miércoles, 7 de octubre de 2026

Trireme Holding SA c. Himoinsa SL

CCiv. y Com., Santa Fe, sala I, 28/09/26, Trireme Holding SA c. Himoinsa SL y otros s. acción de nulidad (excepción de incompetencia)

Jurisdicción internacional. Compraventa de acciones. Sociedades constituidas en Panamá y España. Juicio iniciado en Argentina. Excepción de incompetencia. Rechazo. Código Civil: 1215, 1216. Código Civil y Comercial: 2608, 2650. Ley de sociedades: 118, 119, 122. CIDIP II Sociedades mercantiles. Domicilio del demandado. Lugar de ejercicio. Fraude a la ley.

Resumen DIPr Argentina: La Cámara confirmó la competencia de los tribunales argentinos para entender en la acción de nulidad de una transferencia accionaria, pese a que el negocio antecedente se había celebrado entre sociedades panameñas. Consideró aplicable el art. 2650 inc. a) del CCyC, que permite demandar ante los jueces del domicilio de cualquiera de los codemandados, y reconoció aptitud jurisdiccional al domicilio constituido por la sociedad extranjera conforme a los arts. 118 y 119 LGS y al art. 6 de la CIDIP II. Asimismo, destacó que el fraude puede proyectarse sobre la atribución de jurisdicción.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 07/10/26.

Resolución N° 246.

Santa Fe, 28 de septiembre de 2026.-

Y VISTOS: Estos caratulados “TRIREME HOLDING SA C/ HIMOINSA SL Y OTROS S/ ACCIÓN DE NULIDAD” (Expte. CUIJ 21-00028430-8), originarios del Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la 1ra. Nominación de esta ciudad, venidos para resolver el recurso de apelación deducido por la representación letrada de las codemandadas Sras. Edis Esquivel González y Honoris del Carmen Tristán Barría (fs. 1046/1057) contra la resolución de fecha 15.05.2026 (fs. 1025/1041), que rechazó la excepción de incompetencia opuesta como de previo y especial pronunciamiento, con costas, concedido libremente y con efecto suspensivo (fs. 1060); y,

CONSIDERANDO:

I. En primer lugar, y dado el tiempo transcurrido desde la promoción de la demanda y la excepción venida en revisión, cabe señalar que en la presente acción se debate la nulidad promovida en el año 2014 por Trireme Holding S.A. contra Himoinsa S.L. y Cramaco Corporation Internacional S.A., persiguiendo la declaración de nulidad de la transferencia del 94,32% del paquete accionario de D.B.T. S.A. que la segunda habría efectuado en favor de la primera; pretensión que fuera luego ampliada con el reclamo restitutorio (2018) y resarcitorio de daños y perjuicios (2021) contra Himoinsa S.L.

Atento la disolución sobreviniente de Cramaco Corporation Internacional S.A., la actora amplió la demanda en los términos del art. 99 de la Ley General de Sociedades contra quienes fueran su presidenta y su secretaria del directorio, Sras. Honoris del Carmen Tristán Barría y Edis Esquivel González, ambas domiciliadas en la República de Panamá, quienes, al comparecer, opusieron la excepción cuya suerte hoy se decide.

II. Dicho ello, corresponde reseñar las instancias de la excepción bajo análisis:

II.1. Honoris del Carmen Tristán Barría y Edis Esquivel González, mediante apoderado, interpusieron excepción de incompetencia como de previo y especial pronunciamiento (arts. 138 y 139, inc. 1°, CPCC), en presentaciones de fechas 5.08.2024 y 15.08.2024, respectivamente (escritos cargo N° 8123/2024 y 8694/2024; fs. 787/795 y 797/805).

Sostuvieron, en lo sustancial, que el Convenio de Cesión de Derechos celebrado el 8.11.2000 entre Trireme Holding S.A. y Cramaco Corporation Internacional S.A. -antecedente causal de la transferencia accionaria cuya nulidad aquí se persigue- fue celebrado en la República de Panamá, entre sociedades panameñas y respecto de participaciones societarias también panameñas, por lo que, con arreglo a las dos primeras reglas del art. 4 CPCyC (lugar de cumplimiento de las obligaciones y lugar de celebración del acto), correspondería su conocimiento a la justicia de dicho país, y no a la elegida por la actora en función del domicilio de la codemandada Himoinsa S.L.

