CFed. Apel., Mar del Plata, 19/06/26, Taliercio Di
Iorio, Fiorella Lucía c. Aerolíneas Argentinas
Transporte
aéreo internacional. Transporte de personas. Argentina – México. Ida y vuelta.
Cancelación del vuelo. Covid 19. Reembolso de las sumas abonadas. Ley de
defensa del consumidor. Daño moral. Daño punitivo. Convenio de Montreal de
1999. Inaplicabilidad. Limitación de responsabilidad. Rechazo.
Resumen
DIPr Argentina: La Cámara Federal confirmó la
condena a Aerolíneas Argentinas por la cancelación de un vuelo durante la
pandemia y la falta de respuesta al reclamo de reembolso. Aplicó la Ley de
Defensa del Consumidor y descartó los límites indemnizatorios del Convenio de
Montreal de 1999, por considerarlos irrazonables frente al derecho a la
reparación integral. Cabe cuestionar que el tribunal, en lugar de examinar la
articulación normativa y el alcance del tratado internacional vigente,
desplazara sus previsiones invocando la legislación consumeril y su jerarquía
constitucional.
Publicado
por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 06/11/26.
En
la ciudad de Mar del Plata, a los 19 días del mes de junio de dos mil veintiséis,
reunidos los Sres. Jueces de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de Mar del
Plata al análisis de estos autos caratulados: “TALIERCIO DI IORIO, FIORELLA
LUCIA c/ AEROLINEAS ARGENTINAS S.A s/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, Expediente FMP
14099/2022, provenientes del Juzgado Federal N° 2, Secretaría N° 1 de esta
ciudad. El orden de votación es el siguiente: Dr. Eduardo P. Jiménez, Dr.
Bernardo Bibel.
El
Dr. Jiménez dijo:
I)
Llegan las actuaciones a esta Alzada en
virtud de los recursos de apelación presentados por ambas partes, expresando
agravios la parte demandada en fecha 11/04/2025, mientras que la parte actora
el día 21/04/2025, contra la sentencia del 01/04/2025 la cual hace lugar a la demanda
condenando a la empresa demandada por los rubros daño material, a valores
históricos con intereses desde la producción del hecho hasta su efectivo pago;
daño moral y daño punitivo, a valores actuales e imponiendo las costas a la
vencida (art 86 CPCCN).
La
demandada en su expresión de agravios se queja, en primer término, de la
aplicación en sentencia de la Ley de Defensa del Consumidor explayándose
profusamente sobre la vigencia para el caso de Autos, de la normativa
aeronáutica. Seguidamente y dentro el mismo tópico aclara que la normativa
citada estipula que la aerolínea debe dar cumplimiento de lo ofertado salvo
caso de fuerza mayor.
Luego,
se agravia de la procedencia de la condena por daño moral en sentido de
entender que no hubo, en el expediente, prueba tendiente a acreditar el rubro
invocado; subsidiariamente también se queja del monto de condena por el
referido rubro por considerarlo excesivo y desproporcionado.
A
continuación, el recurrente discute la aplicación del rubro daño punitivo. En
este tópico el apelante opone que la sentencia no ha sido debidamente fundada
en virtud de referirse a una supuesta “falta de equipaje” cuando en el caso
concreto, se trató de la suspensión de un vuelo a causa del COVID. Al mismo
tiempo, remarca que el Convenio
de Montreal elimina la indemnización
de daño punitivo expresamente en su artículo 29.
Finalmente
expresa que el fallo atacado contiene una condena que excede manifiestamente
los límites de responsabilidad previstos por la normativa específica que rige
el contrato de transporte aéreo internacional, violentando de este modo el Convenio
de Montreal de 1999 que Argentina hubo
ratificado por Ley 26.451.
Hace
reserva del Caso Federal.
