Air Help Germany GMBH c. Jetsmart Airlines

Juz. Civ. y Com. Fed. 2, 17/07/25, Air Help Germany GMBH c. Jetsmart Airlines SA s. daños y perjuicios

Arraigo. Actor con domicilio en Alemania. Código Civil y Comercial: 2610. Convención sobre Procedimiento Civil La Haya 1954. Protocolo de Las Leñas.

Resumen DIPr Argentina: El Juzgado Nacional en lo Civil y Comercial Federal, rechazó la excepción de arraigo opuesta contra una sociedad extranjera. Consideró aplicable el art. 2610 CCyCN, que garantiza a las personas jurídicas constituidas, autorizadas o registradas en el extranjero el libre acceso a la jurisdicción argentina en igualdad de condiciones con los residentes locales y prohíbe imponer cauciones o depósitos por esa condición. Señaló que la norma suprimió en el DIPr autónomo la exigencia de arraigo, en consonancia con los principios de igualdad y acceso a la jurisdicción. 

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 21/09/26.

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B. G., L. G. c. C. D., E. S. s. cuidado personal de los hijos

CNCiv., sala J, 07/07/26, B. G., L. G. c. C. D., E. S. s. cuidado personal de los hijos

Jurisdicción internacional. Responsabilidad parental. Delegación del ejercicio. Residencia habitual de la menor en Italia. Código Civil y Comercial: 2597, 2608, 2639. Convenio sobre Protección de Niños La Haya 1996. Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores La Haya 1980. Incompetencia de los tribunales argentinos.

Resumen DIPr Argentina: La sala J de la Cámara Nacional Civil confirmó la incompetencia de la justicia argentina para entender en una acción de cuidado personal, al considerar que la residencia habitual y el centro de vida de la niña se encontraban en Italia. Destacó que el traslado al extranjero había sido autorizado por el progenitor mediante instrumento de delegación de responsabilidad parental. Asimismo, señaló que, ante la ausencia de una regla específica de jurisdicción en el art. 2639 CCyCN, resulta aplicable el criterio del Convenio de La Haya de 1996, que atribuye competencia a las autoridades del Estado de residencia habitual del niño.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 08/09/26.

2ª instancia.- Buenos Aires, 7 de julio de 2026.-

Por recibido el expediente caratulado “C. D., E. S. c/ B. G., L. G. s/medidas Precautorias” n° 2139/2026.

Y VISTOS Y CONSIDERANDO:

I. Vienen las presentes actuaciones ante el Tribunal para conocer el recurso de apelación interpuesto y fundado por el demandado el 4/5/2026, contra la resolución dictada el 24/4/2026 mediante la cual la Sra. Jueza a quo se declaró incompetente para continuar entendiendo en las presentes actuaciones.

Para así decidirlo, la magistrada de grado ameritó que en tanto el centro de vida de O. M. C. B. se halla fuera de esta jurisdicción, ante la pretensión de la progenitora, es la justicia de Italia, país en el cual la menor tiene su residencia habitual, quien mejor puede satisfacer el interés de la niña, dado que la proximidad entre el magistrado y ésta asegura una tutela jurisdiccional más rápida y efectiva, de modo de garantizar que las medidas o decisiones que se adopten sean contemplativas de su interés superior.

II. Se alza el accionado y -en resumida síntesis- refiere que el centro de vida de la niña es en la República Argentina, y que ello no obedecía a una situación meramente circunstancial o transitoria, sino a una decisión adoptada de común acuerdo por ambos progenitores, extremo que señala, se encontraba consolidado al tiempo del traslado de la niña al país, producido en el mes de septiembre próximo pasado.

Expone que la menor estaba viviendo aquí, concurriendo al colegio y que tales circunstancias evidencian la efectiva integración de la niña a su entorno argentino y permiten concluir que su centro de vida se encontraba radicado en esta jurisdicción, y que la decisión de la madre fue arbitraria y unilateral y que de ese modo buscó romper su centro de vida alejando a O. de sus hermanos.

Destaca que ambas partes han considerado que es la Justicia Nacional en lo Civil de la República Argentina quien debe intervenir en el caso, ya que presentaron aquí sus reclamos, y por ello afirma que de ese modo se reconoce que el centro de vida de niña, estaba y es en la República Argentina.

Agrega, que se ha omitido aplicar todas las normas del Derecho Internacional que están actualmente vigentes y fueron ratificadas por la República Argentina, en virtud de ello solicita que se revoque el decisorio en crisis.

Corrido el pertinente traslado, ha sido evacuado por la adversaria procesal el 12/05/2026. Solicita que se declare desierto el recurso de apelación por incumplimiento de los arts. 265 y 266 del Código Procesal y, subsidiariamente, por las razones que invoca y a las que nos remitimos en honor a la brevedad, que se rechace el recurso, con costas.

A su turno, la Sra. Defensora de Menores por ante esta Cámara, propicia la desestimación del recurso de apelación y la confirmación del pronunciamiento.

La cuestión se integra con el dictamen precedente del Sr. Fiscal ante esta Cámara, quién opina que corresponde confirmar la resolución apelada, en razón de resultar competente para entender en la acción promovida el juez del lugar donde la persona menor de edad tiene su centro de vida.

III. Descripto brevemente el marco conceptual del recurso sometido al conocimiento de este tribunal, resulta prudente analizar el cumplimiento de lo preceptuado por el art. 265 del CPCC en función de lo expuesto por la demandada con relación a la expresión de agravios del accionado.

La expresión de agravios constituye una verdadera carga procesal, y para que cumpla su finalidad debe contener una exposición jurídica que contenga una “crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas”. Lo concreto se refiere a lo preciso, indicando, determinando, cuál es el agravio. Deben precisar así, punto por punto, los pretendidos errores, omisiones y deficiencias que se le atribuyen al fallo, especificando con toda exactitud los fundamentos de las objeciones. Es decir, que deben refutarse las conclusiones de hecho y de derecho que vertebren la decisión del a quo, a través de la exposición de las circunstancias jurídicas por las cuales se tacha de erróneo el pronunciamiento (conf. Morello, Augusto “Códigos Procesal en lo Civil y Comercial de la Pcia. de Buenos Aires y de la Nación. Comentado y Anotado”, t. III, p. 351, A. P., 1988; CNCiv., esta Sala J, Expte. Nº 2.57./2004, “C., A. C. H. c/ B. N.A. s /cancelación de hipoteca”, del 1/10/09).

De la lectura pormenorizada del memorial se advierte que se ha dado cumplimiento con la normativa citada y aún en el caso que pudiera considerarse que resulte dudoso el cumplimiento del art. 265 del CPCN, lo cierto es que corresponde proceder al estudio de los agravios vertidos en función del criterio amplio que debe regir la protección del derecho de defensa en juicio.

IV. Aclarado ello, en el caso, la accionante L. G. B. G. promovió demanda contra E. S. C. D. a fin de que se le atribuya el cuidado personal unilateral de su hija O. M. -nacida en 2017-, en los términos del art. 653 del Código Civil y Comercial de la Nación.

Relata que, por razones laborales, debió trasladarse al exterior y radicarse en la República Italiana junto con su hija. Refiere que -mediante instrumento público- el demandado le había delegado el ejercicio de la responsabilidad parental respecto de la niña y, asimismo, le había otorgado autorización para su salida del país (ver poder especial aquí).

Expone que, en virtud de las facultades conferidas por dicho instrumento, durante el año 2024 se trasladó junto con la menor a la República Italiana. Señala que, desde entonces, O. desarrolló en dicho país un centro de vida estable, fue escolarizada, obtuvo documentación de residencia y cobertura médica, y logró una adecuada integración social, consolidando allí sus vínculos personales y afectivos.

Agrega que en el mes de septiembre de 2025, de común acuerdo con el progenitor, O. viajó a la Argentina para permanecer una temporada con su padre. Dicho acuerdo fue de carácter estrictamente temporal, experimental y condicionado, sin que en momento alguno implicara una modificación del cuidado personal, un cambio de residencia habitual ni una alteración del centro de vida previamente consolidado en Italia.

Por último, manifiesta que en marzo de 2026 arribó a la Argentina para reencontrarse con su hija y que, al advertir determinadas circunstancias que le generaron preocupación en relación con el bienestar de la niña, decidió regresar junto a ella a la República Italiana, haciendo uso del instrumento de delegación vigente, el cual fue validado por las autoridades migratorias argentinas al momento de la salida del país sin objeción alguna y que el día 27 de marzo de 2026, O. se reincorporó a su establecimiento educativo en Italia, retomando su vida habitual con total normalidad.

V. Delimitada en tales términos la cuestión, a tenor de lo postulado por el recurrente, en primer término cabe destacar que el artículo 2639 del Código Civil y Comercial de la Nación establece que todo lo atinente a la responsabilidad parental se rige por el derecho de la residencia habitual del hijo al momento en que se suscita el conflicto. De manera que esta localización (o relocalización) resulta sumamente necesaria de tener en cuenta.

A renglón seguido la norma flexibiliza el criterio en aras del interés superior del menor, pues prevé una especie de cláusula de excepción o escapatoria, coherente con la cláusula general del artículo 2597, ya que puede considerarse la aplicación del derecho de otro Estado con el que la causa tenga vínculos relevantes.

En este contexto y teniendo en cuenta que las relaciones de familia son dinámicas, cualquier cambio que sea necesario realizar respecto de alguna cuestión vinculada a la responsabilidad parental, debe estar sujeto al nuevo domicilio. La doctrina es crítica en cuanto a que el Código no haya incorporado, como lo hace en casi todas las demás relaciones jurídicas de la materia (familia), una norma expresa de jurisdicción, pues más allá de que la fuente interna (art. 716 CCyCN) contiene normas que atribuyen jurisdicción al juez del centro de vida del menor y que el mismo criterio se ha sostenido jurisprudencialmente, resultaría útil dejar explícitamente la cuestión (conf., Flavia Medina, coment. al art. 2639, “Código Civil y Comercial de la Nación. Comentado y Concordado. Análisis Jurisprudencial”, Oscar Ameal [director], tomo 9, págs. 220/221).

Ante la carencia acerca de la regulación de la jurisdicción internacional en materia de responsabilidad parental, se ha propuesto la aplicación de lo preceptuado en la Convención Relativa a la Competencia, la Ley Aplicable, el Reconocimiento, la Ejecución y la Cooperación en Materia de Responsabilidad Parental y de Medidas de Protección de los Niños, suscripta en la ciudad de La Haya, Reino de los Países Bajos, el 19 de octubre de 1996, y aprobada por ley 27.237 (vigente a la fecha), que establece que la jurisdicción internacional corresponde a las autoridades, tanto judiciales como administrativa, del Estado Contratante de residencia habitual del niño (Alterini, Jorge H., “Código Civil y Comercial comentado. Tratado exegético”, 3ra. Edición actualizada y aumentada, Tomo XI, pág.1044/1045, Ed. La Ley; Lorenzetti, Ricardo Luis “Código Civil y Comercial de la Nación Comentado”, Tomo XI, págs. 607 y 608, Rubinzal Culzoni Editores).

Como lo sostiene con acierto el Sr. Fiscal en su dictamen, la doctrina elaborada a partir de la vigencia del Código Civil y Comercial, se ha expresado indicando que la norma contiene una disposición expresa en materia de ley aplicable –el derecho del lugar de residencia del menor– y que si bien se omitió contemplar de manera concreta la jurisdicción competente, para llenar ese vacío cabe seguir el mismo criterio, esto es, el centro de vida del menor, cuando la conexión elegida por la norma tiene como fundamento su proximidad; solución adoptada en la fuente internacional en la materia también para responder al interrogante de la jurisdicción internacional (Convenios de La Haya de 1980 y de 1996). Por lo que debe interpretarse que el juez argentino será competente para entender en estos asuntos si la residencia habitual del niño estuviera en el país; concurrentemente con la posibilidad de que se encuentre en el país el domicilio o la residencia habitual del demandado, conforme el artículo 2608 CCyCN (conf. “Código Civil y Comercial de la Nación Comentado”, Marisa Herrera–Gustavo Caramelo – Sebastián Picasso [Directores], coment. al art. 2639, Tomo VI, pág. 400, Ed. Infojus).

A tenor de lo explicitado, hemos de estar a lo sostenido, con criterio que compartimos, en punto a que la finalidad tuitiva del instituto, lo dispuesto por la ley 26.061, la fuente inspiradora de la norma y la inmediatez basada en el centro de vida del sujeto cuya protección y tutela se persiguen que aseguran rapidez y efectividad, se propone considerar habilitada la jurisdicción internacional de la residencia habitual del niño, niña o adolescente, siendo esta la solución adoptada por las tendencias en el derecho comparado (conf. Bueres, Alberto J., “Código Civil y Comercial Comentado de la Nación y normas complementarias”, Tomo 6, págs. 538/539, Ed. Hammurabi- CNCivil esta Sala J, Expte n° 5885/2025 «G, J. A. c/ P. B., F. E. s/ delegación del ejercicio de responsabilidad parental» del 18/07/25).

