CCiv. y Com., Santa Fe, sala I, 28/09/26, Trireme Holding SA c. Himoinsa SL y otros s. acción de nulidad (excepción de incompetencia)
Jurisdicción internacional. Compraventa de acciones. Sociedades
constituidas en Panamá y España. Juicio iniciado en Argentina. Excepción de
incompetencia. Rechazo. Código Civil: 1215, 1216. Código Civil y Comercial: 2608,
2650. Ley de sociedades: 118, 119, 122. CIDIP II Sociedades mercantiles. Domicilio
del demandado. Lugar de ejercicio. Fraude a la ley.
Resumen DIPr Argentina: La Cámara confirmó la competencia de los tribunales
argentinos para entender en la acción de nulidad de una transferencia
accionaria, pese a que el negocio antecedente se había celebrado entre
sociedades panameñas. Consideró aplicable el art. 2650 inc. a) del CCyC, que
permite demandar ante los jueces del domicilio de cualquiera de los
codemandados, y reconoció aptitud jurisdiccional al domicilio constituido por
la sociedad extranjera conforme a los arts. 118 y 119 LGS y al art. 6 de la
CIDIP II. Asimismo, destacó que el fraude puede proyectarse sobre la atribución
de jurisdicción.
Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 07/10/26.
Resolución N° 246.
Santa Fe, 28 de septiembre de 2026.-
Y VISTOS: Estos caratulados “TRIREME HOLDING SA C/
HIMOINSA SL Y OTROS S/ ACCIÓN DE NULIDAD” (Expte. CUIJ 21-00028430-8), originarios
del Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la 1ra.
Nominación de esta ciudad, venidos para resolver el recurso de apelación
deducido por la representación letrada de las codemandadas Sras. Edis Esquivel
González y Honoris del Carmen Tristán Barría (fs. 1046/1057) contra la
resolución de fecha 15.05.2026 (fs. 1025/1041), que rechazó la excepción de
incompetencia opuesta como de previo y especial pronunciamiento, con costas, concedido
libremente y con efecto suspensivo (fs. 1060); y,
CONSIDERANDO:
I. En primer lugar, y dado el tiempo transcurrido
desde la promoción de la demanda y la excepción venida en revisión, cabe señalar
que en la presente acción se debate la nulidad promovida en el año 2014 por
Trireme Holding S.A. contra Himoinsa S.L. y Cramaco Corporation Internacional
S.A., persiguiendo la declaración de nulidad de la transferencia del 94,32% del
paquete accionario de D.B.T. S.A. que la segunda habría efectuado en favor de
la primera; pretensión que fuera luego ampliada con el reclamo restitutorio
(2018) y resarcitorio de daños y perjuicios (2021) contra Himoinsa S.L.
Atento la disolución sobreviniente de Cramaco Corporation
Internacional S.A., la actora amplió la demanda en los términos del art. 99 de
la Ley General de Sociedades contra quienes fueran su presidenta y su
secretaria del directorio, Sras. Honoris del Carmen Tristán Barría y Edis
Esquivel González, ambas domiciliadas en la República de Panamá, quienes, al comparecer,
opusieron la excepción cuya suerte hoy se decide.
II. Dicho ello, corresponde reseñar las instancias de
la excepción bajo análisis:
II.1. Honoris del Carmen Tristán Barría y Edis Esquivel
González, mediante apoderado, interpusieron excepción de incompetencia como de
previo y especial pronunciamiento (arts. 138 y 139, inc. 1°, CPCC), en
presentaciones de fechas 5.08.2024 y 15.08.2024, respectivamente (escritos
cargo N° 8123/2024 y 8694/2024; fs. 787/795 y 797/805).
Sostuvieron, en lo sustancial, que el Convenio de
Cesión de Derechos celebrado el 8.11.2000 entre Trireme Holding S.A. y Cramaco
Corporation Internacional S.A. -antecedente causal de la transferencia
accionaria cuya nulidad aquí se persigue- fue celebrado en la República de Panamá,
entre sociedades panameñas y respecto de participaciones societarias también panameñas,
por lo que, con arreglo a las dos primeras reglas del art. 4 CPCyC (lugar de cumplimiento
de las obligaciones y lugar de celebración del acto), correspondería su conocimiento
a la justicia de dicho país, y no a la elegida por la actora en función del domicilio
de la codemandada Himoinsa S.L.
Invocaron, asimismo, el riesgo de que una eventual
sentencia argentina careciera de eficacia en Panamá, en desmedro de la economía
procesal y la seguridad jurídica internacional, e hicieron reserva del caso
federal.
