Inspección General de Justicia c. Hartfield Investments Limited

CNCom., sala C, 22/09/15, Inspección General de Justicia c. Hartfield Investments Limited s/ organismos externos.

Sociedad constituida en el extranjero (Nueva Zelanda). Propietaria fiduciaria de acciones en sociedades argentinas y uruguayas. Fideicomiso testamentario. Resolución IGJ 7/05: 188, 190. Incumplimiento. Dispensa. Inexistencia de fraude. Cosa juzgada. Código Civil y Comercial: 2598, 2600.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 29/02/16 y en RCCyC 2016 (febrero), 05/02/16, 245.

2º instancia.- Buenos Aires, septiembre 22 de 2015.-

Y Vistos: 1. Llega el expediente a esta Sala en virtud de la elevación ordenada por la Inspección General de Justicia frente al recurso de apelación interpuesto en los términos del art. 16, 17 y 19 de la ley 22.315 por Hartfield Investments Limited.

2. La apelante solicita que el referido organismo administrativo proceda sin más trámite a cumplir con la sentencia dictada el 8 de abril de 2008 por esta Sala; sentencia que, según aduce, ordenó a la IGJ inscribir a esa apelante en los términos del art. 123 de la ley 19.550 sin exigirle la acreditación de los requisitos previstos en el inc. 3, subincisos a) y b) del art. 188 del Anexo “A” de la Resolución IGJ N°7/2005.

3. Antes de entrar en el examen de la cuestión de fondo, vale recordar que este tribunal decidió en esa anterior ocasión que la resolución de la Inspección General de Justicia que había denegado a Hartfield Investments Limited la dispensa cuestionada, debía ser revocada (v. fs. 419/423).

Salduende, Héctor c. SHEL CAPSA

CNTrab., sala VII, 06/05/04, Salduende, Héctor Alberto c. SHEL CAPSA s. despido.

Contrato de ajuste. Bandera de conveniencia. Buque de bandera liberiana. Fraude a la ley.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 29/08/07 y en El Dial 28/06/04.

En la ciudad de Buenos Aires, a los 6 días del mes de Mayo de 2004, para dictar sentencia en los autos: "Salduende, Hector Alberto c. SHEL C.A.P.S.A. s. despido", se procede a votar en el siguiente orden:

La Doctora Estela Milagros Ferreiros dijo:

I.- A fs. 17/28 se presenta el Sr. Héctor Alberto Salduende, e inicia demanda contra SHEL C.A.P.S.A., empresa de transporte marítimo.- Relata que ingreso a trabajar como marinero a bordo del buque tanque petrolero "Zenatia" que luego paso a denominarse "Estrella Pampeana" de bandera liberiana.- Aduce que luego del desenrolamiento (más de quince días después del último embarco) y encontrándose gozando el franco compensatorio recibió el telegrama mediante el cual le comunican "fin relevo, fin contrato de ajuste...etc.", lo que fue rechazado por su parte.

Denuncia que la demandada lo despidió abusando de la utilización de buques con bandera extranjera en función de la aplicación del decreto del Poder Ejecutivo Nacional 1772/91, el que solicita sea declarado inconstitucional.

Ello por cuanto señala que las empresas enarbolan un típico pabellón de conveniencia, aprovechándose de las facultades que confiere el decreto mencionado que permitió a los armadores nacionales reemplazar la bandera argentina (decreto que fue prorrogado por el 20/94 y por el 2733/93). Estima que se realiza una simulación y fraude a la ley laboral, por cuanto la empleadora es la propietaria real; porque es la República Argentina el lugar de ejecución del contrato; y, a la vez, por ser los puertos argentinos lugar de contratación, embarco y desembarco; por ser la empleadora una empresa argentina y el actor argentino; por ser la bandera del buque un típico pabellón de conveniencia.

Persigue el cobro de sumas e indemnizaciones con fundamento en las disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo como de la Convención Colectiva No 370/71.

Responde la demandada a fs. 176/166. Desconoce todos los extremos invocados por la parte actora y afirma que la constitucionalidad del Decreto 1772/1991 ya ha sido reconocida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y por lo tanto la relación entre las partes debe regirse según los contratos de ajuste celebrados en un todo de acuerdo con la legislación liberiana. Afirma asimismo que el buque en cuestión ya tenía bandera liberiana cuando este fue contratado, por lo que entiende que éste aceptó voluntariamente respetar las normas a las que se sometía.

A fs. 543/549 obra la sentencia de primera instancia.

Allí la Sra. Juez sentenciante, como premisa fundamental, decide apartarse de la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Sallago, Alberto Asdrúbal c. Astra C.A.P.S.A." (del 10.10.96) en tanto entiende que pueden existir nuevos argumentos que conducen a su modificación.

Señala que al haber vencido el plazo de vigencia estipulado en el decreto 1772/1991, y el de su prórroga por cuatro meses según art. 1° del decreto 2094/1993 y dado que no () se había adoptado aún la ley nacional que debía proveer el nuevo marco normativo para buques y artefactos navales, el Poder Ejecutivo Nacional, mediante decreto 2733/1993 decidió prorrogar el plazo establecido en el art. 4° del decreto 1772/1991 -que era de dos años- hasta la entrada en vigencia del nuevo marco legal aplicable a buques y artefactos navales inscriptos en registros de Jurisdicción Nacional (art. 1 del decreto 2733/93). Es de señalar que desde ese momento hasta hoy han transcurrido más de diez años sin que se haya dictado dicha ley.

Ahora bien, luego de un minucioso análisis acerca de las normas en cuestión, afirma que de los mismos considerandos de ese decreto, surge que en el momento en que el mismo fue adoptado ya no existían las dificultades en las que se había fundado la necesidad de dictar el decreto 1772/91, y la prórroga de éste lo fue sólo con la necesidad de poder elevar el proyecto de ley al Congreso Nacional.

Concluye entonces que comparte los fundamentos sostenidos por la minoría en disidencia en aquél precedente, que votó por la inconstitucionalidad del decreto. En consecuencia así lo declara (en cuanto al 1772/1991; 2094/1993 y 2733/1993), considerando que la vigencia de los mismos no responde a la existencia actual de ninguna situación de emergencia que imponga al Estado el deber de amparar los intereses vitales de la comunidad. Así pues la legislación liberiana que ha pretendido aplicar la demandada resulta inoponible al actor.