En este sentido, la Corte Suprema de Justicia ha resuelto que corresponde atribuir la competencia al juez del domicilio actual del niño, a los fines de priorizar el principio de la tutela judicial efectiva para satisfacer el interés superior del niño. Al respecto, se señaló lo imperioso que resulta en estos casos la inmediación y el contacto directo de los operadores de la justicia con los niños, para garantizar que las medidas o decisiones que se adopten realmente sean contemplativas de su interés superior (CSJN, 332:238; 323:2021). Se trata de priorizar el principio de tutela judicial efectiva que suele exigir la inmediación y el contacto directo de los operadores de la justicia con los niños, de modo de garantizar que las medidas o decisiones que se adopten realmente sean contemplativas de su interés superior (conf. Mizrahi Mauricio, “El niño y las cuestiones de competencia”, LL.2012–E, 1183).

Se recuerda que la competencia en materia de familia, cuando involucra el interés de menores, cuenta con una regla fundamental a tener en cuenta, consistente en la prevalencia del centro de vida del menor para la determinación del tribunal que debe conocer en la cuestión. Se trata de priorizar el principio de tutela judicial efectiva, que suele exigir la inmediación y el contacto directo de los operadores de la justicia con los menores, de modo de garantizar que las medidas y decisiones que se adopten sean realmente contemplativas e su interés superior (CSJN, 27/10/2015, “D., L. A. y otro s/Guarda”, RCCyC 2015 (dic) (CNCiv., esta Sala J, Expte. n° 79.72./2019, “O., M. S. c/R., S. A. s/Medidas provisionales art. 721 CCCN- Familia”, del 23/09/2020).

El principio expuesto ha sido plasmado en el Código Civil y Comercial de la Nación, que en el artículo 716 establece que “…En los procesos referidos a la responsabilidad parental, guarda, cuidado, régimen de comunicación, alimentos, adopción y otros que deciden en forma principal o que modifican lo resuelto en otra jurisdicción del territorio nacional sobre derechos de niños, niñas y adolescentes, es competente el juez del lugar donde la persona menor de edad tiene su centro de vida”. La normativa de fondo se establece en favor de las niñas, niños y adolescentes, para resguardar sus derechos, haciendo primar el “favor minoris”, que marca propender a la solución más favorable a la tutela efectiva del niño/adolescente (conf. Marisa Herrera, en Código Civil y Comercial de la Nación comentado, Ricardo Luis Lorenzetti [Dirección], Rubinzal Culzoni Editores, Tomo IV, págs. 621/622).

Asimismo, la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, al referirse al Interés Superior del Niño, destaca en particular que se atenderá a su “centro de vida” (inc. f del art. 3°), punto este que representa un eje esencial en la estructura actual del régimen de la niñez y debe observarse tanto en los aspectos sustanciales como en los formales. La residencia habitual o centro de vida se configura por la residencia principal o permanente de ese niño, ideas que suponen los conceptos de estabilidad y permanencia por hallarse allí el centro de gravedad de su vida y el núcleo de sus vínculos parentales y afectivos (CNCiv., esta Sala J, Expte. n°49.29./2022, “B., S. A. c/F., S. M. s/Cuidado personal de los hijos”, del 13/10/2022; íd. Sala B, “P. B., E. G. c/B., K. E. s/Medidas precautorias”, del 13/11/2015).

VI. Llegado a este punto cabe recordar que nuestro Máximo Tribunal tiene dicho “…Que el interés superior del niño no puede ser aprehendido ni entenderse satisfecho sino en la medida de las circunstancias comprobadas en cada asunto, en consecuencia, su configuración exigirá examinar en concreto, por un lado, las particularidades del caso para privilegiar, frente a las alternativas posibles de solución, aquella que contemple del mejor modo la situación real del infante, y por el otro, cómo se ven o se verán afectados sus derechos por la decisión cuestionada y por la que corresponda adoptar” (CSJN, in re “D., H. C. y otros s/ Guarda con fines de adopción–Declaración de adoptabilidad”, 20/04/2023, CSJ 001645/2019/RH001, Fallos: 346:287; íd. “C. G., A. c/EN–DNM s/Recurso directo DNM”, del 06/09/2022, CAF 059609/2017/2/RH001, Fallos: 345:905).

En el caso concreto de autos, no puede pasarse por alto que se encuentra determinado que la residencia habitual y centro de vida de la menor involucrada, se encuentra en jurisdicción territorial de la República Italiana. En efecto, en el expediente conexo n° 21.39./26, que para este acto se tiene a la vista, el propio recurrente reconoció expresamente que en el año 2021 otorgó ante Escribano Público un instrumento de delegación del ejercicio de la responsabilidad parental a favor de la Sra. B. G., habilitando expresamente la radicación de la menor en el extranjero -Italia- y confiriéndole plenas facultades para adoptar decisiones vinculadas a su residencia y desarrollo fuera del territorio nacional (ver aquí). El poder como se anticipó fue acompañado en autos por la progenitora demandada el 10/04/2026 (ver aquí).

En consecuencia, y de conformidad con las consideraciones precedentemente expuestas, toda vez que la menor posee actualmente su residencia habitual en el extranjero, como consecuencia de un traslado efectuado en ejercicio de las facultades conferidas por el instrumento de delegación vigente, y siendo que, conforme se desprende de los elementos obrantes en las actuaciones, su centro de vida se encuentra radicado en dicha jurisdicción, corresponde concluir —en concordancia con lo dictaminado por la Sra. Defensora de Menores y el Sr. Fiscal ante esta Alzada, que el Juzgado de primera instancia carece de competencia para entender en las presentes actuación.

Es que si bien no se desconoce que la residencia habitual que se ha de considerar a efectos de determinar la jurisdicción no ha de ser la creada ilícitamente por uno de los progenitores, privando al otro del contacto con el niño, sino la existente antes de producirse el traslado irregular. Ello debe ser así para que el derecho y los órganos judiciales no terminen avalando conductas que son contrarias al ordenamiento jurídico (cfr. Mizrahi, Mauricio Luis, “El niño y las cuestiones de competencia”, La Ley 27/09/2012, 1 - La Ley 2012-E, 1183). Sin embargo, este supuesto que el recurrente intenta deslizar en el memorial no se halla acreditado en el supuesto de autos, toda vez que como se anticipó, el traslado de la menor al extranjero y el establecimiento allí de su centro de vida no fue creado ilícitamente, las facultades emergentes sino haciendo uso de del mentado instrumento de delegación otorgado por el propio progenitor.

En mérito a las consideraciones precedentes, oídos que fueran los Ministerios Púbicos ante esta Cámara, se RESUELVE: Confirmar la resolución apelada, en todo cuanto decide y fuera materia de apelación y agravios. Con costas de alzada en el orden causado atento las particularidades del caso (arts.68, 2do. párrafo, y 69 del C.P.C.C.N.).

Regístrese. Notifíquese por Secretaría a las partes y a los Ministerios Públicos. Publíquese en los términos de la Acordada n° 10/2025 de la C.S.J.N., y devuélvase a la instancia de grado.- M. L. Caia. G. M. Scolarici. B. A. Verón.

GGM SA s. concurso preventivo c. incidente de revisión por Asics America Corporation

CNCom., sala D, 27/08/26, GGM SA s. concurso preventivo c. incidente de revisión por Asics America Corporation y otro

Arraigo. Actor con domicilio en el extranjero (Estados Unidos). Código Civil y Comercial: 2610. Garantía del acceso a la jurisdicción. Igualdad de trato procesal. CPCCN: 348. Derogación. Verificación de crédito. Reconocimiento de laudo extranjero.

Resumen DIPr: La Cámara Comercial confirmó el rechazo de la excepción de arraigo opuesta contra una sociedad extranjera y declaró verificado su crédito originado en un laudo arbitral internacional reconocido por exequátur. El Tribunal sostuvo que el art. 2610 del CCyCN consagra la igualdad de trato procesal y veda exigir cauciones por la condición de foráneo o falta de bienes en el país, derogando implícitamente el arraigo. Asimismo, resolvió que la cosa juzgada del laudo arbitral resulta oponible al concursado que consintió la sede arbitral, impidiéndole reabrir el examen causal del crédito en el proceso concursal.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 02/09/26.

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P. K. y otro c. G. G. E. T. s. acciones de impugnación de filiación

Cam. 2ª Civ. y Com., La Plata, Sala II, /06/26, P. K. y otro c. G. G. E. T. s. acciones de impugnación de filiación

Jurisdicción internacional. Impugnación de filiación. Convención sobre los Derechos del Niño. Código Civil y Comercial: 2594, 2631. Gestación por sustitución. Subrogación de vientre. Gestante con domicilio en Argentina. Menor con domicilio en Francia. Interés superior del menor. Centro de vida. Incompetencia de los tribunales argentinos.

Resumen DIPr Argentina: La Sala II de la Cámara Segunda de Apelación de La Plata confirmó la incompetencia de los tribunales argentinos para conocer de una acción de impugnación de filiación promovida respecto de una niña con residencia habitual en Francia. El tribunal consideró aplicables las normas argentinas de derecho internacional privado en materia de filiación y concluyó que la jurisdicción correspondía a los tribunales franceses, privilegiando el centro de vida de la niña y su interés superior por sobre la opción de foro invocada por los actores. Asimismo, descartó que existiera una situación de denegación internacional de justicia.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 05/08/26.

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T. C. V. H. c. T. T. G. s. ejecución de sentencia - Incidente nº 2 familia

CNCiv., sala J, 09/10/25, T. C. V. H. c. T. T. G. s. ejecución de sentencia - Incidente nº 2 familia

Medidas cautelares. Juicio en Bolivia. Sentencia dictada en Argentina. Suspensión del proceso de ejecución en Argentina. Litispendencia internacional. Código Civil y Comercial: 2603, 2604. Improcedencia.

Resumen DIPr Argentina: La Sala J de la Cámara Civil confirmó el rechazo del pedido de suspensión de la ejecución de una sentencia de liquidación y partición de la comunidad de bienes fundado en la existencia de un proceso de nulidad de matrimonio iniciado en Bolivia. El tribunal consideró que no se configuraban los presupuestos de la litispendencia internacional previstos en el art. 2604 del Código Civil y Comercial, ni correspondía adoptar una medida cautelar que paralizara la ejecución de una sentencia firme. Asimismo, destacó que no se había acreditado la existencia de una decisión extranjera susceptible de reconocimiento y ejecución en la Argentina.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 20/07/26.

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Simes, María Soledad c. Almundo

CFed. Apel., Córdoba, sala B, 09/06/26, Simes, María Soledad c. Almundo SRL y otros s. daños y perjuicios

Jurisdicción internacional. Transporte aéreo internacional. Transporte de personas. Chile – España – Chile. Cancelación del vuelo. Cierre de fronteras. Pandemia. COVID 19. Convenio de Montreal de 1999. Código Aeronáutico. Condiciones Generales del Contrato de Transporte Aéreo de Pasajeros. Ley de defensa del consumidor. Código Civil y Comercial: 2654. CPCCN: 5. Domicilio del demandado. Excepción de incompetencia de los tribunales argentinos. Rechazo.

Resumen DIPr Argentina: La Cámara Federal de Córdoba revocó la decisión que había declarado la incompetencia del tribunal y afirmó la jurisdicción de los jueces federales de Córdoba para entender en una demanda promovida por una consumidora contra Almundo y diversas compañías aéreas extranjeras por la cancelación de pasajes internacionales. El tribunal destacó la aplicación de las normas protectorias del consumidor, invocó el art. 2654 del Código Civil y Comercial y priorizó el acceso a la justicia en favor de la parte débil de la relación de consumo. La sentencia resulta de interés por su análisis de la competencia internacional en contratos de consumo celebrados por medios electrónicos.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 07/07/26.

