CNCiv. y Com. Fed., sala I, 07/04/26, García, Sebastián Alberto c. Lan Airlines SA s. pérdida/daño de equipaje
Transporte aéreo internacional. Transporte de
personas. Estados Unidos – Argentina. Pérdida de equipaje despachado.
Responsabilidad. Convenio de Montreal de 1999. Daño moral. Limitación de
responsabilidad.
Resumen DIPr Argentina: La Cámara Civil y Comercial Federal, Sala I, en un
caso de pérdida de equipaje durante un transporte aéreo internacional,
interpretó el artículo 22 del Convenio de Montreal de 1999 y precisó que
corresponde aplicar el límite de responsabilidad de su inciso 2 (1.131 derechos
especiales de giro por pasajero), y no el previsto para el retraso en el
transporte de personas. Redujo la indemnización por daño material a U$S 1.600,
considerando la falta de declaración especial de valor y de prueba sobre el
contenido del equipaje extraviado.
Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 09/10/26.
Causa N° 20154/2017.
En Buenos Aires, a los 7 días del mes de abril de 2026,
se reúnen en Acuerdo los señores jueces de la Sala I de esta Cámara para
dictar sentencia en los autos mencionados en el epígrafe y, de conformidad con
el orden del sorteo efectuado, el juez Fernando A. Uriarte dijo:
1. A
fs. 118/134, se presentó Sebastián Alberto García con el objeto de iniciar
demanda contra LAN Airlines S.A. —sucursal Argentina— y/o quien resulte
civilmente responsable por los daños y perjuicios derivados de la pérdida de su
equipaje hasta la suma de $211.908,06 ($170.605,23 en concepto de “daño
patrimonial”, $34.121,05 en concepto de “daño moral” y el resto por gastos de
mediación y de tasa de justicia) actualizada al momento de su efectivo pago o
lo que en más o en menos resulte de la prueba, con más intereses, costos y
costas. Fundó su demanda en el hecho de que la empresa accionada extravió su
equipaje en dos oportunidades, en ocasión de sendos transportes aéreos
concluidos el 27.4.2015 y el 25.9.2015. Apuntó que la aerolínea le formuló un
ofrecimiento indemnizatorio que, sin perjuicio de resultar insatisfactorio,
debe tenerse presente en el supuesto de que se nieguen los hechos esgrimidos.
A fs. 159/167, contestó la demanda LATAM Airlines
Group S.A. —ex LAN Airlines S.A.—. En primer término, opuso excepción de prescripción
contra la pretensión relacionada con el vuelo concluido en abril de 2015 (PIR EZELA65575).
Luego, tras realizar una serie de negativas y de reconocer los extravíos
denunciados y la existencia de un ofrecimiento indemnizatorio por U$S 1.580
(equivalentes al límite de 1.131 DEG previsto en el Convenio
de Montreal), solicitó que se aplique la limitación de responsabilidad
consagrada en la normativa internacional vigente y, finalmente, peticionó que
se rechace la demanda, con costas.
2. La
sentencia del 22.5.2025 hizo lugar a la demanda. Consecuentemente, condenó a
LAN Airlines S.A. —sucursal Argentina— a pagarle a Sebastián Alberto García U$S
3.171 y $30.000, dentro de los límites previstos por el artículo 22, inciso 1,
del Convenio de Montreal de 1999, con más intereses y las costas.
Para así decidir, el magistrado de grado precisó que
no existe controversia en torno a los extremos fácticos que originaron el
litigio. Luego, atento al tenor de la postura adoptada por la demandada,
puntualizó que la cuestión se ciñe a determinar si esta última incurrió en un
incumplimiento de sus obligaciones y, en su caso, si en ocasión del transporte
produjo un daño que deba ser reparado.
En otro orden, juzgó correspondiente hacer lugar a la
excepción de prescripción opuesta por la accionada contra la pretensión
relacionada con el vuelo concluido en abril de 2015 (PIR EZELA65575).
Por lo que hace a lo demás, consideró que se encuentra
comprometida la responsabilidad de la demandada en los términos del artículo 17,
apartado 2, del Convenio de Montreal. Ello así, teniendo en cuenta los hechos
acreditados y que la transportista “[…] no probó haber adoptado las medidas
necesarias para evitar el daño o que le fue imposible adoptarlas” (sic).