II)
A su turno, la parte actora cuestiona el quantum
fijado para reparar el daño moral relatando que en demanda solicitó una suma de
$5.000.000 de pesos, por lo que la condena por este rubro representa el 30% de
lo peticionado. Solicita se eleven dichas sumas.
Asimismo,
también cuestiona el valor de condena por daño punitivo. Respecto de este rubro
aclara que $5.000.000 de pesos fue lo solicitado hace más de dos años; que el
efecto corrosivo de la inflación no ha sido tenido en cuenta al momento de
fijar el quantum a valores actuales, por lo que dicha suma representa
hoy, el 50% de lo peticionado. Solicita su elevación.
III)
Sustanciados que fueron los agravios
vertidos, ellos fueron respondidos por la parte demandada en fecha 14/05/2025,
oponiéndose a la elevación de los montos peticionados puntualizando que,
respecto del daño moral, el Juez tiene facultades discrecionales para fijar un
monto de acuerdo a las circunstancias del caso y demás cuestiones relevantes.
Por otro lado, considera que lo expresado no pasa de ser una mera
disconformidad de parte sin demostración concreta del supuesto yerro del juez.
Respecto
del agravio por el quantum de daño punitivo, manifiesta que carece de
sustento fáctico y jurídico ya que no se ha probado conducta dolosa, temeraria
o de particular desprecio por los derechos del pasajero que justifique la
aplicación de esta multa civil. Reitera que dicho cuestionamiento significa un mero
disentimiento de parte sin llegar a ser una crítica concreta y razonada.
La
parte actora responde los agravios en el mismo acto procesal de su expresión de
agravios, el día 21/4/2025; respondiendo, respecto del primero que el presente
caso es de origen contractual por lo que debe resolverse según las previsiones
de la Ley 24.240 sin perjuicio de aplicar asimismo otras normativas, por lo que
considera insostenible el agravio presentado.
A
continuación, sostiene que el daño moral puede ser acreditado en autos por no
haber existido controversia de parte del accionado. En tal norte relata el
tortuoso y humillante derrotero por el que tuvo que atravesar en pos de
reclamar el cumplimiento contractual.
En
referencia a los cuestionamientos por daño punitivo, sostiene que se trata de
meras discrepancias con lo resuelto sin sostener una crítica concreta y razonada
del punto en cuestión.
IV)
Finalmente, siendo que no existen
gestiones procesales pendientes de producción en la causa, con fecha 19/09/2025
se llaman AUTOS PARA DICTAR SENTENCIA, lo que a la fecha se encuentra
firme y consentido para los contendientes.
V)
Antes de comenzar con el desarrollo de las
cuestiones propuestas a revisión de esta Alzada he de señalar que sólo atenderé
en el presente voto, aquellos planteos que sean considerados esenciales a los
fines de la resolución del litigio. En este entendimiento, he de recordar que
los jueces no están obligados a considerar todos y cada uno de los planteos de
las partes, pues basta que lo hagan respecto de aquellos considerados
esenciales y decisivos para el fallo de la causa.
Nuestra
Corte Suprema de Justicia ha sentado la doctrina según la cual los jueces no
están obligados a ponderar una por una y exhaustivamente todas las pruebas
agregadas a la causa sino sólo aquellas estimadas conducentes para fundar sus
conclusiones, ni a analizar todas las cuestiones y argumentos utilizados que a
su juicio no sean decisivos (ver LL 144 p. 611, 27.641-S; LL 145 p. 346; LL 148
p. 692, 29.625-S; Fallos 296:445; 297:333 entre otros).
VI)
Señalado lo anterior, estimo conveniente
principiar por el cuestionamiento que efectúa la parte demandada por cuanto se
agravió de la aplicación en sentencia de la Ley de Defensa del Consumidor (Ley
24.240) en conjunto con los cuestionamientos acerca de la procedencia del Daño
Punitivo que hace a la aplicación de la normativa cuestionada.