En la ciudad de Córdoba, a 9 días del mes de junio del año dos mil veintiséis, reunidos en Acuerdo de Sala “B” de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de la Cuarta Circunscripción Judicial para dictar sentencia en estos autos caratulados: “SIMES, MARIA SOLEDAD c/ ALMUNDO S.R.L. Y OTROS s/DAÑOS Y PERJUICIOS” (Expte N°. FCB 11902/2024/CA1) venidos a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la Sentencia de fecha 27 de octubre de 2025 dictada por el Sr. Juez Federal N° 2 de Córdoba, que en su parte pertinente dispuso: “1) Hacer lugar a la excepción de incompetencia territorial opuesta por las demandadas, KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACIÓN, AIR EUROPA LINEAS AEREAS SA Y SOCIETE AIR FRANCE, en contra del progreso de la acción ejercitada. Declarar la incompetencia de la Justicia Federal de Córdoba y remitir las actuaciones a la Justicia Federal de la Ciudad Autónoma de Bs. As.; todo ello conforme a lo establecido en el considerando respectivo que se tiene por reproducido en homenaje a la brevedad. 2) Imponer las costas a la parte actora (conf. Art. 68 del CPCCN) y diferir la regulación de los honorarios de los letrados intervinientes para cuando exista base. Todo ello en base al considerando respectivo que también se tiene por reproducido. 3) Protocolícese y hágase saber”.

Puestos los autos a resolución de la Sala, los señores Jueces emiten su voto en el siguiente orden: ABEL G. SANCHEZ TORRES - LILIANA NAVARRO.

El señor Juez de Cámara, doctor Abel G. Sánchez Torres, dijo:

I.- Llegan los presentes autos a estudio del Tribunal, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la Sentencia de fecha 27 de octubre de 2025 dictada por el Sr. Juez Federal N° 2 de Córdoba, que en su parte pertinente dispuso: “1) Hacer lugar a la excepción de incompetencia territorial opuesta por las demandadas, KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACIÓN, AIR EUROPA LINEAS AEREAS SA Y SOCIETE AIR FRANCE, en contra del progreso de la acción ejercitada. Declarar la incompetencia de la Justicia Federal de Córdoba y remitir las actuaciones a la Justicia Federal de la Ciudad Autónoma de Bs. As.; todo ello conforme a lo establecido en el considerando respectivo que se tiene por reproducido en homenaje a la brevedad. 2) Imponer las costas a la parte actora (conf. Art. 68 del CPCCN) y diferir la regulación de los honorarios de los letrados intervinientes para cuando exista base. Todo ello en base al considerando respectivo que también se tiene por reproducido. 3) Protocolícese y hágase saber”.

II.- La presente demanda fue incoada por la Dra. María Soledad Simes en contra de la firma ALMUNDO S.R.L. y de AIR EUROPA LINEAS AEREAS, SOCIETE AIR FRANCE y KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACIÓN a los fines que se ordene el pago de una indemnización por daños y perjuicios derivados del incumplimiento contractual devenido por la falta de reprogramación en tiempo oportuno del vuelo cancelado en virtud de la Pandemia Covid 2019. En función de ello, solicita la restitución de las sumas oportunamente abonadas a valor actualizado, con más intereses, y el pago de daño moral, a la vez que peticiona se condene a las demandadas por daño punitivo (art. 52 ley 24.240).

El 24/07/2025 dictaminó el Fiscal Federal quien se pronunció por la competencia de la justicia federal en razón de las personas al sostener que, en razón que KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION S.A. Y SOCIETE AIR FRANCE poseen domicilio en la ciudad de Buenos Aires, la Justicia Federal es competente para entender en la presente causa en virtud de distinta vecindad con el actor (conforme art. 116 de la Constitución Nacional y art. 2 inc. 2 de la Ley 48). Asimismo, en cuanto a la competencia territorial que aquí interesa, concluyó de conformidad con los elementos aportados en juicio, resulta competente el Juzgado Federal de Córdoba, de conformidad con lo dispuesto por el art. 5 inc. 3 del C.P.C. y C.N (conf. a fs. 462/463).

Corrido el traslado de la demanda, las codemandadas SOCIETE AIR FRANCE (fs. 224/266) y KLM COMPAÑÍA REAL HOLANDESA DE AVIACIÓN (fs. 175/223) comparecen respectivamente por intermedio de su apoderado -Dr. Sebastián Carlos Villay oponen excepción de incompetencia en razón del territorio fundada, en ambos casos, en no poseer las accionadas domicilio legal en esta ciudad y en lo dispuesto por el art. 33 del Convenio de Montreal (Ley N° 26.4521). En base a ello, solicitaron se declare la competencia de los Tribunales Federales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde ambas sociedades poseen domicilio legal en el país. Idéntica petición formula la codemandada AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. mediante su apoderada, Dra. María Laura Calleri, (fs. 285/310) quien también solicita la declinatoria de la justicia federal de Córdoba y la remisión a los Tribunales Federales de CABA.

Evacuada la excepción por parte de la accionante (fs. 333/348), con fecha 24/07/2025, pasaron los autos para resolver la misma. El juez a quo emitió la resolución que en esta instancia se analiza en virtud del recurso de apelación incoado por la parte actora.

Elevados los autos ante esta Alzada emitió dictamen el Fiscal General ante esta Cámara Federal (fs. 504/506) manifestando luego de efectuar un análisis del marco legal aplicable que, conforme se desprende de la expresión de agravios presentada por la actora, aparece que los pasajes aéreos sí fueron adquiridos en esta ciudad, mediante una agencia de viajes intermediaria con domicilio en la ciudad de Córdoba, cuestión que no fue tenida en cuenta por el sr. juez federal a la hora de acoger la excepción de incompetencia formulada por la demandada; razón por la que se pronuncia por la competencia de la justicia federal de Córdoba, en razón de la persona y del territorio (art. 116 y 117 de la C.N.) y art. 5 inc. 3 del C.P.C.N.

III.- Los agravios de la parte actora consisten en primer término en que el juez a quo realiza una errónea interpretación y aplicación de la ley vigente. Al respecto, sostiene que la ley consumeril no aplica en forma supletoria, sino principal, atento que los artículos del Código Aeronáutico y del Convenio de Montreal de 1999 resultan irrelevantes al caso de autos, en tanto en el presente no hubo transporte de personas, dado que nunca se realizó el viaje, por lo que la competencia federal se presenta en razón de las personas y no de la materia. En función de ello sostiene que la ley de defensa del consumidor resulta plenamente aplicable en todas sus disposiciones.

En otro orden expone que, una vez escogida la jurisdicción argentina, se rechazó la competencia de la justicia federal de Córdoba bajo el argumento que la codemandada ALMUNDO SRL no posee domicilio en esta ciudad, sino en la ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme surge del Boletín Oficial de la República Argentina, desconociendo que la empresa también posee domicilio en esta localidad y que no obstante ello, el contrato se perfeccionó por medios electrónicos. Manifiesta que tal conclusión afecta derechos constitucionales y viola las normas que establece el principio pro consumidor consagrado por los artículos 1094 y 1095 del CCCN.

Asimismo, refiere que se resolvió la cuestión de competencia de acuerdo a lo establecido en la normativa aeronáutica poniendo la misma por encima de la normativa consumeril, en especial el art. 42 de la CN, en total contravención de las cláusulas convencionales y constitucionales.

Por último, sostiene que lo resuelto vulnera el derecho de defensa en juicio, dado que litigar ante los tribunales de Buenos Aires le resultaría mucho más oneroso.

Por último, se agravia por el régimen de costas, ya que refiere que lo ampara el beneficio de justicia gratuita establecido en la norma consumeril, por lo que la excepción debió haberse resuelto sin costas para el consumidor por imperio del art. 53 in fine de la Ley 24.240.

Corrido el traslado de los agravios, únicamente evacúa los mismos la codemandada ALMUNDO SRL mediante presentación incorporada a fs. 495/500 de autos por la que solicita el rechazo del recurso con costas, a cuya lectura remito en honor a la brevedad. Respecto de los otros codemandados se certificó la falta de contestación y se les dio por decaído el derecho dejado de usar, mediante proveído dictado el 13/11/2025, luego del cual se elevaron las actuaciones ante esta Alzada a los fines de su resolución.

IV.- Corresponde en este estado ingresar al tratamiento de la cuestión sometida a consideración de este Tribunal.

En relación al primero de los agravios deducidos, considero que no le asiste razón al quejoso. Ello por cuanto, al haber sido demandadas, no solo la empresa comercializadora de los pasajes aéreos (ALMUNDO SRL), sino también las tres compañías aéreas que intervenían en los diferentes tramos de los pasajes adquiridos, estamos ante un contrato de transporte aéreo internacional de pasajeros el cual se rige en primer término por el Convenio para la Unificación de Ciertas Reglas para el Transporte Aéreo Internacional, suscripto en la ciudad de Montreal de 1999, ratificado por la República Argentina mediante Ley 26.45; por el Código Aeronáutico y en forma supletoria por la Ley de Defensa del Consumidor. En este sentido se ha pronunciado esta Sala “B” en autos “MANSUINO, Sandra Rita c/ Aerolíneas Argentinas S.A. - Repetición” (FCB 3695/2023/CA1) al responder concretamente un agravio como el que aquí acontece, con remisión a los precedentes de la CSJN recaídos en autos: «Goya, Rocío Ayelén y otro c/ Aerovías de México SAC de CV s/ Daños y perjuicios» [publicado en DIPr Argentina el 06/06/23], “Triaca” (CSJN 55/2019, entre otros.

A mayor abundamiento, el reciente Decreto 809/2024, si bien posterior a los hechos, prevé en su art 3 “Prelación normativa. El orden de prelación normativa aplicable al transporte aéreo internacional e interno es el siguiente: a. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL: El transporte aéreo internacional de Pasajeros y equipaje se regirá por los instrumentos internacionales que regulan el transporte aéreo internacional ratificados por la REPÚBLICA ARGENTINA, por el CÓDIGO AERONÁUTICO, por este Reglamento y por las Regulaciones del Transportador, siempre que éstas no resulten contrarias al derecho aplicable y vigente.”

A saber, el Convenio de Montreal, en su art. 1.1 dispone “El presente Convenio se aplica a todo transporte internacional de personas, equipaje o carga efectuado en aeronaves, a cambio de remuneración.”. Refiere dicho instrumento “…la expresión transporte internacional significa todo transporte en que, conforme a lo estipulado por las partes, el punto de partida y el punto de destino, haya o no interrupción en el transporte o trasbordo, están situados, bien en el territorio de dos Estados Partes, bien en el territorio de un solo Estado Parte si se ha visto previsto una escala en el territorio de cualquier otro Estado, aunque éste no sea un Estado Parte.” (Art. 1.2.).

En lo que hace a la jurisdicción, el art. 33 inc. 1 del Convenio de Montreal dispone que “Una acción de indemnización de daños deberá iniciarse, a elección del demandante, en el territorio de uno de los Estados Partes, sea ante el tribunal del domicilio del transportista, o de su oficina principal, o el del lugar en que tiene una oficina por cuyo conducto se ha celebrado el contrato, sea ante el tribunal del lugar de destino.”

Asimismo, la competencia federal se encuentra prevista en el art. 198 del Código Aeronáutico “Corresponde a la Corte Suprema de Justicia y a los tribunales inferiores de la Nación el conocimiento y decisión de las causas que versen sobre navegación aérea o comercio aéreo en general y de los delitos que puedan afectarlos”.

Es por ello que la cuestión aquí suscitada es susceptible de ser encuadrada en las previsiones específicas de la normativa especial -respecto de las aerolíneas- sin que se adviertan fundamentos que autoricen a desechar su aplicación y apartarse de ellas. Aunque ello -reitero- no significa descartar sin más la aplicación de las normas protectorias de los consumidores, sino que las mismas, de conformidad con lo establecido por el artículo 63 de la Ley N° 24.240, serán aplicadas de manera supletoria para las compañías aéreas y principal respecto de ALMUNDO SRL.