El recurso a tratar es de la parte demandada (fs. 555/561) y también hay apelación de su representación letrada (fs. 554) y de la Sra. perito contadora (fs. 550/552) quienes consideran reducidos sus honorarios, mientras que la demandada los estima elevados a todos.

II.- La apelante cuestiona el fallo de primera instancia en tanto sostiene que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha pronunciado sobre la constitucionalidad del decreto 1771/91, en el caso "Sallago…" del cual hace algunas consideraciones.

Sin embargo no le veo razón. En efecto, más allá de recordar que los fallos del Máximo Tribunal no son vinculantes ni obligatorios para casos análogos sino que sólo habría una especie de "deber moral" de conformar sus decisiones a las del Tribunal, ello según su propia doctrina (v. dictamen del Procurador General en fallo 323:3085); lo cierto es que, como lo ha señalado la sentenciante de grado, del voto de la mayoría en el mismo precedente "Sallago…" se desprende que sería posible revisar lo decidido al respecto, en el caso de existir nuevos argumentos que pudieran conducir a una modificación de la doctrina ya establecida. Y en el presente caso, no sólo se presentan esos nuevos argumentos, sino que además se planteó la inconstitucionalidad de otras normas (las que disponían la prórroga) no incluidas en el pronunciamiento aludido lo que también constituye "nuevos argumentos" que pueden justificar apartarse de aquél pronunciamiento.

Y bien, considero que la sentencia de primera instancia resulta lo suficientemente concreta, clara y precisa al exponer los fundamentos para decretar la inconstitucionalidad de los decretos en cuestión, en tanto en los mismos considerandos del decreto 2733/93 se determina que en el mismo momento en que entra en vigencia ya no existían las dificultades en las que se había fundado la necesidad de dictar el decreto 1772/91 y la prórroga de éste lo fue sólo con la necesidad de poder elevar el proyecto de ley al Congreso Nacional.

Cabe agregar además que, para que una norma (llamada de necesidad y urgencia) pueda ser aceptada como constitucional, según la propia Corte, es necesario que a) exista una situación de emergencia que imponga al Estado el deber de amparar los intereses vitales de la comunidad; b) que la norma tenga como finalidad legítima la de proteger los intereses generales de la sociedad y no a determinados individuos, c) que la moratoria sea razonable, acordando un alivio justificado por las circunstancias y d) que su duración sea temporal y limitada al plazo indispensable para que desaparezcan las causas que hicieron necesaria la moratoria. En el caso del decreto en cuestión, la mera invocación acerca de la "crisis en la marina mercante nacional" no basta para demostrar que ha sido imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución para la sanción de las leyes en materia laboral. Un decreto -ni siquiera una ley de emergencia- tiene supremacía suficiente para aniquilar en su sustancia el núcleo de derechos fundamentales que contiene la Constitución Nacional dentro del cual se encuentran los del Art. 14 bis.

Propongo, en definitiva, la confirmación del fallo en este substancial punto, en razón de la cual queda firme la conclusión de que es inoponible al actor la legislación laboral liberiana que invocó la legitimada pasiva y que por ello, deviene adecuado a derecho resolver el caso, como se ha resuelto, sobre la base de las normas laborales vigentes en el territorio nacional (art. 3 LCT).

III.- Asimismo, cabe rechazar el planteo de la apelante acerca de la remuneración tomada como base para liquidar la indemnización por antigüedad toda vez que, como bien lo señala la "a quo" el concepto de "francos no gozados" se repite en otros meses del año, lo que permite entonces considerarlo una remuneración mensual y habitual, teniendo en cuenta la especial prestación de los trabajadores marítimos embarcados y a la forma en que se devenga el derecho a percibir la compensación del franco no gozado.

Finalmente tampoco resulta atendible, por lo ya expuesto, el agravio relativo a que no corresponde ninguna indemnización al actor, quien está regido por la "ley liberiana", atento todos los fundamentos señalados en la sentencia de primera instancia, que propongo confirmar.

IV.- Los honorarios regulados en favor de los profesionales me parecen equitativos, sobre la base del mérito y extensión de los trabajos cumplidos, por lo que propongo su confirmación (Art. 38 de la ley 18.345 y demás normas arancelarias).

V.- De tener adhesión mi voto, propicio que las costas de alzada sean declaradas a cargo de la demandada (art. 68 del código procesal) y se regulen honorarios a su representación letrada y a la de la actora en el 25%, para cada una de ellas, de los determinados para la primera instancia (art. 14 del arancel de abogados y procuradores).

El Doctor Néstor Miguel Rodríguez Brunengo dijo: Por compartir sus fundamentos, adhiero al voto que antecede.

El Doctor Juan Andrés Ruiz Díaz: no vota (art. 125 de la ley 18.345).

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, el Tribunal resuelve: 1) Confirmar el fallo apelado. 2) Confirmar los honorarios regulados. 3) Costas de alzada a cargo de la demandada. 4) Regular honorarios a la representación letrada de la demandada y de la actora en el 25%, para cada una de ellas, de los determinados para la primera instancia. Regístrese, notifíquese y devuélvase.- N. M. Rodríguez Brunengo. E. M. Ferreiros.

Manuela Rosas de Egea

CSJN, 12/05/69, Manuela Rosas de Egea.

Matrimonio celebrado en Argentina. Divorcio no vincular. Ley 2393. Segundo matrimonio en México. Desconocimiento de efectos en el país. Fraude a la ley. Beneficios previsionales. Rechazo.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 25/05/07, en Fallos 273:363, en JA 1969-III, 495, con nota de W. Goldschmidt, en ED 27-428 y en LL 135, 624, con nota de G. Bidart Campos.

Dictamen del Procurador General

Suprema Corte:

La cuestión traída a conocimiento de V.E. por vía del art. 14 de la ley 48 renueva el debatido e importante problema que suscitan los matrimonios celebrados en el extranjero, subsistente uno anterior contraído en la República, en relación con los derechos que acuerdan las leyes de previsión social.

En calidad de Procurador General substituto tuve ocasión de expedirme sobre tal problema en el caso que se registra en Fallos: 262:477 (v. también dictamen del Procurador General en Fallos: 239:362).

Por las razones enunciadas entonces me pronuncio a favor de la procedencia del recurso extraordinario concedido a fs. 35.

