CNCiv. y Com. Fed., sala III, 03/11/26, Rosas Aragona, María Bélen c. Lan Perú SA s. incumplimiento de contrato
Transporte
aéreo internacional. Transporte de personas. Costa Rica – Argentina.
Cancelación del vuelo. Huelga. Fuerza mayor. Responsabilidad. Daño moral.
Procedencia. Convenio de Montreal de 1999. Limitación de responsabilidad.
Resumen
DIPr Argentina: La Cámara confirmó la condena a LAN
Perú por la cancelación de un vuelo internacional debido a un paro sindical.
Consideró que la aerolínea no acreditó la imprevisibilidad e inevitabilidad del
hecho y que conocía anticipadamente la medida, sin demostrar haber adoptado
acciones para evitar o mitigar sus consecuencias. Mantuvo las indemnizaciones
por gastos de alojamiento y alimentación y por daño moral, este último derivado
de los cinco días de demora y las gestiones que debió realizar la pasajera.
Aplicó el Convenio de Montreal de 1999 y la normativa aeronáutica y
complementaria.
Publicado
por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 10/11/26.
Causa
n° 11178/2019.
En
Buenos Aires, a los 3 días del mes de noviembre del año dos mil veintiséis,
hallándose reunidos en acuerdo los Señores Vocales de la Sala III de la Exma.
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal a fin de
pronunciarse en los autos "Rosas Aragona, María Bélen c/ Lan Perú S.A.
s/ incumplimiento de contrato" y de acuerdo con el orden de sorteo, la
doctora Florencia Nallar dijo:
I.-
El señor juez de primera instancia admitió
la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por Tije SA y rechazó la
citación de terceros entablada en su contra, con costas a cargo de LAN Perú SA
(en adelante LAN), e hizo lugar parcialmente a la demanda deducida por la
actora contra esta última. En consecuencia, condenó a LAN a pagar a María Belén
Rosas Aragona la suma de $400.000 y USD 366,45 –en concepto de daño moral y
gastos de alimentación y alojamiento, respectivamente-, siempre que no exceda
el límite previsto en el art. 22 del Convenio
de Montreal de 1999, con más sus intereses
en la forma indicada en el Considerando VI, y las costas del juicio, dentro del
plazo de diez días contado desde que el pronunciamiento quede firme. (conf.
resolución del 13/5/2026).
Para
así decidir, el Sr. Juez tuvo en consideración que la cancelación del vuelo
contratado por la actora se encontraba reconocida por la aerolínea demandada,
quien atribuyó dicho suceso a un conflicto gremial que, a su entender,
configuraba un supuesto de fuerza mayor apto para eximirla de responsabilidad.
Sin embargo, juzgó que no se había acreditado el carácter imprevisible de la medida
ni que la transportista hubiera adoptado las medidas razonablemente necesarias
para evitar o mitigar sus consecuencias, en particular, reubicar a la pasajera
en alguno de los vuelos disponibles desde Lima hacia Buenos Aires y brindarle
la debida asistencia. En ese contexto, concluyó que no se había demostrado la
configuración de una causal eximente de responsabilidad y que correspondía atribuir
a la aerolínea las consecuencias dañosas derivadas del incumplimiento
contractual.
En
cuanto a los perjuicios reclamados, reconoció la procedencia de los gastos de
alojamiento y alimentación afrontados durante su permanencia forzada en Costa
Rica, por encontrarse acreditados documentalmente, y admitió el daño moral, al
considerar que la cancelación del vuelo, la demora en el regreso, la necesidad de
solicitar días adicionales de vacaciones y la falta de información y asistencia
colocaron a la actora en una situación de incertidumbre, mortificación e
incomodidad susceptible de reparación. En consecuencia, fijó por este último
concepto la suma de $400.000 y reconoció USD 366,45 en concepto de gastos, con
más los intereses correspondientes desde la fecha de la cancelación del vuelo y
hasta el efectivo pago.