Sobre este aspecto la jurisprudencia ha sostenido que “Si bien le asiste razón en cuanto a que las presentes actuaciones giran en torno a un reclamo fundado en un hecho originado en la actividad aeronáutica y, en consecuencia, resultan aplicables el Código Aeronáutico, los tratados internacionales y, supletoriamente, la ley de Defensa del Consumidor (conf., art. 63 de la Ley Nº 24.240 y esta Cámara, Sala III, causa n° 8889/2017 del 26.11.2020 [«Blanco, Ricardo c. Despegar» ES UN CASO DE TRANSPORTE INTERNO, DE CABOJATE] y MOSSET ITURRASPE, J.-WAJNTRAUB, J., “Ley de Defensa del Consumidor”, ed. Rubinzal Culzoni, 2008, p. 311); lo cierto es que ello no implica, como pretende la recurrente, negar la existencia de una relación de consumo. En rigor, se trata de rechazar el desplazamiento de las normas de la ley aeronáutica que específicamente rigen la cuestión en aquellos casos en los que existan previsiones puntuales al respecto. Ello, por cuanto el transporte aéreo no está completamente excluido de las previsiones contenidas en la Ley de Defensa del Consumidor, sino que su aplicación es supletoria y limitada a aquellos supuestos no contemplados en el Código Aeronáutico ni en los tratados internacionales (conf., CSJN, Fallos: 314:1043; 321:802; 327:2722, esta Sala causas nº 5292/2019 «Gigena, Eva Dolores c/Iberia Líneas Aéreas de España SA s/daños y perjuicios» del 08.02.2024 [publicado en DIPr Argentina el 25/07/24]; nº 4715/2017 «Díaz Luzuriaga Francisco Santiago c/Gol Linhas Aéreas SA y otros s/daños y perjuicios», del 03.05.2022 [publicado en DIPr Argentina el 12/07/22] y esta Cámara, Sala III, causa N° 7210/2011 del 28.06.2013) [«Marcori, Victoria Elsa c. Aerolíneas Argentinas» ES UN CASO DE TRANSPORTE INTERNO, DE CABOJATE, por lo que resulta sorprendente que sea reiteradamente citado como leading case en esta cuestión]” (CCCF Sala II, 18/4/2024 [«Monea, Lorenzo Francisco y otros c. Air Europa Líneas Aéreas» publicado en DIPr Argentina el 08/10/24]).

V.- Dirimida la cuestión en torno al régimen normativo aplicable, corresponde abordar el eje sobre el cual se centra la controversia ante esta Alzada, que radica en torno a la competencia territorial de la justicia federal de Córdoba.

Conforme se extrae de las conclusiones del considerando anterior, la ley N° 24.240 en autos aplica respecto de un codemandado de modo principal y respecto de los otros de modo supletorio.

En lo que refiere a la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor, el art. 63 establece su aplicación supletoria a todo lo no regulado, lo que implica en el caso que es de aplicación el principio previsto en el art. 37 en cuanto a que “La interpretación del contrato se hará en el sentido más favorable para el consumidor”.

Conforme todo lo expuesto, desde las diversas perspectivas corresponde estar a la solución que con mayor efectividad proteja y garantice los derechos de acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva en los términos de los arts. 14 y 18 de la Constitución Nacional, arts. 8 y 25 del Pacto de san José de Costa Rica, art. 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como la protección constitucional al consumidor en los términos del art. 42 de la Carta Magna.

A los fines de dirimir el presente conflicto de competencia, si bien es cierto que las compañías aéreas no poseen domicilio legal en esta jurisdicción, no puede perderse de vista que el contrato suscripto por la actora con ALMUNDO SRL fue un contrato de consumo, a través de una plataforma virtual. Conforme se desprende del escrito de demanda y de contestación efectuado por la codemandada, no caben dudas que el contrato suscripto por el actor queda enmarcado dentro de las denominadas relaciones de consumo consagradas por el art. 3 de la ley N° 24.240, en tanto fue suscripto bajo la modalidad de contrato electrónico. Asimismo, se desprende de la documentación acompañada que los aéreos fueron abonados con tarjeta de crédito visa, en cuotas, (ver documental acompañada a fs. 132/166 - fs. 17), con lo cual resulta plenamente aplicable el art. 36 en su última parte, respecto de la compañía vendedora.

Así las cosas, teniendo en consideración que en la relación del actor con ALMUNDO SRL aplica plenamente la ley de defensa del consumidor con todo su articulado (concretamente art. 36 LDC) y, respecto de la compañía aeronáutica codemandada, dicha norma aplica supletoriamente, en virtud de lo dispuesto por el art. 63 conforme lo ya señalado; por ello considero que corresponde que la presente causa continúe su trámite ante el Juzgado Federal N° 1 de Córdoba. En este sentido me expedí en autos: «OLIVA, IGNACIO JOSE Y OTRO C/ GOL LINHAS AEREAS S.A. s/ TRANSPORTE AERONÁUTICO» [publicado en DIPr Argentina el 02/02/25] (Expte. N° 28460/2023/CA1) y «WINER, VANESA ANDREA Y OTRO c/ ITA AIRWAYS ITALIA TRASPORTO AERO SPA Y OTROS s/TRANSPORTE AERONÁUTICO» [publicado en DIPr Argentina el 03/02/25] (EXPTE. N° 4147/2024/CA1).

En consecuencia y de conformidad a lo dictaminado por el Sr. Fiscal General corresponde hacer lugar al recurso de la parte actora y, en consecuencia, revocar la resolución recurrida, ordenando al Juez a quo a continuar la causa según su estado.

VI.- En función del resultado propiciado, corresponde dejar sin efecto las costas de la instancia de grado e imponerlas a la incidentistas perdidosas de conformidad con el principio objetivo de la derrota consagrado en el art. 68, primera parte CPCCN. En función de ello quedan sin efecto las regulaciones de honorarios practicadas en la instancia de grado, las que deberán ajustarse al sentido del presente decisorio (art. 279 CPCCN).

En consecuencia, deviene abstracto el tratamiento del agravio relativo a las costas planteado.

Las costas devengadas en la presente instancia, atento el resultado arribado, también se imponen a la perdidosa, en el caso, ALMUNDO SRL (conf. art. 68, primera parte CPCCN), a cuyo fin se difieren las regulaciones de honorarios que correspondan para su oportunidad.

VII.- En función de los argumentos expuestos, corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la actora en contra de la resolución de fecha 11 de agosto de 2025 dictada por el Juez Federal subrogante del Juzgado Federal N° 1 de Córdoba y, en consecuencia, revocar la misma en todo lo que decide y fue motivo de agravio, a cuyo fin, se declara la competencia del juzgado interviniente para entender en la presente causa y se remiten los presentes a la instancia de grado su continuación según su estado. Imponer las costas de ambas instancias a la perdidosa (GOL LINHAS AEREAS S.A. (conf. art. 68 2da parte del CPCCN), a cuyo fin se dejan sin efecto las regulaciones de honorarios dispuestas en la instancia de grado, las que deberán ajustarse al presente decisorio, y se difieren las regulaciones de honorarios que correspondan por las tareas desplegadas ante esta Alzada en virtud del presente incidente para su oportunidad. ASÍ VOTO.

La señora Juez de Cámara, doctora Liliana Navarro, dijo:

I.- Analizadas las cuestiones sometidas a decisión de esta Alzada, hago mía la relación de causa realizada por mi colega preopinante, y adhiero a la solución propuesta por el señor Juez doctor Abel G. Sánchez Torres, en cuanto resuelve revocar la Resolución de fecha 27 de octubre de 2025 dictada por el señor Juez Federal N° 2 de Córdoba, como así también al régimen de costas y honorarios allí dispuesto.

Sin embargo, considero oportuno señalar que tal como surge de la reseña efectuada, la pretensión de la actora se funda en una relación contractual con la firma y las compañías ALMUNDO SRL aéreas extranjeras —KLM Cía. Real Holandesa de Aviación, Air Europa Aéreas SA y Société Air France— que cancelaron pasajes previamente adquiridos, lo que motivó no sólo gastos adicionales sino también perjuicios que habrían resultado de la frustración del viaje y las gestiones ulteriores. En este marco, la actora reclamó una indemnización por daños y perjuicios, daño moral y daño punitivo, citando como fundamento no sólo la normativa aeronáutica y el Convenio de Montreal, sino también los principios y disposiciones de la Ley de Defensa del Consumidor.

En este caso, la discusión gira en torno a la competencia territorial de los tribunales federales con asiento en Córdoba. En virtud de ello, es menester recordar que para la determinación de la competencia debe atenderse de modo principal a la exposición de los hechos que la actora hace en su demanda, y en la medida que se adecúe a ellos, el derecho que se invoca como fundamento de la pretensión (Fallos: 305:1172, 307:505, 324:3999, entre otros).

Sentado ello, cabe señalar que la pretensión deducida en autos fue fundada en el marco de la Ley 24.240 de Defensa al Consumidor y reconoce su origen en una operación de compra de pasajes aéreos internacionales efectuada por vía electrónica a través del sitio web de la demandada “Almundo”, desde la ciudad de Córdoba, y abonada con tarjeta de crédito. En este marco, no existen dudas en cuanto a que la relación que vincula a la actora con la firma demandada encuadra dentro del concepto de relación de consumo (conf. Javier H. Wajntraub, Justicia del Consumidor, 1ra. ed., Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2014, pág. 84).

En efecto, la actora es consumidora en los términos del art. 1° de la LDC y del art. 1092 del Código Civil y Comercial de la Nación, en tanto adquirió el servicio de transporte aéreo internacional como destinataria final, en forma onerosa. Las demandadas, por su parte encuadran en la definición de proveedores de los arts. 2° LDC y 1093 CCyCN, al comercializar masivamente ese servicio mediante plataforma digital. La relación de consumo así configurada no queda excluida por el hecho de que se trate de transporte aéreo internacional: tiene resuelto la jurisprudencia que “los pasajeros que contratan los servicios de una aerolínea no son otra cosa que 'consumidores' en los términos de la ley 24.240, es decir, son parte en una relación de consumo al adquirir los servicios de una empresa —en el caso, dedicada al transporte aéreo internacional—, en forma onerosa y como destinatarios finales” (CNCom, Sala F, «Arias, Sergio Alejandro c/ Avantrip.com S.R.L. y otro s/ ordinario», del 3/9/2025 [publicado en DIPr Argentina el 041/09/25], con cita de CNCiv. y Com. Fed., «Fortunato José C. c/ American Airlines y otros s/ pérdida/daño de equipaje», del 4/12/2012 [publicado en DIPr Argentina el 22/05/23]).

Es cierto que el artículo 63 de la Ley 24.240 establece que “para el supuesto de contrato de transporte aéreo, se aplicarán las normas del Código Aeronáutico, los tratados internacionales y, supletoriamente, la presente ley”. Sin embargo, esta disposición no puede ser interpretada como una renuncia del consumidor a los derechos procesales que le reconocen la Constitución Nacional y la normativa de fondo. La propia sala que resolviera el antecedente citado ha puntualizado que esa norma "forma parte de la propia ley 24.240; y, ante la duda —si la hubiere— es dable acudir al principio in dubio pro consumidor que ésta última establece para su interpretación (art. 3°)", principio que ordena que en caso de duda sobre los principios que establece la ley prevalecerá la interpretación más favorable al consumidor (CNCom, Sala F, «Arias», cit.).

Corresponde agregar, asimismo, que el artículo 63 de la LDC regula la prelación normativa en materia sustancial —esto es, en lo atinente a la responsabilidad del transportista, los plazos de prescripción y el régimen indemnizatorio—, pero no puede extenderse a la cuestión de la competencia territorial interna, que se rige por las normas procesales argentinas. Un detenido análisis de la normativa aeronáutica citada por la demandada revela que "la protección de los usuarios y consumidores para los casos como el presente es cuanto menos escasa —sino prácticamente inexistente—", en tanto "se trata de legislaciones que solamente refieren a la responsabilidad de las aerolíneas ante los casos de accidentes, demoras o pérdida de equipajes, pero nada o poco dicen en punto a otras situaciones que normalmente acaecen ante los contratos de transporte aéreo" (CNCom, Sala F, "Arias", cit.; cfr. también Barreiro, Karina, "Los derechos de los pasajeros y la necesidad de reforma del Código Aeronáutico", La Ley, 20/02/2018, cita online: AR/DOC/246/2018).

El análisis de la cuestión no puede prescindir del plano constitucional. La Constitución Nacional reconoce expresamente, en su artículo 42, los derechos de los consumidores y usuarios en la relación de consumo, garantizando la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, el derecho a una información adecuada y veraz, y condiciones de trato equitativo y digno. Esta tutela no es meramente programática: la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que la Constitución, en cuanto reconoce derechos, lo hace para que estos resulten efectivos y no ilusorios, sobre todo cuando se encuentra en juego un derecho humano fundamental (CSJN, Fallos: 327:3677; 330:1989; 335:452, entre otros).

En esa línea, el abordaje de cualquier conflicto jurídico no puede prescindir del análisis y eventual incidencia que la Constitución Nacional y los tratados internacionales proyectan en el derecho interno del caso; o, dicho de otro modo, la hermenéutica de las normas de derecho común debe adecuarse a la comprensión constitucional de los intereses en juego (CNCom, Sala F, "Arias", cit., con cita de CNCom, Sala F, 12/11/2020, "3 Arroyos SA s/ incid. de pronto pago por Baigorria, Mauro A."). El principio protectorio del consumidor tiene así rango constitucional (art. 42, CN), lo que impone extender su alcance también a los derechos de naturaleza procesal, como lo es la elección del foro competente.