En cuanto al fondo del asunto, doy por reproducidos, en lo pertinente, los argumentos vertidos en la misma oportunidad, en el sentido de que no inviste calidad de “viuda” y carece, por tanto, de derecho a pensión la persona que contrajo matrimonio en país extranjero en las condiciones señaladas en el primer párrafo de este dictamen.

Opino, por tanto, que corresponde revocar la sentencia apelada en cuanto pudo ser materia del recurso extraordinario.- Buenos Aires, 12 de febrero de 1969.- E. H. Marquardt.

Buenos Aires, 12 de mayo de 1969.

Considerando: 1°) Que la sentencia de fs. 26 reconoce derecho a pensión a favor de la actora, casada en segundas nupcias en Méjico con un afiliado a la Caja Nacional de Previsión para Trabajadores Independientes, a pesar de hallarse entonces vigente su matrimonio anterior celebrado en la Argentina. Contra ese pronunciamiento interpone recurso extraordinario el Consejo Nacional de Previsión Social, el que procede porque, no obstante discutirse la validez de semejante matrimonio en nuestro país, lo cual entraña un problema de derecho común, él guarda íntima y directa vinculación con la norma federal discutida, que es el art. 25, inc. a), de la ley 14.397, en cuanto acuerda derecho a pensión a la viuda del afiliado.

2°) Que la actora contrajo matrimonio en Méjico con éste el 6 de setiembre de 1960, siendo ella divorciada y él viudo (partida de fs. 5). Antes se había casado en la Ciudad de Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, con fecha 3 de setiembre de 1938 (partida de fs. 12).

3°) Que se plantea entonces el problema relativo a la validez en nuestro país de un matrimonio celebrado en el extranjero, a pesar de mantenerse el vínculo resultante de otro anterior contraído en la República.

4°) Que el a quo sentenció en el sentido de que el matrimonio celebrado en Méjico en las circunstancias aludidas debe considerarse válido, hasta tanto se declare su nulidad por tribunal competente; de manera que, no puesta en movimiento la acción tendiente a obtener tal declaración, la peticionante de autos debe considerarse viuda, a los efectos de obtener el beneficio previsional que gestiona.

5°) Que esta Corte entiende, en cambio, que, sin necesidad de obtener la nulidad del matrimonio celebrado en el extranjero en las condiciones señaladas, las autoridades nacionales tienen facultad para desconocerle valor dentro del territorio de la República. El acto de que se trata incluso puede ser válido según las leyes del país donde se celebró, al que no cabe imponer el régimen jurídico argentino, sin afectar elementales principios de soberanía; pero ello no significa que nuestro país deba aceptar la extraterritorialidad de un acto tal, si él se opone a sustanciales principio de orden público interno e internacional, según nuestro derecho positivo.

6°) Que no es dudoso que tal es lo que ocurre en el caso de autos, porque, según el art. 7 de la Ley de Matrimonio Civil n° 2393, la disolución del matrimonio celebrado en la Argentina sólo puede tener lugar según las leyes del país y, aunque se realizara conforme a las leyes de otro distinto, ello no autoriza a ninguno de los esposos a contraer nuevas nupcias. No se podría pretender aplicar la ley extranjera en un supuesto como el contemplado porque no hay duda que ella es incompatible con el espíritu de nuestra legislación civil (art. 14, inc. 2°, del Código respectivo).

7°) Que la diferencia entre la declaración de nulidad de un acto celebrado en el extranjero y la negativa de validez del mismo dentro de la República no es teórica, ni tampoco sutil. El régimen de nulidades en el matrimonio es específico y tiene reglamentación propia dentro de la recordada ley 2393; de tal manera que es limitado el número de las personas con derecho a obtener su declaración y no puede, salvo las excepciones consagradas, demandarse luego del fallecimiento de uno de los esposos (art. 86 de dicha ley). Quiere decir que, incluso en el caso de autos, resulta probable que nadie tenga acción ni interés en solicitar la nulidad; por de pronto, carecería de legitimación activa la Caja recurrente, que no puede entonces pedir en forma previa su declaración, sin perjuicio de negarle validez dentro del territorio de la República, al solo efecto de desestimar el beneficio previsional a quien no es acreedor de él.

8°) Que, aunque los tratados sobre derecho civil de Montevideo no sean aplicables al caso, por no ser signataria de ellos la República de Méjico, estima el Tribunal que sus principios, a los que adhirió nuestro país, coinciden con los de derecho internacional privado expuestos en los considerandos anteriores. En efecto: ellos someten la existencia y validez del matrimonio a la ley del lugar de su celebración, pero permiten a los estados signatarios no reconocer los viciados por ciertos impedimentos, entre los que se cita el de ligamen. Es decir que un país que mantiene la indisolubilidad del vínculo matrimonial, como el nuestro, puede negarse a reconocer el celebrado en el extranjero, cuando uno de los cónyuges se casó en la Argentina, si el matrimonio aquí celebrado subsiste (arts. 11 del Tratado de 1889 y 13 del de 1940). Se trata de un antecedente que coincide con la interpretación de esta Corte.

9°) Que, en las condiciones expuestas, como no se discute que la actora casó en Méjico a pesar de no estar disuelto su matrimonio anterior celebrado en la Argentina, aunque fuera divorciada, según dice la partida de aquél país y resulta de la nota marginal aludida en la de Avellaneda, es evidente que realizó a sabiendas un acto en abierto fraude contra la ley argentina, por lo que mal puede ampararse en el mismo para asumir, a los efectos previsionales, el carácter de viuda de su segundo esposo. Cabe agregar que ella no alude para nada a la nulidad del primer matrimonio.

Por ello, y lo dictaminado por el Señor Procurador General, se revoca la sentencia apelada, en cuanto fue materia de recurso extraordinario. E. A. Ortiz Basualdo. M. A. Risolía. L. C. Cabral. J. F. Bidau.

P., D., s. sucesión

CNCiv., sala K, 15/12/95, P., D., s. sucesión.

Matrimonio celebrado en Argentina. Divorcio no vincular. Segundo matrimonio en México. Conversión del divorcio en vincular. Impedimento de ligamen. Nulidad. Privación de efectos extraterritoriales. Carencia de legitimación sucesoria.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 26/03/07, en LL 1996-B, 173, con nota de J. A. Mazzinghi y en DJ 1996-1, 1009.