Asimismo,
dispuso que el capital de condena quedara sujeto al límite de responsabilidad
previsto en el art. 22 del Convenio de Montreal de 1999, por no haberse alegado
ni demostrado una causal que justificara su exclusión. Finalmente, admitió la
excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por Tije S.A., rechazó su
citación como tercero, con costas a cargo de LAN, e impuso a esta última las costas
del proceso principal, difiriendo la regulación de honorarios hasta contar con
la liquidación definitiva de la deuda.
II.-
Contra dicho pronunciamiento se alzaron
ambas partes, la demandada el 18/5/2025 -fundado el 2/7/2026- y la actora el 20/5/2026
-fundado el 22/6/2025-, concedidos el 20/5/2025 y el 26/5/2026, los que
merecieron respuesta de su contraria.
En
primer lugar, la demandada cuestiona que el juez de grado haya desestimado la
eximente de responsabilidad fundada en el paro gremial general del 29/4/2019,
que -según sostiene- paralizó la actividad aeronáutica y los servicios
aeroportuarios esenciales, tornando inevitable la cancelación del vuelo. Afirma
que se trató de un acontecimiento ajeno a su voluntad y control, cuya
existencia e incidencia habrían sido reconocidas por la propia actora. Invoca
los arts. 1730 del Código Civil y Comercial, 142 del Código Aeronáutico y 19
del Convenio de Montreal de 1999, así como el art. 11 de la Resolución 1532/98,
y sostiene que la previsibilidad de la medida de fuerza no excluye su
inevitabilidad.
En
ese sentido, alega que brindó asistencia a la pasajera y le ofreció
alternativas de reprogramación, conforme surgiría del historial de reserva y de
la pericia informática, habiendo aquella aceptado ser reubicada para el
4/5/2019. En ese sentido, invoca el consentimiento prestado por la actora y la
normativa aeronáutica relativa a las compensaciones y soluciones ofrecidas al
pasajero, para concluir que no existió una conducta antijurídica que justifique
la atribución de responsabilidad.
Asimismo,
se agravia la recurrente de la condena impuesta en concepto de daño material y
cuestiona el cómputo de la demora efectuado en la sentencia. Sostiene que el
arribo de la actora a Buenos Aires estaba previsto para el 29/4/2019 y se
concretó el 4/5/2019, por lo que el retraso habría sido de cinco días y no de
siete, como consideró el magistrado.
A
su vez, se queja de la procedencia de la indemnización reconocida por daño moral,
en tanto entiende que, en el ámbito de la responsabilidad contractual, su
reparación requiere la acreditación de padecimientos que excedan las molestias
propias del incumplimiento obligacional. En ese orden, recuerda que la
cancelación obedeció a un paro general ajeno a su voluntad y que, lejos de
actuar con desidia, adoptó medidas para reubicar a la pasajera.
Por
último, señala que la actora estimó el daño moral en la suma de $79.000,
mientras que el magistrado otorgó $400.000, lo que -según sostiene- vulnera el
principio de congruencia consagrado en el art. 163, inc. 6, del CPCCN y las
garantías de defensa en juicio y propiedad. Al respecto argumenta que la
fórmula “o lo que en más o en menos resulte de las probanzas” no habilita a
conceder una suma que quintuplica la reclamada sin respaldo probatorio que
justifique tal incremento.
Por
su parte, la accionante considera insuficiente el monto de USD 366,45
reconocido en concepto de daño material, en atención a la cantidad de días de
demora en regresar al país y a los gastos que debió afrontar por la estadía en
el exterior, como así también, la suma por la que prosperó el daño moral.
III.-
Ello sentado, debo advertir que para
definir bien y legalmente la controversia de autos no habré de seguir a las partes
en todos y cada uno de sus planteamientos, ni he de ceñir mis razones a considerar
lo que ha sido articulado en aspectos jurídicos –ciertamente con el límite de
no alterar los extremos de hecho-.