II.2. Corrido el pertinente traslado, la parte actora
lo evacuó en escrito cargo N° 13829/2024, de fecha 6.12.2024, solicitando el
rechazo de la excepción, con costas, sobre la base de tres órdenes de razones:
(i) la incorrecta interpretación del art. 4 CPCyC, en tanto la acción impugna
un acto jurídico distinto y posterior -la transferencia entre Cramaco
Corporation Internacional S.A. e Himoinsa S.L.-, cuyas pautas de demandabilidad
remiten al domicilio de esta última en la ciudad de Santa Fe, sin que las
excepcionantes hubieran acreditado, por lo demás, que el convenio antecedente
se celebrara o debiera cumplirse en Panamá; (ii) la incorrecta interpretación
del derecho material aplicable, sosteniendo que tanto los arts. 1215 y 1216 del
Código Civil derogado como el art. 2608 del CCC habilitan la competencia del
juez argentino en procesos de naturaleza internacional; y (iii) la orfandad
argumental del planteo de incompetencia.
II.3. Sustanciada la excepción -con audiencia de vista
de causa y memoriales de ambas partes-, el señor juez de grado a cargo la
rechazó mediante resolución de fecha 15.05.2026 (fs. 1025/1041), con costas a
las co-demandadas excepcionantes.
Para así decidirlo, argumentó la aplicabilidad del
derecho internacional privado de fuente interna -descartando la existencia de
tratado o convención vigente entre la República Argentina y la República de
Panamá que regulara la materia-, y concluyó que resultaba de aplicación el art.
2650, inc. a), del CCC (con idéntica solución bajo los arts. 1215 y 1216 del Código
Civil derogado), en tanto dicha norma habilitaba, a opción del actor, la
competencia de los jueces del domicilio de cualquiera de los co-demandados; y
que, encontrándose Himoinsa S.L. domiciliada en esta ciudad de Santa Fe, no
existía mérito para desplazar la competencia hacia la justicia panameña.
II.4. Contra dicho pronunciamiento se alzó la
representación letrada de las Sras. Tristán Barría y Esquivel González,
interponiendo y fundando recurso de apelación (fs. 1046/1057).
Formuló los siguientes agravios: a) que la resolución
recurrida incurría en una errónea aplicación del art. 2650, inc. a) del CCC, al
limitarse a constatar el domicilio local de un co-demandado sin ponderar los
principios de razonabilidad y proximidad que -según invocó, con cita de
doctrina internacionalista- deben regir la atribución de jurisdicción
internacional; b) que desconocía la naturaleza eminentemente panameña del
negocio causal -el Convenio de Cesión de Derechos de 2000-, cuya validez
condicionaría necesariamente la suerte de los actos posteriores cuya nulidad se
persigue; c) que otorgó un alcance indebido al domicilio registral que Himoinsa
S.L. mantiene en los términos de los arts. 118 y 119 de la LGS, el cual no importaría
prórroga general de jurisdicción; d) que se desatendió el riesgo de dictarse
una sentencia desprovista de eficacia extraterritorial; e) que la solución afectaba
las garantías de acceso a la justicia y del juez natural de sus representadas,
ciudadanas panameñas sin vinculación sustancial con este foro; y f),
subsidiariamente, que la imposición de costas debió, en todo caso, distribuirse
por su orden, en atención a la complejidad jurídica de la cuestión debatida.
II.5. Radicados los autos por ante esta Sala (fs.
1077) y corrido el correspondiente traslado (fs. 1078), la actora lo evacuó
(fs. 1079/1098) solicitando el íntegro rechazo del recurso, con costas.
Firme el decreto de autos (fs. 1099), quedaron los
presentes en estado de ser resueltos.
III. Análisis.
III.1. Es menester iniciar el análisis recordando,
como lo hizo el señor juez de grado, que la competencia de un tribunal debe
determinarse por la naturaleza de las pretensiones deducidas en la demanda y no
por las defensas opuestas por el demandado (v. por todos: CSJN, 1986, “Gómez,
Ismael P. c/ Círculo de Suboficiales de la Armada”. Fallos 308:830; 20.12.1988,
“Godoy, Hernán c/ TAMIC SAMCIA s/ Demanda laboral por cobro de australes”.