Dictamen del Fiscal de Cámara.

Vienen estos autos a conocimiento de V.E. con motivo del recurso de apelación interpuesto por la recurrente, contra la resolución del a quo por la que declaró que aquélla carecía de vocación sucesoria con relación al causante.

La interesada promovió el juicio sucesorio ab intestato de D. P. Acompañó para acreditar el vínculo un acta de matrimonio de la provincia de Santa Fe en la cual se asentó, el 14/3/62, el matrimonio celebrado el 23/2/62 en la República de México del "de cujus", de estado civil divorciado y E. L. S., soltera.

A fs. 25/28 se presentaron M. H. P. y R. A. P. en su carácter de primas hermanas del causante. Solicitaron se excluyera a la recurrente por considerar que no existía matrimonio entre ella y su primo hermano, ya que el enlace contraído en el extranjero lo fue en fraude a la ley argentina, accediendo el magistrado, de conformidad con lo dictaminado por el agente fiscal a fs. 83.

II. Según la partida de matrimonio obrante a fs. 34/35, D. P. se encontraba casado en primeras nupcias con E. J. C., y separado legalmente de la misma, e incluso divorciado vincularmente de conformidad con la ley 23.515 en el año 1992.

Ahora bien, la recurrente alega que este no es el proceso para tratar la nulidad del matrimonio y que las primas hermanas no se encuentran legitimadas para presentarse en autos.

No nos encontramos frente a una cuestión que deba dirimirse por la nulidad de matrimonio, sino por la eficacia o ineficacia de dicho acto en la República Argentina, es decir si debemos aplicar o no la ley argentina. También, en este caso, no corresponde aplicar el art. 219 del Cód. Civil en cuanto a la legitimación a los efectos del planteo de nulidad (CNCiv. "G", "Sola, Jorge Vicente s. suc.", R 151.133, 5/8/94, con cita de Belluscio).

Pues bien, considero que es de aplicación en la especie la doctrina del fallo plenario de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, de fecha 8/11/73 en los autos "Martín González de Zanotti M. s. sucesión", oportunidad en la que se dejó establecido "que no es necesario para privar de eficacia a la partida de matrimonio extranjero contraído con impedimento de ligamen en fraude de la ley, la promoción de la acción de nulidad prevista en la ley 2393", remitiéndonos a los fundamentos emitidos en tal ocasión por los doctores Villar y Padilla, para apreciar que los argumentos vertidos por la quejosa no lograran desvirtuar lo resuelto por el a quo.

Es necesario dejar sentado, que el citado fallo no ha perdido vigencia aun cuando fuere anterior a la ley 23.515 que admitió el divorcio vincular.

En efecto, en primer lugar no puede desconocerse que se trata de un plenario, en virtud de lo cual el mismo mantiene vigencia hasta tanto no haya sido modificado por medio de una nueva sentencia plenaria (art. 303, Cód. Procesal).

A su vez, tampoco modifica lo allí expuesto que la reforma introducida por la citada ley haya introducido en nuestro régimen legal el divorcio vincular, porque el impedimento previsto por el art. 166, inc. 6°, del Cód. Civil, rige con prescindencia de la indisolubilidad o disolubilidad del vínculo matrimonial. Por lo demás el nuevo texto del art. 160 del Cód. Civil impide cualquier tipo de sanación "in radice" del vínculo afectado de nulidad absoluta.

Por otra parte, resulta contrario a derecho considerar que el impedimento que afectaba al matrimonio celebrado en la República de Méjico quedaba saneado por el divorcio vincular que con posterioridad se obtuviera del primero, porque no puede sostenerse que aquél sea susceptible de ser convalidado ya que no es posible confirmar un acto viciado de nulidad absoluta.

Tal como se expresara en el fallo aludido de la sala "G" del tribunal, "lo que el impedimento de ligamen protege no es la indisolubilidad sino el matrimonio monogámico al impedir que se contraiga uno nuevo sin disolver previamente el anterior que pudieran tener uno o ambos contrayentes", y es en este sentido que el causante no tenía aptitud nupcial al momento de contraer matrimonio en el extranjero, toda vez que se encontraba subsistente el vínculo resultante de otro anterior contraído en nuestro país.

En consecuencia, por las precedentes consideraciones, soy de opinión que V.E. debe confirmar la resolución de fs. 115/116. Octubre 31 de 1995.- C. R. Sanz.

2º instancia.- Buenos Aires, diciembre 15 de 1995.-

Considerando: I. Que la resolución de fs. 115/116, que declaró que E. L. S. carece de vocación hereditaria en este sucesorio, fue apelada por ésta, presentando su memorial a fs. 121/124, cuyo traslado fuera contestado a fs. 126/128, obrando dictamen del Fiscal de Cámara a fs. 136/137 vta.

II. Que al respecto se puede adelantar opinión en el sentido de que las referidas quejas no habrán en el caso de recibir acogida.

En efecto, debe en principio señalarse conforme jurisprudencia, que la expresión de agravios a fin de poder cumplir con su finalidad específica debe constituir una exposición que contenga un análisis serio, concreto y pormenorizado de la sentencia apelada y la demostración de que la decisión del primer juzgador o las argumentaciones que lo llevaron a esa conclusión son erróneas o contrarias a derecho (conf. exptes. 72.470 y 72.756 de esta sala entre otros y otras).

Ello significa que las quejas deben alcanzar un mínimo de suficiencia técnica, la que se halla íntimamente ligada con la necesidad de articulaciones razonadas, fundadas y objetivas respecto de los errores del fallo, no pudiéndose considerar a aquéllas como tales, en los términos del art. 265 del Cód. Procesal, al mero desacuerdo con lo resuelto y a las simples consideraciones subjetivas. Es que la "expresión de agravios" no es una simple fórmula o conjunto de manifestaciones sino una verdadera exposición crítico-jurídica que permita demostrar la ilegalidad o injusticia del fallo apelado.

El escrito en examen no reúne los requisitos indispensables a que se hicieran referencia para mantener el recurso deducido.

Sin perjuicio de ello y atendiendo a la grave sanción que importa la deserción del recurso (arg. art. 266, Cód. Procesal), consideramos prudente acceder igualmente al análisis de la crítica del recurrente, ya que como ha sostenido esta sala -entre otras- si el quejoso individualiza, aun en mínima medida, los motivos de su disconformidad debe evitarse aquella declaración por cuanto la gravedad de los efectos con que la ley sanciona la insuficiencia de la expresión de agravios, hace aconsejable aplicarla con criterio amplio, es decir favorable al recurrente (conf. expte. 73.314 entre otros).

