Masipack Industria y Comercio de Máquinas Automáticas Ltda. c. Cari SRL. 1º instancia

Juz. Nac. Com. 18, secretaría 35, 26/06/08, Masipack Industria y Comercio de Máquinas Automáticas Ltda. c. Cari SRL s. ordinario.

Compraventa internacional de mercaderías. Vendedor: Brasil. Comprador: Argentina. Falta de pago. Pesificación. Rechazo. Excepciones. Dec. 410/02. Derecho aplicable. Lugar de cumplimiento. Prestación más característica. Incoterms. Cláusula FOT – San Pablo. Puerto de embarque. Garantias. Contrato de prenda con registro.

La sentencia fue sustancialmente confirmada por la Cámara Comercial.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 10/02/10.

1º instancia.- Buenos Aires, junio 26 de 2008.-

Y vistos: estos autos caratulados “Masipack Industria y Com. de Máquinas Automáticas Ltda. c. Cari SRL s. ordinario”, Expte. Nro. 51.962 del Registro de la Secretaría Nro. 35 venidos para dictar sentencia;

De los que resulta:

1. Masipack Industria y Comercio de Máquinas Automáticas Ltda., por medio de apoderado, promovió demanda contra Cari SRL, a fin de obtener el reajuste de las prestaciones que le son debidas, con relación al saldo del precio de cierta compraventa internacional y del contrato de prenda accesorio, en los términos del art. 11 de la ley 25.561 –modificada por ley 25.820-.

Explicó que con fecha 13.8.04 vendió a la ahora requerida un equipo automático para el envasado de galletitas, con todos sus accesorios.

Adujo que en garantía del saldo del precio se suscribieron dos contratos de prenda con registro (nros. 938110 y 938111), con fecha 1.9.01.

Mediante el primero de los mencionados –agregó-, se garantizó la obligación de pago de la suma de u$s 48.000, en tanto que el segundo, garantizaba la suma de u$s 22.000.

Afirmó que la accionada canceló la totalidad de la prenda instrumentada en el contrato nro. 938110, mediante pagos realizados por transferencia bancaria al exterior, en la moneda pactada.

Continuó diciendo que a fin de garantizar el pago de las cuotas del saldo de precio de la compraventa internacional, la demandada le entregó seis cheques de pago diferido, todos ellos emitidos con anterioridad a la firma del contrato de prenda con registro y encontrándose vigente el régimen de convertibilidad.

Recordó que el dólar era la moneda del contrato y resultaba un elemento sustancial del mismo. Tanto así que el contrato de prenda posterior, se realizó en idéntica moneda.

Sostuvo que como los cheques no pudieron hacerse efectivos debido a la suspensión transitoria –y luego definitiva- del Scotiabank Quilmes, denunció la situación a la ahora demandada, tras lo cual sobrevino un intercambio epistolar.

Indicó que se efectuaron negociaciones para resolver la cuestión suscitada por el cambio de las condiciones económicas empero, finalmente no pudieron arribar a ningún acuerdo.

En el apartado IV solicitó un reajuste de las prestaciones. Es que, en su parecer, la pretensión de Cari SRL de dar por canceladas las obligaciones a la paridad de $ 1= u$s 1, configura un enriquecimiento indebido. Máxime si se tiene en cuenta que no abonó el CER y que los equipos tiene un valor internacional que se mantiene constante e, incluso, ha incrementado.

Pidió se aplique la doctrina del esfuerzo compartido, de modo que la demandada cancele el 50% de la diferencia entre $ 1 = u$s 1 y la cotización de esa divisa al momento de cada uno de los pagos realizados.

En subsidio reclamó la diferencia por el CER no abonado y, finalmente, la resolución del contrato en los términos del CCiv 1198.

Ofreció prueba y fundó en derecho.

2. Cari SRL, por medio de apoderado, contestó la acción incoada en su contra con la presentación de fs. 110/114.

Por imperativo procesal, negó todos y cada uno de los hechos invocados en el escrito inaugural de la instancia.

En particular negó –transcripto aquí en apretada síntesis y en cuanto interesa referir-: a) que resulte procedente el reajuste pretendido, b) que se aplique al caso el art. 11 de la ley 25.561, c) que corresponda aplicar el CER, d) que los cheques de pago diferidos entregados no puedan interpretarse como una cancelación de la obligación asumida y, e) que todos los cheques recibidos no pudieran hacerse efectivos por la suspensión para operar dispuesta por el BCRA respecto del Scotiabank Quilmes.

Reconoció las cartas documento acompañadas, los contratos de prenda y los recibos de los pagos que hubo efectuado.

Afirmó que el contrato de prenda por u$s 22.000 fue suscripto el mismo día en que el representante de la actora recibió los cheques de pago diferido.

Recordó que en el recibo extendido por el representante de la actora, se expresa con claridad que los cheques se imputarán a la cancelación de las cuotas previstas en el contrato prendario. Ergo, contrariamente a lo afirmado por la actora, los cheques recibidos en pesos y el contrato prendario, resultaron actos simultáneos.

En la situación descripta –agregó-, la actora pretende volver contra sus propios actos anteriores, pues aceptó que la deuda se cancelara en pesos.

Se explayó sobre la doctrina de los propios actos.

Adujo que las demoras producidas en la cancelación de los cartulares no le son imputables y que la actora no bien pudo depositar el primero de ellos.

Continuó diciendo que los restantes cheques fueron cancelados, tal como surge de los recibos emitidos por su contrario y, por tanto, ha cumplido acabadamente con todas las obligaciones que contrajo para con la actora.

Insistió en que Masipack aceptó lisa y llanamente que la obligación fuera cancelada en pesos, renunciando –en los términos del CCiv 868- a perseguir el cobro en dólares estadounidenses.

Finalmente expuso que es infundado el reajuste pretendido y los planteos subsidiariamente introducidos, desde que la obligación fue extinguida.

Ofreció prueba.

3. Concluida la etapa probatoria y puestos los autos para alegar (v. fs. 161), ambas partes hicieron uso de tal derecho (actora en fs. 168/171 y demandada en fs. 173/174).