En
tal contexto, he de destacar que no me cabe duda ninguna de que se ha dado en
Autos, la existencia de una relación de consumo, y que sin dejar de aplicarse
en lo pertinente aquí la normativa específica regulatoria del transporte aéreo,
ella debe y, principalmente luego de operada la reforma constitucional
argentina de 1994, ser interpretada conforme la realidad y derechos de los
consumidores y usuarios de bienes y servicios.
Este
Tribunal sostuvo al votar los obrados «Faienza,
María Eugenia c/Aerovías de México SA de CV s/Ley de Defensa del Consumidor»
[publicada en DIPr Argentina el 02/12/22] Protocolizada en tomo: 'PROTOCOLO
Aco. 6/14 Materias Civiles' Clave: FMP 018968/2014/CA001 Fecha: 08/07/2022
08:35, la existencia de un orden público del consumidor, constitucionalmente
establecido, resaltando que, por el propio imperativo constitucional, el mismo
debe ser resguardado frente a cualquier avance legislativo o de otro cariz, que
intente obturarlo o minimizar su aplicabilidad.
Respecto
de la cuestión ventilada en Autos, las partes se han vinculado aquí claramente
por una relación de consumo, con lo que no me queda duda de que debe primar la
aplicabilidad de la normativa jurídica determinante de principios de orden
público que rigen los derechos de usuarios y consumidores, por sobre toda otra
que se le oponga, en circunstancias en que se atente contra la vigencia plena
de los derechos de usuarios y consumidores de los servicios contratados y no
prestados, o prestados en forma irregular o defectuosa, en este caso por la
línea aérea demandada. Por supuesto, ello sin perjuicio de que los Magistrados
actuantes en causas judiciales deben viabilizar opciones de supletoriedad, en
caso de ser ello menester, manteniendo en cuanto sea pertinente la debida
compatibilidad con la normativa del Derecho Aeronáutico y sus respectivas
remisiones.
Ello
en tanto se advierta una práctica comercial abusiva, o acreditados incumplimientos
contractuales que, por violatorios al principio de la “buena fe”, contraríen
los derechos de los usuarios y consumidores, y tornen a la empresa demandada,
responsable por los daños y perjuicios sufridos (Cfr. Juzg. Civ. y Com. N°10,
en Autos “Proconsumer c/Compañía Panameña de Aviación SA s/Sumarísimo”, Exp.
N°2641/2009).
Es
en este contexto, que propiciaré aquí mantener la aplicabilidad del plexo
normativo que regula los derechos de usuarios y consumidores, como directamente
operativo en punto a los desequilibrios que existieron entre las partes.
Con
lo señalado, pretendo significar que en esta rama especial del consumo, no
resulta posible desatender el hecho de la realidad que indica que en los
últimos 60 años se ha popularizado la producción y prestación de servicios en
modo sistemático y regular, para una importante masa de clientes.
Asimismo,
cabe señalar que tal tráfico “en escala” somete a las empresas a importantes
presiones de competencia, acorde a las exigencias que impone el mercado, lo que
genera en los hechos, un importante campo de riesgos y abusos, habiéndose
precisado en éste sentido, que “(…) no puede razonablemente admitirse que
resulten suficientes para el mundo negocial contemporáneo, las rígidas formas
de contratación basadas en la presencia de la autonomía de la voluntad como
principio soberano y excluyente. Esto ya no se discute” añadiendo a lo
dicho, que “(…) lo que sí interesa reflexionar es que los métodos de
producción y distribución, tanto de bienes como de servicios masivos imponen,
por puro sentido común, la redacción previa de esquemas uniformes de
contratación” (Puga, Mónica “Estatuto de Defensa del Consumidor” en AAVV
-Dir. María Angélica Gelli- “A 25 años de la reforma constitucional de 1994”
Edit. La Ley, pág. 189).