Seguidamente, abordó el tratamiento de los rubros
pretendidos. En cuanto al “daño patrimonial”, ponderó el detalle de los
artículos faltantes obrante en el PIR y en el escrito de inicio, y que de las
constancias de autos surge que las compras de dichos artículos fueron
realizadas durante el viaje respectivo, que fueron abonadas con tarjeta de crédito
y que el monto total de las pérdidas es U$S 3.171. Asimismo, apuntó que la
mayoría de los efectos respectivos son prendas como remeras, zapatillas o
artículos de vestir que se corresponden con la época del viaje realizado y con
su destino. Así pues, estimó pertinente fijar la indemnización en U$S 3.171.
En punto al “daño moral”, juzgó prudente reconocerlo
hasta $30.000, atento a que la descripción de los hechos revela que el actor
fue colocado —por la conducta culpable o indiferente de la aerolínea— en una situación
de incomodidad e incertidumbre que resulta indemnizable.
A continuación, precisó que la suma otorgada en
concepto de “daño patrimonial” llevará intereses desde el 25.9.2015 y hasta el
día del efectivo pago a una tasa del 6% anual, ya que se trata de una deuda en
moneda extranjera.
Por su parte, dispuso que la suma otorgada en concepto
de “daño moral” llevará intereses desde el 25.9.2015 y hasta el dictado de la
sentencia a una tasa del 6% anual, toda vez que la deuda en cuestión se calculó
al momento del dictado del pronunciamiento.
Por último en este sentido, decidió que, a partir del
día posterior al dictado de la sentencia, se debe aplicar la tasa activa del
Banco de la Nación Argentina, dado que “[…] es la que compensa tanto los
intereses moratorios como la pérdida del poder adquisitivo en procesos
inflacionarios, como el actual vigente en la economía argentina” (sic).
Finalmente, determinó que el capital de condena estará
sujeto a la limitación establecida en el artículo 22, inciso 1, del Convenio
de Montreal de 1999, con exclusión de los intereses.
3. Contra
dicho pronunciamiento se alzó la parte demandada el 28.5.2025. El recurso fue
concedido el 3.7.2025 y fundado el 2.12.2025.
4. Los
agravios de la demandada pueden resumirse así:
a) el
a quo incurrió en un error al aplicar el límite de responsabilidad
previsto en el artículo 22, inciso 1, del Convenio de Montreal, por cuanto
corresponde aplicar el del inciso 2;
b) la
determinación del “daño patrimonial” se fundó en meras presunciones, pues no
existe prueba de que los objetos adquiridos se encontraran en la valija
extraviada y no en el resto del equipaje. Además, debe tenerse en cuenta que el
actor no realizó declaración especial de valor al momento del despacho
respectivo;
c) es
incorrecto el reconocimiento del “daño moral”, toda vez que las molestias
invocadas son contingencias propias del incumplimiento contractual, y máxime
cuando fue ofrecida una compensación que superaba el límite legal;
d) no
siendo procedente la demanda, las costas debieron imponerse a la actora, o,
cuanto menos, distribuirse “conforme su proporción” en atención al
rechazo parcial de la pretensión.
5. Respecto
a la queja identificada como a), le asiste razón a la apelante en cuanto
a que corresponde aplicar el límite de responsabilidad previsto en el artículo
22, inciso 2, del Convenio de Montreal de 1999 (1.131 derechos especiales de
giro por pasajero al momento de los hechos), y no el del inciso 1. Es así, ya
que el inciso 2 es el que se refiere al objeto de la presente contienda
(pérdida en el transporte de equipaje), y no el inciso 1 (el cual concierne al
retraso en el transporte de personas).
No es ocioso señalar que el resto de las precisiones
establecidas por el juez de grado en este sentido (v. gr., inclusión del
daño moral y exclusión de los intereses) han quedado firmes.
Así las cosas, voto por acoger el agravio en análisis.
6. En
lo atinente al reproche identificado como b), antes que nada, cabe
resaltar que el daño se halla efectivamente configurado, atento al contexto
fáctico que ha quedado firme (in re ipsa), y especialmente por el hecho
de que el actor despachó equipaje que nunca le fue restituido.
Ahora bien, en torno a la debida extensión del rubro,
en primer término, cabe precisar que comparto las pautas desarrolladas por el a
quo en los considerandos V y VI de la sentencia apelada, y a ellas me
remito en honor a la brevedad.