Fallos 311:2736; en igual sentido: esta Sala, 04.09.2018, “Cooperativa Agrícola
Ganadera Limitada c/ Comuna de Villa Saralegui s/ Ordinario”, disponible en: portal.justiciasantafe.gov.ar/bdjcamara/,
cita: 155/19; 17.04.2019, “MV Combustibles SAS c/ EPE Santa Fe s/ Acción
jurisdiccional de amparo”, cita 765/19; 26.07.2019, “Molino Victoria SA c/
Goloeste SA s/ Ordinario”, cita: 756/23, todos de la misma base de datos; 21.08.2020,
“Candioti SRL c/ Comuna de Maciel s/ Cobro de pesos”. Protocolo único de
sentencias, T° 26 - F° 375; entre otros).
En efecto, es criterio de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación que “[p]ara la dilucidación del tema, entonces, no basta con
indagar la naturaleza de la acción a fin de determinar su carácter civil; es
necesario además, examinar su origen como así también la relación de derecho
existente entre las partes” (v. CSJN, 18.11.2021, “G., M. B. c/ Sancor Salud SA
s/ Civil y comercial - Varios”. Fallos 344:3543; 13.10.1988, “Contipel
Catamarca SA c/ Provincia de Salta s/ Juicio ejecutivo”. Fallos 311:2065; 18.06.1991,
“Sideco Americana c/ Provincia de Chubut s/ Ejecutivo”. Fallos 314:620;
21.03.2006, “Platt, Claudio Guillermo c/ Córdoba, Provincia de y otro s/ Daños
y Perjuicios”. Fallos 329:833; 13.03.2007, “Lage, Mirta c/ en Entel s/ Empleo
público”. Fallos 330:811; entre otros; en igual sentido: esta Sala, “Cooperativa
Agrícola Ganadera Limitada”, -cit.-).
En esta línea de razonamiento, y del relato de los
hechos expuestos en la pieza inaugural de la instancia, puede extraerse que la
pretensión de la actora consistió en obtener la declaración de nulidad absoluta
-por su carácter fraudulento y en fraude a la ley- de la cesión que, en fecha
16 de mayo de 2003, Cramaco Corporation Internacional S.A. efectuó en favor de
Himoinsa S.L. respecto del 94,32% del paquete accionario de D.B.T. S.A.,
sociedad domiciliada en la localidad de Sastre, Provincia de Santa Fe.
Adujo la accionante que dicho paquete reconocía como
antecedente mediato el aporte irrevocable de capital que ella misma efectuara a
D.B.T. S.A. en septiembre de 1997 –cuya capitalización a su favor esta última
se había comprometido a instrumentar-, obligación cuyo cumplimiento Trireme
Holding S.A. procuraba obtener mediante un incidente de verificación tardía
promovido en el concurso preventivo de D.B.T. S.A., tramitado ante el Juzgado Nacional
de Primera Instancia en lo Comercial N° 22 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Relató, en tal sentido, que dicho crédito fue sustraído
de su patrimonio mediante una secuencia de actos que calificó de simulados y
concertados en su perjuicio -la cesión de los derechos emergentes del convenio
de aportes a Cramaco Corporation Internacional S.A., dispuesta el 8 de
noviembre de 2000; la capitalización de tales aportes en favor de esta última
mediante el Acta N° 44 del 21 de junio de 2001; la ulterior presentación en
concurso preventivo de D.B.T. S.A. el 16 de agosto de 2001; y, finalmente, la
transferencia cuestionada del paquete accionario a Himoinsa S.L., concretada
apenas dieciséis días después de dictada la sentencia panameña de primera
instancia que reconociera al Sr. Miguel Ángel Tonon como legítimo titular del
98% del capital accionario de Trireme Holding S.A.-, maniobra que, según
sostuvo, fue urdida por quienes invocaron para sí una calidad societaria de la
que en verdad carecían, con la deliberada finalidad de sustraer aquel activo
del alcance de su pretensión verificatoria en el concurso de D.B.T. S.A. e
interponer a Himoinsa S.L. como un pretendido tercero de buena fe, ajeno a los
vicios que -a su entender- afectan de manera insanable toda la cadena de transmisiones
precedente.
III.2. Va de suyo, y así lo dejo expresamente sentado,
que cuanto se afirma en los párrafos que siguen se hace al único efecto de
dilucidar la competencia debatida y tomando los términos de la demanda tal como
fueron propuestos por su parte, sin que ello implique pronunciamiento alguno
sobre la veracidad de los hechos invocados, la procedencia de la pretensión
deducida o el derecho de fondo aplicable, cuestiones ajenas al limitado marco
cognoscitivo de esta incidencia y reservadas al juez de la causa.