Es
por ello que se defiende en estos casos en doctrina y jurisprudencia, la
actuación del principio de confianza en la generación de contrataciones que, como
en el caso de Autos, se vinculan al transporte aéreo de pasajeros, como derivación
del estándar clásico de la “buena fe” que se sublima en las particulares
relaciones de uso y consumo, hoy constitucionalmente protegidas, ya que este
tipo de contratos poseen aptitud para afectar o viciar el consentimiento libre
del usuario o consumidor contratante, en el tránsito a pactar el acto de
consumo [o, en su caso, uso].
Bien
se ha dicho al respecto, que estas cuestiones deben relacionarse esencialmente “(…)
con la oferta, basada en y la aceptación, fundada en la confianza” (Cfr.
Puga, Mónica, Ob. Cit., pág. 189).
En
tal norte, pretendo significar que desde que operó la reforma constitucional de
1994, y dado el fenómeno del “consumo”, la autonomía de la voluntad se
encuentra aquí “(…) intervenida por el Estado” (Cfr. Mosset Iturraspe, Jorge
“Introducción al Derecho del Consumidor” en “Revista del Derecho Privado y
Comunitario”, Edit. Rubinzal-Culzoni, N° 5, pág. 7 y ss.).
Particularmente,
cabe enfatizar que el contrato de transporte aéreo debe ser considerado como
uno de consumo, bajo la protección del Art. 42 CN., Ley 24.240 y sus
modificatorias y Normativa habida en el Libro III del CCCN, Art. 1289.
Queda
claro entonces que, como ha dicho la jurisprudencia, en este tipo de
contrataciones, en las que particularmente prevalece la regla de la “buena fe” “(…)
el empresario de transporte asume una obligación de resultado, que en el
transporte se trata de la prestación, para el pasajero, de ser puesto
puntualmente, e incólume en el lugar de destino, ello contra su
obligación de pagar el precio del viaje” (Cfr. CNCiv., Sala “H”,
13/04/2000, “Zapata, Jorge E. c/Ferrocarriles Metropolitanos SA.” “LL”
2000-D-898, el resaltado me pertenece).
VII)
Habiendo dicho lo que antecede, por
razones de orden expositivo y temático me adentraré en el análisis de los
cuestionamientos efectuados por ambas partes sobre la procedencia y
cuantificación del Daño Punitivo. Respecto de ello, debo resaltar que, de la
prueba producida en la causa se vislumbra con claridad el despliegue de una
serie de conductas desaprensivas por parte de la compañía aérea. Ello en tanto,
con posterioridad a la cancelación del vuelo efectuada a causa de la pandemia
de COVID y ante la petición de la actora de devolución del valor de los aéreos,
se mostró excesivamente laxa en responder sus reclamos, reprogramando plazos u optando
por el silencio durante más de un año (ver acápite III del escrito de demanda).
En
efecto, la indiferencia, omisión y falta de respuestas eficientes y resolutivas
de Aerolíneas Argentinas SA se puede considerar como un factor subjetivo
agravado que provocó en los actores una afección a sus derechos como
consumidores, al no obtener ninguna solución satisfactoria por lo que, es razonable
aplicar al presente caso la herramienta prevista en la ley 24.240 de indemnización
punitiva, en tanto, se ven consumados todos los recaudos para que la misma
proceda.
Llegados
a este punto debo aclarar que de la lectura del considerando IV de la sentencia
atacada surge con claridad que el A quo fundamenta adecuadamente la imposición
de la multa civil con base en hechos no controvertidos en la causa. Sobre el
particular, obsérvese que relata que “(…) la desaprensión demostrada por la
compañía aérea para evitar el daño […] queda expuesto con la infinidad de
mensajes de Whatsapp enviados por la Sra. Taliercio Di Iorio, primero para
cambiar la fecha de su vuelo, y luego para obtener el reembolso ya referido.
Esto último fue solicitado al menos desde el mes de junio de 2021 hasta el mes
de diciembre de ése año, sin respuesta favorable alguna, sometiendo a la
pasajera a intercambiar mensajes de texto con una máquina, que brinda
respuestas automáticas, y ninguna solución al caso concreto…” (Según
considerando IV de la sentencia apelada).