Invocaron, asimismo, el riesgo de que una eventual sentencia argentina careciera de eficacia en Panamá, en desmedro de la economía procesal y la seguridad jurídica internacional, e hicieron reserva del caso federal.

II.2. Corrido el pertinente traslado, la parte actora lo evacuó en escrito cargo N° 13829/2024, de fecha 6.12.2024, solicitando el rechazo de la excepción, con costas, sobre la base de tres órdenes de razones: (i) la incorrecta interpretación del art. 4 CPCyC, en tanto la acción impugna un acto jurídico distinto y posterior -la transferencia entre Cramaco Corporation Internacional S.A. e Himoinsa S.L.-, cuyas pautas de demandabilidad remiten al domicilio de esta última en la ciudad de Santa Fe, sin que las excepcionantes hubieran acreditado, por lo demás, que el convenio antecedente se celebrara o debiera cumplirse en Panamá; (ii) la incorrecta interpretación del derecho material aplicable, sosteniendo que tanto los arts. 1215 y 1216 del Código Civil derogado como el art. 2608 del CCC habilitan la competencia del juez argentino en procesos de naturaleza internacional; y (iii) la orfandad argumental del planteo de incompetencia.

II.3. Sustanciada la excepción -con audiencia de vista de causa y memoriales de ambas partes-, el señor juez de grado a cargo la rechazó mediante resolución de fecha 15.05.2026 (fs. 1025/1041), con costas a las co-demandadas excepcionantes.

Para así decidirlo, argumentó la aplicabilidad del derecho internacional privado de fuente interna -descartando la existencia de tratado o convención vigente entre la República Argentina y la República de Panamá que regulara la materia-, y concluyó que resultaba de aplicación el art. 2650, inc. a), del CCC (con idéntica solución bajo los arts. 1215 y 1216 del Código Civil derogado), en tanto dicha norma habilitaba, a opción del actor, la competencia de los jueces del domicilio de cualquiera de los co-demandados; y que, encontrándose Himoinsa S.L. domiciliada en esta ciudad de Santa Fe, no existía mérito para desplazar la competencia hacia la justicia panameña.

II.4. Contra dicho pronunciamiento se alzó la representación letrada de las Sras. Tristán Barría y Esquivel González, interponiendo y fundando recurso de apelación (fs. 1046/1057).

Formuló los siguientes agravios: a) que la resolución recurrida incurría en una errónea aplicación del art. 2650, inc. a) del CCC, al limitarse a constatar el domicilio local de un co-demandado sin ponderar los principios de razonabilidad y proximidad que -según invocó, con cita de doctrina internacionalista- deben regir la atribución de jurisdicción internacional; b) que desconocía la naturaleza eminentemente panameña del negocio causal -el Convenio de Cesión de Derechos de 2000-, cuya validez condicionaría necesariamente la suerte de los actos posteriores cuya nulidad se persigue; c) que otorgó un alcance indebido al domicilio registral que Himoinsa S.L. mantiene en los términos de los arts. 118 y 119 de la LGS, el cual no importaría prórroga general de jurisdicción; d) que se desatendió el riesgo de dictarse una sentencia desprovista de eficacia extraterritorial; e) que la solución afectaba las garantías de acceso a la justicia y del juez natural de sus representadas, ciudadanas panameñas sin vinculación sustancial con este foro; y f), subsidiariamente, que la imposición de costas debió, en todo caso, distribuirse por su orden, en atención a la complejidad jurídica de la cuestión debatida.

II.5. Radicados los autos por ante esta Sala (fs. 1077) y corrido el correspondiente traslado (fs. 1078), la actora lo evacuó (fs. 1079/1098) solicitando el íntegro rechazo del recurso, con costas.

Firme el decreto de autos (fs. 1099), quedaron los presentes en estado de ser resueltos.