Analizaré
los extremos y pruebas que conceptúo necesarios para la debida resolución del
litigio; esto así, pues sabido es que los jueces no están obligados a tratar
todos y cada uno de los argumentos expuestos por las partes en sus agravios,
sino sólo aquéllos que estimen conducentes para la correcta solución del
litigio (conf. CSJN, Fallos: 310:267; 324:3421, entre muchos otros). Dichas
precisiones son necesarias atendiendo al enfoque sostenido por cada una de las partes,
como así también a las conclusiones que ellas extraen de los distintos temas y
elementos que conforman este pleito.
En
cuanto a que examinaré sólo lo “conducente” para la justa composición del
diferendo, me atengo a la jurisprudencia de la Corte Suprema Nacional, que ha
admitido como razonable esa metodología de fundamentación de las sentencias
judiciales (confr. CSJN Fallos: 265:301; 278:271; 287:230; 294:466, entre
muchos otros). Y con referencia a los argumentos en que sustentaré mi voto -sin
considerarme constreñida por las exposiciones jurídicas de las partes-, sólo
tengo que recordar que es deber de los jueces decidir de modo expreso y preciso
las pretensiones deducidas en el juicio “calificadas según correspondiere por
ley” (art. 163, inc. 6°, del Código Procesal).
IV.-
Se encuentra fuera de discusión que la actora adquirió –el 31/10/2018- un viaje
de ida y vuelta con la demandada cuyo destino final era San José de Costa Rica,
y que su vuelo para retornar al país desde Lima-Perú, previsto para el día
28/4/2019 (con llegada el 29/4/2019) fue cancelado en virtud del paro general
sindical acaecido el 29/4/2019. También se encuentra acreditado que la Sra.
María Belén Rosas Aragona, en atención a la cancelación del vuelo originalmente
pactado, pudo regresar al país el 4/5/2019, es decir 5 días después del
itinerario convenido, y que durante ese lapso tuvo que permanecer en el
exterior (ver escrito de inicio de fs. 19/31 y documental adjunta y
contestación de demanda incorporada en el sistema informático LEX 100 el día
4/10/2022).
V.-
Ahora bien, con relación al marco
jurídico, corresponde señalar que tal como se ha resuelto con anterioridad, por
la fecha en la que se suscitó el conflicto resultan aplicables el Convenio
para la Unificación de Ciertas Reglas para el Transporte Aéreo Internacional de
Montreal 1999 –aprobado por ley
26.451–, las normas del Código Aeronáutico, la Resolución n° 1532/98 del
Ministerio de Economía, el Código Civil y Comercial de la Nación, en lo
pertinente, y supletoriamente, la ley 24.240 (art. 63 de este último cuerpo
legal).
Las
prestaciones más características del contrato tuvieron su lugar de cumplimiento
en el país, lo que habilita a examinar la problemática a la luz de las
señaladas disposiciones (art. 2655 del Código Civil y Comercial de la Nación)
(esta Sala, causas 4637/18 del 13/10/21 [«Robles, Lía Silvana c.
United Airlines Inc.» publicado en DIPr Argentina el 10/10/24] y
4168/18 del 18/6/21 [«Lago, Martín Ignacio c. United Airlines Inc.» publicado en DIPr
Argentina el 15/02/24]).
VI.-
Así las cosas, con relación al agravio de
la accionada tendiente a que se la exonere de responsabilidad por la causal de
caso fortuito que invoca, debe ser declarado desierto, toda vez que la recurrente
insiste con la línea argumental en la cual fundó la defensa en la instancia de
grado sin hacerse cargo de las consideraciones expuestas por el señor juez de
primera instancia para rechazar la defensa en cuestión.
En
efecto, nada dice respecto de que la aerolínea no produjo prueba -como
resultaba de su propio interés (art. 377 Código Procesal)- que avale no la
realización de un paro general -puesto que ello fue reconocido por la propia
actora- sino que medió la imprevisibilidad e inevitabilidad requeridas en el
art. 1730 del Código Civil y Comercial para tener por configurado el "casus",
uno de los ejes alrededor del cual el juez de la anterior instancia desestimó
el planteo (ver considerando IV del pronunciamiento apelado). Ello conduce, sin
más, al rechazo del agravio que se examina (arts. 265 y 266 del Código
Procesal).