No
paso por alto que a continuación el A quo desliza un error involuntario al
referirse a la perdida de equipaje, sin embargo, nótese que la imposición de la
presente penalidad -surge de la lectura atenta y comprensiva del considerando
IV- se encuentra correctamente fundamentada en certeros hechos denunciados en
el escrito de demanda y no controvertidos por la contraparte.
Téngase
en cuenta que “(…) La verdadera finalidad del daño punitivo, apunta a dos
objetivos esenciales: por un lado, prevenir el acaecimiento de hechos
similares, favoreciendo la prevención de futuras lesiones y, por otro, punir
graves inconductas…” (Cámara 8va de apelaciones en lo civil y comercial de Cordoba
en “Arellano Rosario del Carmen c/ Banco Macro SA s/ abreviado - daños y perjuicios
- otras formas de responsabilidad extracontractual” del 13/2/2023).
Por
tales razones, considero que habré de rechazar los agravios de parte actora y
demandada por cuanto objetaron respectivamente el quantum y la procedencia
de este rubro (Daño Punitivo), confirmando la suma impuesta por el A quo
de $5.000.000 de pesos por considerarla suficiente a sus fines preventivos y
disuasorios.
VIII)
Ahora bien, respecto de los
cuestionamientos sobre la procedencia y monto del rubro Daño Moral, debo
comenzar mi análisis resaltando que no fue controvertida la circunstancia de
que la parte actora no solo perdió un viaje vacacional que tenía programado,
sino que también atravesó un trato desdeñoso y despectivo por parte de la
empresa quien desatendió los insistentes reclamos que -por el término de
aproximadamente un año- la Sra. Taliercio tuvo que formalizar para el reembolso
de lo abonado, todos ellos sin éxito.
Todas
estas circunstancias se configuran, en efecto, como aptas para ocasionarle
agravio moral, que debe ser en este caso reparado, habiéndose sostenido por
parte de la jurisprudencia que esta modalidad de daño “(…) no requiere
prueba específica, porque el daño es consecuencia directa del incumplimiento
contractual de la demandada” (Cfr. CNCiv. y Com., Sala I, 11/09/2007, «Saslavchik, Francisco Daniel c. American Airlines Inc. s.
daños y perjuicios» [publicado
en DIPr Argentina el 30/11/07] Consid. N º 9, Exp. N º
9.570/05 El Dial).
En
lo que hace al monto a determinar por este rubro indemnizatorio, sabido es que
en materia contractual, el establecimiento de una indemnización por agravio
moral posee carácter restrictivo, debiendo por ello los jueces que lo
determinen ponderar su procedencia en atención al hecho generador, y a las
particulares circunstancias del caso (Cfr. Borda, Guillermo “Tratado de Derecho
Civil/Obligaciones, Tª1, Edit. Perrot, 1976, pág. 194/96), siendo aquí necesaria
solamente la constatación de molestias o padecimientos que hieren las
afecciones legítimas de la víctima, es decir, que excedan –como lo hicieron en
el caso de Autos– la mera contrariedad, debido a las frustraciones por la ruptura
de la relación convenida y esperada.
Adviértase
que en el caso de Autos, la descripción de los hechos, revela que la actora fue
colocada –ello debido al accionar cuanto menos negligente o indiferente de la
aerolínea demandada– en una situación de evidente desasosiego y angustia, que
claramente resulta indemnizable por este rubro (Cfr. CNCiv. y Com. Sala I,
Causa Nº 4623/02, del 26/02/04 [«Rotelo,
Hugo Alberto c. Iberia Líneas Aéreas de España»
publicado en DIPr Argentina el 29/08/07]; íd. Causa Nº 5667/93, del 10/04/97 [«Blanco
Margarita Susana c/ Viasa Venezuelan International Airways y otro s/
incumplimiento de contrato» publicado en DIPr Argentina el 02/06/10]; íd. Sala III,
Causa Nº 14.667/94, del 17/07/97 [«Kesler,
Saul c. Viasa Venezuelan International Airways»
publicado en DIPr Argentina el 16/02/24], entre muchas otras).