4. El decreto de autos para sentencia obrante en fs. 177 se encuentra actualmente ejecutoriado y con ello el suscripto habilitado para pronunciar decisión definitiva.

Y considerando:

1. Presentaré, resumidas, las posiciones sostenidas por los sujetos procesales intervinientes en la causa y las aristas dirimentes del conflicto suscitado que estimo útiles para su elucidación (CSJN, Fallos 228:279 y 243:563).

Mediante la promoción de este proceso ordinario Masipack Industria e Comercio de Máquinas Automáticas Ltda., sociedad constituida y domiciliada en la República Federativa de Brasil, demandó el reajuste de las prestaciones debidas por la requerida originadas en una operación de compraventa de mercadería de su producción (una máquina para envasar galletitas frágiles en bolsas de plástico). En subsidio pidió se aplique el coeficiente de estabilización de referencia (CER) y, para el caso de que no se estimaran admisibles esos planteos, pretendió la resolución del contrato.

La emplazada reconoció haber celebrado el negocio indicado en el escrito inaugural pero sostuvo que el saldo de precio –que fue garantizado con prenda registral- fue cancelado íntegramente en pesos como surge del propio contrato en el que se estipuló, además, que la acreditación de los cheques de pago diferido dados en pago extinguiría la obligación. Negó que resulte aplicable el art. 11 de la ley 25561 y aseveró que la aceptación de los pagos hechos en pesos implicaron la renuncia del reclamante a percibir su crédito en moneda estadounidense. En consecuencia, pidió el rechazo de la pretensión de reajuste, la subsidiaria de aplicación del CER y negó que su adversaria tuviera derecho a resolver el contrato.

2. En atención al tenor de la contestación de la demanda, que permite tener por cierta la versión de los hechos incorporada en el escrito inicial en punto a la celebración del contrato que vinculó a las partes aquí enfrentadas. En efecto, con prescindencia de la negación concerniente a la ley aplicable –y los consecuentes alcances de la denominada “legislación de emergencia” que podría alterar la moneda en que el pago debió hacerse de acuerdo a lo originariamente previsto-, las argumentaciones allí introducidas no desvirtúan, sino que antes bien los confirman, los aspectos esenciales del negocio habido entre los contendientes. En sustancia no ha mediado en este caso efectiva controversia, excepción hecha de la negativa referida, la que se vincula con la fecha de suscripción del contrato de prenda –que la defendida reputó contemporáneo con la recepción de los cheques- y el desconocimiento de las causas por las que los cheques no pudieron cobrarse.

La sinceridad de esa operación y la de los contratos accesorios de garantía aparecen corroboradas en la causa ante el reconocimiento expreso que a su respecto fue vertido por la demandada. Además, conforme fue concluido por el perito contador la operación de adquisición de la máquina envasadora, fue incorporada al sistema de contabilidad de la requerida (ver fs. 149) aunque el importe fue consignado en pesos. El experto encontró registradas cuatro facturas (N° 3185; 8443; 10553 y 38428) con fecha 01.12.01 en el libro IVA compras N° 3 de esa parte. Aunque no parece que la identificación de las facturas sea correcta, porque la que se acompañó con la demanda lleva N° 719/01 (verla en copia en fs. 7) y el N° 10553 corresponde a la carta de porte internacional por carretera (copiada en fs. 11), lo cierto es que la información volcada en el sistema de contabilidad de la defendida comprueba el negocio.

Sin embargo, debe destacarse la insinceridad de la fecha consignada en ese libro, que no se corresponde con la de celebración de la operación 13.08.01.

3. Con relación a la moneda en que debió hacerse el pago –aspecto que adquiere influencia decisiva a los fines de solventar el conflicto de intereses aquí planteado- cabe precisar que el art. 1° inc. e, decreto 410/2002 excluyó de la conversión a pesos establecida por el decreto 214/2002 a "las obligaciones del sector público y privado de dar sumas de dinero en moneda extranjera para cuyo cumplimiento resulte aplicable la ley extranjera”. El destacado, que es propio de este pronunciamiento, se identifica con el argumento medular que impone –adelanto- la admisión de la pretensión material.

Entonces, a efectos de dirimir la controversia corresponde establecer el derecho aplicable al vínculo jurídico generador del crédito, pues la interpretación que de ese tópico se haga adquiere decisiva influencia en el pronunciamiento sobre la cuestión.

La relación sustancial que originó la controversia, tal como adujo la actora, es una compraventa internacional de mercaderías que fueron remitidas desde el país de origen –República Federativa del Brasil- al territorio nacional por vía terrestre con la modalidad F.O.T (free on truck) que remite a la usual estipulación "franco a bordo" (F.O.B.) cuando el transporte se realiza por vía marítima y tiene, por consiguiente, idénticos efectos.

En aquellos contratos cuyo lugar de celebración no puede determinarse precisamente, como ocurre en el caso bajo juzgamiento, pero en los que, por el contrario, existe certeza respecto del lugar de ejecución, las denominadas normas de conflicto de derecho internacional privado argentino (CCiv 1205, 1209, 1210 y 1212) determinan la aplicación de la ley vigente en este último (conf. Goldschmidt, Werner, "Derecho Internacional Privado", 1997, Ed. Depalma, p. 394, y Boggiano, Antonio, "Derecho Internacional Privado" Ed. Abeledo-Perrot, t. II, 1991, p. 283).

No puede desconocerse que en los contratos sinalagmáticos la prestación característica es la que vincula ese acto jurídico contrato con un sistema normativo que regula su concertación, ejecución, cumplimiento y efectos. Y cuando se trata de una compraventa internacional, la prestación funcional del contrato es la entrega de la cosa; esto es, la prestación no dineraria a cargo del vendedor (CNCom, Sala E, 10.10.85, "Espósito e Hijos SRL c. Jocqueviel de Vieu" y doctrina allí citada, LL t. 1986-D-49; id., 4.04.00, “Mayer, Alejandro c. Onda Hofferle GMBH & Co. s. ordinario", 24.4.2000; ED 194-495), que constituye el núcleo del compromiso asumido frente al comprador, aunque existan prestaciones complementarias, ellas sí con contenido dinerario, ordenadas a la concreción de aquélla prestación “principal”, como en el caso sin duda lo fueron las relativas a los gastos inherentes al embarque de las mercaderías.