A lo expuesto se agrega que los derechos de los consumidores forman parte de los Derechos Humanos, con lo cual el tema sub examine debe ser analizado a la luz de lo expuesto en el art. 75, inc. 22 CN, donde se hace referencia a los tratados internacionales que gozan de jerarquía constitucional (cfr. Ghersi, Carlos (Coord.), Los Derechos del Consumidor, Capítulo I, Dra. Mariotto, Ediciones Mora, Buenos Aires). Ello implica que el juez ex officio debe realizar un control de convencionalidad. En esa misma línea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha juzgado que los órganos del Poder Judicial deben ejercer no solo un control de constitucionalidad, sino también de convencionalidad ex officio entre las normas internas y la Convención Americana (Corte IDH, Caso "Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú", Sentencia del 24 de noviembre de 2006, p. 128). Los derechos económicos del consumidor son, en este marco, exigibles ante aquellas autoridades que resulten competentes para ello (Corte IDH, Caso "Lagos del Campo vs. Perú", Sentencia del 31 de agosto de 2017, Serie C N° 340).

Idéntica solución de aplicación prioritaria de la normativa consumeril se alcanza a través de las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación, las cuales —a diferencia de la Ley 24.240— no excluyen ni subordinan su aplicación para los contratos de transporte aéreo. Encuadrando la relación bajo estudio en la definición del artículo 1093 CCyCN, resulta de aplicación el artículo 1094, que establece que "las normas que regulan las relaciones de consumo deben ser aplicadas e interpretadas conforme con el principio de protección del consumidor y el de acceso al consumo sustentable" y que "en caso de duda sobre la interpretación de este Código o las leyes especiales, prevalece la más favorable al consumidor". A su vez, el artículo 1095 dispone que la interpretación del contrato de consumo debe realizarse en el sentido más favorable para el consumidor, y que cuando existan dudas sobre los alcances de su obligación se deberá adoptar la que sea menos gravosa para aquel. Estos principios "no sólo tienen un carácter supletorio, sino que son normas de integración y de control axiológico" (Fundamentos del Anteproyecto del CCyCN, art. 2).

Este esquema normativo responde al denominado “diálogo de fuentes” que el Código Civil y Comercial consagra en sus artículos 1°, 2° y 3°, y que impone resolver los casos con una visión que contemple la articulación entre la Constitución, los tratados de derechos humanos, el Código y los regímenes jurídicos especiales, de modo que la regla sea siempre la que mejor protege a la persona humana De allí que, el modelo seguido por el CCCN “está diseñado como un sistema articulador de principios y valores de todas las demás reglas existentes en los microsistemas” (cfr. Lorenzetti, Ricardo Luis, "La sentencia: teoría de la decisión judicial", Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2022, pág. 71). El derecho aeronáutico no queda al margen de esta articulación: debe leerse en diálogo permanente con los principios constitucionales que protegen al consumidor y no de modo aislado.

Por otro costado, el artículo 2654 del Código Civil y Comercial —norma específicamente diseñada para las relaciones de consumo internacionales— dispone que "las demandas que versen sobre relaciones de consumo pueden interponerse, a elección del consumidor, ante los jueces del lugar de celebración del contrato, del cumplimiento de la prestación del servicio, de la entrega de bienes, del cumplimiento de la obligación de garantía, del domicilio del demandado o del lugar donde el consumidor realiza actos necesarios para la celebración del contrato". Sobre la base del reconocimiento de su carácter de parte débil, la norma brinda un amplio abanico de posibilidades al consumidor para demandar al proveedor (conf. Rivera, Julio César - Medina, Graciela, Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, Ed. La Ley, Tomo VI, págs. 956 y ss.; cfr. también Cámara Federal de San Martín, Sala II, «Vanni, Rosa Ana y otros c/ Aerolíneas Argentinas SA s/ daños y perjuicios» [publicado en DIPr Argentina el 01/07/26], Expte. N° 49454/2022/CA2).

Debe prevalecer así la competencia del juez del lugar del domicilio real del consumidor, pues no puede soslayarse que la condición de orden público de los derechos de los consumidores impone la necesidad de fijar directrices desde una perspectiva realista, lo que lleva a realizar una interpretación amplia y sistemática del dispositivo legal, haciendo prevalecer la eficacia de las normas consumeriles por sobre las normas procesales generales, dado que por su especificidad aquellas devienen prevalentes (doct. arts. 3°, 65 y concordantes de la LDC; cfr. Cámara Federal de San Martín, "Vanni", cit.).

A ello se agrega que el artículo 1109 del Código Civil y Comercial, aplicable a los contratos celebrados por medios electrónicos —como ocurre en autos, donde la adquisición de los pasajes se realizó a través del sitio web de Almundo—, establece que se considera lugar de cumplimiento aquel en el que el consumidor recibió o debió recibir la prestación, y que dicho lugar fija la jurisdicción aplicable, teniendo por no escritas las cláusulas de prórroga de jurisdicción. En el caso, la actora contrató desde Córdoba, recibió en Córdoba las confirmaciones de los pasajes, padeció en Córdoba las sucesivas cancelaciones y sufrió allí la frustración definitiva del viaje. Entonces, la prestación debida tenía como destinataria a una persona domiciliada en esta ciudad.

Establecido que Argentina resulta competente en el plano internacional, la determinación del tribunal federal específico que ha de entender en la causa se rige por las normas reseñadas, que en forma unívoca indican la competencia del Juzgado Federal interviniente para continuar el trámite de la presente causa según su estado.

En este sentido, obligar a la actora a litigar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde no reside y con la que no tiene vinculación relevante, implicaría en los hechos una virtual denegación de acceso a la justicia, en tanto los costos del proceso en esa jurisdicción resultarían desproporcionados respecto del monto reclamado. La Corte Suprema tiene establecido que las normas deben interpretarse de modo de garantizar el efectivo acceso a la tutela judicial y que el rechazo de las pretensiones por interpretaciones ritualistas importa la vulneración de ese derecho (cfr. Fallos: 338:552). Una empresa que opera comercialmente en todo el territorio nacional mediante plataforma digital no puede invocar en su beneficio normas que vacíen de contenido el estatuto del consumidor y lo obliguen a litigar en condiciones que tornan ilusorio el ejercicio de sus derechos. ASÍ VOTO.

La presente resolución se emite por los señores Jueces que la suscriben de conformidad a lo dispuesto por el art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional y art. 4° del Reglamento Interno de este Tribunal.

Por el resultado del Acuerdo que antecede; SE RESUELVE:

I.- Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la actora en contra de la resolución de fecha 27 de octubre de 2025 dictada por el Sr. Juez Federal N° 2 de Córdoba y, en consecuencia, revocar la misma en todo cuanto decide y fue motivo de agravio, a cuyo fin se declara la competencia del juzgado interviniente y se remiten los presentes a la instancia de grado para que continúe la causa según su estado.

II.- Imponer las costas de la instancia de grado a las incidentistas perdidosas en virtud del resultado arribado y de conformidad con el principio objetivo de la derrota consagrado en el art. 68 2da parte del CPCCN, a cuyo fin se dejan sin efecto las regulaciones de honorarios practicadas en la instancia de grado, las que deberán ajustarse al sentido del presente decisorio (conf. art. 279 CPCCN).

III.- Imponer las costas de la presente instancia a ALMUNDO SRL por resultar perdidoso en la instancia (conf. art. 68, primera parte del CPCCN) y diferir las regulaciones de honorarios que correspondan para su oportunidad.

IV.- Recordar la obligación por parte del Juzgado de primera instancia, en los términos de los arts. 10 y 14 de la Ley 23.898, de controlar -antes de archivar la causa- la inexistencia de deuda por Tasa de Justicia, en los casos que las partes no se encuentran exentas, debiendo asimismo verificarse en los supuestos que corresponda, la integración total de dicha tasa una vez determinados los montos del juicio en la etapa de ejecución.

V.- Protocolícese y hágase saber. Fecho, publíquese y remítanse al juzgado de origen a sus efectos.- A. G. Sánchez Torres. L. Navarro.

Vidal, Ignacio c. Compañía Panameña de Aviación

CFed. Apel., Córdoba, sala B, 08/09/25, Vidal, Ignacio c. Compañía Panameña de Aviación SA s. ley de defensa del consumidor

Jurisdicción internacional. Transporte aéreo internacional. Transporte de personas. Argentina – Chile – Panamá - Colombia. Negativa de embarque al segundo vuelo. Convenio de Montreal de 1999. Código Civil y Comercial: 2654. Ley de defensa del consumidor. CPCCN: 5. Aerolínea con sucursal en Argentina. Ley de sociedades: 118, 122. Agencia de viajes en España. Contratación por internet. Lugar de celebración: Argentina. Contrato de transporte sucesivo. Lugar de cumplimiento Argentina. Excepción de incompetencia de los tribunales argentinos. Rechazo.

Resumen DIPr Argentina: La Sala B de la Cámara Federal de Córdoba, por mayoría, revocó la decisión que había declarado la incompetencia de la justicia argentina y afirmó la jurisdicción de los tribunales nacionales para entender en una demanda contra Copa Airlines por el incumplimiento de un contrato de transporte aéreo internacional. El tribunal consideró que el transporte sucesivo contratado constituía una única operación a los efectos del Convenio de Montreal y que resultaba configurado uno de los foros previstos en su art. 33. Asimismo, distinguió entre jurisdicción internacional y competencia territorial, concluyendo que esta última había quedado prorrogada al no haber sido cuestionada por la demandada.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 03/07/26.

En la Ciudad de Córdoba a 8 días del mes de septiembre del año dos mil veinticinco, reunida en Acuerdo la Sala “B” de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de la Cuarta Circunscripción Judicial para dictar sentencia en estos autos caratulados: “VIDAL, IGNACIO c/ COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACION S.A. s/LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR” (Expte. N° FCB 24771/2022/CA2), venidos a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación en subsidio interpuesto por la parte actora, en contra del proveído dictado con fecha 22 de agosto de 2024 por el Juzgado Federal N° 3 de Córdoba, que dispuso: “I.- Hacer lugar a la excepción planteada por la accionada COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACIÓN SA y, en consecuencia, declarar la incompetencia de este Juzgado Federal N° 3 de Córdoba. II.- Imponer las costas a la actora (art. 69 en función del art. 68 primer párrafo del CPCCN). Regular los honorarios al Dr. Ezequiel Roitman, representante de COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACIÓN SA, en 4 UMA equivalente a la suma de PESOS DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SESENTA Y CUATRO ($ 228.064) y a la Dra. Nohelí Belén Montoya, representante del actor en 2 UMA equivalente a la suma de PESOS CIENTO CATORCE MIL TREINTA Y DOS ($114.032) - valor de cada UMA $57.016 conforme resolución 1772/2024 de la SGA…”.

Puestos los autos a resolución de la Sala los señores Jueces emiten sus votos en el siguiente orden: LILIANA NAVARRO – ABEL G. SANCHEZ TORRES - GRACIELA S. MONTESI

La señora Jueza de Cámara, doctora LILIANA NAVARRO, dijo:

I.- Vienen los autos a decisión de la Sala en virtud del recurso de apelación en subsidio interpuesto por la parte actora, en contra de la resolución dictada con fecha 22 de agosto de 2024 por el Juzgado Federal N° 3 de Córdoba, que dispuso: “I.- Hacer lugar a la excepción planteada por la accionada COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACIÓN S.A y, en consecuencia, declarar la incompetencia de este Juzgado Federal N° 3 de Córdoba. II.- Imponer las costas a la actora (art. 69 en función del art. 68 primer párrafo del CPCCN). Regular los honorarios al Dr. Ezequiel Roitman, representante de COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACIÓN S.A, en 4 UMA equivalente a la suma de PESOS DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SESENTA Y CUATRO ($ 228.064) y a la Dra. Nohelí Belén Montoya, representante del actor en 2 UMA equivalente a la suma de PESOS CIENTO CATORCE MIL TREINTA Y DOS ($114.032) - valor de cada UMA $57.016 conforme resolución 1772/2024 de la SGA...”