También,
debo destacar que la jurisprudencia ha dicho certeramente que “(…) la
finalidad del resarcimiento del daño moral es, en el sub lite, proporcionar al
pasajero el goce compensatorio de otros bienes con aptitud para confortar el
espíritu mortificado, pero sin incurrir en un enriquecimiento injustificado del
acreedor” (Cfr. CNCiv. y Com., Sala I, 11/09/2007, «Saslavchik, Francisco Daniel c. American Airlines Inc. s.
daños y perjuicios» [publicado
en DIPr Argentina el 30/11/07] Consid. N º 9, Exp. N º
9.570/05, El Dial).
Cabe
aclarar en este punto, que todas estas circunstancias fueron acreditadas por
prueba que no fue controvertida en la instancia anterior por la demandada, por
lo que se tienen como ciertos y reconocidos (art. 356 CPCCN).
Clarificado
lo expuesto, respecto del cuestionamiento que efectúa la actora sobre la
cuantificación del Daño Moral determinada por el A quo, concuerdo con su
acertada y fundada postura en la instancia anterior, entendiendo entonces que,
de acuerdo a las circunstancias relatadas en autos, la suma de $3.000.000 de
pesos no debe ser modificada, ya que ella no luce como nimia, ni exorbitante.
IX)
Continuando con el cuarto agravio de la
parte demandada, donde se queja de que el A quo no aplicó los límites o
topes indemnizatorios establecidos por el Convenio
de Montreal, diré que la cuestión,
en esencia, se encuentra analizada en el considerando VI del presente voto en
el cual se abordó y trató la cuestión del plexo normativo a utilizarse en el
enmarque del presente caso.
Como
“ut supra” expuse, el contrato de transporte aéreo debe ser considerado como
uno de consumo, bajo la protección del Art. 42 CN, Ley 24.240 y sus
modificatorias y Normativa habida en el Libro III del CCCN, Art. 1289.
Complementariamente
a lo expuesto, debe tenerse en cuenta que la Ley 26.361, en su Art. 32,
derogaba al Art. 63 de la Ley 24.240.
Sin
olvidar que esta derogación ha sido luego vetada por el PEN al dictar el
correspondiente Decreto Reglamentario, lo cierto es que, dada la existencia de
esta particular modalidad de orden público, impuesta por el propio marco constitucional,
la supletoriedad remanente en la aplicabilidad de la Ley de Defensa del
Consumidor debe ceder en caso de que la norma aplicable (ya sea del Derecho
Aeronáutico o del Derecho Internacional) genere condiciones abusivas o
irrazonables, como acaece en la determinación de topes indemnizatorios cuya
aplicación aquí se pregona y que se tornan inaplicables, por imperio de la así
denominada “Fuerza normativa de la Constitución”.
Bien
ha sostenido en este sentido Germán Bidart Campos que “(…) hay que hacer
intersección entre las desigualdades y el equilibrio. Desigualdades, porque
nadie duda que los consumidores y usuarios –por más libertad de mercado que se
pregone– son vulnerables frente a quienes les proveen los bienes y servicios
básicos para una vida decorosa y digna, y que tal vulnerabilidad frente a
eventuales abusos, engaños, prácticas desleales, etc., reclama el equilibrio
que el Estado democrático está obligado a dispensar” (Cfr., del autor
citado “Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino”, T ° VI, Ed.
EDIAR, 1995, pág.306, el resaltado me pertenece).