Y en la interpretación descripta, como la entrega de las mercaderías resultó satisfecha al ser colocada a bordo del transporte en el lugar de embarque convenido, Sao Bernardo do Campo, Sao Paulo, República Federativa del Brasil, en la especie (conf. Marzorati, Osvaldo, "Derecho de los negocios internacionales", 2003, Ed. Astrea, p. 297); cabe concluir que la compraventa celebrada entre las partes se halla sujeta a las leyes y usos de ese país aledaño. Por virtud de ello debe estimarse que se verifica aquí la excepción al régimen de conversión monetaria contemplada en el aludido art. 1, inc. e. del decreto 410/02 (CNCom, Sala E, 03.11.05, “Penguin Books Ltd c. Librería Rodríguez SACIF s. ordinario” y demás precedentes allí citados).

4. Sin desmedro de lo hasta aquí expuesto se ha decidido, en caso que guarda notable semejanza con el aquí planteado, que corresponde incluir en la solución del art. 1, inc. e del Decreto N° 410/2002 la venta de ciertas mercaderías instrumentada en facturas en la moneda originaria y, consecuentemente, excluir la pesificación cuando, -como en el caso-, se verifica que: a) el incidentista se domicilia en el extranjero, y b) los pagos debían realizarse mediante transferencia bancaria sobre una cuenta del pretensor en el citado país. Ello así, aun cuando haya sido alegada pero no probada la aplicación de la ley extranjera (en particular sobre el derecho que rige a la compraventa –arg. CCiv 13-), puesto que cualquier elemento de la relación jurídica (real, personal o conductista) que tuviese vínculo relevante con un estado distinto del local, internacionaliza la obligación; lo cual tuvo lugar al designar las partes un lugar de pago en el extranjero (conf. Marzorati, Osvaldo, “Derecho de los negocios internacionales”, Ed. Astrea, 1993, p. 14) (CNCom, Sala B, 19.08.04, “Garden Life S.A. s. concurso preventivo s. revisión por Italstampi S.R.L.”).

Y, como he tenido oportunidad de señalar (en autos “Industrias Darc SA c. HSBC Bank Argentina SA s. ordinario”, expte. N° 45.924 del registro de la Secretaría Nro. 36, del 15.12.05), con sujeción a la interpretación formulada por la Excma. Cámara en caso análogo con el que aquí decido, que en punto al riesgo que entraña la variación del tipo de cambio de la moneda de la obligación, es de ponderar que la naturaleza internacional de la operación necesariamente implicó que los contratantes asumieron el riesgo propio de estas operaciones, pues en ellas es de práctica que el precio se convenga en la divisa norteamericana. De tal forma, la ulterior modificación del tipo de cambio en alguna de las jurisdicciones locales de los contratantes resulta irrelevante. Por ende, la excepción a la denominada “pesificación” receptada por el decreto 410/02, importa atender a la sustancia económica de la relación jurídica contenida en las operaciones de comercio exterior; en tanto en estas se consuma un intercambio de valores patrimoniales entre distintas jurisdicciones, cuya naturaleza y efectos no resultan equiparables a las obligaciones concertadas en la República o cuyo objeto se cumplirá en la misma (CNCom, Sala B, 30.09.04, “Rodados Mountain Byke SA c. Banco de Galicia y Buenos Aires SA s. sumarísimo).

Recuerdo, no obstante, que el caso se halla regido por ley extranjera que no ha sido objeto de comprobación (CPr 377).

En consecuencia, la prestación debida debió consistir en la entrega de la cantidad de moneda adeudada en la moneda de origen, esto es, en dólares estadounidenses.

Y esa conclusión no se altera en virtud de haberse garantizado el pago del saldo financiado con prenda registral, para cuya celebración el ordenamiento habilita a las personas domiciliadas en el extranjero (dec. ley 15.348/46, art. 5). En efecto, no se ejecutó aquí la garantía prendaria sino que lo que se pretendió es la recomposición de las prestaciones cumplidas de la obligación garantizada. Y ello se condice con el carácter accesorio de la dicha garantía (Muñoz, Luis, “Derecho Comercial. Contratos”, Tomo 3, TEA, Bs. As. 1960, p. 326).

Carece de virtualidad entonces que la obligación accesoria sea regida por el ordenamiento nacional, porque su finalidad consistió únicamente en garantizar el cumplimiento de la prestación principal que, en el caso, quedó sujeta a la ley extranjera.

5. Coinciden las partes en que la defendida abonó el importe debido en moneda local del modo y en las oportunidades en que lo acreditan los recibos que en copia se agregaron en fs. 20/24. Y la misma postura concordante exhibieron con relación a la constancia de recibo de los cheques de pago diferido allí identificados del 27.08.01 (copiado en fs. 94).

La demandada hizo girar el discurso defensivo en torno a la declaración del representante de la actora que se consignó en el documento mencionado en último término, que textualmente dice: dejo constancia que una vez acreditados los valores que en este acto recibo, nada más tendré que reclamar por el contrato suscripto.

Es cierto –como fue sostenido en la contestación de la demanda- que ello indica la aceptación de la vendedora de la especie de moneda en que se cancelaría el saldo del precio. Mas esa admisión del acreedor no puede extraerse del contexto económico en el que fue emitida (recuérdese su fecha, 27.08.01), es decir, mientras se hallaba vigente la paridad absoluta entre el peso y la moneda estadounidense.

Es lógico entonces que si el valor de la moneda local era en esa época igual al de la prometida en pago, la acreditación del importe en pesos de los cheques de pago diferido, resultaba suficiente para cancelar la obligación asumida. Carece de relevancia la coincidencia temporal entre la emisión del recibo y la inscripción del certificado prendario que se destacó al responderse la demanda, porque tanto el uno como el otro fueron concertados con anterioridad a la crisis ulteriormente producida.