III. Análisis.

III.1. Es menester iniciar el análisis recordando, como lo hizo el señor juez de grado, que la competencia de un tribunal debe determinarse por la naturaleza de las pretensiones deducidas en la demanda y no por las defensas opuestas por el demandado (v. por todos: CSJN, 1986, “Gómez, Ismael P. c/ Círculo de Suboficiales de la Armada”. Fallos 308:830; 20.12.1988, “Godoy, Hernán c/ TAMIC SAMCIA s/ Demanda laboral por cobro de australes”. Fallos 311:2736; en igual sentido: esta Sala, 04.09.2018, “Cooperativa Agrícola Ganadera Limitada c/ Comuna de Villa Saralegui s/ Ordinario”, disponible en: portal.justiciasantafe.gov.ar/bdjcamara/, cita: 155/19; 17.04.2019, “MV Combustibles SAS c/ EPE Santa Fe s/ Acción jurisdiccional de amparo”, cita 765/19; 26.07.2019, “Molino Victoria SA c/ Goloeste SA s/ Ordinario”, cita: 756/23, todos de la misma base de datos; 21.08.2020, “Candioti SRL c/ Comuna de Maciel s/ Cobro de pesos”. Protocolo único de sentencias, T° 26 - F° 375; entre otros).

En efecto, es criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que “[p]ara la dilucidación del tema, entonces, no basta con indagar la naturaleza de la acción a fin de determinar su carácter civil; es necesario además, examinar su origen como así también la relación de derecho existente entre las partes” (v. CSJN, 18.11.2021, “G., M. B. c/ Sancor Salud SA s/ Civil y comercial - Varios”. Fallos 344:3543; 13.10.1988, “Contipel Catamarca SA c/ Provincia de Salta s/ Juicio ejecutivo”. Fallos 311:2065; 18.06.1991, “Sideco Americana c/ Provincia de Chubut s/ Ejecutivo”. Fallos 314:620; 21.03.2006, “Platt, Claudio Guillermo c/ Córdoba, Provincia de y otro s/ Daños y Perjuicios”. Fallos 329:833; 13.03.2007, “Lage, Mirta c/ en Entel s/ Empleo público”. Fallos 330:811; entre otros; en igual sentido: esta Sala, “Cooperativa Agrícola Ganadera Limitada”, -cit.-).

En esta línea de razonamiento, y del relato de los hechos expuestos en la pieza inaugural de la instancia, puede extraerse que la pretensión de la actora consistió en obtener la declaración de nulidad absoluta -por su carácter fraudulento y en fraude a la ley- de la cesión que, en fecha 16 de mayo de 2003, Cramaco Corporation Internacional S.A. efectuó en favor de Himoinsa S.L. respecto del 94,32% del paquete accionario de D.B.T. S.A., sociedad domiciliada en la localidad de Sastre, Provincia de Santa Fe.

Adujo la accionante que dicho paquete reconocía como antecedente mediato el aporte irrevocable de capital que ella misma efectuara a D.B.T. S.A. en septiembre de 1997 –cuya capitalización a su favor esta última se había comprometido a instrumentar-, obligación cuyo cumplimiento Trireme Holding S.A. procuraba obtener mediante un incidente de verificación tardía promovido en el concurso preventivo de D.B.T. S.A., tramitado ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 22 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Relató, en tal sentido, que dicho crédito fue sustraído de su patrimonio mediante una secuencia de actos que calificó de simulados y concertados en su perjuicio -la cesión de los derechos emergentes del convenio de aportes a Cramaco Corporation Internacional S.A., dispuesta el 8 de noviembre de 2000; la capitalización de tales aportes en favor de esta última mediante el Acta N° 44 del 21 de junio de 2001; la ulterior presentación en concurso preventivo de D.B.T. S.A. el 16 de agosto de 2001; y, finalmente, la transferencia cuestionada del paquete accionario a Himoinsa S.L., concretada apenas dieciséis días después de dictada la sentencia panameña de primera instancia que reconociera al Sr. Miguel Ángel Tonon como legítimo titular del 98% del capital accionario de Trireme Holding S.A.-, maniobra que, según sostuvo, fue urdida por quienes invocaron para sí una calidad societaria de la que en verdad carecían, con la deliberada finalidad de sustraer aquel activo del alcance de su pretensión verificatoria en el concurso de D.B.T. S.A. e interponer a Himoinsa S.L. como un pretendido tercero de buena fe, ajeno a los vicios que -a su entender- afectan de manera insanable toda la cadena de transmisiones precedente.

III.2. Va de suyo, y así lo dejo expresamente sentado, que cuanto se afirma en los párrafos que siguen se hace al único efecto de dilucidar la competencia debatida y tomando los términos de la demanda tal como fueron propuestos por su parte, sin que ello implique pronunciamiento alguno sobre la veracidad de los hechos invocados, la procedencia de la pretensión deducida o el derecho de fondo aplicable, cuestiones ajenas al limitado marco cognoscitivo de esta incidencia y reservadas al juez de la causa.