II.- Al fundar su recurso, sostiene que el contrato celebrado es un contrato de consumo, por lo que supletoriamente se le aplica la Ley de Defensa del Consumidor. Agrega que la mencionada ley se torna plenamente aplicable a los contratos de transporte aéreo, toda vez que existe una relación de consumo con un proveedor como lo es Copa Airlines. Explica que dicha normativa establece competente para entender en el conocimiento de los litigios relativos a contratos aéreos, en los casos en que las acciones sean iniciadas por el consumidor o usuario, a elección de éste, el juez del lugar del consumo o uso, el del lugar de celebración del contrato, el del domicilio del consumidor o usuario, el del domicilio del demandado, o el de la citada en garantía. Arguye que la operatividad que posee dicho cuerpo normativo en este tipo de contratos hace que indefectiblemente los tribunales deban aplicar a ellos todas las normas y principios contenidos en la Ley, interpretar los contratos y conflictos a favor del consumidor. Es por eso que sostiene que debe interpretarse el art. 33 inc. 1 de la Convención de Montreal, considerando la aplicación del art. 42 de la CN, que es jerárquicamente superior a los tratados, y de la Ley 24.240. Asimismo, aclara que la invocación por parte de la parte demandada del Tratado de Montreal ratificado por la Ley N°. 26451, no puede soslayar el cumplimiento de lo dispuesto en el art. 42 de la C.N. que protege a usuarios y consumidores, siendo de rango superior y que se opone a la protección dispensada a los consumidores por dicho artículo.

Por otro lado, cuestiona la imposición de costas, solicitando la exención de las mismas por tratarse de una relación de consumo.

Por los argumentos expuestos, solicita se revoque el decisorio impugnado en todas sus partes, con costas. Formula reserva de caso federal.

Corrido el traslado de ley, la demandada contesta agravios con fecha 07/10/2024, solicitando el rechazo de los mismos, con costas.

III.- Previo a ingresar al tratamiento de la cuestión traída a estudio, corresponde efectuar una breve reseña de las actuaciones.

La presente demanda fue iniciada por el señor Ignacio Vidal en contra de la firma Compañía Panameña de Aviación S.A. a los fines que se ordene la restitución de dinero oblado, con más daños y perjuicios, además de la imposición de daño punitivo e indemnización por daño moral, por la suma de Dólares estadounidenses ciento treinta y cuatro con treinta y cinco centavos (U$D 134,35) y Pesos argentinos cuatrocientos cincuenta y nueve mil quinientos veintisiete con noventa y nueve centavos ($459.527,99) y lo que más o menos resulte de las probanzas, con más intereses y costas, fundado en el incumplimiento contractual producido por la aerolínea demandada, quien canceló sus pasajes aéreos originariamente adquiridos obligándole a adquirir nuevos boletos, y en el incumplimiento de la obligación de información consagrada por la ley de defensa del consumidor.

Relata que con el fin de viajar hacia Medellín-Colombia adquirió, mediante la plataforma “EDREAMS”, tickets aéreos. El itinerario comprendía un primer tramo desde Aeroparque hasta Santiago de Chile operado por la aerolínea “JetSmart”, y un segundo tramo desde Santiago de Chile hasta Medellín —vía Panamá— operado por la demandada “COPA Airlines”.

El vuelo Aeroparque–Santiago fue realizado con normalidad, pero al momento de realizar el check-in en Santiago para abordar el tramo operado por COPA, se le informó que no figuraba su vuelo de regreso, lo cual impedía su embarque. Ante ello, el actor debió adquirir nuevos tickets de regreso, a fin de poder embarcar hacia Medellín el día 21/09/2021.

Finalizado su viaje, al presentarse en el Aeropuerto José María Córdova (Medellín) el día 28/09/2021 para abordar su vuelo de regreso, la aerolínea COPA le impidió embarcar, alegando que su ingreso a Chile no estaba autorizado. Pese a acreditar que su destino final no era Chile, sino Argentina —y carecer de equipaje despachado—, no se le permitió abordar el vuelo ya abonado. Ante esta situación, el actor debió permanecer tres días más en Medellín, afrontando los costos de estadía, y adquirir nuevamente un pasaje con la misma ruta original. Sin embargo, tampoco pudo utilizar dicho pasaje por no contar con conexión a Argentina desde Santiago, sin que la aerolínea le ofreciera alternativa alguna.

Finalmente, en fecha 30/09/2021, el actor adquirió un nuevo pasaje desde Medellín a Asunción (vía Panamá). Desde Asunción, debió trasladarse en ómnibus a Ciudad del Este, de allí en taxi hasta Iguazú, y posteriormente volar desde Iguazú a Buenos Aires con “JetSmart”.

Funda su derecho en el Convenio para la Unificación de Ciertas Reglas para el Transporte Aéreo Internacional de Montreal 1999 —aprobado por ley 26.451—, las normas del Código Aeronáutico, la Resolución N° 1532/98 del Ministerio de Economía, el Código Civil y Comercial de la Nación, en lo pertinente, y supletoriamente, la ley 24.240 (art. 63 de este último cuerpo legal).

El 07/05/2024 dictamina el Fiscal Federal considerando que el juzgado interviniente resulta competente para intervenir en los presentes.

Corrido el traslado de la demanda, la accionada se presenta y previo a contestar la misma opone excepción de falta de jurisdicción. Refiere que de conformidad con las reglas establecidas en el Convenio para la Unificación de Ciertas Reglas para el Transporte Aéreo Internacional Montreal 1999, ratificado por Ley 26.451, la acción intentada por la actora no puede tramitar ante los Tribunales de nuestro país, ya que no hay ningún punto de conexión que así lo determine, sino que el mismo debería ser iniciado ante los Tribunales de la República de Panamá.

Evacuada la excepción por parte de la accionante, pasan los autos para resolver la misma. El magistrado de grado, con fecha 21/08/2024, dictó el auto interlocutorio motivo de impugnación en la presente, declarando la incompetencia del Juzgado Federal N°. 3 para entender en la causa.

Elevados los autos ante esta Alzada emite dictamen el Fiscal General ante esta Cámara Federal manifestando, luego de efectuar un análisis del marco legal aplicable que, en función del principio de tutela judicial efectiva y acceso a la justicia, propicia continuar el trámite en el juzgado de origen. De este modo quedan en condiciones de ser resueltos.

IV.- Ingresando al tratamiento del recurso de apelación interpuesto por la parte actora, corresponde analizar en primer término su agravio vinculado a la declaración de incompetencia del Juzgado Federal N° 3 de Córdoba, sustentado en la invocación de una relación de consumo que habilitaría la aplicación de la Ley 24.240, y, por ende, el fuero federal con asiento en esta jurisdicción.

Tal como surge de la reseña efectuada, la pretensión de la actora se funda en una relación contractual con una compañía aérea extranjera —Compañía Panameña de Aviación S.A.— que canceló pasajes previamente adquiridos, lo que motivó no sólo gastos adicionales sino también perjuicios que habrían resultado de la frustración del viaje y las gestiones ulteriores. En este marco, el actor reclama la devolución de sumas de dinero, indemnización por daños y perjuicios, daño moral y daño punitivo, citando como fundamento no sólo la normativa aeronáutica y el Convenio de Montreal, sino también los principios y disposiciones de la Ley de Defensa del Consumidor.

Es precisamente esta última ley la que el apelante invoca como determinante para establecer la competencia del tribunal federal de Córdoba, al entender que se encuentra comprometido su derecho como consumidor, amparado constitucionalmente en el art. 42 de la Constitución Nacional. En ese sentido, sostiene que la norma consumeril otorga al consumidor la opción de elegir entre diversas jurisdicciones, incluyendo la de su domicilio, conforme lo establece el art. 36 de la LDC.

En cuanto a la interpretación del art. 2654 del Código Civil y Comercial de la Nación, arguye que la ley otorga como opción, a elección del consumidor, interponer demanda ante los jueces del lugar de celebración del contrato, siendo que el mismo fue la ciudad de Córdoba.

V.- A fin de resolver adecuadamente, corresponde distinguir entre competencia material y territorial. En cuanto a la primera, no existe controversia conforme ya fue resuelto mediante Sentencia de este Tribunal de fecha 27 de julio de 2023. A mayor abundamiento, lo prevé el art. 198 del Código Aeronáutico “Corresponde a la Corte Suprema de Justicia y a los tribunales inferiores de la Nación el conocimiento y decisión de las causas que versen sobre navegación aérea o comercio aéreo en general y de los delitos que puedan afectarlos”. En este caso, la discusión gira en torno a la competencia territorial de los tribunales federales con asiento en Córdoba.

En virtud de ello, cabe señalar que el art. 63 de la Ley 24.240 establece “Para el supuesto de contrato de transporte aéreo, se aplicarán las normas del Código Aeronáutico, los tratados internacionales y, supletoriamente, la presente ley.”

Asimismo, conforme las disposiciones del Convenio para la Unificación de Ciertas Reglas Relativas al Transporte Aéreo Internacional suscripto en la Ciudad de Montreal el 28 de mayo de 1999 aprobado en Argentina por ley 26, establece el art 1.1. “El presente Convenio se aplica a todo transporte internacional de personas, equipaje o carga efectuado en aeronaves, a cambio de una remuneración. Se aplica igualmente al transporte gratuito efectuado en aeronaves por una empresa de transporte aéreo.”

En su art. 1.2. se determina “Para los fines del presente Convenio, la expresión transporte internacional significa todo transporte en que, conforme a lo estipulado por las partes, el punto de partida y el punto de destino, haya o no interrupción en el transporte o transbordo, están situados, bien en el territorio de dos Estados Partes, bien en el territorio de un solo Estado Parte si se ha previsto una escala en el territorio de cualquier otro Estado, aunque éste no sea un Estado Parte. El transporte entre dos puntos dentro del territorio de un solo Estado Parte, sin una escala convenida en el territorio de otro Estado, no se considerará transporte internacional para los fines del presente.”

Prevé el art. 33 del Convenio de Montreal “Jurisdicción 1. Una acción de indemnización de daños deberá iniciarse, a elección del demandante, en el territorio de uno de los Estados Partes, sea ante el tribunal del domicilio del transportista, o de su oficina principal, o del lugar en que tiene una oficina por cuyo conducto se ha celebrado el contrato, sea ante el tribunal del lugar de destino…”.

El juez a quo hizo lugar a la excepción incoada por la demandada en consideración de que los actores no han optado por ninguna de las jurisdicciones que el Convenio prevé, en tanto el perjuicio ocurrió en una ruta aérea iniciada en Colombia y finalizada en Chile, el domicilio principal del transportador es en Panamá y la agencia de viajes “eDreams” no ha sido demandada, por lo que rechazó la relación de consumo que el accionante alega hacia esta última.

VI.- Ingresando al estudio de la cuestión sometida a l análisis de la competencia territorial consideración, e debe fundarse prioritariamente en el artículo 33 del Convenio de Montreal, ratificado por Ley 26.451, el cual establece que las acciones de responsabilidad contra el transportador aéreo deberán iniciarse, a elección del actor, en el lugar del domicilio del transportista, su oficina principal, la oficina por cuyo conducto se celebró el contrato, o el lugar de destino del pasajero. Ninguna de estas circunstancias se verifica en la ciudad de Córdoba.

En el presente caso, tanto el origen como el destino del contrato de transporte se ubican fuera de Córdoba: el vuelo tenía salida desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y retorno a la misma ciudad, sin escalas o destino intermedio en Córdoba. La contratación se realizó mediante una plataforma web, sin que haya constancia de que Copa Airlines tenga oficina o representación contractual directa en esta ciudad.

La aplicación supletoria de la Ley de Defensa del Consumidor (art. 63, LDC) no desplaza lo dispuesto expresamente por tratados internacionales vigentes. El artículo 33 del Convenio de Montreal prevé taxativamente los foros disponibles, sin incluir el denominado “foro actoris”, lo cual ha sido reiteradamente confirmado por la jurisprudencia nacional. Así, corresponde señalar que el citado convenio no consagra el domicilio del consumidor como opción jurisdiccional y no corresponde realizar interpretaciones extensivas que impliquen incorporarlo como un supuesto no previsto.

En igual sentido, dicho artículo establece de manera exhaustiva las jurisdicciones habilitadas para el reclamo, no contemplando el domicilio del consumidor como opción válida. Por lo tanto, cabe destacar que la ley 24.240 no puede ser interpretada en términos que desnaturalicen lo acordado en tratados internacionales con jerarquía superior a las leyes internas.

Si bien el actor invoca el artículo 42 de la Constitución Nacional, ello no puede erigirse como fundamento para invalidar cláusulas claras y precisas de un tratado internacional con jerarquía constitucional, conforme lo dispone el artículo 75 inc. 22 CN. El sistema previsto en el Convenio de Montreal persigue uniformar criterios en materia de responsabilidad y jurisdicción aplicables al transporte internacional de pasajeros, lo que impide la admisión de foros alternativos no contemplados expresamente.