Hacia fines del año 2001, esto es, después de haberse celebrado el contrato de compraventa y entregado la mercadería e, inclusive, luego de satisfecha una parte sustancial del precio, la paridad cambiaria fue bruscamente alterada y se emitió un cúmulo de disposiciones normativas del más diverso rango tendiente a regular el descalabro económico y financiero generalizado.

Como consecuencia de ello, los pagos en pesos que hizo la defendida, con arreglo a lo que fue expresado en los apartados 3 y 4 de esta decisión, no tuvieron aptitud cancelatoria porque la denominada legislación de emergencia no alcanzó a los contratos que no son regidos por el ordenamiento nacional.

Del mismo modo, la renuncia de derechos que la demandada atribuyó a su contrincante no se sostiene, porque la interpretación hecha antes con relación a la variación sobreviniente de las condiciones económicas imperantes al momento de la emisión del recibo del 27.08.01, impide tenerla por operada.

6. Como corolario de todo lo expuesto, corresponde hacer lugar a la pretensión material con los alcances que seguidamente explicaré.

La actora se halló habilitada para percibir su acreencia en dólares estadounidenses, pero limitó su reclamo al reajuste. Aunque la normativa que citó en apoyo de su posición no resulta de aplicación al caso no existe óbice para admitir el reclamo en los términos en que fue instaurado y, por ende, disponer que las diferencias sean soportadas por partes iguales. En la descripta situación, como el pronunciamiento no puede exceder los limites de las pretensiones deducidas en el juicio, pues ello implicaría vulnerar el principio de congruencia (CPr: 163, 6°), consistente en la exigencia que obliga a establecer una correlación total entre los dos elementos definitorios del esquema contencioso (pretensión y decisión), existiendo una necesidad de total correspondencia entre ambos extremos que funciona como condicionante de un verdadero proceso (CNCom, Sala B, 20.5.05, "Banca Nazionale del Lavoro S c. Deisernia, Ernesto s. ejec."; Sala E, 26.12.05, "Bime Electromecánica SA c. Aycacyp ente coop. Ley 23979 - Reg. Nac. de armas s. ord."; Sala B, 1.6.06, "Banco de la Provincia de Buenos Aires c. Zanca, Carlos s. ejecutivo"; Sala D, 2.5.07, “Yuasa Inc. SA c. Compañía de Teléfonos del Interior SA s. ord."); corresponde acoger la pretensión material incoada por la demandante.

En estas condiciones, la demandada deberá afrontar la mitad de la diferencia consignada por el perito contador en fs. 149 vta., esto es la cantidad de $ 40.004,10 con deducción de la cantidad efectivamente abonada, $ 22.000.-, cantidad a la que se aditarán los intereses.

Por consiguiente, debe prosperar la demanda incoada por Masipack Industria e Comercio de Maquinas Automáticas Ltda. contra Cari S.R.L. a quien condenaré a abonar a aquella la suma de $ 18.004,12 con más los intereses que determino en una vez y media la tasa Libor que correrán desde la fecha de promoción de la demanda y hasta el efectivo pago. El inicio del cómputo del interés encuentra justificación en que, como no ha sido comprobada en las actuaciones la norma del derecho extranjero que determine la automaticidad de la mora y, la tasa indicada, es la que mejor se corresponde con las operaciones de comercio internacional frente a la ausencia de estipulación expresa sobre el particular (CNCom, Sala E, fallo “Penguin Books Ltd”, citado).

Liquídese el crédito dentro de los diez días de quedar firme esta decisión.

7. Las costas serán soportadas por la demandada vencida en atención al criterio objetivo de la derrota (CPr 68).

8. Por todo lo expuesto, fallo: 1) hácese lugar a la pretensión material contenida en la demanda incoada por Masipack Industria e Comercio de Maquinas Automáticas Ltda. contra Cari S.R.L., a quien condeno a pagar a la primera la suma de $ 18.004,12, con más los intereses indicados desde la fecha de promoción de la demanda y hasta el efectivo pago; 2) practíquese liquidación en el plazo de diez días a partir de adquirir firmeza este pronunciamiento; 3) impónense las costas al demandada vencida en atención al criterio objetivo de la derrota (CPr 68); 4) difiérese la consideración de los honorarios hasta tanto exista en autos base patrimonial cierta para aplicar los coeficientes arancelarios; 5) notifíquese por Secretaría con copia de la presente; 6) regístrese y, oportunamente, archívese.-

Caterpillar Financial Services Corporation c. Guidobono, José

CNCom., sala A, 01/11/07, Caterpillar Financial Services Corporation c. Guidobono, José M.

Mutuo. Promissory notes. Lugar de pago: EUA. Prenda. Garantías. Derecho aplicable. Autonomía de la voluntad conflictual. Código Civil: 1197. Pesificación. Excepciones. Dec. 410/02. Ley extranjera aplicable. Normas de policía.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 23/12/09.

2º instancia.‑ Buenos Aires, noviembre 1 de 2007.-

Vistos: 1) Apeló la actora la sentencia dictada a fs. 97 en cuanto ordenó llevar adelante la ejecución por la suma de $ 50.653,64.

Los incontestados fundamentos obran desarrollados a fs. 109/16.

2) Se agravia la recurrente porque se condenó a la demandada al pago de una suma en "pesos", cuando reclamó en dólares estadounidenses. Señala que el caso de autos configura una excepción a la pesificación, conforme lo dispone el art. 1, inc. e, decreto ley 410/2002, pues las partes han pactado la aplicación de la ley extranjera en el reverso del pagaré acompañado. Indica que, además, resulta aplicable la disposición contemplada en la comunicación A 3507, BCRA, por tratarse el caso de marras de financiación en moneda extranjera vinculada a una operación de importación. Agrega que, en caso de considerarse inaplicables dichas normas, no puede obviarse que el domicilio de la acreedora se encuentra en EEUU, y que los pagos debían efectuarse en una cuenta en The Chase Manhattan Bank, New York, por lo que, de conformidad con lo dispuesto por los arts. 1205 a 1216, CCiv., resultaría aplicable el derecho del lugar de ejecución. En subsidio, solicita se disponga la aplicación del CER, y el reajuste equitativo del precio.