Dicho ello, adelanto que el recurso de apelación no habrá de prosperar, por los siguientes fundamentos.

III.2.a. En primer orden, y tal como lo señaló el señor juez de grado, el art. 2650, inc. a), del CCC -que reproduce, en este punto, la solución de los arts. 1215 y 1216 del Código Civil derogado- atribuye jurisdicción internacional, a elección del actor y de manera concurrente con la del lugar de cumplimiento, a los jueces del domicilio de cualquiera de los co-demandados; y Himoinsa S.L., contraparte directa del acto cuya nulidad se persigue, tiene domicilio constituido en esta ciudad.

La contingencia de que dicho domicilio haya sido fijado en los términos de los arts. 118 y 119 de la LGS -por tratarse de una sociedad constituida en el Reino de España- no le resta idoneidad a los fines aquí examinados, toda vez que el art. 122 de dicha norma habilita expresamente el emplazamiento de la sociedad extranjera en el domicilio así constituido, presupuesto lógico de que el legislador reconoció en ese domicilio aptitud jurisdiccional, solución que corrobora el art. 6° de la Convención Interamericana sobre Conflicto de Leyes en Materia de Sociedades Mercantiles (CIDIP II), al sujetar a la sociedad mercantil extranjera a los órganos jurisdiccionales del Estado en el que ejerce actos comprendidos en su objeto social -como sin dudas lo hizo Himoinsa S.L. al incorporar a su patrimonio, y detentar desde entonces, el paquete accionario de una sociedad santafesina-.

III.2.b. A dicho fundamento, que por sí solo bastaría para resolver la excepción bajo examen, se suma otro que lo refuerza y que, a mi juicio, es dirimente.

La propia actora, según quedó relatado, calificó la cesión atacada como un acto jurídico fraudulento, esto es, aquel que “por vía indirecta, se propone eludir la aplicación de una norma imperativa, ocultando dicho fin ilícito a través de la realización de actos aparentemente lícitos”, calificación que corresponde precisar.

En efecto, no se trata de que la cesión de participaciones societarias se encuentre, en abstracto, sustraída del ámbito de la autonomía de la voluntad -por el contrario, su libre transmisibilidad es, en principio, la regla-, sino de que dicha autonomía reconoce un límite inderogable, dado por la prohibición de servirse de ella para defraudar a un tercero determinado, límite que hoy recepta con carácter general el art. 12, segundo párrafo, del CCC, en cuanto priva de efectos al acto que, por una vía oblicua, persigue un resultado sustancialmente análogo al prohibido por una norma imperativa.

Y es precisamente esa prohibición -no el régimen de la cesión societaria en sí- la que, según los términos de la demanda, las co-demandadas originarias habrían pretendido eludir mediante la interposición de un pretendido tercero de buena fe.

Sobre este instituto general -el fraude a la ley- enseñó Goldschmidt una doctrina que, aunque elaborada a propósito de un supuesto en que la norma imperativa eludida era la que rige la legítima hereditaria -y, por ende, de una imperatividad de naturaleza distinta a la aquí comprometida-, resulta trasladable en cuanto a su estructura y método.

Al comentar un caso en que el causante, poco antes de morir, cambió de nacionalidad y de domicilio con el único propósito de sustraer su sucesión del derecho argentino en perjuicio de sus herederos forzosos (v. Cám. Nac. Apel. Civil, sala C, 03.03.1981, «M., F. A. M.», [«Mandl, Federico A. M. s. sucesión» publicado en DIPr Argentina el 02/02/07] La Ley 1981-C, 63), explicó que el fraude a la ley consiste en manipular deliberadamente el dato que la norma toma para decidir qué derecho y qué juez resultan aplicables, con la exclusiva finalidad de obtener, por esa vía, un resultado que la norma imperativa que correspondería aplicar, de no mediar esa maniobra, no permitiría (conf. Goldschmidt, Werner, “El fraude a la ley en el derecho internacional privado sucesorio”, nota al fallo citado, La Ley 1981-C, 61).

Agregó, en lo que aquí interesa especialmente, que esta prohibición no se agota en el derecho de fondo que en definitiva resulte aplicable, sino que se proyecta igualmente sobre la propia atribución de jurisdicción, a la que denominó fraude al Derecho Internacional Procesal, sin que exista razón para reservar el remedio contra el fraude al solo ámbito del derecho aplicable, cuando el mismo manipuleo de los puntos de conexión puede emplearse, con igual ilegitimidad, para determinar qué juez habrá de intervenir.