En función de ello se debe en principio señalar que en autos se presentó E. L. S. con el fin de abrir el presente sucesorio invocando su carácter de cónyuge supérstite de D. P., a cuyo efecto acredita el vínculo alegado a través del acta de matrimonio inscripta el 14 de marzo de 1962 en el Registro Civil de Funes, departamento de Rosario, provincia de Santa Fe, en la que se "transcribió" una partida de matrimonio celebrado en el estado de Tlaxcala México.

El matrimonio de referencia fue celebrado el 23 de febrero de 1962, debiéndose destacar que el causante era de estado civil divorciado. Este había contraído matrimonio con E. C. el 14/12/50. En este documento obran dos anotaciones marginales, dando cuenta la primera de la sentencia de divorcio y la segunda del divorcio vincular (conf. ley 23.515).

Ahora bien, alega la recurrente que el a quo no ha considerado la oposición a que se debatiera en autos la validez del matrimonio.

Al respecto, cabe advertir que es sabido que para promover un juicio sucesorio, deberá demostrarse la legitimación, estando ésta en principio en cabeza de los miembros de la familia llamados por la ley a recibir la herencia. La prueba del emplazamiento en un estado de familia determinado, que confiere la vocación sucesoria a una herencia se hará acompañando la partida que constituye el título acreditante de la situación invocada.

También puede señalarse que para que la vocación sucesoria pueda ser eficaz, es decir que permita recibir la herencia por parte del sucesible, es imprescindible que la misma no se encuentre contrariada, pudiendo esto ocurrir por voluntad del sucesor, por sentencia judicial o por disposición legal (conf. "Manual de Derecho Sucesorio", por Jorge O. Azpiri, pág. 78/78 vta.).

Siendo ello así, el juez se encuentra obligado a examinar la idoneidad del acto cuyos efectos, como en el presente caso, se pretenden hacer valer en su jurisdicción, ello como consecuencia del elemental deber que le incumbe de impedir que el orden jurídico interno pueda resultar alterado por actos emanados, como en el caso, de una autoridad extranjera.

Correctamente manifiesta el Fiscal de Cámara que "No nos encontramos frente a una cuestión que deba dirimirse por la nulidad del matrimonio sino por la eficacia o ineficacia de dicho acto en la República Argentina".

El matrimonio celebrado entre E. L. S. y D. P., lo fue en fraude a la ley Argentina, careciendo por lo tanto de efectos jurídicos en nuestro país, por lo que corresponde técnicamente desconocerle validez, sin necesidad de entrar al terreno de la nulidad.

Aquí podemos dejar aclarado que la doctrina civilista y la jurisprudencia emplean la expresión "matrimonio celebrado en fraude a la ley argentina" en referencia al celebrado en el extranjero por personas domiciliadas en la República Argentina, cuando subsistía, por lo menos para uno de los contrayentes, un matrimonio anterior no disuelto, es decir cuando existe el impedimento de ligamen.

Se puede afirmar que la doctrina difiere acerca del tratamiento que debe darse en el país a tales matrimonios, y que ninguna puede proclamar victoria absoluta respecto de las demás. Así, lo afirma el doctor Belluscio, en su Manual de Derecho de Familia (t. I, p. 476), agregando que su elevado número hace de estos supuestos un grave problema jurídico y social.

En esta oportunidad no corresponde analizar los fundamentos de las distintas teorías, pudiéndose sin embargo recordar que para el doctor Jorge J. Llambías "el matrimonio celebrado en el extranjero en fraude a la ley argentina es inexistente, porque falta el consentimiento matrimonial. En un extenso voto donde se refiere a la teoría del acto inexistente, sostiene que quienes celebran un matrimonio en el extranjero, subsistiendo impedimento de ligamen, saben que concurren a realizar un acto ineficaz, que no se confieren recíprocamente la calidad de esposos, que no adquieren recíprocamente vocación hereditaria, que no tienen derecho alimentario, y que los hijos que engendren serán extramatrimoniales. En suma, el consentimiento intercambiado por los contrayentes en tales condiciones en nada se diferencia del que se han conferido los concubinos que viven maritalmente (LL 140-1116, CNCiv., sala A, nov. 29, 1960).

También se puede mencionar que la tesis que sostiene que estos matrimonios carecen de eficacia extraterritorial o de validez internacional con relación a nuestro país, donde debe negársele la producción de efectos, fue aceptada en varios fallos de la sala B de la Cámara Nacional en lo Civil, y luego por la sala I de la Cámara Civil y Comercial de Rosario. Al juzgar en materia previsional, y revocando una decisión de la Cámara del Trabajo, también la admitió la Corte Suprema de Justicia en el caso "Rosas de Egea", fallado el 12 de mayo de 1969 ("Fallos", 273-363; LL 135-624; JA, 3-1969-495 y ED, 27-428) y en otros posteriores. Dijo el Alto Tribunal que, planteada la validez en nuestro país de un matrimonio celebrado en el extranjero, a pesar de mantenerse el vínculo resultante de otro anterior celebrado en la República, las autoridades nacionales tienen facultad para desconocerle valor dentro del territorio del país sin necesidad de obtener su nulidad. Consideró que si bien el acto puede ser válido según las leyes del país en que se celebró, al cual no puede serle impuesto el régimen jurídico argentino, nuestro país no debe aceptar su extraterritorialidad si se opone a sustanciales principios de orden público interno e internacional de nuestro derecho positivo. Indicó también la diferencia entre tal situación y la nulidad, e hizo constar que a igual solución se llegaría por aplicación de los Tratados de Derecho Civil Internacional de Montevideo (art. 11 del de 1889 y art. 13 del de 1940), que permiten a un país negarse a reconocer el matrimonio celebrado en el extranjero cuando hubo uno anterior en ese país, pese al principio general de que la existencia y validez del matrimonio se rigen por la ley del lugar de celebración. Aunque la doctrina de la Corte no es de aplicación obligatoria para las cámaras de apelaciones, se plegaron luego a su criterio otras salas de la Cámara Nacional en lo Civil, hasta que finalmente ésta lo aceptó en su fallo plenario del 8 de noviembre de 1973 (LL 154-208; JA, 22-1974-289, y ED, 54-136), que consideramos de aplicación al caso, en el cual se resolvió que "no es necesario para privar de eficacia a la partida de matrimonio extranjero contraído con impedimento de ligamen en fraude de la ley, la promoción de la acción de nulidad prevista en la ley 2392".