3) De la documentación acompañada con el escrito de demanda se extrae que en autos se está ejecutando un contrato prendario con firma certificada por escribano público (ver fs. 19/22), celebrado en la República Argentina y sobre un bien ubicado en el país –véase que solicitó el secuestro del bien prendado‑. En dicho instrumento no surge pacto alguno sobre la ley aplicable.

La recurrente alega que es de aplicación en el sub lite la ley del Estado de New York, pues así se pactó en la promissory note –asimilable al pagaré‑ que se acompaña (ver fs. 8/11).

Todo sistema legal de garantías reales a nivel nacional suele optar entre dos principios: la autonomía de la voluntad, conciliable con la tendencia a un número abierto de derechos reales, propio del sistema anglosajón o el principio de tipicidad, representado por un numerus clausus de derechos reales, de base legal –propio del sistema continental‑.

Ha de recordarse, la estrecha vinculación que media entre el juez competente y el derecho aplicable (ius y forum), dado que cada tribunal aplicará en este tipo de controversias sus propias reglas de derecho internacional privado, ya sean de fuente convencional, internacional o interna, para la determinación del derecho aplicable (Uzal, María E., "Solución de controversias en el comercio internacional", Ed. Ad‑Hoc, Buenos Aires, 1992, p. 16).

Respecto de los bienes muebles en particular, según el art. 11, CCiv., "los bienes muebles que tienen situación permanente y que se conservan sin intención de transportarlos, son regidos por las leyes del lugar en que están situados; pero los muebles que el propietario lleva siempre consigo, o que son de su uso personal, esté o no en su domicilio, como también los que se tienen para ser vendidos o transportados a otro lugar, son regidos por las leyes del domicilio del dueño". Se adopta aquí una calificación autónoma, propia para el derecho internacional privado, de muebles con situación permanente y que pueden ser llamados "muebles inmóviles" (Goldschmidt), que están regidos por la lex situs en todo lo que concierne a los derechos reales sobre ellos (conf. Uzal, María E., "Algunas reflexiones sobre la ley aplicable a los derechos reales de garantía en el ámbito internacional", JA‑2004‑III‑759 y ss.), este criterio y la aplicación como lex situs de la ley del lugar de registro, debe entenderse aplicable al bien mueble registrable, en su calidad de tal.

Cabe recordar que todo derecho real de garantía tiene un modo de constituirse como derecho real que permite hablar del nacimiento o validez de la constitución del derecho real. Esta validez de los derechos reales de garantía queda regida por la ley del lugar donde se hallen los bienes objeto de tal derecho (arts. 10 y 11, CCiv.). Así ocurre, en el contrato de prenda clásico, donde la entrega del bien (desplazamiento) al acreedor prendario constituye habitualmente, el requisito de validez de la prenda como derecho real dado que es su modo de constitución. En el marco de los bienes muebles registrales el gravamen ha de ser objeto del pertinente registro para su oponibilidad a terceros y resulta de aplicación como ley del lugar de situación del bien.

En este contexto, sin embargo, si esto es así en el marco de la garantía que se examina deben distinguirse las exigencias para la validez del título y del modo que se rigen por leyes distintas, a saber la lex contractus y la lex rei sitae, respectivamente. Sólo esta última debe ser observada para precisar las condiciones de constitución de la garantía como derecho real, aunque haya precedentes y autores que sostengan la conveniencia de someter ambas cuestiones a una misma ley, la lex contractus (ver sobre el tema: Uzal, María E., "Algunas reflexiones…" cit., p. 765).

En la práctica comercial es común que las partes incorporen cláusulas en el contrato principal, dentro de sus condiciones generales, que rijan las obligaciones asumidas, por lo que, comúnmente, la misma ley que rige todo el contrato se aplica, asimismo, para la validez de esas cláusulas. No obstante, es factible que las partes, en virtud de la autonomía de la voluntad, designen una ley distinta para regir el pacto (dépéçage) y sus efectos. La posibilidad de admitir tal fraccionamiento o dépéçage para determinar la lex contractus que ha de regir la validez de una cláusula depende en buena medida de dos circunstancias diversas: por un lado, el contenido y efectos reales de esas cláusulas, que se rigen por la lex rei situs; y por el otro, el derecho que rige el contrato principal al cual accede el derecho de garantía (lex contractus) (conf. Uzal, María E., "Algunas reflexiones…" cit., p. 764).

4) Ahora bien en el caso de marras, no se encuentra discutida la validez de la garantía prendaria en sí misma, la cual, conforme se señalara anteriormente se encuentra regida por la lex rei sitae (Argentina), sino que debe resolverse sobre la moneda en que deberá abonarse el precio del contrato, elemento que emana del contrato base.

En este marco, atento la materia recursiva, es claro que no puede escindirse la cuestión del análisis del contrato base, del que sería parte la promissory note adjuntada.

Se advierte del documento de fs. 8/9, que fue suscripto el 6/7/1998, esto es, con anterioridad a la celebración del contrato prendario ejecutado (30/7/1998) que obra a fs. 19/20, apreciándose, además que las pautas estipuladas para el pago del precio consignadas en la promissory note fueron trasladadas y reproducidas en el contrato prendario y se ven reflejadas en la literalidad del mismo (ver fs. 8/9 y 19/20). Es claro pues, que la obligación contraída a través de la promissory note de fs. 8/9 se completó con el contrato de prenda con registro, en ejecución.

Es sabido que las partes, en sus obligaciones negociales en materia contractual se rigen, en todo aquello que es materia disponible, prioritariamente, por las reglas fijadas de común acuerdo en ejercicio del juego de su autonomía de la voluntad, ya conflictual –facultad de determinación del derecho aplicable‑, ya material –mediante disposiciones prescriptivas de las directas soluciones de fondo que serán aplicables a su contrato‑; ello, por aplicación del principio de la autonomía de la voluntad de las partes que se sustenta, en el derecho privado interno, en el art. 1197, CCiv. y que es de plena aplicación también en las relaciones contractuales de naturaleza multinacional (ver arts. 1209, 1210 y 1212, CCiv. y fundamentación en: Boggiano, Antonio, "Curso de Derecho Internacional Privado. Derecho de las Relaciones Privadas Internacionales" y en Uzal, María E., "Algunas reflexiones sobre la autonomía de la voluntad en la contratación internacional con particular referencia al Mercosur", ED 179‑1184).