Dicho ello, adelanto que el recurso de apelación no
habrá de prosperar, por los siguientes fundamentos.
III.2.a. En primer orden, y tal como lo señaló el
señor juez de grado, el art. 2650, inc. a), del CCC -que reproduce, en este
punto, la solución de los arts. 1215 y 1216 del Código Civil derogado- atribuye
jurisdicción internacional, a elección del actor y de manera concurrente con la
del lugar de cumplimiento, a los jueces del domicilio de cualquiera de los co-demandados;
y Himoinsa S.L., contraparte directa del acto cuya nulidad se persigue, tiene domicilio
constituido en esta ciudad.
La contingencia de que dicho domicilio haya sido
fijado en los términos de los arts. 118 y 119 de la LGS -por tratarse de una
sociedad constituida en el Reino de España- no le resta idoneidad a los fines
aquí examinados, toda vez que el art. 122 de dicha norma habilita expresamente
el emplazamiento de la sociedad extranjera en el domicilio así constituido, presupuesto
lógico de que el legislador reconoció en ese domicilio aptitud jurisdiccional, solución
que corrobora el art. 6° de la Convención Interamericana sobre Conflicto de Leyes en Materia
de Sociedades Mercantiles (CIDIP II), al sujetar a la sociedad mercantil extranjera a los
órganos jurisdiccionales del Estado en el que ejerce actos comprendidos en su
objeto social -como sin dudas lo hizo Himoinsa S.L. al incorporar a su
patrimonio, y detentar desde entonces, el paquete accionario de una sociedad
santafesina-.
III.2.b. A dicho fundamento, que por sí solo bastaría
para resolver la excepción bajo examen, se suma otro que lo refuerza y que, a
mi juicio, es dirimente.
La propia actora, según quedó relatado, calificó la
cesión atacada como un acto jurídico fraudulento, esto es, aquel que “por vía
indirecta, se propone eludir la aplicación de una norma imperativa, ocultando
dicho fin ilícito a través de la realización de actos aparentemente lícitos”,
calificación que corresponde precisar.
En efecto, no se trata de que la cesión de
participaciones societarias se encuentre, en abstracto, sustraída del ámbito de
la autonomía de la voluntad -por el contrario, su libre transmisibilidad es, en
principio, la regla-, sino de que dicha autonomía reconoce un límite
inderogable, dado por la prohibición de servirse de ella para defraudar a un
tercero determinado, límite que hoy recepta con carácter general el art. 12,
segundo párrafo, del CCC, en cuanto priva de efectos al acto que, por una vía
oblicua, persigue un resultado sustancialmente análogo al prohibido por una
norma imperativa.
Y es precisamente esa prohibición -no el régimen de la
cesión societaria en sí- la que, según los términos de la demanda, las
co-demandadas originarias habrían pretendido eludir mediante la interposición
de un pretendido tercero de buena fe.
Sobre este instituto general -el fraude a la ley-
enseñó Goldschmidt una doctrina que, aunque elaborada a propósito de un
supuesto en que la norma imperativa eludida era la que rige la legítima
hereditaria -y, por ende, de una imperatividad de naturaleza distinta a la aquí
comprometida-, resulta trasladable en cuanto a su estructura y método.
Al comentar un caso en que el causante, poco antes de
morir, cambió de nacionalidad y de domicilio con el único propósito de sustraer
su sucesión del derecho argentino en perjuicio de sus herederos forzosos (v.
Cám. Nac. Apel. Civil, sala C, 03.03.1981, «M., F. A. M.», [«Mandl, Federico A. M. s. sucesión» publicado en
DIPr Argentina el 02/02/07] La Ley 1981-C, 63), explicó que el fraude a la ley
consiste en manipular deliberadamente el dato que la norma toma para decidir
qué derecho y qué juez resultan aplicables, con la exclusiva finalidad de
obtener, por esa vía, un resultado que la norma imperativa que correspondería aplicar,
de no mediar esa maniobra, no permitiría (conf. Goldschmidt, Werner, “El fraude
a la ley en el derecho internacional privado sucesorio”, nota al fallo citado, La
Ley 1981-C, 61).
Agregó, en lo que aquí interesa especialmente, que
esta prohibición no se agota en el derecho de fondo que en definitiva resulte
aplicable, sino que se proyecta igualmente sobre la propia atribución de
jurisdicción, a la que denominó fraude al Derecho Internacional Procesal, sin
que exista razón para reservar el remedio contra el fraude al solo ámbito del
derecho aplicable, cuando el mismo manipuleo de los puntos de conexión puede
emplearse, con igual ilegitimidad, para determinar qué juez habrá de
intervenir.