Asimismo, conviene destacar que las pruebas ponderadas
en el fallo apelado no han sido cuestionadas. Por lo tanto, debe tenerse por
cierto que los artículos detallados en el PIR fueron comprados por el actor
durante su estadía en Estados Unidos por un total de U$S 3.171.
Por lo demás, importa puntualizar que también pondero
(a) que el actor viajó con su grupo familiar, y que, en conjunto, este último
facturó diez equipajes (conf. prueba documental de dicha parte, fs. 38/39;
punto IV del escrito de inicio; y declaración testimonial obrante en fs.
272/273); (b) que el accionante no realizó una declaración especial del valor
entregado en los términos del artículo 22, inciso 2, del Convenio de Montreal
(conf. prueba documental reseñada); y (c) que tampoco pagó exceso de equipaje
(conf., nuevamente, la prueba documental antes citada).
Bajo este prisma, valoro excesiva la determinación del
“daño patrimonial”, atendiendo especialmente a que de los diez equipajes
facturados sólo uno fue extraviado, y a la falta de prueba —al menos indiciaria—
de que la valija objeto de autos contenía la mayor parte de los artículos
adquiridos.
En ese orden de ideas, juzgo prudente fijar el monto indemnizatorio
por dicho concepto en la suma total de U$S 1.600 (conf. artículo 165 del
CPCCN), lo que así propongo al Acuerdo.
7. Por
su parte, en torno al agravio c), conviene destacar que no resulta
difícil comprender la angustia, zozobra y desasosiego por los que ha atravesado
el actor al retornar de sus vacaciones y comprobar que su equipaje se había
extraviado. Asimismo, otro tanto ocurre con las evidentes molestias y pérdida
de tiempo que produjeron los infructuosos trámites para intentar recuperar el
equipaje perdido (conf. esta Sala, doctrina de la causa 6777/2011
del 23/11/21 [«Dana,
Julián Elías c. Gol Linhas Aéreas» publicado en DIPr
Argentina el 09/08/24]).
En este punto, es dable mencionar que el ofrecimiento indemnizatorio
referido en el planteo en análisis mal podría tener incidencia en la solución
del diferendo, puesto que estuvo relacionado con la pretensión que se declaró
prescripta (conf. prueba documental de la parte actora obrante en fs. 13/16, 41
y 139/140 y tenor de los escritos liminares).
En virtud de lo expresado, voto por rechazar la queja
en análisis.
8. Dado
que la demanda prospera sustancialmente, el cuestionamiento relativo a la
imposición de costas decidida en primera instancia no resulta procedente, de
conformidad con el artículo 68 del CPCCN citado por el magistrado de grado. Así
pues, expreso mi voto en el sentido de rechazar el reproche identificado como d).
En suma, propongo al Acuerdo admitir las quejas a) y
b), rechazar las c) y d) y, consecuentemente, modificar la
sentencia apelada, fijando que el límite de responsabilidad que debe observarse
es el establecido en el artículo 22, inciso 2, del Convenio de Montreal de 1999
(1.131 derechos especiales de giro por pasajero al momento de los hechos) y
estableciendo que el rubro “daño patrimonial” prospera por la suma total de U$S
1.600. Con costas de Alzada en el orden causado, atendiendo al resultado del
recurso (conf. artículos 68, segundo párrafo, y 71 del CPCCN).
Los Dres. Juan Perozziello Vizier y Florencia
Nallar adhieren al voto que antecede.
En mérito a lo deliberado y a las conclusiones del
Acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE:
I. Admitir
los agravios a) y b) y, consecuentemente, modificar la sentencia
apelada, fijando que el límite de responsabilidad que debe observarse es el
establecido en el artículo 22, inciso 2, del Convenio de Montreal de 1999
(1.131 derechos especiales de giro por pasajero al momento de los hechos) y
estableciendo que el rubro “daño patrimonial” prospera por la suma total de U$S
1.600.
II. Rechazar
los agravios c) y d), y confirmar el fallo apelado en lo
pertinente.
III. Distribuir las costas de Alzada en el orden causado.
Una vez que se apruebe la liquidación definitiva en la
etapa de ejecución y sean regulados los honorarios por los trabajos de primera instancia,
se procederá a regular los de Alzada.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.- F. Nallar. J. Perozziello Vizier. F. A. Uriarte.



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