Aun
cuando se soslayara la falencia procesal apuntada, tampoco asiste razón a la
demandada en su planteo. En el contrato de transporte aéreo existe un interés
especial en la regularidad de los servicios, por lo que la demora en el
cumplimiento de la traslación altera uno de los elementos determinantes del
acuerdo de voluntades, principio recogido en el art. 19 del Convenio de
Montreal y en el art. 141 del Código Aeronáutico. En este orden de ideas,
apelando a una u otra normativa, recuerdo que ambas responsabilizan al transportador
por los daños resultantes del retraso en el transporte de pasajeros y sólo se
puede eximir si prueba que él o sus dependientes han tomado todas las medidas
necesarias para evitar el daño o que les fue imposible tomarlas. Para que se
configure el "casus" (art. 1730 del Código Civil y Comercial),
el acontecimiento debe ser imprevisible, inevitable, ajeno al deudor y
representar un obstáculo absoluto para el cumplimiento de la prestación. Sobre
este punto, tal como lo aseveró el señor juez, ninguna de las pruebas que
constan en la causa abona la posición del accionado, sino más bien, lo
contrario.
En
efecto, si bien LAN aduce que la existencia de otros vuelos –previos al
4/5/2019-, que surgen de los informes de Aeropuertos Argentina 2000 y ANAC no
implicaba que existiera disponibilidad de plazas para que la accionante sea
reubicada de forma inmediata, lo cierto es que no produjo -ni ofreció- prueba
alguna a los fines de acreditar tal extremo, siendo aquella quien en mejor
condición se encontraba de hacerlo.
En
este sentido, me permito recordar lo manifestado por el Dr. Antelo, en la causa
“Bunodiere” (esta Sala, causa 96/06 del 30/3/10) en cuanto resaltó que si se
tiene en cuenta la organización formal de los trabajadores en sindicatos y asociaciones,
la intervención obligada del Estado en los conflictos laborales en general, la
comunicación existente entre las partes que los protagonizan, es verdaderamente
difícil de creer que una medida de fuerza sindical de alcance nacional pueda
ser imprevisible e inevitable, concepto que no sólo abarca la imposibilidad de
remover el obstáculo sino a la de informarle al público sobre el inconveniente
con la debida anticipación y, en todo caso, reajustar sus vuelos atenuando las
derivaciones negativas.
Prueba
de ello lo constituye las propias manifestaciones de la emplazada en ocasión de
contestar la demanda, en cuanto manifestó haber notificado a Tije Travel la
cancelación del vuelo contratado para el 29/4/2019 -que llegaba a Buenos Aires
procedente de Lima- en noviembre de 2018, como así también el 12/3/2019 (ver contestación
de demanda punto 3.1.2). Con base en ello, se puede constatar que, desde hacía
tiempo, LAN tenía conocimiento que tendría lugar un paro nacional,
circunstancia que pone de manifiesto que pudo haber evitado que se causara el
daño, teniendo en cuenta que el hecho -a esa altura- había dejado de ser
imprevisible o repentino, lo que debió traducirse en la adopción de medidas tendientes
a brindar una solución razonable y expedita al problema a fin de atenuar las
derivaciones negativas del paro general para los pasajeros. Concluyo, entonces,
que siendo que la demandada no logró acreditar haber adoptado una conducta
previsora y diligente, pese a saber con seis meses de anticipación que el vuelo
de la Sra. Rosas Aragona no podría realizarse en la fecha pactada, por lo que corresponde
confirmar lo decidido por el magistrado de la anterior instancia en al
respecto.