Recuérdase, también, que si median normas de policía en el sistema de derecho internacional privado de la lex fori aplicable al caso, esas disposiciones, que son exclusivas y excluyentes, desplazan a las convenciones de las partes y a las normas de conflicto de derecho privado con connotaciones internacionales y disponen la aplicación del propio derecho.

5) En este marco señálase que en la especie, no se encuentra en tela de juicio una circunstancia vinculada al carácter ejecutivo del título en ejecución (regido por la lex fori), ni al trámite del proceso (también sometido a la lex fori), sino que la materia en debate deviene de una cuestión necesariamente ligada al negocio subyacente, al que esta ejecución se halla indisolublemente ligada, esto es, la moneda de pago y la incidencia sobre ella de la legislación aplicable al cumplimiento de esa obligación.

Así las cosas, existe en el caso, por un lado, el contrato base sujeto a un pacto de elección de una ley aplicable extranjera –ley del Estado de Nueva York‑, y por el otro, la ejecución regida por la lex fori, que no interfiere en el derecho aplicable al negocio de fondo, esto es, con aquel pacto sobre la elección del derecho extranjero (arg. arts. 1209, 1210, 1212, CCiv.).

Se configura, así, el supuesto contemplado en el art. 1, inc. e, decreto 410/2002 que dispone que no se encuentran incluidas en la conversión a pesos establecida por el art. 1, decreto 214/2002, las obligaciones de dar sumas de dinero en moneda extranjera para cuyo cumplimiento resulte aplicable la ley extranjera, pues nuestro derecho declina aplicar la pesificación, como norma de policía, en tales supuestos.

Véase en este sentido que las normas de emergencia referidas, más allá de su carácter de normas de orden público interno, en principio, no exportan el propio derecho a los casos internacionales, ni excluyen la ley extranjera pactada por las partes, en uso de su autonomía de la voluntad.

Por ello, configurando así el supuesto referido en párrafos anteriores, la deuda aquí reclamada no se encuentra alcanzada por la pesificación, debiendo ser abonada en la moneda originariamente pactada.

Por lo expuesto, esta sala resuelve: Estimar el recurso interpuesto por la actora, y por ende, modificar la sentencia dictada a fs. 97, ordenando llevar adelante la ejecución contra el demandado por la suma de U$S 50.653,64, con más un interés que se estima prudente fijar en una vez y media la tasa Libor semestral vigente al comienzo de cada período, más 3 puntos porcentuales sobre saldos, sin actualización alguna, por no encontrarse pactada en el contrato ejecutado. Sin costas, por no mediar contradictor (art. 68, párr. 2º, CPCCN).

Devuélvase a primera instancia, encomendándose al juez a quo disponer las notificaciones del caso.‑ A. A. Kölliker Frers. I. Míguez. M. E. Uzal.

Vogelius y otros c. Vogelius

CNCiv., sala F, 03/11/05, Vogelius, Angelina T. y otros c. Vogelius, Federico y otro

Sucesiones. Fideicomiso mortis causa otorgado en Inglaterra. Derecho aplicable. Bienes inmuebles localizados en Inglaterra. Acción de colación. Reducción.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 16/03/07, en LL 2006-A, 374, en LL 2006-B, 469, con nota de J. O. Aspiri y en SJA 05/07/06, 72-77, con nota de P. Di Lella.

2º instancia. - Buenos Aires, noviembre 3 de 2005.

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?

El doctor Zannoni dijo: 1. Angelina Teresa Vogelius, Ana María Vogelius de Falus y María Angelina Alonso, en su carácter de hijas las dos primeras, y de cónyuge supérstite del causante, don Federico Manuel Vogelius la última, demandan a los coherederos, también hijos del causante, Federico Roberto y Fanny Amalia Vogelius, la colación del valor de las propiedades inmuebles recibidas por ellos en Londres como beneficiarios –se dijo al demandar- de una cesión o donación que les habría hecho su padre. Para el caso de que el valor de dichos bienes excediese el colacionable y afectase, además, la porción legítima de los accionantes, solicitan la reducción mediante el reintegro del dinero suficiente hasta equiparar las hijuelas (demanda de fs. 2/7, ampliada a fs. 21/23).

Sin embargo, en el transcurso del pleito ha quedado acreditado que dichas propiedades no fueron, en realidad, donadas a los demandados (en el sentido tradicional) sino que las recibieron al fallecer su padre como beneficiarios del fideicomiso constituido por él, según resulta de la documentación incorporada al expediente originariamente sin traducir y más tarde, traducida y legalizada a fs. 486/503.

2. Para abordar adecuadamente los agravios que vierten las actoras ante esta instancia, haré una sucinta reseña de los antecedentes que surgen de los autos sucesorios de don Federico Manuel Vogelius.

Federico Manuel Vogelius, el causante, contrajo matrimonio con María Angelina Alonso en 1939. De ese matrimonio nacieron sus dos hijas Angelina Teresa y Ana María, nacidas en 1940 y 1943, respectivamente.

Vogelius se divorció posteriormente de María Angelina Alonso y tuvo un hijo de su unión con la señora Victoria Matta. Se trata de Martín Alberto Vogelius Matta.

De una tercera unión del causante, con la señora Amalia Hebe Ruccio, nacieron Fanny Amalia y Federico Roberto Vogelius con quienes convivió largo tiempo en Gran Bretaña. Al tiempo de su fallecimiento el causante convivía con María Julia Aualle.

Según consta a fs. 208 de los autos "Vogelius, Federico Manuel s. sucesión", con fecha 22 de mayo de 1989 el Juzgado Nacional en lo Civil n° 1 dictó declaratoria de herederos a favor de todos los hijos y de su esposa María Angelina Alonso sobre los bienes propios del causante, si los hubiere. Pero con fecha 2 de julio de 1987 Martín Alberto había cedido los derechos hereditarios a favor de sus medio hermanos (fs. 103/105 de los autos sucesorios recién citados).