Lo expuesto revela que la doctrina no depende de cuál sea,
en cada caso, la concreta norma imperativa eludida -la legítima hereditaria en
el precedente comentado, la prohibición de defraudar a un tercero determinado
en el sub lite-, sino del mecanismo común a ambos supuestos: la
utilización de un dato de conexión para sustraer la relación jurídica del
imperio de la norma que, de no mediar la maniobra, le resultaría aplicable.
Trasladada esa doctrina al presente caso, se advierte que
sostener -como lo hacen las excepcionantes- que la competencia debe fijarse por
referencia al convenio panameño de 2000, antecedente y no objeto de la acción,
importaría reproducir en sede jurisdiccional la misma vía oblicua que la actora
denuncia en el plano sustancial, es decir, desplazar el punto de conexión de la
competencia desde el acto efectivamente impugnado -la cesión de 2003, entre partes
de las cuales una está domiciliada en esta ciudad- hacia un negocio meramente instrumental,
con la consecuencia de sustraer a los tribunales argentinos del conocimiento de
una controversia que, según los propios términos de la demanda, se dirige a
tutelar derechos que se dicen conculcados sobre el patrimonio de una sociedad
santafesina.
Va de suyo que el análisis que antecede se ha
desarrollado desde la pretensión tal como fue propuesta por la actora -único
parámetro relevante, según quedó dicho, para dilucidar la competencia-, sin que
ello importe tener por ciertos los hechos en que se sustenta, ni compartir o
asumir como propia la calificación jurídica que aquella le atribuyó.
Entonces, ya sea que se tome en cuenta el domicilio de
la co-demandada Himoinsa S.L., o sea que se pondere la calificación fraudulenta
que la propia actora atribuyó a la maniobra denunciada, se arriba a idéntica
solución, que confirma lo sostenido por el señor juez de grado en la resolución
en crisis.
III.3. Por lo tanto los agravios no logran conmover lo
decidido.
En efecto, los reproches referidos a la naturaleza
panameña del negocio causal, la insuficiencia del domicilio registral de
Himoinsa S.L., el riesgo de sentencias ineficaces y la afectación del juez
natural, la pretendida ausencia de ponderación de la razonabilidad y proximidad
del foro elegido, han sido debidamente rebatidos en los fundamentos expuestos.
En conclusión, la pretensión se dirige contra un acto -y
una co demandada- domiciliados en esta jurisdicción; el domicilio así
constituido resulta jurisdiccionalmente idóneo por imperio de los arts. 122 LGS
y 6° CIDIP II, sin que el memorial recursivo se haga cargo de ninguno de ambos
preceptos; y la pretendida relevancia excluyente del convenio de 2000 no hace
sino reeditar, en el terreno de la competencia, la misma vía oblicua que la
actora denunció respecto del fondo.
El recurso, en consecuencia, no puede prosperar.
III.4. Respecto a las costas, no encuentro razón para
apartarme, en este punto, del principio objetivo de la derrota (conf. arg. art.
251 del CPCyC), por lo que deben imponerse a las co-demandadas apelantes,
vencidas en ambas instancias.
IV. Por las razones expuestas corresponde rechazar el
recurso de apelación deducido por la representación letrada de las Sras.
Honoris del Carmen Tristán Barría y Edis Esquivel González, confirmando
íntegramente la resolución de fecha 15.05.2026, con costas a las apelantes
vencidas (conf. arg. art. 251 del CPCyC).
Por ello, la SALA PRIMERA -integrada de manera
unipersonal (v. art. 26 de la LOPJ, modif. por ley 14.264)- DE LA CÁMARA DE
APELACIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE SANTA FE, RESUELVE: 1) Rechazar el recurso
de apelación deducido por la representación letrada de las Sras. Honoris del
Carmen Tristán Barría y Edis Esquivel González, confirmando íntegramente la
resolución de fecha 15.05.2026, con costas a las apelantes vencidas (conf. arg.
art. 251 del CPCyC). 2) Los honorarios de Alzada se regularán en la proporción
establecida en el art. 19 de la ley 6.767 y sus modificatorias, oportunidad en
que se correrá vista a la Caja Forense.
Insértese, hágase saber, bajen.- A. G. Fabiano.



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