por Acordada 4/2020.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dispuesto por acordada 27/2020 el levantamiento de la feria extraordinaria sin perjuicio de mantener lo dispuesto en los puntos dispositivos 9°, 10° y 11° de la acordada 25/2020 en lo que respecta a la utilización y empleo prioritario de herramientas digitales, la modalidad de trabajo remoto, la limitación de atención al público y la observancia por parte del personal judicial de las medidas de prevención, higiene y movilidad emanadas de las autoridades competentes. La Procuración General de la Nación ha tomado razón de lo resuelto por el Máximo Tribunal nacional en la resolución PGN 50/20, en la que también se hace hincapié en la preferencia por el trabajo remoto y demás medidas que reduzcan la circulación de personas.

En este marco, esta magistrada considera que en forma excepcional puede utilizarse este medio a los fines de prestar adecuadamente el servicio que le compete. Ello sin perjuicio de destacar que la Secretaría de Coordinación Institucional de la Procuración General de la Nación indicó que se deben extremar las medidas para que las notificaciones electrónicas no sean utilizadas en los supuestos que la ley procesal indica la vista del expediente. Cabe agregar que el Ministerio Público no comparte materialmente con el Poder Judicial el mismo Sistema de Gestión que le permitiría recibir las actuaciones en forma virtual.

En virtud de lo expuesto ante la no remisión al despacho de esta Fiscal de las actuaciones en formato papel o digital, la posibilidad de dictaminar quedará a su consideración en cada caso concreto, priorizando la continuación del trámite de los expedientes por vía remota y con el régimen de firma electrónica.

Ahora bien, evaluando que en el caso de autos, resulta suficiente la compulsa a la página www.pjn.gov.ar a los fines de emitir opinión, se procede a dictaminar.

2. Llegan las presentes actuaciones en vista a esta Fiscalía General, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la resolución del magistrado a cargo del Juzgado Nacional en lo Comercial nro. 2, que – compartiendo lo dictaminado por el fiscal de primera instancia a fs. 703/4 - rechazó la excepción de incompetencia territorial opuesta por Gresham Trust Registrated.

El a quo sostuvo su competencia con fundamento en el artículo 119 de LCQ al entender que “(…) la acción promovida en autos es de naturaleza concursal, encuadrable en el art. 119 de la ley 24.522, que establece la competencia del juez de la quiebra para conocer en todos los asuntos que conciernen a la recomposición del activo. Su jurisdicción es exclusiva y excluyente en razón de la especialidad del régimen concursal y el carácter universal del proceso, de orden público y no es susceptible de ser prorrogada” (v. resolución de fecha 26/10/2020).

3. Tal decisión fue apelada por la demandada.

La recurrente se agravió por entender que el a quo sería incompetente para entender en autos, dado que el contrato de trasferencia de las cuotas fue celebrado en la República Federativa de Brasil, y que, además, tanto el domicilio social de Ourives Florestal Ltda. como su patrimonio social también se encuentran en el mencionado país.

Asimismo, agregó que – como la ley 24.522 adopta los criterios de territorialidad y pluralidad de la sentencia de quiebra, y dado que el reclamo de autos se trata de una cesión y transferencia materializada en la República Federativa de Brasil, respecto de la participación en el capital social de una sociedad constituida, registrada e inscripta en ese país, hacia otra sociedad inscripta y regida por la leyes del principado de Liechtenstein (Gresham Trust Registrated) – el proceso falencial de Pino Cambay S.A. carece de virtualidad para cuestionar por medio de esta acción la validez y eficacia del acto.

4. Del escrito de inicio, a cuyos términos debe estarse a los efectos de la determinación de la competencia, surge que el síndico interviniente en la quiebra de Pino Camby S.A., interpuso demanda contra Gresham Trust Registrated tendiente a que se decrete –en los términos del art. 119 LCQ- la ineficacia de la venta de las cuotas parte de la empresa Ourives Florestal Ltda., que realizó la fallida en favor de la accionada.

Esta acción tendría su antecedente en una denuncia que efectuó un acreedor, mediante la cual se tomó conocimiento de que la fallida tenía en su patrimonio cuotas parte de la sociedad Ourives Florestal Ltda. y que el 6/09/2001, mientras tramitaba su concurso preventivo, habría transferido las mismas a favor de Gresham Trust Registrated. (v. punto (iii) “Antecedentes de esta acción”, inc. 1 “incidente de investigación”, de la demanda).

Vale aclarar que la fallida y la aquí demandada pertenecen al mismo grupo económico (Grupo Goldschmindt). (v. punto (iv) “Hechos”, de la demanda).

5. Ahora bien, cabe destacar que la presente acción, como ya se dijo, se inició en los términos del art. 119 de la ley 24.522.