Por otro lado, en lo que respecta a los contratos celebrados por medios electrónicos, el artículo 1109 del Código Civil y Comercial de la Nación dispone: “En los contratos celebrados fuera de los establecimientos comerciales, a distancia, y con utilización de medios electrónicos o similares, se considera lugar de cumplimiento aquel en el que el consumidor recibió o debió recibir la prestación. Ese lugar fija la jurisdicción aplicable a los conflictos derivados del contrato. La cláusula de prórroga de jurisdicción se tiene por no escrita.” (el resaltado me pertenece). De esta forma, se refuerza la necesidad de identificar de manera objetiva el lugar de cumplimiento. No se trata simplemente del lugar desde el cual el consumidor contrata o realiza el pago, sino del ámbito territorial donde debe concretarse la prestación principal del contrato. En el caso de autos, esa prestación consistió en el transporte aéreo internacional cuyo trayecto efectivo iniciaba y finalizaba en Buenos Aires.

La doctrina ha señalado que el concepto de “lugar de cumplimiento” en el marco del artículo 1109 CCCN debe vincularse con el lugar donde el consumidor experimenta de forma tangible la recepción o ejecución de la prestación prometida. De lo contrario, se correría el riesgo de prorrogar la competencia territorial a cualquier punto de acceso a internet, desvirtuando el alcance práctico del precepto legal. (conf. Lorenzetti, Ricardo – “Tratado de los contratos”, Ed. Rubinzal Culzoni, t. III, pág. 318; Stiglitz – Pizarro, “Reformas al régimen de protección del consumidor”, LL 2015-D, 875).

Desde esta perspectiva, resulta inatendible pretender asimilar el acto de compra digital desde Córdoba con el cumplimiento del contrato de transporte, cuando el traslado efectivo —objeto central del acuerdo— no ocurrió en esta ciudad.

En cuanto al nexo del lugar de destino, el mismo fue Colombia, por lo que no hay dudas que no corresponde atribuir jurisdicción a estos tribunales. Tenemos entonces el del domicilio del transportista, su oficina principal o en donde tiene una oficina por cuyo conducto se ha celebrado el contrato.

En el presente caso el transportista es la aerolínea demandada la cual conforme la Escritura Número 173 (F° 420/2009) que acompaña al contestar demanda (fs. 91/94 del Sistema Lex 100), es una sociedad extranjera denominada “Compañía Panameña de Aviación Sociedad Anónima” interviniendo en los presentes a través del apoderado de la Sucursal Argentina con domicilio en calle Emma de la Barra N° 353 piso 07 Torre Norte -CPA C1107CQA- del barrio Puerto Madero de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La sociedad fue inscripta en la Inspección General de Justicia, el día 1 de julio de 1997.

Por todo lo expuesto, tanto el artículo 33 del Convenio de Montreal como el artículo 1109 del Código Civil y Comercial conducen a una única conclusión razonable: el lugar de cumplimiento del contrato fue la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, por tanto, los tribunales federales con asiento en dicha jurisdicción resultan los competentes para conocer en las presentes actuaciones.

La interpretación efectuada es la que mejor se condice con la protección al derecho de acceso a la justicia y por ende a garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva. En este sentido, las normas deben interpretarse siempre tendiendo a un mayor acceso de las partes al juicio, en tanto el rechazo de la acción por interpretaciones ritualistas importa una vulneración al derecho a la tutela judicial efectiva.

No puedo dejar de ponderar que en el presente caso la denegatoria de la jurisdicción de nuestro país a los actores implicaría prácticamente denegarle el acceso a la justicia, en virtud que los obligaría a ir a litigar a los tribunales de otro país siendo que invocan residen en Argentina.

VII.- En cuanto a la queja por la imposición de costas a su parte en primera instancia, corresponde que las mismas sean confirmadas atento que reflejan adecuadamente el principio objetivo de la derrota consagrado en el art. 68, 1ra. parte del CPCCN, no existiendo motivos que autoricen apartarse de aquel.

VIII.- Por lo tanto, tomando en consideración el objeto de la demanda y la naturaleza de la relación contractual entre las partes, corresponde confirmar la resolución recurrida, en todo lo que decide y ha sido materia de agravios. Las costas de esta Alzada se imponen a la recurrente perdidosa, (art. 68, 1° parte del C.P.C.C.N.), regulándose los honorarios de la asistencia letrada de la parte actora, en el treinta por ciento (30%) de lo regulado en la instancia de grado, y a la asistencia letrada de la parte demandada, en el treinta y cinco por ciento (35%) de lo regulado en la instancia de grado (art. 30 de la Ley 27.423). ASI VOTO.

El señor Juez de Cámara, doctor ABEL G. SANCHEZ TORRES, dijo:

I.- Que analizado el voto de la colega preopinante debo manifestar que si bien adhiero a los argumentos vertidos por la Dra. Navarro referidos a que en autos -a los fines de la determinación de la jurisdicción de la Justicia Federal Argentina- resulta aplicable el art. 33 del Convenio de Montreal -ratificado por Ley N° 26.451- con la conclusión disiento final a la que la misma arriba, en virtud de la cual confirma la declaración de incompetencia formulada por el Juez de grado bajo el argumento de no presentarse en autos ninguna de las hipótesis consagradas en la norma arriba citada; ello en función de los argumentos de hecho y derecho que a continuación paso a exponer.

II.- En primer lugar, entiendo necesario dejar en claro que la cuestión sometida a consideración de este Tribunal de Alzada radica únicamente en dilucidar si los Tribunales de nuestro país poseen o no jurisdicción para entender en la presente causa.

El magistrado de grado mediante Resolución dictada el 21/08/24 declaró la incompetencia del Juzgado Federal N° 3 de Córdoba para seguir interviniendo en las presentes actuaciones. Así lo entendió en base a lo dispuesto por el art. 33 del Convenio de Montreal -normativa que consideró aplicable a la cuestión- para concluir en que el actor no optó por ninguna de las jurisdicciones que dicho convenio internacional dispone. “No ha demandado en la sede de ninguno de los Estados Parte (el perjuicio ocurrió en una ruta aérea iniciada en Colombia y finalizada en Chile) y tampoco ha interpuesto la acción ante el tribunal del domicilio de la transportista o de su oficina principal (Panamá)”.

En otro orden, aclaró que no resulta aplicable en autos la ley de consumo, atento a que la empresa e Dreams a través de la cual el actor adquirió los boletos electrónicos no fue demandada y, por consiguiente, la relación de consumo que invoca con dicha empresa no puede ser analizada por no constituir parte de este proceso.

La parte actora en su recurso de apelación en subsidio insiste en la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor N° 24.240 para determinar la competencia, por considerar que el vínculo que la une a la demandada es una verdadera relación de consumo y porque, de conformidad con lo dispuesto por el art. 63 de la citada ley, dicha norma aplica supletoriamente respecto a los contratos aéreos, agregando que, habiendo sido adquirido los boletos por medios electrónicos, también se tornan aplicables las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación sobre el punto. En función de tales argumentaciones, sostiene que la competencia territorial debe ser determinada de conformidad con lo dispuesto por el art. 36 de la Ley N° 24.240, disposición que habilita al usuario a elegir el foro más favorable (lugar de consumo, celebración del contrato, domicilio del consumidor, del demandado o de la citada en garantía) y de los artículos 1094 y 2654 del CCCN.

Por su parte, la demandada al evacuar el traslado conferido, solicita el rechazo del recurso de apelación con costas a la contraria por entender que no resulta aplicable la ley de Defensa del Consumidor, en virtud de su exclusión por el art. 63 de la propia ley N° 24.240, a la vez que el art. 33 del Convenio de Montreal no establece el denominado forum actoris como opción de elección de jurisdicción.

Elevadas las actuaciones ante esta Alzada, se corrió traslado al Fiscal General, quien emitió su dictamen a fs. 186/190 de las actuaciones digitales pronunciándose a favor de la competencia de la Justicia Federal de Córdoba por aplicación del art. 5, inc. 3) del CPCCN y en el entendimiento que, a esta altura del proceso, con la comparecencia de todas las partes, con extensas y fundadas intervenciones, no se justificaría que se determine como competencia federal territorial -por fuero de vecindad- el del domicilio de las demandadas en Buenos Aires.

III.- Previo a ingresar al tratamiento de la cuestión introducida, corresponde precisar que esta Alzada -mediante Resolución dictada con fecha 27/07/23- ya se pronunció por la competencia del fuero federal, en los términos de lo dispuesto por el art. 198 del Código Aeronáutico y art. 55, inc. b) de la Ley N° 13.998.

Una vez devueltas las actuaciones al Tribunal de origen, la causa quedó radicada ante el Juzgado Federal N° 3 que previno, atento a que la demanda fue instaurada ante esta Justicia Federal de Córdoba y -particularmente- a que, en dicha oportunidad, no había quedado aun trabado el contradictorio, razón por la que no correspondía expedirse respecto a la competencia territorial, en función de lo dispuesto por el art. 1 del CPCCN.

Por consiguiente, coincido con lo desarrollado por la Dra. Navarro en el punto V) de su voto en cuanto, luego de efectuar una diferenciación entre competencia territorial y material, concluye que la competencia de la justicia federal no se encuentra en discusión.

IV.- De la reseña efectuada surge que nos encontramos ante una demanda de daños y perjuicios en virtud de un contrato de transporte aéreo internacional celebrado entre el Sr. Vidal con domicilio real en la localidad de Córdoba y la empresa COPA con casa matriz en el Estado de Panamá y sede en Argentina, cuyo tramo a cargo de la demandada y supuestamente incumplido tenía origen en Medellín con destino a Chile. NO obstante, no puede soslayarse que dicho tramo resultaba una escala que formaba parte de un tramo mayor cuyo origen y destino final se encontraba en nuestro país (así se desprende de la documentación acompañada a fs. 19/57).

Conforme quedó precisado en el considerando anterior, no existe a esta altura, controversia respecto a la competencia federal de la materia y la aplicación del art. 198 del Código Aeronáutico, así como a la aplicación supletoria de la Ley de Defensa del Consumidor de acuerdo a lo expresamente dispuesto en el art. 63 de dicha norma.

En función de ello, resultan aplicables en autos las disposiciones que -en materia de jurisdicción territorial internacional- establece el art. 33 del Convenio para la Unificación de Ciertas Reglas Relativas al Transporte Aéreo Internacional suscripto e[n] la Ciudad de Montreal el 28 de mayo de 1999, aprobado en Argentina por Ley N° 26.451, que establece: “Jurisdicción 1. Una acción de indemnización de daños deberá iniciarse, a elección del demandante, en el territorio de uno de los Estados Partes, sea ante el tribunal del domicilio del transportista, o de su oficina principal, o del lugar en que tiene una oficina por cuyo conducto se ha celebrado el contrato, sea ante el tribunal del lugar de destino…”

El juez a quo hizo lugar a la excepción incoada por la demandada en tanto entendió de que los actores no optaron por ninguna de las jurisdicciones que el Convenio prevé.

En autos, según el relato efectuado por las partes, si bien el supuesto incumplimiento de la aerolínea se produjo en el tramo Medellín – Santiago de Chile, la actora invoca que los pasajes adquiridos a través de e Dreams tenían como destino final la localidad de Buenos Aires (Argentina) y dicho tramo era una conexión que formaba parte de un tramo mayor y, de acuerdo con ello, la obligación final de traslado debía ser cumplida en nuestro estado.

En relación al punto, recientemente, me he expedido en autos «OLIVA, IGNACIO JOSE Y OTRO C/ GOL LINHAS AEREAS S.A. s/ TRANSPORTE AERONÁUTICO» [publicado en DIPr Argentina el 02/09/25] (Expte. N° 28460/2023/CA1), sentencia de fecha 17 de junio de 2025, donde se planteó una cuestión de similar naturaleza, en tanto las partes debatían la jurisdicción de los tribunales argentinos. Allí concluí, luego de analizar los diferentes nexos de atribución de jurisdicción previstos por el art. 33 del Convenio de Montreal que, si bien el nexo para la atribución de jurisdicción nacional no se producía por el lugar del tribunal de destino, ni por el domicilio principal de la transportista, sí se verificaba la hipótesis prevista como oficina por cuyo conducto se celebró el contrato, circunstancia esta última que también se verifica en autos, máxime cuando en el presente –a diferencia de lo sucedido en el precedente citado en que el aéreo adquirido no partía ni regresaba a suelo nacional- el actor adquirió un vuelo que partía desde Aeroparque con destino final a Colombia y con regreso desde Colombia a Buenos Aires, con escalas Chile/ Medellín y a la inversa en ambos vuelos, tramos estos últimos que se encontraban a cargo de la demandada.