Con relación a que el sentenciante no ha hecho mérito alguno de la partida de matrimonio con la cual se ha acreditado el estado civil, debe decirse que contrariamente a lo señalado, surge claramente de su decisorio que para arribar al mismo ha analizado la documentación acompañada, debiendo destacarse que el art. 197 del Cód. Civil al que hace referencia, justamente determina que "el matrimonio se prueba con el acta de su celebración, su testimonio, copia o certificado, o con la libreta de familia expedidos por el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas…" lo que evidentemente no se cumple en los presentes obrados, por lo cual tampoco procede la aplicación de la última parte del mismo, cuando se refiere a que la inobservancia de las formalidades prescriptas no podía ser alegada contra su existencia.

Asimismo, la quejosa considera que existió entre ambos una verdadera posesión de estado, que el a quo no consideró al resolver. Si bien, se puede decir que la posesión de estado constituye un hecho que la ley toma en cuenta para atribuir determinadas consecuencias jurídicas y en el caso no está cuestionado que el causante y la recurrente se comportaron públicamente como marido y mujer, no es menos cierto que a los efectos de resolver concretamente si la peticionante en el presente tiene vocación hereditaria, es requisito indispensable como ya se adelantara el título que así lo acredite y no presunciones que permitan inferir que en "los hechos" se han conducido públicamente como si estuviesen emplazados en estado de familia.

Por último la quejosa expresa que la sentencia se sostiene exclusivamente en los arts. 160 y 166 del Cód. Civil y en la ley 23.515. Es evidente que la queja debe desestimarse sin más, ya que el primer sentenciante ha hecho correcta aplicación de las normas aplicables al caso.

Así, claramente surge del art. 160 del Cód. Civil que "no se reconocerá ningún matrimonio celebrado en un país extranjero si mediaren algunos de los impedimentos de los incs. 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 7° del art. 166" estableciendo este último, que son impedimentos para contraer matrimonio…". El matrimonio anterior mientras subsista, debiendo destacarse que si bien la ley ha introducido en nuestro régimen legal el divorcio vincular, el impedimento previsto en el inc. 6° del art. 166 del Cód. Civil, rige con prescindencia de la indisolubilidad o disolubilidad del vínculo matrimonial, no pudiendo sostenerse que el impedimento que afectaba el matrimonio celebrado en México haya quedado saneado por el divorcio vincular que se obtuviera, toda vez que el mismo no puede ser convalidado por los fundamentos expuestos precedentemente.

También la recurrente funda sus agravios en la falta de adecuación de la resolución a las proyecciones de los cambios legales y jurisprudenciales. Al respecto, se puede destacar con relación al fallo de la sala B de la Cámara Nacional Civil que cita, donde se sostuvo que "En materia matrimonial el orden público ha sufrido una gran variación desde que el principio fundamental de la indisolubilidad del vínculo ha pasado a ser ahora el de la disolubilidad" que el caso que se resolvió en aquella oportunidad no puede ser aplicado al presente, toda vez que allí se trata de una sentencia de divorcio extranjera, disponiéndose que la inscripción tendrá efectos vinculares de conformidad con las leyes norteamericanas.

Por último y con relación a lo resuelto en autos "Sejean c. Zaks de Sejean s. inconstitucionalidad" el mismo en nada modifica las consideraciones que se exponen en el presente.

IV. En relación a las costas, el primer sentenciante las ha impuesto en el orden causado considerando que la apelante pudo creerse con derecho a peticionar. Teniendo en cuenta que sólo se agravió la recurrente, no causándole gravamen alguno la forma en que las mismas fueron impuestas, ya que resultó perdidosa en su pretensión, lo resuelto al respecto por el a quo debe ser confirmado.

Por lo antedicho, el tribunal resuelve: Confirmar la resolución apelada con costas en la alzada a la quejosa (art. 69, Código Procesal).- C. R. Degiorgis. J. R. Moreno Hueyo. T. M. Estévez Brasa.

Mandl, Federico s. sucesión. 2º instancia

CNCiv., sala C, 03/03/81, Mandl, Federico A. M. s. sucesión.

Sucesión internacional. Código Civil: 3283, 3284, 10. Bienes inmuebles en Argentina. Fraude a la ley. Causante con domicilio y nacionalidad argentina. Grave enfermedad. Cambio de domicilio y nacionalidad. Fallecimiento en el extranjero. Manipuleo en la elección del domicilio. Competencia de los jueces argentinos. Último domicilio del causante.

La sentencia fue confirmada por la Corte Suprema.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 02/02/07, en LL 1981-C, 63, con nota de W. Goldschmidt, en ED 95, pp. 185/194, con nota de A. Perugini de Paz y Geuse, en A. Boggiano, Derecho Internacional Privado, 4a. ed., Bs. As., Abeledo-Perrot, 2001, t. I., y en M. B. Noodt Taquela, Derecho Internacional Privado. Libro de casos, 2º ed. actualizada, Buenos Aires, La Ley, 2006, pp. 56/58.

2º instancia.- Buenos Aires, marzo 3 de 1981.-

Considerando: 1º - Aunque la apelante centra sus agravios especialmente en la interpretación de los arts. 10 y 11 del Código Civil, juntamente con otros artículos y notas del codificador tendientes a fundar la incompetencia del juez argentino para conocer de este proceso sucesorio en atención a la naturaleza de las cuestiones a resolver, en las que está directamente interesado el orden jurídico argentino, el tribunal considera que se encuentra facultado para examinar previamente otras cuestiones que están vinculadas con la imperatividad de las normas de la República, que podría verse afectada si se limitara a decidir la materia relacionada con la unidad o pluralidad de sucesiones cuando en el patrimonio del causante existen bienes inmuebles situados en el país y otros fuera de él.

A fs. 339 vta. y 593 se invocó la aplicación de la teoría sobre el fraude a la ley extranjera.