VII.-
Ello sentado, en lo que respecta a la
cuantía reconocida en concepto de daño patrimonial, estimo que los argumentos desplegados
por ambas partes para cuestionar este aspecto de la decisión no resultan
atendibles, toda vez que se centran en la cantidad de días que la actora
permaneció en el exterior a la espera de emprender el regreso a nuestro país.
En
efecto, más allá del error de cálculo en que incurrió el a quo al
señalar que la accionante pudo “regresar al país 7 días después de lo
previsto”, cuando en realidad la demora fue de solo cinco días, lo cierto
es que, para determinar el monto reconocido, aquel únicamente tuvo en
consideración los comprobantes que la parte actora acompañó para acreditar los
gastos de alojamiento y alimentación afrontados durante ese período. Dicha
suma, por lo demás, se corresponde con el importe reclamado por aquella en su
escrito inaugural (v. fs. 27, ítem “Gastos no justificados”).
En
tales condiciones, la discrepancia relativa a la cantidad de días de demora
carece de incidencia sobre la cuantificación del rubro, desde que el importe
reconocido no fue determinado en función de la extensión de aquella, sino
exclusivamente sobre la base de los gastos cuya efectiva erogación encontró
respaldo en la prueba documental incorporada a la causa. Por consiguiente, el
error señalado, aun cuando debe ser admitido, resulta inocuo a los fines de
modificar la condena por este concepto.
VIII.-
Se quejan ambas partes de lo resuelto en
la instancia de grado en punto al daño moral alegado por la damnificada.
En
primer lugar, en necesario poner de resalto que la naturaleza del daño moral es
por esencia resarcitoria (confr. Sala II, causas 4.412 del 1/04/77; 14.350/02
del 26/04/18, entre otras) y tiene por objeto enjugar esa afección espiritual
mediante el único sucedáneo con que puede hacerlo la sentencia de un proceso patrimonial:
una suma de dinero que procura compensar los sentimientos padecidos. A ello
cabe agregar que el art. 1741 del Código Civil y Comercial de la Nación dispone
en su tercer y último párrafo: “El monto de la indemnización debe fijarse
ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar
las sumas reconocidas”. La norma se refiere a la indemnización de las
consecuencias no patrimoniales y reconoce expresamente la función resarcitoria
de la indemnización del daño extrapatrimonial, despejando de esta manera toda
duda en cuanto a que este tipo de reparación no reviste carácter sancionatorio,
cuestión que en otros tiempos ha sido materia de un intenso debate en el seno
del pensamiento jurídico nacional.
En
ese orden, debo destacar que en el presente caso nos encontramos frente a un
supuesto de responsabilidad contractual, por lo cual la procedencia del rubro
bajo análisis ha de ser apreciada con rigurosa mesura, debiendo analizarse
detenidamente la índole del hecho generador de la responsabilidad y las demás
circunstancias concurrentes que ofrece la causa. En este orden de ideas,
deviene necesaria la constatación de molestias o padecimientos que hieren las afecciones
legítimas de la víctima y que exceden de las propias de un mero incumplimiento
obligacional. Ello es así, dado que –de ordinario- lo que resulta afectado en
el ámbito contractual no es más que el interés patrimonial. Con relación a esto
último, debe recordarse que la reparación del agravio moral tiene carácter restrictivo,
sin que pueda sustentarse en cualquier molestia causada por la insatisfacción
de obligaciones contractuales.
Pues
bien, el examen de la causa permite tener por probado que, como consecuencia
del accionar de LAN, la reclamante sufrió un menoscabo en sus intereses de
índole extrapatrimonial, habiendo sido expuesta a incomodidades que exceden de
las propias de un mero incumplimiento contractual. En este sentido, a partir de
la evidencia producida en la causa, se advierte que la actora tuvo que permanecer
en el exterior por el término de 5 días a la espera de poder abordar el vuelo
de regreso a la República Argentina, a la vez que debió realizar diversas
gestiones y reclamos para poder contar con el servicio contratado.