3. Los demandados, domiciliados en Londres y debidamente notificados del traslado de la demanda de colación mediante exhorto diplomático, no comparecieron al juicio por lo que se decretó su rebeldía a fs. 377, que les fuera también notificada. A petición de las actoras se dispuso resolver la causa como de puro derecho y en base a la documentación agregada a los autos (fs. 412).

4. La sentencia dictada a fs. 422/425 rechazó la demanda.

Consideró el a quo que la pretensión contenida en ella adoleció de imprecisiones iniciales en punto al título o causa en virtud de la cual los demandados habrían recibido las propiedades ubicadas en Londres. Sin embargo, admitió que del análisis de los documentos acompañados surge que se trataría de alguna de las formas de fideicomiso con reserva de propiedad y usufructo a las que el derecho anglosajón denomina trust. Pero entendió que no se estaría frente a una donación típica o, a lo sumo, sería una donación no ostensible, o hasta disimulada, que no ha sido probada a satisfacción del juzgador.

5. Corresponde, pues, tratar los agravios que a fs. 504/508 vierten las actoras (que, por el fallecimiento de María Angelina Alonso, han quedado reducidas a Angelina Teresa y Ana María Vogelius, sus herederas (ver certificado de defunción agregado a fs. 513 y copia certificada de la declaratoria a fs. 514).

6. Comienzo por señalar que la acción de colación está expedita entre las partes pues tanto las actoras como los demandados son herederos forzosos -o legitimarios- de don Federico Vogelius, su padre (arts. 3476, 3478 y concordantes del Cód. Civil).

Sostienen las actoras que, de la documentación aportada, se desprende que los demandados han resultado beneficiarios a título gratuito de las unidades situadas en el 149 de Abbey Road, distrito de Camden, en Londres NW6, individualizadas como el Sótano, el Garaje A y el Departamento del primer piso.

Del documento traducido y legalizado obrante a fs. 501/503 surge –en lo que interesa a la cuestión que ocupa la atención del Tribunal- que el 8 de agosto de 1985 Federico Manuel Vogelius en carácter de fideicomitente designó a Peter Michael Angel y a Enrique Montero Fernández como fideicomisarios de dichos bienes para que mantuviesen los mismos en beneficio de aquél durante su vida y luego en fideicomiso para Federico Roberto Vogelius y Fanny Amalia Vogelius, dos de los hijos del fideicomitente, por partes iguales.

Del documento agregado a fs. 486, también traducido y legalizado, surge que mediante transferencia del 11 de octubre de 1991 Peter Michael Angel (representante personal de Federico Manuel Vogelius) transfirió los tres bienes a Federico Roberto Vogelius y Fanny Amalia Vogelius, y que esa transferencia fue inscripta en el Registro de la Propiedad del Distrito de Harrow, el 14 de octubre de 1994.

7. La circunstancia de que el fideicomiso o trust se rija por la ley del lugar de su celebración y cumplimiento -es decir, la ley inglesa por aplicación del principio locus regit actum establecido en el art. 8° del Cód. Civil- no obsta a que, a los fines hereditarios, los efectos de dicho acto sean considerados a la luz de la ley argentina. Se trata del derecho de sucesión al patrimonio del difunto, es decir a la adquisición ut universitas que, como tal, está sometida a una única ley (principio de unidad sucesoria) que es la del último domicilio del causante. Esta ley puede ser diversa a la que rige la adquisición de bienes o derechos ut singuli comprometidos en la universalidad (arg. art. 3283). Por otra parte el fideicomiso no es una institución extraña a nuestro derecho (conf. art. 1° y sigtes., ley 24.441), y por eso sus efectos extraterritoriales no encuentran la valla que establecen los supuestos alcanzados por el art. 14 del mismo Cód. Civil.

8. Los arts. 3476 y 3477 establecen que toda donación hecha a heredero forzoso que concurre a la sucesión del donante, sólo importa un anticipo de herencia de modo que, al fallecimiento del donante, el valor de lo donado debe ser computado en la masa hereditaria y atribuido al donatario en la cuenta particionaria. Se trata, sabido es, de la colación del valor, puesto que los donatarios, herederos que concurren a la sucesión del donante, no traen o devuelven los bienes a la masa, sino que su valor se computa como recibido a cuenta.

A la luz de estos principios generales corresponde analizar si el fideicomiso constituido con fines de liberalidad, a título gratuito, designando beneficiarios a algunos herederos forzosos debe ser asimilado a las donaciones colacionables.

Por cierto, si se busca en el articulado del Código Civil no se hallará pista alguna ya que Vélez no se ocupó del trust, y el dominio fiduciario adquirido en virtud de un fideicomiso singular que consagró en el primitivo art. 2662 no tenía en miras, al menos explícitamente, beneficiarios mortis causa. Sin embargo, como lo he expuesto en otro lugar, aún antes de la sanción de la ley 24.441 existían buenos argumentos para admitir los fideicomisos singulares por actos entre vivos constituidos en el marco del art. 2662, siempre que no importaran una sustitución fideicomisaria prohibida por el art. 3723 (porque impusiesen al beneficiario la obligación de transmitir los bienes fideicomitidos a un heredero sustituto). (Ver, Zannoni, Derecho de las sucesiones, 4° ed., 1997, t. II, p. 412, n° 1227, y sus citas).

9. Pero por eso, como dije, se hace presente la cuestión de saber si, no obstante, el fideicomiso constituido con miras a beneficiar gratuitamente a un heredero forzoso del fideicomitente, puede ser asimilado a una donación colacionable en la sucesión de éste.

Se ha sostenido que aunque el fideicomiso es, en este caso, un medio para recibir una donación, no es en sí mismo una donación, tanto en el sistema anglosajón como en nuestro régimen latino. Es un instituto distinto y más trascendente. Entre las diferencias más notables se apunta la circunstancia de que en la donación el donatario recibe el bien del donante; en cambio en el fideicomiso es un tercero el que, en carácter de propietario del dominio fiduciario, se interpone entre el fiduciante y el beneficiario. Se agrega que el fideicomiso puede comprender incluso bienes futuros, a lo que se opone el art. 1800 del Cód. Civil, y es revocable por disposición contractual, a diferencia de la donación cuyas causas de revocación están expresa y taxativamente enumeradas en los arts. 1859 y sigtes., etcétera (conf., Kiper-Lisopravsky, Tratado del dominio fiduciario, 2° ed., p. 83).