Sobre el punto cabe recordar la definición expuesta por Niboyet en el sentido de que la noción del fraude a la ley en derecho internacional privado, es el remedio necesario para que la ley conserve su carácter imperativo y su sanción, en los casos en que deje de ser aplicable a una relación jurídica por haberse acogido los interesados fraudulentamente a una nueva ley (Niboyet, J. P., "Derecho Internacional Privado", p. 439, núm. 246). Este autor sostiene que "parece preferible que el fraude a la ley tenga un lugar aparte, independiente del orden público; es una noción destinada a sancionar en las relaciones internacionales –abstracción hecha de toda cuestión de orden público- el carácter imperativo de las leyes". Agrega que "cada vez que los particulares son sometidos al respeto de una ley imperativa, el derecho interno sanciona generalmente las violaciones de la misma con la nulidad de los actos. Es preciso, en efecto, que el respeto de la ley imperativa interna quede asegurado, no solamente en derecho interno, sino también en derecho internacional" (Niboyet, op. cit., p. 442, núm. 248). En síntesis, concluye que la naturaleza de la noción de fraude a la ley es ser un remedio destinado a sancionar las leyes imperativas, pues hay que evitar que, en las relaciones internacionales, la ley imperativa se convierta en facultativa (op. cit., p. 443).

Se ha considerado que cuando se utiliza el tipo legal en forma fraudulenta, la respuesta legal carece de validez, pues se intenta obtener de mala fe un resultado que no corresponde. En el fraude puede haber actos que respetan el texto legal, pero que eluden su aplicación y contravienen su finalidad. Se trata de la utilización de una disposición legal opuesta a la finalidad que tuvo el legislador al sancionarla (medio legal para el fraude) y la reducción del ámbito de aplicación de la ley foral (derecho defraudado). Esta maniobra se lleva a cabo falseando los puntos de conexión para evadirse de la norma legal competente, creándose de esta forma una localización caprichosa que no corresponde a la "ratio legis". (Pardo, Alberto J., "Derecho Internacional Privado. Parte General", p. 346, Buenos Aires, ed. 1976). Concordantemente se ha expresado que las características positivas del tipo legal de la norma indirecta (la causa y los hechos subyacentes de los puntos de conexión), desencadenan la realización de la consecuencia, siempre que no haya fraude. Por ello, este último es considerado la característica negativa del tipo legal (Goldschmidt, Werner, "Derecho Internacional Privado", basado en la teoría trialista del mundo jurídico, p. 100, núm. 120, Buenos Aires, ed. 1974). Entre los ejemplos de realización de fraude este autor menciona al manipuleo en la elección del domicilio, expresando lo siguiente: "Al establecerse en un lugar, interviene la voluntad de hacerlo así. Sin embargo, el hecho de que ahora el derecho de este lugar sería el aplicable a la sucesión, es algo que el legislador ordena, sin interesarse por la voluntad del causante. La maniobra fraudulenta consiste en que una persona primeramente se informa sobre el derecho que más le place que se aplique a su sucesión, y que luego allí establezca su domicilio hasta el día de su muerte. En este caso cabe decir que el fraudulento desea morir en un país (el que abandona) con la legislación de otro (del de adonde va)" (Goldschmidt, op. cit., p, 102). También afirma que el fraude no se identifica con el hecho psíquico de la intención fraudulenta; sino con la conducta exterior indiciaria de aquélla (op. cit., p. 103). Otros autores, en cambio, ponen el acento en el elemento psicológico de la intención de burlar la ley, señalando que nada es más legítimo que reconocer al juez la facultad de apreciarlo (Niboyet, op. cit., ps. 444/5, núms. 248 y 250). Se ha sostenido que si bien la forma de actuar de la persona se manifiesta en los actos exteriores, ello no impide que tenga como base el reproche de una conducta dolosa, agregando que los modos de probar el hecho no modifican la esencia subjetiva del fraude (Pardo, op. cit., p. 352).

2º - En la "constancia personal de pasaporte argentino renovado" agregada en fotocopia a fs. 612, cuyo contenido es coincidente con la que obra en los archivos de la sección consular de la Embajada de la República de Viena, aparece firmado por el interesado, el 3 de diciembre de 1976, que se domiciliaba en Avda. del Libertador 2234, Buenos Aires, República Argentina, que se dirigía a "residencia temporaria en Austria", y que es argentino naturalizado.

Según reconocen ambas partes, es cierto que en marzo de 1977 el causante cayó gravemente enfermo y fue internado en el Sanatorio de la Pequeña Compañía habiéndose diagnosticado un mieloma múltiple, aunque discrepan los interesados acerca del motivo que originó el traslado del causante a Austria.

A fs. 330/3 obra fotocopia de un testamento y su traducción, que habría sido redactado a máquina y firmado por el causante en Viena el 22 de abril de 1977.

A fs. 346/7 se agrega constancia del otorgamiento de ciudadanía austríaca a partir del 12 de agosto de 1977.

En las certificaciones de fs. 343 y su traducción de fs. 344, la Municipalidad de Abastos, Schwarzau en las montañas, consta que el causante tuvo su domicilio en Graben 100 de esa municipalidad desde el 28/8/77 hasta el 6/9/77, y a partir de esta última fecha hasta su fallecimiento, en Viena 4, Argentinierstrasse núm. 26.

De la partida de defunción se desprende que falleció el 8/9/77, figurando como causa de la muerte: "Citom plasmático".

La declaración en diciembre de 1976, la constancia de pasaporte argentino renovado, en el sentido de que su domicilio se hallaba en esta República y que se dirigía a una residencia temporaria en Austria, contrastan con la actitud asumida con posterioridad al momento en que cayó gravemente enfermo aquí en Buenos Aires en marzo de 1977 y se trasladó a Austria, intentando cambiar de domicilio y de nacionalidad. Para apreciar el motivo que pudo haber generado ese cambio de actitud corresponde examinar los elementos de juicio aportados al proceso.

Aun cuando fuera admitido que el causante pasaba largas temporadas en las distintas residencias que poseía en varios países y que en ellas hubiera tenido muebles, ropa y servicios listos para utilizar cuando residía temporariamente en las mismas, lo bien provisto que se encontraba el departamento de Avda. del Libertador 2234, de esta capital, piso 2º, no sólo en cuanto al mobiliario, sino especialmente la cantidad de ropa que se menciona en el inventario realizado el 15 de diciembre de 1977 en estas actuaciones, permite considerar que hasta que se enfermó, pocos meses antes de morir, ése era el asiento principal de su residencia, característica que define el domicilio real de las personas (art. 89, Código Civil).