Ello
dicho, coincido con el criterio adoptado por el señor juez de grado, en tanto
indicó que el daño analizado no requería prueba directa, pues surgía del hecho
mismo origen del litigio y de las circunstancias fácticas que rodearon el
incumplimiento contractual por parte de la transportista.
Al
respecto, es válido resaltar que el cambio acaecido en el itinerario
inicialmente pactado, conforme al curso natural y ordinario de las cosas,
genera cierta mortificación o disgusto que debe ser resarcido como daño moral.
Tengo en cuenta para ello la desazón que debe haber significado dicho retraso y
los inconvenientes que la actora debió enfrentar. Sobre este punto, entiendo
que resulta indiferente a los fines de modificar el temperamento de lo decidido
en la anterior instancia, el hecho de que la demora en emprender el viaje de
vuelta se haya extendido por el lapso de cinco días, y no de siete días como
apuntó el magistrado.
Llegado
el momento de revisar la cifra otorgada en la anterior instancia por el
concepto bajo análisis, es necesario comenzar señalando que este rubro es de
difícil cuantificación, dado que las perturbaciones anímicas quedan en el fuero
íntimo del damnificado.
Aunque
la magnitud del hecho y la índole de las lesiones constituyen elementos
objetivos que permiten determinar una cantidad indemnizatoria, de todos modos
enfrenta al juzgador con la disyuntiva de evaluar cuánto sufrieron las
víctimas. En otras palabras, si bien es difícil trasladar al dinero el daño
extrapatrimonial (conf. J. MOSSET ITURRASPE, “Diez reglas sobre cuantificación
del daño moral”, L.L. 1994-A, 729), cuando su valuación no está sujeta a cánones
estrictos, es a los jueces de la causa a los que les corresponde establecer un
indemnizatorio prudentemente, quantum según las peculiaridades del caso
y del daño real sufrido por el damnificado.
Es
por ello, que no debe prosperar la tacha de vicio de extra petita y la
alegada vulneración del principio de congruencia. Al respecto, se observa que
la actora en ocasión de determinar el monto reclamado bajo el rubro que aquí se
discute incluyó en su escrito la cláusula "y/o lo que en más o en menos
establezca VS de acuerdo a los parámetros de los arts. 163 y 165 del
CPCCN", lo cual faculta al juzgador a determinar el resarcimiento
sobre la base de los elementos de convicción incorporados al proceso (ver fs.
33). La fijación de sumas superiores a las estimadas inicialmente, sometidas a
las constancias de la causa y su análisis bajo la órbita de la sana critica, no
configura una transgresión de las facultades jurisdiccionales.
Aclarado
ello, insisto con que no hay modo real para traducir en dinero una lesión
espiritual. Entonces, ponderando los extremos apuntados, en razón de las
facultades que me confiere el art. 165 del Código Procesal y las circunstancias
de la causa, no me parece que el iudex haya sido parco al momento de
cuantificar el daño en la suma de $ 400.000.
Por
lo tanto, propondré al Acuerdo confirmar la sentencia también en este aspecto,
toda vez que los argumentos vertidos tanto por la accionante, como por la
demandada, tendientes a modificar la suma establecida en este rubro solo
reflejan una mera discrepancia a la forma en que se pronunció el señor juez de
grado, sin aportar ningún elemento con la entidad suficiente para que se
modifique lo resuelto en la anterior instancia.
Así
voto.
Los
doctores Juan Perozziello Vizier y Fernando A. Uriarte por
análogos fundamentos, adhieren al voto precedente.
Buenos
Aires, 3 de noviembre de 2026.
VISTO:
lo deliberado y las conclusiones a las que
se arriba en el Acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE: confirmar la sentencia
apelada. Las costas de Alzada se distribuyen en el orden causado en atención al
resultado de los recursos (art. 68, segundo párrafo del Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación).
Una
vez que se cuente con liquidación aprobada se procederá a regular los
honorarios correspondientes.
Regístrese,
notifíquese, publíquese y devuélvase.- F. Nallar. F. A. Uriarte. J. Perozziello
Vizier.