Dicho artículo establece que “Los demás actos perjudiciales para los acreedores, otorgados en el período de sospecha pueden ser declarados ineficaces respecto de los acreedores, si quien celebró el acto con el fallido tenía conocimiento del estado de cesación de pagos del deudor. El tercero debe probar que el acto no causó perjuicio. Esta declaración debe reclamarse por acción que se deduce ante el juez de la quiebra y tramita por vía ordinaria, salvo que por acuerdo de partes se opte por hacerlo por incidente. La acción es ejercida por el síndico; está sujeta a autorización previa de la mayoría simple del capital quirografario verificado y declarado admisible y no está sometida a tributo previo, sin perjuicio de su pago por quien resulte vencido; en su caso el crédito por la tasa de justicia tendrá la preferencia del Artículo 240. La acción perime a los SEIS (6) meses”. El subrayado me pertenece.

Es decir que la misma ley 24.522 determina expresamente la competencia del juez de la quiebra para entender en una acción como la que aquí se interpuso.

De ello se deriva que la competencia ordenada por la norma no sólo es la competencia territorial, sino la concerniente al mismo tribunal (cfr. Prono, Ricardo S., “Derecho Procesal Concursal. Adaptado al Código Civil y Comercial”, 1° ed., La Ley, 2017).

A lo expuesto, cabe agregar que la acción iniciada en los términos del ya citado artículo persigue la tutela de la igualdad de los acreedores y provee protección a los acreedores frente a ciertos actos realizados por el deudor antes de la quiebra que podrían implicar una disminución del patrimonio falencial.

En este sentido se ha resuelto que “el magistrado de la falencia es el juez de "todo" el pasivo de la misma, en cuya conformación el actúa "con exclusividad" –salvo excepciones legalmente previstas- …de modo pues, que al poder influir la referida acción en la conformación del pasivo del banco accionado, la misma debe ser conocida y resuelta por el titular del tribunal donde tramita el proceso universal del defendido… es decir: no puede "agredirse" el pasivo de un fallido sin pasar por el juez de la quiebra de ese fallido” (cfr. CNCom., sala D, en autos “Banco Extrader SA s/ Quiebra c/ Banco Feigin SA (Revocatoria Concursal) s/ ordinario”, de fecha 02/10/2001).

En consecuencia, la propia normativa concursal determina la competencia del juez de la quiebra para entender en todos los asuntos concernientes a la recomposición del patrimonio del fallido, teniendo en cuenta que su jurisdicción es exclusiva, excluyente y, a la vez, de orden público e improrrogable.

6. Reserva caso federal

Para el hipotético caso de que se dicte una resolución que pudiera importar un supuesto de privación de justicia, una denegación del fuero competente o la generación de un perjuicio de insuficiente, tardía o defectuosa reparación ulterior mantengo la reserva formulada para ocurrir por la vía extraordinaria federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (art. 18 CN y art. 14, Ley 48).

7. Por los motivos expuestos, opino que corresponde confirmar la resolución apelada.- Buenos Aires, 11 de diciembre de 2020.- G. F. Boquin. Fiscal de la Fiscalía General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial.

2º instancia.- Buenos Aires, 21 de abril de 2021.-

Y VISTOS:

1. La demandada apeló la resolución dictada en fs. 707 (foliatura digital) mediante la cual se desestimó la excepción de incompetencia que formuló en fs. 590/608.

Fundó el recurso con el memorial de fs. 710/5 (foliatura digital), contestado en fs. 717 (foliatura digital).

2. La Sala comparte los fundamentos expuestos por la señora Representante del Ministerio Público ante esta Cámara en su dictamen del 11.12.20, a los que se remite por razones de brevedad, por lo que corresponderá decidir la cuestión según se propone.

Sólo cabe agregar, que la pretensión del síndico no está dirigida a obtener la declaración de invalidez de un acto celebrado en el extranjero sino que versa sobre su inoponibilidad o ineficacia ante los acreedores, es decir, acerca de los efectos del negocio únicamente frente a los acreedores de la quiebra, lo que ha de ser juzgado por el juez que entiende en ese juicio universal (LCQ. 119, segundo párrafo).

Y no obsta a lo expuesto lo previsto en la LCQ. 4 (primer párrafo in fine), pues, incluso bajo la interpretación que formuló la apelante, en el caso no se conoce, ni se ha acreditado por el momento, que la quiebra dictada en nuestro país y sus eventuales consecuencias, vayan a ser invocadas contra acreedores brasileros para disputarles derechos que estos pretendan sobre bienes existen en su territorio, ni para anular los actos que hubiesen celebrado con el concursado.

3. Por lo expuesto, y de acuerdo a lo dictaminado por la Sra. Fiscal General se resuelve: desestimar el recurso deducido y confirmar la resolución apelada; con costas de Alzada a la apelante en su condición de vencida (cfr. CPr. 69).

Comuníquese (cfr. Acordada C.S.J.N. N° 15/13), y devuélvase sin más trámite, encomendándose al juez de la primera instancia las diligencias ulteriores y las notificaciones pertinentes (CPr. 36:1).- M. F. Bargalló. Á. O. Sala. H. Monclá.