Sin negar estas diferencias es menester advertir que la constitución de fideicomisos singulares en favor de herederos forzosos como beneficiarios a título gratuito del fideicomitente encierra una liberalidad cuyo contenido y trascendencia excede largamente las enumeradas en el art. 1791 del Cód. Civil. Y tampoco es una mera promesa de donación para tener efectos después de la muerte del donante (arg. art. 1790) puesto que el contrato de fideicomiso obliga al fiduciario a entregar los bienes fideicomitidos al beneficiario. En otras palabras, no se trata de una mera promesa sino de un negocio completo que, aunque pueda ser revocado en las condiciones en que se constituyó el fideicomiso, otorgará al beneficiario acción personal contra el fiduciario para obtener la transmisión del dominio una vez producido el fallecimiento del constituyente o fiduciante.

Por lo demás, bien se ha señalado, en casos como el que nos ocupa, el constituyente del trust o fideicomiso programó en realidad su sucesión, y su muerte es la verdadera causa final del acto, por lo que si lo excluyésemos de las donaciones colacionables –o sujetas a reducción- podría llegarse a la conclusión de que configura un acto en fraude a la ley que prohíbe los pactos sucesorios (arg. art. 3599, Cód. Civil) (ver, Kemelmajer de Carlucci, Aída, Nuevamente sobre el fideicomiso sucesorio, en: "Revista de Derecho Privado y Comunitario", 2001-3-281). Pero esta digresión la hacemos al solo efecto de demostrar la asimilación del negocio al donatum, pues en este caso la validez y ejecución del trust se ha regido por la ley inglesa que, como se sabe, responde a principios diferentes a la ley local.

La misma autora recién citada recuerda y analiza la cuestión suscitada ante los tribunales franceses, en un caso en que se discutía el orden en que debía operar la reducción existiendo legados y donaciones típicas realizadas por el causante con posterioridad a la constitución del fideicomiso. No nos interesa pormenorizar en el asunto aquí, puesto que el caso a decidir por el Tribunal atañe, en principio, a la colación y no a la acción de reducción tendiente a salvaguardar la intangibilidad de la porción legítima.

Creo, a esta altura, que a los fines de salvaguardar el principio de igualdad entre herederos forzosos -a lo que se ordena la colación- es menester situar el fideicomiso gratuito en su beneficio en el género de los negocios indirectos a través de los cuales el fideicomitente pretende obtener un fin ulterior que excede su función económica típica (conf., Rubino, Doménico, El negocio jurídico indirecto, trad. L. Rodríguez Arias, Madrid, 1953; Betti, Emilio, Teoría general del negocio jurídico trad. J. L. de los Mozos, Madrid, 1970, p.142 y sigtes., n° 21; Ferrara, Francesco, La simulación de los negocios jurídicos trad. R. Atad y J. de la Puente, p. 98 y sigtes., n° 8, etcétera). Nos explicamos: lo excede en tanto y cuanto a través de él el constituyente haya querido eludir los efectos de la donación franca para lograr la finalidad que la ley condena. Este fin ulterior se revela en el propósito de beneficiar gratuitamente a uno o más herederos forzosos, sustrayendo los bienes fideicomitidos del acervo sucesorio. Por eso los franceses han aludido a una donación indirecta con efectos al día del fallecimiento del constituyente del fideicomiso (Kemelmajer de Carlucci, Aída, Nuevamente sobre el fideicomiso sucesorio, antes citado). En similar sentido se ha señalado que si un beneficiario es, a la vez, heredero forzoso del fiduciante lo que reciba en aquel carácter será una anticipación de su porción hereditaria. Por ende la liberalidad del fiduciante está subordinada a su situación familiar (Hayzus, Jorge R., Fideicomiso, 2° ed., 2004, p. 89, n° 32).

10. Por todo lo hasta aquí expuesto considero que asiste razón a los recurrentes y que la demanda debe ser acogida en los términos del planteo inicial, es decir disponiendo que los coherederos demandados Federico Roberto Vogelius y Fanny Amalia Vogelius colacionen en la sucesión del causante, Federico Manuel Vogelius, el valor de los inmuebles que fueron transferidos en su favor como consecuencia del fideicomiso constituido por éste de acuerdo con la documentación oportunamente aportada y, en su caso si el valor de dichos bienes, computados a la fecha de la apertura de la sucesión (arts. 3477, 2° párrafo y 3602, Cód. Civil) excediese el valor colacionable por afectar, además, la porción legítima de los accionantes, reintegren valores suficientes para equiparar sus hijuelas.

De así resolverse, las costas de ambas instancias deberán ser impuestas a los demandados por aplicación del principio objetivo de la derrota (art. 68, CPCC).

Por análogas razones a las aducidas por el vocal preopinante, los doctores PosseSaguier y Galmarini votaron en el mismo sentido a la cuestión propuesta.

Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede, se revoca la sentencia apelada y, en consecuencia, se hace lugar a la demanda promovida por Angelina Teresa Vogelius, Ana María Vogelius de Falus y María Angelina Alonso. Por tanto se condena a Federico Roberto Vogelius y Fanny Amalia Vogelius a colacionar en la sucesión del causante, Federico Manuel Vogelius, el valor de los inmuebles que fueron transferidos en su favor como consecuencia del fideicomiso constituido por éste de acuerdo con la documentación oportunamente aportada y, en su caso, si el valor de dichos bienes, computados a la fecha de la apertura de la sucesión excediese el valor colacionable y afectaran además la porción legítima de los accionantes, reintegren valores suficientes para equiparar sus hijuelas. Las costas de ambas instancias se imponen a los demandados, vencidos. Los honorarios profesionales serán regulados una vez definidos los de la instancia anterior.- E. A. Zannoni. F. Posse Saguier. J. L. Galmarini.