Lo expuesto revela que la doctrina no depende de cuál sea, en cada caso, la concreta norma imperativa eludida -la legítima hereditaria en el precedente comentado, la prohibición de defraudar a un tercero determinado en el sub lite-, sino del mecanismo común a ambos supuestos: la utilización de un dato de conexión para sustraer la relación jurídica del imperio de la norma que, de no mediar la maniobra, le resultaría aplicable.

Trasladada esa doctrina al presente caso, se advierte que sostener -como lo hacen las excepcionantes- que la competencia debe fijarse por referencia al convenio panameño de 2000, antecedente y no objeto de la acción, importaría reproducir en sede jurisdiccional la misma vía oblicua que la actora denuncia en el plano sustancial, es decir, desplazar el punto de conexión de la competencia desde el acto efectivamente impugnado -la cesión de 2003, entre partes de las cuales una está domiciliada en esta ciudad- hacia un negocio meramente instrumental, con la consecuencia de sustraer a los tribunales argentinos del conocimiento de una controversia que, según los propios términos de la demanda, se dirige a tutelar derechos que se dicen conculcados sobre el patrimonio de una sociedad santafesina.

Va de suyo que el análisis que antecede se ha desarrollado desde la pretensión tal como fue propuesta por la actora -único parámetro relevante, según quedó dicho, para dilucidar la competencia-, sin que ello importe tener por ciertos los hechos en que se sustenta, ni compartir o asumir como propia la calificación jurídica que aquella le atribuyó.

Entonces, ya sea que se tome en cuenta el domicilio de la co-demandada Himoinsa S.L., o sea que se pondere la calificación fraudulenta que la propia actora atribuyó a la maniobra denunciada, se arriba a idéntica solución, que confirma lo sostenido por el señor juez de grado en la resolución en crisis.

III.3. Por lo tanto los agravios no logran conmover lo decidido.

En efecto, los reproches referidos a la naturaleza panameña del negocio causal, la insuficiencia del domicilio registral de Himoinsa S.L., el riesgo de sentencias ineficaces y la afectación del juez natural, la pretendida ausencia de ponderación de la razonabilidad y proximidad del foro elegido, han sido debidamente rebatidos en los fundamentos expuestos.

En conclusión, la pretensión se dirige contra un acto -y una co demandada- domiciliados en esta jurisdicción; el domicilio así constituido resulta jurisdiccionalmente idóneo por imperio de los arts. 122 LGS y 6° CIDIP II, sin que el memorial recursivo se haga cargo de ninguno de ambos preceptos; y la pretendida relevancia excluyente del convenio de 2000 no hace sino reeditar, en el terreno de la competencia, la misma vía oblicua que la actora denunció respecto del fondo.

El recurso, en consecuencia, no puede prosperar.

III.4. Respecto a las costas, no encuentro razón para apartarme, en este punto, del principio objetivo de la derrota (conf. arg. art. 251 del CPCyC), por lo que deben imponerse a las co-demandadas apelantes, vencidas en ambas instancias.

IV. Por las razones expuestas corresponde rechazar el recurso de apelación deducido por la representación letrada de las Sras. Honoris del Carmen Tristán Barría y Edis Esquivel González, confirmando íntegramente la resolución de fecha 15.05.2026, con costas a las apelantes vencidas (conf. arg. art. 251 del CPCyC).

Por ello, la SALA PRIMERA -integrada de manera unipersonal (v. art. 26 de la LOPJ, modif. por ley 14.264)- DE LA CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE SANTA FE, RESUELVE: 1) Rechazar el recurso de apelación deducido por la representación letrada de las Sras. Honoris del Carmen Tristán Barría y Edis Esquivel González, confirmando íntegramente la resolución de fecha 15.05.2026, con costas a las apelantes vencidas (conf. arg. art. 251 del CPCyC). 2) Los honorarios de Alzada se regularán en la proporción establecida en el art. 19 de la ley 6.767 y sus modificatorias, oportunidad en que se correrá vista a la Caja Forense.

Insértese, hágase saber, bajen.- A. G. Fabiano.

No hay comentarios.:

Publicar un comentario

Publicar un comentario