Al presentarse la recurrente a fs. 234/8 expresa que el causante a partir del 30 de abril de 1977 tuvo su domicilio en la ciudad de Viena (Argentiniestrasse 26 A 1041 Wien IV), Austria, pero de la certificación posteriormente acompañada a fs. 343/4 surge que ése fue el domicilio del causante desde dos días antes de su fallecimiento y que el anterior en el mismo país lo fue desde pocos días antes, siendo de destacar además que la aludida certificación fue posterior a la muerte, el 12/12/77.

Por otra parte cabe recordar que los hijos del causante al oponerse a la incompetencia articulada, mencionan a la incidentista como "quinta cónyuge" de su padre. Esos mismos hijos a fs. 386 vta. expresan que su padre, casado en terceras nupcias, instaló su hogar conyugal en la República Argentina en 1940. En el otrosí digo de fs. 259 vta./260, se presenta Herta Wrany de Schneider Werthal –madre de quienes iniciaron este proceso sucesorio y esposa del causante- y manifiesta que tomó conocimiento de la iniciación de la sucesión de su cónyuge, del cual se divorció, habiendo sido declarada la culpa de ambos por lo que expresa que no toma intervención en este proceso ni debe figurar en la declaratoria de herederos. Esos hechos permiten comprender el alcance de la cláusula 7ª del mencionado testamento. En la traducción, a fs. 332 vta., dice: "Ciertas partes ponen en duda la validez de matrimonios posteriores que he contraído, y también la legitimidad de algunos de mis descendientes. Es únicamente por precaución que fijo que todas las disposiciones a favor de mi esposa M. y en favor de los descendientes nombrados en 3) tienen validez aun para el caso inesperado que mi matrimonio con M. sea declarado nulo…". Esa situación familiar del testador y la circunstancia de haber instituido como única heredera a aquélla, pudiendo afectar el régimen sucesorio vigente en nuestro país (ver además cláusulas del testamento, fs. 332 y vta.), ante lo prescripto por los arts. 3283 y 3284 del Código Civil, llevan a la convicción de que el causante tomó en consideración cuál era la legislación sucesoria más conveniente a sus propósitos y actuó en consecuencia, utilizando voluntariamente la regla de conflicto y modificando los puntos de conexión que aquélla impone.

El art. 3283 dispone que el derecho sucesorio al patrimonio del difunto es regido por el derecho local del domicilio que el difunto tenía a su muerte, sean los sucesores nacionales o extranjeros. El art. 3284 establece también la jurisdicción del juez del último domicilio del causante.

La gravedad del estado de salud y la particular situación familiar del causante examinada precedentemente, en especial lo expresado en el testamento, hacen presumir su propósito de eludir las normas imperativas de la República mediante el cambio de nacionalidad y de domicilio intentados poco tiempo antes de su muerte.

Niboyet cita un precedente jurisprudencial italiano en el que el interesado, que estaba enemistado con individuos de su familia, sabía que si continuaba siendo italiano, sus bienes tendrían que ser heredados por dichas personas, y que el testamento que hiciese sería nulo. Creyendo poder burlar esa disposición adquirió la nacionalidad austríaca. El Tribunal de Génova falló en contra por considerar que fue una naturalización fraudulenta (Niboyet, op. cit., p. 448, núm. 251). También menciona otro caso en el que poco tiempo antes de morir uno de los cónyuges cambia de domicilio, vendiendo los inmuebles que poseen en una región para volver a comprar otros inmediatamente en una comarca distinta; todo ello para colocarse bajo el imperio de una ley sucesoria más ventajosa para el cónyuge sobreviviente. También en este caso –dice el autor citando a Froland- hay fraude a la ley; este traslado de domicilio, en cierto modo in extremis, no es sincero, pues lo que se pretende conseguir no es un cambio de domicilio sino obtener de un testamento lo que no permiten las reglas del régimen patrimonial (Niboyet, op. cit., p. 450, núm. 252).

A juicio del tribunal las constancias examinadas precedentemente permiten concluir que el causante pretendía conseguir mediante el cambio de nacionalidad y de domicilio, colocarse bajo un régimen jurídico sucesorio más ventajoso para determinadas personas en perjuicio de otras, con lo cual procuraba también privar de imperatividad a las leyes de la Nación.

La utilización voluntaria de los puntos de conexión de la norma indirecta con la intención de aludir la aplicación de las normas imperativas de la República, priva de efectos al cambio de nacionalidad y de domicilio intentados, por lo que debe considerarse como último domicilio del causante al ubicado en esta Capital Federal, que ya fuera declarado por el juez a fs. 68 de este proceso, con lo cual adquieren en el caso plena vigencia las normas contempladas por los arts. 3283 y 3284 del Código Civil, y en consecuencia la sucesión debe tramitar por ante el juez de esta jurisdicción y regirse por nuestro derecho sucesorio.

Atento al fundamento y alcance de lo aquí resuelto, no sería indispensable emitir pronunciamiento sobre la cuestión referida a la unidad o pluralidad de sucesiones. Sin embargo la sala reitera sobre el punto el criterio sustentado en otros antecedentes, concordantes con los fundamentos vertidos por el fiscal de Cámara a fs. 604, en el sentido de que por aplicación de lo dispuesto por el art. 10 del Código Civil, haciendo una excepción al principio de la unidad de sucesiones (art. 3283, Código Civil y su nota), corresponde admitir la competencia del juez del lugar donde se hallan situados en la República los bienes inmuebles, o al de cualquiera de los lugares donde esos bienes estuvieran situados si fueren varios (CNCiv., sala C, R. 259.161, abril 10/980, y precedentes jurisprudenciales y doctrinarios citados en el dictamen de fs. 604).

Por las consideraciones precedentes, de conformidad con lo dictaminado por el fiscal y asesor de menores de Cámara, se resuelve confirmar la resolución de fs. 558 con el alcance señalado, esto es, declarando la competencia del juez de esta jurisdicción para conocer de este proceso, y que la sucesión debe regirse por nuestro derecho sucesorio. Con costas a la apelante (art. 69, Código Procesal).- J. H. Alterini. A. Durañona y Vedia. S. Cifuentes.