Así las cosas, si bien los tramos a cargo de la aerolínea demandada no tocaban vuelo nacional, formaban parte de un tramo mayor que sí lo hacía, en tanto el aéreo completo partía desde Aeroparque hacia Medellín y a la inversa el regreso, quedando involucradas en dicha operatoria dos aerolíneas, una de las cuales es la demandada. Al respecto, no puede soslayarse lo dispuesto por el art. 1°, inc. 3) del Convenio de Montreal en cuanto dispone que el transporte que deban efectuar varios transportistas sucesivamente constituirá, a los fines del convenio, un solo transporte cuando las partes lo hayan considerado como una sola operación, tanto si ha sido objeto de un solo contrato como de una serie de contratos. En este sentido, la doctrina ha entendido que la jurisdicción aplicable que surge del Convenio de Montreal de 1999 en supuestos de transporte sucesivo internacional es, a elección del actor, el Estado de destino (ver VASALLO, Carlos María, comentario a fallo «Agromayor, Denise y otro c/ American Airlines Inc. y otro s/ incumplimiento de contrato» [publicado en DIPr Argentina el 28/05/19]).

A más de ello, se advierte que la transportista demandada, conforme la Escritura Número 173 (F° 420/2009) que se acompaña al contestar demanda (fs. 91/94), se trata de una sociedad extranjera denominada “Compañía Panameña de Aviación S.A.” que interviene en los presentes a través de su “Sucursal Argentina” con domicilio en calle Emma de la Barra N° 353, 7° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que fue inscripta en la Inspección General de Justicia como Sucursal de Sociedad constituida en el extranjero, el día 1 de julio de 1997 bajo el N° 1054 .- Libro 54 – Tomo B (propio el destacado).

Así las cosas, por un lado, la transportista demandada tiene Sucursal permanente en Argentina. A ello se suma que el aéreo adquirido por el actor, si bien lo fue desde una plataforma digital (e Dreams) se realizó con su tarjeta de crédito emitida en Argentina, tal como se desprende de la documental acompañada por ambas partes (fs. 121/165 y 19/57 de autos). En este sentido, la Cámara Civil y Comercial Federal Sala III en autos: “N° 11.586/2022/CA1 «Re, Patricia c/ Iberia Líneas Aéreas de España S.A. s/ incumplimiento de contrato» [publicado en DIPr Argentina el 13/03/25] con fecha 29/08/2023 consideró en un caso análogo que “El art. 33.1 citado torna, pues, operativo lo prescripto por el art. 122 de la ley 19.550, en tanto refiere al emplazamiento a juicio de la sociedad extranjera en el domicilio de su sucursal permanente (“domicilio del transportista”), presuponiendo la existencia de jurisdicción internacional argentina para entender en la cuestión (cfr. Roitman Horacio, Ley de Sociedades Comerciales, Comentada y Anotada, Ed. La Ley, t. II, Buenos Aires, 2006, ps. 847 y ss.), máxime cuando fue a través del pago del pasaje, realizado por la actora vía web con su tarjeta de crédito emitida en Argentina, que logró perfeccionarse el contrato de compraventa de transporte internacional controvertido. Por ende, la atribución de competencia de los tribunales argentinos en el sub lite no conculca el derecho de defensa de la demandada (arts. 118 y 122 de la ley 19.550)”. En igual sentido se ha expedido la Sala I en autos «Ríos, Héctor Gerardo y otros s/ Delta Airlines Inc. s/ Incumplimiento de Contrato» con fecha 23/08/2024 [publicado en DIPr Argentina el 13/11/24] y autos “Chalco Oviedo, Giselle Eva Patricia c/ Latam Airlines Group SA y otro s/ Incumplimiento de contrato” con fecha 29/02/2024 [publicado en DIPr Argentina el 23/07/24].

Así las cosas, tal como concluí en el precedente “Oliva” citado, la interpretación efectuada es la que mejor se condice con la protección del derecho de acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva. En este sentido, las normas deben interpretarse siempre tendiendo a un mayor acceso de las partes al juicio, en tanto el rechazo de la acción por interpretaciones ritualistas importa una vulneración de dichas garantías constitucionales.

No puedo dejar de ponderar que en el presente caso la denegatoria de la jurisdicción de nuestro país al actor, implicaría prácticamente denegarle el acceso a la justicia, en virtud que los obligaría a ir a litigar a los tribunales de otro país, siendo que residen en Argentina.

Asimismo, y en lo que refiere a la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor, el art. 63 establece su aplicación supletoria respecto de aquellas cuestiones no reguladas, lo que implica en el caso que es de aplicación el principio previsto en el art. 37 en cuanto a que “La interpretación del contrato se hará en el sentido más favorable para el consumidor”.

Sobre este aspecto la jurisprudencia ha sostenido que “Si bien le asiste razón en cuanto a que las presentes actuaciones giran en torno a un reclamo fundado en un hecho originado en la actividad aeronáutica y, en consecuencia, resultan aplicables el Código Aeronáutico, los tratados internacionales y, supletoriamente, la ley de Defensa del Consumidor (conf., art. 63 de la Ley Nº 24.240 y esta Cámara, Sala III, causa n° 8889/2017 del 26.11.2020 y MOSSET ITURRASPE, J.-WAJNTRAUB, J., “Ley de Defensa del Consumidor”, ed. Rubinzal Culzoni, 2008, p. 311); lo cierto es que ello no implica, como pretende la recurrente, negar la existencia de una relación de consumo. En rigor, se trata de rechazar el desplazamiento de las normas de la ley aeronáutica que específicamente rigen la cuestión en aquellos casos en los que existan previsiones puntuales al respecto. Ello, por cuanto el transporte aéreo no está completamente excluido de las previsiones contenidas en la Ley de Defensa del Consumidor, sino que su aplicación es supletoria y limitada a aquellos supuestos no contemplados en el Código Aeronáutico ni en los tratados internacionales (conf., CSJN, Fallos: 314:1043; 321:802; 327:2722, esta Sala causas nº 5292/2019 «Gigena, Eva Dolores c/Iberia Líneas Aéreas de España SA s/daños y perjuicios» del 08.02.2024 [publicado en DIPr Argentina el 25/07/24]; nº 4715/2017 «Díaz Luzuriaga, Francisco Santiago c/Gol Línhas Aéreas S.A. y otros s/daños y perjuicios», del 03.05.2022 [publicado en DIPr Argentina el 08/10/24] y esta Cámara, Sala III, causa N° 7210/2011 del 28.06.2013 [«Marcori, Victoria Elsa c. Aerolíneas Argentinas» ES UN CASO DE TRANSPORTE INTERNO, DE CABOJATE, por lo que resulta sorprendente que sea reiteradamente citado como leading case en esta cuestión])” (CCCF Sala II, 18/4/2024 [«Monea, Lorenzo Francisco c. Air Europa s. devolución de pasajes» publicado en DIPr Argentina el 08/10/24]).

Conforme todo lo expuesto, desde las diversas perspectivas corresponde estar a la solución que con mayor efectividad proteja y garantice los derechos de acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva en los términos de los arts. 14 y 18 de la Constitución Nacional, arts. 8 y 25 del Pacto de San José de Costa Rica, art. 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como la protección constitucional al consumidor en los términos del art. 42 de la Carta Magna.

En función de ello, soy de opinión que resultan plenamente competentes los Tribunales Federales Argentinos para resolver el presente asunto.

V.- Resuelto el dilema referido a la existencia o no de competencia de la Justicia Federal Argentina para entender en la causa y habiéndome pronunciado en sentido afirmativo en función de encuadrar el caso dentro de una de las hipótesis previstas en el art. 33, inc. 1) del Convenio de Montreal, deviene implícita la necesidad de pronunciarme respecto a la competencia territorial de los Tribunales de Córdoba.

Para ello, viene al caso recordar que, conforme la conclusión arribada en el considerando anterior, el punto de conexión del presente caso con el Estado Argentino -a los fines de la atribución de jurisdicción internacional a los Tribunales Federales Argentinos- se encuentra en la localidad de Buenos Aires por ser dicha localidad el destino final de los pasajes adquiridos y como corolario de ello, de cumplimiento de la obligación de la transportista demandada.

Debe quedar en claro que las reglas contenidas en el art. 33, inc. 1) del Convenio de Montreal rigen a los fines de la determinación de la jurisdicción de los estados parte que intervinieron en la relación contractual, en tanto se trata de una norma de jurisdicción internacional.

Ahora bien, una vez determinada la competencia de la justicia argentina para entender en la causa, corresponde aplicar la Ley Argentina para determinar la competencia territorial. Tratándose el presente proceso de una acción de daños y perjuicios derivados de incumplimiento contractual, resultan planamente aplicables las reglas de competencia existentes en el CPCCN, concretamente en el art. 5, inc. 3) que establece: “La competencia se determinará por la naturaleza de las pretensiones deducidas en la demanda y no por las defensas opuestas por el demandado. Con excepción de los casos de prórroga expresa o tácita, cuando procediere, y sin perjuicio de las reglas especiales contenidas en este Código y en otras leyes, será juez competente: (…) 3) Cuando se ejerciten acciones personales, el del lugar en que deba cumplirse la obligación expresa o implícitamente establecido conforme a los elementos aportados en el juicio y, en su defecto, a elección del actor, el del domicilio del demandado o el del lugar del contrato, siempre que el demandado se encuentre en él, aunque sea accidentalmente, en el momento de la notificación…”.

No escapa al suscripto que en autos la supuesta obligación incumplida por la demandada tenía como lugar de cumplimiento la localidad de Aeroparque – Provincia de Buenos Aires y, en consecuencia, en principio, la competencia territorial le asistiría a los tribunales federales de dicha jurisdicción.

Sin perjuicio de lo expuesto, el presente proceso versa sobre un asunto exclusivamente patrimonial y, por consiguiente, la competencia territorial podía ser prorrogada por la habilitada a plantear la excepción de incompetencia, ello en función de lo dispuesto por el art. 5, primer párrafo y el art. 1 del CPCCN, norma esta última que dispone: “La competencia atribuida a los tribunales nacionales es improrrogable. (…) exceptúese la competencia territorial en asuntos exclusivamente patrimoniales, que podrá ser prorrogada de conformidad de partes …” (el subrayado me pertenece).

En el presente, la demandada en su escrito de contestación de demanda, planteó únicamente la excepción de falta de jurisdicción de la justicia argentina.

En consecuencia, al no haber sido sometida a discusión la competencia territorial de la justicia federal de Córdoba, ya que no se advierte ningún planteo subsidiario en tal sentido, debo considerar prorrogada la misma.

VI.- En función de los argumentos expuestos, disiento con la declinatoria de competencia propuesta por el magistrado de grado y confirmada por la colega que me precede en orden de votación, en cuanto en mi opinión confunden las normas de atribución de jurisdicción internacional a un estado (art. 33, inc. 1) convenio de Montreal) con las normas que regulan la atribución de competencia territorial.

En consecuencia y de conformidad a lo dictaminado por el Sr. Fiscal General corresponde hacer lugar al recurso de la parte actora y, en consecuencia, revocar la resolución recurrida, ordenando al Juez a quo a continuar la causa según su estado.

VII.- Atento el resultado propiciado, las costas de ambas instancias se imponen a la demandada Compañía Panameña de Aviación S.A. atento su condición de perdidosa y de conformidad con el principio general consagrado en el art. art. 68, segunda parte del CPCCN. En función de ello, quedan sin efecto las regulaciones de honorarios practicadas en la instancia de grado, las que deberán ajustarse al sentido del presente decisorio (conf. art. 279 del CPCCN). ASÍ VOTO.

La señora Juez de Cámara, doctora GRACIELA S. MONTESI, dijo:

Que por análogas razones a las expresadas por el señor Juez preopinante, doctor ABEL G. SANCHEZ TORRES, vota en idéntico sentido.

Por el resultado del Acuerdo que antecede SE RESUELVE:

POR MAYORIA

I.- Hacer lugar al recurso de la parte actora y, en consecuencia, revocar la resolución recurrida, ordenando al Juez a quo a continuar la causa según su estado.

II.- Imponer las costas de ambas instancias a la demandada Compañía Panameña de Aviación S.A. atento su condición de perdidosa y de conformidad con el principio general consagrado en el art. art. 68, segunda parte del CPCCN. Dejar sin efecto las regulaciones de honorarios practicadas en la instancia de grado, las que deberán ajustarse al sentido del presente decisorio (conf. art. 279 del CPCCN).

POR UNANIMIDAD

III.-Recordar la obligación por parte del Juzgado de primera instancia, en los términos de los arts. 10 y 14 de la Ley 23.898, de controlar -antes de archivar la causa- la inexistencia de deuda por Tasa de Justicia, en los casos en que las partes no se encuentran exentas, debiendo asimismo verificarse en los supuestos que corresponda, la integración total de dicha tasa una vez determinados los montos del juicio en la etapa de ejecución.

IV.-Protocolícese y hágase saber. Cumplido, publíquese y bajen.- A. G. Sánchez Torres. L. Navarro. G. S. Montesi.