En
este sentido, respecto de la limitación de responsabilidad propiciada por el
recurrente, indicando la vigencia de ciertos instrumentos internacionales que
regulan la cuestión, y sin que esto implique controvertir la autonomía del derecho
aeronáutico, lo cierto es que como antes lo señalé, las relaciones de consumo y
la defensa del consumidor han sido ya constitucionalmente reguladas entre
nosotros, y se encuentran hoy fortalecidas a partir del acompañamiento brindado
por los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos, a los que el Art. 75
Inc. 22, 2° parte de nuestro Texto Fundamental, les concede jerarquía
constitucional.
Con
ello pretendo significar que la regulación constitucional de la materia del
consumo, y los derechos de usuarios y consumidores, han afectado en forma
transversal a todo el sistema jurídico argentino, y la normativa invocada por
la recurrente, si bien posee en ciertos casos nivel jerárquico supra-legal, no
detenta jerarquía constitucional en el sistema como claramente lo posee la regulación
de los derechos de usuarios y consumidores (Art. 75 Inc. 22, 1° parte CN. Art.
42 y CC. CN).
Claramente,
se trata ésta, de una de las áreas donde la constitucionalización del derecho
privado más se ha hecho sentir, y en donde la nueva codificación Civil y
Comercial más ha abrevado en las fuentes constitucionales a fin de adecuar la
aplicación del derecho a los estándares constitucionales.
Particularmente,
y en referencia a los aducidos topes a la cobertura integral pretendida en
Autos, he señalado párrafos más arriba que ellos se tornan irrazonables cuando
afectan el derecho a la reparación integral de cada persona, vulnerándose de
este modo los estándares de daño reparable (Juárez Ferrer, Martín, “El Derecho
constitucional a la reparación integral", 1º Edición, pág. 320, Ed.
Hammurabi, Bs. As., 2015).
Máxime
si el incumplimiento de la accionada a los términos del contrato de transporte
habido, ha sido debidamente acreditado y constatado en la causa.
Por
todo lo expuesto, el agravio esgrimido por la parte demandada no habrá de
prosperar.
Finalizando
entonces, por lo aquí acreditado resulta coherente la condena a la demandada
para la reparación de daños y perjuicios causados a la demandante, debiendo
proponer el íntegro rechazo de las apelaciones promovidas por ambas partes;
propiciando, por ende, la confirmación de la sentencia recurrida.
X)
En lo que respecta a la imposición de costas
en esta Alzada, teniendo en consideración el vencimiento parcial y mutuo
habido, propongo imponerlas en el orden causado (Cfr. CNCiv. Sala “K”,
08/03/1993, “S., R., F., c/ S., E., M., A.”).
Por
lo antes referido, es que propongo al Acuerdo: 1) RECHAZAR AMBAS APELACIONES
y por ende, la 2) CONFIRMAR sentencia en todo y en cuanto fuera
motivo de apelación y agravios, 3) COSTAS DE ALZADA EN EL ORDEN CAUSADO (art.
71 CPCCN).
Tal,
el sentido de mi voto.
El
Dr. Bibel dijo:
Adhiero
a la solución del caso que propone el Dr. Eduardo Jiménez, por compartir los
fundamentos expresados en su voto.
Mar
del Plata, 19 de junio de 2026.
VISTOS:
Estos
autos caratulados: “TALIERCIO DI IORIO, FIORELLA LUCIA c/ AEROLINEAS
ARGENTINAS S.A s/DAÑOS Y PERJUICIOS”, Expediente FMP 14099/2022,
provenientes del Juzgado Federal N° 2, Secretaría N° 1 de esta ciudad y lo que
surge del Acuerdo que antecede;
SE
RESUELVE:
1)
RECHAZAR AMBAS APELACIONES.
2)
CONFIRMAR la sentencia en todo y en cuanto fuera motivo de apelación y
agravios.
3)
COSTAS DE ALZADA EN EL ORDEN CAUSADO (art. 71 CPCCN).
REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE. DEVUÉLVASE.- E. Jiménez. B. Bibel.